En el lapso del 2014 a septiembre del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 26 quejas donde se involucran a periodistas, comunicadores y ombudsman. En el año en curso, acontecieron 8 casos, el más reciente, el del reportero electrónico Omar Niño, quien denunció amenazas de muerte en su contra por los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. Se emitieron los protocolos y se dio vista al mecanismo que protege a los informadores de la Secretaría de Gobernación, al Comité Estatal de Protección de Periodistas que encabeza el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías y la cartera legislativa que preside el diputado panista Héctor Mendizábal. El afectado acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde le proporcionaron una medida cautelar dirigida al gobierno estatal y municipal.

En el 2014, agredieron a un reportero que encontró su vehículo en la calle, cuando debería estar en depósito judicial. Lo conducía un policía ministerial. Fue golpeado cuando trató de documentar el caso con su celular. En las redes sociales, exhibieron un montaje de fotografías donde aparece agredido un informador. Los comentarios ofensivos procedían de la cuenta de un ex funcionario que laboró en el trienio del ex edil de la capital, Mario García. Un reportero recibió amenazas del director de la policía municipal de Villa de Reyes, por órdenes del alcalde Piedad Galicia, por haber publicado notas sobre los errores del ayuntamiento.

Una reportera de Código San Luis fue insultada por un policía estatal a través de un correo electrónico, por publicar una nota que lo molestó. Un reportero fue amenazado por informar sobre hechos violentos que se registraron en el estadio de fútbol Alfonso Lastras. Los representantes legales de Canal 7 denunciaron a Gallardo Juárez por insultos verbales proferidos en un acto público. Un reportero recibió amenazas del ex alcalde de Xilitla, Carlos Emanuel Llamazares, por una nota que publicó el 25 de agosto del 2015. La policía estatal agredió a cuatro trabajadores de Televisión Azteca en Rioverde. Se integró de oficio la queja y se emitió una recomendación sobre los hechos que está en etapa de cumplirse.

Un reportero fue agredido por policías estatales cuando buscó abordar un consejero del poder judicial. La directora del Instituto de Estudios Judiciales, Aracely Amparán, ordenó sacarlo del recinto. El reportero de la Agencia de Noticias San Luis, Everardo González, se quejó de las amenazas que recibió del vocero gubernamental, Adrián Vázquez Méndez. Además provocó que lo corrieran del PRI estatal. El editor de Emsa Valles, Samuel Roa, fue intimidado por el diputado local del PRI, José Luis Romero, por una nota que le molestó. El dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, denunció que Gallardo Juárez y su alfil, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, ordenaron la clausura de sus negocios de pañales, por haber denunciado un fraude en la venta de medicamentos.

Un reportero de Código San Luis fue amenazado y agredido por agentes ministeriales cuando intervino para defender a unos familiares que fueron detenidos. Un redactor del Gran Diario de la Zona Media, fue hostigado por agentes ministeriales, por haber publicado una nota donde involucró a uno de sus compañeros. El 25 de mayo del 2017, el editor y reportero de La Noticia, Juan Pablo Moreno, denunció un ataque violento y visceral en contra del medio y sus colaboradores, ordenada por el edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y sus testaferros, los hermanos Jesús Rafael y Hugo Lázaro Aguilar Fuentes. El 29, una persona manifestó que fue intimidado por el director del Teatro de la Paz, Andrés Lecuanda. El 6 de junio, el dueño del portal electrónico, El Mundo de San Luis, David Rangel Tapia, fue amenazado por el director del Centro Cultural Mariano Jiménez y cartonista del diario Pulso, Alfredo Narváez.

El 10 de junio, una reportera ventiló que al salir de su centro de trabajo, fue atacada con un huevazo en la ventanilla del copiloto de su vehículo. Relacionó el hecho a una nota que publicó sobre una trabajadora que se encadenó a la puerta de entrada de la Oficialía Mayor. El 20 de junio, otro informador fue reprendido por exigir que la Auditoria Superior del Estado revisara las cuentas públicas de los ayuntamientos. El 13 de julio, el fotógrafo de Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, al cubrir dos hechos de nota roja en la colonia Ricardo Basilio y camino al Tanque Tenorio, denunció agentes ministeriales bloquearon sus labores y lo intimidaron. El ombudsman Jorge Andrés López Espinosa anunció que antes de concluir el año, va a presentar un informe especial sobre el estado que guarda el derecho a la libertad de manifestarse, el ejercicio del periodismo y defensa de los derechos humanos, donde se especificará cuáles de los casos se relacionan con atacar la libertad de prensa.

Indicó que en el 2017 hubo un incremento significativo sobre las quejas de periodistas. El problema es de alcances nacionales. Algunas agrupaciones civiles han ubicado al periodismo como una tarea de alto riesgo. En México y Veracruz asesinaron a varios. También los defensores de derechos humanos son víctimas de presiones. Se han vivido casos lamentables como el de la activista de Chihuahua, Marisela Escobedo, que perdió la vida por exigir justicia. Fue ejecutada frente al palacio de gobierno. La comisión estatal emitió un dictamen sobre el caso del reportero Everardo González. El reclamo se dirigió a la procuraduría de justicia. Aunque el afectado presentó los mensajes amenazantes en el celular, la instancia no agotó todas las investigaciones. Sólo recibieron la denuncia y lo enviaron al psicólogo y no hubo más avances. Se dilató la justicia. No se consideró que se trataba de un periodista. Debió rastrear las llamadas y concatenarlas con los testimonios que aportó el quejoso.

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