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Las ventajas políticas y económicas de Ruth González Silva, presidenta honoraria del DIF estatal

No obstante presumir que la figura de presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es honorífica, en donde no percibe algún ingreso, la titular, Ruth González Silva, consigue beneficios personales. No justifica el uso de recursos públicos del mismo organismo, para exaltar y promover su imagen, cercanas las próximas elecciones, donde aspira llegar al senado de la república.

Una muestra de que saca ventaja del cargo, se dio en el segundo informe de actividades, realizado en el Centro de las Artes, en el que predominó el derroche y el  impacto político, como los principales elementos. Para conocer el gasto erogado, La Noticia, a través de un requerimiento de datos, solicitó conocer el total erogado, con desgloses y copia de las facturas de los pagos realizados.

En respuesta, el DIF señaló haber invertido 766 mil 296 pesos por concepto de audio, video, iluminaciones, internet y sillas, contratadas a la empresa Bravo Publicistas, dedicada a la propaganda e impresiones. La dirige Nelly Abigail Hernández Jiménez, quien destaca como una de las privilegiadas en contratos con la actual administración estatal, Congreso del Estado y diversos partidos políticos, como el Partido Verde Ecologista. En el primer informe de Gallardo Cardona, el vocero estatal, Gerardo Zapata, la favoreció con más de 2 millones de pesos por concepto de renta, impresiones, instalaciones y desmontaje de espacios propagandísticos.

Aunque el Centro de las Artes renta sus instalaciones para diversos actos sociales, en el segundo informe de Ruth González, no le cobró un solo peso. Lo confirmó el mismo DIF estatal en el requerimiento de datos. Respecto a los adornos que se instalaron, expuso que tampoco erogó un centavo, no obstante que los facilitó la misma dependencia.  

Pero omitieron los gastos en las impresiones del documento, invitaciones, publicidad en medios informativos, gastos de cobertura, entre otros conceptos. Se constató que González alardea desempeñar un puesto “honorífico”, pero usa el erario para hacer compras sin concurso. La estructura de la dependencia la utiliza para enaltecer su imagen, ahora que busca una curul en el senado.

Desde hace varios meses, a través de medios electrónicos y escritos que controla Gallardo Cardona, han encabezado una campaña de posicionamiento de la figura de González. Destaca el portal Contra Réplica, cuyo dueño es Héctor Serrano Cortés,  dirigente estatal del Partido del Trabajo, amigo y socio del gobernador. Colocó un sinfín de espectaculares en el estado. Exalta los exagerados logros de la presidenta del DIF a nivel nacional. La desfachatez del medio, por enaltecerla, lo empujó a levantar una oficiosa encuesta aprobatoria de su trabajo en Veracruz.

Al requerir al DIF sobre los montos erogados para promocionar el desempeño de González Silva, en espectaculares y entrevistas en medios locales, la dependencia señaló que no se ha gastado un solo peso en el  rubro. En días recientes, el propio Gallardo Cardona aseguró que no se han invertido recursos públicos en campañas políticas. Le endilgó a los informadores, responder los cuestionamientos. Sin limitaciones legales ni económicas, González Silva aparece constante en los portales y páginas electrónicas que reciben cantidades millonarias por contratos publicitarios que les paga el vocero Gerardo Zapata, que oculta sin rubor, no obstante que la ley lo obliga a transparentar las erogaciones financieras.

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Atacan al «adicto» jefe de prensa Adrián Vázquez. Le piden a Carreras y Ugalde, se bajen el salario un 50%

En un hecho inusual por la línea que les imponen a los diputados del PRI los coordinadores de bancada, en la sesión de hoy el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández presentó y se le aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones un punto de acuerdo para pedir al gobernador Juan Manuel Carreras y al secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes, recortar en un 50% su salario y el de todos los secretarios del poder ejecutivo.

Segovia recibió el respaldo sólo de su homologo, José Luis Romero Calzada, pues los demás priistas, encabezados por el coordinador Fernando Chávez Méndez, le hicieron el vacío y abandonaron el recinto mientras se votaba y discutía la propuesta. Segovia también presentó un exhorto a la cámara de diputados federal y al senado para que disminuyan el próximo año las partidas destinadas a gestoría. Solicitó que los recursos ahorrados por las reducciones a los salarios de los funcionarios, se destinen a obras sociales en los municipios. A los que abandonaron la sala, expuso, los iban a regañar si se quedaban.      Por su parte Romero también arremetió contra el vocero estatal, Adrián Vázquez Méndez. Destacó que los ahorros que obtengan de las bajas de ingresos de los diputados y funcionarios, se destinen a obras públicas y no a mantener a empleados como el vocero de Carreras, al que se refirió como el “chaparrito adicto e intolerante”.

Romero insistió sobre el tema. Al final de la asamblea, pidió sin éxito, se le dijera sobre el acuerdo al llegaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la junta que sostuvieron con Vázquez. El legislador de Conciencia Popular Óscar Vera, que en cada sesión se confronta con Romero, le aclaró que los informes los pidiera a sus representantes Fernando Chávez y Manuel Barrera Guillén.

Los legisladores aprobaron con 20 sufragios a favor, se nombrara como contralor interno del Consejo Estatal Electoral a Jesús Chevaile Abad para el periodo del 1 de noviembre del 2016 al 31 de octubre del 2020. Se votó un punto de acuerdo para solicitar al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo investigar los sueldos, salarios o remuneraciones que percibe la titular de la secretaría de salud, Mónica Rangel, que en su comparecencia, reveló que gana 220 mil pesos mensuales. Se incluyen los directores de todas las dependencia. Vera planteó exhortar al procurador Federico Garza Herrera, implementar de inmediato el protocolo Ámbar para coadyuvar a localizar las mujeres y niñas desaparecidas en el estado. Erradicar la violencia de género y garantizar sus derechos humanos. Exigir al Instituto de las Mujeres y dependencias involucradas, actualizar el banco estatal de datos e informes sobre violencia contra el sector femenino.