Juan Pablo Moreno

Después de la caída de Fausto Zapata en 1991, a los 14 días de haber tomado protesta como gobernador, ya no se había repetido la zozobra que genera el presunto mandatario que ganó con las siglas del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, que recibió la constancia de mayoría el 13 de junio, después de obtener más de 458 mil votos, contra 400 mil 273 del candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza. Para simular que tiene el respaldo de diversos sectores y que las impugnaciones en su contra por fraude electoral no tienen sustento, el ex diputado federal se juntó rápido con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se reunió con el arzobispo, Jesús Carlos Cabrero. Ambos se proponen recuperar la paz social. Comió con el sector empresarial, donde estuvo el ex gobernador interino, Teófilo Torres Corzo. Hizo una gira por la entidad donde prometió a los alcaldes, trabajar unidos, apoyarlos sin distingos ideológicos.

Los que analizan los vaivenes de la política local, sostienen que prevalecen las dudas y zozobras. Aluden a que en San Luis, todavía flotan en el aire tres guadañas que pueden cercenar las aspiraciones del nuevo inquilino del palacio estatal. Una es el dictamen pendiente, definitivo, que emita el Instituto Nacional Electoral, sobre los topes de campaña. Ya el Frente Anti corrupción adelantó que hubo un sobregiro de casi el 20%, equivalente a más de 7 millones de pesos. Lo cual es todavía una cifra muy conservadora. El INE también debe confirmar que no hubo un proselitismo ventajoso, tres años antes que los demás competidores. La otra cuchilla filosa se refiere a los expedientes criminales que hilvanó la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se sustentan el lavado de dinero en las recientes campañas a través de empresas fachadas. Lograron el giro que más le convino. El tercer cadalso es el fraude electoral sin ambages, frío, directo. Se plantea que no sería muy sorpresivo, que en la entidad hubiera un interinato más, ya que ocupa el primer lugar nacional, después de las trágicas y dolorosas experiencias de Fausto Zapata, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, Teófilo Torres Corzo y Horacio Sánchez Unzueta. Aunque López Obrador recibió a su alfil el 13 de julio en el palacio nacional, las sospechas de quedarse sin cargo no lo abandonan.

En los grupos de Whatsapp donde participa, el ex diputado local del PRD y notario uno, Eduardo Martínez Benavente, urgió a limpiar las recientes votaciones del 6 de junio, donde se registró un fenómeno nunca antes visto: la aparición de actas de escrutinio y cómputo, sin folio, que son más grandes y gruesas a las institucionales que maneja el Instituto Nacional Electoral. El minucioso estudio lo realizó la perita en dactiloscopía y grafoscopía, Verónica Salas Leura, que analizó un documento con el número 10226C011110 y otra sin registro, usadas en la controvertida jornada. El uso excesivo de boletas clonadas, también lo denunció el ex candidato a la alcaldía de Soledad por Nueva Alianza, Roberto Cervantes Barajas, quién además, anotó otra variante, la compra de la estructura de los partidos pequeños, para abandonar las casillas y dejar que el Verde Ecologista maniobrara a su antojo.

Hay muchas similitudes del fraude reciente con el cometido por el PRI hace 6 años, cuando recurrió a la aceitada maquinaria fraudulenta de los comerciantes polleros y ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallado Cardona, para colar al doctor en derecho, Juan Manuel Carreras y doblegar a la inminente triunfadora, la panista Sonia Mendoza, que ahora se sumó a sus inclementes verdugos. El pacto fue dejar que ganara en la capital, Gallardo Juárez, que se impuso al todavía diputado federal, Xavier Azuara, que abandonó la plaza cuando, una semana antes de los comicios, fue ejecutado uno de sus coordinadores de campaña, José Luis Pacheco. En las negociaciones, se acordó soltar a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, preso en las mazmorras de Saltillo, Coahuila, pero usar su eficiente estructura para hacer ganar a Carreras, al que las encuestas ubicaron como seguro perdedor. En la amenaza de muerte que Gallardo Juárez le hizo en la Plaza de los Fundadores, resaltó que el mandatario saliente, también le arrebató el triunfo en el 2018, cuando buscó reelegirse como edil de la capital. Se quedó sin estrenar sus camisetas que tenían la leyenda de ganador, ya que

recibió la orden, de última hora, de quedarse quieto, ya que lo había doblegado su oponente, Xavier Nava, dos a uno. Y el polémico dueto no iba a soportare un tercero revés.

Por su parte, la diputada federal del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo, denunció que miles de potosinos no aceptan los resultados del 6 de junio, ya que prevaleció la trampa, perpetrada por mapaches contratados por Gallardo, oriundos de Tamaulipas e Hidalgo. Negó que el Consejo Estatal Electoral se haya corrompido al avalar resultados inverosímiles, pues sus integrantes fueron amenazados. Fue por lo que se impuso el obsoleto argumento de la caída del sistema, que se manejó hace 30 años. Exigió que el organismo, al menos explique, en qué consistieron las fallas técnicas, “quién administró el software, a qué empresa se contrató, con quienes está ligada. No vaya a ser que se trate de una jabonera�.

“¿Dónde están las miles de boletas de gobernador que nadie encontró? ¿Por qué hubo actas de escrutinio sin folio o con el folio hecho a mano, con tinta de lapicero?�. Instó a sacar la casta huachichil, ya que una ciudadanía callada y omisa, no le sirve al país. Aseguró que el Verde Ecologista empuja un gobierno delincuencial en la figura de Ricardo Gallardo Cardona, acusado de enriquecimiento ilícito, crimen organizado y evasor de impuestos. “Es peligroso que en México lleguen tales perfiles. Los demás candidatos debieron frenarlo. Pero tenemos un gobierno federal permisible. Es impresionante, que el mandatario, al otro día de los comicios, exalte a las pandillas delictivas, por haberse portado con orden�.

El articulista de Pulso, Alfredo Lujambio Rafols, censuró el desempeño del Consejo Estatal Electoral, que no cumplió con el artículo 30 de la ley respectiva, donde se establece que debe tener un desempeño profesional. Se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. Lo acusó de “complicidad culpable� en los recientes comicios, al permitir, se suplantaran de manera abierta, 47 presidentes de casilla, 132 secretarios y 289 escrutadores, por militantes del partido Verde Ecologista, a los que se les había ordenado, presentarse a primera hora de la mañana para ocupar los primeros lugares de la fila y ser designados como funcionarios, ante la ausencia de los insaculados por ley, que fueron amenazados si acudían a cumplir con su tarea el día de la jornada electoral.

“Fueron incorporados 468 afiliados al Verde en los distritos 5 y 9, que estuvieron presentes en 303 de las 458 casillas instaladas. Los datos se obtuvieron del padrón de militantes del Verde Ecologista, publicado en la página del Instituto Nacional Electoral, que fue cotejado contra el documento de integración de las casillas, difundido por el consejo electoral. Aparecieron miles de boletas electorales sin folio, de dimensiones y formatos distintos a las actas de escrutinio, de diferentes medidas, elaboradas con firma del representante del PAN, en casillas donde no acudió. Al más puro estilo de los tiempos del partido único, urnas embarazadas, desde el comienzo de la jornada. Expulsaron representantes opositores de las casillas. Una imperdonable falla en la cadena de custodia del material electoral, lo que permitió el extravío de casi 9 mil boletas electorales�.

“La diferencia que Gallardo Cardona sacó a Octavio Pedroza en Soledad, dan cuenta de un fenómeno muy extraño. Son la disparidad exagerada entre los votos obtenidos para la alcaldía, de los diputados locales y gobernador, lo que hace sospechar vivamente de alguna maniobra para favor al ex diputado federal: por cada 100 votos que le dieron a Leonor Noyola, a Gallardo Cardona le entregaron 149. Por cada 100 votos a favor de candidatos del Verde a diputados locales, al jefe le entregaron 130. Una diferencia que solo se podría entender como parte de un inexplicable voto manipulado entre los seguidores de Gallardo. O por alguna jugarreta operada de manera muy precisa para ampliar de manera suficiente la ventaja y asegurar el triunfo�.

“El consejo electoral debe explicar cómo fue posible que quedara como presidente de la casilla en la que votó el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, la ciudadana Lucero Aguilar Fuentes, identificada como militante del Verde y seguidora de Gallardo Cardona, que sin vivir en la sección electoral de la casilla, al acudir el edil, se puso de pie y le lanzó insultos en forma agresiva, sin que nadie le aplicara un castigo alguno, como removerla de inmediato, expulsarla del lugar. No fue sujeta a sanción penal, por provocar el desorden. Los consejeros electorales no cumplieron con la tarea de garantizar comicios como la ley ordena. Deben dar explicaciones muy a fondo a la ciudadanía. Si se niegan, entonces para qué sirve el órgano donde laboran?�.

En su oportunidad, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, habló de defender el voto libre y auténtico de la gente, que no merece un fraude electoral, menos un gobernador como Ricardo Gallardo. Exigió anular las elecciones. Manejó tres causales, rebasar el tope en gastos de campaña por más del 24%, vulnerar la cadena de custodia del material electoral y el uso de los influencers por parte del Verde Ecologista. “Tenemos la certeza que a partir de los elementos presentados, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmen que se anula la contienda para dar paso a nuevas votaciones�.

El ex candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza, dijo que lo ocurrido no era un agravio a su persona, es a los más de 400 mil potosinos que lo respaldaron y la democracia en la entidad, por lo que se van agotar todas las vías legales para conseguir que los comicios sean nulificados y se reponga con otros extraordinarios.

“Confiamos en los órganos electorales, estamos ciertos que los integran gente proba, que estará a la altura de las circunstancias ante la cantidad de evidencias que respaldan nuestra queja en el INE y las impugnaciones en el órgano electoral de San Luis Potosí�. Aseguró que actuarán con absoluta certeza. “Jamás pondremos en riesgo la paz social de la entidad, sabemos a qué nos enfrentamos�. El coordinador jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, comentó que la ruta legal es que el INE defina el 22 de julio, el rebase del tope de campaña. Luego, el órgano electoral de San Luis Potosí, anulará las votaciones. En caso de no ocurrir, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá en definitiva las impugnaciones que presentarán. En la conferencia de prensa estuvieron además, el secretario del PAN, Héctor Larios. La secretaria adjunta, Cecilia Romero. La secretaria de asuntos internacionales, Mariana Gómez del Campo y el representante ante el INE, Víctor Hugo Sondón.

En un artículo escrito por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, publicado en el Diario del Yaqui, destacó que por múltiples anomalías, agravios y violaciones, han exigido la nulidad y reponer el proceso electoral para las gubernaturas de San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Expuso que Gallardo rebasó el tope en los gastos de campaña un 24%, equivalentes a más de 7 millones de pesos. Según el artículo 41 de la constitución, es causa de nulidad cuando el gasto de campaña se excede en 5%. Aseveró que el proceso electoral no ha concluido. Los cantos de victoria de quienes dicen, arrasaron en las gubernaturas el pasado 6 de junio, son sobre la base de un cúmulo de violaciones constitucionales, con el agravante de que lo hicieron de la mano del crimen organizado, un elemento grave y dañino para la democracia. Es lamentable y preocupante que López Obrador no haya querido recibir las denuncias. Argumentó que los asuntos electorales debían atenderse en los instancias correspondientes, cuando se trata de un tema de la mayor relevancia, vinculado a la seguridad nacional. Prefiere vivir una realidad alterna, en su burbuja de autoengaño, donde el país está en paz y la delincuencia organizada se porta de maravilla. En el peor de los casos, estamos en camino a un narco estado, donde las acciones delictivas cuentan con el respaldo del ejecutivo. ¡No debemos permitirlo!

El columnista de Pulso, Juan José Rodríguez, destacó que en México existe un grupo de notables que se llama �gora, donde hay académicos, políticos y editorialistas de diversos medios. Se reunieron con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien les dio una charla sobre las elecciones del 6 de junio, apoyado en 59 láminas de Power Point, con abundantes datos. Después aceptó preguntas. Alguien que tiene vínculos con San Luis, le preguntó sobre la gubernatura, que fue impugnada. Le dijo que se trata de un tema estatal procesado en las instancias locales. En su caso, el Ine presentará el 22 de julio, los dictámenes fiscales. Los casos donde haya rebase de topes de campañas, se turnarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que aplique las sanciones correspondientes. Si se exceden arriba del 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es inferior al mismo porcentaje, la ley dicta anular los comicios.

El articulista deslizó que el Ine y el tribunal limaron asperezas a raíz de que anuló las aspiraciones de los ex candidatos a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón, antes sancionados por no rendir cuentas claras. Expuso que Córdoba citó al Verde Ecologista, que reincidió en violaciones graves a la ley, por lo que era factible, recibiera un castigo ejemplar. Otro de los participantes, “le preguntó en un sentido más amplio, sobre el riesgo de que llegaran a posiciones de poder, personajes vinculados a la delincuencia organizada. Y si había algo que se pudiera hacer al respecto�. El funcionario comentó que se

necesitaban acciones coordinadas de distintos órganos e instancias del ámbito público para impedir que asuman el cargo.

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