En la entrega-recepción y en los primeros días que llegó al cargo, en el nuevo gobierno municipal de Rioverde, que encabeza el transportista Arnulfo Urbiola, salen a relucir los incontables desfalcos que dejó el ex alcalde, Ramón Torres García y su camarilla de funcionarios, que durante 6 años, se enriquecieron a costa del erario. Se estima que tan solo en sobreprecios de obras y moches, se habrían embolsado un jugoso porcentaje que supera los 800 millones de pesos.
Por cada obra asignada, exigían el 18 % del costo, el cual se repartía de la siguiente manera: 10% para el edil, 5% para el director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo, 2% para el tesorero Horacio Balderas y el 1% para la secretaria de la tesorería, Crisol Quiroz. El ayuntamiento de Rioverde manejó en el último año, solo de los Fondos Federales de Fortalecimiento Municipal, conocido como ramo 33 y del Fondo de Infraestructura, 138 millones de pesos, que multiplicados por 6 años, suman más de 820 millones de pesos. Los pudieron incrementar si hacen convenios con otras dependencias, pero optaron por el conformismo.
Para cerrar sus negocios al frente del ayuntamiento, los exfuncionarios se repartieron más de 4 millones de pesos de indemnizaciones. Los beneficiaros del finiquito, además del alcalde, fueron el secretario, Rubén González Juárez, el oficial mayor, Francisco Javier Esparza, el director de desarrollo social, Nieto Caraveo, el tesorero, Horacio Balderas y el director de compras, Cuauhtémoc de los Santos, entre otros.
En el segundo trienio, las obras que ejecutaron, en su mayoría, fueron adjudicadas en forma directa o invitación restringida, para evadir la ley de obra pública. Para evitar los concursos, las fraccionaron. Torres y su círculo cercano tenían sus constructores consentidos. La gran mayoría de las obras de alumbrado público, se las repartieron a Jaime Humberto Acosta Aranda, a la empresa Drovot Ingeniería Integral, Sergio Fernández Robles e hijos, Felipe Verástegui Díaz y José Luis Rodríguez Ortiz. Verástegui y Rodríguez facturaban como personas físicas y son los dueños de Drovolt, creada en el 2017. Sobre las 68 obras que ejecutó Ramón Torres en los últimos tres años, 41 se las otorgó a Drovolt, 18 contratos a Felipe Verástegui y 11 a José Luis Rodríguez. Detrás de las maniobras estarían los hijos de Ramón Torres.
En las triangulaciones para acaparar las obras de alumbrado público, participaron al mismo tiempo como personas físicas y morales, en complicidad con los ex funcionarios encargados de repartirlas. Se podrían concretar los delitos de fraude y colusión. Arnulfo Urbiola contempla presentar en los próximos días, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, a través de los síndicos.
Las chicanas también se replicaron en compras y adquisiciones. Sobresale como proveedor número uno, el amigo íntimo del ex edil, Fernando Marcos García Barrera, que a través de sus empresas, Comercializadora Marquet y Prodel, facturó una gran cantidad de artículos, como materiales de limpieza, juguetes, focos de navidad, despensas, papelería, publicidad, lubricantes y combustibles, sin tener gasolineras. García Barrera, en el primer trienio de Torres, se desempeñó como director de Servicios Públicos Municipales. Su hermana, Ana Bertha García Barrera, era la segunda sindica suplente. Aparece además Gabriel Martínez, hijo del ex edil del mismo nombre, que fue también el principal beneficiario como vendedor de las lámparas led que colocó Torres. Los precios están muy elevados.
A Martínez se le ubica como amigo y prestanombres de uno de los hijos del ex edil. Los sobreprecios de las obras que se ejecutaron a través del departamento de Desarrollo Social, que manejó el presidente de facto, Daniel Nieto Caraveo, en el último año, muestran la punta del iceberg en el manejo arbitrario de los recursos. El ahora coordinador de servicios internos del congreso, dejó presupuestadas e iniciadas 5 obras por 8 millones 622 mil 195.99 pesos. Consisten en el mejoramiento de vivienda, guarniciones, banquetas, un pavimentado y
mantenimiento de vehículos. Al realizar un ajuste de los costos de los trabajos sobrevaluados, el actual coordinador de desarrollo social, Hilario Vázquez, redujo el gasto a casi a la mitad. El dinero rescatado se utilizará para ejecutar 4 obras más.
Es decir, de 5 programadas, ahora se harán 9. Nieto Caraveo proyectó las guarniciones y banquetas en la segunda privada de San Salvador a la avenida Universidad, en el Puente del Carmen, con un costo de 2 millones 68 mil 694. 44 pesos. Ahora se hará con un millón 235 mil pesos. El sobreprecio era de 833 mil 694.44 pesos, ya que le iban a poner adoquín, para darle mayor plusvalía a inmuebles que posee Torres en la vía. Se programó un pavimento en Framboyanes, en un millón 271 mil 182 .55 pesos. Ahora se hará en un millón 155 mil pesos, con los mismos materiales y dimensiones.
En mantenimiento de vehículos de desarrollo social, Nieto Caraveo planeó gastar 807 mil 912 pesos. Se redujo el gasto a más de la mitad, 423 mil 436 pesos. Ahora se aplicarán 384 mil 476. 45 pesos. Vázquez también canceló 4 obras en las que Nieto Caraveo planeó gastar más de 7 millones de pesos, entre las que se encuentran, perforar un pozo de agua potable en la comunidad de Palmillas, por no contar con el permiso de la Comisión Estatal del Agua. Un pavimento en Jacarandas, en el Puente del Carmen, donde buscó invertir un millón 381 mil 299.93 pesos. No le importó que sólo hay dos beneficiarios, una casa y un salón de fiestas, propiedad de una comadre de Ramón Torres.
Dejaron pendientes 21 obras por finiquitar, las cuales se supervisan y auditaran. Las que se encuentren en pésimas condiciones o no cumplan con la calidad del proyecto, no serán liquidadas. Y se dará parte a la Auditoria Superior del Estado. El derroche de recursos por parte del círculo cercano al ex alcalde, era evidente. Nieto Caraveo se trasportaba en una camioneta de lujo marca Hilux 4×4, con asientos de piel. Mientras, los ciudadanos padecieron la falta de patrullas y camiones de basura. Las que dejaron, se encuentran destartaladas, igual que los inmuebles del patrimonio municipal, como el edificio de seguridad pública, que se encontró vandalizado. No se halló un stand de tiro, en el que se invirtieron más de 2 millones de pesos.