Enemigo de la crítica y la transparencia, acostumbrado a no tener el mínimo contrapeso, desde la campaña por la gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona generó un prematuro choque con los más de 5 mil trabajadores sindicalizados, a los que llamó flojos y lastres. El ataque soez buscó en lo inmediato, acomodar en la nómina a cientos de alfiles que le ayudaron a la compra de sufragios y acarreo de votantes que le permitieron lograr un triunfo salpicado de chicanas. Pero tuvo que correr a igual cantidad de víctimas, a los que no les permitió defenderse en las instancias laborales. Desde entonces trazó su letal estrategia: a ver quién aguantaba más el feroz desgaste, que ya cumplió más de un año. Ni siquiera los partidos políticos ni los diputados opositores, se han atrevido a censurar el mínimo atropello del soberbio mandatario. El cisma es interno. Ante las constantes manifestaciones callejeras, plantones que prolongaron a la madrugada, con severos impactos por las bajas temperaturas, los quejosos fueron además reprimidos por el director de la Guardia Civil Estatal, José Luis Urban Campos.
El sindicato que encabeza la dirigente moral, Francisca Reséndiz Lara, optó desconocer a Gallardo como interlocutor e inició una peligrosa caminata a México, para buscar el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, su amigo de antaño. El conflicto se complicó cuando el también boyante vendedor de pollos les quitó el acceso al seguro social a sus empleados. Pero la jugarreta tiene como raíz, otorgarles el servicio médico a través de hospitales privados que ya construye. Busca repetir los saqueos al erario, como lo hizo antes con la Clínica Wong, Axioma Kusuri y la fantasmal proveedora Sandra Sánchez Ruiz. Antes de la semana santa del 2022, los sindicatos que dirigen Bernardina Lara y Francisca Reséndiz, se plantaron afuera del palacio de gobierno, para exigir, reinstalaran a los agremiados que fueron corridos de manera ilegal. Para que no le afectaran la Procesión del Silencio, Gallardo se comprometió a resolver las demandas, pero no cumplió.
Los aguerridos seguidores de Reséndiz, realizaron varias protestas por las aceras, rumbo al domicilio de Gallardo, pero fueron interceptados por elementos de la Guardia Civil, bajo las órdenes del iracundo teniente coronel, José Luis Urban, que infiltró elementos armados entre los manifestantes, lo que pudo generar una tragedia. El funcionario provocó el choque físico con algunas mujeres que no se dejaron intimidar. Luego, quejumbroso, alegó tener fracturado un dedo de la mano, por lo que interpuso una demanda en la que incluyó el robo de algunos radios. La madrugada del 26 de octubre, fueron asaltadas las oficinas del sindicato independiente, que se ubica en la Calzada de Guadalupe, frente a la Caja del Agua. Les robaron equipo de cómputo, instrumentos que usan en las protestas y dejaron un regadero de documentos por el suelo. Reséndiz exigió al fiscal, José Luis Ruiz Contreras, encontrar a los responsables materiales e intelectuales. No dejarse mangonear por el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez ni Gallardo Cardona, al que ha denunciado de manera sistemática, por acoso, amenazas de secuestro y muerte. “Sufrimos un allanamiento perpetrado por personas desconocidas, que nos causaron destrozos dentro del inmueble. Se llevaron documentos al forzar los escritorios. Sabemos que son expertos, porque no rompieron ventanas para entrar. Lo que sustrajeron, contiene datos de los trabajadores, que a un ladrón común no le interesan. Había cheques por cobrar, pero los dejaron. Fue un hurto extraño. Es el segundo que hemos tenido. El primero se dio en el sexenio del contador Marcelo de los Santos Fraga, porque defendíamos a los empleados de la casa de gobierno”. Acusó de obstruir las indagatorias, al subdirector de averiguaciones previas, Napoleón Hernández Mesita, al negarse a enviar elementos a atender el saqueo. Pretextó tener un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y los atendería después de desarrollar más de 40 diligencias que le anteceden. “Violó nuestros derechos consagrados en el párrafo segundo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los agentes deben atender quejas las 24 horas del día”.
“Exigimos al fiscal José Luis Ruiz Contreras, atienda la denuncia que presentamos para que se haga justicia y realice una indagatoria independiente de cualquier interés político. Actúe de manera imparcial y no siga instrucciones o consignas del gobernador ni de Guadalupe Torres. Solo las pesquisas podrán quitarnos toda sombra de duda, de que el asalto, no fue un acto intimidatorio y delictivo contra el sindicato y sus integrantes. Pedimos castigo a los responsables. Pero sepan que seguimos con nuestra postura de defender a los compañeros despedidos y afectados de manera injusta”. Reséndiz acudió a un foro que se realizó en las instalaciones del congreso federal. Lo convocó la presidenta de la cartera del trabajo, Araceli Ocampo Manzanares, para reunir a los sindicatos de la Cuarta Transformación en defensa de la libertad sindical. “Denunciamos la violencia física y política en nuestra contra, por parte del gobernador, que pisotea el estado de derecho. También hemos presentado denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Federación Sindical Mundial, de las que hemos recibido su auxilio. Queremos el cumplimiento de la norma laboral y reconozcan las relaciones institucionales con el sindicato. Dejar a un lado las chicanas con las que quieren ignorar su compromiso jurídico y moral, ya que además, controla el poder judicial. Resulta difícil que atiendan las exigencias de los trabajadores”. Reclamó que Gallardo saque a los empleados de sus oficinas, en horas hábiles, para que le echen porras en los actos donde inaugura obras.El 15 de septiembre, varios afectados, intrépidos, lograron vencer la férrea vigilancia de policías colocados cada tres metros, con doble valla metálica por delante. Tenían además, el respaldo de pandilleros que les arrebataron las pancartas a los manifestantes y buscaron, provocadores, el choque físico. Cuatro trabajadores lograron encadenarse a las rejas y una puerta. Otros seis a las vallas. Luego fueron retirados con golpes y vejaciones. El asesor jurídico y doctor en derechos humanos, Francisco Parra Barbosa, reclamó a Gallardo el pago de salario, después de un año y que no podía estar por encima de la ley. Fue arrestado y subido a una camioneta. Lo escondieron por varias horas. Luego apareció tumefacto, cercano al colapso diabético, en la sala de urgencias del Hospital Central. La esposa, Ana Edith Martínez Aguilar, hizo responsable a Gallardo de los daños que recibiera su cónyuge. Un trabajador despedido, agarró valor de la angustia y la desesperanza. Aprovechó que Gallardo cruzó la parte frontal del palacio de gobierno, en medio de una nube de guaruras y colaboradores. Sin razonar que su vida pudo correr peligro, altisonante, preciso, le gritó con vehemencia: “el salario y trabajo digno, no existen en la mente de un cobarde, canalla, asesino y hampón, que se regocija como des gobernador por las noches”. Debido al constante asedio de Gallardo y el nulo interés por resolver el conflicto que se empantanó, el 25 de noviembre del 2022, los seguidores de Reséndiz iniciaron la Marcha de la Justicia Laboral hacia la Ciudad de México, para buscar el respaldo de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acompañó y patrocinó en las campañas previas que hizo en la entidad. “El que dice ser el gobernador, no manda. Por lo tanto, no resuelve, reinstalen y cubran los salarios de más de 340 trabajadores despedidos de manera injustificada.
Les violan sus derechos sindicales y les hacen descuentos indebidos. Los hostigan y acosan, les cambian horarios, adscripciones y lugar de labores, sin aviso previo, para fastidiarles la vida, sin darles viáticos. Les exigen, se presenten de un día para otro, en municipios lejanos”. La caminata inició a las 11 horas, desde el kiosco de la Plaza de Armas, donde la dirigente moral denunció los abusos, atropellos y arbitrariedades del mandatario. “No ha logrado el objetivo de destruirnos. Todos lo sabemos, el que manda en San Luis Potosí, es el papá del gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, quien le da órdenes al Oficial Mayor, Noé Lara, quien se somete a su verdadero patrón, a la manera de una madrina, como estilan los judiciales. Hace el trabajo sucio como empleado del padre, quien no es el gobernador constitucional, es el cacique que ordena, reprime y hace lo que se le antoja, ante la mirada testimonial del hijo”. Los afectados dijeron en sus mítines que Noé Lara le confesó en corto a Reséndiz, “si por mi fuera, ya los hubiera reinstalado y pagado, pero recibo órdenes de más arriba». Se refirió a Gallardo Juárez, “lo que delata la falta de mando en San Luis Potosí, donde el gobernador constitucional, permite que su papá se le trepe por la espalda y lo mangonee como a su pelele. ¿Entonces para qué hubo todo un proceso electoral? ¿Para qué se disfrazan de funcionarios los criados de un cacique?, que escondido en su madriguera, ordena a diestra y siniestra. El clima de terror que impera entre la burocracia, tiene que ver con el miedo a perder el empleo. Agachan la cabeza y se mueven en el anonimato. Mientras, quienes encabezan los sindicatos blancos, se prostituyen y callan todos los abusos a sus agremiados. La única que no ha dejado pasar toda la cobarde y canalla embestida contra la clase trabajadora, es la congruente y combativa licenciada Francisca Reséndiz. Su voz no clama en el desierto, porque le asiste la razón y el derecho. Los artículos 5 y 123 constitucionales, enumeran el derecho a elegir una actividad lícita. A percibir un salario justo y sin que se les retenga, salvo orden de un juez. A una jornada máxima de ocho horas, a un día de descanso a la semana, vacaciones pagadas, aguinaldo, asociarse en un sindicato para la legítima defensa de sus intereses comunes, seguridad y permanencia en el empleo, servicio médico, pensión y jubilación, vivienda, capacitarse y garanticen los recursos para desempeñar el trabajo”.
“Desde que Ricardo Gallardo Cardona asumió el cargo el 27 de septiembre del 2021, con gritos, acusó a todos los trabajadores de huevones, para ofender, humillar y violentar, con agresiones verbales, a los que considera sus enemigos. Los enfrenta y expone ante la ciudadanía, para justificar los despidos injustificados, basados en su prepotencia. Es como están acostumbrados a tratar desde siempre, la horda de los Gallardo, a los ayudantes de sus ranchos. Maltratan a sus peones, caballerangos, criados y sirvientes. Es como han corrido a los empleados municipales de Soledad y la capital, con chicanas y conductas de gandallas. Se han robado los salarios y el presupuesto público. Ahora que asaltan el poder desde el gobierno del estado, replican el esquema. No esperaban encontrar a alguien que les plantara la cara, frente al autoritarismo y abuso patronal de Gallardo Juárez y su patiño, el gobernador charro, su hijo. El Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno Estatal, se ha levantado para retar al clan de represores abusivos, que mandan a policías, pandilleros y golpeadores a destruir protestas en la madrugada, a amedrentar a los que reclaman en la vía pública con uso de tanquetas, ministeriales armados y drogados. Existe un dispendio en campañas negras mediáticas permanentes, robo a las oficinas. En síntesis, acciones del crimen organizado bajo la férula de actos de gobierno. Nomás porque lo padecemos y lo vivimos, lo creemos. En San Luis Potosí, el gobernante desquiciado, enfrenta al trabajador porque exige el respeto de sus derechos laborales. Es el uso faccioso del poder para no cumplir la ley”. Cuando los andarines llegaron a Querétaro, los recibieron diversas organizaciones sociales que exigieron al gobernador, Mauricio Kuri González, le hiciera un llamado a su homólogo potosino, Ricardo Gallardo Cardona, para que respete los derechos humanos y laborales de sus empleados. Haga valer la minuta que firmó el 8 de abril, donde se compromete a reivindicarlos. En la plaza de armas, le solicitaron que interceda ante López Obrador, para que intervenga y cesen las represiones, persecuciones políticas y el amedrentamiento que Gallardo hace en su contra, para restaurar el estado de derecho y detenga la caminata, que sumaba entonces más de 207 kilómetros, donde se expusieron a los riesgos de la carretera, sin tener el respaldo policial durante el trayecto. El dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo Héctor González Loyola Pérez, pidió a Kuri, sugiera a Gallardo, solucione lo que ha provocado con sus arbitrariedades. Obligó a los trabajadores, iniciar un éxodo, “cansados de tantos desmanes, al despedirlos de manera ilegal y obligar a policías discapacitados, regresar al servicio activo. Ha detenido las cuotas sindicales y los salarios de los compañeros que trabajan”. Señaló que la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos, no dejará de pugnar por los despedidos.
Si Gallardo sigue empecinado en violentar los derechos humanos de sus ayudantes, puede ser quitado del cargo. A la caminata se sumó el Frente Democrático Independiente, colonos y el Frente Estatal de Lucha y Unidad Patriótica, cuyo líder, Sergio Jerónimo Sánchez, consideró la protesta como fundamental. Exhibe a los dirigentes charros, los vendidos y traidores. Planteó unificar los reclamos mediante una alianza ciudadana que traspase el nivel estatal y el nacional para hacer sólida la resistencia. Francisca Reséndiz Lara expuso que Gallardo criminaliza la lucha social, ya que las manifestaciones del sindicato, han sido reprimidas por la fuerza pública estatal. Usa las tanquetas para detener delincuentes. Los acosa de manera exagerada. Narró que habían cumplido 8 días en el asfalto. Buscan que López Obrador los ayude a resolver la problemática, ya que antes lo apoyaron durante 18 años, para lograr los cambios que necesitaba el país. En su oportunidad, el presidente del Capítulo México de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, Miguel Ángel Wong Soto, resaltó que las demás filiales ya saben de las injusticias que comete Gallardo con sus colaboradores. Remarcó que los quejosos no están solos. Los apoyarán hasta las últimas consecuencias. “La victoria es la única alternativa pendiente”. Los marchistas arribaron a México el 13 de diciembre del 2022. El trayecto duró 19 días, después de andar 422 kilómetros. Gallardo no hizo nada para detenerlos, no obstante el demérito de su figura. “Denota que no le entiende a la política. No mira el boquete que la protesta le hizo a su desempeño. Maneja la premisa de que todo se resuelve a billetazos, tal como lo hizo con su asalto al poder, luego de comprar las franquicias del PRD, Verde Ecologista y la gubernatura. Ahora, al enfrentar los hechos, no supo qué hacer cuando los problemas, provocados por su ineptitud, aparecieron”.
La marcha del sindicato independiente de trabajadores estatales llegó a México, después de caminar 422 kilómetros. Fueron hostigados por extraños que se movieron en vehículos no identificados. Los quejosos se reunieron con la titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Ariana Torres, quien se comprometió a intervenir en las negociaciones a través de un delegado estatal o enviado exprofeso para evitar más dilaciones. También invitarán a la Secretaría del Trabajo para que atienda las violaciones a las normas laborales. Los afectados también se juntaron con los integrantes de la cartera del trabajo y previsión social del congreso federal, Araceli Ocampo Manzanares, Margarita García y Manuel Baldenebro, quienes promovieron un punto de acuerdo para exigirle a Gallardo, deje de amenazarlos y agredirlos. En conferencia de prensa, exigieron a López Obrador y al secretario de gobernación, Adán Augusto López, solicitarle al mandatario, detenga las persecuciones políticas. Ocampo destacó que el ex diputado federal, ha violentado los derechos de sus empleados, a los que debe regresar sus cargos y recursos que les ha arrebatado. Ya no fastidiar a los policías discapacitados para regresarlos a las calles.García lo tildó de ignorante de las leyes, que está obligado a respetarlas. Aunque se ostenta como ícono de la Cuarta Transformación, actúa peor a los emisarios del PRI o PAN. Baldenebro dijo que se imagina virrey, lo que dificulta la lucha independiente. El dirigente de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, Miguel Ángel Wong, se mostró preocupado por la seguridad de Reséndiz, antes las constantes agresiones de Gallardo. El líder del Frente Popular Francisco Villa, Rodolfo García Herrera, exigió el respaldo de la dependencia para destrabar el conflicto. También solicitó intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para proteger a Reséndiz y sus seguidores. Ante los medios informativos, la dirigente dijo que Gallardo actúa como si estuviera sordo, ciego y mudo. Sólo responde con violencia política de género y les retiene de manera ilegal, los recursos que les pertenecen.
En el mitin del Zócalo, donde la acompañaron cientos de electricistas, resaltó que las protestas se dieron por la falta de diálogo. Pero no van a retroceder. Agradeció el respaldo de múltiples organizaciones. Wong dijo que era importante, ser solidarios con los trabajadores asediados por Gallardo. Se sumó el roquero Arturo Barrios Martínez, “El Mastuerzo”. Luego vino otro golpe letal para los trabajadores de los cinco sindicatos. Una comitiva se reunió con el encargado de pagos de la oficialía mayor, Eduardo Segovia Martínez. Tajante, imperativo les dijo que a partir del 31 de enero del 2023, se suspendía el acceso al Seguro Social. Ahora serán atendidos por el director del servicio médico, Fabián Anguiano, que antes laboró en el ayuntamiento de Soledad, que también buscará solucionar las incontables carencias que le expongan. La entrega gratuita de medicamentos que les daba el seguro para enfermedades complicadas, se extingue. Ahora los trabajadores tendrán que buscarlos en las farmacias de descuento con las que el gobierno estatal tiene convenios. Los afectados calculan que se vienen problemas mayores, ya que será un calvario conseguir insumos para enfrentar un cáncer, tratamientos de diálisis o cardiopatías. La cobertura del seguro social garantiza la vivienda, jubilaciones, incapacidades, discapacidades, previsión y capacitaciones para el trabajo, atenciones médicas, medicinas, hospitalizaciones, internamiento de tercer nivel, recreaciones y turismo, subrogaciones, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Las clínicas que pretende imponer Gallardo, son de cobertura económica limitada, lo que obligará al trabajador a pagar de su bolso los demás costos. También quedan eliminadas las prestaciones económicas, como la ayuda al desempleo y por matrimonio. “Para el gobernador, es un asunto de enriquecimiento sin límites. No reconoce derechos, no es sensible para protegerlos. Su objetivo es masacrar a los trabajadores para llenarse, retacarse las alforjas de dinero. Aunque proceden las quejas, amparos, denuncias penales, todas las acciones jurídicas y sociales. Está obligado, por ley, a dar de alta en el seguro a cualquier trabajador dentro de los 5 días siguientes que comienza a laborar. Si se niega, el empleado puede ir por su cuenta a registrarse. La instancia podrá exigir al patrón, el pago de multas. Se le conoce como capitales constitutivos. Está regulado por la constitución, ley federal del trabajo, ley del seguro y norma burocrática local. ¿Por qué nos quitó el servicio? Es un violador de derechos humanos y laborales. Un ignorante y un soberbio, al que sus asesores le tienen terror. Nadie se atreve a decirle que no. Es un cacique, dictadorzuelo y delincuente”.
Citaron que el artículo 14 constitucional marca que el gobierno está obligado a proteger la salud de los ciudadanos. El 123 reconoce el derecho de los trabajadores a ser atendidos. El gobierno estatal tiene convenios con clínicas privadas, Nuestra Señora de la Salud y Beneficencia Española, con un límite de cobertura, que osciló en los 500 mil pesos al año, que se agotaban rápido ante cualquier contingencia. Pero desde la llegada de Ricardo Gallardo Cardona al cargo, las trabas aumentaron. La mayoría, privilegiados, se fueron al Seguro Social, que ahora pierden de nuevo. Los quejosos señalan que las medidas drásticas, sólo se vivieron con el dictador Porfirio Díaz. Con Gallardo, caminan para atrás, como los cangrejos. Se preguntan si acaso busca fusilarlos, quemarlos vivos en las oficinas. Repetir las enseñanzas del tirano, matarlos en caliente.No los pueden canalizar a la Cruz Roja, que sólo levanta accidentados. Y si hacen cita, tienen que pagar la consulta. “Nos arrojan a la indigencia, a la nada. Nos gobierna un capataz. Un sociópata. No en balde estuvo preso en una cárcel de alta seguridad”. Gallardo no se ensaña siquiera con las bases de la combativa Francisca Reséndiz. También afecta a la líder mayoritaria de los burócratas, Bernardina Lara. “Lo que sucede es demencial, habrá serias consecuencias”. Lamentan que Gallardo prefiera invertir 290 millones en la llamada Arena Potosí, inútil, que no aporta ningún beneficio social, ya que la mayoría de los jóvenes, es ajena a la charrería y el fútbol americano. “Insiste en hacer un elefante blanco. No licitará la obra, la dará a sus prestanombres y se queda al menos con el 30% del valor global. La construye para hacer sus suertes charras y lucir su narcisismo exacerbado, ya que su padre, Ricardo Gallardo Juárez, lo tiene sometido”.Los inconformes difundieron un comentario que circula en las redes sociales, donde se habla que Gallardo hará un mega lienzo charro, contra viento y marea. “No le importa que ya endeudó al estado con créditos por 3 mil millones de pesos, para saldar parte de los crecientes débitos. Dilapida el erario en lugar de cubrir compensaciones y retroactivos a los trabajadores. No les salda la pensión a tiempo, cuando laboraron toda la vida para merecerla. El Supremo Tribunal de Justicia no tuvo dinero para cerrar el 2022. Afectó a la universidad autónoma, a la que redujo 20 millones de pesos del presupuesto, cuando es la encargada de formar a los nuevos profesionistas. La gente común no encuentra lo básico en hospitales y centros de salud. Apoyamos sin restricciones a la Guardia Civil, que nada hace para reducir los índices delictivos. Se viven robos con violencia en las calles a plena luz del día. Se excusan que es culpa del crimen organizado. Gallardo usa el lema de Ya se nota. Y en efecto, es evidente que tiene rubros vitales en el abandono. Cuando su padre fue alcalde de la capital, hasta los focos de los parques se llevó. Ahora recurren a la táctica del entretenimiento y del terror, cuando pregona vivir sin miedo.
El pavor vendrá cuando deje a la entidad con déficits insalvables. Pero los empresarios y organismos civiles temen por su vida si denuncian los atropellos. Lo único que nos queda es razonar el voto en las siguientes elecciones”.El gremio de Francisca Reséndiz anunció a través de un cartel, un foro internacional en la Plaza de Armas, el 23 de enero, convocado por 24 organizaciones, motivado por la cerrazón gubernamental. En un video corto, exponen las vejaciones que han sufrido en un año de calvario. Aparece una imagen del asesor jurídico, Francisco Parra Barbosa. Estuvo a un paso del coma diabético. Ante cientos de seguidores, Reséndiz denunció que desde su llegada, Gallardo Cardona los ha golpeado de manera sistemática, ya que busca ponerlos de rodillas, silenciados. No dejó entrar a cientos de empleados a sus centros de labores, tampoco llevarse los enseres personales. Giró instrucciones al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez y al oficial mayor, Noé Lara, para saldar los distintos acuerdos por escrito, pero no cumplieron, lo que denota un doble discurso. Expuso que el mandatario presume tener alineados a los demás sindicatos, “lo que nunca sucederá con nosotros, jamás nos venderemos». Al acto asistieron dirigentes sociales de Puebla, Zacatecas y México. Denunció que por apoyar sus marchas y plantones, le giraron orden de arresto al dirigente de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, Miguel Ángel Wong Soto, quien reclamó a Gallardo, entienda que el pueblo potosino no es su siervo. Ni los trabajadores son sus esclavos. “¿Qué hubiera pasado en San Luis, sin la presencia del sindicato independiente? Ya los despojaron del seguro social, prestaciones básicas y les quitaron al empleo, el sustento de las familias. Le decimos a Gallardo que los escuche. A los policías, de premio, les dio una despensa para compensarlo. Es un trato indigno. ¿Cómo es posible, salgan a las calles a exigir sus derechos y todavía los amenacen y persigan? Mientras tengamos un suspiro de vida, los apoyaremos”. El activista Omar Garibay, destacó que los trabajadores y organizaciones populares, deben brindarse un respaldo solidario los explotados y oprimidos. “Venimos a apoyarlos, a decirles que no están solos. Cuentan con las simpatías del Partido Comunista de México Marxista Leninista y de otros grupos nacionales e internacionales, ya que conocemos de sus luchas.
No podemos permitir que ningún gobierno, sin importar el nombre, si está en contra de los obreros, será confrontado sin reposo”. La asamblea de asistentes acordó solicitar el auxilio de otros sindicatos, organismos sociales, campesinos, indígenas y populares, en al menos 10 países, que entregarán cartas a López Obrador, para que interceda en solucionar sus demandas laborales. Además, realizar manifestaciones en las embajadas de México en el extranjero. Efectuar acciones similares ante las representaciones estatales de la Secretaría de Gobernación. Los seguidores de Reséndiz buscarían dialogar con el tabasqueño en su visita a San Luis, el 3 de febrero, cuando asistiera a inaugurar una planta armadora de vehículos de la BMW. O interceptarlo en los festejos de la constitución en Querétaro. Confiaban en que los atendiera, por la añeja amistad de la dirigente moral con el presidente. Entonces lo trasladó en vehículo por la entidad, le financió el hospedaje en hoteles y le pagó la comida, cuando tenía escasos promotores. Bernardina Lara se podría sumar a las protestas de los demás sindicatos estatales, que padecen los mismos abusos. Incluso hacer equipo con su histórica adversaria, Francisca Reséndiz, si la defensa gremial es auténtica. Lamentaron que el representante del ejecutivo, Juan Pablo Escobar, no haya ofrecido ninguna alternativa a las exigencias planteadas. Apenas dijo que haría una tarjeta informativa a su jefe, el secretario, José Guadalupe Torres Sánchez. Los seguidores de Bernardina Lara Arguelles, previo a la visita de López Obrador para inaugurar una planta armadora de carros de la BMW, aprovecharon la coyuntura para clamar un salven nuestras almas. La vocera Rosario García Leija, solicitó voltee a mirarlos, escuche y conozca sus necesidades. “Sabemos que es una persona solidaria, que está a favor de los derechos humanos”. Confiaron en que solucionará una problemática que ha durado más de un año. Estableció que desde el arribo de Gallardo, ha mostrado un nulo interés en respetar la ley de los trabajadores y salvaguardar los derechos laborales. “Ha denostado nuestras labores y despedido sin motivo a muchos compañeros. Ha retrasado el pago de salarios, bonos, aguinaldos y compensaciones.
Tratamos de conservar el empleo bajo el yugo del terrorismo laboral. El gobernador decidió de manera abrupta, unilateral, ilícita, desafiliarnos en definitiva, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reciente 11 de enero. No consideró que hay mayores y niños beneficiarios que acudían de manera constante a recibir tratamientos de quimioterapia, hemodiálisis, lupus, cardiopatías, hipertensiones y diabetes entre otras enfermedades crónico degenerativas, lo que atenta contra su salud y vida. La seguridad social es un derecho consagrado en la constitución y tratados internacionales signados por el estado mexicano. Son falsas las declaraciones que el mandatario ha dado a los medios informativos al sostener que el 99% de los empleados, hayan aceptado, les quitaran el acceso al seguro social. También miente al afirmar que nos atienden en clínicas de lujo, como el Hospital Lomas”. “Lo único cierto es que el servicio médico contratado por el gobierno estatal, es un derecho adquirido y acordado como una extensión al que otorga el seguro social. Es de cobertura limitada, que se agota en un abrir y cerrar de ojos, en una cirugía. Tienen que sacar al paciente para llevarlo al seguro, lo que ya no será posible. Además, por la falta de pago, el acceso privado, nos los negaron dos días. Al quitar el seguro social, afectan un derecho humano y se transgrede la ley. Lo que lleva riesgos de grandes consecuencias, que ponen en peligro la existencia”. García acotó que la dependencia tiene la infraestructura para proveer las exigencias de los derechohabientes en diversas especialidades, tratamientos y los insumos que hagan falta, en todo el país. Es la instancia calificada para dictaminar y establecer una enfermedad por riesgo de trabajo y las incapacidades respectivas. Acotó que el patrón está obligado a garantizar, de manera cabal, el acceso a la salud, profesional, ética, ininterrumpida. Sostenida en lo real, no en proyectos nada factibles. “Sabemos que el gobierno planea crear un fideicomiso para cubrir los gastos médicos de las enfermedades descritas, donde se encuentran funcionarios que estaban inscritos al seguro. Usted, señor presidente, extinguió la figura, por carecer de la debida transparencia y prestarse a corruptelas. Los potosinos saben que el gobierno local ha invertido en algunos proyectos irrelevantes, que no abonan a la salud, como el monumental árbol navideño, los arreglos a los parques Tangamanga y grandes conciertos de elevados costos. Un mandato responsable, debe cuidar y respetar a sus subordinados, ya que somos los que sostienen y fortalecen la administración pública. Invitamos al gobernador a trabajar con sinergia, apegado a la norma y los derechos humanos. Manifestamos nuestro rechazo, al cese del seguro, solicitamos se reactive”.Semanas antes, en un desplegado, seguidores de Lara denunciaron que quitarle de tajo a los trabajadores y sus familias el derecho al seguro, es pisotear el instrumento básico de la seguridad social. “La decisión de los funcionarios de suprimir, reducir, sustituir, intercambiar o someter a supuestos consensos por coacción, la renuncia al derecho a la salud, es violatorio de los derechos laborales y humanos”.
Establecieron que Gallardo está obligado a garantizar, sin pretextos, condiciones, amedrentamientos, trampas o falsas declaraciones, el acceso a la atención médica de sus empleados, con servicios de calidad. Varios centenares de afectados, marcharon por las calles del centro histórico. Usaron la consigna, arena no, seguro sí, con lo que aludieron al mega rodeo que el gobernador hará por el rumbo de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, que tendrá un costo de 290 millones de pesos. Un nutrido grupo, pernoctó con bajas temperaturas, afuera de las instalaciones de la Oficialía Mayor, donde su titular, Noé Lara, sólo ha dado largas a sus peticiones. Después entraron a la dependencia, donde le gritaron, «el oficial mayor, es un depredador». En lugar de escucharlos y atender las demandas, les dio la espalda. Huyó veloz por las escaleras. Le reclamaron, no los haya consultado para quitarles las prestaciones del Seguro Social. Presumen que la treta de Gallardo, es darles el servicio médico a través de empresas particulares que construye a hurtadillas. Sigue en el truculento camino de hacer negocios con la salud, como los realizó con las clínicas Axioma Kusuri y Wong, a la que canalizó 200 millones de pesos provenientes del ayuntamiento de Soledad, lo que le valió estar encerrado un año en mazmorras destinadas a delincuentes de alto peligro. Junto con su padre, el ex alcalde de Soledad y la capital, Ricardo Gallardo Juárez, le endosaron más de 70 millones a la inexistente proveedora de insumos médicos, Sandra Sánchez Ruiz. Como oficioso promotor de estudios sobre el cáncer, ya dilapidó más de 50 millones de pesos sin rendir cuentas a nadie. Noé Lara se declaró incompetente de resolver el conflicto que tiene con miles de trabajadores despedidos de manera ilegal, a los que les debe pagos atrasados de pensiones, bonos e incrementos salariales. Los seguidores de Bernardina Lara, protestaron después frente a Secretaría de Finanzas. Exigieron el pago de prestaciones pendientes y adeudos con empleados del Supremo Tribunal de Justicia, DIF, Fiscalía, Instituto Temazcalli, Congreso del Estado, Auditoria Superior del Estado, Centro Estatal de las Artes, Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras dependencias. Le reclamaron al titular de la dependencia, Salvador González, poner un alto a sus transas. El débito estaba incluido en el presupuesto de egresos. Los afectados se preguntan ¿dónde quedó el dinero? Les debían el salario y prestaciones de diciembre. Con un megáfono, le gritaron que diera la cara, no esconderse. En coro, le restregaron: “secretario de fianzas, ya basta de transas”. Lara Arguelles, con tono enérgico, le reclamó a Gallardo Cardona, que hasta el 27 de diciembre, no habían dispersado el 50% del fondo de ahorro, junto con los respectivos intereses.
Además de otras prestaciones. Reclamó los trate como si fueran aboneros. Expuso que mantienen el plantón afuera de las instalaciones del DIF estatal, que se instaló el 31 de agosto, donde han soportado la indiferencia gubernamental y el frío extremo de los últimos días, sin recibir respuesta a las peticiones, para que se reinstalen a los trabajadores despedidos. La dirigente lamentó que la deuda con pensiones, se incrementó, ya que hace más de un año, finanzas no ha entregado ninguna de las aportaciones que fueron descontadas, puntuales, cada quincena. Tampoco ha asignado la parte proporcional que le corresponde por el mismo concepto. Ante las constantes evasivas y nula voluntad política de Gallardo Cardona, la dirigente mayoritaria de los burócratas le dio un último plazo al elusivo mandatario, antes de recurrir a medidas más drásticas. Sin excusas, lo emplazó a cubrir el bono navideño. Al día siguiente, el fondo de ahorro. El lunes 26 de diciembre, el retroactivo de incremento salarial. En caso de no cumplir, como se sospechó, conminó a los agremiados estar alertas a nuevas indicaciones. A destiempo se sumó el dirigente del Sindicato Organizado Libre del Gobierno Estatal, José Enrique Vera González. Aseveró que no les pagan, desde hace 8 meses, los descuentos a los agremiados, de cuotas, caja de ahorro y préstamos especiales. “Es un monto significativo. Hemos ido a la Secretaría de Finanzas, pero sólo nos dan largas. Dicen que después y no liquidan prestaciones que son de los trabajadores, no del ejecutivo”. Los simpatizantes de Lara Arguelles filtraron un audio donde la voz que aparece, se la endosaron a la dirigente del Sindicato Renovado, Bertha Alicia Gutiérrez, donde justifica los excesos y negocios de Gallardo. “El gobierno estatal gasta muchos millones de pesos en el seguro social, cuando la incidencia del servicio es del 1%, del cual, solo el 5% ocupa medicinas. Nos van a proporcionar lo mismo que el seguro, a través de un convenio particular. Se hacen todas las instalaciones para brindar el servicio. Con laboratorios, porque el gobierno pagaba muchos millones a los hospitales privados, en rayos equis, endoscopías, que terminaban rápido la cobertura médica. Entonces, ¿para qué le damos tanto dinero al seguro, cuando los trabajadores no acuden? Los casos concretos de oncología y otros específicos, también se van a canalizar y atender en lo particular. Por ejemplo, el Hospital Ángeles ofrece opciones atractivas en cuanto al servicio, más barato que los demás nosocomios. Es donde se podrían contratar los casos de maternidad y partos. Buscan diversificar las atenciones.
El tema se platicó con los sindicatos. Me enseñaron las instalaciones, están excelentes. Nos quejamos de que no nos garantizan la salud, pero en otras partes, nos la dan con mejor calidad y equipos. No le miro el problema”. “El seguro sólo lo utilizamos para medicamentos. En las nuevas instalaciones, también habrá farmacias, con descuentos hasta del 80%. Algunas medicinas las van a regalar. Habrá otras rebajas atractivas en insumos. Para las tomografías, van a adquirir equipos propios. Ya no las van a contratar fuera. En el tema del seguro social, se los digo con conocimiento de causa, siempre el costo total del poder judicial, lo ha absorbido el ejecutivo. El proyecto es muy bueno, no nos cerremos. Podemos echar a perder un beneficio muy importante que vamos a obtener. Significa un avance en materia de salud. Los que hemos usado el seguro, sabemos que es muy deficiente. El gobierno estatal nos va a proporcionar calidad y tener al alcance laboratorios de rayos equis, estudios y las farmacias. Van a concentrar en el mismo espacio, las áreas administrativas, los cuatro consultorios de primer contacto de especialidades. Si los hipertensos requieren un cardiólogo, rápido lo canalizan. Les dirá que necesitan un electrocardiograma, lo sacan en el mismo lugar.
Si requieren medicamento, las farmacias estarán a un lado. Mientras tanto, vamos a tener los demás servicios en el Hospital de la Salud. Tengan un poco de paciencia. Si alguno de ustedes necesita una urgencia médica en concreto, me ofrezco con todo gusto en apoyarlos y canalizarlos, para que sean atendidos de manera pronta y eficiente”. Reacio a atender la mínima sugerencia, Gallardo Cardona, sin saberlo, cava su tumba política. Cometió el error de atacar el bolsillo, salud y familia de más de 5 mil burócratas aguerridos, que esperan las elecciones intermedias para votar en contra de los candidatos de su inquisidor. Si suman los sufragios de consanguíneos directos, indirectos, amigos y conocidos, manejan que pueden inclinar las votaciones con cerca de 50 mil votos. Se echó encima a un ejército de espías, que lo vigilan a través de miles de tentáculos. No tendrá la mínima privacidad ni el sanitario. Son expertos en celadas. Analizan llevarlo a los tribunales a través de quejas, amparos, denuncias penales, acciones jurídicas y sociales. Ya lo exhibieron ante la Organización de las Naciones Unidas como represor y enemigo de las garantías constitucionales. Al quitarles el acceso al seguro social, donde ya no podrán atender a enfermos avanzados de cáncer, leucemia, demencia, diabetes y artritis, lo llaman genocida. Desahuciados, molestos, cansados, sin ingresos, las bases trabajadoras despedidas, concluyen que ya no tienen nada que perder, por lo que buscan hacer la última y suicida jugada: el paro total de labores, lo que podría desembocar, de inmediato, el ataque abierto y directo del jefe de la Guardia Civil Estatal, José Luis Urban Ocampo, ansioso de la esperada revancha.
