En su comparecencia con los diputados con motivo del informe de labores de los últimos tres años, que van del 8 de octubre del 2015 al 31 de octubre del 2018, el fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró que pronto va a esclarecer el asesinato del foto reportero Édgar Daniel Esqueda ocurrido hace más de un año. También está muy cerca de resolver el caso de la menor Zoé Zulaica, desaparecida desde el 27 de diciembre del 2015, asunto en el que con señalamientos parciales, se quejó, pretenden crucificarlo.
Señaló que en el caso del periodista, va en la última fase de las investigaciones. Existe una línea muy sólida por lo que en los próximos meses se dará cuenta a la ciudadanía al aclarar el homicidio. Sobre la desaparición de la niña, no se detendrá hasta dar con su paradero. Con unos diputados acríticos en su mayoría, de los 19 que estuvieron en la comparecencia en un inicio, ya que poco a poco abandonaron la asamblea, solo 7 se quedaron hasta el final. Garza se explayó en las exposiciones, evitó contestar algunas preguntas y en otros casos justificó la falta de resultados, la poca credibilidad en la institución por desconocer cómo opera el nuevo sistema de justicia oral, que reiteró en varias ocasiones, “no es como el anterior, donde con una historia y dos testigos se constituía la causa penal”.
Garza Herrera les dijo a los diputados que la fiscalía a su cargo tiene rumbo y cuenta con raíces profundas que le permitirán sostenerse y nutrir la procuración de justicia en los próximos años. Señaló que a partir del 2019 manejará sus propios recursos, lo que le permitirá mejorar las condiciones laborales de los policías, ministerios públicos y personal de la dependencia. Pidió dotarla de mayores recursos cuando aprueben el presupuesto de egresos 2019. Según sus datos, en el último año la dependencia gastó casi 578 millones de pesos. En el desglose que hizo, reveló que su despacho manejó 60 millones de pesos. El tercer mayor desembolso después de averiguaciones previas a la que se destinó 148 millones 81 mil 882 pesos y administración donde erogó 71 millones 994 mil 490 pesos. A la policía ministerial destinó 43 millones 869 mil 434 pesos. A la zona centro y otras direcciones que tiene en el altiplano 8 millones 288 mil 281 pesos. A la zona media 3 millones 947 mil 896 pesos. A servicios periciales 41 millones 510 mil 309 pesos. A la zona huasteca norte 6 millones 87 mil 262 pesos. A control de procesos, 39 millones 183 mil 167 pesos. A las agencias del ministerio público 11 millones 750 mil 859 pesos. A tecnologías de la información e innovación institucional 7 millones 870 mil 77 pesos. A la subprocuraduría huasteca norte 44 millones 20 mil 636 pesos. A la subprocuraduría de la zona media le canalizó 24 millones 708 mil 354 pesos. A la del altiplano 23 millones 701 mil 976 pesos. A la subprocuraduría de la huasteca sur 19 millones 152 mil 509 pesos.
El diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras, que antes censuró al secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías y al de seguridad pública, Enrique Pineda, le dijo al fiscal que no lo iba a criticar, tenía su voto de confianza, se sumaría a su trabajo y le pidió apoyar la iniciativa que presentó para aumentar hasta en un 40% el salario de los policías, ministerios públicos y peritos. Garza respondió que dónde lo firmaba. El legislador insistió sobre la inoperancia del actual delegado de la Procuraduría General de la República, Rodolfo Limón. Enfocó su crítica al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, a quien le dijo que con el asesinato del último agente, era motivo suficiente para que hubiera renunciado. No entendía por qué sus subordinados le temían tanto. Le sugirió a Garza que si Castillo y los subprocuradores no funcionan, hay que cambiarlos. Se ofreció acompañar al fiscal con el oficial mayor, Elías Pecina, para exigirle crear más plazas de policías y ministerios públicos. Garza le recordó que a partir de enero manejará el presupuesto de la fiscalía y le pidió apoyarlo a la hora de aprobar el presupuesto.
El diputado del PAN, Ricardo Villarreal Loo, le preguntó si existía un proceso en contra del ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y qué avance había. Garza dijo que debe guardar sigilo y no podía especificar ningún asunto. Hay 31 carpetas judicializadas en contra de ex servidores públicos, incluidos alcaldes, por denuncias que presentaron organizaciones civiles, presidencias municipales y la Auditoria Superior del Estado. El legislador Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social, intentó sin éxito incomodar al fiscal. Le dijo que no buscara más excusas con el nuevo sistema de justicia para poner un freno al clima de violencia e impunidad que existe en Tampamolón, donde se han registrado 6 asesinatos. En algunos se involucra al actual edil, Isidro Mejía, como autor intelectual. Garza le respondió que existen rumores y señalamientos generalizados donde se menciona a la autoridad, pero no puede fabricar delitos. Y si faltan pruebas sólidas, el nuevo sistema le dificulta actuar. No vale incluso la auto incriminación, salvo que se haga ante un juez. El diputado le mostró que en su celular recibía al momento el mensaje de un ciudadano de su municipio, donde era amenazado por un sicario. El fiscal le sugirió acudir a denunciarlo ante el ministerio público y que los asesores victimales, cómo se les llama ahora a los abogados que defienden a víctimas, contribuyan con la carga de pruebas.
Los diputados Cándido Ochoa Rojas y Óscar Vera Fabregat, ambos ex procuradores, le hicieron las preguntas más cómodas al fiscal. Ochoa lo inquirió para que explicara en qué consistió el plan estratégico de transición, diferencias de la procuraduría con la fiscalía, rezago de averiguaciones y cuántas carpetas de investigación lleva la dependencia. Vera Fabregat le dijo que le reconocía su esfuerzo y las ganas que le ponía al implementar el nuevo sistema de justicia. Le recomendó que en la reunión nacional de procuradores de justicia, pugnara por el respeto a la autonomía de los estados y se coordinara con el ejecutivo federal para reformar las leyes y no se les impusieran, como ocurrió con la Guardia Nacional, que carece de marco jurídico.
Respecto al incremento de los feminicidios, número de procesados y sentenciados, lo cuestionó la legisladora del PRD, Isabel González. Garza presumió haber logrado sentencias hasta de 70 años. Indicó que de los 52 homicidios dolosos de mujeres que se tenían registrados hasta noviembre del 2018, 28 fueron clasificados como feminicidios. En 9 casos hubo personas vinculadas y en prisión preventiva. Tenía 6 casos judicializados y 2 se habían catalogado como feminicidios. Al final se comprobó que fueron suicidios. En poco más del 90% de los casos de feminicidios, se dan en el entorno familiar y el resto tiene que ver con algún factor de relación directa de la víctima con el agresor.
Garza Herrera les dijo a los diputados que hay grandes logros de la Policía Ministerial, que en tres años logró desarticular 71 bandas delictivas y detuvo a más de 4 mil personas con órdenes de arresto, de las cuales 244 pertenecían a bandas criminales. Aseguró que la alerta Ámber está enfocada a la búsqueda y localización de menores, tiene una efectividad arriba del 90%. En los 3 años que abarca su informe, se han recuperado 2 mil 375 niñas, niños y adolescentes. Se abrieron mil 913 carpetas de investigación de búsqueda y localización. Informó que hasta el momento, no se tenía pendiente de resolver ningún caso de secuestro. La unidad especial de combate está equipada con tecnología de punta y su personal capacitado, lo que permitió desmantelar 9 bandas y liberado a más de 70 víctimas. En la mayoría de los casos no se pagó rescate.
Indicó que acepta casi todas las recomendaciones que se le hacen por violación a los derechos humanos. Consideró que los exámenes de control y confianza que se aplican a policías y personal de la fiscalía, no cumplen con el objetivo por el cual se implementaron. Hay un gran hueco respecto a los resultados, porque personas con antecedentes limpios, no lo pasan, ya que se ponen nerviosos. Hay casos de figuras no aptas para realizar labores policiacas que califican sin ningún problema.
La normalidad con la que se realizaba la comparecencia fue interrumpida en forma abrupta por la trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María de Jesús Almendárez, que durante más de 5 años ha librado una batalla judicial por acoso sexual y discriminación en contra de su ex compañero de trabajo, Juan Martín Gática, protegido de la líder del sindicato mayoritario de burócratas, Bernardina Lara Arguelles. La quejosa llegó a la reunión y en tres ocasiones intentó increpar al fiscal para exigir celeridad a las denuncias que interpuso por amenazas y violencia institucional. Cuando intentaba expresarse, se lo impedía la diputada Beatriz Benavente, que le exigió respetar la asamblea. Esperar a que concluyera para ser atendida. La actitud de la legisladora molestó a la afectada que a gritos se hizo escuchar. “Tengo que hablar, arrastro 3 expedientes de amenazas por haber denunciado acoso y violencia por parte de Érika Velázquez Gutiérrez y el robo de expedientes en el juzgado quinto penal. ¿Qué pasa con la pesquisa? Deben dejar que las víctimas se manifiesten”, le reclamó a Benavente.
“¿Dónde están los diputados que se pronuncian en redes sociales?, no los veo. Tenemos más derecho que todos ustedes, porque hemos sido violentadas. ¿Cuál estado de derecho?. La esposa del gobernador, Lorena Valle, me dijo que nadie estaba por encima de la ley, solo Bernardina Lara. Soy víctima de acoso sexual, tengo que levantar la voz para que me escuchan. A los diputados no les importa, ¿dónde está la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, que se pronuncia en redes sociales por las ninguneadas de la universidad autónoma. Todo es mentira, un circo”.
La legisladora Benavente la interrumpió. Le dijo que nunca había tocado su puerta para tener una plática decente, en el marco del orden. Almendárez no paró de reclamar. “Las muertas también tienen derecho, como se lo dije al juez. ¿Qué necesito para aportar pruebas de acoso, que me violen o me maten, para ya no tener voz? A ustedes les importa más que estemos muertas. Si no pueden resolver un caso de acoso, ¿cómo le harán con un feminicidio?. ¿Dónde están los diputados?, lástima que una ciudadana les tenga que reclamar. Ahora estamos en el tema de seguridad, donde nos violentan y matan. Hay más gente del fiscal que todos los diputados. Se trata de un circo”.
Siguió Garza Herrera, que respondía una pregunta que le hizo la legisladora del PRD, Cristina González, sobre los linchamientos. Ofreció al fiscal trabajar para hacer frente a la delincuencia y coadyuvar desde el congreso para revisar y resolver el esquema financiero de la dependencia, donde los ministerios públicos y los peritos no cuentan con las herramientas necesarias para efectuar sus labores. El coordinador de los diputados de Morena, Edson de Jesús Quintanar expresó al fiscal que el reclamo de Almendárez era una muestra del malestar ciudadano, por la falta de justicia. Pidió a sus compañeros atenderla. Preguntó por qué no se ejerció acción penal en contra de los involucrados en la denuncia por despojos de tierras que interpusieron ejidatarios de la Noria de San José. Y el avance de la querella interpuesta en contra de ex diputados de la pasada legislatura, señalados de corruptos.
Garza aseguró que se atendieron las denuncias de Almendárez. Su caso está en manos del poder judicial, pero no se puede litigar en los medios o por medio de gritos. En el caso de la Noria de San José, no se encontraron en primera instancia, elementos suficientes para ejercer acción penal. Los quejosos recurrieron después al amparo que se les otorgó. Lo analiza la fiscalía, en su momento se pronunciará el ministerio público.
