El presidente de Cambio de Ruta, Luis González Lozano, estableció que Pozos no debe ser considerado el municipio número 59, por diversos errores jurídicos. El proceso empezó al revés. “Hay una oportunidad de litigio exitosa para el que busque promover un amparo contra la iniciativa. Debieron iniciar con los asuntos técnicos justificativos, que aluden al tema demográfico, social, servicios públicos, desarrollos urbanos y ambientales, cómo se encuentran, ventajas y desventajas y luego votar. Primero sufragan y después dirán los inconvenientes. No es el momento de convertir a la delegación en el ayuntamiento 59. Hay que tener los estudios, analizarlos y después votarlos. El organismo Homo Hábitat y las personas que conocen del tema, han recomendado que en lugar de fraccionar, haya unidad, zonas metropolitanas”.
“Es un error ahora, separar a Pozos y hacerlo independiente, ya que habrá de generar muchos problemas. Es cierto que es una zona olvidada. La capital no le ha dado lo que le corresponde. Hay que posicionarla. El plebiscito costó 20 millones de pesos, mejor debieron invertirlos en infraestructura, que mucha falta le hace. Visualizo, el que quiera promover un amparo mañana, contra la municipalización, lo va a conseguir. Hay muchos errores cometidos en el camino. Encontrarán demasiada materia prima para que prospere. El primer amparo desechado, fue porque lo activaron antes de tiempo. Desde un punto de vista jurídico, muy técnico, no era un acto que podría ser reclamado por la vía del amparo”.
“La oportunidad de promoverlo, será cuando se determine que sí procede hacer municipio a Pozos. Antes era un acto incierto. Si fuera un juez federal y me llega el asunto, además de analizar lo electoral, diría que no es municipio”. Destacó que al poder legislativo, le faltó resolver cómo se atenderán los temas de infraestructura administrativa básica, educativa, salud, recursos, servicios públicos, salarios, prestaciones sociales al personal, pago de servicios y mantenimiento, vialidades, agua potable, drenaje, demografía, índices de marginación absoluta y de rezago social, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano, entre otros. En caso de no atenderse, van a generar conflictos. “Lo que origina, se presuma, exista un interés caprichoso, electoral, más que un tema genuino, de que los poceños quieren un municipio. No lo discuto, lo han reclamado durante años, pero creo que los usan como carne de cañón, para otros intereses y no es correcto. Hasta el polígono genera problemas, no hay uno determinado. Falta mucho por estudiar y darle a la gente un informe completo, antes de que se fuera a votar y no después”.
En el tema de San Miguelito, donde Cambio de Ruta asesora a los vecinos que han promovido dos juicios de amparos, González dijo que el gobierno estatal actuó con errores, al no tener autorizaciones para iniciar las obras, por lo que violó el derecho a la ciudad. Los residentes que promovieron el primer juicio, dijo, no se oponen, sólo que las hagan conforme a la normativa. “El juez nos dio la razón y señaló que los trabajos se pueden continuar, siempre y cuando se respeten los adoquines y ciertos valores culturales que hay en dos sectores del área, protegidos por la ley. El barrio está dividido en tres sectores, en el último, no hay un valor histórico qué cuidar. En el juicio de amparo presentado por personas con discapacidad, también se otorgó la suspensión provisional y se pueden realizar los trabajos, mientras se les consulte, que es algo muy sencillo y cuando se les garantice en los proyectos que tendrán accesos adecuados”.
“No quieren en San Miguelito, lo que se hizo en Tlaxcala, donde hay una rampa para que los discapacitados puedan acceder a la banqueta, pero existe un poste en medio, que impide el paso. Si hubiera un proyecto, no ocurre el incidente. Las personas que han promovido los juicios de amparo, contrario a lo que han declarado algunos funcionarios, no buscan poner trabas al gobierno estatal. Quieren ser escuchados y se cumpla la normativa, lo que es razonable y lógico. Las obras estarán suspendidas hasta que el ejecutivo lo decida. En ambos amparos, tiene la decisión de cuándo empezar. En el primero, al momento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgue el visto bueno al proyecto y en el otro, al realizar la consulta a las personas con discapacidad. No son millones los que viven en San Miguelito”.
El presidente de Cambio de Ruta, dijo que la amenaza del gobernador, de no hacer la obra y llevarse los recursos a otra parte, equivale a extorsionar a los ciudadanos, pues la suspensión exige, se cumplan los requisitos para continuar. Dijo que deben coordinarse el gobierno estatal y municipal al ejecutar las obras, pues en el caso de San Miguelito, una persona se puso a regalar el adoquín, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ordenó restaurar y recolocar. “El ayuntamiento debió levantar la mano y decir, son míos. Los tengo que rescatar, es un patrimonio cultural. El nulo entendimiento entre ambas instancias, evidenciaron el problema de la falta de agua, donde intervienen los tres niveles de gobierno. Escuchamos declaraciones contradictorias, entre lo que decía el gobernador, el alcalde, el director del organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas y de la Comisión Estatal del Agua. Incluso, el mismo presidente de la república, en sus charlas mañaneras. Es un tema que se ha politizado”.
“Existe un problema, el gobierno sólo quiere hablar, pero no está dispuesto a escuchar. He dicho que el mandatario, Andrés Manuel López Obrador y Gallardo, violan en forma sistemática el acuerdo de Escazú, tratado internacional del que México es parte y debe cumplir. Consiste en tres partes. Nos interesa el despliegue ciudadano en cuestiones ambientales y relacionados con la ecología. El gobierno debe atender lo que le dice la gente e incorporar sus opiniones en la toma de decisiones. En San Luis no se involucra a la sociedad, se llega, imponen o no hacen nada. El tiempo que ocupa Cambio de Ruta y otras organizaciones en pelearse, para que escuchen y cumpla la norma, se puede aprovechar en coadyuvar para efectos de lo ambiental. Tema muy relevante en el que la mayoría de los potosinos no están educados. Si lo desconocen, ¿cómo se preocupan y exigen?”.
Luis González señaló que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, lleva 14 años secuestrada. Existe una herencia maldita en materia ecológica. Con los dos sexenios anteriores y lo que lleva Gallardo, se cumplen 720 días sin una agenda verde. Es decir, falta una política ambiental para San Luis Potosí. “Imaginamos, como muchos, que al ser un partido ecologista el que gobierna, iba tener su plan de trabajo y claridad en políticas públicas a favor del medio ambiente. Al contrario, hemos visto acciones que atentan contra la naturaleza. Es obvio, cuando el titular de la Segam, Jesús Emanuel Ramos Hernández, es un inútil en cuestiones que le competen. No conoce el tema, no es alguien que tenga el protagonismo para incidir en las políticas públicas. Tenemos que estar muy activos en lo jurídico, para combatir las omisiones. La dependencia no hace su chamba, tiene esclerosis ambiental. Sus movimientos son muy lentos, está atrofiada. El que está al frente, no sabe qué facultades tiene. Lo entiendo, no es su área. Lo más decente es que renunciara. Al ver fallas, promovemos amparos, para que la autoridad corrija. Nuestro activismo jurídico se apoya y nutre con la consulta a académicos, técnicos, científicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y otras instancias. También contamos con la parte del activismo social, donde siempre hay alguien interesado en cuidar la tierra”.
Desde el 2016, Cambio de Ruta se propuso como meta, proteger y promover derechos humanos medio ambientales, porque impactan en la salud pública. Ha promovido amparos para lograr la calidad del aire, agua, áreas naturales protegidas y proteger el arbolado urbano. En el actual gobierno de Ricardo Gallardo, presentó un amparo que le fue concedido, para evitar se construyera un cristo monumental en el área natural protegida de Joya Honda, ubicada en Soledad y se hiciera el programa de manejo que no existe. Se especifica qué actividades están permitidas y cuáles no. Si falta, de nada sirve el decreto. Era un riesgo, se construyera la imagen, porque iban a destruir la flora y fauna que cohabita en el fondo del barranco, donde existe todo un microsistema.
Señaló que el lugar se puede convertir en un sitio turístico, siempre y cuando el flujo de gente esté controlado, como ocurre en todas las áreas naturales protegidas del país y el mundo. “El gobierno estatal y la Segam creen que al momento de emitir un artículo, cuidan el medio ambiente. La tarea completa es de dos tiempos, tener el decreto y contar con el programa de manejo, donde se establecen los reglamentos de cómo cuidarlo. El gobierno interpuso un recurso sobre la suspensión concedida en Joya Honda, que sigue su curso en un tribunal colegiado”.
Otro juicio de amparo que promovió y ganó Cambio de Ruta, fue para evitar que el gobierno estatal talara más de 850 árboles ubicados en el camellón central la avenida Himno Nacional, como parte de la obra que se ejecutó en la zona. Pretendía realizar una obra similar al Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El litigante refirió que al retirar los árboles, se originan islas de calor muy fuerte. No hay manera de mitigar o contrarrestar en forma alguna, ya que las plantas o áreas verdes, actúan como barreras y evitan el aumento de la temperatura. Mencionó que en el tema, contó con el apoyo de expertos y científicos que lo asesoraron sobre la importancia del cuidado del arbolado urbano. Además de los vecinos, que estuvieron muy atentos al tema. Los colectivos de ciclistas, los apoyaron para etiquetar los arbustos. Con todos los datos, se elaboró el amparo.
Calificó como algo irracional, las pretensiones del gobernador, que dijo, iban a retirar los árboles y en el ayuntamiento, caería la tarea de recolocarlos en el Parque Tangamanga uno. Precisó que consultaron a especialistas. Señalaron que las acciones no se justifican, por lo costoso de los estudios y logística al retirarlos. Además, se corría un gran riesgo de que hubiera una alta tasa de mortandad en los más grandes y viejos. “La obra icónica ya no se concretó por no planear. La mayoría de los amparos que hemos promovido en el sexenio actual, son porque no se respeta la ley. No se consulta a la gente, solo quieren hablar e imponer”.
Un amparo más que promovió González es sobre la calidad del aire. Se tiene que mejorar y colocar una estación de monitoreo en Rioverde. Se gestó en el sexenio anterior, pero ya es herencia del actual gobierno. “El aire que se respira en la ciudad es pésimo. Cuando la Segam reporta que existe calidad, es engañosa, hay cierta chapuza, porque no se miden las partículas más dañinas para la salud, que se conocen como PM2.5. Son más delgadas que un cabello. Los contaminantes se generan por las ladrilleras, que persisten desde hace años. Suman las emisiones del parque vehicular, aunado al problema de movilidad. Originan, se echen todos los agentes negativos a la atmósfera, lo que impide establecer medidas correctivas”.
Aunque existe el manual de contingencias ambientales, desde el sexenio pasado, no se pone en práctica. Es donde se demuestra la ignorancia de Ramos Hernández, no sabe cómo reaccionar. En ciudades como Aguascalientes, León o Querétaro, con las mismas condiciones que San Luis, en los noticieros donde dan reportes del clima, incluyen otro sobre la calidad del aire. “No hacen una simple tarea, que no reclama dinero. Al gobierno del Partido Verde, no le interesa la ecología. No existe una política clara sobre el tema. Les gusta más la jardinería, que es cosmética, ornamental, como limpiar un jardín, para que se vea bonito. No existe un inventario de conflictos ambientales, pareciera que conducimos un vehículo con los ojos cerrados. En la capital tenemos el problema de las ladrilleras. En la huasteca, las contaminaciones de ríos, conflictos con la quema de la zafra. En Soledad, las aguas negras. Todo origina un daño ecológico, que repercute en la salud”. El presidente de Cambio de Ruta, lamentó que tampoco se cumpla con la ley de cambio climático, pues el consejo consultivo no sesiona. Cuando lo hace, es para algo intrascendente. Es tanto el desinterés, que ni siquiera conoce el tema. Indicó que en la entidad, se viven los efectos del cambio climático, con la falta de lluvias, altas temperaturas y las erosiones de la tierra. Se trata ya de emergencias.
