No obstante ser miembro distinguido de la llamada “herencia maldita”, el gobernador Ricardo Gallardo designó al huasteco, Crisógono Sánchez Lara, como titular del Sistema Educativo Estatal Regular. El mandatario rompió sus propias reglas de combatir a los corruptos, al ignorar que el nuevo funcionario, tuvo un desempeño negativo como delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el sexenio de Juan Manuel Carreras López. Fue acusado, junto con su esposa, Nora Hilda Sánchez, del asesinato de su secretaria particular, la profesora oriunda de Rioverde, María Lourdes Cárdenas Galarza. Al asumir el cargo, destacó que tenía las manos limpias y negó ser femincida. Busca poner en alto al sector educativo. En un desplegado que firmaron los maestros que laboran en las escuelas del Seer en la entidad, consideraron “un agravio y falta de respeto para la niñez, juventud potosina y nosotros que no desconocemos sus antecedentes de dominio público. No se puede confiar el cargo a un personaje de lamentable historial y sospecha de feminicidio. Se nos exige prepararnos en lo académico, contar con un historial íntegro, honradez y ética. Pero deben hacer lo mismo con cualquier funcionario del gabinete, con mayor razón, quién esté al frente del rubro educativo. Con el respeto que se merece, pero también por las tareas que tenemos frente a los alumnos, de la manera más atenta le solicitamos reconsiderar el nombramiento del profesor Crisógono Sánchez Lara”. Los quejosos dijeron que la llegada del ex legislador, es un atropello ético y deshonroso. Le exigieron al secretario del ramo, Juan Carlos Torres Cedillo, reconsidere el arribo de uno de los grandes responsables del saqueo a los fideicomisos de los maestros. Aseguran que Sánchez agravia a mujeres y hombres del magisterio, trabajadores y honestos, que han entregado su vida a la enseñanza y reprochan los criterios usados para contratar al vilipendiado personaje. Advierten que se organizan para emprender otras acciones, ya que la entrada de Crisógono Sánchez, responde a principios mafiosos que imaginaron, se habían erradicado con la llegada del gobernador Ricardo Gallardo. “Las bases preparan la defensa de sus derechos y revisan la alternativa de solicitar la injerencia del comité nacional del magisterio para que Torres enmiende el yerro. Las comunidades educativas pasamos lista en nuestras escuelas y le decimos, presente, seguimos con vocación de servicio. No se deje mal informar por quienes no pueden justificar su nombramiento”. Para recordar el desempeño de Sánchez, hicieron circular una fotografía, con una rata al centro. En un texto, lo acusan de feminicidio, junto con su esposa, Nora Sánchez, prófuga de la justicia, en agravio de la extinta Lourdes Cárdenas, que al momento del deceso, la tenía de subordinada en el Conafe. El ex diputado fue destituido por presuntos malos manejos. Según los inconformes, “no puede ser que Gallardo traiga de vuelta la prepotencia y corruptelas a una de las instituciones educativas más importantes de San Luis Potosí”. Una de las razones es que Gallardo tiene nexos con el diputado federal del Verde Ecologista, Cristian Sánchez, hijo del reciente colaborador. Ambos le ayudaron a ganar las elecciones en un amplio sector de la huasteca. Ahora reclutan alcaldes a los que les asignan un listado de contratistas a los que deben asignar las obras más importantes. Las crónicas del homicidio de la ex secretaria particular de Crisógono Sánchez, narran que el 12 de enero del 2018, la víctima salió del trabajo, sin imaginar que eran las últimas horas de su vida. Entonces, dos hombres la abordan, secuestran y la llevan a un domicilio donde fue torturada y asesinada. Los presuntos cómplices de Nora Hilda Sánchez, dijeron a la policía que “todo lo planeó la señora, que en lo personal, golpeó en la cara a la maestra, por atreverse, según sus convicciones, intentar robarle al marido, sin que hubiera prueba de las acusaciones. Con sangre fría, le descarnó el rostro y la quemó y luego ordenó a sus cómplices sacar el cadáver de la casa y tirarlo por la carretera a Guadalajara. Su sed de venganza había quedado saciada”.
El cuerpo casi quedó calcinado en su totalidad. Las sospechas recayeron muy rápido sobre su jefe, Crisógono Sánchez y su cónyuge, Nora Hilda Briones, que huyó a Cuba durante varios meses. Pero se aburrió y regresó a San Luis. Junto con su marido, se refugiaron en uno de los varios ranchos ganaderos que tienen en la huasteca. Ya pasaron 4 años del femincidio y ninguno resultó castigado. Al contrario, el ex dirigente magisterial fue premiado por Gallardo. Su esposa el 10 de diciembre del 2020, logró que los peritos médicos, José Arturo Chávez Contreras, Dolores del Carmen Martínez Herrera y Adalberto Palomo Moreno, avalaron su exigencia para que fuera declarada inimputable. Invocó el artículo 303, fracción II, inciso C del Código Familiar vigente en el Estado, ya que alegó, padece demencia o trastorno vascular, que es incapacitante, crónico, deteriora la salud de manera irreversible. Sólo se controla con medicamentos. En tales condiciones, jamás pisará la cárcel jamás. Al llegar Crisógono Sánchez al gabinete local, Gallardo le concede, junto con su esposa, absoluta impunidad en lo legal y político. En el expediente criminal, se narra que “el poder de los Sánchez, incrustados en la política desde hace años, sobrevivientes del PRI, PAN y ahora del Partido Verde, les permite delinquir sin consecuencias, porque siempre hacen arreglos políticos. Pero el caso de la profesora Lourdes Cárdenas, los perseguirá por siempre”. Los padres de la occisa pidieron justicia al ex gobernador Juan Manuel Carreras, quién optó ignorarlos. El entonces fiscal, Federico Garza Herrera, obtuvo una orden de arresto que jamás entregó al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, que también se hizo el desentendido. Los policías investigadores externaron que “se trató de un horrendo crimen pasional. Era como la señora Nora Sánchez resolvía las diferencias con su marido. Era común que ambos golpearan a quienes consideraban sus rivales en amores, de lo que nunca hubo denuncias ni quejas, ya que eran los amos y son poderosos”.
Se trata de una reorganización para consolidar las diversas áreas y que estas brinden mejores resultados en favor de las y los potosinos.
Como parte de un trabajo de reestructuración, el Presidente municipal de San Luis Potosí determinó realizar los siguientes ajustes en su Gabinete: Jorge García Medina, como Titular de la Dirección de Comercio; Rocío Marcela Acosta Chávez, como Titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico; Beatriz Benavente Rodríguez, como Coordinadora de Asesores, mientras que en el caso de la propuesta para ocupar el cargo al frente de la Delegación de Villa de Pozos, se espera la ratificación del Cabildo que en este momento se encuentra en sesión. El Alcalde de la Capital, aseguró que estos ajustes corresponden únicamente a la reorganización de su Gabinete para consolidar las diversas áreas y brindar el mejor resultado para las y los potosinos.
En declaraciones a los medios ya como gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que su gabinete estaría conformado por personas capaces, honestas y trabajadoras. Iba a privilegiar la capacidad, experiencia y vocación de servicio. Busca desterrar “la costumbre de sumar personajes, designados para pagar favores de campaña o cubrir facturas de cuotas de poder de algunos grupos”. Pese a lo expresado, los primeros nombramientos lo contradicen. Sus amigos, financiadores de campaña y ex colaboradores suyos o de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, ya están en el gabinete, sin importar los cuestionamientos y denuncias de corruptelas que pesan sobre sus biografías.
El secretario de gobierno es el litigante José Guadalupe Torres Sánchez. Fue síndico del ayuntamiento de Soledad en el trienio 2009-2012 que encabezó Gallardo Juárez. Se desempeñó como asesor jurídico y secretario del ayuntamiento con Gallardo Cardona. Con el control del PRD, los Gallardo lo hicieron diputado plurinominal en la 61 legislatura. Fue representante del Verde Ecologista ante el Consejo Estatal Electoral en los recientes comicios.
Torres Sánchez estuvo implicado en la llamada Ecuación Corrupta, junto con los diputados Enrique Flores, Oscar Bautista y Manuel Barrera Guillén. En complicidad con funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, blanquearon las cuentas públicas de los ediles a cambio de un soborno equivalente del 10 al 20% de las fallas encontradas. En un video que publicó el periódico Pulso, sostuvo una charla con el edil panista de Ébano, Crispín Ordaz, describió el modus operandi de los involucrados.
Aunque luego se desdijo, Flores refiere en una parte de la grabación, que Guadalupe Torres Sánchez, entonces presidente de la comisión de vigilancia y Manuel Barrera, hacían negocios en la auditoria. Debido al escándalo, Torres pidió licencia el 26 de junio del 2017. Volvió al congreso 6 meses después. Sin mostrarlo, aseguró tener en su poder, un documento de la Procuraduría de Justicia, donde le indican que no existía ningún cargo en su contra. Alardeó regresar con la frente en alto, las manos limpias y seguro de su inocencia.
Durante su cargo como legislador, Torres Sánchez fue acusado por la señora María Guadalupe Uresti, de no pagarle unos terrenos que le vendió en el 2014, en 725 mil pesos. Los lotes se ubican en Prolongación Negrete, en Soledad. El legislador los puso a nombre de su hermana. La quejosa se manifestó en dos ocasiones frente al edificio del congreso, ubicado en Vallejo. Aseguró que para no pagarle, Torres la acusó, junto con su esposo, de fraude, por lo que estuvieron varios meses encerrados.
El secretario de finanzas es Jesús Salvador González Martínez. Fue tesorero con Gallardo Juárez. El hijo lo tuvo de contralor. En el 2013, lo filtran en la contraloría interna del Interapas, con el edil Mario García. Cuando Gallardo Cardona fue detenido y encarcelado en enero del 2015, González se ausentó un tiempo del Interapas por motivos de salud. Se dijo que era buscado por la autoridad judicial. Con Gallardo Juárez como alcalde de San Luis, González retomó el cargo, pero asumió funciones de director. Hizo a un lado a los dos titulares que tuvo el organismo, Ricardo Fermín Purata y Alfredo Zúñiga Hervert.
En mayo del 2019 , el ex senador panista y abogado del municipio de San Luis, Alejandro Zapata Perogordo, informó que Salvador González, junto con el ex director del organismo, Alfredo Zúñiga Hervert y Mario Alberto Ibarra, fueron denunciados por los delitos de daño patrimonial, uso indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa, por contratar con la empresa Raedsa Maquinados y Maquilados, servicios de cobranza para recuperar cartera vencida de usuarios morosos, cuando el giro de la firma era de implementos para el ganado y maquilados para la industria.
El representante era Edgar Iván Martínez, que cobró al Interapas 6 millones 117 mil 503 pesos, por trabajos que no efectúo. Al inicio reportó 90 mil usuarios morosos y al concluirlo sus servicios, se incrementaron a 99 mil. La denuncia la interpuso ante la Fiscalía del Estado, Fermín Purata González. Otros directivos también fueron denunciados por contratar y pagar 5 millones 962 mil 974 pesos a la empresa Ibarrola y Oceguera,
para que realizaran gestiones de devolución de impuestos sobre la renta, derechos y aprovechamientos ante el Servicio de Administración Tributaria, a favor del organismo, lo que no se logró. Salvador González Martínez, además de los lazos laborales y de negocios que lo unen con Gallardo Cardona, aparece como comisario en varias de sus empresas, comparten el gusto por la charrería y los caballos finos.
El secretario de desarrollo social y regional es Juan Ignacio Segura Morquecho, ex secretario particular y chofer de Gallardo Cardona. Con el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, fue también como secretario particular. Cuando sus jefes se adueñan PRD, lo colocan como dirigente estatal. Sus mentores dan el bandazo al Verde Ecologista. Segura permanece más de un año como presidente del Sol Azteca, hasta junio del 2020, cuando fue expulsado por actos de corrupción y traición. La dirigencia estatal provisional que encabezó Arturo Prida Ramos, después de una auditoria, sacó a relucir el negativo uso de las prerrogativas en 2019, como pagos por servicios que nunca se dieron, erogaciones en facturas irregulares a empresas y particulares por bienes o servicios distintos, pero con costos idénticos. Pago a aviadores y alteraciones de documentos fiscales. Lo denunciaron por malversar más de 15 millones de pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral. A Segura Morquecho se le ubicó como prestanombres de Gallardo Cardona a través de la empresa Multiservicios Rupa, dedicada a la plomería, carpintería, obras, jardinería y limpieza.
En la secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Gallardo colocó a la ingeniera civil, Isabel Leticia Vargas Tinajero, que fue directora de obras públicas, de Gallardo Juárez en la alcaldía de la capital. Antes se desempeñó como coordinadora del área técnica en la dirección de Infraestructura Municipal con Gallardo Cardona. Vargas Tinajero fue una de las 5 funcionarias que se ampararon ante las denuncias por peculado que presentó el edil Xavier Nava, por trabajos sin concluir y sobrevaluados, como el ejecutado en Fray Diego de la Magdalena, en el Saucito, entre otras. Vargas es una incondicional de los Gallardo. En su defensa, aseguró que el padre hizo más de 300 pavimentaciones, ninguna de relumbrón.
Despachará en la secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Jesús Emanuel Ramos Hernández, que fue tesorero de Gallardo Cardona en Soledad. Ocupó el mismo cargo con Gallardo Juárez. Lo hicieron diputado local con las siglas del PRD en la 61 legislatura. Formó parte de la Junta de Coordinación Política. Cuando sus patrocinadores se fueron Verde Ecologista, Ramos los siguió. Lo pusieron de dirigente estatal, del 2019 a febrero del 2021. Cuando el control del partido lo tomó la dirigencia nacional, lo quitaron. En su lugar se quedó Francisco Elizondo.
El ayuntamiento de San Luis, a través de la segunda síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, promovió un juicio político en su contra y Gallardo Juárez, por el quebranto de las finanzas públicas, por mil 30 millones de pesos. Demandaron fuera destituido como diputado e inhabilitarlo por 20 años para ocupar cargos públicos. La organización civil Cambio de Ruta, que preside Luis González Lozano, cuestionó su nombramiento como titular de la Segam, ya que desconoce los temas de ecología y ambientales, ya que es contador público. Le pidieron contestar 25 preguntas relacionadas con su ámbito.
El oficial mayor es Noé Lara Enríquez, que ocupó el mismo cargo con Gallardo Juárez en la alcaldía de San Luis. Al concluir el trienio y fracasar en su intento por reelegirse, se lo impuso a Gilberto Hernández en Soledad, con el mismo puesto. Renunció el 29 de enero para sumarse a la campaña del ahora gobernador. Lara fue acusado de despedir en forma injustificada a trabajadores de San Luis y Soledad. Con Gallardo Juárez, se vio envuelto en el escándalo de la compra sin licitar, de medicinas por 55 millones de pesos a la fantasmal proveedora Sandra Sánchez. En Soledad, con Hernández, le compraron y pagaron más de 22 millones de pesos. Lara, cuestionado por sus maniobras, afirmó que la espectral Sandra Sánchez cumplía con todos los requisitos de ley para ser proveedora. Decidió comprarle insumos porque fue la única que les fió. .
El secretario de comunicaciones y transportes es el ácido tribuno Leonel Serrato Sánchez, que desde muy joven se vinculó a las batallas políticas del doctor Salvador Nava Martínez. Fue integrante del Frente Cívico Potosino y miembro del consejo de directores. Creció a la sombra del ex diputado local y notario uno, Eduardo Martínez Benavente. Luego se lo quitó su acérrimo enemigo, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, que lo hace fedatario. Cuando el panista Marcelo de los Santos se zafa del yugo asfixiante del jefe político, le echa encima a Serrato, que cada semana, en un banquillo, narra las corruptelas del contador público y lo exhibe
por vender la plaza a Los Zetas. El orador se vinculó después como consejero jurídico del colérico Fernando Toranzo, donde rápido se confrontó con el protagonista secretario de gobierno, Guadalupe Durón Santillán, que lo envía como asistente del entonces procurador Cándido Ochoa, que en su incesante ajetreo por hacer negocios, lo corre, ya que no quiere testigos incómodos. En 7 meses de desgastantes vaivenes, no cobró un centavo.
Al contrario, pagó de sus bolsillos unas oficinas cercanas. Serrato acusó a los Gallardo de asesinos, narcotraficantes, ordenar y ejecutar levantones, por lo que deberían ser exiliados de San Luis. Serrato fue candidato de Morena a la alcaldía de San Luis en el 2018. Tuvo de contrincante a Gallardo Juárez, que buscó reelegirse y perdió con Xavier Nava. Para los comicios del 2021, Serrato se inscribió como precandidato de Morena a la gubernatura, pero quedó fuera por el cambio que hizo el dirigente nacional, Mario Delgado, que establece, sea mujer la candidata. Serrato reniega y se echa en los brazos de Gallardo Cardona, quién lo hace candidato a la presidencia municipal de San Luis, por la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman el Verde Ecologista y Partido del Trabajo.
Junto con el delegado federal Gabino Morales, le ponen a sus servicio a Gallardo la estructura de los Servidores de la Nación, un ejército de promotores del voto, que durante tres años, con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, reparten programas sociales y becas con la encomienda de ayudar al comerciante pollero, jamás por la vilipendiada Mónica Rangel, inscrita como distractora. Serrato es el vértice del cacicazgo de Sánchez Unzueta que fenece y el nuevo que se afina despiadado.
El secretario de salud es neurocirujano Daniel Acosta Díaz de León, que ocupa entre su gremio la presidencia del Comité Ejecutivo del Colegio de la Profesión Médica del Estado. Es integrante del Colegio Médico de México y de la Asociación Profesional gremial de galenos del Hospital Central. En el 2018, al estar de guardia en el nosocomio, protagonizó un altercado con el entonces candidato a diputado federal del PRI, José Luis Romero Calzada, que a gritos, exigía, fuera atendida una señora que se hirió un dedo. La molestia se derivó porque primero atendió a un hombre herido de bala. El doctor Acosta Díaz de León es hermano del director del periódico San Luis Hoy, Armando Acosta Díaz de León, el artífice publicitario del dueto Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, a los que ensalzó y encomia como los mesías de Soledad, que la mantienen en el atraso económico, laboral y social.
A cambio de pagos cuantiosos de publicidad, Acosta se convirtió en una especie de mini magnate de los medios, con el irrestricto respaldo de su jefe absoluto, Pablo Valladares, que lo volverá a utilizar para que su otro diario, Pulso, sean de los principales beneficiarios del presupuesto. El nuevo titular de salud, tendrá el doble juego de convertirse en un engrane vital, para que Gallardo no sea denunciado por su conducta atrabiliaria. A la esposa de Armando Acosta, Yathziry Vitales Medina, Gallardo la colocó como directora del Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Ambos son señalados como los artífices del diseño y remodelaciones de ostentosas oficinas que Gallardo ocupará, alejado de las protestas callejeras que antes reprimió en Soledad con la policía y grupos de choque.
El secretario de seguridad pública es el general Diplomado del Estado Mayor Guzmar Ángel González Castillo, que en abril del 2019, llegó a San Luis designado como comandante de la Doceava Zona Militar. Apenas en mayo pasado, fue nombrado director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional, ubicada en San Luis. Castillo cuenta con más de 40 años de servicio en el ejército y antes estuvo al frente de las zonas militares en Irapuato, Guanajuato y en Sonora. El director de la policía estatal es el teniente coronel retirado, José Luis Urban Ocampo, que ya antes ocupó el cargo con el gobernador Fernando Toranzo. Lo despiden cuando se filtró el video de una conversación que sostuvo con el candidato del PAN a la alcaldía de Soledad, Juan Carlos Velázquez, donde Urban proponía emprender una campaña negra contra el edil, Gilberto Hernández Villafuertes. Entonces ocupó el cargo varios meses. Como director de la policía estatal, siguió una caravana de lujosas suburbans por el rumbo del parque Tangamanga uno. Creyó que se trataba de una muestra de fuerza de alguna pandilla criminal.
Con un nutrido grupo de agentes, los detuvo y bajó a los ocupantes. No reconoció o fingió no saber que el líder del convoy era su actual jefe, Ricardo Gallardo Cardona, al que doblegó y puso su cara sobre el pavimento caliente. En la etapa de adversarios, los retó al colocar retenes frente a la presidencia municipal. En el 2018, Gallardo Juárez lo nombró director de la policía municipal. Cuando concluyó el trienio, lo puso en el mismo cargo en Soledad, con Hernández Villafuerte, donde sólo duró 5 meses. Regresó en marzo del 2019, donde renunció para ocupar el actual puesto. En su currícula, Urban Ocampo destaca que como director de la policía estatal, participó en el aseguramiento de Julián Zapata, alias El Piolín, asesino del agente migratorio y control aduanal de los Estados Unidos, Jaime Zapata, acribillado en la carretera 57.
Desmanteló una red de trasmisiones de Los Zetas, por medio de las cuales controlaban las comunicaciones en el estado. Aseguró más de 250 células del crimen organizado, de Los Zetas, Cartel del Golfo y secuestradores y un comando que pretendió levantar al procurador. Presume el reconocimiento que le entregaron los diputados de la 60 legislatura por su combate a los criminales y abatir la inseguridad. El polémico teniente coronel, durante su paso por la policía estatal, recibió varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por violación a las garantías fundamentales y abusos policiacos de agentes bajo su mando. La dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz, lo denunció en el 2010 por amenazas, cuando encabezó un plantón.
El secretario de Desarrollo Económico es el dueño de la Universidad Potosina, Arturo Segoviano García, ex candidato independiente a la gubernatura. Resulta sospechoso, haya conseguido más de 40 mil firmas para su registro, ya que en las votaciones constitucionales, apenas alcanzó menos de 3 mil. El acceso a la burocracia se lo ganó cuando en el segundo debate, al que no asistió el huidizo Gallardo, se lanzó a la yugular del abanderado de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, al que exigió, fuera investigado, ya que recibió millonarios recursos públicos que le inyectó su hermano a la campaña, el ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza.
Como empresario del ramo educativo, Segoviano ha tenido enconados y públicos enfrentamientos con padres de familia, que le han reclamado, no entrega los certificados de estudios a los egresados de sus aulas. Fue histórico el pleito judicial que tuvo con el ex titular del Programa para Abatir el Rezago Educativo, Gustavo Rodríguez. El tribuno Leonel Serrato, ha externado que atrás del imperio económico que ha tejido Segoviano, se encuentra el ex gobernador panista, Marcelo de los Santos. Otros ubican al ex rector de la universidad autónoma, Mario García. Su arribo al gabinete de Gallardo, podría ser una concesión a la Alianza Empresarial, que apoyó al ex diputado federal en la contienda por la gubernatura.
El secretario de agricultura y recursos hidráulicos es el gris ex alcalde de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, que buscó ser diputado local con las siglas del Verde Ecologista, por el distrito de Rioverde, pero mordió el polvo ante el panista Ramón Torres García, que cargó el desprestigio de asociarse con pandillas criminales, que asolaron a los ciudadanos durante 6 años de agravios. Pérez tiene el oficio de panadero. Poco sabe de los temas del campo. En campaña, ávido de juntar votos, el ahora gobernador Ricardo Gallardo, le ofreció el cargo al exitoso agricultor y empresario Marco Antonio Compeán, pero se decidió al final por el ex edil.
La secretaria de turismo será Patricia Véliz Alemán, quien ocupó el mismo cargo con el panista Marcelo de los Santos, al que se menciona, maquilló los informes de gastos de campaña de Gallardo Cardona, lo que le permitió sortear la complicada aduana del Tribunal Federal Electoral. En lugar de excederse, le faltó erogar una suma millonaria. Véliz se desempeñó en el mismo rubro con el ex edil Ricardo Gallardo Juárez. Se confrontó con la encargada de cultura, Marvely Costanzo, ex candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Renunció al puesto ya que recibió un trato despótico y nulo apoyo económico del ofensivo edil. Como secretaría de Turismo con Marcelo de los Santos, Véliz fue denunciada de dilapidar los boyantes recursos del balneario de Gogorrón, ubicado en Villa de Reyes y auto rentarse autobuses para los actos públicos.
En la secretaría de educación, Gallardo colocó a otro incondicional, al litigante y doctor en gestión educativa, Jesús Ernesto Barajas Ábrego, que se desempeñó en dos ocasiones como secretario del ayuntamiento de Soledad. Fue dirigente del PRD municipal y fungió como secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí, con Gallardo Juárez, en la recta final, donde sustituyó a Marcó Antonio Aranda, que después denunció al ayuntamiento por falsificarle su firma en 20 contratos para instalar purificadoras de agua.
El coordinador de comunicación social es el ex alcalde interino de Soledad, José Gerardo Zapata Rosales, uno de los hombres más leales al dueto de los Gallardo. Zapata, después de su paso por varios medios informativos como reportero, fue director de deportes con Gallardo Cardona. Después fue el jefe de prensa de Gilberto Hernández. En 2016, Gallardo Juárez lo nombró director de comunicación social del ayuntamiento de San Luis. Al reelegirse Hernández Villafuerte en Soledad en el 2018, Zapata brincó como primer regidor. Cuando el edil solicitó licencia para buscar una curul federal por el sexto distrito, Zapata se quedó como alcalde interino.
El hoy vocero gubernamental desplazó de los afectos a su mentor, Gerardo Alfaro, que ahora se dedica a manejar los perfiles falsos y troles con los que ataca desde las sombras a los críticos de sus mecenas. Lo compensaron al colocar en dos ocasiones a su esposa Angélica Frías, como regidora en Soledad. Zapata tiene la encomienda de cuidar la imagen de sus jefes y entregar los contratos publicitarios más jugosos a los medios del propio Gallardo o los que desde siempre se han identificados como promotores del proyecto político, como ContraRéplica, CN13, Código San Luis, La Orquesta y tantos más.
El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional es Luis Enrique Hernández Segura, que en las anteriores elecciones para diputado local, fue el que más votos le juntó a su ambivalente jefe, Gallardo Juárez, que decidió sacrificarlo para agradar al magnate Pablo Valladares, que ubicó en la curul a su protegido, Gerardo Serrano, alias “El Chilillo”. Con la moral baja, Hernández renunció de manera temporal a las filas de adeptos del comerciante pollero, que ahora lo rescata del ostracismo.
La directora del Instituto de la Mujer es Marcela García Vázquez, activista y defensora de los derechos de las reclusas, a las que enseña arte y poesía. Casi logra ser diputada local con las siglas de Morena. Se confrontó por la equidad de género, con el sempiterno legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera, quien se resistió a perder su curul casi vitalicia. Luego, tampoco su partido la abrigó, ya que cayó en la sobre representación. Fue catedrática de comunicación en la Universidad del Centro de México. Fue Vvcera en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hizo algunas pesquisas criminalistas con el ex jefe de la policía federal y estatal, Julio Alfredo Ceballos Alonso, enemigo irreconciliable de los Gallardo, a los que se apresta a combatir con grupos de defensa urbana.
El director de pensiones es Jorge Alberto Escudero Villa, antes representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral, en la etapa que estuvo al frente del partido, Ignacio Segura Morquecho, acusado de cometer un fraude patrimonial por más de 15 millones de pesos. Escudero hizo equipo también con el dirigente José Alfredo Guadalupe Zamora, que se confrontó de manera peligrosa con los Gallardo, a los que llamó mafiosos. Escudero fue testigo de los métodos gansteriles de los ex alcaldes de Soledad, para regentear a su antojo la franquicia, que saturaron con beneficiarios de los programas asistencialistas. Presenció cuando a batazos, doblegaron al delegado del partido, Antonio Ortega, hermano del líder nacional, Jesús Ortega. El cargo que obtiene Escudero es un premio a la ciega obediencia.
En la lista de colaboradores del nuevo gobierno, figura como director del archivo histórico, el ariete político, biógrafo y consejero de la familia Gallardo, el feroz herrero, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, que antes fue director de las bibliotecas de Soledad, donde se hizo pasar como ingeniero. Tiene estudios de secundaria, pero en el boletín que difundió comunicación social de gobierno, sobre los integrantes del gabinete legal y ampliado, le dieron el título de licenciado. El arribo de Aguilar fue uno de los que más causó polémica en las redes sociales y molestó al gremio de los historiadores. Suple a la doctora en historia, Flor de María Salazar. Gallardo lo usó sistemático para atacar en forma soez al alcalde de la capital, Xavier Nava y las voces críticas del actuar público de su jefe.
Gallardo Cardona no cumple con la ley y faltó a su compromiso de campaña, al asegurar que 7 de cada 10 integrantes del gabinete serían mujeres. También dio cabida a la llamada legión extranjera, al nombrar como contralora a Lilia Villafuerte González, su ex compañera de bancada en el congreso federal, originaria de Guanajuato. En la Junta Estatal de Caminos designó a Mowgli Sandino Tinajero Gutiérrez, mexiquense y ex colaborador del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando gobernó el Estado de México. En los últimos cargos fue asesor en las coordinaciones generales de los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y director adjunto de la coordinación de la dependencia federal. Y en el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, a Lidia Malvido Flores, ex funcionaria de la Secretaría de la Función Pública y del extinto Bansefi. A la veracruzana Nahomi Proal Huerta, la colocó como Secretaría Técnica de Gabinete.
