Al ex gobernador Marcelo de los Santos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en fecha reciente, lo llamó Maestro Limpio, por su habilidad para blanquear las cuentas públicas de ex mandatarios de San Luis y otras partes del país. Contrataron sus servicios contables para ocultar desvíos y mal uso de los recursos públicos. La misma fórmula aplicó para esconder los oscuros manejos financieros. Uno de los muchos escándalos que lo siguió después de dejar el cargo, fue el quebranto por más de un millón 350 mil dólares que causó al fondo de pensiones de los burócratas del estado.

Sin permiso de la Junta de Gobierno, en forma unilateral, el entonces director de la dependencia, Luis Gonzaga Sánchez Espinoza y el director de préstamos a corto plazo, Augusto Ramírez de Arellano, decidieron invertir 3 millones 100 mil dólares del rubro de contingencia destinado a las pensiones y  jubilaciones de los trabajadores, en un fondo de renta variable denominado Global Style Blend, de la empresa Bernstein Global Wealth Management, con oficinas centrales en Londres y Nueva York.

La inversión se concretó en octubre del 2007, para junio del 2010, el dinero de los burócratas había perdido más del 45% de su valor, al contar solo con un millón 647 mil 676.34 dólares. La pérdida fue de un millón 353 mil 232.66 dólares, según revelaciones que hizo el actual director de pensiones, Osiel Yudiche Lara en 2012. Se constató en una demanda que interpusieron en 2016, Nancy Lara Rubio, secretaría de organización y Angélica Chávez Castillo, secretaría de actas del sindicato minoritario de burócratas, en contra de Yudiche y los integrantes de la Junta de Gobierno de pensiones, durante el mandato de Fernando Toranzo Fernández.

Fue hasta el 2010, cuando Yudiche notificó la pérdida a la Junta Directiva, integrada por el ex diputado local del PRD, Ismael Trujillo Martínez, como representante del gobernador. La de finanzas, Silvia María del Carmen Arellano Vázquez. El comisionado de los trabajadores, Olegario Saldaña Coreno. El enviado de la sección 52 del magisterio, �ngel Pecina Hernández y el portavoz de telesecundarias, Moisés Vázquez Briones. La junta aprobó que Yudiche retirara la inversión para impedir una pérdida superior a la que ya se tenía registrada. Denunció ante la contraloría interna a su antecesor, Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, al que se le abrió el expediente administrativo 049 / 2010.

La dependencia se tardó cuatro años en concluir las pesquisas. En julio del 2014, dictaminó imponer una multa por 54 millones de pesos e inhabilitar por 20 años, para ocupar cargos públicos, a Gonzaga Sánchez y al ex director de préstamos, Augusto Ramírez. La multa impuesta equivalía al triple del quebranto, informó el entonces contralor, Alejandro Padrón Moncada. No descartó implicaciones civiles y penales para los responsables. Sin embargo los aludidos impugnaron el resolutivo y en mayo del 2016, los tribunales resolvieron dejar sin efecto los castigos para los implicados. Se estableció que la contraloría no fundamentó la querella para hacer válidas las sanciones.

El 16 de marzo del 2010, Marcelo de los Santos fue nombrado director de la Casa de la Moneda en San Luis Potosí, por el secretario de hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Se llevó de colaborador a Gonzaga Sánchez, que hasta el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, fungía en la empresa como director corporativo de administración y asuntos jurídicos. El contador renunció al cargo en febrero del 2013, para enfrentar los cargos que le imputó la contraloría estatal, por el desvío de recursos del crédito por mil 500 millones de pesos que solicitó un mes antes de concluir el sexenio. El 25 de septiembre, el contralor Isaac Delgado Rodríguez resolvió imponerle una multa de 7 mil 791.3 millones de pesos y lo inhabilitó 20 años para ocupar cargos públicos. El aludido impugnó los cargos ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, el cual resolvió que la instancia no tenía competencia para multarlo e inhabilitarlo. En todo caso, se debió actuar con un juicio de procedencia ante la Secretaría de la Función Pública. La contraloría recurrió en dos ocasiones ante los tribunales federales, según informó el nuevo titular, Gabriel Rosillo Iglesias. En 2017, un juez federal se inclinó a favor de Marcelo de los Santos y Gonzaga y los liberó de toda carga.

En diciembre de 2016, el tema del desfalco a pensiones lo retomó la dirigente del sindicato minoritario de burócratas, Francisca Reséndiz Lara, a través de sus colaboradoras, Nancy Lara Rubio y Angélica Chávez Castillo. Entablaron una demanda contra Toranzo, el secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, la líder del sindicato mayoritario, Bernadina Lara Arguelles, Osiel Yudiche Lara y los integrantes de la Junta de Gobierno, Ismael Trujillo Martínez, Silvia Arellano Vázquez, Olegario Saldaña Coreno, �ngel Pecina Hernández y Moisés Vázquez Briones, por los delitos de robo calificado, fraude, delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, ejercicio indebido de las funciones públicas, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

El detonante para la demanda fue que la oficialía mayor, mediante un oficio, le notificó a los sindicatos, que partir del 1 de noviembre del 2016, se dejaba sin efecto la promoción que tenían los trabajadores, de otorgarles un incremento de tres niveles en el tabulador, del 20% a quienes solicitaran jubilarse por cumplir 28 años de servicio, en el caso de las mujeres y 30 los hombres. En el escrito se argumentó que la medida se tomó porque pensiones les expuso la sangría del fondo de los burócratas y las restricciones presupuestales.

En la querella, Reséndiz señaló que bajo la responsabilidad de los demandados y las decisiones que tomaron para invertir los fondos en paraísos fiscales, habían cometido delitos en perjuicio de los trabajadores que aportan sus recursos para un retiro digno. La demanda se ratificó en enero del 2017 y en abril del 2018, el agente del ministerio público, adscrito a la mesa uno, especializado en delitos cometidos por servidores públicos, José Luis Pérez Saucedo, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de los demandados.

Refirió que Yudiche Lara, al sugerir que no se otorgaran las prestaciones a los trabajadores que se fueran a jubilar, no constituía un delito. Y las inversiones que acordó la junta directiva de los burócratas, lo permitía el articulo 50 de la ley de pensiones, donde se establece que cada sector cotizante, previa permiso de la junta directiva, podrá utilizar bajo su riego, el fondo sectorizado para adquirir acciones, obligaciones y valores de compañías que no sean mineras, petroleras o que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o al azar. Se menciona que la inversión de los 3 millones 100 mil dólares, en un fondo de renta variable en Alliance Bernstein, donde se perdió más de un millón 353 mil dólares, se hizo en el periodo de Marcelo de los Santos, cuando fungía como director Luis Gonzaga Sánchez Espinosa. No fue autorizada ni aprobada por los imputados. Lo que si permitieron fue invertir 50 millones de pesos en la firma Principal Fondos de Inversión y el cambio de depósitos de 27 millones 114 mil 98.70 pesos de Actinver Casa de Bolsa a Interacciones Casa de Bolsa, lo que les permite la ley de pensiones.

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