El secuestro de 21 migrantes y dos choferes que los trasladaban, provenientes de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, con rumbo a Saltillo, Coahuila, en la ruta de la carretera 57, registrado la madrugada del pasado 4 de abril, destapó la cloaca de una red criminal de extorsiones, trata y rapto de braceros, que opera con total impunidad en el altiplano potosino. Fue el pretexto propicio para que el gobernador Ricardo Gallardo y la físcalía local, bajo su control absoluto, arremetieran contra el edil panista de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, con el que ha mantenido una pugna sin reposo, desde el inicio de su mandato. No lo ha podido doblegar para que se vaya al Verde Ecologista, como lo logrado con otros 29 alcaldes de diferentes fuerzas políticas, que por amenazas u oportunismo, optaron cambiarse.
El 5 de abril se dio a conocer la denuncia por secuestro que interpuso ante la Fiscalía de Guanajuato, uno de los propietarios de la agencia de viajes Eiffel, propietaria de las 2 camionetas en las que se trasladaban los “turistas”, que resultaron ser migrantes. Habían salido dos días antes de la comunidad de La Quemada, del municipio de San Felipe Torres Mochas. Uno de los vehículos se encontró sin ocupantes en el libramiento de Matehuala. Los plagiarios utilizaron el teléfono de uno de los choferes para pedir el rescate de 60 mil pesos por persona. No obstante que la noticia alcanzó trascendencia nacional e internacional, el gobierno de San Luis reaccionó tarde y de manera errática, a través de su vocero de Seguridad Pública, Miguel Gallegos, ya que el gobernador y sus principales colaboradores, se encontraban de vacaciones por la semana santa.
El funcionario, en entrevista con un noticiero de Radio Fórmula, salió a decir que se localizaron a 16 de los viajeros, donde figuró uno de los conductores. Negó que hayan sido víctimas de secuestro y privados de la libertad. Sólo les quitaron las pertenencias. Se coordinó con autoridades de Guanajuato para determinar si había otro vehículo en el que se trasladaban 8 personas más. El gobierno vecino ofreció dos helicópteros, con luz nocturna, para localizar a los extraviados.
El 7 de abril, otra vez Gallegos informó de un operativo interestatal, donde intervino el ejército y la Guardia Civil Nacional. Localizaron un total de 105 personas migrantes retenidas de manera ilegal. Lograron la captura de dos personas involucradas, a los que decomisaron armas de grueso calibre y varias camionetas con reportes de robo. Encontraron sin vida a uno de los choferes que trasportaban a los itinerantes desde Guanajuato. Después se supo que 35 de los secuestrados se encontraron en una brecha, en la comunidad de San Gabriel y otros en una casa de seguridad localizada en la colonia República y en un hotel. Todos de Matehuala.
Durante varios días, Gallardo mantuvo un inusual silencio. No se pronunció sobre el caso en las redes sociales. El 8 de abril, declaró que la agencia Eiffel, era responsable del tráfico de migrantes, pues Saltillo, hacia donde se dirigían los 23 viajeros, no era un destino turístico. En una nota que publicó el periódico Reforma, se dijo que la ruta donde se encontraron a los plagiados, era controlada por el grupo de los “Alemanes”, una escisión de los Zetas. El grupo criminal operaba coludido con el llamado Cártel de la Ministerial, con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional, según reportes militares filtrados a través de Guacamayas Leakes.
El 10 de abril, el fiscal José Luis Ruiz Contreras, señaló que se investigaban las omisiones y posibles vínculos de autoridades municipales de Matehuala, en el secuestro de migrantes. Aludió al alcalde Iván Estrada Guzmán. Medios informativos controlados por Gallardo, difundieron que autoridades estatales y federales irían contra el edil. El propio mandatario, señaló que la posible injerencia de Estrada, apuntó hacia algo más grave. “Es un tema muy delicado”. Un día después dio a conocer que en un lance sorpresa, coordinado por la Guardia Nacional, el ejército y la Guardia Civil Estatal, detuvieron al director de la policía municipal, Francisco Eduardo Moreno Rosales y tres elementos más. En las oficinas, les encontraron bolsitas con una sustancia blanca, que la fiscalía iba a determinar si era droga.
Posterior a la captura, aseguró que “Matehuala es un desmadre”. Hizo un llamado al alcalde rebelde, para que tomara cartas en el asunto y ponga orden. O de lo contario, “lo haremos nosotros”. Calificó de natural las protestas de los policías de Matehuala, pues a nadie le gusta que los revisen. Aseguró que no era una cacería de brujas, pero no se pude pasar por alto lo que sucede en el municipio. Por el arresto de Moreno, que apenas
asumió el mando el 24 de marzo reciente, 80 agentes y tránsitos protestan y bloquean la calle donde se localiza la Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dijeron ser víctimas de conductas arbitrarias de elementos de la Guardia Civil Estatal, que arribaron por la mañana. Después de una asamblea privada con el director, lo detuvieron. A los que estaban cerca, los despojaron de sus armas y celulares. Con amenazas los obligaron a darles sus contraseñas. Los uniformados se mantuvieron por varias horas en paro de labores. Temían por su seguridad y la de sus familias.
Se sumó a la embestida contra el alcalde, la dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Aracely Martínez Acosta, que pidió investigarlo, por el encierro del jefe de policía, al que le encontraron droga. Se encontraba en proceso judicial por el posible vínculo con grupos criminales. Enfatizó que en el sexenio del panista Marcelo de los Santos, arribó a San Luis la delincuencia organizada y se perdió la paz. La senadora Graciela Gaytán Díaz, incondicional de Gallardo, demandó investigar a fondo al edil, por sus posibles nexos con traficantes de braceros, por parte de la Fiscalía de la República. Enfatizó que de manera extraña, en los municipios gobernados por el PAN, crecen los delitos y los traficantes de personas operan a sus anchas. Hay ingobernabilidad, que parece solapar el comité estatal del partido.
Iván Estrada en un video que difundió en las redes sociales, el 12 de abril, dijo ser objeto de una guerra sucia en su contra. Difamado y calumniado por dos o tres personas que no son de Matehuala. “Les duele que el municipio crezca, haya regresado la concordia y el respeto después de tres años de carencias”. Dijo que si algunos trabajadores del municipio son llamados por la fiscalía por alguna falta o delito, no se opone, ya que son responsable de sus actos. Pero daría la cara por los funcionarios de su gobierno que son inocentes.
En un comunicado, condenó el secuestro de 86 migrantes que fueron interceptados en la carretera 57, en un tramo que abarca Matehuala, donde luego fueron rescatados. Admitió sus obligaciones para evitar que el municipio se utilice como reducto de grupos delictivos que obtienen ganancias ilícitas. Lamentó no tener la fuerza operativa para combatir un delito federal, que debe ser atendido por el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y el ejército. Dijo que ha cooperado con los diversos órdenes de gobierno para prevenir conductas que denigran la naturaleza humana.
La coordinadora de la bancada panista en el congreso, Liliana Flores Almanza, destacó que los señalamientos en contra del edil, eran motivados por cuestiones políticas. Aclaró que Estrada tiene el respaldo de su partido. Su desempeño al frente del ayuntamiento, dio resultados. Regular el fenómeno de los braceros irregulares, corresponde al Instituto Nacional de Migración. El diputado Rubén Guajardo señaló que era muy apresurado, por parte de la autoridad estatal, atribuirle culpas al edil, en el secuestro y trata de migrantes. Los cargos deben adjudicarse con pruebas, después de una indagatoria a fondo.
Las diferencias con el edil de Matehuala, se revelaron cuando concluyeron las elecciones en julio del 2021. Como gobernador electo, Gallardo, dijo: “he mandado el mensaje que de que ya pasó el tiempo de campaña. Lo entienden 57 alcaldes”. Excluyó a Estrada. Añadió que no descuidaría a la gente del altiplano. Iba a buscar la manera de implementar los apoyos necesarios para atender a la ciudadanía. El aludido respondió días después en su cuenta de Facebook. “Reitero mi compromiso con el pueblo de Matehuala de trabajar de la mano con el gobernador Ricardo Gallardo”.
Ya como alcalde, Estrada despidió a trabajadores del ayuntamiento que apoyaron la campaña de Gallardo. Los llamó “traidores y vendidos”, publicaron algunos medios controlados por el mandatario. En mayo del 2022, durante una cita con el grupo Potosinos con Valor, señaló que no había recibido un solo peso de los recursos que Gallardo prometió para atender las demandas de la gente. Se quejó que a 7 meses de iniciar el trienio, ni siquiera le había dado el dinero para comprar un terreno para el cementerio, como había prometido.
En una gira por el altiplano, Gallardo puso en marcha el pavimentado de la avenida Las Torres, donde se invirtieron 25 millones de pesos. “La ciudadanía no desea involucrarse en diferencias de partidos o ideologías, solo quiere el apoyo de sus autoridades”. En 15 días regresó a inaugurar la clínica rosa, para otorgar atenciones y medicamentos gratuitos a 20 mil mujeres y sus hijos. El consultorio funciona en un local que le cedió en comodato, el diputado federal del Verde Ecologista, Alejandro Segovia.
En la tirante convivencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con Iván Estrada, ha jugado un papel cismático Alejandro Segovia Hernández, que mantiene un pleito soterrado con su relevo en la alcaldía.
Utiliza los medios El tiempo del Altiplano y una estación de radio que opera el mismo grupo, para atacar al edil. Lo han acusado de borracho y mariguano. Es el costo por haber denunciado el desastre que heredó en la alcaldía, con múltiples deudas, obras deficientes y laudos laborales, entre otros.
Estrada denunció que el comerciante le dejó una deuda cercana a los 90 mil pesos con la ex regidora de Morena, Rosa Elia Ortega Ábrego, la que demandó al ayuntamiento, por el pago de bonos de cuatro meses y parte de aguinaldo. Le cubrió el pago al cabildo por debajo de la mesa. Le dejó el entuerto en vilo, por lo que exigió, enfrentara sus errores. El juicio laboral lo ganó Ortega y derivó en una multa que impuso el Tribunal Estatal Electoral por 385 mil pesos a Estrada y al hoy ex tesorero, Diego Alejandro Mendoza Pinales, por desacatar la sentencia, en la que se ordenó pagar a la demandante.
Estrada ventiló que el su antecesor, compró un pozo en 38 millones de pesos, que resultó un fraude, ya que persiste el desabasto de agua. Manejó que iba a resolver las carencias en los próximos 100 años. El último desencuentro que tuvieron se dio por el control administrativo y laboral del Parque las Camelias, que en febrero inauguró Gallardo, después de invertirle 150 millones de pesos, ya que lo dejó inconcluso el ex mandatario Juan Manuel Carreras.
El pasado 6 de marzo, un grupo de ejidatarios de Santa Ana, comunidad que donó el terreno de 32 hectáreas donde se hizo el centro recreativo, denunciaron que Segovia impuso como director a Refugio Maldonado, que antes tuvo como encargado de los servicios públicos primarios. Coló a otras 19 personas más en la nómina. Se quedó con los espacios destinados al comercio, en los alrededores del inmueble, que prometieron a los campesinos, como parte de los beneficios que tendrían por dar el predio. Exigieron que el gobierno estatal cumpla los acuerdos. Al ser cuestionado sobre el pleito, Gallardo lo calificó como grillas, las de Estrada con Segovia. Propuso para arreglar las diferencias, “se agarren del chongo en un ring”.
