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Le piden a Nava correr al director de obras, Marco Antonio Uribe, por falta de probidad

El contratista Gerardo Villarreal denunció que fiel a las indicaciones del alcalde de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios de romper el silencio ante fenómenos de corrupción, le solicitó destituya del cargo al director de obras, Marco Antonio Uribe Ávila, que no tiene la probidad indispensable para desempeñar el cargo que ostenta.

            El quejoso destacó que Uribe tiene en completo abandono trabajos que superan los 50 millones de pesos, con los que se podrían generar múltiples empleos para los pequeños y medianos constructores que no tienen la mínima oportunidad de ganar un concurso, ya que no están en el círculo cercano del funcionario, que adopta el criterio de ayudar sólo a los de la corriente fifí. Incluso, aseveró que Uribe alteró la ortodoxia, ya que antes las obras se entregaban a los privilegiados que palomeaba el edil en turno, ahora lo hace un subalterno.

            Entre las obras que Uribe dejó tiradas sin el mínimo castigo figura la Universidad Tecnológica de Rioverde con un costo de 15 millones de pesos. En la misma ciudad, en el Parque Tangamanga, acciones por 7 millones de pesos. En la Universidad de la colonia Satélite, 17 millones de pesos. Convenios menores por 5 millones de pesos en Villa de Ramos y Salinas. En el Hospital Regional de Valles, en el área de toco cirugía, le quitaron el contrato y buscan aplicarle una fianza de 500 mil pesos. También le abrió un expediente administrativo la directora del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Georgina Silva Barragán.

            En el 2016, el director de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, Leopoldo Stevens, le asignó una barda en el Centro de las Artes en 10 millones de pesos por el concepto de precios alzados. Es decir, se comprometió a terminarla sin que recibiera un centavo adicional. No cumplió. Le rescinden el convenio en el 2017. Le hacen otro por 5 millones 500 mil pesos y luego uno más por 3 millones 970 mil pesos en diciembre del 2018. Uribe participó en licitaciones de la Secretaría de Salud pero alteró las cedulas profesionales de las personas que coadyuvarían. La Procuraduría General de la República y la Contraloría de la Federación le abrieron un expediente por conducta criminal.

            Villarreal aseveró que en días recientes, sin licitar, Uribe Ávila le entregó más de 70 millones de pesos a los que fueron sus colaboradores cercanos en la etapa que estuvo al frente de la cámara de la construcción. Negó que no es válido argumente lo hizo ante el riesgo de que el dinero se regresara al gobierno federal. Expuso que la norma contempla como excepciones desastres naturales, asuntos de seguridad, problemas de salud, no por cuestiones de tiempo. No se justifica el pretexto ya que asumió el cargo desde octubre del 2018, lo que permitía planear con calma los procesos licitatorios. Añadió que para eludir los concursos, fraccionó una gran cantidad de obras en Tierra Blanca, en San Juan de Guadalupe.

              El constructor exigió que la auditora estatal, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, investigue a fondo las anomalías y las difunda. Aunque sabe que Uribe tiene carácter violento, no teme a las represalias. Se supo del caso de Georgina Silva a la que Uribe le reclamó ser infidente al dar a conocer datos donde lo exhiben como irresponsable. Villarreal podría manifestarse cada martes o jueves en la unidad administrativa municipal para exigir la salida de Uribe, que también tiene fama de prepotente. Le va a copiar el estilo al notario 32, Leonel Serrato, que se montó en un banquito afuera del palacio de gobierno, para denunciar los atropellos del ex mandatario panista, Marcelo de los Santos. El próximo martes, en Cedral, le entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador, un escrito donde le solicitará, lo respalde para combatir las corruptelas de Uribe Ávila.

 

 

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Stevens paga 18 millones de pesos por la renta del edificio donde despacha

En casi 13 años, el gobierno estatal le otorgó casi 18 millones de pesos a la familia del ex comandante de la policía federal de caminos en retiro, Miguel Ángel Obregón Arrellano, ligado al coordinador de seguridad del centro histórico, al ex regidor de la capital, Miguel Naya Guerrero, por la renta del edificio San Miguel que se ubica en Cordillera Himalaya 295, colonia Garita de Jalisco, donde están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Los gobiernos en turno hacen contratos de arrendamiento por año, lo que permite al beneficiario aumentar el costo del servicio, además de una serie de prendas a favor del dueño que se asientan en las cláusulas del documento.

El último contrato del inmueble se convino por un millón 266 mil 300 pesos más iva, pagados en 12 mensualidades de 105 mil 525 pesos. El convenio lo firmó el oficial mayor Elías Jesrael Pecina Rodríguez, el titular de la Seduvop, Leopoldo Stvens Amaro y la propietaria del edificio, María Eugenia Rivera Nieto, esposa de Obregón Arellano. Como testigos aparecen el director de servicios administrativos y el subdirector de servicios básicos de la oficialía mayor, Manuel Ariel Martínez Castro y José de Jesús González Carrillo.

En el 2016 firmó el convenio el mismo equipo de gobierno y el copropietario del inmueble Miguel Ángel Obregón Rivera, hijo del comandante en retiro y su madre María Eugenia Rivera. El monto del contrato se tasó en un millón 241 mil 472 pesos más iva. Obregón Rivera compareció en el acto con un poder especial y general para pleitos y cobranzas y actos de administración que se le otorgó el 27 de marzo del 2012 ante la fe del notario adscrito 16 Salvador Pedraza Romero.

Desde el 2004 hasta el 2017 se abarcan 5 años del panista Marcelo de los Santos Fraga, el sexenio de Fernando Toranzo Fernández y dos años de Juan Manuel Carreras. Le han pagado a la familia del policía de caminos, 17 millones 950 mil pesos. Solo del 2016 al 2017, Carreras le cubrió más de 3 millones de pesos. En un año la renta se incrementó 24 mil 828 mil pesos. Marcelo de los Santos fue el que inició el servicio de arrendamiento en el 2004, un año después de asumir el cargo. La dependencia antes de cambiarse se ubicó en la avenida Universidad 526 en el centro histórico, edificio que también se alquiló. Ahora son las oficinas de Telégrafos de México.

Toranzo y Carreras mantuvieron el arrendamiento, ya que su jefe, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, es amigo cercano del ex comandante de la policía de caminos, Miguel Naya Guerrero. Cuando llegó a San Luis como comisionado, tuvo bajo su férula a Obregón Arellano, junto con los agentes Rafael Navarro Ortiz, Víctor Manuel Torres, Francisco Xavier Salazar Soni, Fernando Rojo y José Luis Mejía Ocampo. Los dos últimos sus socios en empresas de seguridad privadas.

Obregón Arellano fue después comisionado de la Policía Federal Preventiva en Tamaulipas y luego en Tabasco. En el 2007, el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, lo removió. En su lugar dejó a Arturo Hernández Valle. Obregón se retiró. Vive en la huasteca, de donde es su esposa. Compró dos ranchos. Mantiene una amistad estrecha con Naya Guerrero. El terreno donde se ubica la Seduvop tiene 615 metros cuadrados. En 1994, el ciudadano Enrique Velázquez Bravo se lo compró con reserva de dominio a la Comisión para Regularizar la Tenencia de la Tierra en 9 mil pesos. En marzo del 2001, Velázquez vendió el predio a Miguel Ángel Obregón Rivera y al menor Mario Alejandro Obregón Rivera, representado por su madre, María Eugenia Rivera Nieto. Testificó la compraventa el notario Federico Garza Herrera, hoy procurador de justicia. El precio fue 30 mil 750 pesos.

El 28 de enero del 2017, los hermanos Obregón Rivera firmaron un contrato de donación pura, gratuita e incondicional a favor de su madre María Eugenia Rivera del lote 8, manzana 36, zona uno, localizado en Cordillera Himalaya, con una superficie de 615 metros cuadrados. El contrato de arrendamiento solo beneficia al arrendatario. La base que se fija es el índice nacional de precios y cotizaciones. La variable inflacionaria se ubica en el rango de los 24 mil a 30 mil pesos. El edificio se renta sin ningún mobiliario. No maneja algún programa de mantenimiento. Las rehabilitaciones corren por cuenta del estado.

La Seduvop paga el teléfono, agua potable, energía eléctrica y otros servicios que se llegaran a contratar. Lo debe mantener en condiciones óptimas. Implementar medidas de seguridad para el inmueble y las personas. Leopoldo Stevens también le arrendó al comerciante inmobiliario Gustavo García Suárez el edificio que se ubica en Pascual Moreno Hernández y 5 de mayo para reinstalar a la trabajadora María de Jesús Almendárez Nieto. Le pagará 59 mil 500 pesos en siete mensualidades de 8 mil 500 pesos más iva. El importe lo cubrirá la Secretaría de Finanzas. Obregón Arellano también le renta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano el edificio que ocupa la dependencia federal. Se localiza en Cordillera Himalaya 490, en la colonia Garita de Jalisco.

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Por el escarbadero, bajan las ventas un 50%

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Alfonso Capote. Declive

Las ventas han bajado hasta un 50% en los comercios de las calles del centro que repara la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y vigila el coordinador del Fideicomiso del Centro Histórico, que tiene al frente al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Además de las dificultades de tránsito que provocan, entre la gente se crea una psicosis de que no hay dónde estacionarse. Las autoridades deben ser sensibles y acelerar los trabajos para evitar la quiebra de negocios, como ocurrió en Arista y Álvaro Obregón, donde las reparaciones duraron años, expuso el vendedor de insumos para lavadoras y licuadoras, José Enrique Alonso Capote.

Esperan que el gobierno estatal cumpla el compromiso de terminar las labores que realiza en Ignacio Aldama, Juan Sarabia, Hermenegildo Galeana e Independencia. Pidió más respeto por los comerciantes y ciudadanos que habitan en la zona del centro. Los contratistas deben tomar conciencia, ser honestos, no levantar una acera porque ganaron el concurso, si carecen de los recursos económicos. Después aducen que no consiguen material, lo que retrasa los trabajos con implicaciones para los vendedores que deben cubrir renta, servicios y empleados.

Alonso Capote precisó que los comerciantes del centro histórico están conscientes de que las obras son necesarias, que falta modernizar la zona porque el drenaje está desecho. Pero las faenas deben ser rápidas, trabajar 12 horas diarias. Recomendó a los ejecutores asesorarse con historiadores que saben dónde están los drenajes, túneles y cuentan con planos. “Excarvan y no encuentran los tubos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia interviene porque se deben respetar ciertos lineamientos o se encontró algún vestigio y retrasan todo. En Monterrey me tocó ver cómo en 20 días reconstruyeron la calle Carlos Salazar, entre Morelos y Zaragoza. En el mismo lapso que ponían en San Luis las boquillas de las banquetas. En Arista y Obregón quebraron decenas de compañeros. Ahora sus familias pasan las de Caín, tardan mucho en recuperarse. Detenían las obras porque desapareció el dinero o les faltaba cantera. El ex gobernador Fernando Toranzo se metió a conseguir fondos extras para concluir los trabajos en Álvaro Obregón, donde se cambió de constructor. Entró Guillermo Leal a terminar y cumplió».

Alonso Capote recomendó a Sánchez Unzueta se deje asesorar por profesionales para evitar retrasos que tanto perjudican. Y se ocupe de gestionar los recursos. Lo que le entiende y gusta. Le reclamó no sea honesto sobre las fechas para concluir las metas. Debe integrar patronatos y manejar los recursos con transparencia. El objetivo de volver habitable el centro, resulta inviable por la inseguridad, carencia de servicios y algunos antros que se han abierto para chavos desorientados que salen y se dedican a pintarrajear los edificios históricos. Como se ha demostrado con las cámaras de seguridad de los propios comerciantes. Las que dicen tener las dependencias y ayuntamiento, se ignora quienes las conducen y para qué sirven. Los asaltos a las personas que van a los bancos a cobrar las quincenas son frecuentes.

El comercio ambulante es otro problema que no se ha podido solucionar por corruptelas y acuerdos políticos. Existen muchos negocios informales de «alto rendimiento» que son tolerados. “Si Juan Pérez paga mil pesos de renta y cumple con todos los pagos de servicios, no puede permitirse que otro se le ponga afuera de su negocio a vender lo mismo o un giro similar. Es parte del desorden y de la anarquía que existe. Mientras el centro esté infestado de ambulantes, es improbable que la Unesco pueda declararlo patrimonio histórico”.

Consideró que el proyecto de reubicar a los  al lugar conocido como Tepeché, no va a funcionar, porque es una de las zonas más inseguras, igual o peor que el Eje Vial. En la noche es terrible el desorden que existe en todos los rubros, pese a estar cerca el edificio de seguridad pública. Se debe buscar un terreno con un entorno adecuado para tratar de resolver una problemática de índole social y económica.

Otro pendiente es la falta de estacionamientos. No se ha concretado la repetida propuesta de excavar abajo de la Alameda para construir un gran cajón subtérraneo. Otra alternativa viable es hacerlos en los cuatro puntos cardinales que converjan al centro histrórico, en avenida Universidad, Calzada de Guadalupe y Carranza, desde Tequis, para dejar la parte central como zona de peatones. Permitir solo el tránsito de bicicleta y autobuses turísticos. Para concretar los planes se necesita gente con voluntad de invertir.

Alonso Capote expuso que los parquímetros no cumplen siquiera el objetivo recaudatorio, porque no los manejan las gentes adecuadas. No hay cuentas claras de lo que se recauda. No existe tolerancia para los usuarios. Apenas se vence el boleto y de inmediato los tránsitos colocan la araña. Cobran al momento 80 pesos por quitarla, lo que ahuyenta a los que quieren comprar o pasear. «Los comerciantes debemos contribuir y no usar el frente de los negocios para dejar los espacios a los clientes. No lo hacemos. Las autoridades también deben hacer sus aportaciones. Juntos reactivar y mejorar el centro histórico que es maravilloso. Nos falta valorarlo».

 

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Carreras gastará más de 41 mil millones de pesos en el 2017

Sin discusiones en el pleno, con 26 votos a favor y el sufragio en contra del legislador de Morena, Jesús Cardona Mireles, se aprobó al gobernador Juan Manuel Carreras el presupuesto de egresos para 2017, por un monto de 41 mil 580 millones 892 mil 804 pesos. En la sesión del 15 de diciembre se votó también la ley de ingresos para el mismo ejercicio. No obstante que en la exposición de motivos el doctor en derecho asegura que busca contener el gasto público a través del reordenamiento de las erogaciones en servicios personales y no incrementar los gastos operativos, el rubro de servicios personales contempla un incremento en más de 660 millones respecto a lo que se le aprobó en el 2016. En dependencias como el despacho del ejecutivo, la secretaría general de gobierno y el departamento de prensa se les incrementaron los fondos.

Se informó que los recursos federales para San Luis potosí disminuyeron 0.8% comparado con el ejercicio 2016, sin incluir los fondos federales de inversiones que tendrán escaso crecimiento y se podría no contar con los recursos del Fondo Regional al haber escalado la entidad posiciones en el índice de desarrollo humano. Sobre los más de 40 mil 580 millones de pesos del presupuesto de egresos, el ejecutivo contará solo con 13 mil 109 millones de pesos para su libre manejo. El resto de los recursos se asignaron para ejecutar programas del gobierno federal. En salarios y prestaciones de la burocracia se destinarán 7 mil 908 millones 486 mil 512 pesos, contra los 7 mil 248 millones 367 mil 489 pesos que se aprobaron en el capítulo de servicios personales en 2016.

La secretaría de gobierno incrementó su presupuesto para el 2017 en casi 67 millones de pesos al pasar de 321 millones 867 mil 204 pesos que se le asignaron en el 2016 a 389 millones 487 mil 824 pesos para el próximo año. El despacho del gobernador, más de 15 millones, ejercerá 110 millones 685 mil 615 pesos contra 95 millones 386 mil 988 pesos que le aprobaron en el 2016. La oficialía mayor aumentó su presupuesto más de 96 millones de pesos, gastará 903 millones 807 mil 315 pesos, por 806 millones 377 mil 918 que se le autorizaron para el siguiente año. Un incremento superior al que tendrá la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que subió 21 millones 118 mil 59 pesos.

La procuraduría de justicia que se convertirá en fiscalía dispondrá en 2017 de un presupuesto de 894 millones 994 mil 651 pesos, casi 172 millones de pesos más que lo autorizado para 2016. La secretaría de seguridad pública dispondrá de 2 mil 89 millones 999 mil 908 pesos, 23 millones y medio menos de lo que le autorizaron en el 2016. Para el sistema anticorrupción del estado, se le asignaron 6 millones 374 mil 828 pesos y al sistema de ejecución penal 3 millones de pesos, presupuesto que equivale casi al aumento que se le otorgó a la secretaría técnica del gabinete, que dispondrá de 14 millones 984 mil 928 pesos cuando en el 2016 se le autorizaron 12 millones 68 mil 221 pesos. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le aumentaron el presupuesto en más de 23 millones 387 mil pesos al pasar de 9 millones 666 mil 999 pesos que se le asignaron en el 2016 a 33 millones 54 mil 171 pesos que dispondrá para el próximo año.

Otras dependencias que ejercerán mayores recursos que en el 2016, son la cuestionada instancia de prensa, que pese a las quejas de los mismos diputados en contra de su titular, Adrián Vázquez Méndez, no obstante que algunos externaron no le darían mayores recursos, dispondrá para el próximo año de 80 millones 965 mil 329 pesos, casi 7 millones de pesos más de los que le otorgaron en el 2016, por 74 millones 182 mil 335 pesos. La Defensoría Social tendrá 130 millones 96 mil 56 pesos, 36 millones de pesos más de los 93millones 679 mil 546 pesos del 2016. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, aumentó su presupuesto para el 2017, en 94 millones de pesos. En 2016 le autorizaron 576 millones 164 mil 120 pesos. En el 2017 ejercerá recursos por 670 millones 206 mil 991 pesos. En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá el mismo presupuesto del 2016, son 36 millones 327 mil 310 pesos, lo mismo que el Tribunal Electoral del Estado, 22 millones 589 mil 153 pesos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le entregará la misma cuota del 2016, un total de 207 millones 186 mil 608 pesos.

Los partidos políticos como ha ocurrido en los últimos años, lejos de disminuirles los recursos que reciben por financiamiento público se les incrementó. Para el 2017 se les entregaran 93 millones 985 mil 840 pesos, en el 2016 fueron 88 millones 568 mil 350 pesos. Al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se le autorizó un presupuesto de 166 millones 199 mil pesos, de los cuales 72 millones 213 mil 160 ejercerá el organismo y el resto se repartirá entre los partidos y agrupaciones políticas.

Para el pago de la deuda pública el gobierno del estado destinará 430 millones 930 mil 950 pesos, de los cuales 147 millones 990 mil 532 son para amortizaciones, 273 millones 485 mil 558 pesos para intereses, 4 millones 500 mil pesos para gastos por cobertura, 3 millones 883 mil pesos para gastos de la deuda y 1 millón 71 mil 550 pesos para adeudos de ejercicios fiscales anteriores. En el 2016 se destinaron al rubro de deuda pública 401 millones 807 mil 821 pesos y se le adicionaron recursos por 207 millones de pesos para pagar el contrato de prestación de servicios de la Presa El Realito. En el presupuesto de egresos del 2017 no se especifica de que rubro se obtendrán los recursos para cumplir con tales obligaciones… continúa (tomado de la revista Diciembre 2016)

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El Metrobús, para beneficio de los grandes capitales foráneos

Como un proyecto ambicioso y parteaguas para el nuevo San Luis que busca crecer, fue como el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro, llamó al Primer Corredor de Transporte Masivo con Autobuses Rápidos y Troncales de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, mejor conocido como Metrobús.

Al principio se contemplaron dos vías de trasporte tipo Metrobús que iban a pasar por la carretera 57 con un gasto de mil 600 millones de pesos. La deuda la pagarán los potosinos en un lapso de 29 años. Sin embargo, por el grado de peligrosidad que se tenía para construir los carriles en una zona de alto aforo, se optó reubicar el transporte a la avenida Industrias. El cambio de ruta iba a disminuir los costos de las obras debido a la infraestructura que ya tiene el sitio. El tipo de vehículo es intermedio, con una capacidad para 100 personas, el cual se moverá con gas natural. El área destinada para el paso del Metrobús tendrá un ancho de 3.5 metros, con un lapso de recorrido que se estima de 35 a 40 minutos desde la zona de transferencia hasta el último parque industrial, con lo que se calcula un ahorro de 20 minutos.

Con los ajustes al plan inicial, el Metrobús tendrá una longitud de 38.8 kilómetros de longitud con un costo cercano a los 200 millones de pesos. En la primera etapa se invertirán 75 millones de pesos. Los trabajos serán ejecutados por las empresas Construcción y Supervisión de San Luis, encargada de la obra del tramo de Villa de Pozos al distribuidor Juárez, lateral norte. Tiene un plazo de 243 días. Cobrará 29 millones 877 mil 338.89 pesos. La constructora Tecnodren del Centro de México, construirá el tramo de Villa de Pozos al distribuidor Juárez, lateral sur, en 243 días. Cobrará 37 millones 458 mil 879.29 pesos. El Grupo Constructor 3M realizará el tramo de la zona de transferencia a la Alameda Juan Sarabia. No se especificaron costos ni tiempos.

Stevens informó que se iniciaron labores desde Rutilo Torres hasta Comisión Federal de Electricidad, entre el eje 122 y ampliación en la zona industrial. Las obras se harán de manera ordenada, para no entorpecer las vialidades. También se arregla el eje 100 al eje 120 con excavaciones, compactado de sub rasante, nivelado de carriles y cortes de pavimentaciones. Ante las inconformidades de grupos de vecinos por donde pasará el Metrobús, el funcionario destacó que la gente fue consultada. Estuvo de acuerdo debido a que habría mayores beneficios. En las reuniones con los quejosos, enfatizó, se estipuló dejar espacios suficientes para estacionar los vehículos. Los árboles que existen en los camellones, serán reubicados. Ante el reclamo de volverlo al planteamiento original, imperativo, negó el cambio de ruta, debido a que los planes están en marcha.

Contrario a las versiones de Stevens, el líder de los quejosos y dueño de una ferretera ubicada en Industrias, Luis Ernesto Peñuelas Cervantes, declaró que al Metrobús le falta legalidad por parte de la Seduvop debido a que se carece de un esquema ejecutivo que haga referencia al impacto ambiental. Los permisos para remover los cerca de 3 mil árboles y que se esclarezcan las consecuencias en el ámbito ecológico, social y económico. Enfatizó que se trata de un proyecto desfasado, debido a que se maneja como sustentable, al asegurar que usarán combustibles fósiles. Pero a nivel internacional ningún gobierno los requiere. Censuró la ruta por donde pasará el Metrobús. Es incongruente que salga de la Alameda hacia la zona industrial debido a que en el centro histórico es donde menos habitantes hay. Debe partir de sitios más poblados que se encuentran en la orillas. Señaló que por ley, las empresas están obligadas a proporcionar trasporte a los trabajadores desde sus hogares a destinos de labores.

Cervantes denunció que Stevens ha dado nulas respuestas a las peticiones de diálogo y buscar otras alternativas, ya que no se oponen al progreso. Pero enumeró las afectaciones inminentes. Se perderá la mayoría de los árboles. Los que llegaran a subsistir, caerán con el paso del tiempo, ya que las máquinas les arrancarán las raíces. Luego vendrá una zona muerta, debido a que no habrá acceso a ningún transeúnte, lo que afectará de tajo el comercio, actividad que da vida a Valle Dorado e Industrias.

El quejoso, como los demás afectados, tienen más de 25 años de habitar el sector, lo que les da derecho a defenderlo. Exigen les fundamenten y motiven el plan. Dijeron que Stevens actúa en forma arbitraria, que los insta a emprender la resistencia civil. Los habitantes promovieron un amparo a través del litigante y activista del Movimiento de Regeneración Nacional, Guillermo Morales, quien destacó que su injerencia es jurídica. Respeta que entre los vecinos existan diversas ideologías y militancias diferentes. Invitó a los demás partidos políticos que se sumen a la ciudadanía organizada y acudan a sus asambleas.

Morales planteó violaciones a la seguridad jurídica establecida en los artículos 14, 16 y 17 de la constitución. Estableció que las obras del Metrobús comenzaron sin los permisos necesarios, donde ni el ayuntamiento estaba enterado de que ya habían comenzado. Adelantó que no existen estudios técnicos, lo que perjudicará el comercio. Habrá caos vial y económico, debido a que el espacio es insuficiente para un carril del Metrobús, dos para el tráfico vehicular, una banqueta y estacionamiento, tal como lo prevé la ley de reglamentos municipales.

Añadió que el gobierno municipal y estatal no consultó a ninguno de los 340 dueños de negocios ni vecinos, lo que constituye una agresión a su patrimonio y manera honesta de vivir. Expuso que los parroquianos no rechazan los cambios, pero solicitan se reubique el nuevo transporte a donde no ocasione perjuicios de ninguna naturaleza, como la lateral de la carretera 57 o el río Españita.

Morales indicó que en capital se necesita una alternativa de transporte convencional, que incluya a la ciudadanía, planificado, para no agraviar a terceros como sucede en Industrias, ya que no se busca ayudar a la gente y sí a los capitales que arriban a la ciudad, como las grandes armadoras vehiculares, las principales beneficiarias del Metrobús, como lo dijera el gobernador Juan Manuel Carreras. (tomado de la versión impresa, Septiembre 2016)