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Antes de irse, el general Arturo Gutiérrez expuso su brillante diagnóstico para acabar con la delincuencia: cerrar los giros negros

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En su última comparecencia con los diputados el pasado 25 de octubre, antes de dejar el cargo de secretario de seguridad pública, el general Arturo Gutiérrez no cambió un ápice su discurso de minimizar los imparables hechos de violencia que alcanzan un promedio de dos homicidios dolosos diarios y donde en una sola semana de noviembre, el conteo institucional fue de 13 asesinatos donde cayeron 3 policías muertos.

En la cita con los legisladores con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, el militar se concretó a repetir las cifras que dio su jefe, Juan Manuel Carreras, de que la incidencia delictiva es menor a la de los estados vecinos y está por debajo de la media nacional, cuando la realidad refleja que de septiembre a octubre del año en curso, el aumento en los delitos fue 11% y hasta  octubre el total de ilícitos denunciados eran 30 mil 157 contra 23 mil 393 que se registraron en 2016, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gutiérrez les informó a los diputados, sin precisar cifras, que a nivel nacional los delitos del fuero común registraron un aumento considerable, pero San Luis Potosí se ubica en el lugar 13 en la incidencia por debajo de la media nacional. Y comparado con las entidades cercanas, no dijo cuáles, y zona noroeste del país, ocupa el lugar primero y segundo a la baja. En cuanto al número de delitos por cada 100 mil habitantes, como son homicidios dolosos, extorsión, secuestro, robo vehicular, de octubre del 2016 a julio de 2017, la entidad ocupó el séptimo sitio abajo de la media nacional.

Les dijo que al implementar operativos en puntos estratégicos, que se realizaron a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, en donde participan todas las policías de los tres niveles de gobierno y el ejército, se logró reducir en un 16 % la criminalidad en la zona metropolitana. Y sobre la incidencia delictiva total en el área “nos podemos considerar en adecuada posición”. Relató que junto con otras instituciones, se realizaron 80 operativos en los que se decomisó un millón 18 mil litros de combustible, 105 contenedores del mismo material, más de 3 mil 109 kilogramos de estupefacientes, 731 dosis de drogas y se aseguró un laboratorio. Dijo haber quitado 37 armas, 3 mil 558 cartuchos útiles, 75 cargadores y clausurado 37 establecimientos de giros negros y 80 personas relacionadas con tal actividad se pusieron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la República.

Resaltó que se creó la Fuerza Metropolitana Estatal. Informó que la policía estatal cuenta con mil 200 elementos, que en los últimos dos años han efectuado mil 500 operativos en la entidad y 2 mil 558 recorridos especiales. Recuperaron 821 vehículos con reporte de robo. Se pusieron bajo el mando del juez calificador 5 mil 641 personas, de las cuales 913 eran del fuero común, 119 del fuero federal, se entregaron al Instituto Nacional de Migración 157 indocumentados y se localizaron 182 menores extraviados.

En cuanto a los feminicidios que no cesan, Gutiérrez señaló que se incorporó la perspectiva de género a los servicios de atención de emergencias 911. Se creó la unidad de género que opera las 24 horas y atendió de julio del 2016 a octubre del 2017, 437 reportes de violencia contra las mujeres.  Justificó la falta de repuesta del 911 en un alto porcentaje de las llamadas ciudadanas, a la falta de personal y saturación del sistema con reportes falsos. Cuando la operadora les solicita que esperen un momento en línea, cuelgan y al hacerlo, se van en automático a la cola, lo que demora aún más servirlos. Habló de una nueva plataforma que les obsequió Baja California, lo que permitirá tener el doble de capacidad. El sistema a nivel nacional todavía opera en una primera fase. La segunda está en proceso de instalarse. Contará con un geo localizador para rastrear las llamadas de broma y sancionar a los autores, con lo que se podrá mejorar la calidad.

Se invirtieron en el 2017, 11.8 millones de pesos para capacitar en forma inicial y continúa a mil 35 elementos de la dirección general de seguridad pública, de la procuraduría, sistema penitenciario, policías de San Luis, Soledad y 11 municipios de la huasteca. Se logró el 100% de capacitaciones a los policías estatales para actuar como primeros respondientes, para resguardar y procesar el lugar de los hechos. Nos obstante que los policías estatales denunciaron la falta de uniformes y la deficiente calidad que entregaron a algunos elementos, Gutiérrez les dijo a los diputados que en el último año se invirtieron 21.1 millones de pesos para dotar de indumentaria a todo el personal de la fuerza estatal y del sistema penitenciario.

Se gastó 11. 1 millones de pesos en un bono de riesgo por 4 mil 100 pesos que se entregó a 2 mil 729 elementos en funciones operativas e invirtió 19.6 millones de pesos en mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de vigilancia y telecomunicaciones. Resumió como logros de su segundo año al frente de la dependencia, crear la policía metropolitana, con la que aseguró, se mejoró el tiempo de respuesta para atender los delitos en un lapso de 3 a 5 minutos. Haber disminuido en un 63% el número de quejas en contra del personal, no haber recibido en el año, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, haber implementado el 911 y creado la policía cibernética, la que cuenta con 13 elementos, que atiende cerca de 500 denuncias.

La fuerza estatal se compone de 3 mil 200 policías de los cuales el 50% está sindicalizado, por  lo cual el personal operativo se reduce a mil 700 para todo el estado, 600 se concentran en la capital, divididos en tres turnos y 600 cubren los 20 municipios de la huasteca. Reiteró que el 9% de los llamados delitos prioritarios, como robo a habitaciones, comercios, transeúntes, homicidios, extorsiones  y secuestros, ocurren en la zona metropolitana. “La justificante podría ser que es donde se concentra más del 50% de los habitantes, con lo que crecen los llamados giros negros, que se deben controlar para evitar se disparen los delitos”.

Gutiérrez dijo a los diputados que se trabajaba para mejorar los resultados, pero que no va a desaparecer la delincuencia de manera ideal, pero si mantenerla por debajo de la media nacional para proyectar la seguridad que provoca inversiones y desarrollo. El diagnóstico que dio está lejos de lo que manifiestan los ciudadanos, pues según la ultima Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 85.4% de los capitalinos encuestados dijeron sentirse inseguros. La muestra estadística se aplicó en 58 ciudades del país con corte a septiembre del 2017. San Luis Potosí se ubicó entre las 17 urbes donde la gente está insegura. En un solo un año, las percepciones de inseguridad crecieron un 18.6 %.

El general expresó que una forma de contener los delitos es cerrar negocios de giros negros y educar a los ciudadanos para que disminuya el consumo de vino y drogas, pues en el caso de homicidios, de 100 que se cometen, el 43% está relacionado con alcohol y drogas. Insistió que la delincuencia organizada afecta a quienes la practican. Informó que la dependencia cuenta con 42 cámaras de vigilancia activas. Pidió más recursos para contratar policías y comprar equipo. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para el 2017 fue de 2 mil 165 millones de pesos y una gran parte se va en salarios.

El diputado del PT, José Belmarez, le pidió a Gutiérrez dirigir sus estrategias de combate a la delincuencia, atender los delitos comunes y cotidianos que ocurren en las partes marginadas de la ciudad, como la zona norte, donde son frecuentes los pleitos entre pandillas y los homicidios ni siquiera se registran en las estadísticas. “Los ilícitos ocurren en pleno mañana, llaman a la policía y nunca acude”. El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que compareció en la misma asamblea, anunció para el 2018 que todos los recursos federales que se otorguen al estado para seguridad, se destinarán a la compra de 5 mil cámaras, instalar arcos de control en todas las entradas y salidas de la zona metropolitana y fortalecer el C4 con una moderna plataforma a la que se pueda conectar cualquier persona a través de celulares o equipos de vigilancia caseros, vía internet y los botones de pánico que hasta ahora se proporcionan a defensores de derechos humanos y periodistas, puedan instalarse en taxis y camiones.

Informó que la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, que opera en la capital, fue implementada por la secretaría de gobernación desde el 2016, en 50 ciudades con un rápido crecimiento en la incidencia criminal. Y por sugerencia del gobierno estatal, se incluyó a Soledad. El objetivo del  programa es contener los delitos, al atacar los blancos o negocios que puedan utilizarse para generar recursos a la delincuencia. Participan en el programa la PGR, ejército, policía federal, estatal, municipal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se trabaja a través de las mesas de inteligencia, que maneja la PGR. La jurídica y operativa a cargo del ejército. Reconoció que hasta la fecha ninguna de las ciudades ha logrado salirse de la estadística, pero se refuerzan las acciones y estrategias para conseguirlo en San Luis.

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En el video donde torturan a Esqueda, se denuncia el pleito a muerte entre el Cartel de la Policía Ministerial contra el Cartel del Noreste

Capital, , , , , , , , , , , ,

El ex comandante del grupo de homicidios de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, dio a conocer un video que le filtraron a través de una memoria USB, donde aparece el ex foto reportero del diario digital Vox Populi, Édgar Daniel Esqueda Castro, torturado por un presunto grupo criminal, donde, por la golpiza que recibe, lo obligan a decir que laboró para el Cartel del Noreste. También involucra a la policía de la capital, Soledad y de las Fuerzas Metropolitanas. Ceballos le niega valor legal y probatorio. Pero arroja varios indicios que debe investigar el procurador Federico Garza Herrera. Expuso que el clima de violencia en la entidad se incrementó por las confrontaciones del Cartel del Noreste y la célula que encabeza el director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, los únicos que trafican en la capital con la metanfetamina cristal, que es más barata, pero causa mayores estragos en la salud de los consumidores. La mariguana se la dejan a las pandillas foráneas.

Relató que no existe voluntad política para aclarar el asesinato de Esqueda, que se ha convertido en un ícono. Recordó que el crimen organizado hizo sus primeras y demoledoras incursiones en el sexenio del panista Marcelo de los Santos. Como la balacera que se registró en el centro histórico, siguió por Independencia y terminó en Himno Nacional. El saldo fue de 13 muertes. La seguridad se había colapsado. Indicó que ofreció al gremio de los reporteros, un curso básico de defensa. Advirtió que al difundir el video, puso en riesgo su vida. Se lo pudo hacer llegar algún cartel o las propias instancias gubernamentales, ya que no les interesa aplicar la justicia. Resaltó que no se trata de una evidencia contundente para llevar a juicio, pero revela varias líneas que deben ahondarse. Expuso que una copia de la memoria la iba a notariar y entregarla a las instancias correspondientes.

Anunció que la tenía el reportero de Proceso, Rodrigo Vera, que trabaja en el asunto, que ya se desbordó. “El video no resuelve nada. Enturbia las investigaciones. Al analizarlo, se denuncia al Cartel del Noreste. Podemos imaginar que lo turnan los enemigos. Ya no están los mismos grupos de hace un año, como La Familia Michoacana, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste, Zetas, Caballeros Templarios. Se encuentran reducidos. Esqueda Castro es una víctima colateral. Antes dije que una de las razones por las que fue ejecutado era para obtener informes. Algunos contactos me dijeron que no era necesario. Hay otros motivos. Hay que ubicarnos en el contexto que se movía. Es lógico que buscaban algo. Lo compruebo con el video. ¿Quién pudo ser?. Un grupo contrario, peleado a muerte con el Cartel del Noreste, incrustado en la policía ministerial que maneja José Guadalupe Castillo Celestino, El Lobo”.

“No puedo sostener lo que dicen los periódicos, que fueron ministeriales los que irrumpen en la casa de Esqueda a las 8 de la mañana y se lo llevaron con violencia. Las únicas pruebas que existen son dichos de los testigos, que quienes llegaron, se dijeron policías ministeriales. Tampoco es prueba, pero no debe descartarse. Quiero resaltar que en los últimos crímenes que se registraron en la capital, ¿quién llegó primero? Esqueda y publicaba las fotos. Fue la causa, no que estuviera infiltrado. Las declaraciones las hizo bajo tortura. Yo sufrí lo mismo, no por el crimen organizado. Fue el ejército. Uno le pide a dios morirse en el momento. Le exige a los verdugos que lo asesinen. Pero el que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla. Me he comprometido a investigar la muerte del compañero Esqueda”.

Ceballos destacó que recibe hasta 200 mensajes de auxilio. Con una vieja computadora, sin dinero, hace lo que le corresponde al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Tuvo que borrar un millón 400 mil archivos, después de analizarlos. Insistió que el video de Esqueda le llegó de manera anónima. No fue producto de sus pesquisas. “El crimen organizado es un poder de facto, duro. Su principal herramienta de trabajo es la violencia y el terror. Sabemos que existe la ley de la pistola o el oro. Nadie se abstiene o sufre las consecuencias. Esqueda dijo que lo llevaron a una fiesta, donde lo tablearon. Lo necesitaban. Le pagaban 3 mil pesos al mes. Algunos compañeros suyos me han dicho que también los han tableado. Me reservo su identidad. La práctica del cable viene del ejército mexicano. Es un correctivo disciplinario. Los Zetas lo copiaron. Es una técnica de interrogatorio y castigo. Con golpes tremendos”.

“Las mismas anomalías acontecen en las fuerzas federales. No obstante el nuevo esquema de justicia penal, la tortura y simular pruebas, son las principales herramientas para investigar. Las personas que señaló Esqueda se deben presentar a declarar. La autoridad debe agotar todos los indicios, pero no hace nada. El clima de violencia en San Luis está creado por el Cartel del Noreste y el grupo contrario que es de la ministerial. Se ha enquistado las animadversiones. Podemos decir que la terrible muerte de Esqueda es un daño colateral, producto de un deficiente informe. Lo quisieron interrogar. Pero tal gente, al levantar, tienen qué ejecutar. ¿Qué diferencia hay entre el secuestro y un levantón?. Uno tiene fines económicos. El cobro de una recompensa por la libertad. El levantón es para quitarle la vida a la persona. Ya no estamos en la época de 1980-85, donde los narcotraficantes eran benefactores de las clases humildes. Desde hace varios años en San Luis vivimos una etapa de narco terrorismo”.

“Se han registrado muertes de niños y mujeres embarazadas. El crimen organizado crea terror para ganar la plaza, desestabilizar la ciudad y al gobierno, por lo que atacan a otros grupos. Visitan un punto de venta de droga y si pasa un menor, no les importa, lo rafaguean. Matan inocentes, como Esqueda. Hay señalamientos muy serios que las autoridades deben agotar. Se alude a la policía municipal de la capital y Soledad. Al director o encargado de la policía metropolitana, Pedro Luis Rocha Cruz. Entonces, ¿en manos de quienes estamos?. Hay una denuncia de 10 quejosos. Dicen que en el periférico norte, patrullas estatales y municipales tablean a pandilleros, a los chavos que están al frente de los puntos de venta de droga. Los roban. Hay más sitios donde expenden mariguana que tiendas Oxxo. A la vista de todo mundo y nadie actúa. Estaba obligado a presentar el video, pero lo van a ocultar”.

-¿No han investigado a los ministeriales que se identifican con el crimen organizado?

-Lo señala Esqueda. Es algo extraño, tendencioso. No habla de la policía ministerial. Todos sabemos que hay elementos coludidos. Saquen sus conclusiones.

-Esqueda se quejó en derechos humanos contra la ministerial.

-En efecto, ¿pero qué pueden hacer? Pronunciarse en contra de algunas autoridades, con recomendaciones. Les dije que podía resolver el crimen en 48 horas. Tengo una semana con líneas concretas. ¿Cómo identificar a los autores materiales, qué se puede hacer?. La única forma es hacer la denuncia pública y que las autoridades agarren al toro por los cuernos.

-¿Esqueda pudo ser obligado a decir los nombres que mencionó?

-Analicemos la tortura. Se usa para obtener datos con el sufrimiento. Es obvio que las preguntas están inducidas. Las declaraciones son fluidas, porque conoce el tema. Ubica a policías, lo que es un secreto a voces. Cuando la marina me detuvo, no fueron nada ceremoniosos. Me hicieron tragar 60 litros de agua por la nariz en 12 horas. Fueron días de tortura. Les dije lo que me constaba, lo que sabía. Les pedí que ya no me golpearan. Les exigí que hicieran una declaración y la firmaba. Le ponía la huella, pero que me dejaran en paz. Sobre el video, se puede uno imaginar que no lo hizo el Cartel del Noreste o lo obtuvo un infiltrado que no es leal y lo entregó a grupos contrarios. Lo pudo enviar un policía, que los hay honestos. Existía un interés en que se conociera. El crimen organizado busca generar terror con las noticias. La autoridad quiere que no se sepa. El que filmó estuvo presente al momento de torturar y ejecutar a Esqueda.

Ceballos negó que haya influido en el deceso de Esqueda, hubiera denunciado la muerte de un joven en la colonia Las Julias, donde varios ministeriales balacearon la camioneta donde se movía. “Se dijo que detectó irregularidades, pero fue un crimen perpetrado por inexpertos. Se trata de los mandos policiales. No es posible que dispararan contra un vehículo sin saber quién lo conducía. Sólo por ser oscura, con vidrios polarizados. Le tiraron por detrás 30 elementos. Las fallas todo mundo las señaló. Se involucró al comandante Antonio Varela, que andaba prófugo. Fue mi compañero en la policía federal, bajo el mando del director Cristian Peralta. Luego se apuntó en la policía ministerial. Lo dieron de baja, después aparece como asesor, un cargo que no tiene el organigrama de la procuraduría. Lo protegen cuando lo relacionan con hechos criminales. La Subprocuraduría Especializada en Investigar la Delincuencia Organizada se dedica al narcotráfico. No tiene especialistas es homicidios”.

“También trajeron 20 elementos de la policía militar. Quieren comprar tortillas con el doctor Simi. No son las instancias adecuadas. Se necesita un administrador de homicidios. Yo trabajo sin dinero, ni tecnología y entrego resultados. Tengo datos importantes desde el primer día, pero a la autoridad no le interesa. Hay que analizar en partes lo que dice Esqueda e investigar a los que señala. Pudo hacerlo por presiones, para evitar el castigo. Antes de un interrogatorio bajo tortura, es lógico que hay inducciones en las respuestas. Le dijeron cómo conducirse. No conocí a Esqueda en lo físico. La familia tiene que identificarlo en el video y por la voz. La procuraduría puede negarlo. Me pasó algo similar con otra persona que ejecutó el crimen organizado. Recuperé una cinta donde lo torturan y ejecutan de manera espantosa. Le decían el comandante Bebé. Nunca apareció el cuerpo. Hubo señalamientos muy fuertes contra el gobierno estatal y municipal”.

“Le he dicho, en el asunto de los descuartizados, operó la policía de Soledad. Los hermanos Padilla y una mujer. El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, por órdenes de su jefe Ricardo Gallardo Juárez, minimizó los hechos. En lugar de repartir tortillas y garrafones de agua, deben ponerse a trabajar. Soy apartidista, pero la seguridad pública debe ser la columna vertebral de las tres órdenes de gobierno. Gallardo se pronunció contra el alto índice de delitos, pero sus policías de Soledad y la capital están involucradas. ¿En manos de quién estamos?. Cuando trataron de hacer secretario de seguridad al encargado del mando único en la zona media, Arnulfo Urbiola, me opuse, porque tiene nexos con el crimen organizado. Recibí amenazas de muerte por dar a conocer el video. Pero mi vida siempre ha estado en riesgo por informar”.

“Una salida de las autoridades fue criminalizar a Esqueda, tener el paliativo, andaba mal, terminó mal. Las declaraciones bajo tortura no son prueba. Son indicios para investigar. Mucha gente ajena a los hechos, sólo ha denostado a la víctima. También al gremio periodístico. Mencionan el sector antrero. Todos sabemos cómo trabajan los giros negros, centros de citas, donde prostituyen a jóvenes. Hubo el caso de un esclavo sexual en una casa de masajes. Es espantoso. Las autoridades no hacen caso. Los antreros están coludidos. Donde la policía extorsionaba antes, ahora lo hace el crimen organizado”.