Los diputados locales apostaron por la continuidad y con 25 votos a favor eligieron a Rocío Cervantes Salgado como auditora superior del estado para el periodo del 1 de noviembre del 2017 al 31 de octubre del 2024. El ex administrador de la Secretaría de Educación Pública, José Mejía Lira,  obtuvo un solo voto y el candidato del sector empresarial y ex magistrado Jesús Motilla Martínez ninguno.

            Motilla que estuvo en la sesión abandonó el recinto desconcertado una vez que concluyeron las votaciones. En breve entrevista dijo no haber estado obsesionado con el cargo, que los potosinos merecían mucho y el proceso fue una gran oportunidad. No prejuzga a la persona que resultó electa porque no la conocía y lo que pase en el tiempo, es lo que va a calificar su trabajo. Externó que el procedimiento se apegó a la convocatoria.

            Desde que se inscribió a en la competencia, a Cervantes se le ubicó como la candidata del secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, que ayer sostuvo una tersa comparecencia en el congreso. Cervantes tomó protesta en sesión solemne a la que asistió el secretario de gobierno Alejandro Leal Tovías y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán  Cué. Leal estableció que Cervantes cuenta con la experiencia y capacidad para el puesto. Cervantes Salgado expresó que su nombramiento es un reto que la obliga a trabajar con más empeño para mejorar la imagen de la Ase y convertirla en una institución fuerte, sólida, transparente y un ejemplo para rendir cuentas.

            Negó las acusaciones en su contra de haberse incrementado el sueldo, ganar más que el gobernador Juan Manuel Carreras y beneficiar con incrementos a su círculo cercano. Aseguró no recordar la cifra de lo que percibe, pero que el dato está en la página de transparencia. Señaló que las prestaciones al personal se otorgaron de acuerdo a sus  cargos y labor que desempeñan. Confirmó que ya presentó dos denuncias contra su antecesor José de Jesús Martínez Loredo y ex funcionarios involucrados en la nómina secreta en la que se gastaron 2.7 millones de pesos y por erogar más de 600 mil pesos para un festejo navideño que nunca existió. Los detractores de Cervantes la acusan de haber filtrado solo al periódico Pulso los datos de la nómina oculta y de las denuncias en curso, antes de presentarlas en la procuraduría de justicia. Calificaron su actitud de oportunista y como una estrategia para afianzar sus aspiraciones de ocupar la titularidad del órgano fiscalizador al proyectarse como una persona con mano firme que combatirá las corruptelas.

             

 

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