En octubre del 2022, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en su papel de pseudo alcalde de la capital, alardeó arreglar desde los cimientos, el Mercado República, donde se iban a invertir 50 millones de pesos. Elaboró una especie de plebliscito exprés entre los locatarios, para que definieran, si lo hacía desde abajo, otra vez, o emprendía un agresivo remodelado integral. Aseguró que lo iba a terminar en tres meses, en diciembre. Como en otras obras que cacaraquea en exceso, volvió a quedar en ridículo. Ayer, por los remanentes del huracán Otis, el estacionamiento del añejo inmueble se volvió a inundar con aguas negras, lo que denota el deficiente drenaje, que no se ha cambiado. Persisten las obsoletas alcantarillas. Los clientes se mueven en la semi penumbra. No han compuesto la pluma de acceso a los vehículos. Son frecuentes los montones de pestilente basura que se acumulan en el exterior, por la falta de contenedores. Si Gallardo ya dio muestras que no puede con retos mayores, como terminar la repudiada Arena Potosí, tampoco es capaz de concluir metas menores.
Sin consultar a su jefe, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la alcalde de Soledad, Leonor Noyola, cometió el error de promover en actos públicos, en diversas colonias, como posible relevo, a su hijo, Daniel Noyola, quien maneja una flotilla de pipas, por lo que cobra una cuota de recuperación a los solicitantes de agua. El mandatario se imagina ser una copia fiel del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que imita milimétrico. También tiene su listado de “corcholatas”, a las que impone arbitrario los tiempos de proselitismo. Como la edil no se sujetó a las unilaterales reglas, motivó el enojo violento de su mecenas, quien la regañó en público. La condenó junto con su descendiente, al ostracismo absoluto los próximos tres años. Para vengarse de la insurrecta, destacó que la habrá de reciclar por el diputado federal, Juan Manuel Navarro. Igual que Noyola, recibió un trato despectivo el dirigente de la bancada de los diputados locales del Verde Ecologista, José Luis Fernández, alias “El Chiquis”, que oficioso, se promovió para ser el primer munícipe de Pozos. Rápido lo descalificó Gallardo. Si quería adelantarse, le exigió renunciar a la curul y sus privilegios económicos. El obediente alfil bajó la cabeza y se disciplinó.
No obstante que la tiene doblegada y la usa sólo para que firme los cheques, Gallardo Cardona desdeñó a Noyola, quien ya no se podrá reelegir. Autoritario, aceleró el juego sucesorio al destapar a Navarro, encargado de repartir las obras sin concurso y cobrar los “moches”. Cuando quiso ser diputado local, mordió el polvo ante la novata abanderada de Movimiento Ciudadano, Paola Arreola.
En el reciente informe de labores, hizo a un lado a Noyola para soltar una perorata y destapar a una serie de candidatos a cargos electivos. En el programa Qué Agusticidad, el tribuno Leonel Serrato adelantó que a Noyola la trata con la punta del pie el mandatario. Le iba a pedir permiso, para que lo dejara contar la historia de maltrato. Tal vez la munícipe cometió el error de rebelarse, quizás también espantada de que la puedan meter a la cárcel, ya que le han endilgado obras fraudulentas por más de mil millones de pesos. Y cuando vengan los arqueos, será la única responsable. No el capataz que la obliga a delinquir.
Además de destapar antes como aspirantes a la alcaldía de la capital, al secretario de desarrollo económico, Juan Carlos Valladares y la legisladora federal, Sonia Mendoza, Gallardo sumó a su eterno títere, el ex edil de Soledad y actual diputado federal, Gilberto Hernández Villafuerte, que junto con Navarro, son los peores evaluados en el congreso federal, por su bajísimo rendimiento. Mostró simpatías por el munícipe de Valles, David Medina Salazar, al que tiene con la manos atadas, so pena de abrirle un expediente criminal, por un fraude que supera los 3 mil millones de pesos, cometido junto con su hermano, el ex titular de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Medina, ícono de la llamada “herencia maldita”, que encabeza el intocable ex gobernador, Juan Manuel Carreras.
En Rioverde, Gallardo exaltó el desempeño de su cómplice, el edil “más guapo del mundo”, Arnulfo Urbiola, del que recibió un grueso expediente en su reciente visita a Houston y Dallas, Texas, donde lo acusan sobre la desaparición de varias personas. Figura una de sus ex colaboradoras. Los militantes del Verde Ecologista detestan el oportunismo de Urbiola. Simpatizan con el líder del comité municipal, Eduardo Castillo. En caso de que impongan al boyante transportista, le llevarán sus votos al candidato del PRI o PAN, para evitar que repita, ya que ha sembrado el terror en la zona media.
Simpatizantes del oscurantismo en el gasto de los recursos públicos, las dependencias estatales, afines a la conducta arbitraria del enemigo número uno de la transparencia, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se confabulan para llevar a cabo jugarretas y burlar los requerimientos de datos que los medios informativos y ciudadanía les requieren. Se exhiben incompetentes para responder y reservar los datos. Son expertos en responder con evasivas.
Para conocer el presupuesto erogado al contratar al grupo musical Kumbia Kings, que amenizó los festejos del 15 de septiembre en la Plaza de Armas, a través de una solicitud de informes realizada por La Noticia, se pidió monto erogado, copia del contrato y las facturas de pago. La secretaría de cultura se dijo incompetente para resolver la petición. Señaló que la solicitud debía dirigirse a la Oficialía Mayor del Estado, encargada de las contrataciones. En primera instancia se recurrió a cultura, ya que el año anterior, se encargó de llamar a los Huracanes del Norte para amenizar los festejos patrios. Entonces expuso erogar 2 millones 300 mil pesos.
La Oficialía Mayor pronto desechó la solicitud. Alegó que el dato lo tenía finanzas, a la que se volvió a acudir. Otra vez negó los informes, reiteró acudir a la Oficialía Mayor. En lo que parece imitar el juego ¿dónde quedó la bolita?, las dependencias usan chicanas para no brindar lo solicitado. Se alían para volver tortuoso el proceso y que los peticionarios desistan. Una artimaña más se dio en la secretaría de obras y vialidades, a la que se pidió copia del proyecto del rehabilitado del barrio de San Miguelito, adjudicaciones y presupuesto.
La dependencia expuso desconocer el número de calles contempladas. Sugirió al peticionario, precisar los nombres de las aceras involucradas. En una segunda exigencia de datos, en la que se especifican los detalles, la instancia expuso que no se podía brindar cualquier informe, debido a que las obras se encontraban bajo un amparo promovido por los vecinos de San Miguelito, quienes también exigen lo mismo. Copia del proyecto de las obras, permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros puntos. Tampoco les respondieron.
El titular de la Comisión Estatal del Agua durante el sexenio de Juan Manuel Carreras, Jesús Medina Salazar, se suma a los personajes intocables y que en su momento fueron señalados por el actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona. Prometió que no habría impunidad de quienes integraron la «herencia maldita». Ya se le fueron casi dos años y todo quedó en simulaciones, como en el caso de la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, que tras un montaje teatral, devolvió solo el 2% de un monumental fraude y se olvidó el tema.
Gallardo Cardona acusó en diversas ocasiones a Jesús Medina de contar con malversaciones detectadas en obras hidráulicas que se habrían realizado en el anterior sexenio. Aseguró que ya existían además denuncias penales. También integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción denunciaron en 2019, corruptelas y tráfico de influencias entre un funcionario estatal del PRI y el delegado del gobierno federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ceder 99 millones de pesos de obra federal que fueron licitados en favor de una constructora propiedad de Medina Salazar. Sin embargo, nada pasó.
En junio de 2018 fue involucrado en la “ecuación corrupta”, el mayor escándalo político en la historia reciente de San Luis Potosí, donde estaban involucrados diputados, funcionarios de la Auditoria Superior del Estado y otros servidores públicos. Diversos alcaldes de municipios indígenas, han denunciado al ex titular de la CEA, por hacer negocio a través de obras conveniadas con los ayuntamientos. En enero del año en curso, Gallardo Cardona aseguró que en los próximos días, habría resultados respecto de las denuncias que se interpusieron por irregularidades en la dependencia, donde existen obras inoperantes o fantasmas, como la planta tratadora El Morro o la presa La Maroma, entre las que se cobraron más de mil millones de pesos. Hoy están incompletas y en el abandono. El resultado es muy sencillo: persisten las simulaciones, acuerdos con la herencia maldita y su asegurada impunidad.
El dirigente de los charros en San Luis Potosí, José Antonio Salcedo López, fue el enviado del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para convencer a los federativos de México, de no cancelar el torneo nacional, debido a que no se terminó exprofeso, la vilipendiada Arena Potosí. Culpan de los retrasos a la “irresponsable” empresa contratista, ligada a los intereses del mandatario y su prestanombres, el diputado federal, Alejandro Segovia, también alcalde paralelo de Matehuala, donde no han podido doblegar al edil constitucional, Iván Estrada Guzmán.
Salcedo enfatizó que Gallardo cumplirá sin excusas, el cuaderno de compromisos, por lo que el improvisado estadio 20 de noviembre, estará a la altura de la circunstancias. “Los visitantes se llevarán una gran sorpresa”. Por su parte, el presidente de la Unión de Asociaciones Charras de San Luis Potosí, Gustavo Nieto, recordó que en el 2022, se efectuó en la entidad el Campeonato Infantil, Juvenil y de Escaramuzas. En los preliminares del torneo nacional, en el lienzo Hermoso Cariño, se concretó el Campeonato Nacional Charro Mayor. Aceptó que no cumplirán las acciones ofertadas, pero solicitó un voto de confianza para el gobierno estatal. Censuraron la campaña de desprestigio por el cambio de sede, que impulsó en redes sociales, el jinete de Tamaulipas, José Luis Gómez.
El vicepresidente de federación, Andrés Eduardo Aceves Hernández, exaltó contar con el respaldo de un gobernador charro, que hace grandes esfuerzos para cumplir los pactos realizados con la familia gremial mexicana y de Estados Unidos de América. Conminó a ayudarlo, ya que los festejos en el recinto acondicionado, serán de primer mundo.
Informaron que el techo del estadio de beisbol no será una velaría, pondrán un domo profesional, que deberá instalarse el jueves 26. El viernes 27, es el límite para que los equipos de escaramuzas, cancelen su visita sin recibir sanciones. Además, les devolverán los depósitos.
Obsequioso, Gallardo Cardona ofreció un respaldo de 20 mil pesos a las escaramuzas que se encuentran distantes de San Luis, en la categoría “AA”, para resarcirles sus erogaciones y como una muestra de que cumple lo ofrecido. En un simple rubro erogará más de 6 millones de pesos. Un fans escribió. “Charros agachones, cómo se dejan pisotear por los directivos de la federación. Me dan lastima. ¿Cómo que el congreso nacional será en un estadio, techado con una lona?.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona está a punto de llevarse otro severo revés a su estilo de gobierno hilvanado en la prepotencia y lo irracional. Primero, los habitantes del barrio de San Miguelito, lo obligaron a mostrar planos y permisos para realizar las remodelaciones de cinco calles, no todo el vecindario, arreglar las añejas tuberías de agua y drenaje. No usar concreto, salvar el histórico adoquín, que cumple funciones ecológicas y es patrimonio de la humanidad. No quieren vivir ex abruptos (separado) como sucedió en Tlaxcala, donde, por las nulas planeaciones, una banqueta acondicionada para discapacitados, tenía un poste de luz en medio. En sus ánimos belicosos de convertirse en alcalde de la capital cada rato, seguro sopesará meterse a los combativos segmentos de Tequis y San Sebastián, nichos ancestrales del navismo, donde lo rechazan de manera abierta y frontal.
Un descalabro letal más lo vive con el fallido torneo nacional charro que anunció desmesurado desde hace un año. El efecto tiene ramificaciones que lo demeritan y lo vuelven ineficaz. En el enfermizo complejo de ser una copia de su jefe, el senador Manuel Velasco, se embarcó en la aventura de convertirse en charro a fuerzas y hacer a toda costa, un mega rodeo o Arena Potosí, similar a la que su mecenas hizo en Chiapas, con el rechazo de la ciudadanía, por tener finanzas exiguas. Se confrontó con otros posibles anfitriones para conseguir la sede, con el tiempo encima, a sabiendas de que era complicado terminar el elefante blanco, que licitó después de ácidas críticas, para entregarlo a su elitista equipo de socios o prestanombres, que ahora amenaza con sancionar. Sería ridículo que se castigue a sí mismo. Con deudas por todos lados, la salud y la seguridad pública en completo abandono, confrontado con amplios sectores de ciudadanos y de la burocracia, dilapida 500 millones de pesos, sin importarle que haya un sinfín de asuntos más trascendentes.
Molesto por sufrir una derrota múltiple con el gremio charril, donde se pudo ganar como mínimo de 50 a 100 millones de pesos, por desvíos financieros de las arcas públicas, para el traslado, hospedaje, comida de invitados y forrajes de animales, instruyó al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, anunciar el cambio de lienzo, ya que el estigmatizado coliseo ni siquiera está en etapa negra ni cuenta con medidas de seguridad físicas. Ya se buscan otros espacios alternos en el país. Gallardo hace el ridículo con su obra cumbre, la más publicitada y costosa, que no concluye para un torneo máximo donde se pudo lucir como artista de Hollywood. Si ya no quiere sufrir más derrotas catastróficas, debe tomar una decisión radical: hace negocios o política, pero no las dos faenas simultáneas. Quiere ser cacique de horca y cuchillo o el hombre más rico de San Luis en las próximas generaciones. Todavía está a tiempo de elegir el camino que más le convenga.
Con un congreso subordinado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona impuso como titular del Instituto de Fiscalización Superior a Rodrigo Joaquín Lecourtois López, al que antes ubicó como representante legal del ayuntamiento de Soledad y hasta hace poco, asesor jurídico, bajo la férula de otro de sus servidores, el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.
A partir de su lema doctrinario, de que prefiere lo recuerden como un ratero contumaz y no haber realizado nada, como sus antecesores de la llamada “herencia maldita”, Gallardo necesita a alguien que le cubra sus latrocinios impunes en obras millonarias y deficientes que no licita. Y más ahora que asume de manera simultánea, el rol de mega alcalde de 30 ayuntamientos, donde ha despojado a los ediles timoratos del presupuesto, con chantajes, intimidaciones, mentiras y amenazas, para hacer bulevares y accesos estrambóticos a los municipios, que nadie le solicita.
Con la ayuda del jefe de la bancada del Verde Ecologista, José Luis Fernández, Lecourtois se coló sin problemas, al conseguir 25 de 27 votos. Sus contrincantes, Iván de Jesús Torres Rodríguez y Miguel Ángel Méndez Montes, apenas lograron un sufragio. Usaron de escenografía a Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, Óscar Manuel Ramírez Ortiz, José Mejía Lira, Ricardo Antonio Paloalto Macías, Julieta Méndez Salas, Aspacia del Rosario Dávila Sánchez, Juan José Frías Aguilera, Eliseo Moreno Hernández y Salvador Ramírez Hernández.
A partir del nombramiento, Lecourtois López habrá de durar en el cargo, 9 años, con tiempo suficiente para cubrir la desastrosa retirada fiscal de su verdadero jefe. Muy poco le servirá ser egresado de la universidad autónoma, contar con una maestría en derecho fiscal efectuada en la Universidad del Valle de México. Tener una especialidad en derecho corporativo, cursado en la Universidad Autónoma de Querétaro, acreditar cursos y diplomados de actualización en materia fiscal, laboral, penal y corporativa. Es docente en la Universidad San Pablo, en la materia de derecho administrativo y de la maestría en recursos humanos y derecho laboral. Catedrático en la materia de prácticas forenses en derecho de amparo, en la facultad de leyes de la universidad autónoma.
Lecuortois suple a Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, quien también se mantuvo sumisa a las indicaciones de Gallardo. El nuevo responsable del organismo contable, tendrá como encargo, limpiar las cuentas del gobernador y sacarlo con mínimas o cero observaciones, como antes reclamó y lo consiguió su padre, el edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, cuando carga en sus espaldas, denuncias penales por 10 mil millones de pesos.
El diputado local panista, Rubén Guajardo Barrera, indicó que en la comparecencia del secretario de finanzas, Salvador González Martínez, con motivo de la glosa del segundo informe del ejecutivo, se le pedirá aclare el destino que se le dio a los 2 mil 50 millones de pesos, por la venta de los terrenos estatales, que desechó la trasnacional Ford. El predio de 480 hectáreas, que se ubica en el parque World Trade Center, fue comprado por la empresa acerera estadunidense, Steel Dymanics.
El legislador precisó que el congreso no tiene hasta el momento datos sobre las obras que se harán. La bancada del PAN pugnará para que se integre el órgano encargado de vigilar el manejo del dinero. Señaló que su partido siempre ha estado a favor de los manejos claros, tema que se logró establecer en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, al crear el Instituto Nacional de Trasparencia. Pero que al actual gobierno federal de la Cuarta Transformación no le gusta, quedó demostrado cuando intentó cortarle un pie al Instituto Federal de Acceso a la Información.
Guajardo admitió que en el plebiscito realizado el 24 de septiembre, como uno de los requisitos que marca la ley para otorgar la categoría de municipio a Villa de Pozos, no hubo una alto despliegue ciudadano como se deseaba, pero es un mecanismo que se puede perfeccionar. Es un ejercicio que fortalece la democracia. .
Aseguró que convertir a Villa de Pozos en un nuevo municipio, no implica un gran impacto en el presupuesto que recibe el municipio de San Luis, se le quitaría un aproximado de 500 millones de pesos. “No se puede decir que se perderían los fondos. Se destinarían a cubrir servicios y nómina. Indicó que el polígono ya fue definido y la gran mayoría de la zona industrial seguirá bajo el control de la capital. A Pozos le quedará solo la parte que se localiza cerca de Ciudad Satélite.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el congreso del estado, en su momento, combatirá la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Movimiento Ciudadano en contra del decreto que aprobó el poder legislativo para aplazar el inicio del proceso electoral en San Luis. Dijo que los partidos y voces ciudadanas, están en su derecho de inconformarse por situaciones del congreso, que consideran, los afectan.
El legislador del PAN reiteró que sigue firme en su propósito de participar en un proceso interno de su partido para ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Afirmó que como parte del Frente Amplio por México, su partido debe proponer el candidato para la alcaldía en los comicios del 2024, en base al mayor número de votos que aportó en las elecciones anteriores.
Añadió que en la contienda interna, cuando lleguen los tiempos legales, podrán participar militantes panistas y de los otros partidos, como el edil Enrique Galindo Ceballos, que conforman la alianza, pero también gente sin partido. Afirmó que su carta de presentación, es el trabajo que lleva a cabo como legislador, por lo que se empeñará en hacerlo de la mejor manera posible. Indicó que la parte toral de su propuesta legislativa, va encaminada a promover y fortalecer la injerencia de la gente en programas de gobierno, sobre todo en el ámbito municipal.
En tal sentido, se aprobó la iniciativa de una nueva ley de juntas de participación ciudadana para fortalecer a los comités de obra, que actúan como una contraloría social. Vigila se hagan en forma correcta. Presentó una iniciativa para incorporar representantes ciudadanos en las juntas de mejoras de los organismos de agua potable. El siguiente paso será pugnar para que existan presupuestos participativos. Es decir, que los parroquianos decidan las obras más importantes.
Como coordinador de los diputados del PAN, buscará marcar una agenda en termas como la seguridad pública y el agua. Como presidente de la Jucopo, buscará acuerdos y coincidencias entre las diferentes fracciones para sacar adelante las elecciones del nuevo fiscalizador del estado, elegir a 15 magistrados supernumerarios del Poder Judicial del Estado, aprobar las leyes de ingreso y los presupuestos de egresos de los municipios y gobierno estatal.
La diputada local, Gabriela Martínez Lárraga, cuestionó en una asamblea del congreso, el despilfarro de dinero que miró en el segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, realizado el 25 de septiembre en Ciudad Valles. Señaló que pedirá por la ley de transparencia, el gasto realizado en lo que semejó más un show o concierto.
“Al llegar, me encuentro con toda una logística impresionante. No soy nueva en el tema, saben algunos que mucho tiempo trabajé en el ámbito público. Jamás había visto un informe de semejante magnitud. Estaba sorprendida del nivel de gasto, dispendio que me topé”.
La legisladora precisó que decidió usar la tribuna, porque la antecedió el diputado del Verde Ecologista de México, Eloy Franklin, que vehemente, habló de las prioridades que atiende Gallardo. “¿Qué dirían los vallenses que acudieron al acto?. El representante del presidente, el secretario de agricultura, Víctor Villalobos, se impactó de la nula austeridad republicana”.
Narró que al centro de la mesa, se encontraban los magnates e invitados especiales. Los meseros les ofrecieron canapés. Al lado estaba pueblo, que sólo miraba. No les dieron ni siquiera una botella de agua. Cuestionó si alguien sabía el costo de los juegos artificiales que hubo, los cuales sólo miró en Dysneilandia. El diputado del PT, Salvador Isáis Rodríguez, la distrajo al decir que no era su recurso. Martínez reviró: “debería darle vergüenza. La semana pasada dijo que en su distrito, la gente enfrenta una sequía tremenda. Ser el primero en estar molesto por el derroche”.
Exhortó a sus compañeros a insistir en lo que es prioritario y actuar congruentes. No quiere saber la compra del árbol más grande de Latinoamérica ni en traer artistas famosos. “Potosinos, despertemos, no requerimos entretenimiento, mejor resultados”. La legisladora que llegó al congreso por las siglas del extinto Partido Movimiento Progresista, aseveró que como opositora, apoyó tres iniciativas de Gallardo, por considerarlas importantes. Elevar a rango constitucional el apoyo que se brinda a través de los programas sociales, para no usarlos como mercancía en tiempos electorales. La venta del terreno de la Ford, usarla en infraestructura productiva y crear la Guardia Civil del Estado.
Cuestionó que San Luis Potosí tenga un presunto dueño, al imponer desde el gobierno, pintar de verde los postes, guarniciones, camellones, edificio e inmuebles públicos. “Cada vez hay más municipios verdes. No debe extrañarnos. Es una forma de tatuarnos, herrarnos. Le pregunto a mi compañera Ema Idalia Guerrero, de Movimiento Ciudadano, si en Nuevo León, cubren de naranja las calles. Si lo mismo pasa en Querétaro, porque hace cuatro meses que no voy. Nosotros lo permitimos, nadie hace algo para evitar que un partido se apropie de lo colectivo. Al no hablar, es lo que nos merecemos. Ignoro cuánto se gastan en pintura”.
Adjudicaciones directas, insumos de baja calidad y sobreprecios en los productos que adquiere, son conductas anómalas que se replican en los programas alimentarios manejados por el DIF estatal, bajo el mando de la presidenta Ruth Miriam González Silva, que hace equipo con su cónyuge, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La dependencia, en tan solo dos contratos, en el 2023, erogó más de mil 500 millones de pesos. Destaca el inescrupuloso manejo de los recursos públicos a costa de los ciudadanos más vulnerables.
La variable, “Becas Alimentarias para todos”, consiste en la entrega de despensas a la gente. Es la vena toral de los programas asistencialistas del actual sexenio. Las usan para promover al gabinete con fines electorales. Para la compra de miles de despensas, la instancia lanzó la convocatoria, con invitación restringida, cuando debió ser de carácter internacional, ya que el monto supera los mil millones de pesos. La dependencia muestra en sus archivos incompletos, que solo recibió dos propuestas, ambas de la empresa Presucap, oriunda de Puebla. La aceptó porque “reúne las condiciones señaladas en las bases de la licitación y el precio que señala resulta conveniente para el Dif estatal de San Luis Potosí”,
Presucap ganó el contrato por mil 289 millones, 999 mil 672 pesos, para la compra de 2 millones 979 mil 214 despensas, lo que arroja un precio unitario de 433 pesos. El convenio quedó registrado en el folio CO005-LA-DIF-001-2023. La firma tiene como administrador único a David Enrique Rosales Zamora. Se constituyó en 2014 en México. No especificó en la razón social, servicios para comercializar, distribuir alimentos o despensas. En el 2021 cambiaron su domicilio a Puebla. Se ubican en la calle 51 poniente 1116, oficina 4, segundo piso. Al intentar buscar el domicilio en internet, hay nulo registro de su existencia. En el lugar se encuentran pequeños locales. Al preguntarle a los dueños, brindaron el contacto de la empresa. Al preguntarle sobre los vendedores de despensas, no supieron dar una respuesta precisa.
Dijeron que se distingue una placa con el nombre de la empresa, pero sólo es una elemental oficina. Pero en San Luis, la empresa posee instalaciones como si fuera una armadora trasnacional de despensas. Se ubica en avenida Bangalore 301, Parque Logistik ll, Villa de Reyes. En la entidad, si tiene redes sociales, incluso ofertan vacantes, lo que no sucede con la matriz de Puebla. En la página de Facebook, solo aparece la sucursal de San Luis, donde menciona ser un negocio que se dedica a armar de despensas. La página electrónica se creó apenas el 21 de octubre del 2022. Exponen ser una filial del corporativo El Sardinero, que también se dedica a la venta de despensas. ¿Cuál es el sentido de contratar a un intermediario, cuando podrían lograr mejores rebajas, si acuden directos con el proveedor más pujante?
Grupo El Sardinero, negro historial
La empresa El sardinero, es propiedad de Juan Carlos Fernández Francés, apodado “El Zar de las despensas”, quien carga un largo historial de denuncias por adjudicaciones amañadas, venta de productos a sobre precio y de mala calidad a nivel nacional e internacional. El periódico La Jornada, en el 2014, publicó que fue sancionado para no recibir contratos públicos, con dependencias federales y estatales, durante dos años y 5 meses. “La Secretaría de la Función Pública, explica que la empresa, dedicada a comercializar alimentos, sobre todo de canastas y despensas, fue objeto de un castigo administrativo con base en diversos ordenamientos legales, como la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por lo que no podrán hacer convenios con la misma en un plazo de dos años, cinco meses y 21 días”.
El periódico Universal publicó en 2019 un reportaje donde expone que El Sardinero, ganó varias licitaciones de forma amañada, a través empresas o filiales con las que compartía los mismos representantes legales, administradores y contactos. La jugarreta la aplicaba en las licitaciones donde firmas del mismo grupo, competían entre sí, para ganar concursos millonarios. Se planteó que del 2013 al 2022, logró 194 contratos públicos que le redituaron 3 mil 410 millones de pesos, no obstante estar sancionado. El semanario Zeta publicó otro reportaje donde señala que El Sardinero estuvo bajo investigaciones por parte del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por haber lavado dinero de cárteles mexicanos en cargamentos de alimentos enviados a Venezuela. También fue multada por la venta de productos a sobreprecio y de pésima calidad.
Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le congeló las cuentas bancarias, ya que a finales del 2018, se le investigó junto a otras 18 empresas, por presuntos vínculos con una red comercial que vendían comidas descompuestas, con altos costos en México y Venezuela. El grupo Sardinero fue acusado de haber intoxicado con alimentos de baja calidad a 25 niños de la guardería 40 del Seguro Social en Coyoacán, Distrito Federal.
Evidencias de sobrecostos
Con los antecedentes del negro historial del grupo El Sardinero, el DIF estatal, bajo la férula de Ruth González Silva, contrató a Presucap, filial de una empresa fraudulenta, con múltiples señalamientos negativos. Aunque la ley la obliga a publicar el contrato de mil 289 millones 999 mil 672 pesos, para la compra de 2 millones 979 mil 214 despensas, la dependencia, en su página de transparencia, anunció de manera parcial el convenio, al mostrar fragmentos dispersos. A través de solicitudes de datos, se requirió al DIF, copia del contrato realizado con la empresa Presucap, copia de las facturas de pago, productos que se integran a las despensas, costo unitario y por mayoreo, precio total de la despensa, entre otras peticiones. Como respuesta, envió informes rasurados, ilegibles y copia de una factura de pago por 107 millones 500 mil 44 pesos, con impuesto incluido, por concepto de 248 mil 288 despensas.
Se pueden constatar costos distintos en el monto total de las despensas, si se toma en cuenta que el DIF erogó mil 289 millones, 999 mil 672 pesos, para adquirir 2 millones 979 mil 214 despensas, lo que arroja un precio unitario de 433 pesos. En la única factura que brindó, el precio unitario de cada despensa es de 427.30 pesos. Hay una diferencia de 5.7 pesos por despensa. Si la diferencia se multiplica por las 2 millones 979 mil 214 despensas adquiridas, generan un sobrante de 16 millones 981 mil 519.8 pesos. Se desconoce el origen y destino del déficit. El sobrante podría generar otras 39 mil 218 despensas al costo original del contrato, de 433 pesos.
Con los documentos obtenidos, se constató que las despensa distribuidas por el DIF estatal, se compone de 19 productos. En su mayoría, son de marcas no comerciales o de bajo costo. En números, cada producto tendría un precio unitario de 23 pesos para alcanzar los 433. Sin embargo, los productos en su mayoría, están por debajo del tope. Pese a que al DIF estatal se le requirió el costo unitario y por mayoreo de los enseres, se limitó a entregar poco visibles las erogaciones.
Ante la negativa de informar por las vías institucionales, se acudió a las tiendas de auto servicio, que son más caras, para saber el costo unitario o de menudeo y compararlo con los productos que integran las despensas del DIF estatal. El aceite vegetal de 800 miligramos, Colón, es una marca poco vendida en tiendas de convivencia. Los precios que se encontraron por botella son de 15 pesos en bodega Aurrera, desde hace 2 años. En precios más recientes, hay de 23 y 32 pesos. El arroz Schettino, de 900 gramos, vale 16.50 pesos. El atún aleta amarilla, en agua, de 140 gramos, Marbea, es una marca poco conocida. Informó que por mayoreo, cada lata sale en 11.20 pesos. La bolsa de azúcar estándar de 500 gramos, Cucurumbé, de bajo consumo, se cotiza en 22.5 pesos. La que entrega el DIF, también de medio kilo, valdría 11.20 pesos. Pero se negó a entregar el costo real. En una promoción se encontró el valor proporcional en 13.50 pesos. La avena en hojuela de 250 gramos, marca Granvita, se comercializa en tiendas departamentales en 10 pesos.
El café de 28 gramos, marca Legal, que maneja el DIF, no se encontró. Pero el modelo de 140 gramos tiene un costo de 25 pesos. Entonces, el que distribuye la dependencia, valdría 5 pesos. En algunas tiendas vale 7 pesos. El cereal inflado sabor vainilla, de 250 gramos, marca Chanchitos, en Aurrera se encontró en 19 pesos. En Walmart alcanza los 22 pesos. El cereal en hojuelas de 185 gramos, Nutri Vien, tampoco se encuentra en las grandes tiendas. Pero se usa en las diversas despensas gubernamentales, con un precio de 12 pesos. En el caso del DIF, el precio neto es de 24 pesos, porque contiene 2 elementos. Los chiles enteros jalapeños de 220 gramos, marca Clemente Jacques, se encuentran a 13.50. El frijol claro, 900 gramos, marca Schettino, vale 35 pesos. La galleta surtida Cuetara se encontró en promociones de14.30. El precio regular de 23 pesos en Aurrera.
Los sobres de gelatinas de 42 gramos, marca Klass, no se encontraron en las tiendas de auto servicio. En Estados Unidos vale 9 pesos. En las despensas del DIF incluyen 2 sobres, lo que arroja un gasto de 18 pesos. La harina de maíz nixtamalizado de un kilogramo, Maseca, se vende en 19 pesos. La harina de hot cakes de 220 gramos, Nutrivien, no se encontró en las tiendas de convivencia. En marcas genéricas, tiene el costo de 11.50 pesos. La leche entera en polvo, Astro Milk, no se encontró. Se usa en despensas masivas. En el ámbito genérico, tendría un costo de 10 pesos. El DIF reparte tres sobres, lo que arroja un total de 30 pesos. La mayonesa con jugo de limón, McCormick, de 105 gramos, vale 20 pesos. Las despensas usan marcas genéricas cuyo precio oscila entre los 12 y 15 pesos. El papel higiénico de 4 rollos de 175 hojas, Slip, cuesta 16 pesos. La pasta para sopa, Millco, de 200 gramos, 4 piezas, valen 24 pesos.
Un paquete de servilletas de la marca Adorable, en las macro tiendas privadas, vale 11.60 pesos. Saco de propileno con fuelle, donde se entregan los productos, tiene un costo de 5 pesos al mayoreo. En la suma, las despensas elaboradas con precios de particulares, arroja un total de 360 a 385 pesos. Lo que arroja una posible diferencia de 73 pesos, si toma como referencia el precio que maneja el DIF, de 433 pesos. Destaca en el comparativo que son costos por menudeo. Los que adquiere la dependencia son por mayoreo, lo que reduce los costos de manera sustantiva. Si se consideran los 73 pesos, multiplicados por los 2 millones 979 mil 214 despensas, brincan conservadores 217 millones 428 mil 214 pesos no justificados en la compra de productos alimenticios. Lo que sustenta en los documentos del DIF obtenidos. En los precios de los insumos, la instancia puede conseguir rebajas del 50%, por el gran volumen adquirido. El atún que manejan en las despensas de la marca Marbea, los directos distribuidores lo ofertan por mayoreo en 11.20 pesos. El DIF lo cotiza en 19.50 pesos.
La diferencia es de 8 pesos, multiplicados por las 2 millones 979 mil 214 despensas, arroja un presunto ahorro de 23 millones 833 mil 712 pesos, lo que no justifica el DIF en un solo producto. En la trasnacional Costco, una despensa básica, con 22 productos de marcas reconocidas, tiene un valor de 295 pesos. En oferta, la baja a 289 pesos. Se exhibe un elevado sobre costo en las despensas que maneja el DIF con insumos poco conocidos y de baja calidad.
Otro despilfarro con erogaciones exorbitantes se encuentra en el programa Alimentos Escolares, en la modalidad fría y caliente y el de Alimentos para Grupos Prioritarios y Atención Alimentaria para los primeros 100 días. Todos se engloban en un solo contrato foliado, CO006-LA-DIF-002-2023 con la empresa JDG Comercializadores y Servicios Michoacanos, por el monto de 357 millones 344 mil 854 pesos.
En documentos obtenidos por transparencia, se pueden constatar los costos unitarios de los productos adquiridos por el DIF para los apoyos sociales, donde se constata que en su mayoría, tienen un sobre precio del 50%. Es lógico que la cifra se incrementa cuando se conoce que la compra al mayoreo, reduce las erogaciones. En una sola factura para alimentos escolares calientes, la dependencia compró leche entera pasteurizada, de la marca Delit, de un litro. Adquirió 253 mil 688 envases, por un total de 8 millones 194 mil 122 pesos. El precio unitario fue de 32.30 pesos. El mismo producto en tiendas como Chedraui, con las mismas características, al menudeo vale 15 pesos. Al mayoreo, en Sam´s tiene un costo de 13.91 pesos. En la harina de maíz nixtamalizado, Maseca, el DIF compró 63 mil 422 piezas. Erogó, un millón 604 mil 578 pesos. El precio unitario fue de 25.30 pesos. El mismo producto en tiendas privadas, a precio de menudeo, se encuentra en 17.50 y 18 pesos.
En hojuelas de avena, la bolsa de 400 gramos, Granvita, se adquirieron 63 mil 422 piezas. Gastaron un millón 293 mil 800 pesos. El precio unitario fue de 20.40 pesos. En las tiendas se encuentra en 12 y 15 pesos. El frijol en grano, bolsa de 900 gramos, San Diego, el DIF adquirió 63 mil 400 piezas. Gastó 3 millones 450 mil 158 pesos. El precio por unidad fue de 54.40 pesos. El mismo producto en las tiendas particulares es de 23.50 pesos. En latas de atún en agua de 149 gramos, Marbea, se compraron 63 mil 422 piezas, por un millón 236 mil 729 pesos. El precio unitario fue de 19.50 pesos. Aunque no es muy comercial, se pudo constatar que el precio por mayoreo, directo con los distribuidores, fue de 11.20 pesos. La sardina en salsa de tomate de 425 gramos, Fresh Label, el DIF compró 63 mil 422 piezas. Gastó 3 millones 278 mil 917 pesos. Manejó un precio unitario de 51.70 pesos. En las tiendas comerciales la venden en 36.50 pesos.
En aceite vegetal comestible de 500 mililitros, Maravilla, la dependencia compro 63 mil 422 piezas en 2 millones 892 mil 43 pesos. El precio unitario fue de 45.60 pesos. En las tiendas privadas está en 24.80 y 26.80 pesos. Los chicharos envasados en lata de 225 gramos, San Marcos, la dependencia compró 63 mil 422 piezas. Gastó 906 mil 662 mil 330 pesos. El costo unitario es de 14.30 pesos. En las tiendas es de 6.16 pesos al mayoreo.
En otros productos, donde no se pudo encontrar la marca, debido a que no es comercial o la venden directo al proveedor, la dependencia erogó en amaranto reventado de 200 gramos, Don Porfirio, 2 millones 4 mil 136 pesos por 63 mil 422 piezas. El precio unitario fue de 31.60 pesos. En lenteja de 200 gramos, San Diego, compraron 63 mil 400 piezas por un millón 426 mil 996 pesos. El costo unitario fue de 22.50 pesos. Otras marcas de mayor venta en el marcado, manejan la lenteja en 10 pesos. Las genéricas lo cotizan en 6 pesos.
En carne de pollo deshebrado de 100 gramos, Nadal, compraron 63 mil 400 piezas por 2 millones 54 mil 872 pesos. El precio unitario fue de 32.40 pesos. Un producto similar en Sukarne, de 300 gramos, tiene un costo de 76 pesos, por lo que los 100 gramos valdrían 25.30 pesos. En la pasta de sopa tipo codo, de 200 gramos, Millco, se compraron 63 mil 400 piezas, con un costo global de 653 mil 243 pesos. El precio unitario fue de 10.30 pesos. El mismo insumo de la marca La Moderna cuesta 10 pesos. En otras tiendas vale 5.50 pesos. En bolsas de garbanzo seco, de 200 gramos, San Diego, se compraron 63 mil 400 piezas, con el gasto de un millón 2 mil 67 pesos. El precio por bolsa fue de 15.80 pesos. Pero tiendas comerciales y de marcas genérica, las de 500 gramos cuestan 33.50 pesos. Las de 200 gramos valdrían 13.40 pesos.
En las habas secas de 200 gramos, San Diego, por 63 mil 400 bolsas erogaron un millón 782 mil 158 pesos. El costo unitario fue de 28.10 pesos. El mismo producto en tiendas vale 59 pesos por 500 gramos. La 200 sale en 23.50 pesos, cinco pesos menos a las que oferta el DIF. En alubias de 200 gramos, San Diego, compraron 63 mil 400 piezas, con un costo total de 881 mil 585 pesos. El costo unitario fue de 13.90 pesos. El mismo producto en la marca La Merced, la de 500 gramos tiene un costo de 31 pesos. La de 200 gramos cuesta 12 pesos. En los sellos genéricos es de 10.80 pesos. En síntesis, el DIF estatal gasta en cada desayuno caliente, 418.10 pesos. Los adquiere al proveedor JDG Comercializadores y Servicios Michoacanos.
Si el DIF hubiera comprado los insumos en tiendas de auto servicio, le hubiera salido cada desayuno caliente en 247 a 260 pesos. Se iba a ahorrar de 150 a 160 pesos por cabeza. Pudo comprar una cantidad mayor de insumos si rechaza los elevados costos. En el programa atención alimentaria, los primeros 100 días, en la mayor parte, los productos son los mismos que ofertan en los desayunos escolares, pero en menor cantidad. Resalta como novedad, la bolsa de carne seca, machaca, de 100 gramos, Don Cano. La instancia pagó 152 pesos por unidad. En su página electrónica, la marca ofrece 5 bolsas en 200 pesos, lo que arroja un precio menor de 40 pesos. En total, el DIF compró 37 mil bolsas de machaca por un total de 5 millones 642 mil 500 pesos.
Las millonarias transacciones que realiza Gallardo Cardona con empresas foráneas y con negros antecedentes, contradice su demagógico lema, “Potosí para los potosinos”. El mismo esquema fraudulento lo aplicó en la compra de patrullas. Sin temor al escándalo, al que está acostumbrado, se gasta el erario de los potosinos con proveedores rehenes de la sospecha, que se mueven en la lógica del ancestral diezmo, aunque no les importa pagar hasta el 50% de sobornos, lo que repercute en insumos de bajísima calidad.
