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El fiscal Ruiz Contreras pinta un mundo sin violencia ni maldad a los diputados, que se lo creyeron



En su comparecencia ante los diputados locales, el fiscal José Luis Ruiz Contreras les planteo un panorama de la justicia casi idílico. Aseguró, sin dar cifras concretas ni ahondar en detalles, “que se obtuvieron resultados extraordinarios en el combate a los delitos de feminicidio, narcomenudeo, violencia familiar, secuestro y desapariciones forzada de personas. Afirmó que en el 2023, se resolvieron todos los feminicidios que se registraron en el 2022 y se tienen avances relevantes de los que han ocurrido en el año que corre. Ocultó que en asesinato de la bachiller de Villa de Arista, Chuyita Rodríguez, encerró a un chivo expiatorio.
Ruiz dijo que la fiscalía retomó la tarea de escuchar y atender los reclamos sociales, con un auténtico servicio y espíritu de justicia. Presumió haber logrado más de 5 mil años de cárcel en todas las condenas que se concretaron en el actual año, en diversos tipos de delitos.


Expuso que la mayor incidencia de delitos, se dio en la violencia familiar y para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres, se fortaleció de manera integral la fiscalía especializada en la materia, al incrementar el personal, recursos materiales y dotarla con nuevos vehículos. En todas las carpetas de investigaciones abiertas en el tema, se generaron medidas protectoras para las víctimas y se les da seguimiento.
El legislador del PAN, Rubén Guajardo Barrera, le externó una queja de abogados, que para tramitar una solicitud de la suspensión provisional de un proceso al que están sujetos algunos de sus defendido, se les exige, entre tantos requisitos, una búsqueda de registros a nivel nacional, que solo puede tramitar la dependencia. Además, les cobran entre 8 y 10 mil pesos, lo que significa un negocio redondo para la dependencia.
El fiscal justificó que el requisito lo piden para establecer las condiciones de riesgo que se pudiera tener, al conceder a un sujeto a proceso la salida alterna. El trámite está a cargo de la unidad de medidas cautelares de la dependencia. No ahondó en el costo.


El legislador del PAN cuestionó también si el actual director de la Policía de Métodos de Investigación, Martín Serrano, cumplió con los requisitos de honestidad, preparación y sin mancha alguna, para ocupar el cargo, como exige el reglamento interno de la instancia. Y si aprobó el examen de control y confianza. Ruiz aseguró que Serrano cumplió con todos las exigencias. Cuenta con el perfil necesario y los resultados de su desempeño son visibles.
Otros legisladores le preguntaron por el manejo del presupuesto en determinadas áreas, la modernización de los procesos digitales, acciones que realizó para fortalecer la alerta de género, crear un panteón forense que apoye a las familias que buscan a sus parientes desaparecidos o acciones emprendidas para el combate al narcomenudeo o inhibir la venta de drogas que afecta a los jóvenes. Fueron cuestionamientos fáciles que le permitieron al fiscal, transitar sin mayores apuros en su cita con los diputados. El del Verde Ecologista, Roberto Ulises Mendoza Padrón, se confundió con sus apellidos. Lo llamó José Luis Ruiz Cortines.

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Se necesita un fiscal anti corrupción libre, que no actúe por consignas

El litigante José Mario de la Garza Marroquín consideró, para que exista un verdadero combate a la corrupción, conjuntar tres elementos. Hacer autónoma a la Fiscalía Especializada. Nombrar al frente a una persona con liderazgo, valentía y conocimiento jurídico. Darle el presupuesto adecuado para realizar su trabajo. En caso de no poner en la mesa los ingredientes y mantener el mismo esquema que se ha seguido hasta ahora en San Luis, la dependencia seguirá como una oficialía de partes, que solo recibe denuncias intrascendentes. “Al ser libre, no le afectarán los pesos y contrapesos que se dan en el sistema político, diseñado para protegerse a sí mismo. Es por lo que las denuncias donde se involucran a funcionarios, no se castigan. En México, tienen relevancia y se sancionan cuando se junta lo político con lo jurídico, como lo vemos ahora. En la etapa de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox”.

El titular del consejo directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados calificó como una señal negativa, que la mayoría de los diputados hayan frenado las propuestas para hacer autónoma en lo técnico, financiero y gestiones, a la fiscalía anticorrupción. Demostraron que no existe voluntad para un verdadero combate a las anomalías administrativas, que junto con la inseguridad, son los temas que más preocupan a los ciudadanos. Advirtió que la independencia, sola, no basta. Necesita el respaldo de un super fiscal, sin compromisos políticos, adentro ni afuera, menos con sus impulsores. “Ojalá que las discusiones previas, hagan recapacitar a los diputados, para que designen a la persona que cumpla los requisitos. No dejar a alguien leal al sistema que habrá de proteger o castigar al que le ordenen, por consigna. Hay que buscar personas que no deban facturas. No dejar a alguien que se sentará en una oficina a ganar grandes remuneraciones y archivar escritos. Los perfiles ciudadanos están menos comprometidos con la estructura burocrática y política”.

Aceptó que el ejecutivo haga las propuestas, para que el congreso elija al Fiscal Anti corrupción,  pero también se debe permitir que la gente intervenga, lo que legitima el proceso. Hay mejores opciones para encontrar al indicado. “El combate a las corruptelas debe hacerse de manera ejemplar. La estructura que se tiene no alcanza para combatir todos los actos ilegales. No lo hace ningún país del mundo. Las personas nos movemos en base a percepciones. Si vemos que se pueden evitar fechorías y no pasa nada, se fomenta la práctica. En cambio, si se castigan y ponen el ejemplo, meten a la cárcel a los responsable y los obligan a resarcir el daño, entonces disminuyen los casos”.

Mario de la Garza señaló que en San Luis no se ha encarcelado a nadie por una denuncia de corrupción, pese a que existen varias carpetas integradas que dejó en el escritorio el anterior fiscal, Jorge Alejandro Vera Noyola, de las que no se sabe nada. Si mantienen el esquema ortodoxo, nada cambiará con el relevo. “Le dirán, hay tales asuntos, no los muevas, aguanta hasta que pase el vendaval político que está en puerta. Tu chamba está garantizada”.  Consideró que se debe abrir al debate y colocar en la agenda pública el tema donde se prevengan las conductas dolosas y no sólo perseguirlas.

Para que exista mayor eficacia al detectar y combatir conductas anómalas que se dan en el seno de las estructuras gubernamentales, propuso crear en México y en San Luis Potosí un sistema que proteja a los informantes, que ha funcionado con éxito en varios países de Europa y Estados Unidos. “La única manera de actuar es con datos, pruebas. Podemos decir que son muchas, pero mientras no se comprueben, no sirven de nada. Se requiere un contrato, detectar que hubo sobreprecios, que se torcieron las licitaciones. Lo saben los que están adentro, son miles de personas honestas. Hacen su mejor esfuerzo para que las instituciones funcionen. Se dan cuenta de los actos incorrectos, pero cuando se atreven a denunciar, los corren. Los fastidian, les bajan el sueldo”.

“Existe un sistema perverso que castiga a los que se rebelan. Las investigaciones se han vuelto cada vez más difíciles. Los fiscales no pueden encontrar pruebas. Cuando las consiguen, son inútiles. No pasan el debido proceso. Hay actos de corrupción claros, pero al llegar a los filtros de los tribunales, de los derechos humanos, se caen. En México está el ejemplo de Florence Cassez. Si hubiera el informante protegido en lo jurídico denuncia, entonces el fiscal podrá actuar”. Mario de la Garza presentó al congreso una iniciativa para crear en el estado, el sistema que los salvaguarde. Espera que los diputados se interesen en el tema y lo discutan, ya que será difícil combatir el delito que se presenta en las dependencias y empresas. Lamentó que muchos casos deshonestos se quedan en lo mediático, en un combate cosmético.

El estado, dijo, debe castigar a los culpables. Tampoco culpar inocentes, chivos expiatorios o funcionarios de menor jerarquía, como sucede con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que sacrificó a un empleado al salir en video, donde levanta maletas de dinero. “Sorprendido, dice, ¡ah caray! Es la primera noticia. Ignoraba que agarró plata. Lo destituye y queda en apariencia, limpio. Alguien muy atinado comentó que de algo sirvieron las ligas de René Bejarano. Ahora enviarán a los asistentes por los sobornos. Si hay problemas, los sacrifican. ¿Es el ataque que buscamos o entrarle en serio”.

El ex presidente del Consejo Ciudadano contra la Corrupción, que operó un corto tiempo en el sexenio de Fernando Toranzo, dijo que si el congreso insiste en imponer una figura que garantice el gatopardismo, aparentar cambios cuando todo sigue igual, conviene armar estrategias cívicas para combatir conductas nocivas. “Lo hacemos a través de la alianza que existe con el organismo Mexicanos contra la Corrupción. La ruta es más compleja, más dura, por la resistencia natural de la clase política. Es lo que existe para impulsar cambios”. Puso como ejemplo, la negativa de presentar las declaraciones 3X3 por parte de funcionarios y representantes populares. La mayoría de los diputados locales no han cumplido con la herramienta que se creyó, iba a favorecer el combate de hechos delictivos, ya que los obliga a decir, entre otros puntos, los bienes que tienen y cómo los adquirieron.

“Para un verdadero combate a la corrupción, se requiere de estadistas y visiones de largo plazo. Mirar a la política como una herramienta para trascender y modificar entuertos. Es algo que no se nota en San Luis. Las discusiones en el congreso son superficiales. No votaron por la independencia de la fiscalía porque no les dieron la corrida económica. Como siguen la línea que les marcan, no esperemos cambios. Además la agenda electoral está muy cerca. Muchos están nerviosos, temen no les toque nada”. Mencionó que las fiscalías y tribunales, para quitarse las denuncias que presentan organizaciones civiles, argumentan que carecen de interés jurídico, por no ser directos afectados, lo cual está fuera de contexto.

Indicó que el grupo Tojil, donde colabora, presentó denuncias contra el ex gobernador de Veracruz, César Duarte. Se presentaron como víctimas y después de varios litigios, lograron sentencias favorables. Fueron reconocidos como lesionados por actos corruptos en los que se registraron dispendios en los recursos públicos. Se estableció un hito, para que otros quejosos se apeguen a la sentencia en sus querellas. Tojil se habrá de inconformar también por el asunto de Odebrecht y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Lamentó no se haya podido activar el Sistema Estatal Anticorrupción, por la serie de amparos y juicios que se han interpuesto en los nombramientos de quienes quieren ser y no están. No descartó que atrás de los litigios, exista un interés oculto. Un títere o titiritero a los que conviene no camine el tema.

José Mario de la Garza presentó al congreso del estado, una iniciativa para crear la Ley Estatal de Amnistía. En caso de aprobarse, puede beneficiar a un 15% de los internos procesados por los delitos de robo menores, posesión de drogas para consumo y aborto. Censuró que los legisladores no hayan dado ninguna importancia a la propuesta ni a la iniciativa que sobre el mismo tema presentó la bancada de Morena. Desecharon el exhorto a un artículo transitorio de la ley de amnistía federal que se aprobó en abril, para que elaboren la norma estatal en la materia. “Se volvió a hablar de las miles de personas que están encerrados en México y San Luis por ser pobres y defenderlos de manera nefasta. En el congreso a nadie le interesa abordar el esquema desde el punto de vista de los derechos humanos y la desigualdad. Es lamentable tener un poder tan insensible, nada empático con las personas privadas de la libertad y sus familias. Como es una materia que no da votos, no genera clientelas ni beneficios electorales, no les importa”.

Es falso, asentó, que con la nueva ley, se vaya a liberar a todos los delincuentes. Para que opere, se debe conformar un comité que analice cada caso, respetar los derechos de las víctimas, no procede en automático. “Más que un indulto, se les debe dar una segunda oportunidad para rehacer sus vidas”. El litigante le ganó al congreso local, en julio pasado, una demanda de juicio ciudadano para proteger los derechos políticos, ya que el legislativo no dictaminó una iniciativa que presentó hace más de un año para incluir en el código penal del estado, un capítulo sobre lesiones cometidas contra la mujer por razones de género. El tribunal determinó que el congreso violó sus derechos políticos y le ordenó resolver la iniciativa. Se inspiró en una serie de agresiones que han sufrido las damitas por sus parejas que les arrojan ácido u otras sustancias en la cara y cuerpo. El caso más conocido es el de la saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, agredida por ex el ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera.

José Mario de la Garza presentará más denuncias si varias de sus iniciativas en el congreso no son dictaminadas en el lapso que la ley marca a los diputados. “Es más laborioso, pero voy a seguir el mismo camino. Tengo un calendario con las fechas en que se vencen. Intentaré incidir con sentencias y resoluciones del Tribunal Electoral”. El impulsor de Congreso Calificado señaló que con sus mediciones al desempeño de los diputados, los ciudadanos pueden conocer los números obtenidos para saber si trabajan o no. Al incluir la figura de conductas deshonestas, contrarias al régimen democrático, le restó puntos a los legisladores Pedro Carrizales, “El Mijis o Pedro Piedras” y Mario Lárraga Delgado. Consideró que al darles una nota, algunos se esfuerzan por aprobar de manera constante, como Beatriz Benavente, Ricardo Villarreal Loo y José Antonio Zapata Meraz. Pero la gran mayoría sigue igual. Adelantó que está por sacar otra modalidad, donde incluye el estado de derecho, con indicadores usados a nivel nacional e internacional. Suma la seguridad, fiscalía y tribunales locales.

 

 

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¿Combate a la corrupción o pacto de impunidad?

El Sistema Estatal Anticorrupción este naciendo desfigurado y falso. No hay en nuestro estado voluntad política para fundar instituciones creíbles, imparciales y autónomas que combatan la corrupción. Desde el gobierno se empeñan en capturar para su provecho la Fiscalía General y la Fiscalía especializada en hechos de corrupción.

Nuestros funcionarios no quieren correr riesgos. Al apropiarse de estas fiscalías están garantizando protección para el futuro. El pacto de impunidad que protege a la clase política seguirá gozando de cabal salud. La procuración de justicia y el combate a la corrupción seguirán siendo sueños de opio. Utopías inalcanzables.

Estamos ante una indiscutible regresión de nuestra vida institucional. Entre nosotros los demócratas y reformadores del estado brillan por su ausencia. Quienes nos representan en los diversos cargos de elección popular no quieren ser protagonistas de la historia. Se han convertido en conservadores, en defensores del statu quo, en abogados de un régimen quebrantado que se resiste a morir. No leen los signos de los tiempos, ni registran el humor social que reclama cambios radicales.

Los políticos que nos gobiernan se resisten al nacimiento de instituciones que funcionen como contrapesos ciudadanos frente a los abusos del poder. Simulan el cambio y promueven a representantes a modo que les garanticen que todo siga igual. Gatopardismo puro.

De ello fuimos testigos cuando se nombró al “Fiscal Carnal” que garantiza más de lo mismo en materia de procuración de justicia. Y ahora están a punto de repetirnos el tratamiento al elegir al fiscal que deberá combatir los actos de corrupción. Un episodio más de apropiación de instituciones que deberían gozar de autonomía.

En los próximos días los diputados procederán a nombrar, a propuesta del gobernador, a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Las ternas que ha enviado el ejecutivo están integradas por protagonistas que, o son empleados del gobernador, o bien son militantes de un partido político.

¿Cómo creer entonces que estos prospectos serán imparciales y autónomos al ejercer tan delicadas funciones? Si son electos estarán al servicio de quien los favoreció y no al cuidado del interés ciudadano.

La credibilidad de las elecciones y el combate a la corrupción se arruinarán si prosperan las fórmulas enviadas por el ejecutivo al congreso del estado.

Destacados miembros de la sociedad civil ya se han manifestado en contra de que los próximos titulares de la Fiscalía Anticorrupción y Electoral tengan vínculos con partidos políticos o sean subalternos del gobierno actual.

Desgraciadamente dos de los propuestos tienen vínculo comprobado con un partido, Javier Montalvo y Jorge Vera. (PRI y Conciencia Popular). Incluso Jorge Vera se desempeñaba hasta hace poco como empleado del gobernador en una subsecretaria.

Salvo que hayan sido propuestos como relleno, lo que sería una perversidad, las dos propuestas confirman la obsesión de controlar a funcionarios que están llamados a desempeñarse con soberanía y rectitud.

La tenebrosa intención está provocando fuertes disputas al interior de los grupos parlamentarios. El PAN y otros partidos de oposición están descalificando con sobradas bases la pretensión de colocar en ambas fiscalías a ciudadanos que llevan en la frente la impronta del gobernador.

El espíritu de las reformas legales que dieron vida al Sistema Anticorrupción fue otro. Colocar a súbditos del gobernador en los cargos es como poner la iglesia en manos de Lutero.

Es probable que debido a los duros cuestionamientos contra los ahijados del gobernador no se consiga en el congreso la votación necesaria para elegir a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Se necesita una elección por mayoría calificada, 18 de 27 votos posibles y no hay consenso.

¿Qué va a pasar entonces? ¿En que terminará todo? Ante un nuevo rechazo, el gobernador procederá a designar de manera directa a los titulares de las dos fiscalías controvertidas. Si esto ocurre se dañará aún más la credibilidad de los funcionarios ya que su elección no sería consecuencia de un proceso incluyente y abierto a perfiles independientes y ciudadanos.

Caras y caretas

Escandaliza la galopante corrupción practicada por nuestra clase política. Investigaciones recientes han revelado que rumbo a la elección presidencial del 2018, 83% de los mexicanos perciben al PRI como un partido corrupto; 71% cree que el PRD lo es; 60% el PVEM; 56% el PAN; 53% el PT; 51% Morena, 50% el Panal y 42% Movimiento Ciudadano y el PES. Nadie se salva. Lo malo es que no hay castigo para los corruptos, prevalece la impunidad, menos ocurre la reparación del daño.

En corrupción, México ocupa el lugar 95 de 168 países, según Transparencia Internacional. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y la OEA, el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía nacional, 10 se destinan a la corrupción. La corrupción es un cáncer que está matando la credibilidad en el gobierno. Llevamos años enterándonos de latrocinios cometidos por funcionarios rapaces.

 

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Policías ministeriales, en el epicentro de desapariciones y asesinatos

“Ya te cargó la chingada cabrón”, le dijeron los presuntos agentes ministeriales al ex reportero del periódico digital Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, cuando lo sacaron con violencia de su casa ubicada en La Fragua 450, en la colonia Julián Carrillo. Eras las 8:30 de la mañana del 5 de octubre. Al día siguiente apareció ejecutado, con dos balazos de calibre 9 milímetros en la cabeza, por las vías del ferrocarril, cercanas al aeropuerto Ponciano Arriaga. Antes de ser eliminado, mediante tortura, la víctima fue obligada a declarar que colaboró para el Cartel del Noreste. En sus afirmaciones, destacó que varias corporaciones estatales y las municipales de Soledad y la capital están involucradas con el crimen organizado. El video de Esqueda es el culmen de una guerra soterrada y abierta de los distintos grupos criminales que pelean por el control de la plaza a través de narco mantas y choques sangrientos en las calles de la entidad. La mayoría tiene como enemigo común el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, al que acusan de construir su propia estructura para cometer una amplia gama de delitos.

El escándalo mediático lo desató el ex jefe de homicidios de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, que dio a conocer el video donde torturan a Esqueda, que le hicieron llegar de manera anónima a través de una memoria USB. Luego publicó en su página electrónica la fotografía de uno de los ministeriales, identificado por la familia del occiso, que acudió a sacar de su vivienda a Esqueda y que luego lo interrogó de manera férrea. El ahora fiscal, Federico Garza, rápido se deslindó. Negó que sus agentes estuvieran inmersos. Al contrario, envió al feroz subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, citar a Ceballos para que fuera a declarar, cómo obtuvo el video, en lugar de sumarlo a través de la figura de coadyuvante. Casi se lían a golpes cuando no logró que rindiera el testimonio por falta de una credencial para identificarse. Luego trató de llamarlo como testigo de un crimen al que fue ajeno.

Castro le envió un citatorio a la calle Altamirano 253, donde nunca ha habitado. En el 2007 Ceballos lo ocupó para montar un pequeño gimnasio donde impartió defensa urbana y redactó el manuscrito de su libro Shantal, asesinato en el salesiano. Aunque Ceballos ha reiterado que Soledad es zona de narco fosas, su verdugo le avisó que llevaría al departamento de servicios periciales y medicina forense, por lo que intuyó, podrían sembrarle un difunto. Otro elemento que incide para intuir que el caso de Esqueda será llevado al desván fue el anuncio del ombudsman estatal, Jorge Andrés López Espinosa, al informar que el tema fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “por la relevancia del asunto”. El occiso denunció sin éxito el acoso que sufría de los ministeriales, ya que era un testigo incómodo de sus excesos. No recibió apoyo del comité estatal que protege a los periodistas en peligro por ejercer sus tareas que preside el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, fiero protector de Castillo Celestino.

Apenas fue “levantado” Esqueda, sus compañeros alertaron que “el estado desaparece periodistas”. El director de Vox Populi, Carlos Garrigos Esparza, se concentró en juntar firmas de apoyo de los demás reporteros para enviar una queja a los organismos internaciones. Destacó que el gobernador Juan Manuel Carreras era el único responsable de la inseguridad que priva en el estado por lo que debe combatirla sin pretextos. Podía aminorarla si exige el patrullaje del ejército en las calles. Resaltó que la víctima fue sacada con violencia de su hogar por supuestos agentes ministeriales, pero la procuraduría negó haber ordenado alguna pesquisa al respecto. Exigió que no se descartara como línea de análisis. Destacó que con Esqueda sumaban 38 jornaleros privados de su libertad en el sexenio, que luego aparecen muertos. Casi 10 horas después lograron acceder al gobernador Juan Manuel Carreras en la plaza de armas, que se mostró distante, elusivo. Garrigos le espetó que era el único que les podía garantizar seguridad. “Ya no queremos ver en los periódicos más ejecuciones y secuestrados. Ni que se echen la pelota entre sus colaboradores. Le pedimos que intervenga el ejército”. El doctor en derecho lo interrumpió para decir que se iban a activar mecanismos protectores.

-Lo más importante es que Daniel Esqueda aparezca con vida- atajó Garrigos.

-Lo más importante es que hoy por la tarde miren al procurador y secretario de gobierno para que analicen todos los temas- respondió el mandatario, que se alejó en una nube de colaboradores. Aunque encabezó algunas reuniones con los informadores locales, no se alcanzó nada concreto. Lo único que logró fue ganar tiempo y desinflar las presiones sociales. Se ventiló que Daniel Castro, como firmaba sus notas, motivó el último enojo de sus verdugos cuando publicó el 4 de octubre, los detalles una bomba casera que detonó en el río Santiago al abrirse la puerta de una camioneta blanca Cherokee. Al explotar las tuercas y clavos resultó herido un agente de los servicios periciales y dos ministeriales. Se especuló que en una hielera de unicel que venden en Oxxo, estaban los restos de alguien. Esqueda publicó el mensaje: “es un regalito que dejamos para Castillo Celestino. La cabeza de tu amante”. Firmó El Gafe.

La muerte de Esqueda Castro alcanzó niveles internacionales. Las delegaciones en México de la Unión Europea, Naciones Unidas, Noruega y Suiza, reclamaron la falta de resultados en otros 10 periodistas asesinados. Dijeron que es preocupante el grado de violencia e intimidaciones que los informadores enfrentan en México. Conminaron a los responsables a realizar los esfuerzos posibles para llevar a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables. El organismo Artículo 19, exigió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la libertad de prensa, de la Procuraduría General de la República, realizar una pesquisa diligente, técnica, objetiva, imparcial, que considere la labor reporteril como línea principal y los indicios que involucran a las fuerzas de seguridad de la policía ministerial de San Luis en los crímenes. Un diario alemán destacó que Esqueda fue torturado y asesinado en el céntrico estado. Se convirtió en el undécimo comunicador caído en el 2017. Antes las múltiples presiones, Carreras nombró a Castro Sánchez fiscal especial para esclarecer el homicidio. Le dijo a la familia que colabora un equipo especial de la PGR, con dos agentes del ministerio público federal, 4 de la policía ministerial federal y el respaldo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

 

El 6 de octubre se hizo viral en las redes otro narco mensaje, donde dieron detalles del fatal incidente. Criticaron a Carreras de “pocos huevos”. Aludieron a Castillo Celestino, que envió a su lugarteniente, Macario Macías, “El Chilo”, apoyado por “su célula de la Nueva Generación para ser asesinado Esqueda. Conoce pueblo potosino la impunidad con que ha trabajado la policía ministerial. Amedrentan ministerios públicos, magistrados, al mismo procurador, para hacer y deshacer. Pero se acabó, no toleraremos el cobarde crimen contra un reportero, padre, hijo y hermano. Ya basta de tantos atropellos, abusos, levantones, secuestros y homicidios cometidos por agentes bajo el mando de Castillo Celestino y su brazo ejecutor Chilo, para tranquilizar la plaza. Parte de lo mismo es callar a la prensa, para que no ataque”. Exigieron intervenga el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de que asesinen más informadores, por criticar a Carreras y Castillo Celestino.

En otro texto similar se estableció que Esqueda Castro fue sacado de su vivienda con violencia por ministeriales donde figuró Macario Macías “El Chilo”, un “oscuro personaje, que tiene nexos con el crimen organizado desde hace tiempo. Huyó de San Luis hace menos de un año, se fue a refugiar a Jalisco. Pero en la policía ministerial aparece comisionado en Tamazunchale. Es mentira, jamás se presentó a trabajar. Castillo Celestino lo ayudó para que se fuera a enfriar a Jalisco. Ahora regresó para hacer el trabajo sucio, que antes ejecutaba Antonio Varela, Fernando Flores y Tenorio. Pero no volvió solo, se hace acompañar de una célula del crimen organizado de Jalisco. Son al menos 10 personas para hacerle la guerra al Cartel del Noreste, ya que lo quisieron matar en varias ocasiones”. Mencionaron que el foto reportero pudo sucumbir porque revelaría los detalles del asesinato del joven Enrique Castro, de la colonia Las Julias, cometido por ministeriales que trataron de alterar la escena para ubicarlo como sicario. “Castillo Celestino los debió llamar a cuentas, junto con sus armas y realizar el peritaje. Entones es cómplice por omiso”.

“La camioneta en que se llevaron a Esqueda es la misma que se relaciona en otros levantones y cobros de piso desde que llegó El Chilo y su gente. San Luis será zona de guerra en los próximos días gracias a su brillante idea de traernos a otro cartel. Castillo Celestino lo apoyó en semejante tontería, por lo que le dará todas las facilidades. Es lo que buscaron que no dijera Esqueda, que llegó el relevo de Varela a quitarnos la tranquilidad. Hacemos responsable a Castillo, Macías y Leal Tovías, que solapa las triquiñuelas del director de la policía ministerial. Usted señor gobernador, es responsable por las malas decisiones, al contratar a Castillo, que trajo el caos y más delincuencia al estado. Además, manipula a otras instancias encargadas de administrar e impartir la justicia”.

Al día siguiente se dio una respuesta por parte del llamado comandante Diablo, líder del grupo operativo Z, Cartel del Noreste, San Luis Potosí-Matehuala. “Al pueblo potosino. Nosotros jamás hemos atentado contra personas inocentes, menos un reportero que hace su trabajo. Hay un supuesto mensaje que hicieron los ministeriales, pinches perros cobardes, donde dicen que Esqueda trabajó para nosotros, que era enlace con la policía municipal y lo asesinaron Los Zetas. Falso. Lo mandó levantar y ejecutar Castillo Celestino, autor intelectual. Macario Macías, El Chilo, autor material. No traten de hablar mal del chavo, para justificar su asesinato. Todo porque tuvo problemas con Castillo Celestino. Chilo, ya sabemos de los de la Nueva Generación, fuiste por el reportero y lo tiraste en el lote de autos y al del Tsuru de la 57, un inocente. Como las bailarinas que mataron con El Meño y varios levantados en antros que según tú, jalan con nosotros. Dile a los culeros que trajiste, den la cara y vamos a darnos en la madre”.

La apocalíptica novela se empezó a tejer antes a través de diversas narco mantas colocadas en el periférico y Cactus, en el puente Hércules, que se ubica en la carretera Querétaro-San Luis y puente Moctezuma en el río Santiago. Informan de las pipas de gasolina, al parecer, robadas, que terminan en las despachadoras de Gaso Speed, de la familia Valladares y Castillo Celestino. El combustible lo acarrea el Cartel del Golfo. Refieren un presunto soborno del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, para reinstalar como director de la policía ministerial a Fernando Flores, donde fue corrido por agredir a sus ex colaboradores. En otra narco manta le remarcan a Carreras, que tienen más pruebas. Aluden a la captura de una pipa con 62 mil litros de diesel, en la carretera Querétaro-San Luis, por parte de la policía federal, con destino a Gaso Speed. Le dijeron de la red de espionaje de Castillo Celestino para seguir a los políticos más importantes, donde figura el secretario de gobierno, Leal Tovías, notarios y el procurador Federico Garza. El equipo lo manejó antes Fernando Flores, “Juan Diego o Aries”, que fue reinstalado por una jugosa mordida. La ambición de Castillo es desmedida, ya que quiere tener armas para el chantaje, no lo destituyan para proteger a su patrón Juan Carlos Valladares. El secretario de finanzas, José Luis Ugalde, le pidió espiar a su novia. Cada semana Castillo le entrega reportes del teléfono que usa.

El cerco contra Castillo Celestino y su grupo iba en camino. El 4 de febrero del 2017, aparece una narco manta en avenida Universidad y Muñoz, donde se relató que el comandante de la policía ministerial, Daniel Romero y Macario Macías, “El Chilo”, se llevaron al discapacitado Josafat Guardiola Maldonado, en dos vehículos blancos tipo Avenger, por presuntos nexos con el crimen organizado. Le destruyeron la silla de ruedas cuando se negó a entregarles el celular. Fue torturado y ejecutado con el tiro de gracia. El 27 de junio, un comando armado que se movió en una camioneta Mazda negra y Taurus blanco, balearon la casa del asesor de la policía ministerial, Antonio Varela, que activó el botón de pánico, por lo que se desplegó un operativo en la zona para atrapar a los agresores. La cacería se prolongó hasta la avenida Muñoz y Papagayos, en la colonia Las Julias, donde los agentes confunden al joven Enrique Gómez González y su hermana, que se desplazan en un vehículo similar al que buscan. Les marcan el alto. No hacen caso ya que antes les chocaron la unidad. Además, desconfían de sujetos que andan en una camioneta sin placas y armados. Entonces los rafaguean por la parte trasera, donde muere el conductor y resulta herida su acompañante.

Los ministeriales alteran la escena para simular que enfrentaron a un sicario, al que le siembran una arma. Cierran las calles aledañas, para evitar el acceso. El tío de la víctima, Marco Antonio Gómez Cuéllar, denunció que des confían de las autoridades, que ataca a la ciudadanía y no atrapa a los verdaderos malos. Castillo Celestino se niega a aceptar que sus colaboradores estén implicados. Destacó que el disparo es el último recurso, salvo cuando se cumplen órdenes de arresto, flagrancia, peligro de vida de otro o la propia. Otra tía del occiso, Eva Ponce, increpó en palacio de gobierno al vocero de seguridad, Armando Oviedo Ábrego. “No se hagan tontos, saben quién fue el asesino. Díganlo, se los exigimos”. Expuso que Enrique Gómez dejó una hermana en el hospital, una sobrina lastimada, un hermano menor y una abuela que piden justicia. “Por defender un perro de la jauría, hay un inocente muerto. La misma policía ministerial se investiga. Perro no come perro”.

El 6 de julio, en una narco manta que se adjudicó al Cartel del Noreste, se consignó: “para qué te haces pendejo, Castillo Celestino, si la muerte de Enrique Gómez, en la colonia Las Julias, fue a manos de Fernando Flores, Antonio Varela y tú”. Los acusaron de accionar el arma que le quitó la vida al joven. Encubrieron el hecho, acordonaron la zona, levantaron casquillos. “Tenemos fotos que lo prueban, alteraron las pruebas. Inclusive, le sembraron una pistola a Gómez, para hacerlo pasar como parte de la delincuencia organizada, para justificar el homicidio alevoso. También dejaron herida a la hermana. A Cándido Ochoa Rojas le agradecemos, ya que por 150 mil pesos, Fernando Flores trabaja otra vez para la policía ministerial, ya que fue destituido por falsificar documentos e incapacidades. Han habilitado a un delincuente, ahora un asesino. Castillo Celestino, con la anuencia del gobernador, lo protege”. Le pidieron a Carreras estar atento a las juntas del gabinete de seguridad. “No se haga pendejo con el celular. Dígale al mayate que le escribe después, para que se aplique a cuidar a los potosinos. La entidad está de cabeza, gracias al cartel de la policía ministerial, al mando del huachicolero mayor, Castillo Celestino y Pablo La Chula Valladares. ¿Cuántos abusos y muertes más habrá por parte de Castillo y la bola de delincuentes de los ministeriales?”.

El 30 de junio, el Cartel del Noreste, en una narco manta que colgó en el puente de avenida Universidad, le dijo a Carreras que para detener la ola de violencia, debe correr de la ministerial “a Varela, Romero, Castillo Celestino, Ervey, Kiko, Jerico, Chilo, Elmer, Fernando Flores y toda la bola de ratas que comanda Daniel Romero Segura. Sabemos que Ervey y Kiko quisieron matar al chiapaneco. ¿Es el gobierno que cuida a San Luis? Si sigue con la bola de ratas, la ola de violencia será al triple. El secuestrado que traen del Canay no es jale de nosotros. No agarramos inocentes. Lo tiene Gerardo Alonso Maldonado alias El Vampi. Sabemos que piden 4 millones. Todo lo que se hable en San Luis lo conocemos. A la bola de ministeriales les decimos, ya no roben, si tienen hambre, arrímense, nosotros les damos para que se compren lo que se llevan de las casas, como plasmas, tabletas, pinches muertos de hambre”.

El 11 de julio fue asesinado el ministerio público Jesús Raúl Serralde Hernández, que laboró en la unidad especializada de homicidios y feminicidios de la procuraduría de justicia. Vivía en la calle Hacienda de Guanamé, en el fraccionamiento San Miguel, en avenida San Pedro y anillo periférico, en Soledad. Lo acribillaron dos pistoleros que huyen en motocicleta. Conocidos aseguran que no tenía el perfil ni la experiencia para atender delitos de alto impacto. No contaba con plaza laboral. Se movía en camión urbano. Su esposa asegura que antes de morir, recibió una llamada de ministeriales, que lo obligaron a salir de la casa, con el pretexto de poner una recarga al celular, en un Oxxo cercano. Señalan de corresponsable de su deceso a su jefa, María Guadalupe Rodríguez Gómez, “La Chupitos, por encargarle el complicado asunto del asesinato de Enrique Gómez en Las Julias. El 13 de julio circuló un narco video donde interrogan al distribuidor de estupefacientes, Sergio Alejandro Álvarez Ruiz. Dijo vivir en Hogares Populares Pavón, en la calle Colibrí 123. Lo surte cada miércoles el comandante de la policía ministerial, Antonio Varela, en una Ram blanca, sin placas. Los martes hace los cobros. Aunque se dijo que Varela se entregó de manera voluntaria el 13 de octubre, lo cierto es que fue atrapado por la marina. El 9 fueron encarcelados en Rioverde, el ex comandante de la policía ministerial, Fernando Flores. El ex director operativo, Daniel Tenorio. Los agentes Jesús Mata Tinajero, Juan Zúñiga y Elías Núñez, por el homicidio de Las Julias.

En las redes sociales, casi de manera simultánea, volvieron a increpar a Carreras, que insiste en mantener intacto el gabinete de seguridad, donde figura Castillo Celestino y sus 40 ladrones. Calificaron de sospechosa la muerte del fiscal Raúl Serralde, que investigaba el crimen de Enrique Gómez en Las Julias a manos de ministeriales, a los que iba a llamar a declarar. Además, solicitó las armas usadas en el peritaje. Se supo que no podían usarlas, porque se venció el permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Calificaron una burla que la procuraduría fuera juez y parte. Castillo aseguró que no pasará nada, por lo que el delito lo debe manejar la Procuraduría General de la República. Censuraron la incapacidad del ahora fiscal Federico Garza Herrera, que desconoce el nuevo esquema de justicia penal. Está en el gabinete por los millones de pesos que aportó a la campaña de Carreras. Lo mismo que el magnate Juan Carlos Valladares, sostén de Castillo Celestino, con el que se incrementó la inseguridad un 300% respecto a sus antecesores.

El 24 de julio, con gran estruendo, se anunció que la policía de Estados Unidos detuvo al líder del Cártel del Noreste, Rey David Álvarez Vázquez, alias “El Santander”. Lo entregan a la marina, que lo traslada al penal de La Pila. El litigante César Augusto Aguilar reclamó que el detenido, es otra persona, su cliente, que se dedica a vender carros. El reclamo le vale que en la noche, un comando le dispare a su vivienda. Desde la ventana alcanza a reconocer entre los agresores al agente ministerial Antonio Varela. Resaltó que antes fue amenazado de muerte por Castillo Celestino, quien manejó, trataron de rescatar un arsenal. El 23 de agosto, circuló otro video donde interrogan al ex policía estatal, Ubaldo Aguilar, antes de ser ejecutado. Luego lo cuelgan en el puente del periférico y carretera a Matehuala. Reveló nexos de dos ministeriales con el crimen organizado. “Caballero que trabaja en robos y Óscar, bajo el mando de Varela”. Anunció la guerra en San Luis por parte del comandante Gafe, líder del Cártel del Noreste, José Hugo Rodríguez Sánchez, que venía a limpiar la plaza. Pero fue atrapado el 17 de septiembre en Guadalupe, Nuevo León.

El 5 de octubre asesinan a Édgar Daniel Esqueda Castro. El 12 Ceballos difunde la cinta donde lo torturan. Establece que existe una guerra abierta entre lo que se podría denominar Carteles Institucionales, donde figura el de la policía ministerial de Castillo Celestino, el del secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez y sus Talibanes, manejado por su brazo derecho, el director del mando único en la zona media, Arnulfo Urbiola y el del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Castillo tiene un conflicto mayor con el Cartel del Noreste, que reclama con otras fuerzas el control de la plaza. En las últimas semanas, la entidad de cubrió de violencia y sangre. En Villa de Reyes, ejecutaron a cuatro vigilantes de una empresa que construye un gasoducto. Aunque cubrió el rescate de 250 mil pesos, fue ejecutado el médico de Tamuín, Enrique Arizabalo González. Apareció un calcinado en Matehuala. Incendian un vehículo en plena carretera 57, en la zona industrial.

El 17 de octubre, circuló el video de un narco menudista. Aseguró que trabaja para Castillo Celestino. La “merca” se la entrega Macario Macías y Varela. Indicó que sirven a un cartel que viene de Guadalajara. Aseguró conocer también al Pareja y Augusto Aguilar, El Bolillo”, compadre de Castillo Celestino, que lo tiene encargado de un módulo en Pozos, donde maneja a cinco agentes. Le preguntaron su clave. Contestó ignorarla, pero con decir que procedía de Jalisco, lo dejaron en paz. El 18 de octubre, el Cartel del Noreste le envió otro mensaje a Carreras. Le reclamó su negativa de correr a Castillo Celestino, “alias Nariz de Aguacate, o como lo conocen sus compañeros, Celestino tras las ñongas. Usted sabe que junto con El Chilo, trajeron a San Luis al Cartel de Jalisco Nueva Generación. Cometen delitos como homicidios, robo de vehículos, secuestros, asaltos a cajeros automáticos, trata de blancas. Hemos decidido hacer 50 aparatos explosivos, como los del río Santiago y usarlos contra objetivos establecidos, como la policía ministerial y sus casas. Usarlos contra personas que apoyan a Castillo, como los masones y su gran maestro, empecinado en mantenerlo en el cargo. A partir de hoy empieza otra época en la seguridad de San Luis. Los atentados seguirán hasta que usted corra a Castillo como director y su grupo de mamachiles. A todo el que lo apoye, le voy atronar el culo también”. El culmen se dio el 18 de octubre, cuando Televisa transmitió un reportaje sobre el clima de terror que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez ha sembrado en San Luis, lo que le ha permitido crear un imperio económico.

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Federico Garza, impedido en términos legales para ser fiscal

El litigante Francisco Hiram Atala Dewey destacó que si el fiscal general no tiene independencia, como marca la ley, será una figura muerta. No se debe gastar dinero en hacer el cambio, ya que habrá un control politizado por parte de las instancias gubernamentales. Expuso que a la procuraduría se le ha visto como el brazo ejecutor. El lugar donde se guardan expedientes de ricos y poderosos. Aseveró que el fiscal debe tener un principio profesional, un desarrollo y característica propia. Preocupado por cuestiones morales, de sensibilidad, con un ejercicio de respeto y amor propio. Estar cimentado en códigos deontológicos y éticos. “Por muy sabio que parezca, sin sentimientos, sería un tirano”.

Expuso que el nuevo fiscal debe sopesar que las universidades públicas y privadas escupen 5 mil abogados al año, montones que solo engruesan las estadísticas del desempleo. Se ocupan de taxistas, taqueros, escribientes y aspectos administrativos. “Si tenemos demasiados conocedores de las leyes, ¿por qué existe tanta ilegalidad, podredumbre?. Es porque hay instituciones educativas carentes de un código moral. Con el cambio de fiscal, algunos pedimos mucho. Pero la ciudadanía no tiene la capacidad de organizarse de manera activa, para generar un contrapeso a los poderes establecidos. Las asociaciones que existen, les dan casas, terrenos, láminas. A los líderes sociales les entregan 200 ó 300 mil pesos al mes. O un acto de 3 millones de pesos y apaciguan el agua. No existe un mecanismo que genere la transparencia para que llegue a la presidencia un dirigente como Andrés Manuel López Obrador, un mesías político o líder religioso tocado por dios”.

“El ser humano sucumbe ante el poder, uno de los vicios más grandes. Hay grandes académicos que son un fracaso en el litigio y desempeño público. No tenemos el examen perfecto para elegir a la persona idónea. Hay que ser un poco ambiciosos y dejar de buscar a gente con perfil muy bajo, como algunos suspirantes. Se trata de chambistas. Lo mismo les gusta ser secretarios de gobierno, subprocuradores o directores de la policía. Tampoco es cierto que deben estar certificados en el nuevo sistema de justicia penal. Cualquier abogado que ostente tener la capacidad o convicciones puestas, el suficiente valor para aguantar el descrédito de su imagen, ventilen su vida privada, le saquen los más pequeños vicios de juventud, por estar en el cargo, que le entre”.

Atala indicó que no tiene nada en contra del procurador Federico Garza Herrera en lo particular y profesional. “Cuando llegó al cargo, le dimos el beneficio de la duda, de contar con un estudioso del derecho. Se le notó que no traía la necesidad de meterse dinero a la bosa. Llegó sin hambre. No tiene carencias económicas, es bien intencionado. Aunque de poca experiencia en el ámbito penal. Pero se rodeó de incapaces, con hambre y ansias de poder que lo presionan. Los subordinados se llevan las maletas de dinero, los que roban y hacen las transacciones para armar y desarmar averiguaciones del sistema anterior o carpetas de investigación del nuevo”.

“Tiene una procuraduría partida, impuesta, donde no gobierna el titular todas las áreas. Hay algunos funcionarios que alardean, los puso otra persona. Aunque Garza sea una eminencia y tenga nobles intenciones, a la entrada puso dos ratas como guardianes. Impiden la entrada y le llenan al jefe la cabeza de humo. Parece que se llevó como asesores a la guardia de Matusalén, puro carcamán. El gobernador Juan Manuel Carreras revive a dinosaurios priistas y varios chapulines que huyeron del PRD y ahora son magistrados. Revivieron personas que estuvieron en el sexenio de Fernando Silva. En la procuraduría pululan individuos de la época del dictador Porfirio Díaz. A nivel nacional se notan avances. Se habla de derechos humanos de primera y tercera generación. En San Luis hay asesores de la época de Venustiano Carranza, donde pregonaban fusilen y después viriguen”.

“Es gente que estudió con el ortodoxo Ignacio Burgoa Orihuela, con otro tipo de criterios. Garza tiene colaboradores incrustados de manera forzosa, por pago de compromisos y componendas. Puede ser un gran prospecto para fiscal, sin el equipo que carga. O será la misma robadera. Es un hombre de carácter, lo que no tienen sus asesores y secretarios particulares. No se ha dado cuenta que juntos, con un subprocurador, le hacen complot. Si tiene planeado una rueda de prensa en un sentido, le cambian el escenario y se abstiene. Aunque todas las varas apuntan para que Carreras se incline por Garza Herrera. Pero si mantiene a los mismos ayudantes, las consecuencias serán catastróficas. Les dará cualidades plenipotenciarias, dicen que son sapientes del derecho, pero semejan al burro, que sólo mastica la hierba”.

“En lo particular les he tirado tres asuntos de alto impacto. No me espanta un chango con lentes, primero que aprendan el código penal. Garza debe cuidar su imagen. Pero en estricto sentido jurídico, está impedido para buscar el cargo. En la reforma constitucional, donde se habla de los requisitos del fiscal, no debió ocupar antes el puesto de procurador o renunciar un año previo para estar en condiciones óptimas de ser elegible. Pero los diputados, en su ignorancia legislativa, se olvidaron de parchar la norma. La arreglaron con un artículo transitorio, donde señalan que por única vez, el procurador podrá ser fiscal. Nunca se ha visto que tal figura ordene un estado de excepción y violente un artículo constitucional. Los legisladores tienen una bola de asesores y bufones que pagan los potosinos. Por ende, unos incompetentes. Hay que valorar el tema, porque en un estado de derecho, el ejercicio puede ser impugnable. El doctor Carreras tratará de imponerlo, con la ayuda de algunos asesores, viejos lobos de mar. Le aseguran que la ciudadanía tiene memoria de pescado, de tres segundos. Olvidan que la gente ya levanta la voz en las redes sociales”.

Atala indicó que la diferencia entre procurador y fiscal será gramatical, semántica, si falta independencia orgánica, económica y de jerarquía respecto al gobernador. “Le pueden poner el nombre que quieran, pero será lo mismo. Las diversas corrientes políticas no perderán la voracidad para incidir en el nombramiento. También los empresarios prominentes que buscan poder, una adicción que no controlan. Les resulta más satisfactorio decir que mangonean al gobernador, quebrar voluntades humanas que acuñar más dinero”. Al hablar sobre la figura del fiscal anticorrupción dijo que está la duda de colocar a “un ciudadano que vive de su esfuerzo diario, susceptible de corromperse por el alcohol, dinero y mujeres. Todos tenemos compromisos. En un tema de cultura. Al presidente y gobernador, les dicen, ordene señor. En el cargo que se disputa, puede traer otro tipo de consecuencias. Hay que conocer el presupuesto, el costo que tendrá. No se requiere un especialista, pero sí que tenga valor civil, entereza, honestidad”.

Atala mostró su desencanto al buscar el fiscal electoral, ya que se tiene que rastrear en otro planeta. “Los diputados, que lo habrán de elegir, no tienen legitimidad, ya que acomodaron a sus incondicionales en la auditoria superior del estado. Fueron los mismos que se inclinaron por el presidente de los derechos humanos, Jorge Andrés López Espinosa, donde figuran los cuatro legisladores denunciados en chantajes a los alcaldes”. Aludió al nuevo esquema de justicia penal que inició en 2008. “Vino un cambio toral en las reformas jurídicas que no se vio desde la revolución. Pero la ciudadanía lo ignora. Los políticos y abogados, apenas se empiezan a quejar, como el representante de la Comisión Nacional de Gobernadores, Miguel Mancera. Lo hace como una plataforma política, ya que aspira a la presidencia de la república. No lo hizo como procurador del Distrito Federal, con su jefe Marcelo Ebrard. Ahora se requiere estudiar los códigos y leyes. Conocer los delitos de prisión preventiva oficiosa que son doce. Pero si le quitamos traición a la patria, terrorismo y parricida, son menos”.

Expuso que hacen falta especialistas para judicializar las carpetas de investigación, aunque no sean delitos de alto impacto. La procuraduría tiene congeladas 17 mil carpetas de delitos que no son graves. Para la gente común, cualquier asunto, por más insignificante, le importa. “Al delincuente de poca monta lo detiene la policía, lo pasa al ministerio público que le dice a los parientes, no contraten abogados, ya que existen defensores de oficio, para no gastar. El primer cáncer que tienen los litigantes es que se acabará el trabajo. Tenemos que esperar a que colapse el sistema penal potosino, como en otras partes, cuando se sature la defensoría social o la Comisión Estatal de Víctimas, para entrar a la jugada. El que salgan muchos delincuentes, no significa que no funciona el reciente esquema. Hay que probar y argumentar ante el juez para que aplique la llamada cárcel sugerida”.

Atala indicó que para contrariedad de muchos, el nuevo sistema penal adversarial acusatorio es más inquisitorio. “Ocurre lo mismo con los nuevos teléfonos, se usa un 5% porque no sabemos bajar las aplicaciones. Los que sostienen que es para liberar criminales están equivocados. Es cierto que se pondera el principio de presunción de inocencia. No significa que a un delincuente, al que la autoridad lo tiene identificado, con pruebas científicas, donde la policía hizo una pesquisa cierta y correcta, no se le debe juzgar. La policía ministerial debe alejarse de la tortura e intimidaciones. No es cierto que el ministerio público hay perdido la potestad de las acciones e investigaciones. Son los rectores de las indagaciones. Pero los nuevos son chamacos salidos del cascarón, sin la mínima idea del nuevo sistema, deficientes en sus conocimientos jurídicos. El nuevo sistema es tan perfecto y claro que los vecinos del norte no lo han cambiado”.

“Pero Estados Unidos no tiene las miles de complejidades de México. Es un reto ser ahora un abogado de verdad. Para abordar un asunto penal, se deben analizar al menos 20 leyes. No es un tema de contabilidad, donde se pone una columna de entradas y salidas. Y si se gasta más de lo que se gana, hay problemas. Es momento de dejar el escritorio y bajarnos del triciclo jurídico, darnos cuenta de que una persona de 60 años pide limosna porque no existe un régimen de seguridad social que lo proteja. Un chamaco de 20 años, empuña una pistola, maneja un carro robado y trae una bolsa de cocaína porque no tiene una alternativa escolar ni laboral. Su padre está en la cárcel. A la madre la acaban de correr de la zona industrial porque no se quiso acostar con el supervisor. Es lo que pasa en la zona industrial de San Luis. Y nos peleamos por otro tipo de vertientes. No habrá fiscal ni abogado que tenga la capacidad jurídica para enderezar a la fiscalía, cuando existe un DIF que regala cunas de cartón y pañales de a kilo. Cuando ayuden a estudiar, quitar el hambre a los jodidos y saquen del hambre a los indígenas, entonces el mundo será distinto”.