“Ya te cargó la chingada cabrón”, le dijeron los presuntos agentes ministeriales al ex reportero del periódico digital Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, cuando lo sacaron con violencia de su casa ubicada en La Fragua 450, en la colonia Julián Carrillo. Eras las 8:30 de la mañana del 5 de octubre. Al día siguiente apareció ejecutado, con dos balazos de calibre 9 milímetros en la cabeza, por las vías del ferrocarril, cercanas al aeropuerto Ponciano Arriaga. Antes de ser eliminado, mediante tortura, la víctima fue obligada a declarar que colaboró para el Cartel del Noreste. En sus afirmaciones, destacó que varias corporaciones estatales y las municipales de Soledad y la capital están involucradas con el crimen organizado. El video de Esqueda es el culmen de una guerra soterrada y abierta de los distintos grupos criminales que pelean por el control de la plaza a través de narco mantas y choques sangrientos en las calles de la entidad. La mayoría tiene como enemigo común el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, al que acusan de construir su propia estructura para cometer una amplia gama de delitos.
El escándalo mediático lo desató el ex jefe de homicidios de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, que dio a conocer el video donde torturan a Esqueda, que le hicieron llegar de manera anónima a través de una memoria USB. Luego publicó en su página electrónica la fotografía de uno de los ministeriales, identificado por la familia del occiso, que acudió a sacar de su vivienda a Esqueda y que luego lo interrogó de manera férrea. El ahora fiscal, Federico Garza, rápido se deslindó. Negó que sus agentes estuvieran inmersos. Al contrario, envió al feroz subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, citar a Ceballos para que fuera a declarar, cómo obtuvo el video, en lugar de sumarlo a través de la figura de coadyuvante. Casi se lían a golpes cuando no logró que rindiera el testimonio por falta de una credencial para identificarse. Luego trató de llamarlo como testigo de un crimen al que fue ajeno.
Castro le envió un citatorio a la calle Altamirano 253, donde nunca ha habitado. En el 2007 Ceballos lo ocupó para montar un pequeño gimnasio donde impartió defensa urbana y redactó el manuscrito de su libro Shantal, asesinato en el salesiano. Aunque Ceballos ha reiterado que Soledad es zona de narco fosas, su verdugo le avisó que llevaría al departamento de servicios periciales y medicina forense, por lo que intuyó, podrían sembrarle un difunto. Otro elemento que incide para intuir que el caso de Esqueda será llevado al desván fue el anuncio del ombudsman estatal, Jorge Andrés López Espinosa, al informar que el tema fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “por la relevancia del asunto”. El occiso denunció sin éxito el acoso que sufría de los ministeriales, ya que era un testigo incómodo de sus excesos. No recibió apoyo del comité estatal que protege a los periodistas en peligro por ejercer sus tareas que preside el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, fiero protector de Castillo Celestino.
Apenas fue “levantado” Esqueda, sus compañeros alertaron que “el estado desaparece periodistas”. El director de Vox Populi, Carlos Garrigos Esparza, se concentró en juntar firmas de apoyo de los demás reporteros para enviar una queja a los organismos internaciones. Destacó que el gobernador Juan Manuel Carreras era el único responsable de la inseguridad que priva en el estado por lo que debe combatirla sin pretextos. Podía aminorarla si exige el patrullaje del ejército en las calles. Resaltó que la víctima fue sacada con violencia de su hogar por supuestos agentes ministeriales, pero la procuraduría negó haber ordenado alguna pesquisa al respecto. Exigió que no se descartara como línea de análisis. Destacó que con Esqueda sumaban 38 jornaleros privados de su libertad en el sexenio, que luego aparecen muertos. Casi 10 horas después lograron acceder al gobernador Juan Manuel Carreras en la plaza de armas, que se mostró distante, elusivo. Garrigos le espetó que era el único que les podía garantizar seguridad. “Ya no queremos ver en los periódicos más ejecuciones y secuestrados. Ni que se echen la pelota entre sus colaboradores. Le pedimos que intervenga el ejército”. El doctor en derecho lo interrumpió para decir que se iban a activar mecanismos protectores.
-Lo más importante es que Daniel Esqueda aparezca con vida- atajó Garrigos.
-Lo más importante es que hoy por la tarde miren al procurador y secretario de gobierno para que analicen todos los temas- respondió el mandatario, que se alejó en una nube de colaboradores. Aunque encabezó algunas reuniones con los informadores locales, no se alcanzó nada concreto. Lo único que logró fue ganar tiempo y desinflar las presiones sociales. Se ventiló que Daniel Castro, como firmaba sus notas, motivó el último enojo de sus verdugos cuando publicó el 4 de octubre, los detalles una bomba casera que detonó en el río Santiago al abrirse la puerta de una camioneta blanca Cherokee. Al explotar las tuercas y clavos resultó herido un agente de los servicios periciales y dos ministeriales. Se especuló que en una hielera de unicel que venden en Oxxo, estaban los restos de alguien. Esqueda publicó el mensaje: “es un regalito que dejamos para Castillo Celestino. La cabeza de tu amante”. Firmó El Gafe.
La muerte de Esqueda Castro alcanzó niveles internacionales. Las delegaciones en México de la Unión Europea, Naciones Unidas, Noruega y Suiza, reclamaron la falta de resultados en otros 10 periodistas asesinados. Dijeron que es preocupante el grado de violencia e intimidaciones que los informadores enfrentan en México. Conminaron a los responsables a realizar los esfuerzos posibles para llevar a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables. El organismo Artículo 19, exigió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la libertad de prensa, de la Procuraduría General de la República, realizar una pesquisa diligente, técnica, objetiva, imparcial, que considere la labor reporteril como línea principal y los indicios que involucran a las fuerzas de seguridad de la policía ministerial de San Luis en los crímenes. Un diario alemán destacó que Esqueda fue torturado y asesinado en el céntrico estado. Se convirtió en el undécimo comunicador caído en el 2017. Antes las múltiples presiones, Carreras nombró a Castro Sánchez fiscal especial para esclarecer el homicidio. Le dijo a la familia que colabora un equipo especial de la PGR, con dos agentes del ministerio público federal, 4 de la policía ministerial federal y el respaldo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El 6 de octubre se hizo viral en las redes otro narco mensaje, donde dieron detalles del fatal incidente. Criticaron a Carreras de “pocos huevos”. Aludieron a Castillo Celestino, que envió a su lugarteniente, Macario Macías, “El Chilo”, apoyado por “su célula de la Nueva Generación para ser asesinado Esqueda. Conoce pueblo potosino la impunidad con que ha trabajado la policía ministerial. Amedrentan ministerios públicos, magistrados, al mismo procurador, para hacer y deshacer. Pero se acabó, no toleraremos el cobarde crimen contra un reportero, padre, hijo y hermano. Ya basta de tantos atropellos, abusos, levantones, secuestros y homicidios cometidos por agentes bajo el mando de Castillo Celestino y su brazo ejecutor Chilo, para tranquilizar la plaza. Parte de lo mismo es callar a la prensa, para que no ataque”. Exigieron intervenga el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de que asesinen más informadores, por criticar a Carreras y Castillo Celestino.
En otro texto similar se estableció que Esqueda Castro fue sacado de su vivienda con violencia por ministeriales donde figuró Macario Macías “El Chilo”, un “oscuro personaje, que tiene nexos con el crimen organizado desde hace tiempo. Huyó de San Luis hace menos de un año, se fue a refugiar a Jalisco. Pero en la policía ministerial aparece comisionado en Tamazunchale. Es mentira, jamás se presentó a trabajar. Castillo Celestino lo ayudó para que se fuera a enfriar a Jalisco. Ahora regresó para hacer el trabajo sucio, que antes ejecutaba Antonio Varela, Fernando Flores y Tenorio. Pero no volvió solo, se hace acompañar de una célula del crimen organizado de Jalisco. Son al menos 10 personas para hacerle la guerra al Cartel del Noreste, ya que lo quisieron matar en varias ocasiones”. Mencionaron que el foto reportero pudo sucumbir porque revelaría los detalles del asesinato del joven Enrique Castro, de la colonia Las Julias, cometido por ministeriales que trataron de alterar la escena para ubicarlo como sicario. “Castillo Celestino los debió llamar a cuentas, junto con sus armas y realizar el peritaje. Entones es cómplice por omiso”.
“La camioneta en que se llevaron a Esqueda es la misma que se relaciona en otros levantones y cobros de piso desde que llegó El Chilo y su gente. San Luis será zona de guerra en los próximos días gracias a su brillante idea de traernos a otro cartel. Castillo Celestino lo apoyó en semejante tontería, por lo que le dará todas las facilidades. Es lo que buscaron que no dijera Esqueda, que llegó el relevo de Varela a quitarnos la tranquilidad. Hacemos responsable a Castillo, Macías y Leal Tovías, que solapa las triquiñuelas del director de la policía ministerial. Usted señor gobernador, es responsable por las malas decisiones, al contratar a Castillo, que trajo el caos y más delincuencia al estado. Además, manipula a otras instancias encargadas de administrar e impartir la justicia”.
Al día siguiente se dio una respuesta por parte del llamado comandante Diablo, líder del grupo operativo Z, Cartel del Noreste, San Luis Potosí-Matehuala. “Al pueblo potosino. Nosotros jamás hemos atentado contra personas inocentes, menos un reportero que hace su trabajo. Hay un supuesto mensaje que hicieron los ministeriales, pinches perros cobardes, donde dicen que Esqueda trabajó para nosotros, que era enlace con la policía municipal y lo asesinaron Los Zetas. Falso. Lo mandó levantar y ejecutar Castillo Celestino, autor intelectual. Macario Macías, El Chilo, autor material. No traten de hablar mal del chavo, para justificar su asesinato. Todo porque tuvo problemas con Castillo Celestino. Chilo, ya sabemos de los de la Nueva Generación, fuiste por el reportero y lo tiraste en el lote de autos y al del Tsuru de la 57, un inocente. Como las bailarinas que mataron con El Meño y varios levantados en antros que según tú, jalan con nosotros. Dile a los culeros que trajiste, den la cara y vamos a darnos en la madre”.
La apocalíptica novela se empezó a tejer antes a través de diversas narco mantas colocadas en el periférico y Cactus, en el puente Hércules, que se ubica en la carretera Querétaro-San Luis y puente Moctezuma en el río Santiago. Informan de las pipas de gasolina, al parecer, robadas, que terminan en las despachadoras de Gaso Speed, de la familia Valladares y Castillo Celestino. El combustible lo acarrea el Cartel del Golfo. Refieren un presunto soborno del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, para reinstalar como director de la policía ministerial a Fernando Flores, donde fue corrido por agredir a sus ex colaboradores. En otra narco manta le remarcan a Carreras, que tienen más pruebas. Aluden a la captura de una pipa con 62 mil litros de diesel, en la carretera Querétaro-San Luis, por parte de la policía federal, con destino a Gaso Speed. Le dijeron de la red de espionaje de Castillo Celestino para seguir a los políticos más importantes, donde figura el secretario de gobierno, Leal Tovías, notarios y el procurador Federico Garza. El equipo lo manejó antes Fernando Flores, “Juan Diego o Aries”, que fue reinstalado por una jugosa mordida. La ambición de Castillo es desmedida, ya que quiere tener armas para el chantaje, no lo destituyan para proteger a su patrón Juan Carlos Valladares. El secretario de finanzas, José Luis Ugalde, le pidió espiar a su novia. Cada semana Castillo le entrega reportes del teléfono que usa.
El cerco contra Castillo Celestino y su grupo iba en camino. El 4 de febrero del 2017, aparece una narco manta en avenida Universidad y Muñoz, donde se relató que el comandante de la policía ministerial, Daniel Romero y Macario Macías, “El Chilo”, se llevaron al discapacitado Josafat Guardiola Maldonado, en dos vehículos blancos tipo Avenger, por presuntos nexos con el crimen organizado. Le destruyeron la silla de ruedas cuando se negó a entregarles el celular. Fue torturado y ejecutado con el tiro de gracia. El 27 de junio, un comando armado que se movió en una camioneta Mazda negra y Taurus blanco, balearon la casa del asesor de la policía ministerial, Antonio Varela, que activó el botón de pánico, por lo que se desplegó un operativo en la zona para atrapar a los agresores. La cacería se prolongó hasta la avenida Muñoz y Papagayos, en la colonia Las Julias, donde los agentes confunden al joven Enrique Gómez González y su hermana, que se desplazan en un vehículo similar al que buscan. Les marcan el alto. No hacen caso ya que antes les chocaron la unidad. Además, desconfían de sujetos que andan en una camioneta sin placas y armados. Entonces los rafaguean por la parte trasera, donde muere el conductor y resulta herida su acompañante.
Los ministeriales alteran la escena para simular que enfrentaron a un sicario, al que le siembran una arma. Cierran las calles aledañas, para evitar el acceso. El tío de la víctima, Marco Antonio Gómez Cuéllar, denunció que des confían de las autoridades, que ataca a la ciudadanía y no atrapa a los verdaderos malos. Castillo Celestino se niega a aceptar que sus colaboradores estén implicados. Destacó que el disparo es el último recurso, salvo cuando se cumplen órdenes de arresto, flagrancia, peligro de vida de otro o la propia. Otra tía del occiso, Eva Ponce, increpó en palacio de gobierno al vocero de seguridad, Armando Oviedo Ábrego. “No se hagan tontos, saben quién fue el asesino. Díganlo, se los exigimos”. Expuso que Enrique Gómez dejó una hermana en el hospital, una sobrina lastimada, un hermano menor y una abuela que piden justicia. “Por defender un perro de la jauría, hay un inocente muerto. La misma policía ministerial se investiga. Perro no come perro”.
El 6 de julio, en una narco manta que se adjudicó al Cartel del Noreste, se consignó: “para qué te haces pendejo, Castillo Celestino, si la muerte de Enrique Gómez, en la colonia Las Julias, fue a manos de Fernando Flores, Antonio Varela y tú”. Los acusaron de accionar el arma que le quitó la vida al joven. Encubrieron el hecho, acordonaron la zona, levantaron casquillos. “Tenemos fotos que lo prueban, alteraron las pruebas. Inclusive, le sembraron una pistola a Gómez, para hacerlo pasar como parte de la delincuencia organizada, para justificar el homicidio alevoso. También dejaron herida a la hermana. A Cándido Ochoa Rojas le agradecemos, ya que por 150 mil pesos, Fernando Flores trabaja otra vez para la policía ministerial, ya que fue destituido por falsificar documentos e incapacidades. Han habilitado a un delincuente, ahora un asesino. Castillo Celestino, con la anuencia del gobernador, lo protege”. Le pidieron a Carreras estar atento a las juntas del gabinete de seguridad. “No se haga pendejo con el celular. Dígale al mayate que le escribe después, para que se aplique a cuidar a los potosinos. La entidad está de cabeza, gracias al cartel de la policía ministerial, al mando del huachicolero mayor, Castillo Celestino y Pablo La Chula Valladares. ¿Cuántos abusos y muertes más habrá por parte de Castillo y la bola de delincuentes de los ministeriales?”.
El 30 de junio, el Cartel del Noreste, en una narco manta que colgó en el puente de avenida Universidad, le dijo a Carreras que para detener la ola de violencia, debe correr de la ministerial “a Varela, Romero, Castillo Celestino, Ervey, Kiko, Jerico, Chilo, Elmer, Fernando Flores y toda la bola de ratas que comanda Daniel Romero Segura. Sabemos que Ervey y Kiko quisieron matar al chiapaneco. ¿Es el gobierno que cuida a San Luis? Si sigue con la bola de ratas, la ola de violencia será al triple. El secuestrado que traen del Canay no es jale de nosotros. No agarramos inocentes. Lo tiene Gerardo Alonso Maldonado alias El Vampi. Sabemos que piden 4 millones. Todo lo que se hable en San Luis lo conocemos. A la bola de ministeriales les decimos, ya no roben, si tienen hambre, arrímense, nosotros les damos para que se compren lo que se llevan de las casas, como plasmas, tabletas, pinches muertos de hambre”.
El 11 de julio fue asesinado el ministerio público Jesús Raúl Serralde Hernández, que laboró en la unidad especializada de homicidios y feminicidios de la procuraduría de justicia. Vivía en la calle Hacienda de Guanamé, en el fraccionamiento San Miguel, en avenida San Pedro y anillo periférico, en Soledad. Lo acribillaron dos pistoleros que huyen en motocicleta. Conocidos aseguran que no tenía el perfil ni la experiencia para atender delitos de alto impacto. No contaba con plaza laboral. Se movía en camión urbano. Su esposa asegura que antes de morir, recibió una llamada de ministeriales, que lo obligaron a salir de la casa, con el pretexto de poner una recarga al celular, en un Oxxo cercano. Señalan de corresponsable de su deceso a su jefa, María Guadalupe Rodríguez Gómez, “La Chupitos, por encargarle el complicado asunto del asesinato de Enrique Gómez en Las Julias. El 13 de julio circuló un narco video donde interrogan al distribuidor de estupefacientes, Sergio Alejandro Álvarez Ruiz. Dijo vivir en Hogares Populares Pavón, en la calle Colibrí 123. Lo surte cada miércoles el comandante de la policía ministerial, Antonio Varela, en una Ram blanca, sin placas. Los martes hace los cobros. Aunque se dijo que Varela se entregó de manera voluntaria el 13 de octubre, lo cierto es que fue atrapado por la marina. El 9 fueron encarcelados en Rioverde, el ex comandante de la policía ministerial, Fernando Flores. El ex director operativo, Daniel Tenorio. Los agentes Jesús Mata Tinajero, Juan Zúñiga y Elías Núñez, por el homicidio de Las Julias.
En las redes sociales, casi de manera simultánea, volvieron a increpar a Carreras, que insiste en mantener intacto el gabinete de seguridad, donde figura Castillo Celestino y sus 40 ladrones. Calificaron de sospechosa la muerte del fiscal Raúl Serralde, que investigaba el crimen de Enrique Gómez en Las Julias a manos de ministeriales, a los que iba a llamar a declarar. Además, solicitó las armas usadas en el peritaje. Se supo que no podían usarlas, porque se venció el permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Calificaron una burla que la procuraduría fuera juez y parte. Castillo aseguró que no pasará nada, por lo que el delito lo debe manejar la Procuraduría General de la República. Censuraron la incapacidad del ahora fiscal Federico Garza Herrera, que desconoce el nuevo esquema de justicia penal. Está en el gabinete por los millones de pesos que aportó a la campaña de Carreras. Lo mismo que el magnate Juan Carlos Valladares, sostén de Castillo Celestino, con el que se incrementó la inseguridad un 300% respecto a sus antecesores.
El 24 de julio, con gran estruendo, se anunció que la policía de Estados Unidos detuvo al líder del Cártel del Noreste, Rey David Álvarez Vázquez, alias “El Santander”. Lo entregan a la marina, que lo traslada al penal de La Pila. El litigante César Augusto Aguilar reclamó que el detenido, es otra persona, su cliente, que se dedica a vender carros. El reclamo le vale que en la noche, un comando le dispare a su vivienda. Desde la ventana alcanza a reconocer entre los agresores al agente ministerial Antonio Varela. Resaltó que antes fue amenazado de muerte por Castillo Celestino, quien manejó, trataron de rescatar un arsenal. El 23 de agosto, circuló otro video donde interrogan al ex policía estatal, Ubaldo Aguilar, antes de ser ejecutado. Luego lo cuelgan en el puente del periférico y carretera a Matehuala. Reveló nexos de dos ministeriales con el crimen organizado. “Caballero que trabaja en robos y Óscar, bajo el mando de Varela”. Anunció la guerra en San Luis por parte del comandante Gafe, líder del Cártel del Noreste, José Hugo Rodríguez Sánchez, que venía a limpiar la plaza. Pero fue atrapado el 17 de septiembre en Guadalupe, Nuevo León.
El 5 de octubre asesinan a Édgar Daniel Esqueda Castro. El 12 Ceballos difunde la cinta donde lo torturan. Establece que existe una guerra abierta entre lo que se podría denominar Carteles Institucionales, donde figura el de la policía ministerial de Castillo Celestino, el del secretario de seguridad, Arturo Gutiérrez y sus Talibanes, manejado por su brazo derecho, el director del mando único en la zona media, Arnulfo Urbiola y el del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Castillo tiene un conflicto mayor con el Cartel del Noreste, que reclama con otras fuerzas el control de la plaza. En las últimas semanas, la entidad de cubrió de violencia y sangre. En Villa de Reyes, ejecutaron a cuatro vigilantes de una empresa que construye un gasoducto. Aunque cubrió el rescate de 250 mil pesos, fue ejecutado el médico de Tamuín, Enrique Arizabalo González. Apareció un calcinado en Matehuala. Incendian un vehículo en plena carretera 57, en la zona industrial.
El 17 de octubre, circuló el video de un narco menudista. Aseguró que trabaja para Castillo Celestino. La “merca” se la entrega Macario Macías y Varela. Indicó que sirven a un cartel que viene de Guadalajara. Aseguró conocer también al Pareja y Augusto Aguilar, El Bolillo”, compadre de Castillo Celestino, que lo tiene encargado de un módulo en Pozos, donde maneja a cinco agentes. Le preguntaron su clave. Contestó ignorarla, pero con decir que procedía de Jalisco, lo dejaron en paz. El 18 de octubre, el Cartel del Noreste le envió otro mensaje a Carreras. Le reclamó su negativa de correr a Castillo Celestino, “alias Nariz de Aguacate, o como lo conocen sus compañeros, Celestino tras las ñongas. Usted sabe que junto con El Chilo, trajeron a San Luis al Cartel de Jalisco Nueva Generación. Cometen delitos como homicidios, robo de vehículos, secuestros, asaltos a cajeros automáticos, trata de blancas. Hemos decidido hacer 50 aparatos explosivos, como los del río Santiago y usarlos contra objetivos establecidos, como la policía ministerial y sus casas. Usarlos contra personas que apoyan a Castillo, como los masones y su gran maestro, empecinado en mantenerlo en el cargo. A partir de hoy empieza otra época en la seguridad de San Luis. Los atentados seguirán hasta que usted corra a Castillo como director y su grupo de mamachiles. A todo el que lo apoye, le voy atronar el culo también”. El culmen se dio el 18 de octubre, cuando Televisa transmitió un reportaje sobre el clima de terror que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez ha sembrado en San Luis, lo que le ha permitido crear un imperio económico.
municipios de la zona centro. Su secuestro y posterior asesinato, pudo tener como origen, una denuncia anónima que realizó el propio Tomás Rosales sobre el grupo que operaba a la vista de todos en la zona. “El 14 de abril del 2011, muy temprano me llamó mi hijo para decirme que un auto con hombres armados, se había estacionado frente a su negocio, un molino-tortillería ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. Le digo que me de las placas y hago una llamada anónima a la doceava zona militar. Como un grupo de soldados andaba cerca, acuden. Cuando llegan, el vehículo y sus tripulantes se habían retirado e introducido en otro domicilio cercano. Los militares preguntaron a mi hijo del reporte. Estoy seguro que les señaló hacia dónde se fueron. Fue el motivo por el que lo asesinaron”.
