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Toranzo, cínico monje tibetano

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Reapareció en Valles, en un festejo del hospital regional, el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, acompañado de su nueva pareja. El sello distintivo de su sexenio fueron las corruptelas en términos exponenciales. Usó el erario para convertirse en un nuevo rico, de los más boyantes de la entidad. La ex presidenta del DIF, María Luisa Ramos Segura, su ex cónyuge, exigía sobornos a los diversos proveedores hasta del 30%. Fue escandalosa la transacción que hizo con unos vendedores de equipo policiaco de Nuevo León, que le ofertaron insumos por 3 mil millones de pesos.

En una sola jugada se estima que ganó 90 millones de pesos, con la mano en la cintura. Con uno de sus hermanos, obtuvo pingues ganancias en las turbias compras de estufas ecológicas. Se le ubicó como socia del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, en complejos inmobiliarios que ejecutan en Pozos, donde han despojado con métodos violentos a ejidatarios que se niegan a vender a precios de regalo.

Ramos se jactaba de haber sacado de la miseria al galeno, que en la etapa de estudiante de medicina, se iba de mojado a Estados Unidos, a limpiar el estiércol de vacas y cerdos. Luego, por las tardes, ya de regreso a sus labores académicas, se desempeñó como abonero. Incluso vendió bolsas de aserrín con diésel, que se usaban para calentar los boileres de agua. Sin el mínimo pudor, Toranzo dijo que se convirtió en monje tibetano, por lo que ya no le interesa la política, que usó inmoral para acrecentar su hacienda. Se dice que ahora habita la casa paterna, en Venado, donde se gasta impune el dinero que le arrebató a los potosinos

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El escándalo que cimbró al congreso potosino

Colaboradores, Opinion, , , , , , , , , , , , , , ,

Los orígenes. Se dice que durante el sexenio de Fernando Toranzo mandó un triunvirato: el galeno, su esposa María Luisa Ramos Segura y el secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas. Ante la grisura política del matrimonio, Ochoa Rojas tejió sus alianzas. Una fue con el dirigente del Partido Verde Ecologista potosino Manuel Barrera Guillén quien a la postre fue importante para que Ochoa alcanzara la diputación federal. La otra fue con Ricardo Gallardo Juárez a quien le facilitó como colaborador a su cuadro político más avanzado: el hoy defenestrado diputado con licencia José Guadalupe Torres Sánchez que llegó a fungir como secretario del ayuntamiento. La intrincada red de intereses creada por Cándido Ochoa alcanzó a instancias como la Auditoría Superior del Estado donde el ex titular, José de Jesús Martínez Loredo y otros cargos diversos fueron sembrados por el habilidoso ex secretario de gobierno.

La pugna. La expectativa para ganar la gubernatura en 2015 y la presidencia municipal capitalina se pintaba de azul con Sonia Mendoza y Xavier Azuara. Sin embargo, después de una de las más sucias campañas negras vistas en San Luis Potosí en contra de la candidata panista y un supuesto cruce de votos entre Carreras y Gallardo lograron desbancar a los favoritos, fortaleciendo el creciente poder político de Gallardo Juárez y por ende, del electo diputado federal Cándido Ochoa. La dupla Ochoa-Gallardo tenía consigo, además de Barrera Guillén a los diputados gallardistas José Guadalupe Torres, Sergio Desfassiux y aunque embozada, Graciela Gaytán. Las complicaciones. La descomposición del PAN generó problemas de gobernabilidad a la gestión del mandatario Juan Manuel Carreras. El grupo del derrotado Xavier Azuara ganó la directiva estatal panista con el mismo Azuara a la cabeza, pero no logró tener mayoría entre los diputados locales electos pues de siete en total cuatro le eran contrarios, Enrique Flores Flores, Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas y Mariano Niño. En su disputa interpartidista, los cuatro legisladores encontraron una alianza natural con la bancada de Ochoa-Gallardo con lo que alcanzaban ocho diputados de tres partidos diferentes. Por si fuera poco, el ambicioso y protagónico priista José Luis Romero Calzada, les sumó a Alejandro Segovia Hernández y abrió paso a Óscar Bautista y Gerardo Limón Montelongo. El control de Ochoa y Gallardo del congreso potosino y la Auditoría Superior alcanzó entonces a doce congresistas además de los ocasionales coqueteos del petista José Belmarez, del fugaz panalista Rubén Magdaleno Contreras y de la panista Xitlálic Sánchez. La situación dio al hijo de Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona «El Pollito», la fuerza para acercarse a presidentes municipales de todo el estado en la carrera por posicionar su proyecto más allá del área metropolitana, garantizados con el control de la auditoría y con una fuerza real en el congreso. El choque. El encontronazo entre las duplas Ochoa-Gallardo y Carreras-Azuara fue frontal. Y Carreras dispuso iniciar el descrédito de la cámara. Cuando el coordinador de Comunicación Social de Carreras, Adrián Vázquez, fue acusado de promover la campaña en contra de los congresistas por medio de las plataformas de prensa de las dependencias estatales, Barrera Guillén, Enrique Flores, Sergio Desfassiux y Romero Calzada reclamaron con firmeza exigiendo a Carreras tomara cartas en el asunto. Al cumplirse en 2016 el primer año de gobierno, el diputado Barrera Guillén fue duro frente a los comparecientes secretarios de estado. Para diciembre del mismo año, Cándido Ochoa influyó para que la dirigencia nacional del Verde Ecologista denunciara al secretario de gobierno Alejandro Leal de presionar a los funcionarios del Verde para obligarlos a violentar la ley para que el hijo de Leal Tobías pudiera hacer negocios con empresas contaminantes. El cenit de los ataques a Carreras López se dio el 30 de marzo de 2017 cuando los diputados federales del Verde presentaron un punto de acuerdo pidiendo la separación del cargo de Juan Manuel Carreras López por casos de corrupción e impunidad acusándolo de desaparecer 400 millones de pesos del fondo de pensiones de maestros de telesecundaria entre 2013 y 2014, cuando Carreras López se desempeñó como secretario de educación y Ochoa lo hizo como secretario de gobierno. Acusaron a Carreras de ser una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos. Barrera Guillén a nivel local hizo eco de la denuncia pidiendo una aclaración satisfactoria. La descompuesta relación entre los congresistas y el gobierno de Carreras obligó la salida de Ángel Castillo Torres quien fungía como subsecretario de Enlace Interinstitucional acusado por Manuel Barrera Guillén de falta de comunicación.

En el lapso de Ángel Castillo se discutió el sistema estatal anti corrupción que vetó Carreras por la intención de los diputados de tener un representante y la supuesta ofensa del diputado Alejandro Segovia al decir que al gobernador le faltaban huevos para atender rubros importantes como la inseguridad. Desde el congreso se lamentó el desdén de Carreras al sostener a Adrián Vázquez en Comunicación Social y Adrián Farfán, director de Protección Civil. Recordaron la falta de transparencia en el asunto de los terrenos para la Ford y el desfalco en las pensiones de los maestros. Castillo Torres fue suplido por el ex diputado local, Alejandro Vera Noyola, hijo de Óscar Vera Fabregat, en una alianza necesaria para asegurar la lealtad del dueño del Partido Conciencia Popular, señalado como quien puso trabas a la discusión sobre el fuero por indicaciones, dicen, del propio gobernador. La trama. Si Carreras López necesitó una alianza, no escrita pero efectiva, con Gallardo para ganar la gubernatura, la situación ameritaba cambiar de aliados. Los panistas Sonia Mendoza y Xavier Azuara, se espantaron por la enorme fuerza alcanzada por Ochoa y Gallardo, sometidos por la fuerza de sus diputados locales contrarios, sus aliados, olvidaron las diferencias causadas por el muy sucio proceso electoral pasado. No obstante, tomaron cartas en el asunto… continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2017)

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Por mayoría de votos, aprueban la ofensiva última cuenta de Fernando Toranzo

Capital, Noticias, , , , , , , , ,

En los cuestionamientos que hizo al informe final de auditoria de la cuenta pública 2015 del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la diputada panista Xitlálic Sánchez Servín destacó que el invernadero de Santa Rita representó el ícono más grande de opacidad al no registrar ganancias. Calificó de inaceptable que el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, no haya observado ni la mitad de un punto del presupuesto ejercido ni haber reparado en la ganancia ilícita de 34 millones de pesos que obtuvo el contratista Rodolfo Ramos Segura, hermano de la presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, en la compra de estufas ecológicas. Sánchez Servín fue la primera en subir a la tribuna para rechazar el trabajo realizado por Martínez que apenas objetó arriba de 103 millones de pesos de observaciones financieras a la cuenta pública 2015. Lo que significó el 0.49% del presupuesto de 21 mil millones 135 mil 514 pesos. Indicó que el órgano fiscalizador no investigó la adjudicación para instalar más de 34 mil estufas que se compraron a sobreprecios a una empresa que perteneció a Ramos, donde obtuvo una ganancia ilícita por más de 34 millones de pesos. Hecho que denunció uno de los participantes. “¿Cuáles fueron los señalamientos y presuntos delitos en que se incurrieron en la compra e instalado de 60 mil estufas ecológicas que reportó el ex gobernador Toranzo, en su sexto informe?. ¿Dónde están las observaciones en torno a las adjudicaciones y supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a familiares?”, inquirió.

La diputada del PAN afirmó que en materia de salud, durante el último año de Toranzo, se dio cabida y gastaron más de 400 millones de pesos en empresas de outsourcing lo que representó casi el 15% de los 3 mil 412 millones de pesos ejercidos por los Servicios de Salud en el estado, cuando la dependencia hasta antes del 2009 contrató personal con sus propios recursos.   No se investigaron ni se hicieron públicos los nombres de las empresas que pertenecieron a familiares del ex gobernador, que rescindían contratos y corrían a su suerte a los médicos y administrativos, sin pagarles un solo centavo de indemnizaciones. Expuso que tampoco fue observada por la Ase, la Torre Médica del hospital general de Valles, que se inunda en la parte baja. Se tuvo que destruir una pared para desahogar el agua en los últimos meses. Tampoco se investigó la outsourcing que la opera. Calificó de inexistente y una burla la supuesta conservación del eje carretero Xolol-Tamuín, que reportó Toranzo en el sexto informe. Manejó erogar 158 millones de pesos para conservar carreteras estatales. La diputada aseguró contar con las evidencias de que el tramo carretero está destruido y lleno de baches. Lo que originó en agosto del 2015 una protesta de ganaderos. “Es una burla que no veamos una denuncia o seguimiento al dinero supuestamente erogado”.

Sánchez cuestionó que en el rubro de infraestructura hidráulica, Toranzo alardeó culminar y entregar el sistema de agua potable Tének con lo que benefició a 8 mil 500 personas. En realidad se trata de una obra de mala calidad que tampoco observó Martínez Loredo. Metió tubería usada y vieja que pertenecía al sistema Tanchachín, el agua no llega a comunidades alejadas como Tamarindo, Chuchupe y Ojo de Agua de la Cordillera Tenek. Sánchez Servín objetó que el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, reportó en el 2015, gastos por 10 millones de pesos para difundir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que existan evidencias de las erogaciones. A San Luis Potosí le destinó en el 2014 y 2015, 100 millones de pesos para los rubros de capacitaciones, infraestructura y equipamiento del nuevo sistema de justicia. La legisladora del PAN dijo que en casi todas las dependencias en el 2015 hubo opacidad, excesos y despilfarro del dinero del pueblo. En más de una, malversación de recursos y un estilo caciquil al mal gastar el dinero de los potosinos. Los invernaderos de Santa Rita no reportaron ganancias en el 2015. El dato contrasta con lo dicho por el secretario de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, Héctor Rodríguez Castro. En una entrevista de enero, reveló que en cada ciclo se producen 10 mil toneladas de tomate gurmet. El costo por tonelada era de 400 dólares por lo que las ventas rondaban los 4 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero que dejan los huertos?, preguntó Sánchez. Calificó de cómplice al que votara a favor de la última cuenta de Toranzo.

En su turno, la también panista Josefina Salazar afirmó que en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se presentaron casos documentados de irregularidades y presumibles actos de corruptelas en el ejercicio 2015 en un presupuesto cercano a los 580 millones de pesos. Pero no fue revisado por la Ase. Enumeró entre las anomalías del DIF, los precios exorbitantes en la compra de productos básicos para los programas de desayunos escolares y la entrega de despensas, que repartía a la gente más vulnerable. Precisó que Toranzó pagó el kilo de harina de maíz a 12.30 pesos cuando Distribuidora Conasupo lo ofrecía a 9 pesos. El sobreprecio fue del 36%. Compró el kilo de arroz en 15.40 pesos cuando Diconsa lo tenía en 8.86 pesos. El incremento fue del 70%. El kilo de frijol lo adquirió en 26.8 pesos cuando lo pudo comprar en 16.45. El aumento fue del 60%. Además de los costos alzados, las compras se realizaron mediante contrato directo a parientes de funcionarios de alto nivel.

Por el cúmulo de irregularidades, añadió, el gobernador Juan Manuel Carreras inició un proceso administrativo ante la contraloría estatal. También rechazó el otorgamiento ilegal de plazas de base a trabajadores de confianza e inició pesquisas contra el ex director jurídico del DIF, Héctor del Castillo Chagoya, que al mismo tiempo cobró servicios profesionales por 2 millones 600 mil pesos en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología y 750 mil pesos en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Estableció que la contraloría estatal inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex funcionario. Pero no se le exigió resarcir el daño económico ni se fincaron cargos a su jefa inmediata, María Luisa Ramos Segura. Salazar indicó que el solo caso del DIF era suficiente para no creer en el trabajo del auditor, que calificó de inverosímil e incongruente. Argumentó por qué los legisladores del PAN no aprobarían la cuenta de Toranzo. Estableció que no se fiscalizaron los ingresos propios de varias dependencias. Las variaciones y ampliaciones al presupuesto que de 37 mil 500 millones de pesos pasó a 41 mil millones. La diferencia se destinó en su mayoría al rubro de servicios personales, cuando la ley exige se aplique al gasto social.

La Ase no revisó el destino del crédito de 750 millones de pesos que se autorizó a Fernando Toranzo para apoyar la llegada de la trasnacional BMW. No constató que los recursos se aplicaran de manera responsable, trasparente y con apego al decreto. Cuestionó que en el ejercicio 2015, de 2816 procesos de adquisiciones, el 70% se hizo por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Y solo el 25% a través de licitaciones públicas como marca la ley. La también presidenta del congreso local aseguró que un argumento irrebatible que desmiente el informe final de auditoria presentado por la Ase, un hecho que perciben los ciudadanos, son los datos que arrojó la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática en el 2014. Entonces se ubicó a San Luis como el estado más corrupto del país. La tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 907 ciudadanos. Significa que 465 mil 57 personas fueron víctimas de hechos indecentes. “La realidad fue visible para todos, incluso para Martín Toranzo, hermano del ex gobernador, que a finales del 2014 denunció por extorsión y cohecho a funcionarios estatales por involucrarlo en el reparto de obras y contratos. No se supo el final de la denuncia. No se investigaron los señalamientos ni se deslindaron responsabilidades en el informe de la cuenta pública”.

El legislador panista Héctor Mendizábal Pérez respaldó los comentarios de sus compañeras de bancada. No votaría a favor de la cuenta de Toranzo porque no se observaron los principios generales de contabilidad, que permiten garantizar el trabajo de análisis. Calificó de irresponsable, ilegal e injusto, evaluar con un solo dictamen la cuenta final del galeno, cuando abarca 3 meses de Juan Manuel Carreras. Dijo que de acuerdo al estudio que realizó el consejo ciudadano de transparencia y vigilanacia para adquirir y contratar obra pública estatal, durante el periodo del ex gobernador Toranzo, las adjudicaciones directas se dispararon en más del 60%. En el actual gobierno se recuperaron los niveles entre el 11 y 14%. Preguntó si sería justo calificar el desempeño de la actual presidenta del DIF, Lorena Valle, por el despliegue que tuvo María Luisa Ramos…continúa (tomado de la revista, JULIO 2016)

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Schiaffino se estrella con la estructura gubernamental que encubre a Gallardo Juárez

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El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.

Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.

Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)