Archivo de la etiqueta: Tamuín

es content solo

Desaparición forzada de personas. Ausencias que matan.

Una de las experiencias más dolorosas que podemos llegar a vivir es la desaparición de un ser querido en circunstancias misteriosas. Enfrentar de golpe la brutal noticia de que una hija, hermano, esposa o padre, simplemente ya no regresó a casa y sufrir el tormento de no saber qué ocurrió,  quién se los llevó y por qué. Es como vivir en el infierno. Me refiero a la desaparición forzada de personas, fenómeno que en los últimos años se ha convertido en uno de los crímenes más crueles y que en San Luis Potosí desafortunadamente alcanza cifras alarmantes.

Se consideran víctimas de una desaparición forzada tanto la persona desaparecida como su familia. Por tanto se reconoce el derecho de los familiares a saber la verdad sobre las circunstancias de su desaparición, la evolución y resultados de las investigaciones y la suerte de la persona que se ha esfumado. Derechos que en la mayoría de los casos son burlados por la autoridad. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta que hasta enero de 2018 se contabilizaban un total de 35 mil 417 personas desaparecidas en México y el problema seguía creciendo.

En nuestro estado en medio de contradicciones, ocultamientos y maquillaje de cifras se acepta por parte de la autoridad que la desaparición de personas existe. La Fiscalía General admite que en 2017 se denunció la desaparición de 502 personas (263 mujeres y 239 varones), de las cuales 132 continúan sin ser localizadas.

Tan solo en julio de 2018 se reconoce que 32 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. La capital y los municipios de Valles y Matehuala son los que más casos de desaparecidos reportan. Otros sitios donde también se registran desapariciones son Tampamolón, Soledad, Tamuín, Tamazunchale, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Salinas y Rioverde. La mayor parte de las personas que se reportan como desaparecidas y no localizadas en San Luis Potosí son jóvenes, muchas mujeres.

La explicación que los funcionarios encargados de los temas dan acerca de las causas que originan la desgracia es que los jóvenes son los más vulnerables porque andan en malos pasos o porque su estilo de vida los expone a sufrir un “levantón” o secuestro.

Por otro lado se ha comprobado que la guerra entre bandas del crimen organizado por el control de las plazas explica la mayor parte de los secuestros y levantones que ocurren. Los criminales utilizan la violencia extrema para imponer su ley y mantener el controlar de su territorio. Actúan en forma desalmada para arrebatar espacios a sus competidores y realizar venganzas. El “ajuste de cuentas” contra miembros de cárteles enemigos incluye la desaparición forzada, lo que aumenta la estadística de ejecuciones y desaparecidos.

La desaparición de personas también ocurre porque muchos ciudadanos que son extorsionados dejan de pagar la cuota que se les ha impuesto (derecho de piso) y entonces como desquite son secuestrados y utilizados para exigir rescate a sus familias. Lamentablemente muchas de las víctimas ya no regresen con sus seres queridos. Son asesinados y por lo general enterrados en fosas clandestinas.

Es frecuente que por puro gusto algún sicario levante a una guapa jovencita para llevársela como pareja sentimental. Se ha llegado a comprobar que el secuestro de mujeres jóvenes se realiza como parte de la operación de trata de personas que es una de las ramas de los negocios que manejan las bandas del crimen organizado. Muchas de las damas pasan desaparecidas porque jamás vuelven con sus familias, ya que viven en cautiverio y son explotadas en el comercio sexual.

Para las familias que sufren la desaparición de un ser querido, la respuesta de las autoridades es casi inexistente. Lo que provoca un sentimiento de impotencia, frustración y rabia. Son los propios familiares los que con el apoyo de organizaciones emprenden la búsqueda de los desaparecidos, ya que las autoridades son omisas y solo simulan investigar. Los ciudadanos no creen en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

Defensores de derechos humanos, académicos y familiares de los desaparecidos opinan que mientras las autoridades propicien la impunidad y toleren la corrupción en los mandos policiacos, habrá un campo fértil para que se sigan cometiendo desapariciones forzadas. Irrita a la sociedad comprobar la ineficiencia de las autoridades responsables de brindar seguridad a los ciudadanos. Las fallas aluden a un gobierno con responsabilidades políticas, por su falta de resultados y por el desorden que se vive en materia de seguridad pública.

No se podrá hablar de respeto y vigencia de los derechos humanos en San Luis Potosí mientras no se solucionen todos los casos de desaparición forzada de personas que han ocurrido. El gobierno estatal y en particular la Fiscalía General del Estado tienen una deuda pendiente con la sociedad en la tragedia que afecta a cientos de familias. Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, dónde están sus seres queridos, recibir justicia y reparación del daño.

 

 

 

 

es content solo

Garza Herrera insiste en que no será tapadera de nadie

El crecimiento de los índices delictivos no se detiene. Octubre se ubicó como el más violento del año en la entidad, con 3 mil 27 ilícitos denunciados, para sumar hasta entonces un total de 30 mil 157, con lo que se rebasaron los hechos violentos del 2016, que tuvo 23 mil 393. Y siguen sin resolverse casos estruendosos como el de la llamada ecuación corrupta que involucró a diputados y funcionarios de la Auditoria Superior o el asesinato del foto reportero Edgar Daniel Esqueda Castro, donde la autoridad local se ha desentendido con la excusa de que fue atraído por la Procuraduría General de la República. El ahora fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró en su comparecencia ante los legisladores que la credibilidad de la dependencia ha crecido y que el trabajo realizado avanza.

El 27 de octubre, un día después de haber sido electo, casi en forma unánime, al obtener 26 votos de los 27 diputados, Garza Herrera se reencontró con los legisladores en la comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Juan Manuel Carrera López. En su momento dijo que en dos años al frente de la procuraduría, se desarticularon 34 bandas delictivas que operaban en la zona metropolitana, altiplano y parte noroeste del estado. Se detuvieron a 2 mil 833 personas de las cuales 590 estaban relacionadas con delitos de alto impacto y se liberaron a 24 víctimas de secuestro.

Sobre el video escándalo de los sobornos a alcaldes para limpiar cuentas públicas por parte de diputados y empleados de la auditoria, Garza adelantó que ya declararon todos los presidentes municipales. No señalaron ningún acto que conlleve imputar hechos con apariencia de delito en contra de algún servidor público. Justificó la falta de resultados al señalar que son acciones que no se pueden resolver en un mes o dos y que el nuevo sistema de justicia exige el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Mencionó que con la actual auditora, Rocío Elizabeth Cervantes, han encontrado mayor eco. Les ha entregado más datos, que valida el ministerio público que lleva la indagatoria. Se espera encontrar alguna senda y pronunciarse.

Respecto a los  feminicidios y en respuesta al diputado del PRI, José Luis Romero, que le preguntó lo hecho en el tema, Garza les dijo que a través de la oficina especial de la PGR, con la que están en contacto permanente, se han reunido con familiares de las víctimas. En el caso del multi feminicida de Tamuín, acusado del asesinato de 4 mujeres, donde figuran dos menores de edad, se logró revocar el acto de autoridad que le otorgó beneficios en uno de los procesos y se le pudo vincular con otro hecho delictivo derivado de los hallazgos que hicieron antropólogos especializados en la zona de la huasteca.

Habló sobre la unidad de personas desaparecidas y el fortalecimiento del área de atención temprana, para acortar a media hora el tiempo que una persona se tarda en interponer una denuncia penal, cuando antes eran de 3 a 4 horas. El ideal es bajar los tiempos a 5 minutos. Se lograron sentencias condenatorias en un 75 % de las carpetas de investigación que se judicializan.

Les dijo que ha acatado todas las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se capacitó al personal. Informó que se tienen 101 denuncias en contra de policías y funcionarios de la procuraduría, 96 en contra de gente que no es de la dependencia, 7 por parte del organismo y 40 de otras instituciones. En fecha reciente se actuó en contra de 6 comandantes de la policía ministerial que están sujetos a proceso y recluidos en La Pila. Los agentes fueron señalados como los responsables del asesinato del joven Enrique Gómez, acribillado el 28 de junio, cuando acompañado por una prima, transitaba a bordo de una camioneta en la colonia Las Julias.

El fiscal señaló que por cuestiones de seguridad no daba el número de elementos que integran la policía ministerial, pero aseguró que en el sexenio de Fernando Silva Nieto, eran el doble de los que se tienen en la actualidad. Se lograron 50 plazas más y está pendiente otro número igual. También se necesitan elementos para la policía científica y dotarlos de herramientas necesarias para desempeñar su labor. Lo mismo en el área de peritos, base preponderante en el nuevo sistema de justicia penal.

Los diputados del PRI, José Luis Romero Calzada y Óscar Vera, más que aclarar dudas o cuestionar la falta de resultados, intervinieron para ponerse a las órdenes del funcionario. Romero encomió la valentía del director de la ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino. “Eres bien valiente, ¿qué ley hay que modificar?. A veces sabemos dónde están los malos y no denunciamos. Podemos ayudar en el presupuesto para motivar a la sociedad a inconformarse, para que hagan su labor y tener un poco más certeza en el tema delictivo. No  hay secuestros desde hace más de un año en la zona metropolitana”.

En tanto Vera de Conciencia Popular le dijo al recién estrenado fiscal: “entiendo la tarea que desempeñas. Te has capacitado en el nuevo sistema oral, con mucho esfuerzo. Tu gente sabe lo que hace”. Precisó que ya trabaja en la nueva ley general de la fiscalía, pidió atender el presupuesto de la dependencia, porque sin dinero no hay resultados e hizo notar la falta de solvencia de los peritos en técnicas de investigación.

La legisladora del PAN y presidenta de la cartera de justicia, Xitlátlic Sánchez pidió atender las plazas que se necesitan. Cuestionó que 20 millones de pesos gastados en el último año para publicitar el nuevo sistema penal, era un monto considerable para que el tema estuviera socializado. Insistió en el incremento de la incidencia delictiva en la huasteca y citó como ejemplo el robo de 100 cabezas de ganado de un rancho sin que ninguna autoridad lo haya notado. “Se llevan el patrimonio de los ciudadanos en los robos a gasolineras, joyerías, se cometen homicidios y feminicidios. En lugar de medir cuánto tiempo invierte un ciudadano en interponer una denuncia, es prioritario tener en cuenta lo que se tardarán en una respuesta”.

Garza Herrera respondió que los cuatreros tienen capacidad y destreza, pues lograron introducir en un espacio muy reducido, dos camiones de los llamados “Panzones”, para cometer el ilícito. Aseguró que las pesquisas van muy adelantadas. Se trabaja para dar pronto con el paradero de los animales y responsables del atraco. “Algunos puntos en materia de seguridad tienen que ver con la tarea preventiva que no toca a la procuraduría. Pero tratamos de llevar acciones previas, una cartografía completa de donde se cometen los delitos y las horas”.

Les aseguró que si los apoyan con más plazas y recursos para cumplir con su labor, ofrecerán resultados positivos. Su  premisa mayor será que no haya impunidad. En respuesta a la diputada del PRI Esther Angélica Martínez Cárdenas, que preguntó sobre las bondades del nuevo sistema de justicia oral, Garza señaló que la gran deuda es socializarlo, ya que la gente no lo conoce, hacia dónde va y sus beneficios. Al contrario del anterior procedimiento, donde prevaleció que el delincuente permaneciera en la cárcel, pagara o no la reparación del daño. Ahora se privilegian los medios alternos para solucionar conflictos. Se respetan las presunciones de inocencia y hasta que prueban los delitos, se acude al juez de control, con lo cual se garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Informó que existen convenios y pláticas con procuradores de Texas y Arizona en los Estados Unidos, para capacitar a policías científicos y peritos. Comparó el avance del sistema oral con una escalera de 100 peldaños. El avance es apenas de 3 escalones, faltan 97. En respuesta a una la pregunta que le hizo a través de la diputada Xitlálic Sánchez, la señora Mónica Torres, sobre el peso que le darán a las denuncias y exhortos sobre corruptelas que haga el comité de participación ciudadana, el fiscal reiteró sus frases: “nada por encima de la ley” y “no soy tapadera de nadie”.

 

es content solo

El Pujal Coy, un rotundo fracaso

El sistema de riego Pujal Coy es un gran fracaso, un fraude. No cumplió con el objetivo de darle tierras a los campesinos, establece el dirigente del Movimiento Huasteco Democrático, Said López de Olmos Martínez. «En la actualidad existe una concentración espantosa de propiedades en la zona. Los verdaderos productores están desalentados para trabajar. Parte del fiasco se debe a que sin consensar con los campesinos, desde las oficinas de gobierno, se realizó el proyecto de querer cambiar la vocación ganadera para convertirlo en el granero de América Latina, como lo llegaron a mencionar. Después se politizó el asunto. Se inició con el propósito de construir una gran presa que captara los excedentes de los ríos Tampaón, Valles y Coy. Y el agua que se añexara en el recorrido de otros afluentes como el río Gallinas. Además de los chorros de agua provenientes de la sierra. Al final se desecharon los planes por no calcular el proceso económico. Les faltó interpretar y profundizar para llevar adelante el plano técnico».

Said López mencionó que el gobierno, al entregar el Pujal Coy, durante la década de los setentas, buscó cooptar los movimientos sociales que luchaban por la tierra, para dejar intocables a los latifundistas. Recordó que se puso en marcha en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, con el que se entrevistó un grupo de campesinos en los Pinos. Le dijeron: “usted ya tiene la novia, pero le falta la casa para meterla. No se la puede llevar si falta dónde acomodarla». Para explicarle que todavía no se empezaban a construir las obras de infraestructura y ya se repartía la tierra a diestra y siniestra. “Hubo algunos grupos que trajeron gente de Sonora para formar ejidos. Los campesinos de San Luis no tenían parcelas, pero los fuereños sí. Llegaron a tomar tierras sin conocer en lo mínimo, la forma de labrarla. El proceso no es universal, cada parte del país tiene su propio estilo. Después las regresaron y no se supo dónde y cómo quedaron».

Agregó que el temblor de 1985 que sacudió al Distrito Fedral, donde se derrumbó el edificio de la Reforma Agraria, les dijeron que se perdieron muchos expedientes del Pujal Coy. No lo creyeron, porque el encargado era el vallense Librado Ricavar, que tenía sus oficinas en Tampico, Madero, Tamaulipas. Después trasladó los expedientes a Ciudad Victoria y años más tarde «nadie supo dónde quedó la bolita. Hay mucho dónde escarbar. Pero no tenemos con quién hablar, porque existe sordera, hipocrecía, demagogia, desconocimiento. Los funcionarios son unos analfabetas e insensibles. No han tenido la capacidad para desenmascarar a los asesinos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Ante quién nos podemos dirigir, que tenga voluntad, para ahondar en los problemas del Pujal Coy?. ¿Iremos con el mentiroso que nos dijo que no aumentaría la gasolina, ni la energía eléctrica?. Nos ponen ante circunstancias muy difíciles. Se avecinan grandes tormentas que los políticos no quieren ver”.

El Pujay Coy, en San Luis Potosí, comprende cerca de 300 mil hectáreas, en la primera y segunda fase. Abarca parte de Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tanquián, Tanlajás y Aquismón. Se deben agregar otras 30 mil que el gobierno federal y estatal acordaron entregar en la década de los noventas, como parte de la lucha que se emprendieron entonces. López precisó que tal reparto tampoco ha concluido, porque varios grupos, como el mismo que encabeza, tienen en su poder actas de posesión precarias. Existen acuerdos y convenios que no han terminado los gobiernos. Los particulares poseen grandes extensiones de tierra que son de los campesinos.

El dirigente del Movimiento Huasteco Democrático insistió en que hay “sordera política” por parte de las autoridades que desconocen la historia del Pujal Coy. Exigió una auditoria técnico-administrativa a fondo para saber cómo se distribuyó la tierra. Indicó que su organismo insistirá para que se concrete el estudio y que más de 10 mil jefes de familia puedan tener su predio en la mano. «El proceso que yo conozco, lo empezó la Comisión Nacional del Agua, la dependencia que compraba las tierras y las entregaba a la Secretaría de la Reforma Agraria que se encargaba de darlas a los grupos organizados. Hubo varias etapas. Le prometieron a los campesinos que les iban a entregar 10 hectáreas de riego a cada uno. Y en caso de incumplir, 20 hectáreas de temporal. ¿Pregúntales cuántas tienen?. El Pujal Coy nació muerto y ha sido una rebatinga tremenda de intereses y actos de corrupción. Se distribuyó de forma anómala la riqueza. Hubo muchas transas en el proceso. Ahora, cientos de los verdaderos campesinos se encuentran sin tierra. Otros la vendieron porque están desahuciados. No pudieron desarrollarse como hubieran querido”.

¿Sabe qué dependencia tiene el dato, el padrón de dónde quedaron las 300 mil hectáreas?

-No, pero están los campesinos, los jornaleros. Son los que saben quienes son sus patrones, cuántas hectáreas tienen, hasta dónde abarcan. Otros datos los hemos bajado de las diferentes secretarías. Ahora los muchachos ya se meten a las computadoras. No se puede ocultar nada. La forma de aclarar y enderezar el proceso de reparto es a través de una auditoria. Pero no hay confianza en el gobierno para que la realice. “Ni modo que nos manden a clarificar el entuerto al ex gobernador de Chihuahua, al de Veracruz o al de Quintana Roo. Todos están quemados, son una porquería. Tampoco los partidos políticos son una alternativa. Han demostrado su falta de conocimiento. Son comparsas de grupúsculos en el poder, para satisfacer sus propios intereses. El que puede rescatarlo es el pueblo organizado y consciente. Sin protagonismos ni posiciones caudillistas. No vislumbramos a nadie capaz, dentro de la estructura del estado, para que pueda marcar siquiera una estrategia que solucione los problemas que enfrenta la huasteca. Va a llegar el momento del hartazgo, del ya basta. Las protestas de los últimos días son apenas el principio. Estamos en un proceso de parto, pero sin anestesia, en el alumbramiento de otra sociedad”.

El dirigente del Movimiento Huasteco Democrático, dijo que el estado, además de prohijar el latifundismo, les da recursos públicos a los amos y señores para que trabajen sus grandes extensiones de tierras. Son los que reciben los financiamientos. En cambio a los campesinos, por más que se organizan, no los toman en cuenta. “Es raro el que riega su predio, por las altas cuotas que cobra la Comisión Federal de Electricidad. Sólo lo hacen los que tienen dinero». Para colmo de Said López, interpuso una demanda contra el gobernador Juan Manuel Carreras, para que un juez lo obligue a recibirlo en audiencia. Mostró un oficio que está por cumplir el año, donde le solicitó al mandatario una cita para plantearle varios puntos relacionados con el campo.

-¿Usted apoyó a Carreras en la campaña y ahora se ampara para que lo reciba?

-Es para dar vergüenza, pero es cierto. Ya ganamos el amparo, causó ejecutoria, pero no pasa nada. Afloran las argucias, el influyentismo, el vale madrismo. Es una lástima, tengamos que recurrir a un juez. En la campaña fue y nos echó una sarta de demagogia. Nos prometió todo el respaldo para resolver aspectos sociales. En el campo, un papel vale menos que la palabra. A lo mejor vamos a la cárcel por exigirle que cumpla. Lo que buscamos al menos es que se nos pare al frente. Nos diga que no va a ayudarnos y nos mande a la chingada. No le vamos a decir nada. Nos iremos contentos porque nos habló con la verdad».

Añadió que uno de los puntos que pretende hacerle a Carreras es que les haga un plantel de educación media superior, un Colegio de Bachilleres o Cecyte en la comunidad del Centinela, en Tamuín, que tiene casi 3 mil habitantes. La mayoría son jóvenes que después de terminar la secundaria, no pueden seguir sus estudios por falta de recursos. “En la zona no hay futuro. Los que logran terminar la primaria, agarran el vicio o son macheteros. Vemos el gran contraste. A cientos de muchachos no les quieren brindar la alternativa de un mejor futuro. En cambio, vemos cómo los diputados van a estrenar carros. Es aberrante. ¿No se pueden trasladar en carros del 2008, 2010, si les dan mantenimiento?. No razonan que en la entidad existen necesidades apremiantes”.