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Todos están fuera del PRD

Después de adueñarse del PRD estatal con métodos gansteriles, resultó inverosímil la salida del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, junto con 8 legisladores que tienen en común un negro historial. Pragmático a ultranza, se manejó que la jugada de fondo era facilitarle en lo sucesivo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se le apruebe cualquier iniciativa, como la de la guardia nacional, sin necesidad de negociar los votos que le faltaban con el PRI y PAN. Aunque ya antes el tabasqueño aseguró que iba a perdonar a mafiosos y rateros, el ex edil de Soledad aprovechó la coyuntura para asegurar que en el futuro, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, ya no sean llamados a cuentas por los robos multi millonarios que cometieron al erario de Soledad y la capital.

Aunque se culpó al senador Ricardo Monreal de levantar “basura” por todos lados, para lograr mayoría en las votaciones legislativas, Gallardo Cardona se colgó de las especulaciones de que había negociado la dirigencia estatal de Morena. Le llovieron ácidas críticas de rechazo. Luego habló de que sus huestes se habrán de sumar a una nueva fuerza política que está en su preludio. No obstante que se pinta como líder moral, no lo siguió en su lance el dirigente local del PRD, Ignacio Segura Morquecho, que maneja de prerrogativas mensuales más de 3 millones de pesos. Tampoco lo respaldó su progenitor.

Se creyó que se trataba de una maniobra similar a cuando uno de apuntó por la corriente de Alternativa Democrática Nacional y otro por Nueva Izquierda, para quedarse con el control absoluto del comité estatal. Ahora hubo mutis del ex edil caído en la desgracia. No se sabe a dónde irán a parar las decenas de miles de votos con los que ganaron la senaduría para la incondicional Leonor Noyola, la curul federal del ex munícipe, la local de Emanuel Ramos, varias alcaldías y regidurías. Se ignora quién habrá de aglutinar tanta fuerza dispersa.

Mientras los Gallardo se ahogan en las indecisiones, el comité nacional del PRD mañana envía a San Luis a un delegado plenipotenciario, Ángel Ávila, que viene a formar una dirigencia provisional colectiva que estará integrada por el ex regidor de la capital, Juan José Ruiz. El ex secretario del ayuntamiento y ex síndico con los Gallardo, el también ex presidente estatal del PRI, Pedro Olvera Vázquez. El dirigente campesino, Ángel Altamirano. Otro es Gregorio Pérez Jiménez, María de Lourdes Reséndiz González y Norma Andrade. Los Gallardo y sus cómplices, expertos simuladores, golpistas por antonomasia, ya no tienen las riendas del PRD. Están en la orfandad política, como al inicio de su tenebrosa carrera.

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INMORAL AGENDA LEGISLATIVA DEL DIPUTADO RICARDO GALLARDO CARDONA

En una actitud inmoral que debió de esperarse de Ricardo Gallardo Cardona, hace unos días en la capital de la República acompañado de miembros “distinguidos” del agonizante PRD Ricardo Gallardo Cardona presentó lo que llamó aspectos importantes de su agenda legislativa que busca que los miembros de la bancada del PRD le apoyen.

Ricardo Gallardo está proponiendo al Congreso de la unión la legalización de la marihuana para fines lúdicos, es decir exclusivamente para el placer y el goce no como medicinal. Este es un proyecto que no es totalmente aceptado por todas las sociedades de San Luis Potosí; y no porque seamos tradicionalistas o “mochos” sino porque estamos conscientes que este tipo de estupefacientes tiene consecuencias inmediatas, y a largo plazo sumamente graves. Sobre todo en los niños y adolescentes.

Su amigo y asociado político Xavier Nava Palacios cuando fue diputado federal por el PRD, es decir antes de ser candidato del PAN a la presidencia municipal de la capital ya había defendido esta iniciativa que ahora su amigo Ricardo Gallardo retoma y la plantea como uno de los proyectos propios y del PRD.

Otra de las propuestas legislativas de Ricardo Gallardo es legalizar el aborto en todo el país; no como una condición para conservar el equilibrio poblacional o el equilibrio económico. Si no como una forma absoluta de falta de respeto a la vida humana.

Recientemente la presidenta del DIF municipal de la capital potosina, que es la esposa de Xavier Nava declaró a los medios que ella apoyaba y estaba de acuerdo en la legalización del aborto.

Otro de los proyectos cumbre de su actividad legislativa Ricardo Gallardo propuso trabajar en iniciativas para legalizar civilmente los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Ya durante su gestión como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez había apoyado a este grupo de ciudadanos, inclusive económicamente al apoyarles con la renta del Teatro Cine Alameda en donde se realizaron los certámenes denominados “Señorita Gay”, asimismo se distinguió Ricardo Gallardo por su apoyo a estos grupos denominados “lésbico, gays, travestis y transexuales”. Con quienes al parecer por alguna razón se siente sumamente identificado.

Desde luego que en México existe la libertad política, religiosa y sexual, pero en la sociedad potosina a pesar de que se respeta profundamente la inclinación sexual de las personas, exceptuando el bestialismo (tener sexo con animales), la pedofilia (tener relaciones con menores de edad), existen ciertos parámetros de costumbres en cuanto a la privacidad de las relaciones sexuales y en cuanto a conservar los principios de la naturaleza de la procreación únicamente entre hombres y mujeres y entre machos y hembras de la misma especie. Lo demás es “contra natura”.
Estos son los proyectos cumbre y sobresalientes del diputado federal representante de San Luis Potosí ante el Congreso de la unión Ricardo Gallardo Cardona.

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Gallardo Juárez repartió la obra pública, a un grupo de 31 contratistas privilegiados (Los más beneficiados) Parte 2

El más consentido

En el mandato de Gallardo Juárez los mayores montos de obra pública se entregaron a la  constructora Sarqco Servicios de Arquitectura y Construcción con un monto de 109 millones, 159 mil 175.75  pesos, en 31 acciones. Aunque la mayoría las fraccionó en cifras que no rebasaron los 3 millones de pesos, estaba obligado a llevar las licitaciones, como pasó en el camino Real a Saltillo o de la calle La Pedrera. Pero hubo otras más caras, como el rehabilitado de Prolongación Moctezuma, tramo Las Morenas a Cruz Colorada por 26 millones 500 mil 488. 34 pesos. La construcción camino Real Saltillo, tramo de Xochicalco a Cuauhtémoc por 13 millones 88 mil 153.66 pesos. Rehabilitación del alumbrado público en avenida 20 de noviembre, tramo de Pípila a Acceso Norte, por 8 millones 40 mil 340.71 pesos.

Gallardo hizo trampas para dejar a Sarqco como el único concursante en el rehabilitado de la calzada de Fray Diego de la Magdalena, lo que generó protestas y demandas penales de los contratistas excluidos y constantes manifestaciones de los colonos que jamás fueron consultados y rechazaron se haga un puente que acabaría con la vida económica, religiosa y cultural de la zona. Los inflados costos alcanzaron los 225 millones 836 mil 781.72 pesos, de los cuales entregó un anticipo del 50%. Gallardo fue denunciado por su insistencia en violentar la norma e ir contra la voluntad de los ciudadanos. Tenía como propósito aumentar la plusvalía de múltiples negocios cercanos como la agencia de carros Creativa Motors, el motel Ruta 66 y el salón de fiestas La Candelaria, ubicados en el Sauzalito, en la carretera con salida a Zacatecas.

El dueño del hospital Nuestra Señora de los Ángeles, Jalil Chalita Zarur, interpuso un amparo ya que se opuso a las obras sin consenso. Se le sumaron decenas de vecinos que hicieron varias marchas de protestas por la gran cantidad de irregularidades, como la llamada primera etapa que nunca se efectuó. Esperan que la Secretaría de la Función Pública emita un resolutivo sobre la reasignación de la obra, el dinero que recibió Gallardo proveniente del ramo 33 y el pago que hizo de manera ilegal al contratista. El edil Xavier Nava Palacios asegura no conocer el destino de los fondos, por lo que reclama, le sean devueltos.

La empresa Sarqco, Servicios de Arquitectura y Construcción, asegura dedicarse a la compra, venta, urbanización, construcción, remodelación, promoción, administración y diseño de toda clase de obras relacionadas con la ingeniería civil. Al constituirse como sociedad, tuvo como representantes y administradores únicos a Marcela Guadalupe Castillo Ojeda y Juan Carlos Castillo Ojeda, ambos conocidos por la dupla Gallardo Cardona y Gallardo Juárez en sus mandatos en Soledad, donde les otorgaron los más jugosos contratos de obra pública.

La Auditoria Superior del Estado consignó que Gallardo Cardona tan solo durante 2013, le entregó a Juan Carlos Castillo Ojeda 42 millones de pesos en contratos correspondientes a 14 obras, de las cuales 4 fueron otorgadas en forma directa, 5 por invitación restringida y 5 en licitaciones directas. Entre el gremio se conoce a Castillo Ojeda como testaferro del constructor oriundo del Refugio, Ciudad Fernández, Óscar Compeán Vázquez, al que se ubica como el más cercano en la red de negocios de sus mecenas.

En las últimas modificaciones legales y administrativas de la constructora Sarqco Servicios de Arquitectura y Construcción, Juan Carlos Castillo Ojeda fue relevado como administrador único por su hermana Marcela Guadalupe Castillo Ojeda. Aunque recibieron inyecciones millonarias, tienen unas modestas oficinas, apenas visibles, en un pequeño local en la segunda planta de una casa ubicada en República de Perú en la colonia Satélite.

La segunda firma predilecta de Gallardo Juárez fue Cumaru´s, que obtuvo 69 millones 568 mil 96.12 pesos en 22 contratos. Le endosó el rehabilitado de los carriles centrales de la avenida 20 de noviembre con un costo de 28 millones 972 mil 138.35 pesos. Cumaru´s dice ser una empresa dedicada a todo tipo de obra de ingeniería civil, eléctrica, hidráulica, edificaciones para particulares, instituciones públicas, servicios de mantenimiento industrial, colocación de todo tipo de basamentos y en cualquier actividad u obras accesorias. Establece que su domicilio está en Soledad, cuando se ubica en la capital, en la avenida Nereo Rodríguez Barragán 1114-2, en la segunda planta, donde comparte espacio con distintos negocios particulares. En el local expone en un pequeño letrero, que brinda servicios de albañilería, instalaciones eléctricas, plomería, herrería, carpintería y acabados. Como representantes legales de la constructora aparece Joel Fernando García Rodríguez y Patricia Rodríguez Rivera.

El experto en la técnica comunista llamada tridilosa, Agustín de la Rosa Charcas, denunció que Cumaru´s ha sido favorecida en contratos desde que los Gallardo estaban al frente de Soledad. Ventiló que Cumaru´s pertenece en realidad a Óscar Compeán. Añadió que fue beneficiado de manera caprichosa para reconstruir la avenida 20 de noviembre. Se registraron 10 participantes que buscaron ganar el proyecto. La propuesta más barata fue de 13 millones 404 mil 232.2 pesos. La más alta  alcanzó los 34 millones 139 mil 259.26. Según los conceptos de solvencia, precio y financiamiento, la obra tuvo que ser adjudicada a la oferta que rondara los 15 millones de pesos, precio más apto para los trabajos. Al final se otorgó a Cumaru´s que presentó una corrida de 24 millones 975 mil 981.34 pesos con un sobreprecio del 70%, que también quedó rebasado, ya que la suma se elevó a los 28 millones 972 mil 138.35 pesos.

La tercera constructora que más benefició Gallardo Juárez fue Arquitectura, Infraestructura y Supervisión, que percibió casi 67 millones 803 mil 494.94 pesos por un total de 24 obras que se le adjudicaron, como el rehabilitado de la avenida Universidad, tramo del puente a la calle Novena. Tuvo un costo de 12 millones 740 mil 232.09 pesos. Gallardo la explotó como un ícono de sus logros durante tres años de gestiones. Sobresale por el monto el rehabilitado de Francisco Martínez de la Vega, tramo bulevar Españita a avenida Industrias que tuvo un costo de 5 millones 466 mil 177.53 pesos. Pero según versiones de distintos medios, manejó un total de 8.6 millones de pesos.

Arquitectura, Infraestructura y Supervisión es propiedad de Araceli Iglesias Castillo y Jesús David López Arrieta. Prestan servicios en diseño, cálculo, construcción de obras de ingeniería civil en general, edificación de inmuebles públicos, viviendas comerciales, vías de comunicación, como caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, muelles, sendas de navegación, obras hidráulicas de captación, almacenamiento y conducción de agua de riego, de uso doméstico, plantas de tratamiento, obras de urbanización como pavimentos, banquetas, redes de agua potable y drenaje entre otros servicios. Dice tener oficinas en Juventino Rosas #227, interior 0, en la colonia Jardines del Estadio, la misma que los propietarios. En internet carece de cualquier número telefónico, de oficinas o datos de López Arrieta, el administrador único. Tampoco tiene página de Facebook o web donde exhiba sus servicios.

Los cuatro fantásticos

Gallardo Juárez utilizó un pequeño grupo que durante tres años acaparó los principales trabajos. Poseen varias constructoras que amasaron 93 obras en total. Se trata de Obras Electrociviles del Potosí, Instalaciones y Tecnologías para la Construcción, Ingeniería Integral Vepec y Construcción Eléctrica, Hidráulica y Civil. El cuarteto es representado por la familia Chávez Martínez, Chávez Martínez Padrón, Chávez Díaz de León y Díaz de León Moreno.

Obras Electrociviles del Potosí dice ser administrada por Catalina Martínez Padrón y Concepción Catalina Chávez Martínez. Se dedica a obras que generan y conducen energía eléctrica. Se ubica en Calzada de Guadalupe #360, barrio de San Miguelito. En los últimos cambios, se le otorgaron poderes generales a Concepción Catalina Chávez Martínez. En el aumento del capital, se tuvo como único  inversionista a Luis Felipe Chávez. A la firma Gallardo le entregó 64 millones, 537 mil 250.61 pesos en 23 obras. Destacan por su mayor monto los arreglos a la calle Crisantemo, entre Camino Real a Saltillo a vías del ferrocarril, colonia Las Flores, con un costo de 9 millones 538 mil 783.41 pesos. Sin embargo, la entonces titular de obras públicas del ayuntamiento, Leticia Tinajero, cuando la inauguró, en boletines que circularon en distintos medios informativos, manejó costos por 13.6 millones de pesos.

Resaltó la ampliación del puente vehicular en el eje 104, tramo al cruce con Río Españita, con un costo de 5 millones 306 mil 582 pesos. A los pocos días se manejó en diarios locales que la obra se encontraba en total abandono, lo que generó  molestias en los lugareños, ya que sufrían inundaciones en tiempo de lluvias. La misma constructora hizo el rehabilitado del Camino a Santa Rita y calle 24 de febrero por un costo de 7 millones 530 mil 840 pesos. La cifra no concordó con los números expuestos en varios medios donde manejaron gastos por 3.8 millones de pesos. También llevó a cabo los trabajos de la calle Loma de San Juan, tramo de Monte Alto a La Pedrera, por un costo de 5 millones 996 mil 286.97 pesos.

La constructora Instalaciones y Tecnologías para la Construcción señala como representante legales a Luis Felipe Chávez Díaz de León y Luis Felipe Chávez Martínez, con el poder de represente único. Señala como domicilio Villa de Fray Mayor 505, colonia Villa Antigua. Instalaciones y Tecnologías para la Construcción expone ser una empresa dedicada compra, venta, urbanización, construcción, remodelación, promoción, administración y diseño de toda clase de obras relacionadas con la ingeniería civil, industrial, geológica, ambiental, arquitectónica, hidráulica, topográfica y las demás ramas inherentes a la ingeniería y edificación.

Le adjudicaron 19 obras con un monto cercano a los 59 millones de pesos. Resaltan los trabajos del llamado mercado Tepeché, donde Gallardo buscó acomodar a los ambulantes, a los que reprimió y chantajeó. Constó de dos etapas. La primera fue de rehabilitaciones donde erogó 4 millones 626 mil 82.40 pesos. En la segunda, para construir un mercado que no existe, dilapidó 26 millones 571 mil 695.27 pesos. Las erogaciones totales fueron de 31 millones 197 mil 777.67 pesos. En los documentos obtenidos por transparencia, tuvo el arrojo de informar que se encuentra al 100%.

Ingeniería Integral Vepec tiene como representante a Luis Alberto Chávez Martínez. Expone que su empresa se dedica a prestar servicios relacionados con el diseño, construcción, instalación, remodelación, mantenimiento, reparación, promoción, administración y aprovechamiento de toda clase de obras relacionadas con la ingeniería eléctrica, hidráulica, civil, industrial, geológica, ambiental, arquitectónica, topográfica y similares. Obtuvo contratos de 26 obras con un costo total de 52 millones 925 mil 70.29 pesos. Destaca por el mayor monto, el arreglo de la calle Loma Azul, tramo de Jasso Reyes a Monte Casino por 3 millones 37 mil 718.85 pesos. Y los trabajos en Amapola, tramo camino Real a Saltillo a Bugambilias, con un costo de 3 millones 226 mil 660 pesos.

La empresa Construcción Eléctrica, Hidráulica y Civil tiene de representante a Ernestina Díaz de León Moreno y Alberto Carlos Díaz de León Moreno. Dicen tener oficinas en Fuente de la Montaña 313, en la colonia Balcones del Valle. Sin embargo, el domicilio no coincide con el anotado en un directorio de internet donde se muestran diversas empresas del ramo en San Luis Potosí. Manejan oficinas en Villa de Fray Mayor 506, Villa Antigua. El mismo sitio que expone el representante legal de la constructora Instalaciones y Tecnologías para la Construcción. Construcción Eléctrica, Hidráulica y Civil presta servicios de construcción a todo tipo de casas y edificios, puede adquirir, fraccionar y urbanizar terrenos suburbanos, vender lotes resultantes, así como realizar proyectos de arquitectura, construcción, diseño, remodelación y planificación de toda clase de obras. Gallardo le entregó 25 obras por una cantidad cercana a los 50.5 millones de pesos. Hizo la construcción con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario y alumbrado público en Jasso Reyes en la colonia Satélite, por un monto de 9 millones 349 mil 778.55 pesos. Además la construcción de la calle Camino Real a Guanajuato, tramo de Edison a Ampere, por un costo de 5 millones 418 mil 148.54 pesos.

 

Tomado de la revista escrita edición mes de Enero……..

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Juan Manuel Carreras y Martín Juárez, la dupla de la derrota

A la debacle nacional del PRI, no podía faltar la de San Luis Potosí. No obstante el huracán de Morena que los sepultó, todavía se mantiene como dirigente el también inocuo diputado local Martín Juárez Córdoba. Su mayor mérito partidista para ganar el cargo es haber sido delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la etapa que su jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras, fue secretario del ramo educativo.

Carreras y Juárez son los responsables de que el PRI haya perdido las principales alcaldías, como la de la capital, Rioverde, Valles, Matehuala y Tamazunchale. Tampoco son mayoría en el congreso local, donde de 27 diputados, apenas lograron 5 curules, tres de mayoría y dos plurinominales, donde se ubica Juárez y la ex oficial mayor del poder legislativo, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que tiene como principal consigna, defender los millonarios latrocinios de su jefe, el ex mandatario Fernando Toranzo Fernández.

El PRI local consiguió ganar en votaciones abiertas el tercer distrito local, con cabecera en Santa María del Río, donde compitió aliado al Verde Ecologista y Nueva Alianza, Héctor Mauricio Ramírez Konishi. En el distrito 4, con cabecera en Salinas, se impuso, junto con el Verde y Conciencia Popular, Laura Patricia Silva Celis. En el 14, con cabecera en Tancanhuitz, junto con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, se coló María del Rosario Sánchez Olivares.

Una de las virtudes capitales de Juárez es obedecer, acatar las órdenes que le dictó de manera férrea Carreras, que tiene alma de panista. Se le recuerda enfundado en una camiseta del PAN, en un mitin del ex presidente Felipe Calderón en la Plaza del Carmen, donde le levantó la mano. Lo que se le sirvió ser después director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, donde obtuvo datos para luego traficar con un lote que le entregó al ente Antorcha Campesina.

Por sus oscuras alianzas con el PAN, Carreras y Juárez jugaron a perder la capital, donde impulsaron como candidata a la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa, que desempeñó un papel testimonial. Sin recursos ni la estructura institucional de su partido, se concentró en dar entrevistas televisivas. Hizo el cierre de campaña en el palenque de la Feria Nacional Potosina, donde no juntó ni mil seguidores.

Lo cierto es que Carreras y Juárez apostaron al triunfo del candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios, sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, al que el doctor en derecho le debe su biografía política. Sánchez también tiene de alfil a Fernando Silva Nieto, al que hizo gobernador. Sánchez y Silva proyectaron a Carreras como delegado de Programación y Presupuesto, secretario de desarrollo social y diputado federal, donde trabó amistad con Calderón.

La misma estrategia de abandono activaron en Soledad Carreras y Juárez, donde el PRI postuló a la ex directora de gobernación, Margarita Hernández Fiscal, acusada de coludirse con los dueños de los giros negros, a los que solapó infringir la ley, al no respetar horarios para la venta de alcohol y estar cerca de centros educativos o de iglesias. También fue para facilitar el triunfo del edil perredista, Gilberto Hernández Villafuerte, títere de sus verdaderos y únicos jefes, los ex munícipes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con los que Carreras tuvo un pacto inicial, ya que lo ayudaron a ganar con fraude a la abanderada panista Sonia Mendoza.

Ante el creciente clima de violencia en la entidad, donde son cotidianos los asaltos con violencia, ejecutados, desaparecidos y feminicidios, diversos sectores le han exigido de forma reiterada a Carreras, hacer cambios en el gabinete. Se mencionó que el ex gobernador Fernando Silva, podría quedar al frente del sector educativo, en lugar de Joel Ramírez. En el PRI, quitar a Martín Juárez por el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, cuya escasa currícula se remonta a la etapa en que fue regidor de la capital con el entonces munícipe Luis García Julián. Tras cumplir con encargos electorales en el norte del país, de regreso, Pecina sufrió un choque automovilístico, donde perdió una pierna. Desde entonces lo cubre una aureola de sacrificio en torno a su partido.

Pecina se refugió en la religión protestante, junto con su familia. Ha ocupado diversos cargos administrativos, donde fue nominado “Anciano Gobernador”. En días recientes, le quitaron a uno de sus protegidos, Ariel Martínez Castro, conocido como “El Rey del Moche”. Pecina es quizá el único hombre leal a Carreras, con el que se vinculó hace varios lustros. Alardea ser chofer de su jefe, con el que ha recorrido más de 200 mil kilómetros en la complicada geografía nacional.

Igual que Juárez, Pecina desconoce los intríngulis del PRI. En caso de llegar como desesperado relevo, tendrá como encargo hacer todos los amarres necesarios para garantizar el triunfo del alcalde panista Xavier Nava Palacios, para tomar la estafeta que le deje Carreras. Y afianzarse como diputado local plurinominal con el objetivo de cubrir el retiro del doctor en derecho. Tratar de evitar que no sea llamado a cuentas por sus incontables corruptelas. A mitad del sexenio, aunque ejerce más de 40 mil millones de pesos anuales, no ha hecho una obra relevante.

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Aviadores, laudos laborales millonarios, sobornos a empresarios, quema de archivos, parte del legado de Juan Gabriel Solís en Villa de Reyes

El ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, El Panchillo”, dejó un ayuntamiento en quiebra, con una deuda a proveedores de 63 millones de pesos. Equivale a casi un 80% del presupuesto anual. Heredó una nómina de 150 aviadores que representaron un gasto de 2 millones 200 mil pesos. Laudos laborales por 8 millones de pesos y en el último año dispuso de una caja chica de 7 millones de pesos que manejó el ex secretario del ayuntamiento, Luis Miguel Espinosa, para repartir apoyos en forma arbitraria, con fines electorales.

El ex alcalde que pretendió relegirse en el cargo, dejó un caos administrativo, que incluye la quema de archivos de los departamentos de catastro y obras públicas. Se expidieron licencias de funcionamiento a negocios y gasolineras que estaban en proceso, con un avance del 20 ó 30%. La edil Erika Briones reportó las múltiples irregularidades a la Auditoria Superior del Estado como parte de la entrega-recepción. Exige se investigue y castigue a los responsables de las corruptelas que minaron las finanzas. Expuso que la deuda a proveedores se disparó en abril, mayo, junio y julio, los meses de campañas políticas. El mayor gasto fue por la compra de despensas, materiales para la construcción, gasolina y publicidad, donde se erogaron más de 4 millones de pesos.

Para tapar el pésimo manejo interno de los recursos y dispersar transacciones, se abrieron 120 cuentas bancarias, cuando un ayuntamiento como el de Villa de Reyes debe tener entre 4 y 5. Sobre los 7 millones de pesos que manejó como caja chica el ex secretario del ayuntamiento, Luis Miguel Espinosa, no se encontró evidencia documental de la entrega de los supuestos apoyos que otorgaba. Respecto a los 120 aviadores que se encontraron y fueron dados de baja porque nunca se presentaron, se presume que los recursos destinados para el pago, iban directo a los bolsillos del edil y secretario.

El ex edil Juan Gabriel Solís entregó vehículos del ayuntamiento desvalijados. En el caso de los camiones de basura, reportó haber adquirido unidades nuevas, cuando en realidad eran usadas. La de los bomberos que dejó, no corresponde a las características que se especifican en la entrega. La que está de resguardo en Protección Civil, es de menores dimensiones. Se alteró el número del motor y es de menos valor al que se especifica en documentos.

Briones señaló que con Solís imperó la corrupción. Cada departamento disponía de una caja chica de la que disponían los titulares a su antojo. Se utilizó la práctica de los moches para entregar  permisos, licencias de funcionamiento y otros trámites que expide el ayuntamiento. “Los cobros a comerciantes y empresarios se hacía, como dice el dicho popular, de acuerdo al sapo, es la pedrada. Hemos recibido quejas de que para todo pedían sobornos. Como el ex edil tiene una constructora, les otorgaba el permiso para construir, por ejemplo, una nave industrial, con la condición de que ocuparan su empresa. Nosotros venimos con un concepto muy diferente. Se va pagar conforme lo marca la ley. Trabajaremos muy duro para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, comerciantes y empresarios. Vienen muchas empresas a invertir en Villa de Reyes. El que estemos catalogados como un gobierno municipal corrupto por los malos manejos de anteriores administraciones, es muy grave. Lo vamos a subsanar”.

Indicó que una gran parte de los ingresos que recibía el ayuntamiento no eran reportados ni entraban a las arcas. Una muestra es que en el primer mes y medio, en el área de catastro, ingresaron 3 millones 100 mil pesos, cuando Solís reportó en todo un año fiscal, 4 millones y medio de pesos. Los 7 laudos laborales que le heredaron, ascienden a casi 8 millones de pesos. Se encuentran en etapa de ejecución. Se arrastran desde hace varias administraciones. No se les dio seguimiento y ahora tendrán que cubrir para evitar embargos al ayuntamiento. En base a la ley que la respalda, pedirá que se castigue a los ex funcionarios que fueron omisos y dejaron crecer el problema.

Briones destacó que pese al desarrollo industrial que registra Villa de Reyes, en las comunidades no se ha reflejado el despegue económico. Existen 40 años de atraso y el 60% de los poblados carecen de los servicios básicos. Aprovechará al máximo el conocimiento y relaciones que tejió como diputada federal para gestionar recursos y realizar por lo menos dos obras relevantes en cada comunidad, donde demandan agua, luz, pavimento y drenaje. En la cabecera municipal ampliará la red eléctrica y de agua potable. Terminará la planta tratadora de agua potable, que se encuentra a medias, en la primera etapa.

Briones practicará la trasparencia, trabajará para no defraudar la confianza que le dieron los ciudadanos en las urnas, donde por primera vez en la historia del municipio se eligió a una mujer al frente del ayuntamiento y pusieron fin a largos años de patriarcado y cacicazgos. Mencionó que como diputada federal, laboró muy cerca de la gente del distrito. Gestionó proyectos en materia de salud, educación, obra pública y apoyos al campo. Pero en Villa de Reyes, el ex munícipe Solís asumió una actitud cerrada. No hicieron mancuerna para beneficio de la gente.

Mencionó que los ataques recibidos en campaña, donde cuestionaron su falta de residencia, no la afectaron, pues sus raíces familiares se encuentran en la comunidad de Jesús María. Es originaria del Socavón, que cuenta con 11 mil habitantes. Es de los más olvidados, junto con la ex hacienda de Gogorrón y Saucillo. Ahora radica en Pardo, más cercana a la cabecera. Por cuestiones de trabajo, tuvo que emigrar y radicar en Soledad y San Luis.

Indicó que presentó en tiempo la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2019. Espera que los diputados tengan la sensibilidad de apoyarla. El objetivo final es traer beneficios sociales, por lo que pondrá especial énfasis en elevar el nivel de ingresos y que los fondos lleguen a las arcas para canalizarlos a obras relevantes.

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Nepotismo, hilo conductor del gabinete de Xavier Nava

Apenas anunció su gabinete y el alcalde de la capital Francisco Xavier Nava Palacios generó un escándalo mayúsculo al entronizar sin el mínimo rubor la figura ilegal del nepotismo. Fue el criterio estratégico que utilizó para repartir los cargos. Lo que le permite a su principal detractor, el ex contendiente del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, someterlo a un severo desgaste todos los días a través de los diversos portales electrónicos que patrocina de manera abierta, retadora. Fue casi nulo el impacto que causó Nava cuando denunció que su antecesor le dejó una deuda que supera los mil 250 millones de pesos. Tampoco causó estupor que al organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas, lo haya dejado en la quiebra técnica, con desfalcos que podrían superar los 600  millones de pesos.

Lo que generó sorpresas y hasta desánimos fue el equipo sui generis que conformó el ex diputado federal por el PRD, que en campaña, reiteró que sus actos estarían apegados a la norma. No iba a cometer los excesos de su principal opositor. A un mes de asumir el cargo y lamentar que le dejaron las arcas vacías, los organismos empresariales le reclamaron continuar las denuncias y entablar demandas judiciales, pero también garantizar los servicios básicos, tapar los incontables baches y atender de manera prioritaria la inseguridad que azota a los potosinos. Nava generó malestar entre algunos grupos que lo apoyaron de manera irrestricta en la campaña y no los compensó con algún cargo, como pasó con el dirigente de los locatarios del mercado República, Arturo Pérez Alonso y el tenaz promotor de cultura y deportes del Saucito, Armando Rivera. Optó por recomendados de la cúpula panista y patrocinadores que le invirtieron cantidades millonarias. No pudo ocultar la influencia de su principal mecenas, el gobernador Juan Manuel Carreras López, que tiene alma de panista. La mostró como fiel colaborador del ex presidente Felipe Calderón.

El circo mediático se desató cuando se supo que el oficial mayor, Óscar Valle Portilla, es primo del tesorero Rodrigo Portilla Díaz. Valle Portilla tiene una hermana, Sandra Valle, que está casada con el director de deportes, Ricardo García Rojas, que ocupó el mismo cargo en el desastroso trienio del ex edil Mario García Valdés. Óscar Valle y Ricardo García son dueños de la Quinta Camp, ubicada en Armadillo, donde el clan navista acude a divertirse. Ricardo García es hermano del director del Teatro de la Paz, Francisco García Rojas, que facilitó el inmueble donde Nava brindó después de rendir protesta como edil. Óscar Valle Portilla es sobrino de la presidenta estatal del DIF, Lorena Valle Rodríguez, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras. El contralor José Mejía Lira es cuñado del activista Alejandro Nava Calvillo, tío de Xavier Nava. La diseñadora que trabaja en el área de prensa, Anaís Capablanca, es cuñada del secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez García.

Xavier Nava Palacios fundó en 2014 el corporativo jurídico KNP donde tuvo de socios a Óscar Valle Portilla, Germán González Martí y Ulises Valencia Gordillo. Por ser sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, que controla a Juan Manuel Carreras, Nava colocó a González como subsecretario de gobierno, pero fue despedido por tráfico de influencias, ya que antes trabajó para la empresa Flypo, dueña de un predio que invadió Antorcha Campesina. Como funcionario, le tocó pagarle 13.5 millones de pesos a la firma que antes sirvió. En el bufete que encabezó Nava también estuvo el litigante Ulises Valencia Gordillo, al que González Martí lo sumó como subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos. Proveniente del Distrito Federal, después de vivir en una colonia marginal, Valencia se compró de repente una residencia de 4 millones de pesos que pagó en efectivo. Otro miembro del despacho es Jorge Luna Mesquida. Se casó con Lucila Lorca Valle, sobrina de Lorena Valle. Luna es primo político de Óscar Valle.

Otra muestra contundente de la injerencia del panista Carreras en el gabinete de Nava se dio en la figura de la economista Sonia Guadalupe Nájera Hernández, asistente del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, con el que tuvo un trato ríspido y complicado. Sin mayores trabas se brincó al mismo cargo con el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez García. Nájera es amiga cercana de Juan Pablo Nava Palacios, hermano del edil. Trabajaron para el ex secretario de desarrollo económico, Fernando Macías, en el sexenio de Fernando Toranzo. Xavier Nava está casado con Nancy Puente Orozco, hermana del actual titular de desarrollo económico estatal, Gustavo Puente Orozco, hijos de Gustavo Puente Estrada, ex director de la Promotora del Estado en el sexenio de Fernando Silva Nieto. Fue acusado de darse vida de jeque con fondos públicos. El jefe de prensa del ayuntamiento es Carlos Hernández Palomares, que junto con Mauricio Ayala, formaron la agencia de publicidad Doblezero. Ayala es hijo es del ex vocero del congreso y derechos humanos, Alberto Ayala Flores, actual asesor del fiscal Federico Garza, donde hizo equipo con Raúl Camacho Muñoz, ex director de la escuela de comunicación de la universidad autónoma. Hace poco brincó como vocero de Carreras y se dio el lujo de asesorar a Hernández Palomares en público, en el café La Parroquia, que se ubica en plaza de armas. A Hernández lo pudo recomendar para el cargo el ex locutor de TV Azteca, Jesús Aguilar, que asesoró a Nava en la etapa que fue diputado federal por las siglas del PRD, cuando hizo equipo con Gallardo Juárez.

La directora de turismo es Yara Mariana Nagore Rojas. Está casada con el aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Jorge Alejandro Lozano Soto, hijo del ex alcalde Jorge Lozano Armengol, que privatizó el servicio de la basura para entregarlo a la firma Vigue. Alentó como autoridad paralela al magnate Carlos López Medina, que cobra el servicio de agua potable y drenaje a través de la ilegal empresa Aguas del Poniente. Lozano fue líder del Frente Cívico Potosino y diputado local gracias al respaldo del histórico Salvador Nava Martínez, al que siempre financió su mecenas, Mario Lozano, padre del delfín navista. La directora de asuntos estratégicos es Verónica Alvarado Zermeño, esposa de Mauricio Lozano Soto. El biógrafo, consejero y asesor de Gallardo Juárez, el violento herrero Rafael Aguilar Fuentes, en múltiples ocasiones destacó que Vigue tiene en la nómina a los hijos de Lozano Armengol, como parte de los oscuros acuerdos para beneficiarla.

El director de servicios municipales es Gonzalo Benavente González, que con Gallardo fue director de desarrollo económico. Cuando Nava compitió para diputado federal por el séptimo distrito, Benavente buscó el quinto local sin éxito. Gallardo lo corrió por flojo, ya que en horas de trabajo, tomaba café con sus amigos en el restaurante La Pizca, donde hacía alarde de sus influencias. Benavente tuvo un fugaz paso como director de pensiones con Fernando Toranzo. La directora de compras y licitaciones es Adriana Leticia Borjas Benavente, prima de Gonzalo Benavente. Fue reportera del diario Pulso. Hizo un doctorado en la Universidad de Salamanca en procesos políticos. A ambos los pudo recomendar el notario uno, Eduardo Martínez Benavente, que participó de manera activa en el proceso de entrega-recepción. Fue un ácido crítico de los desmanes de Gallardo Juárez. Ejerce una gran influencia en Xavier Nava, como lo hizo antes con el matador de dragones, Salvador Nava.

El secretario del ayuntamiento es Sebastián Pérez García, al que ubican como sobrino del boyante comerciante del ramo eléctrico, Fernando Pérez Espinosa, el eterno comodín del maximato Horacio Sánchez Unzueta, para perder y ganar de manera simultánea la alcaldía de la capital. La última encomienda que tuvo fue registrarse como candidato a gobernador por las siglas del PRD, para facilitar el triunfo de Juan Manuel Carreras, del PRI. Cuando Nava se apuntó como candidato a la alcaldía de la capital ante el Consejo Estatal Electoral, Fernando Pérez lo definió como un abanderado “de lujo”. Sebastián Pérez estudió la licenciatura en relaciones internacionales en el Colegio de San Luis, bajo la tutela del doctor en historia, Tomás Xavier Calvillo Unna, “ideólogo del navismo”. El recinto sirvió de escenario para varios encuentros académicos donde el invitado especial fue Xavier Nava y sus familiares. Fue donde celebró sus 100 años la luchadora social, Concepción Calvillo Alonso, abuela del munícipe. A Sebastián Pérez lo definen como un símbolo “hipster”, intelectual de la clase media que se ubica en la cultura y moda alternativa. Una copia de lo que antes fue Sánchez Unzueta y Tomás Calvillo, que incluso, fue mentor de yoga. En la etapa de la campaña, Pérez dio muestras de prepotencia, por lo que llegó a confrontarse con los seguidores de Nava, que lo emplazaron. Se realizaba cualquier asamblea pero que no estuviera Pérez García. El influyente personaje está casado con Audrey Capablanca, cuya hermana Anaí María Capablanca, labora en el departamento de prensa como diseñadora. Impuso como directora de cultura a su amiga cercana Cecilia Padrón Quijano.

El dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez, coló al director de comercio, Gabriel Andrade Córdova, que nada sabe del tema. También lo ubicaron en el departamento jurídico de catastro con Gallardo. Se fortalece con el subdirector, José Juan Pérez Guillén, alfil del ex alcalde Guillermo Pizzuto Zamanillo, brazo derecho de Salvador Nava. Alejandro Pérez forma parte del Frente Ciudadano Anticorrupción, donde aparece como uno de los voceros, el ex regidor Manuel Nava Calvillo, tío del edil. El organismo formuló varias denuncias penales contra Gallardo Juárez en la procuraduría de justicia, donde lo acusaron de enriquecimiento ilícito, lo que le permitió adquirir cientos de propiedades en corto tiempo. La conductora de noticieros radiofónicos, Eva María Camacho, dueña de una empresa corporativa de imagen, presentó a Nava en varios debates que organizó el sector comercial e industrial donde apareció el inquieto ciudadano, Pablo Zendejas Foyo, secretario particular del alcalde. Zendejas está emparentado con el zar de la obra pública en San Luis, Joaquín Zendejas, por mucho tiempo, el contratista predilecto del Infonavit. Sánchez Unzueta trató de castigarlo sin éxito por invadir los terrenos aledaños al Río Santiago.

La directora de catastro es la ex presidenta del Colegio de Arquitectos, Patricia Rodríguez Álvarez. Es un nicho que reclamó semanas antes de la contienda, el padre del edil, Luis Alfonso Nava Calvillo, al que Toranzo despidió de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, por contratar a amigos que ofrecieron los costos más elevados, ya que le garantizaban el diezmo. En los medios de Gallardo, conocedores de las estafas de su jefe, ventilaron los intríngulis de los nuevos negocios. Revelaron que existe una pugna sórdida entre el magnate Carlos López Medina y su socio Alejandro Tamayo con la familia Nava, aliados a los Zendejas, para quedarse con 2 mil hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que buscan fraccionar, cuando se trata de reservas ecológicas del ayuntamiento.

En la campaña se unieron pero ahora están divididos. La maniobra implica despojar a los comuneros de sus tierras. Se trata del área más importante del centro del estado, con efectos devastadores para el medio ambiente, si extienden la zona de alta plusvalía. También busca entrar al reparto el senador del PRI, Teófilo Torres Corzo. Los dueños del diario Pulso y San Luis Hoy, Pablo y Miguel Valladares. El titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens, el minero y explotador de basureros tóxicos, José Cerrillo Chowell, entre otros. Es por lo que Nava fue acusado de desplazar de manera violenta del Instituto Municipal de Planeación al ex diputado local del Verde Ecologista, Alfonso Díaz de León Guillén, primo del dueño de la franquicia en San Luis, Manuel Barrera Guillén. Lo relevó con Fernando Torre Silva, sobrino de Silva Nieto, con el que tratará de modificar el Plan del Centro de Población Estratégico que antes hizo Gallardo, para poner en bandeja de plata la sierra a los especuladores del suelo urbano. No es casual que el secretario particular del alcalde sea Pablo Zendejas, quien se encargará de hacer la estrategia municipal para privatizar la comunidad.

En la  última visita a San Luis del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue evidente el cabildeo de Carreras con López Medina para que se le den todas las facilidades en el nuevo gobierno federal. El grupo de Nava Calvillo entró en crisis al sentirse en desventaja, por lo que tomaron el control del Implan. Los comuneros no se quedarán inmóviles. El disidente Juan García Leyva manifestó que la estrategia empresarial se resume en 6 puntos. Carlos López Medina y Alejandro Tamayo buscarán consolidarse con 7 grupos y familias adineradas. Involucrar a Carreras, Procuraduría Agraria, Registro Agrario y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, para  aportar predios a la inmobiliaria Las Cañadas o la que se haya conformado para el efecto.

Ganar la alcaldía a toda costa, evitar que Gallardo se reeligiera, ya que les disputaba el control y crecimiento urbano. Impulsar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, publicada el 18 de julio del año en curso, que facilita sus oscuras pretensiones. Emitir el decreto por medio del cual se declara como área natural protegida, con el carácter de reserva estatal, la sierra de San Miguelito, localizada en la capital, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona. Se publicó en el Periódico Oficial el 20 de septiembre de 2018. El documento establece un área protegida de 12 mil 613 hectáreas, cuando el monte se compone de 63 mil 783 hectáreas. Mantener el control del comisariado y cooptar el voto de los dueños originales. Para obtener los permisos, cambios de uso de suelo y otros trámites, los especuladores requieren del apoyo del gobierno federal, estatal y municipal donde Xavier Nava controla la mayoría de regidores. La bancada de Morena se ha plegado a los intereses económicos del alcalde y le vota todo a favor de manera vergonzante.

Aunque antes denunció las trapacerías de Luis Nava Calvillo, el edil nombró como director de obras públicas al ex dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Marco Antonio Uribe Ávila, que denunció de manera sistemática, los sobornos y chantajes de Gallardo a los inversionistas inmobiliarios a los que exigía un departamento o casa para autorizarles los permisos requeridos. Lo acusó de dejar en el limbo las licitaciones para después asignar los trabajos a sus socios o prestanombres, como pasó en el puente a desnivel en el Saucito, que costaría más de 200 millones y el ex edil se iba a llevar al menos la mitad de las ganancias. La directora de educación es Azalia Martínez Navarro. Fue secretaria particular de la ex presidenta de derechos humanos en San Luis, Magdalena González Vega. Cuando contestaba el teléfono, entabló amistad con el ex director de derechos humanos del Distrito Federal y ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, que tiene cercano contacto con la familia Nava. Aunque se ventiló que apenas tiene el bachillerato, el ombudsman estatal, José Ángel Morán Portales, la hizo  directora de equidad y no discriminación. Hace poco le dieron la cartera de educación.

El director de desarrollo social es Claudio Ferrer Marín, que antes coordinó para Gallardo Juárez el sexto distrito local y séptimo federal. Nava lo sumó cuando hizo campaña para legislador y la alcaldía. Además atrajo al activista de Los Magueyes, César Mercado, que también reniega de Gallardo, porque no les cumplió la promesa de obras básicas. Ahora están juntos en la misma área, donde Ferrer, proclive a la prepotencia, no encaja con los panistas ni priistas que tiene al lado. La directora de recursos humanos es Claudia Ficht Watkins. Es una copia de la anterior funcionaria, Cinthia Armenta Meléndez. Son frías al correr con despotismo a los trabajadores. A la nueva funcionaria le atribuyen haber despedido más de 200 empleados en tres semanas. La recomendaron los primos Portilla. Ha sido catedrática de universidades privadas donde impartió materias de mercadotecnia, manejo de crisis y habilidades en la comunicación. Antes de cerrar su página de Facebook presumió fotos de sus viajes donde aparece con tigres de bengala y monos en una actitud amorosa. Lo que no hace con los humanos.

El delegado de La Pila es el ex diputado local panista, Pedro Pablo Cepeda Sierra. Fue criticado por usar carros ostentosos. Lo que contrastó con sus inicios como vendedor de tamales en un triciclo en el Saucito donde juntó más votos para Nava el enjundioso promotor cultural y deportivo, Armando Rivera. A Cepeda lo culpan de haber incendiado el comité municipal del PAN, para esconder padrones alterados de militantes. Es la tercera vez que regresa al mismo cargo donde lo rechazan por extraño. El delegado de Pozos es el ex dirigente del patronato de abastos, Tomás Olivares Robles, que antes buscó ser diputado local por el PRD. Es primo del ex secretario de finanzas, Joel Azuara Robles. El delegado de Bocas es Rosendo Guardiola. Tuvo el mismo puesto con Jorge Lozano. En concertación política quedó el encuestador Jaime Galván Valencia, que tuvo diversos cargos en los comités directivos que encabezaron Eugenio Govea, Marco Antonio Gama, Juan Pablo Escobar y Xavier Azuara.

 

 

 

 

 

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En la contienda interna del PAN se juega por adelantado la pugna por la gubernatura. La mayoría teme a un sucio fraude de Xavier Azuara

En la víspera de la elección de la nueva dirigencia estatal del PAN en San Luis, que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, la militancia advierte: “el partido está por caer”. La premonición también proviene de simpatizantes y ciudadanos. Surge luego de vivir y ser espectadores de la derrota  del primero de julio. Después de la renovación de la dirigencia nacional que los mismos panistas calificaron de “cochinero” y terminó con la renuncia del ex presidente de la república, Felipe  Calderón Hinojosa. Y por el desánimo de quienes alguna vez se les persiguió y envió a la cárcel por pegar propaganda o denunciar la corrupción del régimen priista.

La militancia augura que el proceso interno del PAN en San Luis será una réplica de lo que pasó al votar por la dirigencia nacional, donde el grupo del ex secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda y el senador Gustavo Madero Muñoz, mantienen el control vía Marko Antonio Cortés Mendoza, que el 9 de noviembre, con la estructura, recursos institucionales y chicanas, derrotó al  nieto del legendario fundador del PAN del mismo nombre, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, peón  de la corriente histórica donde se ubicó como principal promotor a Calderón Hinojosa y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

El pronóstico es que las riendas del PAN, seguirán en manos del diputado federal y todavía dirigente Xavier Azuara Zúñiga, identificado con Creel Miranda. Buscan heredar el cargo al responsable del área jurídica del comité estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández. El asesor político y uno de los referentes del panismo local, Carlos Fernández Galván, declaró que se trata de un candidato de unidad, porque no pertenece a ningún grupo. Cuando Azuara dejó de manera provisional la dirigencia para buscar la curul federal, lo sustituyó Alejandro Fernández Hernández, “El Potrillo”, hijo de Carlos Fernández y uno de los promotores de Aguilar Hernández.

En el estado como en el en el país, el PAN va de caída libre a raíz  del manejo arbitrario y por la imposición de viejas prácticas, como tratar de conducirlo como si fuera una empresa, donde prevalece la figura del gerente que reparte órdenes a los empleados. Otro inconveniente son las diversas tribus, donde se trabaja sólo para un sector. Las corrientes opositoras al equipo de Azuara difunden que después del proceso nacional, conocieron las estrategias para imponer a Cortés Mendoza, lo que les permite cerrar caminos y promover una mayor vigilancia del proceso interno. Desde el 2006, Santiago Creel operó para mantener el PAN nacional y el de San Luis Potosí bajo su mando. Lo controló para imponer como candidato a la presidencia de la república a Ricardo Anaya. Se repite la historia con Marko Cortés. Maneja a Azuara Zúñiga, alfil del ex gobernador Marcelo de los Santos, también del equipo de Creel. Pero el ex mandatario se rebeló, se pasó al bando de Jorge Alejandro Lozano Soto, hijo del ex alcalde de la capital, Jorge Lozano Armengol.

En el 2005, Calderón, en la contienda interna para la presidencia de la república, derrotó a Creel, con el que después hizo un acuerdo para dejarle el resto de las candidaturas. En el 2006, el candidato se reunió en México con parte  de su equipo, promotores y representantes de cada estado. No sumaron más de 50 personas. Les dijo que “la jugada es la presidencia de la república, donde cabemos todos”. Informó que a Creel y su grupo le dejaría el resto de las posiciones, como senadurías, diputados federales, locales y alcaldes. Les pidió que no se inscribiera en los procesos. En San Luis Potosí, la entonces diputada local, Liliana Carbajal Méndez, fue la coordinadora de la campaña interna de Creel. Después fue diputada federal. Juan Pablo Escobar Martínez llegó como diputado local. Eugenio Guadalupe Govea Arcos fue senador. Jorge Lozano Armengol, presidente municipal. Antes Cortés fue secretario de Acción Juvenil del partido en Michoacán. En el 2003 fue diputado federal. En el 2006, senador, el más joven en la historia del PAN, tenía 28 años. En el 2010 buscó la candidatura para gobernador de Michoacán, perdió la elección interna con la ex senadora Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, hermana del entonces presidente de la república, Felipe Calderón. Fue vencida en la lucha constitucional. En el 2017 renunció al partido. En el 2011 Cortés fue candidato a presidente municipal de Morelia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los resultados. En el proceso extraordinario celebrado el 1 de julio del 2012, fue otra vez candidato del PAN y Nueva Alianza, perdió contra el priista Wilfrido Lázaro Medina. Después fue coordinador de la campaña para candidato a la presidencia de la república de Gustavo Madero Muñoz. En el 2015 fue coordinador de la campaña para presidente del PAN de Ricardo Anaya. A cambio, fue electo diputado federal plurinominal y coordinador del  grupo parlamentario.

Xavier Azuara Zuñiga, bajo el amparo del gobernador Marcelo de los Santos, fue director del Instituto Potosino de la Juventud, luego lo impulsó como diputado local. Después, diputado federal, donde fungió como secretario de la mesa directiva. Fue compañero de Ricardo Anaya, que se desempeñó como presidente de la mesa directiva. Entabló amistad con Azuara, quien pidió licencia para buscar la presidencia municipal de San Luis. Lo derrotó el abanderado del PRD, Ricardo Gallardo Juárez. Después, a finales del 2015, con el apoyo moral y económico del diputado federal, Marco Gama Basarte, ganó la dirigencia estatal del partido. Azuara, junto con Cortés Mendoza, se convirtieron en alfiles de Anaya que al frente de la dirigencia nacional, creó su propio feudo, bajo la sombra de Creel, al que mantuvo de consejero. Azuara, como presidente estatal, en contra de la militancia, puso la estructura y recursos a favor de Anaya para que lograra ser candidato a la presidencia de la república. Con el pretexto de tener licencia para buscar la diputación federal plurinominal, se convirtió en coordinador de Anaya en la campaña interna.

Pero Azuara también intentó ser candidato a senador en la primera mayoría, traicionó a sus padrinos políticos, Marcelo de los Santos Fraga y Gama Basarte. A ambos les  hizo creer que serían los aspirantes al senado. A ninguno le cumplió. Gama al final se coló con el apoyo de su amigo y compañero en el senado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, que pidió a Anaya decidir por Gama. Azuara se conformó con la curul federal. Sin embargo, en la alianza con el PRD en las diputaciones locales,  logró empujar a sus aliados, el secretario, Rubén Guajardo Barrera y al tesorero, José Antonio Meraz. Azuara repitió como coordinador en el estado de Cortés en la búsqueda de la presidencia nacional. Ahora quiere cobrar la factura para dejar el puesto al director jurídico del PAN estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández.

Azuara emuló a Anaya, hoy apestado dentro y fuera del PAN. Pretende dejar sucesor para buscar la gubernatura en el 2021, pero no le resultará fácil. Los que fueron sus aliados, jefes y padrinos, tienen sus propios candidatos. Enfrentará a sus enemigos históricos, los dueños del  Círculo Azul, donde aparece la diputada local Sonia Mendoza Díaz, los ex presidentes del PAN en el estado, Juan Pablo Escobar Martínez y Héctor Mendizábal Pérez. La elección del nuevo dirigente se realizará el próximo 9 de diciembre y podría definir quién será el próximo candidato a gobernador de San Luis. El augurio es que será una lucha encarnizada, podría ser igual a la que se dio el pasado 9 de noviembre donde Cortés ganó la contienda con el relleno de urnas, compra de votos, acarreo, intimidación, entrega de despenas, promesas de empleos en el ayuntamiento de la capital donde todos tienen varios enclaves.

Los tres grupos que buscan ganar la dirigencia no han sopesado el sentir de la militancia, sometida casi de manera consecutiva a dos votaciones internas donde se impusieron las corruptelas. Marcelo de los Santos advirtió que la caída del PAN está en proceso. Declaró que no tenía candidato a la dirigencia nacional y estatal. Se inclinó por una figura de unidad, para reagruparse y ganar más elecciones después. No apoyó a Cortés por representar a Anaya. Azuara lo bloqueó para que no fuera senador. Tampoco respaldó a Gómez Morín, no le miró posibilidades. Gómez estuvo en uno de los despachos de contabilidad del ex mandatario que se ubican en el centro histórico. Cuando le pidieron los fotógrafos una placa con el aspirante, levantó la mano para decir que no lo hicieran.

El contador público se reunió con los ex senadores Octavio Pedroza Gaitán, Alejandro Zapata Perogordo y la presidenta de la mesa directiva del congreso local, Sonia Mendoza. Propuso candidatos únicos para la dirigencia estatal y luego para la gubernatura. No hubo acuerdos. En San Luis se anotaron para competir 10 aspirantes, solo quedó la mitad. La primera que levantó la  mano fue Sonia Mendoza Díaz. El ex diputado federal, Juan Pablo Escobar. El ex senador Octavio Pedroza. El presidente del comité municipal del PAN, Maximino Jasso Padrón. Jorge Alejandro Lozano Soto, hijo del ex alcalde Jorge Lozano Armengol, coordinador operativo en la campaña para la alcaldía de la capital de Xavier Nava Palacios. Pedro Tovar García, ex presidente municipal de Cárdenas. Rómulo Garza Martínez y David Salvador Hernández Martínez, ex ediles de Valles y San Ciro de Acosta. El ex secretario del PAN estatal, Jaime Galván Valencia. El ex precandidato a diputado local por el distrito 15 de Tamazunchale, Javier Antonio Castillo. El ex dirigente interino del panismo en el estado, Alejandro Fernández Hernández.

También se apuntó el ex diputado local Miguel Maza Hernández, ex regidor, ex diputado local y ex director de catastro en el trienio Octavio Pedroza. El ex diputado local Alejandro Lozano González “El Boris”. El secretario general adjunto del comité estatal, Rubén Guajardo. El abogado Juan Francisco Aguilar Hernández, director jurídico del PAN. El ex diputado local Manuel Aguilar Acuña «Kippy». Incluso Azuara, que buscó repetir en el cargo. Al final sólo se registraron cinco candidatos. Mendoza dio un paso atrás. Le dejó el camino libre a su aliado Escobar. A Pedroza no le alcanzó el tiempo y le faltó militancia para competir. Se bajó Garza, Jasso y Azuara. Maza buscó el apoyo de Mendoza sin éxito, por lo que se sumó a Hernández Martínez, al que empuja Gama. Los cinco contendientes representan a tres grupos o corrientes dentro del partido. El Círculo Azul está con Escobar y Aguilar Acuña. Gama apoya a Hernández Martínez. Marcelo de los Santos, Pedroza y Zapata impulsan a Lozano Soto. Se presume que lo respalda también un ala de Mendizábal. Azuara y Guajardo simpatizan con Aguilar Hernández. Pero Guajardo ya declaró que después de las votaciones, se sumará al alcalde de la capital, Xavier Nava, al que ya promueve para que busque la gubernatura a cambio de su apoyo para suplirlo al frente del ayuntamiento. Azuara busca que con el arribo de Aguilar, le pague la factura y lo impulse como candidato a gobernador.

En el caso de Escobar Martínez, Mendoza aspira a que su amigo la haga otra vez candidata al gobierno del estado. Ambos fueron señalados de vender su derrota en el 2015 para que se colara el candidato del PRI, Juan Manuel Carreras. Recibieron como pago 150 millones de pesos. El actual secretario del PAN nacional, Héctor Larios, estuvo entonces como delegado en San Luis. Cuando empezaron a llegar actas con una serie de anomalías, llamó a Escobar y Mendoza por teléfono, pero nunca le contestaron. A los 3 días, Mendoza declaró que el triunfo no le favoreció, pero iba a estar pendiente  del desempeño de Carreras. Larios dijo a su equipo en corto: “se vendieron”.

Jorge Lozano Armengol tiene en campaña más de tres años, aprovechó las elecciones internas de candidato a la presidencia de la república, dirigente nacional del partido y la de la alcaldía donde ganó Xavier Nava para promoverse en cada zona del estado. Aunque no tiene un grupo definido, lo apoyan seguidores de su padre. Lo respalda una parte del grupo de Mendizábal, acostumbrado a jugar con tres cartas para quedarse con una. Como ocurrió en el 2014, cuando compitió contra Gama. Promovió entonces a la oficial mayor del congreso, Josefina Salazar Báez, hoy diputada federal. También empujó al ex secretario de elecciones, Israel Vázquez. En una segunda ronda pidió a Salazar y  Vázquez sumarse, ir todos contra Gama, que se impuso. Otro promotor de Lozano es Jaime Galván Valencia, director de concertación política en el ayuntamiento con Xavier Nava.

Compite además Manuel Aguilar Acuña, también alfil de Mendizábal, que prometió a Escobar, lo destaparía en una cita, pero no asistió. Sonia Mendoza lo cubrió. Le dijo a los seguidores que el ex diputado local se disculpaba por no asistir, pero proponía a Escobar. Aguilar le debe a Mendizábal haberlo hecho legislador local. El quinto candidato a dirigir el PAN es el ex alcalde de San Ciro de Acosta, David Salvador Hernández Martínez, impulsado por el senador Marco Antonio Gama Basarte y su hermano, Aureliano Gama Basarte, secretario particular de Carreras. Marco Gama quiere colar a Hernández para tener el camino libre cuando busque la gubernatura en el 2021. El candidato a vencer es Aguilar Hernández, seguidor de Azuara y Marko Cortés. Tiene a su servicio toda la estructura y recursos del partido. Le sigue Lozano Soto, el que suma más votos. Luego Escobar Martínez. Su principal promotora, Mendoza, inició una  intensa campaña en busca del voto casa por casa. Le pidió a Escobar usar la misma estrategia. Aguilar Acuña, el que más dinero le metió a la campaña, no le alcanzará para ganar. Tardío, tampoco se podrá sumar a Escobar o Lozano.

Salvador Hernández, temeroso de la aplanadora de Azuara, pidió al mismo verdugo, ser imparcial. Argumentó que falta transparencia, prevalece el compadrazgo y amiguismo. Lozano acusó a Azuara de emplear los recursos del partido para promover a su candidato, Juan Francisco Aguilar Hernández. La militancia censuró a Azuara por ordenar que todos los recursos humanos y materiales del partido se pusieran al servicio de Aguilar. Lozano convocó hacer un frente contra el candidato de Azuara. Los contendientes iniciaron campañas el 5 de noviembre, concluyen el 8 de diciembre. El 9  serán las votaciones. La Comisión Estatal Organizadora de la elección de presidentes e integrantes del comité directivo 2018-2021, está conformada por José Luis Contreras Rojas como presidente. Los comisionados son María Aranzazú Puente Bustindui, Dulce Karina Benavides Ávila, Antonio Alemán Hernández y Fabiola Montserrat Segura Gutiérrez, quienes estarán en contacto con la dirigencia nacional para emitir la convocatoria. Los comicios serán abiertos a la militancia. Lo marcan los estatutos.

 

 

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A mitad del camino Carreras se muestra debilucho. Un viejo prematuro en lo político

El ex diputado local, ex presidente estatal del PRI y ex enlace del ejecutivo con el congreso, José Ángel Castillo Torres, hace un puntilloso balance de lo que va del sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras López, donde no sale favorecido. Le critica su falta de voluntad para ejercer el poder a plenitud, lo que lo pinta como un mandatario debilucho, que ha envejecido en lo político de manera prematura. Con resultados reprobatorios en el campo de la inseguridad. Castillo plantea que tampoco favorece al doctor en derecho el escenario local, ya que no tiene el control del congreso, la mayoría ni las más importantes presidencias municipales. Y peor, no goza de las simpatías del presidente electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo que lo obligará a redoblar esfuerzos para sacar adelante las obras programadas. Castillo sostiene que Carreras está obligado a hacer cambios en el gabinete, donde existen figuras que no dieron el ancho. Alistarse para tratar de dejar un relevo, lo que se antoja complicado ante el canibalismo sucesorio que adelantó y enfrentar el esquema presidencialista, donde López Obrador tratará de sembrar sus alfiles.

-Carreras llega cuestionado al tercer año de gobierno.

-El poder desgasta. Sobre todo si se ejerce con titubeos u omisiones. Al respecto Maquiavelo decía, “quien no ejerce el poder, no lo tiene”. Hay además suficientes evidencias de que sus compañeros de viaje, su equipo de gobierno, salvo honrosas excepciones, no muestra capacidades ni oficio político. Le han fallado y provocado un envejecimiento prematuro. Se esperaba más. Sin embargo diversas encuestas reportan que Juan Manuel Carreras está mal calificado por los ciudadanos. Llegó al gobierno acompañado de la fama de ser un hombre preparado, con experiencia y relaciones en los mandos centrales. Un potosino que se había preparado toda su vida para mandar el estado.

“Es doctor en derecho, ex diputado federal, funcionario federal y estatal, corroboraban que había tenido la oportunidad de aprender el oficio de gobernar. Los potosinos abrazaron la esperanza de que tendrían un mandatario de resultados. Pero no fue cierto. Luego de tres años, Carreras empieza a perder fuerza. Se le percibe como una autoridad débil y errática en lo político. En  su capacidad de conducir el gabinete. Ganó la gubernatura con un escaso margen de votos. Tuvo el beneficio de la duda. Hay temas en los que ha sido muy cuestionado. La inseguridad galopante es su talón de Aquiles y puede ser su Waterloo”.

“Hay que sumar la falta de compromiso con un auténtico combate a la corrupción reflejado en la perversión y secuestro que hizo del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y en especial del nombramiento de un fiscal carnal y del fiscal anticorrupción. El drama de los feminicidios, el mediocre e insuficiente Nuevo Sistema de Justicia Penal. El déficit en las pensiones de los trabajadores del estado, los persistentes índices de marginalidad y pobreza en amplias franjas sociales en todo el estado. El fallido sistema integral de transporte metropolitano conocido como el Metrobús”.

“La ausencia de un plan de movilidad para la capital y zona conurbada. La impunidad que cobija casos como el de la “Ecuación Corrupta”, el asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda y el del activista del PRI en Valles, Pablo Vázquez Moctezuma. Las narco fosas de Ciudad del Maíz. La desaparición sin resolver de Zoé Zuleica Torres Gómez. Los presuntos moches en la dirección de compras de la Oficialía Mayor y la simpatía gubernamental para que opere el fracking en la huasteca potosina”.

“En  lo político su disminución como líder deriva de la gran derrota sufrida por su partido el pasado primero de julio, que provocó que su candidato a la presidencia de la república, al senado, a las diputaciones y las más importantes alcaldías del estado se perdieran y convirtieran al tricolor en partido de minoría y al ejecutivo en un Napoleón derrotado. La nueva correlación de fuerzas políticas en el ámbito federal y estatal le ha impuesto al gobernador frenos y contrapesos que disminuyen su margen de maniobra, provocan su debilitamiento. A partir de diciembre del 2018 habrá un nuevo presidente de la república que no es de su partido”.

“Su capacidad de gestión será la de un gobernador estándar. Sin privilegios ni derecho de picaporte. Además, Carreras no tiene el control del congreso local ni de las principales alcaldías. No contará con el manejo operativo y económico de los programas federales de apoyo social e infraestructura. Tendrá que tocar puertas y hacer fila para que el estado reciba presupuestos para obras y servicios. Si se toma en cuenta que dependemos en más de un 90% de los dineros que transfiere la federación vía el presupuesto de egresos de cada año, hay que imaginar las limitaciones financieras que tendrá el gobierno de Carreras. El que se habrá de fortalecer será el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que tendrá el dinero y poder político para actuar a nivel federal y local”.

Castillo añadió que después de tres años no hay una obra emblemática que asegure al gobierno de Carreras un sitio de honor en la historia. A pesar de que cada año ha contado con más de 40 mil millones de pesos de presupuesto. Ha sido un gobierno que administra la coyuntura, el día a día. El mayor mérito que presume es generar empleos y atraer inversiones destinadas a la industria, comercio y turismo. Pero muchos de los logros son producto de la iniciativa y visión de los grandes capitales nacionales y extranjeros y de las gestiones que los gobiernos de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo hicieron en su tiempo.

“A Carreras sólo le tocó poner la cereza en el pastel. Lo que abundan son los proyectos que no acaban de concretarse. El Metrobús, la carretera Valles-Tamazunchale, presa La Maroma, nueva infraestructura vial en la glorieta Juárez-zona industrial, recuperación de presas en la zona conurbada de la capital, rehabilitar el centro histórico. Pero las obras de infraestructura, al igual que todos los programas federales de apoyo social a la gente en condiciones de pobreza, dependen del dinero que aporta el mando federal. El gobernador tendrá que doblegarse ante el futuro presidente de la república para que haya presupuesto y se puedan concluir”.

El ex presidente estatal del PRI resaltó que Carreras tendrá que ganarse la confianza de López Obrador y reconocerlo como el nuevo jefe de las instituciones del país y como el portador de un fuerte apoyo social e institucional. Sobre todo en la cámara de diputados y senadores y en 19 congresos locales, que le da una solidez y mando incuestionable. Lo respaldan 30 millones de votos. Sus amigos los tecnócratas del gobierno de Enrique Peña Nieto ya no estarán para ayudarlo. Los resultados de las elecciones del pasado primero de julio cambiaron la geografía política del estado. El PRI fue barrido y enviado al tercer lugar. Significó un doloroso infortunio para el gobernador. Surgió Morena como nuevo actor político dominante. El PAN, aunque maltrecho, logró conservar el segundo lugar. El resto de los partidos mantienen su condición de satélites que orbitan en torno a los grandes. La realidad ha provocado que de manera prematura empiece la lucha por la gubernatura que estará en disputa en 2021. Y aunque faltan tres años ya hay prospectos. En el PAN despuntan Sonia Mendoza, Marco Antonio Gama y Xavier Nava, por el momento. El edil cuenta con el presunto, apoyo y simpatía de Carreras debido a que en el PRI no hay figuras relevantes con posibilidades de ser competitivos. La apuesta por Nava sería la única que tendría alguna posibilidad de garantizar la continuidad y protección que necesita el gobernador cuando se vaya.

En Morena se mueve el secretario de educación, Esteban Moctezuma. El ex candidato a la alcaldía de la capital y notario 32, Leonel Serrato. El senador Primo Dothé. El magistrado administrativo, Juan Ramiro Robledo. En el PRI, el secretario de fianzas, José Luis Ugalde. El ex presidente de la Coparmex local, Gustavo Puente y el ex comisionado de la policía federal, Enrique Galindo. Los forcejeos para ganar terreno en la lucha por la candidatura distraerán al gobierno de Carreras. Le quitarán reflectores e impactarán la espectacularidad de las obras y acciones que pudiera realizar en los próximos dos años. No será el gobernador el principal actor y operador de la sucesión. El proyecto para consolidar a Morena hará que López Obrador sea el factor definitivo. Como presidente de la república buscará ganar la gubernatura potosina. A menos que su desempeño sea tan malo en los próximos dos años que lo incapaciten en la empresa para renovar los poderes locales. Morena y el tabasqueño cuentan con el poder presidencial y los recursos económicos para la aventura.

El ex diputado local aseveró que Carreras tiene frente a sí un panorama complicado. Debe evitar el derrumbe de su gobierno. Acumular fortalezas para entregar cuentas positivas y ganarse un sitio de honor en la historia potosina. Llegar con posibilidades de operar con eficiencia su relevo en 2021. Hasta hoy una parte importante de su fracaso se debe a su equipo. Ya han transcurrido tres años y conoce quiénes dieron el ancho o solo simulan y lo meten en problemas. Para Carreras ha llegado la hora de “gobernar al gobierno”. De poner un hasta aquí a la ineptitud y ausencia de resultados de algunos de los integrantes de su gabinete legal y ampliado. El mandatario sabe que gobierno que no renueva la esperanza está condenado al desprestigio y rechazo del pueblo. Por tal circunstancia, se esperaría que entre noviembre del año en curso y enero del próximo, de manera gradual, se dieran algunos cambios en el equipo para enfrentar los nuevos desafíos que aparecieron luego de la gran derrota del primero de julio y el desgaste natural que ya se observa.

“Carreras se ha ganado la fama de ser muy pausado para tomar decisiones. Pero ante un escenario emergente como el que hoy lo golpea, la exigencia es renovarse o morir. El pragmatismo y su sentido de la realidad hacen previsible que optará por cambiar a una parte de su equipo. Muchos ya tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Ahora lo importante es construir un cierre lo menos traumático que se pueda. Con un congreso del estado adverso, presidentes municipales que no le deben el puesto y que tienen lealtades hacia otros actores políticos, una ciudadanía vigilante y con capacidad para presionar, un gobierno federal que tiene un proyecto político incompatible con el suyo, un escaso margen de maniobra en cuanto a presupuestos para obras y acciones y una sucesión adelantada, obligan a Carreras a cambiar su estilo ortodoxo”.

“El reto será aprender a gobernar en la pluralidad. Privilegiar el diálogo y la negociación. Dar resultados indiscutibles. Menos retórica y más acción. Un ya basta a la inseguridad. Más juego a la gente. Fin de la impunidad. Transparencia y rendición de cuentas y asumir que se gobierna obedeciendo. El viejo modelo autoritario que se regía por el dogma de que: el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar, se extinguió hace tiempo. Tuvo que hacer de tripas corazón y acudir a la toma de protesta de Alejandro, Jano, Segovia, como presidente municipal en Matehuala a pesar de su evidente animadversión. Pero la paciencia del gobernador y su talante de presunto demócrata serán puestos a prueba muchas veces más en los próximos meses. Tendrá que sortear las embestidas del círculo rojo y de la opinión colectiva adversa. Los reclamos de ciudadanos indignados como el que lo cuestionó afuera de la unidad deportiva de la universidad autónoma, por el hartazgo ante tanta ineficacia en el combate a la inseguridad. Tiene que administrar con estoicismo y entereza los certeros cuestionamientos que le harán diputados opositores bastante aguerridos como Eugenio Govea y Edgardo Hernández Contreras. Estar vigilante y con atinados reflejos ante probables conspiraciones orquestadas por el Joseph Fouché del congreso local, el diputado Cándido Ochoa, quien gusta de tejer complots en la oscuridad y aprovechará cualquier descuido o debilidad  para tomar revancha por los muchos desprecios y ninguneos a lo que ha sido sometido. Y porque el otrora vicegobernador también quiere ser el elegido en el 2021”.

 

 

 

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Los manejos oscuros de Israel Reyna Rosas

En la revisión a las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos del ejercicio 2017, la Auditoria Superior del Estado realizó observaciones por 722 millones 606 mil 800 pesos y solicitó aclarar el destino de 117 millones 567 mil 460 peso, lo que denota un gasto ineficiente de los recursos públicos. Los informes finales se someterán de nuevo al criterio del congreso en noviembre, después de que el pasado 20 de septiembre, los diputados dejaron sin efecto la aprobación fast track que realizaron en la junta extraordinaria sus antecesores el 7 del mismo mes.

Solo los ayuntamiento de Cárdenas, Aquismón y Lagunillas obtuvieron dictámenes limpios o aprobatorios, 37 pasaron con salvedad y 18 fueron negativos. Como el de Santa María del Río, cuyo alcalde Israel Reyna Rosas, con un dictamen reprobatorio y tampoco sustentar la cuenta 2016, logró reelegirse.

No obstante que al ayuntamiento de Santa María apenas le revisaron recursos estatales por 10 millones de pesos, de un presupuesto total ejercido de casi 119 millones de pesos. Obtuvo observaciones financieras por 1 millón 707 mil 741 pesos y se le promovieron 3 acciones de responsabilidad administrativa sancionadora. Incumplió leyes, reglamentos y disposiciones, como la ley de obras públicas, servicios relacionados y su reglamento, entre otros.

Sobre lo revisado, 935 mil 300 pesos fueron por conceptos pagados y no ejecutados en una obra donde introdujo alcantarillado sanitario en la segunda etapa, en la comunidad de la Yerbabuena, por lo que se presume un probable daño y perjuicio a la hacienda pública. Se detectaron sobreprecios en otra obra por 607 mil 182 pesos y se comprobó que no aplicaron penas convencionales en la misma obra de alcantarillado por 165 mil 259 pesos.

Las promociones de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios que comanda Israel Reyna se emitieron por reportar como entregado un trabajo que se encontraba inconcluso y no fue terminado en tiempo de acuerdo a lo contratado. Se ordenó a la contraloría interna del municipio investigar y en su caso iniciar el procedimiento por las irregularidades de los servidores públicos.

Se declaró improcedente una fianza de vicios ocultos que presentó de una obra, al comprobarse que se encuentra inconclusa. Se menciona en el informe que los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios, serán revisados por la Auditoria Superior de la Federación. Los dos superan los 54 millones de pesos, por lo que las anomalías en la aplicación del dinero podrían superar con creces lo observado por el órgano fiscal local.

 

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Empresarios y políticos buscan apropiarse con chicanas, de 500 hectáreas en el ejido La Pila

Con el respaldo de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y la secretaría de gobierno estatal, el comisariado del ejido La Pila, Pedro Adrián Martínez López, busca convalidar el robo del uso común de los campesinos. Mediante convocatorias fuera del marco jurídico, promovió  certificaciones del núcleo para reconocer la posesión de más de 500 hectáreas a particulares, entre los que destaca el ex senador del PRI, Teófilo Torres Corzo, el empresario Héctor Gómez Valle, primo político del gobernador Juan Manuel Carreras López. El ex candidato a diputado federal por el quinto distrito de Encuentro Social, Antonio Lorca. El ex diputado local, José Luis Romero Calzada y el magnate Juan Carlos Valladares García.

El ex presidente del  comisariado, Tobías López Delgado, expuso que el proceso de certificación  de parcelas, solares, casas y otros terrenos que forman parte del ejido, cuyos dueños son posesionarios y esperan el título de propiedad, está plagado de anomalías. Martínez López es hijo de Guadalupe Martínez Rivera, dos veces presidente del comisariado. Ambos tienen un gran compromiso con los inversionistas, porque les han vendido tierras comunales. Es por lo que tienen prisa en certificar las ventas ilegales antes  de que entre en funciones la nueva administración federal. Dijo que el dúo agarró dinero para concluir el proceso en diciembre. “Los que han agarrado dinero son los que están en la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional”.

Dijo que la Procuraduría Agraria está de lado de lo ilegal, muy lejos de cumplir uno de los fines para que se creó, pero se vende al mejor postor. No les conduele afectar el patrimonio de los ejidatarios. Advirtió que los campesinos no darán marcha atrás en la defensa de sus tierras, tienen pláticas con gente del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Les puso abogados para asesorarlos, detener el embate de los inversionistas voraces que quieren apropiarse del uso común, gratis o por unos cuántos pesos, ya que el ejido se ubica en medio de dos zonas industriales muy codiciadas.

“Saben que es una minita de oro, pero no pretenden pagar los terrenos, se los quieren robar, como lo han hecho en otras partes, solo que nosotros nos vamos a defender. No permitiremos que nos despojen como lo hicieron en la Garita de Jalisco o Terrero Sur donde cometieron asaltos con argucias y repartieron dinero debajo del agua”. López Delgado explicó que el grupo de ejidatarios inconformes inició un juicio en el Tribunal Agrario donde exigen la nulidad de 4 actas. Pidieron una medida precautoria para que no se lleve a cabo la asamblea de delimitación y designación. El órgano resolvió a favor de los quejosos, la suspensión de cualquier acto.

Refirió que Martínez López junto con el resto de la directiva del comisariado, pasaron por encima de la medida precautoria. Emitió la primera convocatoria, realizó la asamblea de no verificativo y lanzó la segunda convocatoria para celebrarse en octubre. Los afectados promovieron un amparo contra la  decisión del Tribunal Unitario Agrario. Confían en que el juez de distrito los respalde para evitar el atraco al explicarle con claridad, cuál es el procedimiento para quitarle las 500 hectáreas. Advirtió que en caso de que el juez les conceda el ampro, se iniciará otro juicio para solicitar de nuevo la medida precautoria. “Es un juego de quita y pone, si estamos dispuestos a defender nuestro derecho. Lo hacemos de forma legal para evitar el enfrentamiento”. Indicó que el delegado de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres Torres, firmó un contrato en el uso común de La Pila como testigo. “Se prestó para avalar convenios irregulares. Significa que no tiene calidad moral. Incumplió como funcionario público, quiere decir que hubo dinero”. Explicó que se lo hizo saber a Torres, que pidió una disculpa. “Le dijimos que no ayuda a resolver lo que ya no robó el cabrón”.

“Lo mandaron llamar de México a la Procuraduría Agraria. Nos dijeron que lo denunciáramos. Los compañeros dijeron que en dos meses se va, es lo que esperamos”. Tobías López explicó que la primera falla en el proceso de certificación es que el comisariado y el consejo de vigilancia que lo solicitó, carecen de representación legal. Cuando Martínez Rivera terminó su periodo, aunque convocó para elegir la nueva mesa directiva, un grupo rompió la asamblea. Acusaron a Martínez Rivera de robarle al ejido 60 millones de pesos. Le dijeron que no le iban a permitir hacer la junta para cambiar de comisariado hasta que pagara. El dinero corresponde a las afectaciones que hizo el gobierno del estado para construir el parque Logistik, la carretera a Villa de Arraiga y el paso de la red eléctrica para la BMW. Señaló que la Procuraduría Agraria aconsejó a Martínez Rivera llevar a cabo el cambio de comisariado en su casa, con el argumento de que mientras fuera dentro del ejido, era legal. Martínez impuso en su lugar a su hijo Pedro Adrián Martínez López.

“Violó la ley, la misma convocatoria estableció que se haría en el comité ejidal, cuando llevó a inscribir el acta al Registro Agrario Nacional, no lo aceptaron. Dijo que los suplentes del comisariado entraron en funciones, pero no convocaron. Se les terminó la función, entró el consejo de vigilancia y aunque convocó en tiempo, cuando celebró la asamblea de relevo, ya no estaba en funciones. Otra vez el RAN negó la inscripción”. Expuso que Martínez Rivera, con el apoyo del gobierno estatal y la Procuraduría Agraria, celebró una tercera asamblea de cambio cuando la que debió hacer la cita era la Procuraduría Agraria a solicitud de los ejidatarios o por medio de sentencia del Tribunal Agrario que le ordene convocar a elecciones. Señaló que se reunieron con funcionarios de la dependencia en la ciudad de México donde les  expusieron que no pueden acudir, ya que buscan robarles el uso común y no había representante ejidal.

Tobías indicó que ante la autoridad federal, no había un representante legal de los ejidatarios. Le advirtieron que serían responsables de cualquier hecho violento que ocurriera. Lo mismo le señalaron al gobierno del estado, al que le pidió hacer un análisis a conciencia, si había representante legal en el ejido. Le manifestaron que de haber muertes, sería el único culpable. Subrayó que sin salida, ambos gobiernos se excusaron y admitieron hacer un análisis donde se concluyó que no hay representante legal. Habló con el gobernador sobre problema. Le pidió al secretario Alejandro Leal Tobías, resolver el asunto. “Atiéndelos y saca dinero si se necesita para solucionarlo. Parece que Leal es el dueño del capital, cuando no conoce la materia agraria. Dice puras pendejadas. Ya se arregló con el actual comisariado ejidal. Le dará taxis”.

Agregó que el gobierno estatal hace negocios a espaldas de los ejidatarios que se oponen a que empresarios y políticos, con la anuencia de Martínez Rivera y Pedro Adrián Martínez López, le roben el uso común a los campesinos. Adelantó que hasta el momento, los ejidatarios no levantan un dedo en su contra. Podrían terminar en la cárcel. Enfatizó que en el gobierno estatal hay una gran corrupción que nadie imagina. Citó como ejemplo la Junta Estatal de Caminos. Los tribunales, mediante una sentencia, le ordenaron pagar a ejidatarios por afectaciones de tierras para construir la carretera a Villa de Arriaga, 20 millones de pesos con 530 cheques nominativos, uno para cada  ejidatario. Hicieron uno a nombre del comisariado y se lo robaron.

Aseguró que Martínez Rivera y luego su hijo, que se ostenta como actual comisariado,  reconocieron a los empresarios y constructores como ejidatarios, cuando primero deben ser avecindados, vivir en el ejido. Lo que no es posible, ya que habitan en Las Lomas. “¿Quién se va a La Pila?. No cumplen el requisito, aunque hay sentencias a su favor”. Adelantó que la tarea es ganar el comisariado, después promover amparos contra las sentencias. “Los tumbamos y los retiramos del ejido, que se vayan a robar a otro lado”. Señaló que el espurio presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez, amenazó a ejidatarios que se oponen al proceso de certificación en las condiciones irregulares de meterlos a la cárcel si dan problemas. En el caso de Leal Tobías, “está encabronado porque no le va a cumplir a sus patrones”.

Explicó que en una cita que tuvo con Carreras, le advirtió que el tema de La Pila se complicará, podría terminar en hechos violentos, con severas repercusiones. “El mandatario prometió  que le pediría a Leal atender el asunto. Le contestó que no hacía caso. El ejecutivo  indicó que no le iba a solicitar permiso. Le ordenaría que me atendiera, con el grupo de inconformes. No pasó nada. Fui a buscar a Leal. Me dijo que me recibía la siguiente semana. Le contesté, sólo déjeme buscar a Carreras para decirle que es un hablador, mentiroso, porque dijo que hoy me atendía”.

Agregó que durante la reunión se le expusieron cinco puntos en la mesa. Está complicado  que sacara del ejido al empresario Antonio Lorca Vallejo, ex candidato a diputado federal de Morena,  que se ostenta como sobrino de la esposa del gobernador, Lorena Valle. En contubernio con Martínez Rivera y Martínez López, impulsa la certificación. Prometió que si López Obrador ganaba las elecciones, certificaría el ejido. “Buscamos al presidente electo y le dijimos lo que decía su seguidor. Dio instrucciones de que no le hagan caso. Leal está enojado, pero no sacó el tema que le mencionamos”. Se habló de la protección personal que la policía metropolitana le da a Martínez López. “Ahora sucede que la autoridad defiende a delincuentes, para que roben las tierras de uso común a ejidatarios. Su respaldo hace copartícipe a la corporación”.

Expuso que hace un mes y medio, cuando inició el brazo que comunica el parque Logistick con la 57, tramo Querétaro-San Luis,  la empresa y un ejidatario, junto con Martínez, firmaron un contrato por 7 hectáreas. La superficie contempla un tramo de uso común. El convenio lo firmó como testigo Felipe Aurelio Torres. Subrayó que el grupo de ejidatarios inconformes fue a ver a los encargados, les dijo que no podían trabajar, porque cierran un camino que lleva a varias parcelas. Deja incomunicadas cerca de 300 hectáreas, donde hay ganado.

Los responsables de la obra le hablaron a la policía. “Nos metieron presos dos días por órdenes de Leal. Fuimos 11 ejidatarios y nos inventaron delitos, dicen que nosotros los agarramos a golpes, cuando eran como 50. Los agentes nos cobraron camisas y cachuchas porque se las habíamos roto. Ni tiempo tuvimos de defendernos, nos cargaron. Me agarraron 15 cabrones. Volvimos a la corrupción cuando les dijimos que les pagábamos para que nos soltaran, ya que no era un delito grave, aunque no lo cometimos. Dijeron, son órdenes de Leal. Tenían la consigna de mandarnos al penal como presos políticos. Vino gente de La Pila e hicieron un plantón y de volada nos sacaron. Tuvieron miedo porque saben que tuvimos pláticas con López Obrador, pero no dejan de hacer pendejadas”.

El tercer punto que se abordó fue el tema de la asamblea, mediante la cual el Martínez López  sin representación legal, busca convalidar el robo de las 500 hectáreas de uso común por parte de empresarios. Se le hizo saber que  por el conflicto podía haber  muertos. Leal se comprometió a hablar con las autoridades federales. Pedimos aclarar e intervenir en el caso de Felipe Torres, que firmó un contrato ilícito. Exigieron frenar a Martínez, que no es reconocido por la autoridad federal como representante del ejido, lo que dificulta resolver el tema del puente Logistick. Indicó que Leal solo escuchó y prometió resolver el problema, pero siguen en espera. Tobías explicó que el poblado se compone de 8 mil 800 hectáreas. Hay un ejido por separarse, se llama Cerro Gordo. Existe un decreto presidencial que dicta su formación. Sin embargo, La Pila no entregó el terreno. Precisó que en el 2001, hubo una asamblea para concretarlo, pero no hubo acuerdo. Un ejidatario del nuevo núcleo agrario promovió un juicio ante el tribunal y lo ganó. Se fueron al amparo. Les exigieron una asamblea dura, delimitar y designar la superficie, porque se trataba de tierras de uso común. El ejido está constituido, tiene certificados, rentas, un parque industrial, donde el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro, es ejidatario, es decir, es juez y parte.

Insistió que los empresarios y constructores quieren robarse las tierras de los campesinos y ejidatarios de la Pila, pero tendrán que enfrentar la ley y ejidatarios que no están dispuestos a que les quiten el uso común, que es inalienable, no negociable. Dijo que el intento empezó cuando se hizo una serie de contratos de compra y venta de uso común, con notarios públicos, donde destaca Laura  Carrillo Farfán. Al no estar certificado el ejido, no tienen un precio verdadero. “Nos favorece la carretera 57, que eleva los precios de los terrenos. El metro cuadrado debe valer entre los 300 ó 350 pesos. Si se certifica, subir a 500. Y lo quieren pagar en 10 ó 15 pesos. Entendimos que todo debe hacerse de manera legal o habrá enfrentamientos. Los ejidatarios están dispuestos a dar la vida, porque es la forma de defenderse. Somos 530 ejidatarios y los beneficiados 50. Los demás tienen miedo y no quieren prestarse a las certificaciones, que son formas de robo”. Afirmó que Martínez Rivera y su hijo se mueven en camionetas y carros de lujo. “¿De dónde sale, no trabajan. Guadalupe Martínez vendía gorditas. Creemos que podría haber lavado de dinero, porque hay inversionistas que compran 60 hectáreas de contado. Se lo dije al gobernador, pero solo cruza las manos”.