El trágico futuro de los potosinos se escribió cuando el cirujano de bajísimo perfil y de conducta bipolar, Fernando Toranzo Fernández, acató las órdenes imperativas del maximato, Horacio Sánchez Unzueta, para despejar el camino al que sería su relevo, el entonces secretario de educación, Juan Manuel Carreras López, que consignó en su currícula, como gran logro político, haberle cargado el maletín al ex gobernador interino, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, considerado por muchos, “el maestro” del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Gracias a Sánchez y otro de sus alumnos, Fernando Silva Nieto, el doctor en derecho fue secretario de desarrollo social, de programación y presupuesto y diputado federal. Se hizo amigo del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa cuando compartieron aulas en la Escuela Libre de Derecho. Pero al jefe político de la entidad se le iba a complicar el último dedazo para imponer al tartufo de Carreras, al aparecer en el escenario, el dueto de los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.
Entonces el triunvirato, formado por Sánchez, Toranzo y el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, planearon quitarse al alcalde con licencia, Gallardo Cardona, que era puntero en las encuestas para ganar la gubernatura. Aprovecharon la coyuntura nacional de los 43 estudiantes desparecidos de la normal rural de Ayontzinapa Guerrero, donde estaba implicado el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Además, el desastre nacional de la inseguridad que provocó la guerra fallida de Calderón contra el narcotráfico. También aprovecharon la pugna interna del PRD, donde los Gallardo se confrontaron con el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, que exigió al actual gobernador, someterse al código de ética del partido, para evitar otros descalabros, similares al de Abarca.
Los conspiradores aprovechan la coyuntura para sacar ventaja. Le venden la inquina al entonces mandatario Enrique Peña, ávido de reivindicarse por el fracaso para contener el avance y poderío de las pandillas del narcotráfico. Le dicen que podrían ganar la gubernatura si encarcelan a un peligroso maleante que tiene nexos con Los Zetas. El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio, informó que Gallardo fue detenido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo trasladan al penal de Hermosillo, Sonora, donde se quejó de inhumanas torturas. Se sabe que Gallardo es alérgico a la lactosa. Su primer desayuno fue leche con quesadillas. Solicitó licencia el viernes 3 de enero del 2015 y el lunes 5 ya rendía sus primeras declaraciones ante la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada. La captura se originó por las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó operaciones inusuales en transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos.
Supieron que desde las cuentas del ayuntamiento de Soledad, se realizaron pagos de servicios médicos a la clínica Wong, que luego transfería los recursos a diversas cuentas bancarias de Gallardo Cardona y sus familiares. A través de tres empresas de carne, inmobiliaria y automotriz, dispersó el dinero ilícito, por lo que fueron aseguradas. Encerrado el hijo, el padre fue coaccionado para usar su maquinaria electoral y sacar a flote al abanderado del PRI, el inocuo Juan Manuel Carreras. Si cumplía, su vástago quedaría libre muy rápido. Con el respaldo de sus verdugos, le encargaron ejecutar un mega fraude electoral en contra de la panista Sonia Mendoza Díaz, mejor posicionada que el doctor en derecho, al que su propia militancia rechazaba, por su acendrado oportunismo. Lo acusaron de traidor, ya que renegó de su ideología para sumarse al gabinete de Calderón, que lo hizo director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular del Comité Regulador de la Tenencia de la Tierra. Pero Gallardo Juárez también se benefició de la asonada, al convertirse en el primer alcalde de la capital con las siglas del PRD, que luego dejaron en la quiebra, al cometer un fraude por 15 millones de pesos.
El primer signo de un trato benévolo por hacer ganar a Carreras, se dio cuando Gallardo fue trasladado del penal de Hermosillo, Sonora, al de Ocampo, Guanajuato, donde recibió un trato benévolo. Incluso, el padre contrató después como directores de la policía municipal a Leobardo Aguilar Orihuela y Juan Ramón Velázquez Uresti, que antes cuidaron a su hijo mientras estuvo detenido. El espaldarazo salvador vino un año después cuando el magistrado del tercer tribunal unitario del quinto distrito, Ricardo Martínez Carvajal, le otorgó el amparo, al considerar que el dinero trasferido del ayuntamiento a las cuentas privadas, era limpio, “por ser del erario”. Carreras, de estar en la lona, se impuso a través de un fraude magistral, de alta escuela, de alquimista. Su más fuerte opositora, Sonia Mendoza, también fue traicionada por sus correligionarios, donde ubicó con gran despliegue al ex senador, Octavio Pedroza. Después terminó como aliada de sus verdugos, que la hicieron diputada federal por el Verde Ecologista. El ariete político, confesor y biógrafo de los Gallardo, Rafael Aguilar Fuentes, “El Chiquilín”, en diversas ocasiones, ventiló los intríngulis de la emboscada contra sus patrocinadores: a Gallardo Cardona lo encerraron para obligar al padre a mantener al PRI en la gubernatura.
Pero según Gallardo Juárez, todavía no estaba cubierta la factura. Cuando amenazó de muerte a Carreras en la Plaza de Fundadores, ante el temor de que le cometieran fraude a su hijo, filtró que le quitaron el triunfo cuando se reeligió al vencer al candidato del PAN a la alcaldía, Xavier Nava. Expuso que el mandato imperativo vino de arriba y se tuvo que disciplinar. Sus seguidores cuentan que en efecto, nunca estrenaron las camisetas con la leyenda de “ganamos”. Las tuvo que desechar. La casa de campaña parecía un sepelio. Se deduce que Carreras le debía la gubernatura y la alcaldía de la capital. No podía hacerle una tercera jugarreta. El ex edil olvidó que el doctor en derecho, lo salvó de pisar la cárcel, después de las múltiples denuncias de Nava ante el fiscal Federico Garza, donde lo acusaron de fraude y peculado por más de 2 mil millones de pesos. El líder de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, sostiene que padre e hijo, en casi 15 años de controlar el ayuntamiento de Soledad y tres de la capital, se robaron más de 20 mil millones de pesos. Entonces, protegido por Carreras, Gallardo Juárez entra en la categoría de impunidad que su hijo ha denominado la “herencia maldita”, lo que lo convierte en otro de los muchos intocables, que se enriquecieron de la hacienda pública.
Con el terror encima de ser ejecutado después de terminar el cargo, Carreras se doblegó ante las temerarias amenazas de Gallardo Juárez, por lo que terminó por entregarles el manejo absoluto del Consejo Estatal Electoral, para que, como en otras ocasiones, rellenaran urnas a su antojo, sin el mínimo riesgo de ser castigados. El candidato a la alcaldía de Soledad, Roberto Cervantes, denunció que antes de iniciar los comicios, funcionarios del consejo electoral, ya había embarazado gran cantidad de urnas, lo que permitió que Gallardo arrasara con los sufragios logrados en Soledad y la huasteca, por lo que se jactó. Carreras completó el ciclo del engaño, coludido con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para imponer como candidata a la gubernatura, a la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, sólo para facilitar el triunfo de Gallardo. También abandonó a su suerte, al abanderado de la coalición PRI y PAN, Octavio Pedroza Gaitán.
El ex candidato a la alcaldía de la capital por Morena, Xavier Nava, dijo semanas después, que si Carreras hubiera encerrado a Gallardo Juárez y no los deja en el desamparo, pudieron salir victoriosos. Muy caro le salió a los potosinos sentar a Carreras en el mando. Aunque Gallardo Cardona estuvo preso un año, su padre fue alcalde de la capital y malversó más de 2 mil millones de pesos sin que fuera sancionado. El actual mandatario acusó al doctor en derecho de embolsarse, en lo individual, 20 mil millones de pesos. Carreras pagó la última factura, al dejarle el mando a Gallardo Cardona, que con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, manejará de manera arbitraria, más de 50 mil millones de presupuesto al año. Para simular que no tiene un pacto de impunidad con su antecesor, Gallardo Cardona fingió un ejemplar castigo a su ex contendiente, Mónica Rangel, acusada de malversar más de mil millones de pesos como titular de salud. Pero fue procesada por menos de 23 millones de pesos. En lugar de estar encerrada en las mazmorras de La Pila, la mayor parte del castigo se la pasó en el Hospital del Niño y la Mujer, por padecer un cáncer de seno.
El mismo trato recibió su relevo en la dependencia, Miguel Ángel Lutzow, dos administrativos y un proveedor, que en conjunto, cubrieron una pena económica de 55 millones de pesos. Antes rabioso persecutor, cuando los detenidos dieron el primer abono de 30 millones, Gallardo se apresuró a decir que al completar la cifra establecida, en automático, saldrían libres. Fiel a su estilo de ocultar datos, jamás informó el destino de lo recuperado, que se estimó en un 5.7% del gran total. El vocero del organismo Ciudadanos Informando, José Guadalupe González Covarrubias, denunció que resulta preocupante, decepciona la ciudadanía, fue un engaño el supuesto combate a la herencia maldita, con la que ya existe un pacto de impunidad. Casi nadie le creyó al fiscal José Luis Ruiz Contreras, cuando externó que no habrá intocables del sexenio anterior, donde se incluye al mismo Carreras, quien tiene abiertas carpetas de investigación por el desfalco millonario cometido a los potosinos.
En cualquier momento puede ser llamado a cuentas ya que pagó obras que no existen o no se terminaron, no las licitó o tienen un gran sobreprecio. El objetivo, recalcó, es que regrese el dinero malversado en trabajos fantasmas. También mencionó al ex secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que no está a salvo por ser diputado local. La lista de fraudes aluden a la Red Metro, Presa La Maroma, cobro de acciones inexistentes en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, Junta Estatal de Caminos, Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Vivienda, Turismo, Educación, Colegio de Bachilleres, Seguridad Pública, Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, Instituto Potosino de la Juventud, Instituto Potosino del Deporte y otras instancias donde los titulares se despacharon con la cuchara grande y se convirtieron en nuevos ricos de San Luis Potosí. Aludió al ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, que ante una inminente captura, recurrió al amparo. Sin embargo, no está a salvo de las pesquisas sobre el desvío millonario que cometió, con lo que se da una vida de lujo en Europa, Nueva York y los destinos turísticos del jetset. Magnánimo, Ruiz estableció que busca, los implicados regresen lo saqueado y no pisen la cárcel, ya que se convierten en una carga pesada para el estado.
Lista de privilegiados
El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, fue el primero en solicitar la renuncia y castigo del ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza, al que acusó de lavado de dinero, daño patrimonial, fraude y desvíos financieros al menos por 500 millones de pesos. Le exigió a Carreras, dejar los ataques contra la abanderada de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel. También pidió la salida del fiscal Federico Garza, que se hizo de la vista gorda para no castigar los delitos cometidos por la mafia de los Gallardo y no garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el primer debate de los rivales, el candidato independiente, José Arturo Segoviano García, acusó a Daniel Pedroza, de transferir fondos públicos a la campaña de su hermano, a través del dueño de la empresa Campizzo y coordinador de campaña, Enrique Martín del Campo Mena, que se dedica a las artes gráficas, al que le asignó contratos millonarios sin licitar. La denuncia la presentó en la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Alternativa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Expuso que entre el cúmulo de pruebas, se desprende una inmensa cantidad de contratos de adjudicados en forma directa y restringida por parte de la Secretaria de Finanzas”.
Pedroza solicitó un amparo ante el juzgado sexto de distrito contra una orden de arresto por los probables delitos contra las arcas estatales. En el expediente, pide lo protejan contra actos de fiscalía local, dirección de métodos de investigación, juez de control y tribunal de juicio oral. El 11 de marzo se realizó la primera audiencia incidental. La audiencia constitucional se programó para el 25 de mismo mes. El contador público, especialista en derecho fiscal, se sumó al gabinete a mitad del sexenio. Suplió en el cargo a su colega José Luis Ugalde, que salió por presuntos manejos negativos de las cosechas de los invernaderos de Santa Rita, ubicados en Rioverde. Fue criticado por el protagonismo de su esposa en las redes sociales, donde exhibió un ostentoso nivel de vida en restaurantes de lujo y viajes al extranjero, que no corresponden a los ingresos del ex funcionario.
Otro que jamás será llamado a cuentas es el ex director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Medina Salazar, que aportó sumas millonarias a la campaña de Gallardo, con lo que consiguió además la alcaldía de Valles para su hermano, David Medina Salazar. El ex funcionario fue acusado por el diputado federal, Ricardo del Sol Estrada, de haber entregado 28 contratos de obras a familiares, por más de 440 millones de pesos, que hizo con su empresa, Infraestructura del Golfo. Por sus nexos con los ex delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César García Coronado y Ernesto Cepeda Aldape, obtuvo parte del contrato para ampliar la carretera Valles-Tamazunchale, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Medina hizo en Valles cuatro plantas tratadoras de aguas negras que no funcionan. Creó un sistema de tuberías que están vacíos, no tiene drenaje y adquirió una cara bomba extractora que nunca funcionó. Medina fue acusado de proteger a empresas extranjeras interesas en perforar a grandes profundidades para extraer agua en la huasteca sur, con fines mineros. Lo involucraron en el escándalo donde varios diputados locales, chantajearon a alcaldes de municipios indígenas a cambio de aprobarles las cuentas públicas.
Carreras y el secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, fueron denunciados por el experto en temas de transparencia, Jesús Federico Piña Fraga, que implacable, se dedicó a hurgar varios rubros, donde encontró desfalcos que superan los 3 mil 500 millones de pesos. Tuvieron de cómplices a la administradora de la Sege, Sandra Rojas y sus colaboradoras, Lis Minerva Irurzo y Daniela Rocha, entre otras, que cobraron excesivos sobornos a proveedores, lo que les permitió viajar al extranjero, someterse a cirugías estéticas y tener gordas cuentas bancarias a salvo de miradas incómodas. Piña investigó el turbio reparto de los libros de texto gratuito, donde encontró pagos excesivos de gasolina y uso de facturas apócrifas. El mayor robo se dio en el manejo de las afores de los empleados de la Sege. También documentó graves fallas en las escuelas de tiempo completo. En el programa nacional de inglés, descubrió que cobraron varios impostores que jamás se pararon a las aulas. Las anomalías están presentes en las escuelas seguras. Joel Ramírez y sus aliados, no pudieron solventar viáticos por un millón de pesos.
Jamás será llamado a cuentas el que fuera vocero del Carreras, el ex director de la escuela de comunicación de la universidad autónoma, Raúl Camacho Muñoz, que antes figuró como asesor del evasivo fiscal, Federico Garza Herrera. A raíz de la pandemia del Covid 19, generó un espacio informativo cotidiano, conducida por la titular de salud, Mónica Rangel, donde habló del impacto del virus y las estrategias usadas para combatirlo. Las constantes apariciones masivas de la ex rea, que pisó las mazmorras por un fraude cercano a los 23 millones de pesos, lo usaron Carreras y Camacho para esconder su prematura traición a su abanderada a la gubernatura y al candidato del PRI y PAN, Octavio Pedroza. Meses atrás, ya habían pactado con el dueño de la franquicia del Verde en Ecologista en San Luis, Ricardo Gallardo, para que ganara sin obstáculos. Camacho aprovechó el río revuelto para llevarse al bolsillo, más de 60 millones de pesos que entregó por concepto de publicidad y entregar botellas de agua a las unidades Centinela, sin licitar, a la empresa Doblezero, cuyo dueño es Mauricio Ayala Gallegos, hijo del ex jefe de prensa del congreso local, Alberto Ayala Flores, también asesor de Garza Herrera.
Carreras y Camacho cometieron un fraude superior los 20 millones de pesos, que no cubrieron a decenas de medios informativos, electrónicos y escritos, por servicios de propaganda, por más de un año. Para evitar las protestas callejeras, urdieron el burdo esquema de citar a los afectados a las oficinas de la secretaría de educación, para la entrega de facturas y convenios que jamás iban a cubrir. Experto en golpes bajos, Camacho le sacó a Gallardo el cargo de directora del archivo histórico para su hija, Yolanda Camacho, también experta en brincar en cargos burocráticos, ya que antes fue comisionada del comité de garantía de acceso a los informes públicos, donde siempre ocultó datos a los ciudadanos, para confabularse con los funcionarios. También pasó por el Instituto Estatal de Migración y es catedrática de la universidad autónoma. Suplió en el cargo al ariete político del gobernador, el herrero Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”.
Gallardo quedó en evidencia del contubernio que guarda con Carreras, cuando fue liberada Mónica Rangel, acusada de un desfalco que supera los mil millones de pesos y apenas le reclamaron 22 millones 42 mil pesos, que cubrió en abonos con otros 4 cómplices. Entonces se enfocó en el responsable directo de su captura, el ex gobernador Fernando Toranzo, al que tildó de encabezar “el peor y más corrupto” mandato que ha tenido San Luis Potosí. “Cometió abusos terribles, más lesivos que los de Carreras. Mayores fraudes, robos y saqueos. Y habrá de pagar”. Resaltó que tiene 25 denuncias contra ex funcionarios, pero serán más, ya que, “donde se levanta algo, sale pus”, con lo que ilustró los daños patrimoniales. Aludió a los invernaderos de Santa Rita, “la caja chica de otros sexenios. Con descaro, realizaron grandes proyectos inmobiliarios en otros estados, por lo que son muchos los ex servidores públicos, algunos aún en funciones, que serán procesados por la ley”. Expuso que varios colaboradores de Carreras, especularon con terrenos que compraron en Querétaro, Santa Rita y Villa de Arista, por lo que serán castigados.
El secretario de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, sin dar nombres, denunció los saqueos que pueden alcanzar a los ex gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras. Sus antecesores en el cargo, Ramiro Robledo y Fernando Chávez, actual secretario del ayuntamiento de la capital. Los ex titulares de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores y Macrina Martínez Pozos y los contratistas a los que se asignaron los trabajos. Interpuso una querella en la fiscalía por los posibles delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Destacó que en la entrega-recepción, se detectaron anomalías en los contratos y gastos del transporte denominado Red Metro, que consiste en “dos corredores de transporte masivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. El gasto estimado fue de 640 millones de pesos.
Relató que desde el 2010, el gobierno estatal realizó gestiones para obtener financiamiento y ejecutar las obras. Obtuvo dos fideicomisos de 15 y 166 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios. Se acordó hacer aportaciones de la hacienda estatal para concretar los planes. La denominada “Red Metro” o “Metrobús”, tenía como objetivo, hacer una nueva variante de transporte masivo que habita la zona metropolitana. Implicó realizar diversas obras, vialidades, corredores especiales para el paso de los autobuses, terminales de transferencia, señalética, paradores, infraestructura peatonal y comprar unidades denominadas Bus Rapid Traficc. Pero no había expedientes técnicos completos. Se autorizó el pago total contratado. No hubo avances, lo que supone manejos irregulares de los gastos. Al realizar un chequeo físico, se encontró que no hay el carril destinado para el tránsito de los camiones.
El notario con licencia expuso que Gallardo será implacable al defender el patrimonio de los potosinos, para lograr un cambio verdadero. Insistió en los 170 millones de pesos iniciales para la magna obra, donde apenas se usaron de 30 a 40 y no existen vestigios. Ubicó como principal defraudador al ex titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens. “Creo que va a empezar a dormir mal, ante los señalamientos de la Red Metro, la cual entregó incompleta, solo con una camión en funciones, sin darle continuidad a largo plazo”. Serrato interpuso otra demanda por los manejos indebidos en la red de telecomunicaciones y miles de tarjetas de prepago durante la pandemia. Las empresas que operan las plataformas, despojan de su dinero a los usuarios. Propuso al congreso del estado, una reforma para que el gobierno regule el sistema de cuotas en el transporte público.
Crear una tarjeta única para cubrir el servicio, en cualquier modalidad. “Buscamos un pase de transporte general, para subir a un camión o taxi en las cercanías de los municipios. No es muy costoso, no afectará al erario. Además, ya existe en otros lugares del mundo. Hay mucha rata metida que se roban los centavos. Son las empresas tecnológicas que le ponen unos algoritmos para defraudar”. El mismo Gallardo Cardona resaltó que “que en el tema del Metrobús, hay un fuerte robo en despoblado de la maldita herencia. Se gastaron más de 170 millones de pesos, de los cuales sólo comprobaron 20. Se robaron más de 50 millones de pesos. Saquearon otros 68 millones del gobierno estatal. Lo peor es que tuvieron el descaro de meter ampliaciones de obra por 48 millones de pesos más”.