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Obras infladas, pagos sin comprobantes y desvíos para sostener a 52 presuntos aviadores, algunos de los reclamos que la Ase le documenta a Ramón Torres García en Rioverd

Irregularidades en la obra pública, manejo de recursos arbitrarios, gastos sin comprobar, pago a trabajadores sin registro en la nómina, son algunas de las fallas que se exhiben en el último arqueo a la cuenta pública del ayuntamiento de Rioverde que encabeza el panista José Ramón Torres García.

Uno de los fondos que revisó la Auditoria Superior del Estado es el de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el que seleccionaron 70 millones 757 mil 995 pesos, de los cuales se revisaron 49 millones 705 mil 420 pesos, que representan el 70% de los recursos.

La Ase realizó 35 observaciones, de las cuales 18 fueron solventadas. Las 17 restantes generaron 6 pliegos de observaciones, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 recomendaciones. El monto del pliego de reclamos es de 2 millones 543 mil 709 pesos.

Entre los registros contables, se presume un daño a la hacienda pública por parte del equipo de Torres por un millón 757 mil 657 pesos en erogaciones no comprobadas. Se suma un millón 125 mil 218 pesos en gastos que no se sustentan en documentos que justifiquen el destino.

En obra pública, donde apenas se auditaron 15 trabajos, existen anomalías por 47 mil 494 pesos en conceptos pagados y no ejecutados. Se añaden 219 mil 946 pesos en penas convencionales. Se agregan 62 mil 173 pesos por volúmenes pagados en exceso. Otros 26 mil 555 pesos en sobreprecios.

En gastos indirectos, se presume un daño a la hacienda pública por 429 mil 884 pesos por el pago de «mantenimiento de vehículos» y «evaluación del fondo 2019», que no están considerados en el catálogo de los lineamientos generales y no se vinculan con las verificaciones y seguimiento de las obras y acciones pagadas.

La Ase abordó otro segmento del mismo fondo por el monto de 65 millones 203 mil 935 pesos, de los cuales auditó 54 millones 38 mil 747 pesos, que representan el 84% de lo seleccionado. La instancia determinó 24 fallas, de las cuales 20 fueron solventadas. Las 4 restantes generaron 2 pliegos de observaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En los registros contables, se presume un probable daño al erario por 60 mil 232 pesos, por el pago de erogaciones no comprobadas. En obra pública, se expone un daño a las arcas por 18 mil 227 pesos debido a los sobreprecios.

La Ase abordó los Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios, de los cuales se seleccionaron 192 millones 286 mil 504 pesos, de los que se auditaron 148 millones 974 mil 944 pesos, que representan el 77%. Se desprenden 33 reclamos, de los cuales 13 fueron solventados. Los 20 restantes generaron 6 pliegos de observaciones, 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una solicitud de aclaración

En servicios personales, reclamaron el pago de un total de 213 plazas. Pero el Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal del 2019, sólo contempla 161. Hay un excedente de 52. Se pagaron las figuras inexistentes de auxiliar operativo y velador.

Le cubrieron a 13 trabajadores, erogaciones superiores en forma indebida. Se desprende un daño a las arcas por 920 mil 885 pesos en el pago de dietas a integrantes del cabildo, en importes superiores a los autorizados En materiales y suministros, es factible un desfalco por 160 mil 358 pesos, ante la falta de documentos comprobatorios.

Le endilgan a Ramón Torres sanciones administrativas al omitir papelería en trámites internos que justifique el gasto de 100 tambores. En servicios generales, hay un faltante de 402 mil 397 pesos, por el pago no comprobado de publicidad, mantenimiento de equipo de transporte, energía eléctrica y gastos de orden social.

En transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se presume un posible menoscabo a la hacienda por un millón 708 mil 616 pesos, en erogaciones no comprobadas por concepto de transferencias internas a ayudas sociales. En adquisiciones, arrendamientos y servicios, puede haber un desfalco de 365 mil 795 pesos, en la compra de bienes muebles no comprobados. En obra pública, el daño asciende a 134 mil 754 pesos en sobreprecios.