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El nuevo sistema penal acusatorio ha dejado en libertad a 50 mil delincuentes en el país

El litigante Noé Yair López García destacó que el nuevo sistema penal acusatorio, hasta la fecha, se ha convertido en un fiasco, ya que uno de los fundamentos de la reforma era evitar el hacinamiento carcelario y la sobrepoblación. Como consecuencia, 21 delitos que antes se consideraban graves, ahora son simples. Los sentenciados pueden recuperar la libertad de manera rápida, lo que viene a dar al traste con la gente. Se maneja que han sido liberados más de 10 mil delincuentes por los delitos de fraude, robo, abuso sexual y daños patrimoniales en el Distrito Federal y 50 mil en todo el país.

Se clasifican como delitos graves los de carácter político y contra la seguridad del estado como narcotráfico, crimen organizado, sabotaje, motín. Indicó que en San Luis se ha convertido en aberrante el esquema de justicia. Se tuvieron 8 años para implementarlo y las autoridades no reaccionaron. Se creó una secretaría técnica que sirvió de caja chica para las administraciones del 2008 al 2016 y los resultados son el fracaso. También se considera el desempeño de la llamada policía científica. “El sistema no respeta los usos y costumbres de las localidades. No se ha proporcionado la infraestructura necesaria. Los nuevos agentes quizás funcionen en Chihuahua y otras partes de la frontera norte. Pero en la zona centro y sur, en las regiones huastecas, su eficacia es inexistente”.

Añadió que en Villa de Arriaga y Villa de Arista, los policías son personas que no saben leer o no tienen la secundaria. Lo que les impide desempeñar el cargo como lo exige el nuevo sistema penal acusatorio. En las capacitaciones, se dieron las corruptelas y nepotismo en el poder judicial. La mayoría de los nuevos jueces certificados son cercanos a funcionarios del gobierno estatal, poder judicial o legislativo. La forma en cómo llegan a desempeñar el cargo les resta credibilidad. Lo lograron por asignaciones automáticas, por lo que carecen de capacidad y conocimiento del derecho penal. La mayoría del gremio se formó dentro de lo que pudo. Pero a veces es insuficiente mientras no haya una sala especializada con audio, video, un dibujante. Además, en todas las audiencias debe estar presente el juez de control.

“En la práctica, se notan costumbres muy arraigadas en jueces y magistrados. Por desinterés o carga de trabajo, no están en las audiencias. El sistema es una utopía, ya que no existe la capacidad, ánimo, interés de hacer el cambio cultural como sociedad. En parte porque no se capacitó al público, sólo les interesó un sector de los abogados. El fracaso lo vemos porque en la reciente asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores, uno de los resolutivos es que debe haber cambios a la reforma y que a 15 años habría resultados. El sistema moderno en México va dirigido a privatizar el ejercicio de la ley en materia penal, mercantil o agraria”.

López García aseveró que en San Luis y otras partes hubo interés en los llamados juicios orales que ayudarían a resolver los conflictos. Pero sólo las personas que puedan cubrir un juicio, tendrán acceso a la justicia. Los juicios orales van acompañados de un procedimiento abreviado de las mediaciones en los conflictos. Uno de los candados que ponen las autoridades judiciales es que para llegar a un juicio oral, en las diversas materias del derecho, se tienen que agotar los centros de conciliaciones. Significa que si alguien es víctima de un robo o daño en la propiedad, puede acudir a presentar la denuncia. Para llegar a un juicio oral, debe agotar una medida conciliatoria. Tales centros son parte de la procuraduría de justicia. Pero en 10 años los absorberá la iniciativa privada. Si a alguien lo despiden del trabajo o es víctima de daños patrimoniales, debe ir primero al sitio mediador a firmar un convenio. Si se privatiza, hay que pagar el costo. Equivale a pagar dos veces, porque antes se cubrieron los servicios que debe garantizar el estado.

“Es donde está el truco de la iniciativa privada. Resulta lamentable que las autoridades no hayan puesto el interés necesario para alfabetizar a la gente en el tema. Estamos en un nuevo esquema de justicia con personeros del sistema anterior. Ahora se habla de un fiscal general y todavía existe un procurador, que ya no es propicio. Tienen un año de retraso. Como están las circunstancias actuales, llegará diciembre y no habrá cambios. En el nuevo esquema se va a revictimizar a la ciudadanía, ya que los jueces y magistrados, a la hora de resolver una sentencia, ponen en primer lugar el debido proceso. No se preocupan si el imputado es culpable o no del delito. Buscan que se le haya leído la carta de derechos, si la policía hizo su adecuado trabajo, si se respetaron los derechos humanos y garantías. Son elementos suficientes para que el juez de control lo declare absuelto”.

“A nivel nacional está el ejemplo de la francesa Florencia Cassez a la que no se le juzgó por secuestro o estar asociada en raptos. Se valoraron las violaciones al debido proceso, el montaje mediático, no se presentó de inmediato a la autoridad, no se notificó a la embajada de su país. Fue lo que ayudó a obtener la libertad. Es lo mismo que pasó con Las Abejas, un grupo paramilitar de Chiapas que asesinó a varios indígenas. A nivel local figura el crimen de una bachiller en el Salesiano a manos del sacerdote José Carlos Contreras. No se valoró si cometió el delito. Sólo que no se respetó el debido proceso. Los elementos y pruebas que presentó la procuraduría, resultaron insuficientes. Los juzgados federales dijeron que se violentó el debido proceso. Es preocupante la manera de resolver y procurar justicia. Por encima de la responsabilidad de los presuntos culpables se impone la primacía del debido proceso”.

Noé Yair López expuso que el nuevo esquema de justica es una réplica del derecho anglosajón, ajeno al estricto derecho que permeó por décadas en México. Hubo un brinco del esquema romano al que ahora prevalece. Enfatizó que las universidades privadas se han adelantado a implementar y capacitar en la nueva era del derecho. La rebasó la Universidad Tangamanga, Interamericana para el Desarrollo y Valle de México que modificaron programas y planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado con carreras propias o dirigidas al estudio de los juicios orales en México. En la autónoma apenas tienen especialidades.

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Desconocen al dirigente de la FUP, Guillermo Rivera, por ineficaz

 El Frente Estudiantil Potosino, conformado por cerca de 30 alumnos de las facultades de Derecho, Humanidades y Psicología, buscan velar por los intereses reales de los estudiantes potosinos, los cuales se ven afectados por la inoperancia de los actuales líderes universitarios. El órgano se conformó con la finalidad de luchar contra el alza del transporte público y aplazar el pago de la cuota de inscripción a la universidad. También apoyan al grupo Cambio por San Luis, que se opone al alza de los combustibles.

FEP
Integrantes del Frente Estudiantil. Reclamos

Indicaron que como estudiantes deben asumir un compromiso ante los problemas que se presentan dentro de la escuela y comunidad. Sumarse a la lucha en asuntos que afectan a las mayorías. La alumna de derecho, Claudia Hernández, señaló que a través de un pliego petitorio que se entregó el 18 de enero, solicitaron una prórroga para dividir las inscripciones en tres pagos. Les concedan mayor tiempo para saldar el adeudo y no perder la alternativa de continuar los estudios. Fue un logro gracias a las movilizaciones. Se consiguió que el congreso subsidiara con 20 millones de pesos las cuotas y colegiaturas. Lo que derivó en descuentos hasta de 3 mil pesos.

Hernández indicó que en el tema del trasporte público, una de las iniciativas que se pretenden realizar es que el servicio regrese al manejo estatal, que no siga en manos de concesionarios privados, que cada rato presionan para incrementar la tarifa. Pero es un asunto que engloba a todos los sectores. Calificó el desempeño del líder de la Federación Universitaria Potosina, Guillermo Rivera Morales, como deficiente, ya que en el consejo del transporte, aceptó y dio como un logro positivo, que el costo no aumentará en los próximos tres meses. Ocultó que para abril, el boleto valdrá 8.50 pesos. Lo censuró de no velar por los intereses de quien los representa. Expuso que lo descalifican y desconocen como su líder.

El FEP trabajará en conjunto con la facultad de nutrición para realizar asambleas donde se logre hacer conciencia de cómo el aumento a los combustibles afecta directo a la canasta básica. El alumno de humanidades, Marco Ernesto , indicó que se manejan de manera autónoma, sin membrete o algún nexo político. Al margen de la FUP ya que no responde a las necesidades de los estudiantes y poco compromiso con los problemas sociales. Calificó de irregular el desempeño de Guillermo Rivera, que actúa de manera oportunista al adjudicarse logros que obtuvieron otras personas.

 

 

 

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Los contradictorios ingresos de Juan Manuel Carreras

Enemigo de la transparencia y rendición de cuentas, proclive a falsear datos que impidan conocer el monto de sus riquezas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, con su oblicua conducta, ha generado múltiples suspicacias en torno a sus ingresos mensuales, ya que se manejan cifras disímbolas. Lo ubican como el segundo mejor pagado en todo el país, apenas superado por su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez, que percibe al mes 207 mil 306 pesos. El doctor en derecho percibe 198 mil 654 pesos al mes, según datos de una lista nacional donde contrastan los ingresos de los restantes mandatarios. Resulta un funcionario caro, ya que su desempeño ha sido irregular. No obstante haber contado con un presupuesto de 35 mil millones de pesos en el primer año de gestiones, no llevó a cabo una obra relevante que lo identifique. Al contrario, se empecinó en construir un metrobús sobre la avenida Industrias que rechaza la mayoría de habitantes, ya que afectará a miles de comercios. Insiste en hacer obras innecesarias y superfluas en la avenida Carranza, la de mayor plusvalía en la capital, sin tener el aval de los beneficiarios. Errático, sin rumbo, Carreras ha sido cuestionado por su abulia para resolver los incontables feminicidios, secuestros, levantones, asaltos, robos de vehículos, hogares y transeúntes. Por su comprobada inoperancia, los articulistas del diario Pulso, Leonel Serrato y Oswaldo Ríos, irónicos, lo llaman Carreritas y Gutierritos, con lo que aluden a un patiño de telenovela, un oficinista sin carácter al que todos pisotean. Como a Carreras, esclavo de los grupos que lo llevaron al poder.

En la lista de salarios que se anexó a la iniciativa de la ley de presupuesto de egresos 2016, presentada por el ejecutivo al congreso en diciembre del 2015, se estableció que Carreras tendría un salario de 54 mil 327 pesos. La cantidad se publicó en las instancias de transparencia del gobierno estatal. En junio del 2016 se supo que en realidad ganaba 139 mil pesos mensuales. No se aclaró si son netos, con o sin impuestos, ni si tenía otros ingresos como bonos o compensaciones, ya que se ubica en el nivel 20 de la burocracia. Tuvo un súbito incremento del 155%, equivalente a 84 mil 678 pesos. El combativo dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, denunció que los ingresos de Carreras son confusos, al manejar dos cifras distintas. En el portal electrónico institucional se manejó que percibía 137 mil 746.26 pesos hasta el 31 de mayo del 2015. Citó que en la página de transparencia que maneja el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, aparece un tabulador donde se consigna que el académico tiene ingresos por 54 mil 327 pesos. González aludió al portal Uniónjalisco, donde se dijo que el ex mandatario Fernando Toranzo, en el 2013 ganaba 132 mil 146 pesos, pero en el 2015 alcanzó los 196 mil 654.52 pesos. En la página electrónica del gobierno estatal le adjudicaron una paga de 137 mil 746.28 pesos.

Sin embargo, en el presupuesto de egresos del 2017 que los diputados locales aprobaron el 15 de diciembre, aparece que Carreras tiene proyectado percibir ingresos anuales por 2 millones 231 mil 918 pesos. Al mes, 185 mil 993 pesos. Los diputados aprovecharon la coyuntura para sacar su propio beneficio. Por las presiones sociales, acordaron reducirse 25 mil pesos. Si ganaban antes 115 mil 858 pesos, ahora recibirán 162 mil 816 pesos, para alcanzar al año un total de 2 millones 207 mil pesos cada uno. Acumulan prestaciones por casi 800 mil pesos, donde se encuentran 90 días de aguinaldo, dos primas vacacionales, seguro de gastos médicos, pagos de asesorías, gestiones y otros rubros. Los 27 legisladores absorben 81 millones 209 mil 384 pesos al año. Hay dos alcaldes que le compiten en voracidad salarial a Carreras. El de Xilitla, el panista Xavier Pacheco Sánchez, cobra por sus servicios 109 mil pesos al mes. El municipio tiene un 85% de pobreza extrema. Cada rato viaja al extranjero de picnic. Otro con altas percepciones es el edil priista de Tamasopo, Gabriel Hernández Aguilar, que percibe arriba de 104 mil pesos al mes. No le importa cargar estadísticas del 73% de pobreza extrema. Carreras destacó que sus percepciones se ubican dentro del marco legal. Presumió que las maneja con absoluta claridad. Paternalista y solidario, el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, enfatizó que el ejecutivo gana 139 mil pesos desde el 2012. Aceptó que existe un error en el portal de transparencia.

Debido al vacío de poder que genera Carreras, la secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al comparecer ante los diputados, después del primer informe de actividades de su jefe, reveló que gana 222 mil 251 pesos mensuales. Más de 80 mil que el propio Carreras. La dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz, denunció que por la cifra desorbitante, la funcionaria se imagina intocable, una diosa. «Es una burla para los trabajadores y usuarios de los servicios de salud, ya que sobresale por correr a más empleados. Ha cerrado varias clínicas en la huasteca por falta de recursos. El hospital central padece de insumos con frecuencia». Solicitó al auditor superior del estado, José de Jesús Martínez, investigar el salario de los integrantes del gabinete estatal, donde podrían manejar una nómina maquillada. Carreras se proyectó defensor de la norma. Destacó que existe un principio constitucional donde se establece que nadie puede superarlo en ingresos. Se refería al artículo 133, apartado II donde habla que ningún funcionario ganará más que el gobernador. El tabulador estatal del 2016 consignó que los secretarios perciben 128 mil 608 pesos como máximo. El diputado Óscar Bautista señaló que buscarán equilibrar las pagas para no dañar la economía de los ciudadanos. Justificó las ganancias de Rangel, ya que además de secretaria es directora de los servicios de salud. Alardeó que los legisladores se bajaron el ingreso en 25 mil pesos, lo que deben imitar los integrantes del ejecutivo y judicial.

En las redes sociales se comentó que San Luis ocupa el sitio 16 en el Producto Interno Bruto. El poder adquisitivo de sus habitantes en promedio es de los más bajos. Según indicadores nacionales, el 49.5% de los pobladores viven en pobreza y pobreza extrema. En tal contexto, Carreras «tiene el segundo sueldo más alto de todos los gobernadores. Gana 10 mil dólares al mes, 197 mil pesos, más otros ingresos, como el llamado bono de productividad y eficiencia. A tal individuo no se le puede tener el mínimo respeto. Más, por tratarse de un intelectual preparado. Es otro vulgar abusador de la gente que baila al son del dinero mal habido. ¿En verdad creen que paga la gasolina de su coche?. Es una pena que nos gobierne». Previo a las elecciones, Carreras como otros candidatos, se comprometió en dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. No cumplió, lo mismo que el ganador de los comicios en Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Al contrario, fue exhibido de alterar datos. El ex diputado local y notario público número uno, Eduardo Martínez Benavente, aseveró que «su declaración patrimonial es oscura e imprecisa. Es uno de los asuntos más delicados que se le han remarcado, por lo que debió debió esmerarse en transparentarla, proporcionar todos los datos actualizados de sus bienes. Sin importar que la deficiente normatividad que regula la obligación no se lo exija. Me refiero a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la universidad de Estudios Superiores, el de Madero y Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario…continúa (tomado de la revista impresa, DICIEMBRE 2016)