La figura de juicio político que se estableció en la constitución política en 1982, es inoperante, porque no existe voluntad de los senadores en el ámbito federal y de los diputado locales, en el caso estatal, para aplicarla en aras de conseguir justicia y castigar los abusos de políticos y servidores públicos, afirmó el ex magistrado y ex catedrático de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Merced Ponce Blanco. Mencionó que son muchas las demandas que se presentan y ninguna ha prosperado. Las que se revisan son declaradas improcedentes en su gran mayoría en las comisiones. Las pocas que se llegan a dictaminar como válidas, se olvidan cuando se forman comisiones jurisdiccionales que las rechazan. Otro número importante de las querellas ni siquiera son analizadas. Terminan en los archivos muertos de las instancias legislativas.
El ex juez señaló que la ley de juicio político y la propia constitución, en los artículos que contempla la figura, han sufrido varias reformas en 38 años, pero no han servido de nada, ya que no se llevan a la práctica. Se ha desacreditado tanto que se utiliza como un recurso de carácter político para atacar al contrario o defender causas partidistas. En algunas ocasiones, los promoventes o litigantes que los presentan, lo utilizan con afanes protagónicos o de lucimiento profesional, cuando el objetivo es que cualquier ciudadano pueda usar el recurso y que el proceso tenga consecuencias para los sujetos implicados.
El artículo 126 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, señala que podrán ser sujetos de un juicio político el gobernador, diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces de primera instancia, secretarios de despacho, auditor superior del estado, fiscal del estado, fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y en delitos electorales, subsecretarios, directores o sus equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y síndicos.
“Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, se menciona en el artículo 9 de la ley estatal de juicio político, aprobada en el 2019. Establece 9 causales y señala que el procedimiento solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe el cargo o al año siguiente. Pueden ser llamados a cuentas por atacar las instituciones democráticas. A la forma de gobierno, la organización política y administración de los municipios. Violaciones graves a los derechos humanos y sus garantías. Atentar contra la libertad de sufragio. Usurpar atribuciones de funcionarios públicos cuyos cargos sean de carácter constitucional. Cualquier daño a la constitución política o leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado, municipios o sociedad. Alteraciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuesto estatal, municipal. Leyes que determinen el manejo de los recursos económicos, manejo indebido de fondos y recursos del estado, los municipios o de cualquier ente público.
El litigante Ponce Blanco lamentó que en México que exista el coraje ni la voluntad para someter a juicio político a servidores públicos denunciados en cualquier nivel jerárquico. En Guatemala, Paraguay y Brasil, han destituido a presidentes de la república. Los mandatarios de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, han enfrentado el proceso jurídico. En 2016, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue destituido. Lo acusaron de malversar fondos y lavado de dinero. En el 2012, el mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, dejó el cargo por el negativo desempeño de sus tareas, derivado de un enfrentamiento entre policías y campesinos con consecuencias fatales. En 2016, la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, fue sometida a un controvertido proceso por ocultar un déficit presupuestario que le ayudaría a reelegirse.
En México, la figura se instauró en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuya bandera de campaña fue la renovación moral. Se dijo que tenía como destinatario al senador del PRI y ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, que no fue sometido a juicio político, pero si fue desaforado por sus correligionarios en el senado, a petición de la Procuraduría General de la República, que lo acusó de fraude y asociación delictuosa. En San Luis han enfrentado denuncias similares, sin que hayan prosperado, los exgobernadores Carlos Jonguitud Barrios, Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Toranzo. Sánchez Unzueta por irregularidades en la red caminera indígena. Toranzo por hostigamiento laboral y obstruir las tareas del sindicato minoritario de burócratas que encabeza Francisca Reséndiz. El actual mandatario Juan Manuel Carreras, 3 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Jiménez, Juan Manuel González y Juan Paulo Almazán Cué, magistrados, jueces, diputados, presidentes municipales y sus cabildos, funcionarios estatales y municipales.
En el congreso local existen sin resolver juicios políticos presentados hace 12 y 13 años que no desahogaron las últimas cuatro legislaturas, de acuerdo a datos obtenidos a través de una solicitud de información. En el 2007 y 2008, que corresponden a la 58 legislatura, se presentaron 31 denuncias de juicio político, de las cuales 11 están pendientes de resolver, 17 se declararon improcedentes y solo 3 se votaron como válidas en contra de los alcaldes de Cerritos, Villa de Ramos y Venado. Se agotaron sin destituir o inhabilitar a los inculpados para volver a ocupar otros cargos. Entre los juicios políticos pendientes de 2007 y 2008 está el presentado el 11 de abril del 2007 por el ciudadano Fidel López Lara en contra del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el secretario de salud, Fernando Toranzo y otros de sus ayudantes, por violaciones reiteradas a la constitución del estado. Uno en contra de servidores públicos y comisiones del ayuntamiento de San Luis Potosí y dos presentados por ciudadanos en contra de integrantes de la segunda y quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Entre los pendientes se encuentra el que interpuso el 8 de julio del 2008, el entonces alcalde de Ciudad Fernández, Juan Pedro Yáñez Carvajal en contra del síndico. El también contratista y ex líder del comité municipal del PR, murió de un paro cardiaco el 31 de marzo de 2017 en México. Sin resolverse se encuentra la demanda de juicio político que presentó el herrero Rafael Aguilar Fuentes y el taxista Juan Manuel Jurado Limón, en contra del entonces presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos. Durante el periodo de la 59 legislatura, del 2009 al 2012, se presentaron 35 solicitudes de juicio político de las que están pendientes 16. Se declararon improcedentes 18 y solo se aprobó una. Fue contra la entonces edil de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo. Lo interpuso el relevo en la alcaldía, José Santos Loredo Tenorio.
Sobre los 16 juicios pendientes, 11 fueron contra alcaldes o integrantes de cabildos de los municipios de Villa de la Paz, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Salinas, Rioverde y Soledad. Se encuentra pendiente también una solicitud de juicio político que presentó un ciudadano el 30 de septiembre del 2011 en contra del ex magistrado de la primera sala del poder judicial del estado, Álvaro Eguía Romero y la secretaría de estudio y cuenta, María Sara de la Luz Bernal Ramírez. Otro en contra del entonces magistrado Marco Antonio Aranda Martínez, que promovió el ex edil Guillermo Pizzuto Zamanillo. Entre las 18 denuncias de juicio político que decretaron improcedente los diputados de la 59 legislatura, destacan 4 interpuestos contra el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Los denunciaron los integrantes del colectivo de taxistas, su consuegro Pizzuto y Aguilar Fuentes.
Se desecharon también 3 querellas de juicio político interpuestas por el empresario Carlos López Medina en su carácter de vicepresidente de Aguas del Poniente en contra de los entonces diputados, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Julio César Salinas Terán e Yvete Salazar Torres. Otro lo hicieron varios actores políticos de distintas ideologías y ciudadanos en contra de los diputados de la 59 legislatura que integraron la cartera para la reforma del estado, Óscar Bautista Villegas, Pedro Pablo Cepeda Sierra, Alfonso José Castillo Machuca, Vito Lucas Gómez Hernández, Óscar Carlos Vera Fabregat, Felipe Abel Rodríguez, Tito Rodríguez e Yvete Salazar. En el periodo del 15 de septiembre del 2012 al 27 de julio del 2015, que corresponde a la 60 legislatura, se presentaron 37 denuncias de juicio político. Siguen sin dictaminarse 17, 13 fueron votadas como improcedentes por mayoría o unanimidad, 4 se archivaron y dos se aprobaron.
Los diputados votaron como procedente por unanimidad la denuncia de juicio político que presentó el 1 de julio del 2013 el ciudadano Juan Manuel Lara Lugo y otro empleados del Colegio de Bachilleres en contra del secretario de gobierno, Cándido Ochoa Roja y el titular de educación, Juan Antonio Martínez. Incluyeron al director de educación media y superior, Isidoro del Camino Ramos y al director del Cobach, Mónico Jiménez Medina. Fue hasta el 31 de julio del 2017 cuando la comisión jurisdiccional que encabezó el diputado Óscar Vera, como integrante de la 60 legislatura, cuando se dictaminó declarar condenatoria la solicitud de juicio político, pero solo contra Jiménez Medina, que renunció al cargo en enero del 2016. El 24 de agosto del 2017, el pleno del congreso aprobó inhabilitar por 5 años al ex funcionario, por haber ejercido el cargo sin tener título.
Después, los diputados acordaron reducirle la pena a un año. Mónico Jiménez combatió el castigo con un amparo que le fue concedido el 9 de julio del 2018, con lo que se le revirtió el castigo. El otro juicio procedente fue el que interpuesto en julio del 2013 el licenciado Miguel Ángel Paisano, en contra del presidente municipal de Salinas, Salvador Hernández y su cabildo, donde figuró como regidor el controvertido empresario, acusado de huachicolero, José Luis Romero Calzada. La comisión jurisdiccional que se integró para seguir el proceso, determinó que no había lugar para llevarlo a cabo. Entre las 17 solicitudes de juicio político que dejó sin tocar la 60 legislatura, se encuentra el que interpuso el abogado de Teléfonos de México, Jorge Félix Vázquez Ruelas contra la entonces presidenta municipal de San Luis, Victoria Labastida Aguirre, cuyo tesorero, Agustín Soberón, se metió en un lío jurídico cuando pretendió cobrar una suma millonaria a Telmex por uso del suelo para las casetas.
Figura el que impulsaron también en contra de Labastida e integrantes del ayuntamiento, Rafael Aguilar y Juan Manuel Jurado. Hubo otras demandas contra presidentes municipales y ex alcaldes de Salinas, Rioverde, Soledad y Santa María del Río. En febrero del 2015, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ayuntamiento de Soledad contra la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa. Tres en contra del ex auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo y dos interpuestos por Ramón Esparza Olivo, en 2014, contra el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, integrantes del cabildo y funcionarios. Uno más contra el edil Ricardo Gallardo Cardona.
La pasada legislatura recibió en el periodo del 15 de septiembre al 18 de julio del 2018, 51 demandas de juicio político, de las cuales dictaminó 18 como improcedentes, dejó sin resolver 24, archivó 5, determinó sin materia 3 y solo una votó como procedente el 9 de julio del 2016. Fue la que interpuso con fecha 29 de octubre del 2015, el regidor Marcelino López Méndez en contra del presidente municipal de Santa María del Río, Israel Reyna Rosas, por violación a la ley, al nombrar al contralor del municipio y no respetar las propuestas que presentó el PRD, como primera mayoría. Sin embargo a 3 tres años 7 meses, no se integró la comisión jurisdiccional que llevaría el proceso. Entre las 24 demandas de juicio político que dejó pendientes la 61 legislatura, se encuentran dos en contra del ex procurador y actual fiscal del estado, Federico Garza Herrera, una la presentó el abogado Agustín Castillo Guevara y la otra el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado.
Dos que interpuso en 2016, el abogado José Juan Zavala en contra del diputado Óscar Vera Fabregat y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. Una contra el secretario de educación pública del estado, Joel Ramírez Díaz. Se encuentra pendiente la denuncia que presentó en junio del 2018, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Arguelles, en representación de un grupo de agremiados, en contra del comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública, Alejandro Lafuente Torres y las comisionadas numerarias Paulina Sánchez del Pozo y Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo. Sin dictaminar está una denuncia de juicio político en contra de la auditora superior del estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, que promovió en junio del 2018, la ex empleada de la ASE, Ana Elisa Loredo Torres.
La solicitud que presentó Jesús Sierra Acuña, como representante común del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción contra los titulares de la ASE, Fiscalía del Estado, Contraloría Estatal, pleno del consejo de la judicatura, Cegaip y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por la negativa a instalar el consejo coordinador. Entre las 18 demandas de juicio político que los ex diputados de la 61 legislatura declararon improcedentes, destaca la de sus correligionarias, Xitlálic Sánchez Servín y Rebeca Terán Guevara, que fueron denunciadas por el abogado y ex alcalde interino de San Luis Potosí, José Homero González Reyes, por omisas, al no nombrar en el tiempo establecido a un titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el periodo del 28 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre del 2017.
El 21 de junio del 2018, los diputados dictaminaron por unanimidad improcedente la demanda de juicio político en contra de sus compañeras. González Reyes promovió el 17 de julio un amparo en contra del dictamen y el segundo tribunal del noveno circuito en materia civil lo declaró improcedente. Le ordenó al congreso del estado emitir otro, por lo que la actual legislatura retomó el caso. El 9 de julio 2019 dejó sin efecto el resolutivo del 21 de junio que emitieron sus antecesores e inician el procedimiento las comisiones unidas de gobernación y justicia. El 6 de agosto se nombró a la comisión jurisdiccional que preside el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara. El 19 de septiembre del 2019, por mayoría, los diputados aprueban el dictamen y desechan la demanda de juicio político en contra de las indiciadas.
La actual legislatura recibió hasta el 29 de noviembre del 2019, un total de 29 demandas de juicio político, 9 solicitudes fueron declaradas improcedentes, están pendientes 18, una se archivó y solo aprobaron el juicio contra el secretario de seguridad pública estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que interpuso el 9 de enero del 2019, el diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras. Pero el comité jurisdiccional que se integró para analizar el fondo de la demanda y que presidió la diputada del PT, Paola Arreola Nieto, resolvió que no había elementos para iniciar el procedimiento. El dictamen respetivo fue aprobado por 20 votos a favor y 4 abstenciones el 29 de junio del 2019. Hernández señaló que sus compañeros violaron el debido proceso, al haber aceptado solo pruebas de descargo del funcionario y no las suyas.
Las razones con las que fundamentó la querella, se basan en la incidencia delictiva, el daño que le causan a la sociedad los hechos de violencia y la omisión del secretario al respecto. Anunció que acudiría a instancias federales para revertir el veredicto. Sobre Pineda está pendiente otra demanda de juicio político que presentó también el legislador Edgardo Hernández y fue recibida en el congreso el 15 de abril del 2019. Otras querellas de juicio político sin resolver son dos contra el presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava palacios. Una la presentó el 19 de agosto del 2019, Erick Jeovany Flores Mata, que incluye además a regidores, primer y segundo síndico. Otra la interpuso el 30 de noviembre del 2019, Vicente Domingo Hernández Ramírez contra Nava y regidores integrantes de las comisiones de desarrollo rural y asuntos indígenas.
Sin dictaminar está el juicio político contra el ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Juárez, su tesorero y actual legislador, Jesús Emanuel Ramos Hernández, que interpuso el 30 de noviembre del 2019, la segundo síndica del ayuntamiento, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, por el supuesto daño al erario de mil 30 millones de pesos. Sin dictaminar siguen las demandas en contra del munícipe de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte y la síndica, Yoloxóchitl Díaz López, que solicitó el 26 de septiembre, Sandra Elizabeth Miranda González. Hay uno contra el ex alcalde de Matehuala, José Everardo Nava y las síndicas Leonor Alejandra Córdova Sánchez y María Elena Castillo Soria. Dos contra la actual alcalde de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo y su antecesor, el hijo, Ángel de Jesús Nava Loredo. Hay dos querellas contra el actual edil de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez e integrantes del cabildo, por violación a un amparo.
Mejía enfrenta también varias denuncias penales en la fiscalía local por su presunta injerencia en homicidios y desapariciones. Sin analizar por parte de los diputados se encuentra la demanda de juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué y los consejeros de la judicatura, Diana Isela Soria Hernández y Jesús Javier Delgado Sam y el ex consejero Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. La querella contra el ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, regidores y ex funcionarios, que interpusieron jueces auxiliares y ciudadanos por presuntas irregularidades en la asignación de obra pública. Sin resolver está una denuncia contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, que se elaboró en noviembre del año pasado. Otras tres querellas de juicio político contra los regidores del ayuntamiento de Valles, Serafín Castillo Chávez, Andrés Sánchez Montemayor, Ignacio Vicente Hernández e Irma Hernández Medina. Una demanda en contra del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, Ramiro Robledo López.
El pasado 30 de enero, en sesión privada, los diputados de la 62 legislatura aprobaron por mayoría los dictámenes de las comisiones de gobernación y justicia, que desecharon por improcedentes 8 denuncias de juicio político y 6 de responsabilidad administrativa. Turnaron a la Auditoria Superior del Estado dos solicitudes para sancionar al presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento de Matlapa, administración 2015-2018 y al alcalde de Salinas, Antonio Páez Galván, síndico y secretario. Las demandas de juicio político que desecharon los diputados fueron en contra de los ex diputados propietarios y suplentes de la anterior legislatura, que interpuso el abogado Juan José Frías Aguilera, el 3 de octubre del 2018. La demanda en contra de la ex oficial mayor del congreso del estado, y hoy diputada local, Beatriz Eugenia Benavente González, que presentó también Frías. La querella de juicio político contra Xavier Nava Palacios y la titular de transparencia del ayuntamiento de San Luis Potosí, Pamela Méndez Cuevas, que promovió en septiembre del 2019, Reyna Aidé Peña Avelino.
Decretaron improcedente la demanda de juicio político en contra del ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Juárez, que demandaron dirigentes de comerciantes y ciudadanos el 30 de octubre del 2019. La demanda en contra del ex edil de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, ex regidores, ex secretario, ex síndico, ex tesorero y los ex directores de desarrollo económico y catastro. Lo promovieron jueces auxiliares y ciudadanos en noviembre del 2018. Se desechó la denuncia en contra del juez séptimo del ramo penal, José Godofredo Flores Zavala, que presentó en enero del 2019 Rafael García. La querella en contra de la agente del ministerio público, Cecilia Guadalupe Cervantes Gaytán, adscrita a la Unidad de Atención Temprana, con sede en Ciudad Fernández.
Los diputados aprobaron la solicitud de juicio político en contra de la síndica de San Luis Potosí, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, que promovió en su contra, el 6 de febrero del 2019, el licenciado José Luis García Sánchez, por pretender apresurar la designación de Gina Maribel Rocha Pañuelas como representante ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Por no haber entregado una notificación a la acusada, el dictamen se devolvió a comisiones. Los diputados desecharon también por improcedentes 6 solicitudes de juicios de responsabilidad administrativa en contra de integrantes de los ayuntamientos de Santo Domingo, Tampacán y Vanegas, administraciones 2012-2015 y 2015-2018, todos por cuestiones laborales.
El 21 de febrero, las comisiones unidas de gobernación y justicia del congreso, dictaminaron procedente la demanda de juicio político contra Xavier Nava, que interpuso en su contra la ex oficial del registro civil, María Teresa Carrizalez Hernández, por presunta violación a sus derechos humanos, al ser desalojada el 2 de julio del 2019 por agentes municipales de sus oficinas, después de ser despedida por parte del ayuntamiento. La aprobación generó controversia hasta en los panistas que lo apoyaron como candidato. La consejera nacional del PAN, Lidia Arguello, señaló que los diputados de su partido, Rubén Guajardo, que preside la cartera de justicia y Sonia Mendoza Díaz, integrante de la misma, que votaron a favor del dictamen, deben ser llamados por el comité estatal para que expliquen su actuar.
Dirigentes de cámaras y organismos empresariales publicaron un desplegado donde censuraron el actuar de los legisladores. Señalaron que los procedimientos no deben ser tomados para el golpeteo político. Inquieta “el despropósito de los diputados que declaran improcedentes juicios políticos por actos de corrupción y aprueba, sancionar a la síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, por una causa administrativa”. Los exhortaron a legislar, trabajar y dar resultados para los potosinos y dejar a un lado intereses políticos mezquinos, que buscan desgastar y complicar el trabajo de la autoridad municipal. A los empresarios les respondió el diputado del PAN y presidente de la junta de coordinación política, Rolando Hervet Lara. Lamentó que justificaran la golpiza a una mujer, abonan a la violencia, lo que es vergonzoso.
Les pidió exigir a la fiscalía local y no al congreso, resultados por las denuncias en contra de los ex legisladores, sobre los cuales no existen solicitudes de juicios políticos. “Al alcalde le sobra arrogancia. Xavier Nava debió castigar a los responsables de lo ocurrido y pedir disculpas. Optó revictimizar a una mujer. Están los videos para confirmarlo. Por su parte, Rubén Guajardo afirmó que al aprobar o rechazar las solicitudes, no hay simulaciones. Las decisiones son colegiadas. Los procedimientos claros, apegados a la ley.
El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, calificó como un despropósito de los legisladores, declarar procedente el juicio político contra Nava. Adelantó que no habrá de prosperar ya que buscan desvirtuar al gobierno municipal con un tema muy politizado. La actual legislatura encubre todos los desvíos y fraudes de los antecesores diputados. Carrizales celebró la decisión a través de la plataforma digital Change. Junta firmas para que el pleno del congreso vote a favor del jui
