En las elecciones del 2021, se disputan 15 gubernaturas. Morena postuló ocho hombres y siete mujeres, que se han mirado envueltos en polémicas y grandes divisiones de militantes y simpatizantes, por elegir y adoptar a integrantes de otros partidos, en lugar de darle oportunidad a sus verdaderos integrantes. Algunos ya perdieron antes, otros buscan su tercer intento o están inmersos en presuntas acusaciones de violencia sexual y física, corrupción y desvío de recursos. En Nuevo León, la candidata será la litigante Clara Luz Flores, quien militó en el PRI durante 22 años. Fue diputada local del 2006 al 2009 y dos veces presidenta municipal de Escobedo, del 2009 al 2012 y del 2015 al 2020. La critican por su matrimonio con el ex edil Abel Guerra, político de larga historia con manejos sospechosos durante sus administraciones. Juntos han sabido controlar el ayuntamiento por casi 30 años.
Guerra es uno de los principales líderes del PRI en la entidad, además de ser compadre del actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien pronosticó, la única manera para que regresaran al Palacio de Cantera, era con Flores. Tiempo después, Guerra, en un video que circuló en las redes sociales, declaró que la verdadera razón por la que la gente votaría por la ex legisladora, es ser su cónyuge. Amagó que al no ser considerada, iban a dar el bandazo al PAN o Morena. La pareja fue acusada de despojos, robo de terrenos públicos y privados. Hacen viviendas de interés social con sus propias constructoras, a través jugosos fideicomisos. Las edifican en lotes no apropiados. En el 2010, cuando Flores estaba al frente del ayuntamiento, asignó un contrato por más de 131 millones de pesos a la compañía de Juan Antonio Neri, quien resultó ser el socio fundador de la Constructora 754 y prestanombres de Abel Guerra.
En Tlaxcala, por tercera vez busca la gubernatura Lorena Cuéllar Cisneros, nieta de los ex gobernadores, Crisanto Cuéllar Abaroa y Joaquín Cisneros, ambos abanderados por el PRI, donde la descendiente militó durante 20 años. Fue presidenta del DIF, síndica, diputada local, presidenta municipal, precandidata en el proceso interno en el 2010, donde no resultó elegida. Le dieron por segunda ocasión una curul local, luego solicitó licencia para participar en las elecciones federales, en busca de la senaduría, también sin éxito. Renunció al PRI en el 2012, se fue al PRD, donde fungió como senadora, del 2012 al 2018. Se volvió a ausentar para tratar de ser de nuevo candidata a la gubernatura en el 2016. En el 2018, se integró a Morena, que la hizo diputada federal. Después delegada estatal de los Programas Integrales para el Desarrollo. La acusaron de difundir propaganda gubernamental en forma anticipada. Dijeron que cometió corruptelas, coludida con su yerno Rafael Lucio Celis en los programas de jóvenes construyendo el futuro. Les exigían regresar cada mes 3 mil 600 pesos de la ayuda que recibían. Los obligaron a realizar actos proselitistas a su favor. Si se negaban, los excluían de los beneficios.
En Colima compite la litigante Indira Vizcaíno, quién fue militante del PRD en el 2002, presidenta municipal de Cuauhtémoc. Como priista, estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Después se fue a Morena, donde se desempeñó como diputada federal y delegada de Programas para Desarrollo. Cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a la entidad, la militancia le exigió quitarla de abanderada, por sus antecedentes de priista. Con su llegada, desplazó a auténticos militantes y fundadores del partido. Delgado no hizo caso y le tiraron huevazos, al tiempo que le gritaron traidor. En Querétaro participa Celia Maya García, que busca por tercera vez el cargo. La primera en 2003, con el PRD. La segunda en 2015, con Morena. Las encuestas se inclinan por el PAN, con 5 puntos de ventaja. Maya es licenciada en derecho, docente por más de 30 años, magistrada del Tribunal Superior de Justicia. López Obrador en el 2018, la postuló como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no resultó electa por el senado. Ha sido objeto de diversos señalamientos. Junto a la funcionaría Consuelo Rosillo, tramitaron un amparo contra de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, donde en el 2015, se estableció que el tope máximo en pensiones y jubilaciones sería de 42 mil pesos. Pero el congreso le aprobó un retiro de 157 mil 266 pesos mensuales en forma vitalicia. Argumentó que la cantidad es la justa y adecuada por sus 40 años de servicio. Organizó una fiesta para sus simpatizantes en el municipio de San Juan del Río, donde la grabaron al momento de bailar, sin cubre bocas. El PRI la acusó de gastar más de 200 mil pesos en propaganda en redes sociales.
En Baja California la candidata será la litigante Marina del Pilar Ávila, quien se desempeñó en el ámbito académico en la universidad estatal hasta el 2016, cuando decidió incorporarse a Morena. En el 2018 fue diputada federal, en el 2019 solicitó licencia para postularse a la alcaldía de Mexicali, donde resultó ganadora. Dejó el cargo para buscar la gubernatura. En Campeche la candidata será la psicóloga Layda Sansores San Román, quién por cuarta vez, intentará obtener el puesto. Fue militante del PRI durante 30 años, donde se desempeñó como diputada federal plurinominal y senadora de mayoría. Renunció en 1996 para irse al PRD, donde la postularon a la gubernatura como candidata externa y perdió. En el 2000 se brincó al Movimiento Ciudadano. Se postuló a la gubernatura en las elecciones del 2003, quedó en tercer lugar. En el 2006 fue diputada federal plurinominal. En el 2012, participó como candidata a la senaduría, pero no obtuvo el triunfo. En el 2014, decidió integrarse a la bancada del Partido del Trabajo para después renunciar e irse a Morena, que la postuló como candidata a la gubernatura en el 2015, pero perdió por tercera ocasión. Sin embargo, logró ser alcalde en el 2018 en el ayuntamiento de Álvaro Obregón en México, cargo que dejó inconcluso, para postularse otra vez.
En el 2018, la acusaron de hacer gastos excesivos del erario por 700 mil pesos, cuando no estaban relacionados con su labor legislativa. Hizo compras en supermercados de 60 mil pesos, donde incluyó muñecas, almohadas, tintes para el cabello, alimentos. Metió facturas de ropa, como un vestido que tenía estampado el rostro de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y una mascada de seda con un un valor de 14 mil pesos, un saco R15 de 9 mil pesos. Otros gastos aludieron a electrodomésticos, telas para cortinas, vajillas y otros objetos. Argumentó que todo lo hizo con su salario, para darle un obsequio a los trabajadores de limpieza en la cena de diciembre, ya que tienen ingresos quincenales de mil 750 pesos y carecen de prestaciones. Pero en el convivio, no se observó ninguno de los artículos adquiridos. Fue cuestionada por las propiedades que tiene en México, Querétaro, Cuernavaca y una hacienda en Campeche, con playa privada, que no menciona en sus declaraciones patrimoniales. Ni su desempeño en diversas empresas de joyas, obras de arte, inversiones en los sectores de la construcción, inmobiliario, hotelería, restaurantes, gasolineras, tiendas de conveniencia, arrendamiento de vehículos y maquinaria, equipamientos de estaciones de combustible, rentas de bombas y reparaciones automotrices. La censuran que por estar fuera más de 5 años, por lo que no conoce las verdaderas necesidades del estado.
En San Luis Potosí figura la ex titular de la secretaría de salud, Mónica Rangel, que egresó como cirujana de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene dos maestrías en salud pública y en educación. En el 2015, fue designada titular de la dependencia por el mandatario Juan Manuel Carreras López. Fue la última en ser nominada por Morena, con lo que se logró la cuota de género con siete mujeres. Su llegada causó polémica, ya que se sobrepuso a otras aspirantes que la antecedieron, como María del Consuelo Jonguitud, Marcelina Oviedo y Francisca Reséndiz. La ex funcionaria, toda su vida militó en el PRI. Agarró revuelo por las conferencias que encabezó diario, durante varios meses, para reportar los avances de la lucha contra el covid. También por la amistad que tejió Carreras con López Obrador. El malestar que generó se vincula también las denuncias penales en su contra ante la Fiscalía General de la República, por los presuntos delitos de asociación delictuosa, falsificar documentos y enriquecimiento ilícito. Fue señalada de hacer pagos por más de 400 millones de pesos a empresas inexistentes. Le entregó casi 200 millones de pesos al motivador Gabriel Salazar, sin licitar, por supuestos servicios de limpieza y seguridad.
En Sonora quedó el ex secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño. En 1994, fue secretario particular del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que terminó asesinado. En el 2000 renunció al PRI y se une al PAN, para estar en la campaña de Vicente Fox Quesada, donde fungió también como secretario particular. En el 2006 se agrupó a López Obrador, donde fue candidato a senador, pero perdió. Fue diputado federal del 2012 al 2015 y coordinador de la bancada parlamentaria de Morena. En el 2020 se suma al gabinete del tabaqueño. Lo critican de realizar su amplia carrera política fuera de la entidad. Tener un desempeño irregular como titular de seguridad, por el fallido arresto del narcotraficante Ovidio Guzmán y no castigar a nadie por la masacre de la familia LeBarón, por parte del crimen organizado, en la entidad que busca gobernar.
En Zacatecas se apuntó David Monreal Ávila, quien por tercera ocasión consecutiva, busca ser gobernador. Pregona que es la vencida. La primera fue en 2010 y la otra en 2016. Es hermano del coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal. Inició su carrera política en el PRI. Después brincó al PRD, PT y
Morena. Fue senador, diputado federal, presidente municipal de Fresnillo en el 2016 y ex coordinador de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Su última derrota como candidato a la gubernatura, la adjudicó a las traiciones y retiro del apoyo de los militantes, que lo consideran flojo. No asistía a las reuniones con líderes comunitarios o llegaba tarde. Faltaba a los mítines que organizaba su hermano, Ricardo Monreal. No ha mejorado su conducta de perezoso, que combina con un gran ego.
En Nayarit, el senador con licencia, Miguel Ángel Navarro Quintero, compite por tercera ocasión. La primera fue en el 2005 por el PRI y en 2017 por Morena. Militó en el PRI durante 29 años, donde participó como abanderado a la alcaldía de Tepic, sin lograr el triunfo. En el 2010 fue delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas. Se desempeñó tres veces como diputado federal y dos como senador. En Sinaloa por tercera vez aparece el ex rector de la universidad autónoma, Rubén Rocha Moya. Su primera intervención fue en 1986 y la segunda en 1998. Fungió como coordinador de asesores de los gobernadores priistas, sin ser miembro del partido. En el 2017 fue coordinador estatal de Morena. Fue subdirector de capacitación del ISSTE. Candidato a senador en el 2018, ganó y ahora pidió licencia para participar en las elecciones 2021.
En Michoacán participa el ex presidente estatal del PRD, Raúl Morón. En el 2012 fue senador. En 2018, ganó la alcaldía de Morelia con las siglas de Morena. Fue denunciado de solapar el asesinato del joven Julio César Chagolla, de 28 años, por elementos de la policía municipal bajo su mando. La víctima tenía trastornos mentales, por error entró a una casa que no era la suya. Los vecinos llamaron a los agentes, que al arrestarlo, lo agreden con violencia y muere a los tres días. En respuesta, Morón, destituyó al titular de la corporación y uno de los implicados en el caso. Pero la entidad continúa asediada por el crimen organizado y la violencia.
En Chihuahua participa Juan Carlos Loera de la Rosa. Se ha desenvuelto en la iniciativa privada como ingeniero electromecánico, con especialidad en ingeniería ambiental. En el 2012 se sumó a Morena. En 2016 fue candidato a presidente municipal de Ciudad Juárez, pero perdió. Fue diputado federal en el 2018, pidió licencia para asumir el cargo de delegado de Programas para el Desarrollo. Luego se regresó a la cámara de diputados. Es investigado por la Secretaría de la Función Publica por presuntos actos de nepotismo, desvío de fondos y promoverse con recursos públicos.
En Baja California Sur, el candidato de Morena será Víctor Manuel Castro Cosío. Fue alcalde de La Paz y diputado federal por el PRD. Renunció al partido para irse a Morena. Alcanzó la senaduría en el 2018, solicitó licencia para asumir el cargo de delegado de Programas para el Desarrollo. Ahora por segunda vez, contenderá por la gubernatura. La primera fue en 2015. Castro Cosío y Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del sistema de agua potable y alcantarillado, fueron señalados por desviar 148.9 millones de pesos, que debieron destinarse a la compra de maquinaria pesada y tanques de almacenamiento.
En Guerrero eligieron al polémico senador con licencia Félix Salgado Macedonio, también conocido “El Toro sin cerca”. Se postuló por tercera vez. Inició su carrera política en el PRI, renunció para sumarse al PRD, con el que llegó a la presidencia municipal de Acapulco. Fue dos veces diputado federal y dos veces senador, en la última pidió permiso para contender. Lo denunciaron de acoso, violación sexual y violencia de género. Un grupo de mujeres exigió que fuera excluido de la competencia. El dirigente nacional, Mario Delgado, argumentó que no tenía condena en contra, por lo que conserva los derechos políticos electorales. Salgado se libró de algunos cargos, cuando la fiscalía local dictaminó no precedente una denuncia presentada en noviembre del 2020, cuando los hechos se suscitaron en 1998. Es decir, 22 años atrás, al no ostentar ningún cargo. Pero tenía pendiente una segunda denuncia relacionada con el delito de violación presentada en el 2018 por la víctima. Lo ubican como dócil con los narcos y violento con las mujeres. Según documentos de la Fiscalía General de la República y expedientes de las cortes federales de Georgia, Estados Unidos, Salgado fue señalado como anfitrión del cartel de los Beltrán Leyva y del narcotraficante estadounidense Edgar Valdés Villareal, “La Barbie”, durante su lapso como edil. Les dio todas las facilidades para el tráfico de cocaína. Las sistemáticas protestas de colectivos y militantes de Morena, que exigieron al presidente no avalar el pacto de impulsar a un violador, provocaron que Salgado fuera removido. Se manejó que la comisión de honor y justicia, iba a reponer el proceso en el que podría volverse a apuntar.
