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Entre burócratas, recomendados y ex titulares del organismo saldrá la terna del nuevo auditor

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El ex contador mayor de hacienda del congreso del estado durante el cuatrienio de Horacio Sánchez Unzueta y contralor durante más de 2 años en el sexenio de Fernando Silva Nieto, Óscar Alarcón Guerrero es uno de los que aspiran a dirigir la Auditoria Superior del Estado. Es la segunda vez que participa para el cargo. En el proceso del 2014 donde se eligió a José de Jesús Martínez Loredo, también se anotó, pero fue descartado por los legisladores que se apegaron a la línea dictada por el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, que suplantó a su jefe Fernando Toranzo en el mando. Martínez resultó un auténtico fracaso en el cargo.

            En la primera de dos entrevistas que sostuvo ante los legisladores integrantes de la cartera de vigilancia, como parte del proceso selectivo, Alarcón Guerrero se asumió como apartidista y aseguró que uno de los motivos por lo que decidió participar fue al ver la triste realidad en la que se encuentra la instancia, con una serie de dudas y señalamientos sobre su desempeño. Dijo que a 10 años de fundada la ASE, se hizo grande en personal. No cumple sus objetivos y se contaminó con el ejercicio de prácticas incorrectas. No es creíble ni tiene autoridad.

           Afirmó que incursionó en base a su trabajo “de ninguna forma por amistad o intereses con funcionarios o político alguno”. Pasó de la contaduría mayor de hacienda a la contraloría estatal invitado por los resultados obtenidos, sin tener amistad con el entonces gobernador Fernando Silva Nieto. Su plan de trabajo al frente de la ASE será coincidente con el sistema nacional y estatal anticorrupción. Constará de cinco líneas: capacitación permanente del personal. Revisar y adecuar los métodos de trabajo. Renovar la estructura de la ASE para incorporar otras áreas que dictan las nuevas leyes, como las unidades de investigación y sustentación. Implementar el sistema profesional de carrera y resolver conforme a la ley asuntos pendientes como revisar las cuentas públicas del 2016 cuyos informes rechazó el congreso. Prometió atender todas las denuncias ciudadanas con pruebas que se presenten y trabajar en forma coordinada con la cartera de vigilancia y su nueva unidad de evaluación que supervisará el trabajo de ASE, para recobrar la confianza de los ciudadanos en el ente fiscalizador.

            En su currícula, Alarcón detalló que al inicio de su carrera trabajó en el despacho del ex alcalde y ex candidato a la gubernatura por el PRI, Luis García Julián, que antes fungió como consejero ciudadano y presumía su apartidismo. Alarcón también fue socio y director de un despacho con el ex contador mayor de hacienda y ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía. Laboró para varias empresas de la iniciativa privada y como auditor externo de organismos gubernamentales como la Feria Nacional Potosina, Colegio de Bachilleres y la delegación del Infonavit, entre otros.

|           Ocho de los 24 candidatos que compiten por la titularidad de la ASE, son trabajadores o ex empleados del órgano fiscalizador. Jesús Mejía Lira pretende ahora ocupar el lugar de su ex jefe, Jesús Martínez Loredo. Fungió del 2014 al 2015 como auditor especial de fiscalización municipal y sus organismos, de donde salió, según dijo a los diputados, porque no respetaron su trabajo y le cambiaban por arte de magia los informes, para lo cual no requerían de su firma. Lo que no les mencionó es que por 14 meses que laboró para la ASE, se le indemnizó con 281 mil 768 pesos. Las abultadas liquidaciones al personal fueron una constante en las fallas que se ventilaron. Mejia Lira fue director de administración en la Secretaría de Educación Pública donde tuvo de jefe al ahora gobernador Juan Manuel Carreras López, por lo cual se le ubica como una de las cartas del ejecutivo. También cuenta con el respaldo de algunos legisladores del PAN, ya que fungió como tesorero del ex edil Jorge Lozano Armengol, recordado por privatizar el servicio de limpia que entregó mediante una oscura maniobra a la firma Vigue. Mejía fue contralor con el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y ha ocupado cargos administrativos en dependencias del gobierno estatal, como la oficialía mayor, secretaría de desarrollo agropecuario y comunicaciones y transportes. Es contador público y auditor. Cuenta con una maestría en administración pública y un doctorado en sociología de las organizaciones, que cursó durante un año en una universidad de París, Francia.

            En la primera entrevista con los diputados, Mejía Lira lamentó que la corrupción en el país vaya en aumento. Citó un estudio del Instituto Nacional de Competitividad, donde señala que es nefasta, disminuye las inversiones, derrota el empoderamiento, minimiza la credibilidad, afecta el bienestar social, reduce toda eficiencia, genera una mayor desigualdad y obstaculiza la justicia. Mencionó que datos del 2016, revelan que el costo de las corruptelas en México es del 10% del Producto Interno Bruto, cifra que equivale a casi 90 veces el presupuesto de la Uiversidad Nacional Autónoma de México, 8 veces el de la Seretaría de Desarrollo Social y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. “Con todos los cuestionamientos que se han manejado en la ASE, ¿ Cuánto no podríamos hacer con los recursos”.

            “La ciudadanía reclama una verdadera rendición de cuentas. Exige una gran transparencia y adecuado uso de los recursos públicos. Claridad en el ejercicio del gasto, que los reportes sean veraces, con evaluaciones que muestren el impacto, saber que la acción gubernamental causa efectos positivos a la comunidad”. Se pronunció por reforzar los mecanismos fiscalizadores, mejorar el desmepeño de la ASE para que en un plazo breve sea catalogada como una de las mejores del país. Dijo poder afrontar el reto. Prometió cumplir de manera cabal con todas las atribuciones que la ley le confiere. Hacer un análisis de las remuneraciones que perciben los empleados de la auditoria. Clasificar las observaciones que resulten de las auditorías, en graves, muy graves y regulares. Poner el acento en las más complicadas, aplicar las sanciones y procedimientos para evitar que prescriban, como ahora sucede. Presentar las denuncias penales y los juicios políticos que procedan. Dijo que va a trasparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas y solicitudes de los ciudadanos. Habrá de incorporar a la ASE a los mejores hombres y mujeres. Se basará en su capacidad técnica y honradez, no en amiguismos o compadrazgos. Buscará incorporar en el personal una mística de servicio, trabajo de calidad y un rechazo sistemático a las conductas deshonestas.

            Otra que aspira al cargo es María del Rocío Torres Armenta, actual jefa del departamento de servicio civil de carrera del órgano fiscalizador. En 13 años ha ocupado los cargos de directora de auditoria, contadora mayor de hacienda, encargada de despacho de la auditoria y coordinadora de organismos autónomos. Es hermana de José Guadalupe Torres Armenta, ex secretario técnico del gabinete con el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Con Carreras permaneció en el mismo cargo hasta octubre del 2016. Sobre los Torres Armenta pesan acusaciones de tráfico de influencias y nepotismo. En la auditoria, además de María del Rocío, laboran sus hermanos Ruth del Consuelo Torres Armenta, que se desempeña como jefa de recursos humanos. Marco Antonio Torres Armenta es jefe del departamento del área legal y su cuñada, la auditora, Enedina Ibarra, es esposa de José Guadalupe.

            El portal La Orquesta ventiló en marzo reciente la denuncia de la empleada de la ASE, Laura de la Rosa Jiménez, cuyo seguro médico fue usufructuado y agotado sin su permiso por el ex funcionario José Guadalupe Torres Armenta y sus hijos Luis Alejandro y José Pablo Torres Ibarra, que aparecían como beneficiarios. La quejosa notificó la irregularidad a la administradora, Ruth Torres Armenta, que la ignoró, por lo que decidió presentar la querella ante la procuraduría de justicia.

            María del Rocío Torres Armenta es contadora pública certificada. Tiene una maestría en gestión pública, diplomados en contabilidad gubernamental, disciplina financiera y presupuesto basado en resultados. En respuesta a preguntas de los diputados, aseguró que no le temblaría la mano para iniciar procesos administrativos por fallas en el manejo de los recursos públicos, que por no estar sustentados los procesos u observaciones no prosperan. Dijo haber contribuido a lograr avances al rendir cuentas, en los puestos que ha ocupado, como auditar a los tres poderes del estado, que antes no se revisaban y los organismos autónomos como la universidad autónoma, que se resistía a ser fiscalizada.

            Aseguró que el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo desde su llegada la vio como una enemiga por su honestidad. Supo que no se prestaría a sus malos manejos. Admitió haberse dado cuenta de las irregularidades que ocurrían en la dependencia, pero no tenía las pruebas para acusar a alguien. Expuso que con Martínez el personal cayó en el desánimo y decían que las observaciones las iban a negociar. Los aconsejaba cumplir sus tareas sin importar lo que pudiera hacer el auditor. Expuso que con el servicio civil de carrera que ya implementó, se eliminará la práctica de aceptar recomendados de diputados y funcionarios que no cumplan el perfil.  

            El ex coordinador de auditorias y ex auditor especial de fiscalización gubernamental y de los municipios, Camerino Hernández Gamboa, busca regresar a la ASE, pero ahora al puesto de auditor superior, cargo que pretendía desde que le ganó Martínez Loredo por su amistad y compadrazgo que siempre presumió con la ex presidenta del DIF y esposa de Fernando, la anestesióloga María Luisa Ramos, que lo metió a la nómina. El polémico ex funcionario fue acusado de maquillar y quitar observaciones de malos manejos a las cuentas públicas del 2012 y 2013 de ex alcaldes y funcionarios de Cedral a cambio de sobornos. En el 2016, antes de revelarse el escándalo de la ecuación corrupta en el congreso, que confesó el aún diputado panista con licencia Enrique Flores Flores, el ex auditor fue denunciado ante el congreso y la propia auditoria, por integrantes del organismo Huastecos Unidos Contra la Corrupción, que encabezó Isaías Rodríguez Ballesteros. Lo acusaron de haber reunido a varios ediles huastecos y ofrecerles todo el apoyo para el desahogo de las cuentas públicas y borrar observaciones a cambio de dádivas. Les aseguró que contaba con el respaldo de Flores.

            Hernández Gamboa, en su paso por la ASE, fue clave para que las cuentas públicas del exgobernador Fernando Toranzo salieran inmaculadas y fue un hostigador dentro de la dependencia para que se deslindara al ex mandatario de las observaciones que realizó el ex titular del órgano fiscalizador Héctor Vicente Mayorga Delgado del que Toranzo fue responsable de aplicar y no justificar el destino de casi 562 millones de pesos del polémico préstamo de mil 500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Marcelo de los Santos casi al final de su mandato. Lo que derivó en que fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos ya que recibió una mega multa que le impuso el extinto contralor Isaac Delgado. Lo obligó a litigar en los tribunales.

            Camerino Hernández en el 2014 fue separado por un breve tiempo como auditor especial adjunto, que le creó exprofeso en la dependencia Martínez Loredo, para someterlo a una revisión interna. Presionado desde el gobierno, Martínez se vio obligado a desistir y volverlo a ocupar a los pocos días. En marzo del 2016 fue separado en forma abrupta al impedírle la entrada al edificio de la ASE. Le sellaron la oficina hasta realizar la entrega- recepción. Un día después de la bochornosa salida se difundió el audio de una supuesta amenaza de Hernández, donde despotrica contra Martínez.

           Camerino Hernández fue uno de los beneficiarios de las millonarias indemnizaciones que entregó a los despedidos Martínez Loredo. El auditor adjunto recibió más de un millón de pesos en dos cheques, por 476 mil 774 pesos en marzo y otro por 523 mil 225 pesos en abril del 2016. En la entrevista con diputados, Gamboa aseguró que nunca se le notificó la causa de su salida. En su arenga, señaló que la dependencia, lejos de cumplir su objetivo de ser un organismo autónomo, con fuerza para no politizar su trabajo y responder al reclamo ciudadano, de que haya un manejo honesto de los recursos públicos, ha servido para ensalzar a un solo individuo que castiga y perdona según le dicte su conciencia, intereses políticos y personales.

            Añadió que para exigir a los entes auditados actuar en forma responsable, la auditoria está obligada a predicar con el ejemplo y atender los principios de integridad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas. Es una de las más atrasadas en el uso de las nuevas tecnologías de última generación, lo que coadyuvaría a mejorar el trabajo. Tener menos riesgos de errores humanos, un ahorro en gastos de viáticos, tiempo y programas de trabajo. Su plan lo resumió en cuatro ejes: administración interna, control y fiscalización, actualización tecnológica, trasparencia y controles anticorrupción. Mencionó que para eliminar triquiñuelas de los auditores, los rotaría cada trimestre y año.

            Pretende dirigir la ASE el abogado y asesor laboral de la dependencia, Óscar Omar Niño Rodríguez. En la entrevista con los diputados, admitió que tiene demandada a la instancia con un juicio laboral porque Martínez Loredo no lo indemnizó después de terminar sus obligaciones laborales. Tampoco le cumplió con el salario que le prometió. Le llevó a la dependencia 6 juicios laborales, de los cuales asegura que ganó 4 y 2 se encuentran pendientes. Trabajó también como asesor de la contaduría mayor de hacienda durante dos años y medio. Ahora es asesor del ayuntamiento de Matehuala, fue síndico en Villa de Ramos y asesor durante 5 años en Soledad.

En la etapa de preguntas, Niño dijo que su primera acción como auditor sería integrar un equipo de trabajo eficiente y con conocimientos básicos en auditoria. Aseguró que el órgano fiscalizador cuenta con esquemas eficientes, pero lo que hace falta es respeto mutuo entre el congreso y la dependencia en cuanto a sus ámbitos de competencia. “Si permiten la libertad, la auditoria va cambiar, se va sanear la imagen de la dependencia y el congreso”. Les dijo a los diputados que cometieron un grave error jurídico en cuanto a la forma y tiempo, al rechazar los informes finales de las cuentas 2016 de los municipios, que ya había aprobado la cartera de vigilancia, así como acordar en el pleno el rechazo a los informes de las cuentas de los tres poderes, sin argumentarlo. Por lo que incluso el procedimiento podría ser materia de una controversia constitucional, que retrasaría el dictamen hasta el 2021.

            Otro ex empleado de la auditoria que busca el máximo cargo es el litigante Juan José Frías Aguilera, que se desempeñó durante 7 años como coordinador de ejecución fiscal, hasta febrero del 2014 que fue despedido. Además de demandar a la dependencia para que lo indemnizara, denunció ante la procuraduría de justicia a Martínez Loredo y le promovió en el congreso un juicio político. Lo acusó de uso indebido de recursos públicos, no ser elegible para el cargo. Lo definió como un delincuente de cuello blanco. En contraparte, Frías fue acusado de extorsión y chantaje por ex presidentes municipales que entregaron a la auditoria escritos y copias de depósitos que le hacían por asesorías ficticias. Empleados de la dependencia lo denunciaron por acoso laboral. El litigante fue también asesor jurídico del congreso de 1990 a 1993 y director de ejecución fiscal en el ayuntamiento de Soledad del 2000 al 2002. En su encuentro con los legisladores, Frías expuso que la sociedad potosina exige y merece trasparencia, resultados positivos en el manejo de los recursos públicos. “La gente ya está harta de los actos de impunidad y corruptelas, de que las autoridades, lejos de aplicar la ley, se preocupan más por los intereses políticos y personales”.

            La actual encargada de la auditoria, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado busca ser electa para el cargo los próximos 7 años. Cervantes tiene más de 22 años como empleada del órgano fiscalizador. Se ha desempeñado como auxiliar de auditora, auditora, supervisora de fiscalización municipal, coordinadora de auditoria especial de fiscalización gubernamental y organismos descentralizados. En junio del año en curso, se le designó encargada del despacho, tras la renuncia de Martínez Loredo y sus cercanos colaboradores. A Cervantes se le ubica como la carta secreta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, para ser la próxima titular. Cuenta con el apoyo de por lo menos dos legisladores de la cartera de vigilancia. Podría integrar la terna que se someta a votación. En entrevista con los diputados, se le cuestionó sobre la existencia de la nómina secreta que operó Martínez. Las acciones a implementar para mejorar la deteriorada imagen de la auditoria y si estaba impedida para contender por el cargo. Cervantes adelantó que concluida la pesquisa sobre la nómina alterna, presentaría la denuncia ante la procuraduría. Afirmó no estar impedida para contender, ya que la ley interna contempla se reelija el titular. Cervantes cuenta con las simpatías del secretario de finanzas, José Luis Ugalde. Le dijo a los diputados que las corruptelas se deben a la falta de supervisión y no fomentar valores éticos entre el personal.

           Busca ser auditor superior, el actual director de administración y finanzas de la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno estatal, Víctor Lomelí Guerrero que hasta febrero del 2014 ocupó el cargo de contralor interno de la auditoria. En el sexenio de Marcelo de los Santos fue subdirector de recaudación y política fiscal. Desde el 2009 hasta 2013 trabajó en el ayuntamiento de San Luis Potosí como auditor, jefe de departamento y un breve tiempo oficial mayor.

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El compromiso político de Carreras: entregarle la gubernatura a Gallardo Juárez

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Al consumirse la tercera parte del sexenio de Juan Manuel Carreras López, no existe claridad en el rumbo. Tampoco ha definido el propósito fundamental del eje inspirador de gobernar. El bono democrático se le acabó. Lo dilapidó en la inercia de proteger las cuentas públicas de su antecesor Fernando Toranzo y mantener los arreglos con los grupos de poder. Encabeza un gabinete hecho de retazos, de pedacería política. Todas las corrientes han impuesto su cuota en la parcela del control, lo que no le ha permitido darle un esbozo a su esquema de mando. No ha cuajado ningún proyecto de política pública importante. Su gran apuesta fue la llegada de la trasnacional Ford, pero se le cayó el trato. Los millones de dólares que le entregó la empresa por indemnizaciones, se manejaron con nula transparencia. Resulta espantoso el retroceso en materia de democracia. No hay libertad de prensa, salvo honrosas excepciones. Existe un control absoluto sobre los medios informativos. Incluso prevalece la política de negar la realidad, ausencia de debate. No hay legalidad en las decisiones de gobierno. Todo se enmarca en un contexto de autoritarismo silencioso donde no se permite en demasía la crítica.

El consultor externo y articulista de varios medios locales, Oswaldo Ríos Medrano, enfatizó que existe un abandono de Carreras en las tareas centrales como la seguridad, obra pública, desarrollo social y lo educativo. La frase de que camina tranquilo por las calles de San Luis denota una enorme soberbia. Insensible al calvario que padecen los potosinos todos los días. “Lo que dijo se originó porque el ex gobernador Marcelo de los Santos mencionó que en su etapa, se podía transitar por la ciudad sin sobresaltos. En su momento, irrumpió el fenómeno de la delincuencia organizada. Acuñó el dicho de cuando se registraron actos de violencia, correspondían a hechos aislados. Fue un comentario desafortunado. También se reflejó como un hombre insensible ante el temor de los habitantes. Si comparamos la incidencia delictiva, criminal, de delincuencia común y organizada, que hubo con Marcelo de los Santos y Toranzo, después de 14 años de violencia implacable que ha azotado a la entidad, podemos sostener que lo dicho por el panista fueron en realidad hechos aislados”.

“Con Carreras se trata de sucesos continuados de extremo terror. Con Toranzo, eran aspectos habituales. Ahora los índices de homicidios dolosos están al doble de los que tuvo Toranzo y casi al triple con Marcelo de los Santos. En los primeros dos años de Carreras, los secuestros se han disparado 10 veces más a los ocurridos en los primeros dos años de Marcelo de los Santos. Las extorsiones se incrementaron más del triple. El robo a casas habitación y de autos, más del doble. El tiempo ha demostrado que en seguridad pública, los gobiernos del PRI han resultado más violentos y sangrientos que el de los panistas. No obstante que con Marcelo de los Santos se vivió una guerra desconocida. Lo que pasa ahora con Carreras, es más sangriento. El problema de la inseguridad en San Luis tiene varias dimensiones. La de la delincuencia organizada que compete al gobierno federal. Existe un problema que Carreras no ha podido resolver, se vincula a los señalamientos a lo que ocurre dentro de su gabinete. Pero no todo lo que sucede en San Luis abarca a la delincuencia organizada. Hay delitos del fuero común donde tampoco hay reacciones y le corresponde a Carreras resolverlos”.

“En los incontables feminicidios a Carreras es el primero al que le declaran la alerta de género. Es un reconocimiento a la incapacidad de atender el problema. Es como ponerle en la frente una estrellita negra, no dorada. No pudo proteger la integridad de las mujeres, antes y después de la alerta, como el asesinato atroz, brutal, de la señorita que cosieron a puñaladas en un camión que trasladaba obreros a la zona industrial. En el delito del feminicidio no hay excusas, es del orden común. No se ha tenido una respuesta preventiva ni reactiva a la alerta de género. El robo de vehículos con o sin violencia, es el más alto en la zona centro del país. También figuran las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar. Las extorsiones y el secuestro son delitos del orden común, que se han disparado. Le toca al gobierno estatal, prevenirlos y atenderlos. La única guerra que libra el gobierno estatal en materia de seguridad es dentro del propio gabinete. El secretario de gobierno, Alejandro Leal contra el procurador Federico Garza. O el secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez contra el director de seguridad pública, Ángel Gámez Segovia”.

“Hacia afuera, la gente percibe que no hay patrullas ni agentes en las calles. El famoso 911 no atiende las llamadas de emergencia. Si llegan a contestar, arriban una hora después de registrados los hechos. No se procura la justicia de manera eficaz. Si alguien se atreve a denunciar algún delito, se arriesga a enfrentar a los propios elementos policiacos. La querella se pierde en el olvido. Es la realidad que viven todos los potosinos. Carreras camina tranquilo en una camioneta blindada, con cuatro escoltas en unidades blindadas, un equipo de 40 guaruras y 20 lambiscones alrededor. Es una nube que le permite moverse tranquilísimo. Los demás habitantes no tienen las mismas garantías y se la tienen que rifar al ir al trabajo o estudiar. Usan el camión urbano, los taxis en las calles, como nunca peligrosas. La inseguridad es mayúscula. No se resuelve si quitan al coronel Gutiérrez. Tendría que irse todo el gabinete. No han dado resultados en ningún sentido”.

“Si hubiera una medida preventiva de los delitos adecuada, con una deficiente aplicación de la justicia, se tendría que ir Garza. Si hubiera un excelente procurador y una deficiente estrategia para prevenir los delitos, se iba Gutiérrez. El problema es que no hay policía de proximidad, no existe un plan básico de seguridad pública. Deben irse todos para replantear las medidas con la injerencia ciudadana. El concepto debe incorporar criterios de derechos humanos, legalidad, funcionarios probos y respetables, que rindan sus declaraciones 3 de 3. Decir a cuánto asciende su patrimonio, para qué empresas han trabajado, sus relaciones políticas y personales, pero existe una opacidad total. Con Marcelo de los Santos, varios ex gobernadores se juntaron para exigirle en público, un diagnóstico de la seguridad. Dijera lo que hacía para devolverle la tranquilidad a los potosinos. Los mismos personajes y la ciudadanía, le deben solicitar a Carreras, que en su informe relate, de qué tamaño es la inseguridad. Lo que hará para enfrentarla. Está sentado sobre el problema. No alcanza a notar el monstruo que enfrenta y lo rebasa. No tiene nada que hacer, ya que no reconoce que está encima de un volcán”.

“La llamada policía metropolitana es un artificio de propaganda gubernamental. La presentó a la carrera, con trompicones, para tener algo que decir en el segundo informe. No necesitamos ser adivinos para saber que cuando hable de seguridad, habrá de presentar espectaculares videos, para mostrar que hay nuevos uniformes, patrullas y 500 elementos. Los mismos de seguridad pública que sólo transfirió. Con las mismas tácticas y denuncias de tortura cuando hacen las detenciones. Roban a los ciudadanos si los encuentran en las noches, en estado inconveniente. Con la policía metropolitana, Carreras busca equilibrar al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo. Son 500 elementos para más de un millón de habitantes. Es ridículo. Si dividimos las patrullas a cada potosino le tocaría una calavera. Carreras debe apuntalar las policías municipales, que están descalificadas para cumplir sus tareas. Hay municipios que tienen dos o tres agentes”.

Oswaldo Ríos enfatizó que Carreras busca dejar de fiscal general a Garza, como pretendió hacerlo el presidente Enrique Peña, que trató de investir al procurador Raúl Cervantes. Se lo impidió el movimiento cívico organizado, diputados del PAN y PRD, que generaron una crisis de ingobernabilidad en la cámara y obligaron a rectificar la propuesta. “En San Luis notamos que el movimiento ciudadano, que tiene ferocidad y franca animadversión contra el congreso, se porta sumiso frente a Carreras. Con un desplegado, avalaron la llegada de Garza al nuevo cargo. A nivel nacional hubo debate en el congreso, a nivel local, se usa el recinto para el burlesque, una carpa donde se montan espectáculos decadentes de cabaret barato. Los partidos opositores no ejercen los contrapesos, salvo el PAN. El PRD, controlado por el dueto de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, co-gobierna con Carreras”.

Expuso que Marcelo de los Santos fue un gobernador fuerte. Al final del sexenio, el PRI le hizo una campaña adversa para que ganara el cirujano Fernando Toranzo. “El panista aguantó y ahora camina tranquilo por San Luis. Toranzo tenía problemas de carácter, de personalidad. Se enojaba con facilidad. Era hedonista. No le gustaba el ejercicio del poder. Al cierre, tuvo una salida negativa. Ahora arrastra escándalos de índole familiar que han trascendido. Carreras no ha llegado siquiera a ejercer el poder con la medianía de Toranzo. No tiene la mínima autoridad, no sabemos cómo va a concluir. Si Marcelo de los Santos terminó con dificultades, no imaginamos cómo será el de Carreras. Si continúa con el mismo estilo, le dará terror entregarle la estafeta a Gallardo Juárez. Le he llamado el corredor constitucional del estado. Ha sido su única respuesta ante los problemas. Sale a correr como un acto de cobardía, evasivo de la realidad y las exigencias de los potosinos. Es un hombre que no quiere gobernar. Tenemos un burócrata de alto nivel, que ocupa una oficina en el palacio estatal”.

Ríos Medrano expuso que las zalamerías que rodearon el ascenso pusilánime de Carreras no significan que tenga habilidades políticas. “Lo llamé Tiquismiquis. Tiene una pulcritud en las formas, que le sirvieron de manera extraordinaria para hacer relaciones públicas. Pero gobernar no equivale a frivolizar el poder. Se relaciona con el costo de tomar decisiones. Se le puede decir lo que debe hacer. Fue un excelente empleado de Felipe Calderón y Toranzo. Pero como empleado de los potosinos, es un fracaso. El cargo que le dio la ciudadanía es para que gobierne y tome decisiones, lo que no sabe hacer. Se le vio la vena política, su currícula académica e intelectual… continúa (tomado de la revista impresa, Septiembre 2017)

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Los pequeños comercios sostienen el 85% de la economía nacional

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                                             Reyes. Empuje

El dirigente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Armando Reyes, visualizó como afectado y golpeado el panorama de los abarroteros por los distintos cambios gubernamentales y fiscales, además de no recibir ningún tipo de apoyo que los ayude a sostener sus negocios. “Los comerciantes siempre hemos sido muy luchadores, es algo que nos caracteriza. Somos gente de trabajo, venimos desde abajo y peleamos por subsistir. Pero cuando se llegan a instalar nuevos centros comerciales, surgen cambios fiscales o se incrementa la inseguridad, como la que se vive hoy en el estado. Son factores que nos afectan”.

En el 2013 se registró un cambio fiscal que consistía en facturar los ingresos, por lo que quebraron más de 2 mil negocios por la apertura de tiendas de auto servicio. “Nos pedían adquirir un sistema de cómputo muy caro para hacer las facturas. Nos supimos mover y ahora la gente trabaja tranquila. Tuvimos que asistir a la Secretaría de Hacienda en México, cámara de diputados y senadores, para hacerles entender que no podíamos estar en otro régimen. O al menos, no con las mismas exigencias”.

“Para el 2014, los cierres fueron menores. Las declaraciones nosotros se las hacemos. Les damos las mayores facilidades para que sigan con su trabajo. Aglutinamos un promedio de 10 mil afiliados. No tenemos nada en contra de los contadores, pero el pago de un negocio pequeño resulta un gasto muy caro, difícil de solventar. Sin duda que estar unificados ha sido un factor positivo para defendernos ante los problemas que se nos han presentado a lo largo de los años y de los cuales hemos salido adelante”.

Expuso que en la actualidad, los comercios pequeños sustentan cerca del 85% de la economía en el país, además de generar más empleos. “Somos casi 4 millones 200 mil negocios en todo México. Una tienda sostiene cerca de tres o hasta cinco personas. Al instalarse un nuevo centro comercial, se cierran cerca de 150 negocios pequeños, lo que deja en el desempleo a mil 500 individuos. El nuevo sitio ocupa a 100 personas. Además, el gobierno les da más facilidades. Por ejemplo, mayor tiempo para pagar los impuestos, contrario a los comercios pequeños. No saben tampoco que somos el verdadero sostén económico de las grandes industriales, pues nosotros distribuimos toda la mercancía que producen”.

Armando Reyes subrayó no estar en contra del ambulantaje, pero considera que el gobierno los debe de regularizar. “No utilizarlos para fines políticos o intereses propios. La Procuraduría Federal del Consumidor no les regula una báscula, no se les pide licencia. Nunca los visita hacienda. A los comercios establecidos como nosotros, nos checan las básculas. Debemos tener y pagar licencias. Al colocarse afuera de los mercados, les quitan las ventas. A los ambulantes, los deben regularizar e instalar en lugares apropiados para que, como nosotros, paguen luz, agua, renta e impuestos. Hay que ser parejos para generar más economía al país y no cargarle la mano a unos cuantos”.

Reyes indicó que los municipios, gobiernos estatales y federales, para abrir un negocio, solicitan una licencia, con un pago exorbitante. “En Soledad, hay que cubrir uso de suelo a protección civil y ecología, por lo que exigen hasta 18 mil pesos. Platicamos con el presidente Gilberto Hernández para regular el asunto, que en la ley no existe. Las autoridades abusan”.

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Santa María tiene todo para ser pueblo mágico, dice el empresario Pedro Marcelo Coral Moctezuma

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El boyante empresario Pedro Marcelo Coral Moctezuma, destacó que Santa María del Río tiene lo necesario para que se convierta en pueblo mágico. Aludió a que existen en la cabecera, diversas casonas antiguas, que se conservan intactas y pintadas de manera simétrica. Aludió a que tiene como símbolo internacional, el rebozo de seda. Mencionó el cerro de La Original, con la vertiente turística y deportiva, ya que muchos se ponen como meta escalarlo. Aludió al balneario de aguas termales Lourdes y el que se ubica en Ojo Caliente.

Mencionó que existe una sierra llena de árboles de maderas finas, como pinos y cedros rojos, donde también abundan los venados y jabalíes. Aseveró que por su clima benévolo, muchos potosinos han comprado casas de campo, para relajarse después de las jornadas laborales. Coral añadió que incluso, en la zona se cosechan las mejores nueces, que por su sabor y textura, superan a las llamadas “cáscaras de papel”.

Lamentó que haya un rezago en las redes de drenaje y agua potable, que deben cambiarse para mejorar los servicios a la ciudadanía. El contratista que hace trabajos para Liverpool y otras firmas internacionales, expuso que su amor por el terruño, lo ha llevado a contratar plomeros, carpinteros, ingenieros, albañiles, pintores y secretarias oriundas del lugar, para incentivar la economía. Además, por ser gente responsable que jamás abandona las tareas.

El inversionista es hijo del profesor oriundo de Mérida, Yucatán, Pedro Coral Lizama y la enfermera María de los Ángeles Moctezuma. Ambos se conocieron en la Secundaria Técnica número tres. El hijo nació en el centro de salud donde laboró su madre. Su progenitor tiene 44 años de servicio magisterial y se resiste al retiro. La familia vive en Fray Diego de la Magdalena, antes Zaragoza.

Pedro Coral es egresado de la escuela de ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Define a su carrera como el arte de usar el ingenio para construir algo después de planearlo. Tiene 17 años de experiencia en el sector público y privado. Ha construido complejos residenciales, centros comerciales y presas. Hizo en la comunidad del Carmen, un taller para reproducir el gusano de seda, que ayude a evitar las importaciones del extranjero. Destacó que es factible sembrar árboles de mora, para mantenerlo, pero se complica por las plagas e insecticidas que usan al fumigar los nogales de la zona.

Coral lamentó que muchos profesionistas abandonen Santa María del Río por falta de opciones laborales. Indicó que por sus diversos compromisos, contra su voluntad, a veces se ausenta de su tierra natal, pero busca desesperado los fines de semana para la convivencia familiar y amistosa. “No se compara estar con gente de alta calidad humana”.

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Los que aspiran a encabezar la Ase, hablan de combatir a fondo las corruptelas

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Los 8 aspirantes al cargo de Auditor Superior del Estado, que participaron ayer en la etapa de entrevistas con los diputados, aseguraron que de resultar electos combatirán la corrupción, serán trasparentes en el ejercicio de sus funciones y trabajarán por rescatar la credibilidad del órganos fiscalizador.

La actual encargada de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes, la primera en participar, negó estar impedida para ocupar el cargo. Señaló que la misma ley de auditoria contempla la reelección del auditor. Afirmó que en el tiempo que lleva en el cargo ha cumplido sus deberes. Al responder al cuestionamiento de que personal de la ASE percibe salarios muy altos, dijo que se pueden reorganizar los ingresos del personal y hacer un catálogo de puestos. Respecto a la nómina secreta que manejó el ex auditor Jesús Martínez Loredo, precisó que se continúa con las investigaciones a través de la contraloría interna y una vez concluida se turnará a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En su momento, el aspirante Alejandro Padrón Moncada, ex contralor general del estado, expuso que el espíritu de una auditoria es corregir, detectar áreas de riesgo y eliminar programas obsoletos. Aplicar sanciones es una posibilidad legal que existe, pero no debe verse como el objetivo, ya que el órgano fiscalizador no es una procuraduría como muchos lo confunden. “No se debe venir con el pensamiento de sancionar, lo que tampoco significa que se van a pasar por alto ciertas conductas”. Aplicar sanciones es un medio para inhibir las corruptelas, pero imponerlas debe ser un fin último.

Por su parte el ex funcionario de la ASE y ex tesorero municipal, José Mejía Lira, dijo que el ámbito público se puede mejorar. Una forma de hacerlo es con el combate a la corrupción a la que calificó como nefasta. Su costo en México representa el 10 % del Producto Interno Bruto y equivale a 90 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 veces el de la Secretaría de Desarrollo Social y 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación. Aseguró que la ciudadanía exige rendición de cuentas, una gran transparencia, adecuado uso de los recursos y claridad en el ejercicio del gasto. Mejía Lira dijo poder afrontar el reto para mejorar el trabajo y la imagen de la ASE. Reveló que su salida de la auditoria donde fungió como auditor especial de fiscalización municipal en el periodo de José de Jesús Martínez Loredo, fue porque se dio cuenta que los procedimientos que llevaba a cabo se los cambiaban por arte de magia, no los respetaban.

La contadora Ana María Abascal Sainz, expresó que como aspirante a la ASE en la pasada contienda, logró estar en una primera terna. Pero le quedó una mala experiencia por lo cual decidió contender de nuevo, porque ahora la sociedad está más involucrada en el proceso selectivo. Consideró necesario profesionalizar al personal que labora en la auditoria. Y de ocupar el cargo, actuará con principios éticos, honestidad y trasparencia. Se dijo apartidista. Consideró que los sueldos de los auditores son razonables, pues ganan más de lo que podrían percibir en la iniciativa privada, por lo que no tienen necesidad de corromperse.

En su turno, el contador público Francisco Javier Ruiz Enciso,  en su plan de trabajo propone certificar los procesos de calidad de las auditorias, recuperar la credibilidad del órgano fiscalizador con un trabajo profesional y objetivo. Prometió cero tolerancia a la corrupción, combatir la impunidad  e imparcialidad en los procesos de fiscalización.

           

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Federico Garza, impedido en términos legales para ser fiscal

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El litigante Francisco Hiram Atala Dewey destacó que si el fiscal general no tiene independencia, como marca la ley, será una figura muerta. No se debe gastar dinero en hacer el cambio, ya que habrá un control politizado por parte de las instancias gubernamentales. Expuso que a la procuraduría se le ha visto como el brazo ejecutor. El lugar donde se guardan expedientes de ricos y poderosos. Aseveró que el fiscal debe tener un principio profesional, un desarrollo y característica propia. Preocupado por cuestiones morales, de sensibilidad, con un ejercicio de respeto y amor propio. Estar cimentado en códigos deontológicos y éticos. “Por muy sabio que parezca, sin sentimientos, sería un tirano”.

Expuso que el nuevo fiscal debe sopesar que las universidades públicas y privadas escupen 5 mil abogados al año, montones que solo engruesan las estadísticas del desempleo. Se ocupan de taxistas, taqueros, escribientes y aspectos administrativos. “Si tenemos demasiados conocedores de las leyes, ¿por qué existe tanta ilegalidad, podredumbre?. Es porque hay instituciones educativas carentes de un código moral. Con el cambio de fiscal, algunos pedimos mucho. Pero la ciudadanía no tiene la capacidad de organizarse de manera activa, para generar un contrapeso a los poderes establecidos. Las asociaciones que existen, les dan casas, terrenos, láminas. A los líderes sociales les entregan 200 ó 300 mil pesos al mes. O un acto de 3 millones de pesos y apaciguan el agua. No existe un mecanismo que genere la transparencia para que llegue a la presidencia un dirigente como Andrés Manuel López Obrador, un mesías político o líder religioso tocado por dios”.

“El ser humano sucumbe ante el poder, uno de los vicios más grandes. Hay grandes académicos que son un fracaso en el litigio y desempeño público. No tenemos el examen perfecto para elegir a la persona idónea. Hay que ser un poco ambiciosos y dejar de buscar a gente con perfil muy bajo, como algunos suspirantes. Se trata de chambistas. Lo mismo les gusta ser secretarios de gobierno, subprocuradores o directores de la policía. Tampoco es cierto que deben estar certificados en el nuevo sistema de justicia penal. Cualquier abogado que ostente tener la capacidad o convicciones puestas, el suficiente valor para aguantar el descrédito de su imagen, ventilen su vida privada, le saquen los más pequeños vicios de juventud, por estar en el cargo, que le entre”.

Atala indicó que no tiene nada en contra del procurador Federico Garza Herrera en lo particular y profesional. “Cuando llegó al cargo, le dimos el beneficio de la duda, de contar con un estudioso del derecho. Se le notó que no traía la necesidad de meterse dinero a la bosa. Llegó sin hambre. No tiene carencias económicas, es bien intencionado. Aunque de poca experiencia en el ámbito penal. Pero se rodeó de incapaces, con hambre y ansias de poder que lo presionan. Los subordinados se llevan las maletas de dinero, los que roban y hacen las transacciones para armar y desarmar averiguaciones del sistema anterior o carpetas de investigación del nuevo”.

“Tiene una procuraduría partida, impuesta, donde no gobierna el titular todas las áreas. Hay algunos funcionarios que alardean, los puso otra persona. Aunque Garza sea una eminencia y tenga nobles intenciones, a la entrada puso dos ratas como guardianes. Impiden la entrada y le llenan al jefe la cabeza de humo. Parece que se llevó como asesores a la guardia de Matusalén, puro carcamán. El gobernador Juan Manuel Carreras revive a dinosaurios priistas y varios chapulines que huyeron del PRD y ahora son magistrados. Revivieron personas que estuvieron en el sexenio de Fernando Silva. En la procuraduría pululan individuos de la época del dictador Porfirio Díaz. A nivel nacional se notan avances. Se habla de derechos humanos de primera y tercera generación. En San Luis hay asesores de la época de Venustiano Carranza, donde pregonaban fusilen y después viriguen”.

“Es gente que estudió con el ortodoxo Ignacio Burgoa Orihuela, con otro tipo de criterios. Garza tiene colaboradores incrustados de manera forzosa, por pago de compromisos y componendas. Puede ser un gran prospecto para fiscal, sin el equipo que carga. O será la misma robadera. Es un hombre de carácter, lo que no tienen sus asesores y secretarios particulares. No se ha dado cuenta que juntos, con un subprocurador, le hacen complot. Si tiene planeado una rueda de prensa en un sentido, le cambian el escenario y se abstiene. Aunque todas las varas apuntan para que Carreras se incline por Garza Herrera. Pero si mantiene a los mismos ayudantes, las consecuencias serán catastróficas. Les dará cualidades plenipotenciarias, dicen que son sapientes del derecho, pero semejan al burro, que sólo mastica la hierba”.

“En lo particular les he tirado tres asuntos de alto impacto. No me espanta un chango con lentes, primero que aprendan el código penal. Garza debe cuidar su imagen. Pero en estricto sentido jurídico, está impedido para buscar el cargo. En la reforma constitucional, donde se habla de los requisitos del fiscal, no debió ocupar antes el puesto de procurador o renunciar un año previo para estar en condiciones óptimas de ser elegible. Pero los diputados, en su ignorancia legislativa, se olvidaron de parchar la norma. La arreglaron con un artículo transitorio, donde señalan que por única vez, el procurador podrá ser fiscal. Nunca se ha visto que tal figura ordene un estado de excepción y violente un artículo constitucional. Los legisladores tienen una bola de asesores y bufones que pagan los potosinos. Por ende, unos incompetentes. Hay que valorar el tema, porque en un estado de derecho, el ejercicio puede ser impugnable. El doctor Carreras tratará de imponerlo, con la ayuda de algunos asesores, viejos lobos de mar. Le aseguran que la ciudadanía tiene memoria de pescado, de tres segundos. Olvidan que la gente ya levanta la voz en las redes sociales”.

Atala indicó que la diferencia entre procurador y fiscal será gramatical, semántica, si falta independencia orgánica, económica y de jerarquía respecto al gobernador. “Le pueden poner el nombre que quieran, pero será lo mismo. Las diversas corrientes políticas no perderán la voracidad para incidir en el nombramiento. También los empresarios prominentes que buscan poder, una adicción que no controlan. Les resulta más satisfactorio decir que mangonean al gobernador, quebrar voluntades humanas que acuñar más dinero”. Al hablar sobre la figura del fiscal anticorrupción dijo que está la duda de colocar a “un ciudadano que vive de su esfuerzo diario, susceptible de corromperse por el alcohol, dinero y mujeres. Todos tenemos compromisos. En un tema de cultura. Al presidente y gobernador, les dicen, ordene señor. En el cargo que se disputa, puede traer otro tipo de consecuencias. Hay que conocer el presupuesto, el costo que tendrá. No se requiere un especialista, pero sí que tenga valor civil, entereza, honestidad”.

Atala mostró su desencanto al buscar el fiscal electoral, ya que se tiene que rastrear en otro planeta. “Los diputados, que lo habrán de elegir, no tienen legitimidad, ya que acomodaron a sus incondicionales en la auditoria superior del estado. Fueron los mismos que se inclinaron por el presidente de los derechos humanos, Jorge Andrés López Espinosa, donde figuran los cuatro legisladores denunciados en chantajes a los alcaldes”. Aludió al nuevo esquema de justicia penal que inició en 2008. “Vino un cambio toral en las reformas jurídicas que no se vio desde la revolución. Pero la ciudadanía lo ignora. Los políticos y abogados, apenas se empiezan a quejar, como el representante de la Comisión Nacional de Gobernadores, Miguel Mancera. Lo hace como una plataforma política, ya que aspira a la presidencia de la república. No lo hizo como procurador del Distrito Federal, con su jefe Marcelo Ebrard. Ahora se requiere estudiar los códigos y leyes. Conocer los delitos de prisión preventiva oficiosa que son doce. Pero si le quitamos traición a la patria, terrorismo y parricida, son menos”.

Expuso que hacen falta especialistas para judicializar las carpetas de investigación, aunque no sean delitos de alto impacto. La procuraduría tiene congeladas 17 mil carpetas de delitos que no son graves. Para la gente común, cualquier asunto, por más insignificante, le importa. “Al delincuente de poca monta lo detiene la policía, lo pasa al ministerio público que le dice a los parientes, no contraten abogados, ya que existen defensores de oficio, para no gastar. El primer cáncer que tienen los litigantes es que se acabará el trabajo. Tenemos que esperar a que colapse el sistema penal potosino, como en otras partes, cuando se sature la defensoría social o la Comisión Estatal de Víctimas, para entrar a la jugada. El que salgan muchos delincuentes, no significa que no funciona el reciente esquema. Hay que probar y argumentar ante el juez para que aplique la llamada cárcel sugerida”.

Atala indicó que para contrariedad de muchos, el nuevo sistema penal adversarial acusatorio es más inquisitorio. “Ocurre lo mismo con los nuevos teléfonos, se usa un 5% porque no sabemos bajar las aplicaciones. Los que sostienen que es para liberar criminales están equivocados. Es cierto que se pondera el principio de presunción de inocencia. No significa que a un delincuente, al que la autoridad lo tiene identificado, con pruebas científicas, donde la policía hizo una pesquisa cierta y correcta, no se le debe juzgar. La policía ministerial debe alejarse de la tortura e intimidaciones. No es cierto que el ministerio público hay perdido la potestad de las acciones e investigaciones. Son los rectores de las indagaciones. Pero los nuevos son chamacos salidos del cascarón, sin la mínima idea del nuevo sistema, deficientes en sus conocimientos jurídicos. El nuevo sistema es tan perfecto y claro que los vecinos del norte no lo han cambiado”.

“Pero Estados Unidos no tiene las miles de complejidades de México. Es un reto ser ahora un abogado de verdad. Para abordar un asunto penal, se deben analizar al menos 20 leyes. No es un tema de contabilidad, donde se pone una columna de entradas y salidas. Y si se gasta más de lo que se gana, hay problemas. Es momento de dejar el escritorio y bajarnos del triciclo jurídico, darnos cuenta de que una persona de 60 años pide limosna porque no existe un régimen de seguridad social que lo proteja. Un chamaco de 20 años, empuña una pistola, maneja un carro robado y trae una bolsa de cocaína porque no tiene una alternativa escolar ni laboral. Su padre está en la cárcel. A la madre la acaban de correr de la zona industrial porque no se quiso acostar con el supervisor. Es lo que pasa en la zona industrial de San Luis. Y nos peleamos por otro tipo de vertientes. No habrá fiscal ni abogado que tenga la capacidad jurídica para enderezar a la fiscalía, cuando existe un DIF que regala cunas de cartón y pañales de a kilo. Cuando ayuden a estudiar, quitar el hambre a los jodidos y saquen del hambre a los indígenas, entonces el mundo será distinto”.

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En San Luis, policías y funcionarios, empiezan a lastimar a los informadores

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En el lapso del 2014 a septiembre del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 26 quejas donde se involucran a periodistas, comunicadores y ombudsman. En el año en curso, acontecieron 8 casos, el más reciente, el del reportero electrónico Omar Niño, quien denunció amenazas de muerte en su contra por los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. Se emitieron los protocolos y se dio vista al mecanismo que protege a los informadores de la Secretaría de Gobernación, al Comité Estatal de Protección de Periodistas que encabeza el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías y la cartera legislativa que preside el diputado panista Héctor Mendizábal. El afectado acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde le proporcionaron una medida cautelar dirigida al gobierno estatal y municipal.

En el 2014, agredieron a un reportero que encontró su vehículo en la calle, cuando debería estar en depósito judicial. Lo conducía un policía ministerial. Fue golpeado cuando trató de documentar el caso con su celular. En las redes sociales, exhibieron un montaje de fotografías donde aparece agredido un informador. Los comentarios ofensivos procedían de la cuenta de un ex funcionario que laboró en el trienio del ex edil de la capital, Mario García. Un reportero recibió amenazas del director de la policía municipal de Villa de Reyes, por órdenes del alcalde Piedad Galicia, por haber publicado notas sobre los errores del ayuntamiento.

Una reportera de Código San Luis fue insultada por un policía estatal a través de un correo electrónico, por publicar una nota que lo molestó. Un reportero fue amenazado por informar sobre hechos violentos que se registraron en el estadio de fútbol Alfonso Lastras. Los representantes legales de Canal 7 denunciaron a Gallardo Juárez por insultos verbales proferidos en un acto público. Un reportero recibió amenazas del ex alcalde de Xilitla, Carlos Emanuel Llamazares, por una nota que publicó el 25 de agosto del 2015. La policía estatal agredió a cuatro trabajadores de Televisión Azteca en Rioverde. Se integró de oficio la queja y se emitió una recomendación sobre los hechos que está en etapa de cumplirse.

Un reportero fue agredido por policías estatales cuando buscó abordar un consejero del poder judicial. La directora del Instituto de Estudios Judiciales, Aracely Amparán, ordenó sacarlo del recinto. El reportero de la Agencia de Noticias San Luis, Everardo González, se quejó de las amenazas que recibió del vocero gubernamental, Adrián Vázquez Méndez. Además provocó que lo corrieran del PRI estatal. El editor de Emsa Valles, Samuel Roa, fue intimidado por el diputado local del PRI, José Luis Romero, por una nota que le molestó. El dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, denunció que Gallardo Juárez y su alfil, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, ordenaron la clausura de sus negocios de pañales, por haber denunciado un fraude en la venta de medicamentos.

Un reportero de Código San Luis fue amenazado y agredido por agentes ministeriales cuando intervino para defender a unos familiares que fueron detenidos. Un redactor del Gran Diario de la Zona Media, fue hostigado por agentes ministeriales, por haber publicado una nota donde involucró a uno de sus compañeros. El 25 de mayo del 2017, el editor y reportero de La Noticia, Juan Pablo Moreno, denunció un ataque violento y visceral en contra del medio y sus colaboradores, ordenada por el edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y sus testaferros, los hermanos Jesús Rafael y Hugo Lázaro Aguilar Fuentes. El 29, una persona manifestó que fue intimidado por el director del Teatro de la Paz, Andrés Lecuanda. El 6 de junio, el dueño del portal electrónico, El Mundo de San Luis, David Rangel Tapia, fue amenazado por el director del Centro Cultural Mariano Jiménez y cartonista del diario Pulso, Alfredo Narváez.

El 10 de junio, una reportera ventiló que al salir de su centro de trabajo, fue atacada con un huevazo en la ventanilla del copiloto de su vehículo. Relacionó el hecho a una nota que publicó sobre una trabajadora que se encadenó a la puerta de entrada de la Oficialía Mayor. El 20 de junio, otro informador fue reprendido por exigir que la Auditoria Superior del Estado revisara las cuentas públicas de los ayuntamientos. El 13 de julio, el fotógrafo de Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, al cubrir dos hechos de nota roja en la colonia Ricardo Basilio y camino al Tanque Tenorio, denunció agentes ministeriales bloquearon sus labores y lo intimidaron. El ombudsman Jorge Andrés López Espinosa anunció que antes de concluir el año, va a presentar un informe especial sobre el estado que guarda el derecho a la libertad de manifestarse, el ejercicio del periodismo y defensa de los derechos humanos, donde se especificará cuáles de los casos se relacionan con atacar la libertad de prensa.

Indicó que en el 2017 hubo un incremento significativo sobre las quejas de periodistas. El problema es de alcances nacionales. Algunas agrupaciones civiles han ubicado al periodismo como una tarea de alto riesgo. En México y Veracruz asesinaron a varios. También los defensores de derechos humanos son víctimas de presiones. Se han vivido casos lamentables como el de la activista de Chihuahua, Marisela Escobedo, que perdió la vida por exigir justicia. Fue ejecutada frente al palacio de gobierno. La comisión estatal emitió un dictamen sobre el caso del reportero Everardo González. El reclamo se dirigió a la procuraduría de justicia. Aunque el afectado presentó los mensajes amenazantes en el celular, la instancia no agotó todas las investigaciones. Sólo recibieron la denuncia y lo enviaron al psicólogo y no hubo más avances. Se dilató la justicia. No se consideró que se trataba de un periodista. Debió rastrear las llamadas y concatenarlas con los testimonios que aportó el quejoso.

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Valencia prefiere sus negocios que defender a los despedidos de manera ilegal

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El longevo dirigente del sindicato mayoritario del ayuntamiento de la capital, José Guadalupe Valencia Contreras fue acusado de mantenerse omiso y cómplice ante la ola de despidos injustificados que superan los 800 trabajadores, por parte del alcalde Ricardo Gallardo Juárez. Valencia tiene más de 25 años en el mando donde perdió los ideales de lucha, de cuando era barrendero del mercado Revolución. Después de acumular una fortuna, se postra ante las canonjías que le arrojan los ediles en turno. Lo único que le preocupa es su salario que oscila en los 70 mil pesos mensuales por el cobro de cuotas, manejo becas, diversas prestaciones y obsequios. Tiene algunos negocios como concesiones de taxis, una agencia de viajes y una empresa maquiladora de ropa, con la surte los miles de uniformes que endilga a su olvidado gremio. Son las circunstancias que hacen de Valencia un líder charro, sumiso, ajeno al reclamo de los cientos de empleados que abandonó a su suerte, que sucumben ante la embestida de un empresario pollero que también encontró en la política su filón de oro.

El líder del sindicato democrático, Óscar Esparza González, indicó que Valencia perdió piso cuando empezó a recibir beneficios de las administraciones, por lo ya se siente jefe. “Es como los alcaldes se ganan a los líderes sindicales, con canonjías, donde les permiten meter a laborar a sus familiares y amigos.” Añadió que Valencia se ha convertido en lo que juraba combatir de su antecesor Valentín Zavala, al que denunció en todas sus anomalías. Pero se ha negado a convocar a elecciones internas. “Siempre se ha impuesto, mueve a sus delegados. En la asamblea general dice que la gente le pide que los represente. Y les hace un favor, porque ya busca el retiro. Todo es falso, tiene comprados a los dirigentes para que en cada departamento convenza a la base de mantenerlo”. Y si llega a formarse una planilla opositora, Valencia se encarga de acabarla, como hizo con Esparza Gonzáles en el 2008, cuando, junto a varios compañeros cansados del pésimo manejo del sindicato, buscaron la alternancia.

“Lo que hizo fue no aprobar el registro, ya que es juez y parte. A los 22 integrantes nos dijo que nunca estábamos en las juntas, para impugnarnos. Después nos quitó las prestaciones y me despidió”. Esparza le solicitó una asamblea donde los trabajadores decidieran si debía irse. Se llevó a cabo, pero no le permitió el ingreso. Tras la jugarreta, Esparza, con otros inconformes, deciden formar un nuevo gremio sindical. Temeroso de que sus intereses se vean afectados, en contubernio con el alcalde Jorge Lozano, negocian el despido definitivo de Esparza. “Imaginó que al no estar la cabeza en activo, se iba a desintegrar el sindicato. Pero con la toma de nota estamos vigentes”.

Esparza precisó que Lozano con la complicidad de Valencia, privatizaron el manejo de la basura con la empresa Vigue. Fue un acto plagado de traiciones hacia los trabajadores, los cuales fueron engatusados. La única condicionante de los nuevos dueños era correr 120 personas. Valencia llevó un grupo al hotel María Dolores para firmar las renuncias y finiquitos. Al principio cargó sólo a los de las secciones que buscaron afectar. Al no completar la cifra, se extendieron a plazas y jardines. Valencia aseguró que se les iba a respetar el sueldo. Las liquidaciones serían mayores. Podrían trabajar con Vigue y en caso de sentirse incómodos, regresar al ayuntamiento. Para tentarlos, les mostraba un maletín lleno de billetes de 50 y 100 pesos. Les decía que si aceptaban, todas sus deudas serían pagadas y su derechos laborales y de antigüedad respetados.

“Luego, los que aceptaron las condiciones de Valencia y Vigue, fueron despedidos poco a poco, debido a que no estaban conformes con las condiciones laborales y de salario. No se respetó la antigüedad de los que estaban a punto de jubilarse. Ahora solo quedan 5 ó 10, por contrato, con las condiciones de la empresa. Los otros optaron por el ambulantaje, lavar carros, vender gorditas, buscan la manera de subsistir”. Esparza González señala que al privatizarse la basura, Valencia se mostró complacido. Lozano le obsequió en la tarde, por su silencio, una camioneta último modelo con logotipos del sindicato. A la semana, llegó a sus oficinas con un vehículo Jetta del año. “Entonces no tenía dinero. Hoy posee 4 carros de lujo, flotillas de taxis, una maquiladora donde hace los uniformes para el ayuntamiento, con lo que obtiene ingresos adicionales arriba de 90 mil pesos al mes, con sus clientes seguros”.

Óscar Esparza indicó que con Gallardo Juárez se ha dado el mayor número de despidos injustificados por la falta de liderazgo del sindicato. A Valencia le interesan más sus negocios. Delega el mando en sus subordinados Erika Leija, Fernando Soto, César Bravo, Rufino Martínez y Susana Morales, que se encargan de recibir las quejas, pero no de resolverlas. “Ya no representa a ningún trabajador, no los atiende. Batallan meses para que les de una entrevista. Los trae vuelta y vuelta, tiempo que se les agota para poner una demanda, por lo que optan acudir a un litigante privado. Es lamentable que la gente no conozca sus derechos, por lo que le entregan toda la confianza al líder, que los abandona”.

“Entonces, entre más ignorante sean, mejor. Ya no reclaman nada. Se vienen los despidos e ignorantes de sus derechos confían en el dirigente, que no encuentran. Al notar la parte patronal el nulo respaldo, aprovecha para correrlos sin argumentos. Alegan que no hay recursos y que se acabó el presupuesto. No existe ninguna ley que argumente los despidos por falta de dinero. En los juicios, los representantes del ayuntamiento no dicen que los afectaron por falta de recursos. Solo que renunciaron o cometieron varios ilícitos. El ayuntamiento cae en malos manejos jurídicos al llevar a los mismos testigos a declarar en los más de 700 despidos. ¿Qué pasa con la defensa de los trabajadores?”.

Esparza mencionó que el nudo se extendió hasta ahora, donde los funcionarios cobran altos salarios. Cada edil hereda de 100 a 200 personas, de los cuales muchos son aviadores. Pero cuando llegan las facturas, pagan los empleados. “Con Mario García el servicio médico se empezó a demeritar. Hubo gastos de cirugías estéticas para las féminas. Se contrataron pólizas de seguros grupales. Entregaban medicamentos genéricos ya no viables. A los que estaban a punto de jubilarse, los obligaban a trabajar, por lo que muchos murieron”.

Añadió que Valencia pudo frenar las irregularidades. Citó a la dirigente del sindicato minoritario de burócratas estatales, Francisca Reséndiz, a la que le tocan a un trabajador y lo defiende sin reposo. Hace huelga, lucha. “Valencia debe hacer lo mismo, pero pone de pretexto que Gallardo lo tiene amenazado. La única marcha que hizo fue de la caja del agua a la unidad administrativa a las dos de la tarde. Nadie lo recibió y se retiró. A la semana apareció el herrero Rafael Aguilar, que le solicitó por la ley de transparencia, el manejo de las cuotas y lo aplacó. Todos los líderes corren riego”.

Esparza expone que el miedo de Valencia recae en que el edil le conoce todas sus corruptelas. Y si fuera investigado por enriquecimiento ilícito, saldría raspado. Lo tiene medido, por lo que seguirán los despidos. “Lo sindicatos están obligados a tener una página donde den a conocer los ingresos y egresos públicos. Valencia no cumple”. Exhortó los trabajadores corridos sustituir a Valencia y los regresen su centro de labores. “Si le resulta complicado defenderlos, la ley marca la libertad de elegir a sus representantes, sean o no abogados. Si gana el juicio, el ayuntamiento está obligado a reinstalar a los quejosos con el pago de salarios caídos, por lo que jamás perdieron sus derechos de antigüedad y nunca dejaron de ser sindicalizados”.

La prioridad de Valencia es pelear ahora por las becas de los trabajadores que no se las entregan. “Le daban todo para la fiesta de aniversario del sindicato, como regalos, electrodomésticos, pero nunca los rifó. Lo mismo pasó con los fideicomisos de defunciones. Si un trabajador perece, solo le facilitan de 3 a 10 mil pesos en partes a la familia. La hacen batallar. Fue por lo que se creó el programa de los parquímetros, para generar un fondo. También iban a ayudar con las obras del centro histórico y los bomberos”.

Esparza González insiste en que a Valencia ya no le importan sus trabajadores pues tiene asegurado su bienestar que le brinda el seguro médico, prestaciones y negocios. Lo retó a un debate público sobre “derecho sindical para que salgan los trapitos al sol y ver quien tiene más cola que le pisen. Si me ponen en lugar de Valencia, puedo generar mejores resultados. Ofrecer un trato digo, ya que es mi papel. Al menos que demuestre en qué se gasta las cuotas”.

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La culpa es de la violada

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 En la tierra de nosotras, como en la de otras tantas, hombres que probablemente se encuentren en su lista de amigos, que son sus primos, parejas, padres, hijos, conocidos, hermanos, compañeros de la secundaria, de la uni, amigos, políticos, lo que sea, conforman grupos de Facebook que suelen utilizar la palabra “logia” para nombrarse. Su práctica virtual consiste en circular y exhibir fotografías de mujeres que les fueron compartidas en espacios de intimidad, de mujeres con las que salieron, conocen, «tuvieron algo” o que simplemente encontraron por casualidad.

Fotografías que unos tachan de inmorales, pero que comparten en el aparente ocultamiento de su irrebatible doble moral. Obvio, las comparten sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en escena. También, y que es igual o peor de nefasto, comparten pornografía infantil y se vanaglorian apelando la “legalización» de niñas de 11 ó 14 años. Así de asqueroso. Esto es más que compartir la imagen, que ya es en principio jodido, es todo lo que le antecede y produce. Es la decisión por encima de la otra, de nosotras. Es mofarse, asumen que su hombría se afirma. Su gran alianza no da más que para ser violentos.

Esos hombres no saben ser otros hombres porque les da miedo y porque su ceguera les produce la ilusión de que su pene se caerá si piensan diferente. Y no saben ser otros hombres porque cuando su privilegio se ve amenazado, señalado, cuestionado, se quedan en un incómodo estado que lo que ocurre es que se manifiesta su debilidad, ignorancia y más grande estupidez. Pero lo más cabrón es que toda una estructura de dominación les respalda haciéndoles sentir que ante ella, tienen la razón y la verdad. Así de jodido está el mundo. Estos hombres que cometen tales delitos, fueron señalados y denunciados vía Facebook por mujeres.

La maquinaria machista se activó con toda su fuerza. Las mujeres que denunciaron han tenido que cerrar sus perfiles por recibir amenazas y acoso. Somos muchas las que creemos que señalar, mostrar nombres y apellidos, hacer visible su inmensa estupidez y nefasta existencia, denunciar perfiles de quienes incluso aparecen cargando a sus hijas o abrazando a sus novias, es necesario para evidenciar que la mierda existe. Además, no es algo que las mujeres queremos. Es que se destapa al machito que llevan dentro. El que dice, “agréguenme a la logia, hagan paro”, ese que dice “no se han dado a respetar”, ese que dice “el patriarcado hasta la eternidad”.

Si el tema les produce confusión y que la responsabilidad es nuestra, (sí, de las morras que hacemos sexting, nudes, que nos fotografiamos encueradas), háganse un favor y evalúen sus preceptos que, quizá, sin temor a equivocarme, estarían muy cerca de decir sin chistar que la culpa es de la violada y no del violador, que la culpa es de la asesinada y no del asesino. Nos enseñaron que somos responsables de la violencia del otro, principalmente de la masculina. Denuncia perfiles, reporta páginas, acuérdense de los nombres y apellidos, señalen cuando se violenten. Y si de alguien hay que aprender, es de las mujeres que se organizan.

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El temor a ser “levantado”, por protestar

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Enemigo de la crítica y de las cuentas claras, el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y sus colaboradores, han generado el descontento en varios sectores, como el de los comerciantes, empresarios y líderes sociales, que denuncian sin reposo los excesos contra sus víctimas. A lo largo de un rosario de prepotencia, se suma el viacrucis de 700 trabajadores del ayuntamiento que han sido despedidos de manera arbitraria e injustificada por el fiero verdugo, urgido de colocar en la nómina a incondicionales que le ayudaron a ganar y que necesita de nuevo para sus futuras aspiraciones políticas. Con el pretexto de acabar con los aviadores y recuperar fondos para obras, sus testaferros se han encargado de hostigar y correr sin la mínima defensa a los que no encajan en su proyecto político.

Una de tantas víctimas es la educadora Rosa María Martínez Rocha quien durante más de 22 años de laborar en el jardín de niños Estefanía Castañeda, fue corrida de forma repentina, sin fundamento alguno. Señaló que en abril del año pasado fue dada de baja, solo le notificaron que se presentara con el jefe de recursos humanos, Gildardo Castañeda Moreno, el cual apenas le explicó que estaba fuera del cargo. “Me dijo, le tengo una mala noticia, está despedida. Cuestioné el motivo, si había incurrido en alguna falta. Me contestó que no, que habría muchos despidos en enero, febrero, marzo y abril, debido a que en el presupuesto se deben reducir los gastos”.

Expuso que dos meses antes, ya trabajaba con presiones por parte de los directivos, que de repente llegaron a imponer un nuevo esquema, con más horas de labores que no serían pagadas. Junto con algunas compañeras, acudieron con el dirigente del sindicato, José Guadalupe Valencia Contreras, quien se mostró apático. Al no darles una respuesta, tuvieron que cercarlo afuera de su oficina. Molesto, sin poder escapar, escuchó los cuestionamientos. Las timó al prometerles un total apoyo y resolver su problemática. “Había miedo. Le dijimos que podíamos acudir más horas, siempre y cuando nos pagaran las horas extras. Era ilógico que fuéramos de 8 a 3 y las compañeras a las que les hacemos las labores de alimentar los niños, las despidan. Nos sugirió no hacer nada, que nos ayudaría”.

Al día siguiente de interceptar a Valencia, en todos los centros educativos, desde las 8:30 de la mañana, se encontraban emisarios de recursos humanos, que hostigaban a los educadores, les tomaban fotos. A la semana, recibieron un oficio que los obligaron a firmar. Indicaba que por no haber acatado el horario de 8 a 3, se cambiaría la forma de pago de jornada laboral a horas de trabajo. La mentora Rocha como otras se negaron a signar. A la semana les rebajaron mil pesos de su sueldo, nunca les explicaron las razones, menos les repusieron los descuentos. “Cuando nos afectan en lo económico, fuimos de nueva cuenta al sindicato con el señor Valencia. Nos dijo que haríamos un paro laboral, pero no fue cierto. Elaboró un oficio, pero comentó que dijéramos que nosotros lo hicimos y lo firmamos las 45 afectadas. Lo llevé a la oficialía mayor donde me tenían identificada. Fui de las primeras en ser despedida”.

Martínez Rocha señaló que en todos los departamentos corrían trabajadores. Al mes acudió a derechos humanos, donde le informaron que había como 700 personas en las mismas circunstancias. Añadió que pisotean sus garantías laborales sin importar que las agraviadas sean mayores de edad, enfermas o sean el único sustento para sus familias. Expuso el caso de un empleado de 70 años, con 25 de laborar, que resultó despedido. Tras buscar una respuesta, lo mandaron a la comunidad de Bocas donde lo hicieron esperar 15 días para notificarle que no había trabajo. Los verdugos de recursos humanos le dieron la alternativa de ser ocupado con menor sueldo. No aceptó, alegó que no había cometido alguna irregularidad. A la semana se le notificó que ya no tenía lugar en el ayuntamiento.

Otro abuso se dio con maestras del centro educativo Satélite, que tras haber laborado más de 10 años fueron inhabilitadas. Valencia se pintó como solucionador para que regresaran, pero las condicionó a ser reubicadas sin tener ningún derecho laboral ni de antigüedad. Las que aceptaron laborar condicionadas a renovar contrato cada cierto tiempo, en diciembre no recibieron aguinaldo, como cuando eran sindicalizadas. “Valencia solo dice, no se desesperen. Colaboró a que algunas regresaran a trabajar sin derechos, lo que no es ayudar. Abandonó al personal del centro educativo Tangamanga donde despidieron a dos. Lo mismo pasó con una cocinera. A la compañera Liliana Hernández, que tiene lupus y necesita el servicio médico, no les importó y la dieron de baja. Otro amigo, Felipe Liñán, que padece cáncer, lo reubicaron. A una prima la quitaron de su puesto al ver que tiene cáncer y la pasaron a otro departamento. Hay varias personas con problemas de salud, con pocas posibilidades de conseguir otro empleo, los echan sin motivos”. La afectada destacó que los despidos injustificados se dan para que Gallardo Juárez meta a la nómina a sus incondicionales, para cumplir sus acuerdos de campaña, sin importarle que no tengan el perfil requerido. Como la administradora de los centros educativos del DIF municipal, Heriberta Cortina García, que escribe con faltas de ortografía, por lo que solicita a los demás, le redacten los documentos.

Martínez resaltó que en la ola de despidos masivos, se falsifican las firmas de los trabajadores para sustentar que se van por su propia cuenta. “A mí me presentaron la renuncia con mi firma, lo que nunca hice”. Añade que el encargado de realizar las bajunas artimañas es el jefe de recursos humanos, Gildardo Castañeda Moreno, que acude a todas las audiencias para declarar que los mismos trabajadores pidieron la baja. “Asiste con dos personas. Los tres sostienen que nosotros aceptamos la renuncia, es ilógico. Somos muchos a los que nos han falsificado las firmas. Incluso en los careos con los abogados del ayuntamiento hay trampas. En la audiencia me dejan sola, me presentan el expediente. Me preguntan si lo conozco. Al decir que sí, dan la orden de registrar que admito que mi firma está plasmada, que apruebo mi salida. ¿Cómo después de 22 años voy a renunciar y acepto que el ayuntamiento no me pague nada de honorarios, cuando soy madre de familia y no tengo otro trabajo?”. Agregó que en ningún trienio anterior las habían hostigado tanto como ahora con Gallardo, que las obliga asistir al desayuno del 10 de mayo. O de lo contrario, ordena levantar actas administrativas. “Como preside el acto, busca que su persona resalte. Muchas compañeras no querían ir, como apoyo a los despedidos. Otros no se dan cuenta que el objetivo del edil es lucrar con las necesidades de las personas, las utiliza para hacerse proselitismo. Es lamentable cómo pisotea a los trabajadores, los monitorea, pero regala tortillas, garrafones de agua, juguetes y despensas. La gente cae en su juego. También existe el miedo continuo que se atente contra la familia. He recibido mensajes en el celular donde me exigen que le baje, que me tienen identificada”.

“Me han dicho que me puede levantar gente del alcalde y argumentar que es por la inseguridad. No temo por mí, porque tengo pruebas que me despidieron de manera injustificada. Me difamaron y falsificaron la firma. Pero si algo llegara a pasarle a mis hijos o familiares, hago responsable directo a Ricardo Gallardo Juárez”. Además, persiste el temor que el edil se quiera reelegir y que su hijo, el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, busque la gubernatura. Es algo que aterra a los trabajadores, que compren a los peritos para que resuelvan a favor del ayuntamiento. “Esperamos que haya justicia, porque lo que hacen es una porquería”. Martínez resaltó que el munícipe se ensaña con los trabajadores, como lo hizo antes en Soledad, donde casi desapareció al sindicato. Provocó un gran daño. Se imaginó hacer lo mismo en la capital. “Se equivocó, conocemos nuestros derechos. Ante una injusticia, la gente se defiende. Gallardo está enfermo de poder, hace lo que quiere, por lo que se ha ganado el sobrenombre del Abarca de San Luis. Todos sus atropellos deben salir a la luz, aunque ha comprado muchos medios, por lo que no se atreven a escribir una nota en su contra. Pero existe la justicia divina”.