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Soledad se convirtió en un cementerio de narco fosas clandestinas en la etapa de Gallardo Juárez

El ex comandante de la policía judicial, Julio Alfredo Ceballos Alonso, reveló que en la etapa del ex edil de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, se llevaron a cabo decenas de desapariciones forzadas de pandilleros que terminaron sepultados en narco fosas. Expuso que algunas tumbas se localizaron en un rancho del ex director de la policía municipal, Jesús Maldonado, colindante con Armadillo de los Infante y Cándido Navarro. Resaltó que la delincuencia organizada arribó al municipio conurbado con el alcalde panista Juan Manuel Velázquez, pero alcanzó su mayor esplendor con Gallardo, que despojó de toda fortuna a su antecesor. Le quitó maquinaria, dinero y múltiples propiedades. En la época del terror, en las notarías se registraron incontables cesiones de terrenos a favor del temible munícipe. Es el dueño absoluto del municipio. Ceballos relató que Gallardo formó un grupo de operaciones que capitaneó el ex director Gerardo Aníbal, ahora encerrado en el penal de Santa Adelaida, Matamoros, que auxiliado por Los Zetas, se dedicaron a desaparecer a chavos banda, que obstaculizaron sus labores financieras. Los que aceptaron ser halcones o sicarios, salvaron sus almas. Los demás, ingenuos, que buscaron el choque directo, fueron masacrados, borrados de sus míseras colonias. Entonces se supo que de una tumba fueron extraídos 50 cuerpos, que fueron trasladados a Tamaulipas en un misterioso autobús. Ceballos destacó que al iniciar secretas excavaciones en Soledad el procurador Federico Garza, el gobernador Juan Manuel Carreras tuvo una oportunidad de oro para sacudirse a su inexorable verdugo, Gallardo Juárez, que también lo ha sepultado con su exagerado protagonismo. Era el momento vital de pedirle cuentas a Gallardo, que convirtió a Soledad en un cementerio. Muchas familias todavía esperan saber el destino final de sus seres amados.

-En Soledad escarbó la procuraduría para destapar las narco fosas.

-Hemos tenido muchas entrevistas de distintos tópicos y ahora será sobre el caso de las desapariciones forzadas. Hay muchas víctimas, no se ha solucionado ningún caso. Hemos tocado de forma tangencial el tema de las narco fosas. Desde algunos años atrás he denunciado en qué terreno se ubican. En particular, Cándido Navararro, Enrique Estrada, en los límites con Armadillo de los Infante y Soledad, en lo que es la colonia La Constancia. Se rumora en el bajo mundo, en los lugares donde se mueve el crimen organizado, como los mercados, barrios, las pandillas, que son los sitios, los espacios del campo abierto donde podemos ubicar en un triángulo, la gasolinera del avión, la escuela de agronomía de la universidad autónoma y el psiquiátrico Chicosein, donde están las narco fosas. Recordemos que tenemos mucha gente desaparecida de manera forzada. Es un delito que se inicia en la segunda guerra mundial, con el decreto noche y niebla establecido por Adolfo Hitler a favor de la Gestapo y las tropas de asalto de la seguridad secreta. Tenían la facultad de allanar domicilios en la madrugada, detener judíos. Era el estado, los policías, los cuerpos de seguridad los que desaparecen. Entonces, es donde se crea el perfil del delito, las desapariciones forzadas. Tenemos ejemplos más recientes en las dictaduras latinoamericanas, como Argentina y Chile, donde el estado aniquila a la gente. ¿Cuáles son las características?. Primero levantan, secuestran, privan de la libertad a la víctima. En lo general es un enemigo político. En el caso de México, en la narco guerra, no es un político, es un contrario de otro grupo rival o un particular. En el caso del secuestro, la finalidad es el rescate económico, el beneficio. En la desaparición forzada y levantón, el objetivo es causar la muerte al individuo o víctima, que nunca regresa.

«Tenemos casos muy sonados y particulares de desapariciones forzadas. Como la de los comandantes de la policía ministerial Mauro Bausari y Jaime Guzmán. La de seis custodios, varios policías y muchos particulares. Está el de mi amigo escritor Israel Cárdenas. En México, en particular San Luis Potosí, el crimen organizado desaparece a un enemigo. Es un problema entre mafias. Pero en las desapariciones forzadas interviene la autoridad, los cuerpos policiales. Todos tenemos conocimiento que en el estado y el resto de la república, hay casos en los que la policía tiene sus retenes. Y de repente llega una persona que por algún motivo no les simpatiza. O no les late y lo privan de la libertad. Uno no se inquieta, se imagina que es la policía. Consideran que es un abuso pero lo llevarán a las celdas o ministerio público. Pero no sucede y lo entregan al crimen organizado. A tales personas jamás se les vuelve a mirar. Supongamos que se trata de un empleado. Antes, si alguien compraba una casa de interés social, en el contrato se consignaba que si la persona fallecía, la vivienda quedaba saldada. Los seguros de vida de un desaparecido, son ambivalentes. No está vivo pero tampoco muerto. Entonces, para efectos de una casa en particular, queda saldada con la muerte del individuo, ¿pero dónde está el cuerpo?. Si la familia quiere cobrar los seguros de vida, son efectivos cuando está el difunto. Para tales efectos, lo consideran vivo. Es un problema policial y jurídico. La gente cree que el físico de un desaparecido o asesinado es el cuerpo del delito. No, en términos doctrinales, es una parte del cuerpo del delito, que se construye con el cadáver del muerto, las armas que se utilizaron, los cálculos y todo lo que rodea al fenómeno de desaparecer una persona. Se puede determinar una pesquisa sin cuerpo. Es decir, nuestras policías dicen, no hay cuerpo, no hay delito qué perseguir. Están equivocados. Antes, para que una persona víctima de desaparición forzada, se determinara la presunción de muerte judicial, tenían que pasar 5 ó 6 años. En tiempos de paz. Pero es la fase de guerra, como la que se vive en México contra el narcotráfico, entonces debe disminuir el lapso. Los trámites de desaparición forzada deben ser a los dos años. Lo comento de una forma tal vez apocalíptica o indebida, si una persona tiene un hermano, hijo o esposo, si durante un año no tiene noticias, hay que presumir su muerte debido al estado de caos y violencia que se vive en el país. Se ha generado un mito cuando por ejemplo, desaparece un hermano. Lo suavizan cuando se imaginan que lo trae un grupo del crimen organizado en otras partes de la república. Y que a lo mejor viene en uno o dos años. Yo sostengo que está muerto».

«En las narcos fosas hay un punto importante. El Tanque Tenorio se alimenta de aguas negras. Ignoro de dónde procedan, pero durante muchos años han aparecido decenas de cadáveres. Volvemos a lo mismo, están putrefactos o son osamentas que nunca se detectaron. Hay que ser claros, cuando tiran un cuerpo a la intemperie, la gente lo mira porque es su ruta de paso o usan el agua para regadío. Podemos suponer que muchos están en el fondo. Tal vez anclados con una piedra. Algunos que se han encontrado a las orillas, son osamentas. Se los comieron las hormigas, depredadores naturales o animales carroñeros que de una forma rápida destruyen el cuerpo. Yo quiero que me digan las autoridades de quienes son, a qué personas corresponden. Tenemos muchos desaparecidos en San Luis Potosí. ¿Qué finalidad tienen los cuerpos?. Por favor, no digan que terminan en una fosa común. Los cadáveres se deben almacenar, hacer una prueba de adn. Tenemos un problema en todo México. Me pregunto ¿quién va a identificar los restos humanos con criterios forenses?. Es decir, la osamenta, la cabeza, la columna vertebral, en algún momento pertenecieron a un ser humano. ¿A quién corresponde?. Las familias tienen derecho a la verdad. Es una prerrogativa constitucional se haga un análisis serio, exhaustivo y con resultados. Lo que sucede es que los cuerpos se van a la fosa común. Y si años después alguien los reclama, no existe una base de datos, contar con el adn, saber a dónde se fueron los restos humanos, en qué parte están sepultados. No se deben incinerar, menos tirar a una fosa común 50 restos humanos. Para las autoridades es muy fácil hacerlo, pero las 50 personas nunca van a aparecer y jamás sabremos qué les pasó ni quienes son».

-¿Todavía se puede hacer un análisis?

-Claro, implementar pruebas de adn mitocondrial que remite al linaje materno. Si seguimos el de las mujeres, su historial puede llegar de los 200 a 400 años. Se puede saber quién lo heredó. Entonces, si hay una osamenta, podemos obtener el material genético y se contrapone con el de las mamás de los desaparecidos. Es el más efectivo, ¿pero quién lo va a realizar?. Hace años se discutió en San Luis Potosí que tenían un equipo para practicar muestras de adn y nunca se usó. O está perdido o es inservible. No son sólo los aparatos… continúa (tomado de la versión impresa, JULIO 2016)

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Intento de censura con dedicatoria

Signo perturbador de ese talante autoritario del que ha dado ya suficientes muestras, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, de la mano de su par en Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, ordenó inspeccionar el pasado jueves 28 de julio diversos locales de Jiffy Express, negocio del empresario Miguel Maya, quien a su vez es socio mayoritario del portal de noticias Astrolabio Diario Digital.

Acostumbrado a que los medios lo traten bien haciéndole preguntas a modo en las entrevistas y publicando los boletines que emite el área de comunicación social del ayuntamiento de San Luis Potosí (y en otro tiempo el de Soledad, donde también fue presidente municipal), a costa del erario, Gallardo creyó tener pleno control de la prensa, hasta que a fines de marzo Astrolabio y La Jornada San Luis sacaron a relucir el caso de la supuesta proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz, asunto que se convirtió en una incómoda piedra en su zapato.

Ambos medios han dado puntual seguimiento al caso de la enigmática proveedora, pero Astrolabio se ha encargado de sacarle otros trapitos al sol al alcalde, como su propaganda en útiles escolares y en toda clase de espacios para proyectar su imagen, la de su partido y el lema de su gobierno («con gallardía»); su opacidad para informar sobre algunos gastos que despiertan suspicacias como el que se hizo en el Festival de la Cantera, el uso clientelar y electoral que hace de los programas sociales, y su gasto excesivo en medios (14.8 millones de pesos), entre varios asuntos más que han despertado sospechas, y cuyas revelaciones han causado la ira del alcalde

Gallardo ha sugerido la remoción de reporteros incómodos para que dejen de cubrir la fuente del ayuntamiento y la presidencia municipal, y ya provocó la renuncia del periodista Eduardo Alvarado al periódico El Sol de San Luis, quien desde la columna Los jefes criticaba sus excesos. Alvarado fue advertido de la gran cantidad de dinero que vía publicidad recibía el periódico por parte de la administración gallardista y prefirió renunciar antes que ser censurado abiertamente o incurrir en autocensura.

Pero lo que sucedió el pasado 28 de julio es la gota que derramó el vaso: en paralelo con Hernández Villafuerte, Gallardo mandó inspeccionar a través de las áreas de protección civil de ambos ayuntamientos las tintorerías Jiffy Express, y bajo argumentos de falta de equipos de seguridad y otras fallas menores logró la clausura de tres en Soledad, aunque el operativo tenía el propósito de inspeccionar todos los locales del negocio, incluidos los situados en la ciudad de San Luis Potosí, acción que logró evitar el empresario. No hubo previamente una notificación o un plazo para que se pusieran en orden las anomalías detectadas, ni tampoco se aplicó una multa. ¿Cuántos negocios en ambos municipios operan sin equipos y protocolos de seguridad y no son sanciones? ¿Por qué todo el operativo fue dirigido a una sola empresa y justo la de quien es el socio mayoritario de un medio como Astrolabio Digital, cuyo pecado ha sido realizar un trabajo periodístico impecable que ha puesto al descubierto las irregularidades en que ha incurrido la actual administración municipal?

Sin duda se trata de un acto autoritario con dedicatoria con el que se pretende acotar la libertad de expresión y cancelar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información de calidad.

La intolerancia a la crítica por parte de Ricardo Gallardo Juárez está poniendo en riesgo dos de los derechos más importantes del régimen de libertades que tenemos los mexicanos y que están garantizados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales firmados por nuestro país, relativos a la libre manifestación de las ideas y a la facultad de recibir información veraz, plural y oportuna que nos permita comprender mejor nuestra realidad y tomar mejores decisiones.

¿Cuál será la siguiente intentona de censura de Gallardo contra Astrolabio o cualquier otro medio o periodista que se atreva a criticar su gestión? ¿Nos quedamos cruzados de brazos viendo como un pequeño tirano reprime a los medios informativos independientes y críticos o hacemos algo para apoyarlos y al mismo tiempo proteger nuestro derecho a saber?

En opinión de: Alejandro Rubín de Celis
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Amenazan a Pérez Alonso por criticar la ineptitud de Gallardo y directora de comercio

Con una abierta y tajante amenaza, la directora de comercio del ayuntamiento de la capital, Elisa García Román, le ordenó al dirigente de los locatarios del mercado República, Arturo Pérez Alonso, se abstenga de hacer cualquier trámite interno, ya que no existen documentos que lo avalen como líder de alguna organización acreditada.

         La funcionaria le envió por escrito la exigencia a Pérez Alonso que ha censurado y encabezado protestas de los vendedores establecidos por la ineficacia del alcalde Ricardo Gallardo, que no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo en campaña, como mejorar la seguridad pública, arreglar los sanitarios, cambiar el añejo drenaje, mejorar el estacionamiento y reubicar a los ambulantes.

       García enfatizó que la conducta de Pérez la analizan “conforme a derecho”. El aludido ha reiterado que su inquisidora no tiene la capacidad para atender el cargo, por la poca experiencia que adquirió cuando desempeñó el mismo cargo en Soledad, con menos mercados y conflictos superficiales.

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Buscan declarar áreas protegidas grutas de Rioverde

La comisión de ecología del congreso del estado analiza varias solicitudes de ciudadanos para declarar áreas protegidas las Grutas de la Catedral y El Ángel en Rioverde y La Joya Honda en Soledad, lo que permitiría dotarlos de recursos para conservar y potenciar los tesoros naturales, informó el diputado del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, promotor también de un punto de acuerdo, donde se exhorta al gobernador, Juan Manuel Carreras, decretar a la Sierra de San Miguelito como área estatal natural protegida.

El legislador integra también la cartera de trabajo y previsión social. Señaló que en materia de turismo, San Luis Potosí cuenta con un potencial importante en los rubros ecológico, rural y de tesoros culturales que no se han explotado. Se pronunció porque se inviertan recursos para dotar los lugares de infraestructura y convertirlos en una fuente importante de empleo e ingresos para los pobladores de las comunidades que los albergan y las que están cercanas.

Mendizábal señaló que el conflicto jurídico que existe entre los productores de caña y prestadores de servicios turísticos por el agua del río que alimenta a las cañadas de Tamul se debe dirimir y revisar a fondo para determinar qué actividad genera más recursos y es menos dañina para el medio ambiente. Precisó que en la temporada de siembra de caña, los agricultores requieren de un mayor volumen de agua del río, lo que ocasiona un deterioro importante a las cascadas. En el caso del manantial de la Media Luna, que se ubica en la comunidad del Jabalí, en Rioverde, ya cuenta con la declaratoria de área natural protegida. Las autoridades deben revisar cada año el plan de manejo, aunado a un programa de inversión, para el cuidado, conservación y mejora de la infraestructura y los servicios que se ofrecen en el lugar.

El diputado del PAN e integrante del autodenominado grupo de los Broncos en el congreso local, refirió que el aumento de los índices de criminalidad, están a la luz de todos. Es preocupante y debe ser prioridad de las autoridades frenar el alza. Resaltó que en los casos más sonados y difundidos en las últimas fechas en los medios informativos, se logró detener a los responsables y llevarlos a la justicia. Lo que contribuye a bajar la impunidad y ayuda a inhibir a los delincuentes, pues si a lo inseguro se le agrega el nulo castigo, las desesperanza para el pueblo es mayor.

 

Señaló que en materia preventiva, existe un gran rezago, por lo que es necesario contar con el trabajo y apoyo de dependencias como el Instituto Potosino del Deporte, el de la juventud y la secretaría del trabajo y previsión social, porque los jóvenes que no tienen estudios ni empleo, se convierten con facilidad en delincuentes.

Se dijo defensor de que las corporaciones policiacas las dirijan mandos militares, pues por su disciplina y experiencia, le ofrecen más seguridad a la ciudadanía. En cuanto al mando único policial, expuso que en su partido han propuesto que sea mixto, donde la policía municipal no se deslinde del trabajo cotidiano, porque es la que tiene mayor proximidad con la gente y ejerce una actividad preventiva muy importante. En las tareas de inteligencia y de combate a la delincuencia organizada que se realiza en varios estados, es donde se requiere el mando único.

Mendizábal refirió que el grupo de los Broncos del congreso surgió con el objetivo de actuar diferente en el trabajo legislativo, salir de los esquemas tradicionales y visualizar los temas que se discuten bajo una agenda plural y ciudadana. No con un esquema parcial o partidista. Dijo que los panistas son por naturaleza broncos y siempre han asumido una postura crítica, que les permite contrastar y moverse con cierto grado de autonomía, porque el PAN no es un ente corporativista, de hordas o sectores como el PRI y el PRD. “Es un partido de ciudadanos donde se acepta la independencia y se promueve el respeto a la dignidad de las personas. Es decir, para ser panista se requiere ser bronco. Los broncos seremos el contrapeso donde se tenga que hacer. Apoyaremos las iniciativas y propuestas que tengan como finalidad el beneficio de la gente”.

El ex líder del PAN expresó que la competencia electoral en la entidad se vislumbra cada vez más complicada y competida, donde ya no existe la hegemonía del PRI ni el bipartidismo PRI-PAN, sino una competencia abierta donde importan más los perfiles de los candidatos que los partidos. Aseguró que el PAN, en la pasada contienda, le ganó al PRI las 4 elecciones en disputa, gobernador, diputados federales, locales y la de alcaldes. La candidata a la gubernatura Sonia Mendoza Díaz, le sacó más de 60 mil votos de diferencia al del PRI, Juan Manuel Carreras. Pero fueron los sufragios de Nueva Alianza y Verde Ecologista los que revirtieron los resultados.

La resistencia de muchos panistas a establecer una alianza con el PRD, al final redundó en aceptar una derrota, porque el PRI la hizo de facto. “Negoció la capital por la gubernatura, se apoyaron de manera recíproca, aunque en público nunca lo van aceptar”.

Mendizábal dijo que las decisiones que se toman tienen sus costos y la de no hacer alianza con el PRD, fue colegiada y la determinó el comité directivo estatal. “Sonia Mendoza se quedó más cerca de ganar que Xavier Azuara de la alcaldía. La gubernatura la perdimos con 28 mil votos de diferencia y la presidencia con 50 mil. Otra causa de la derrota, fue que liderazgos reconocidos en el PAN, no jalaron parejo, porque es más fácil destruir que construir».

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El gobierno federal se quedó con la Clínica Wong, al evadir el pago de impuestos por 40 millones de pesos

Por evasión fiscal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público incautó la Clínica de Especialidades Médicas Wong y el terreno que se ubica en la avenida Tatanacho 506, fraccionamiento Tangamanga, en la capital, que comprende 420 metros cuadrados. Fue la pantalla que utilizó el ex edil de Soledad, José Ricardo Gallardo Cardona, para desviar 200 millones de pesos por servicios que prestó al ayuntamiento. El dinero terminó en 13 empresas del ex munícipe, enviado a la cárcel en enero del 2015 por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero fue liberado un año después.

El gobierno federal se adjudicó el inmueble luego que la empresa no pagó casi 70 millones de pesos en impuestos del ejercicio 2010, además de multas, recargos y créditos. El 18 de diciembre del 2013 a tres meses de asumir el cargo, el edil de Soledad, José Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Hacienda le levantó una acta preventiva de embargo a la clínica para garantizar el pago que dio en garantía del predio donde se ubicó el hospital. El 24 de febrero se procedió al embargo definitivo y ante el Registro Público por evadir pago de impuestos que ascendían a 40 millones de pesos del ejercicio 2010. A los 10 meses de estar encerrado Gallardo Cardona, el 23 de octubre del 2015, el gobierno federal inició en contra de la empresa, por el adeudo que se le instauró al contribuyente, el procedimiento administrativo de ejecución de embargo. El reciente 3 de marzo del año en curso, inició el proceso de remate del inmueble. Como no se presentaron postores interesados en la subasta, se adjudicó la propiedad a favor del fisco federal.

Según la información que se ubica en el expediente del proceso de decomiso, la empresa no pagó impuestos, multas y recargos por 70 millones 872 mil 936.32 pesos de los cuales 3 millones 592 mil 520.7 pesos corresponden al Impuesto al Valor Agregado o IVA, 5 millones 683 mil 779.18 pesos al impuesto Empresarial de Tasa Única de Personas Morales, 9 millones 659 mil 597.44 pesos al Impuesto Sobre la Renta, pagos definitivos de personas morales del ejercicio 2010, 23 millones 277 mil 944.57 pesos de recargos por financiamiento, multas de infracciones a las leyes tributarias federales, actualizaciones y 4 millones 309 mil 220 pesos por retención de actividades profesionales, retenciones del Impuesto Sobre la Renta, retenciones por salarios, pagos definitivos sobre retenciones del ejercicio 2010.

El proceso de adjudicación se llevó tres años, en la primera acta de embargo que se realizó en el 2013 quedó en garantía de pago el terreno de la clínica. En el embargo que se realizó ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que se llevó a cabo en febrero del 2014 quedó como depositario y responsable el presidente del consejo de administración y dueño mayoritario de la empresa, el doctor Enrique Wong Castañeda, que dio de manera adicional en garantía el consultorio número 301 y el cajón de estacionamiento que corresponde al consultorio. Ambos se ubican en el edificio denominado Torres Carranza número 1115. Cinco meses después, la Secretaría de Hacienda embargó el consultorio médico y el cajón del estacionamiento por un crédito fiscal de 29 millones de pesos.

En el procedimiento administrativo de remate que se realizó en el 2015, la depositaria fue Diana Elisa Lucero Ayala, socia minoritaria. El monto de la deuda ascendió a 40 millones 129 mil pesos, que tampoco la empresa pagó. En febrero del 2014 hacienda embargó la clínica y el terreno donde se ubica el nosocomio. La Clínica de Especialidades Wong sirvió a Gallardo Cardona para triangular recursos que pararon en sus empresas, estableció la Procuraduría General de la República, que el 6 de enero del 2015 detuvo y envió a presión al ex munícipe. Los 200 millones de pesos debieron servir para cubrir la deuda y evitar la pérdida. El objetivo era usar la firma para lavar el dinero y luego conducir la empresa a la quiebra, bajo el concepto de incautación por falta de pago de impuestos. No dejar rastro. La insolvencia y caída de la clínica inició en el trienio de Gallardo Cardona.

La clínica que se constituyó hace 14 años, además de hacienda, tenía deudas con varias instituciones bancarias. La empresa se creó en el 2002. Los socios eran el doctor Enrique Wong Castañeda con el 75%, era el administrador único, amigo del ahora munícipe de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre de Gallardo Cardona, que junto con Diana Elisa Lucero Ayala, tenían el 25%. El comisario fue Mauricio Alejandro Sánchez. En el 2006, contrató con el Banco Mercantil del Norte un crédito simple por 3 millones 800 mil pesos, dio en garantía de pago el terreno de la institución. El plazo para cubrir la deuda se fijó en el 2011. Quedaron como fiadores solidarios y avales Enrique Wong y María Elena Zamudio Azúa.

A los tres años, en el 2009, solicitaron ampliar el pago hasta febrero del 2016, mediante amortizaciones de 48 mensualidades, la deuda quedó en 2 millones 600 mil pesos. Dieron de manera adicional en garantía el consultorio y el cajón de estacionamiento que se ubican en el tercer piso del Edificio Torres Carranza y que en el 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público embargó por no pagar 29 millones 717 mil 558 pesos  correspondientes a impuestos. En el 2014 también otorgó al fisco para garantizar el adeudo del nosocomio.

La adjudicación de la clínica junto con el terreno arrastró a la sociedad de Especialidades Médicas Wong que al darse de alta otra vez registró el mismo domicilio de la empresa incautada. Se constituyó en el 2008 con un capital de 41 millones de pesos, figuraban como socios los hermanos Enrique y Benjamín Wong Castañeda. Uno con el 75% de las acciones y otro con el 25%. El objeto social es el establecimiento y operación de clínicas, hospitales y consultorios para prestar asistencia médica general.

El rubro de la salud se convirtió en el canal más viable para desviar recursos públicos de los ex ediles de Soledad, Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, que en menos de 6 meses le pagó 35 millones de pesos a la fantasmal proveedora Sandra Sánchez Ruiz por la compra de medicamentos, sin mediar contrato alguno. Entre sus falsos domicilios, ubicó el sitio donde operan los servicios médicos del gobierno municipal de Soledad. Luego lo cambió a la avenida San Luis en la colonia San Felipe. También está bajo sospecha la directora de los servicios médicos del ayuntamiento de la capital, Patricia Sponda Ramírez, ya que fue la intermediaria de un crédito por servicios y seguros médicos con la firma Latino, donde aparece como representante o corredora.

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El contralor del Interapas, Salvador González, ejerce funciones directivas, aunque su objetivo es sacarle ventaja a un ente moribundo

 Con el aval del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, el contralor del organismo operador de agua potable y alcantarillado, Interapas, Jesús Salvador González Martínez, desplaza de sus funciones al director Alfredo Zúñiga Hervert, que se ha convertido en los hechos en un subordinado. González, por indicaciones del munícipe, ha despedido a 59 trabajadores de honorarios para convertir la dependencia en pista de aterrizaje para igual número de aviadores, procedentes de Soledad, donde han realizado labores de proselitismo para beneficio del empresario pollero, que tiene bajo su férula, por 9 años consecutivos, el vecino ayuntamiento, donde colocó ahora como alfil a Giberto Hernández Villafuerte. Al super funcionario no le importa arreglar más de 90 pozos obsoletos, por lo que hay constantes tandeos en diversos puntos de la capital. Tampoco arreglar las 500 redes colapsadas ni el déficit de mil tomas domiciliarias. Coludido con Gallardo, buscarán sacarle el mejor provecho a un ente quebrado, en bancarrota, moribundo.

Salvador González Martínez ingresó como nuevo contralor del Interapas el 15 de marzo del 2013, en lugar del contador público José Néstor Garza Castillo, en el marco de las reformas a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, para cambiar el nombre de contralor a comisario. Fue propuesto por el ex edil de la capital, Mario García Valdés, que fungía también como presidente de la Junta de Mejoras del Interapas. González Martínez formó parte de las negociaciones entre García y el entonces edil de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona. Se coló cuando llegó como director de la instancia, Eduardo García Castillo. Entre las funciones del contralor, está planear, programar, organizar y evaluar al organismo operador de agua, fiscalizar el ingreso y gasto público.

Jesús Salvador González Martínez egresó de la escuela de contaduría y administración de la universidad autónoma local, donde hizo una maestría en administración de impuestos. Proviene de una familia humilde. Su padre trabajó como chofer de taxi y su madre tenía un puesto de gorditas, lo que les permitió solventar los gastos para mantener 11 hijos, 5 mujeres y 6 hombres. El 5 de enero del 2015 fue capturado el entonces munícipe de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y tener lazos con la banda criminal de Los Zetas. González Martínez ya no acudió a trabajar al organismo operador. Presentó un justificante médico donde especificó la ausencia al centro de trabajo por motivos de salud, relacionados con un malestar dental. Se especuló que también tenía orden de captura, ya que como tesorero del ayuntamiento, no fue ajeno al desvío de 200 millones de pesos del erario a los negocios privados de su jefe. Además era comisario en las empresas Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios, Gallardo Continental y Tangamanga Continental a las que se les inyectó dinero púbico. También estuvo implicada la directora de recursos humanos, María del Carmen Gutiérrez Morales, quien fungía como apoderada legal de las empresas de Gallardo Cardona.      Apenas ganó los comicios de la capital, Gallardo Juárez, a principios de agosto del 2015 apareció en las instalaciones del Interapas para retomar el cargo de contralor, sin consultar al titular David Atisha Castillo. Soberbio, derrochador, Gallardo exigió le acondicionaran una oficina, por lo que botaron al personal del área de proyectos estratégicos. Lo recluyeron en un local que no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. González empezó a mover a los trabajores del área de administrativa y de finanzas, para vengarse del ex director de Interapas, Eduardo García Castiillo, a quien le debe el cargo, ya que operó a su favor con el ex edil Mario García. Sin embargo, el puesto que ostenta es honorario, como lo establece la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí. En el periodo de García Castillo, gracias a Gallardo, logró que le pagaran un salario de 45 mil pesos, casi la misma cantidad que percibe el director.

El titular del Interapas, en su organigrama de operaciones, cuenta con una contraloría interna, la cual, ante el arribo de Salvador González, fue desactivada hasta que la desapareció, sin ningún sutento legal. A finales de septiembre del 2015, el director de Interapas era David Atisha Castillo, que renunció al cargo. Lo sustituyó Ricardo Fermín Purata Espinosa, que desde el principio tuvo fricciones con González Martínez, que constante lo amedrentó con supuestas órdenes que le giraba Gallardo Juárez. Purata nunca se doblegó y ejerció su mandato con autonomía. Un caso particular que causó el enojo de González, se dio cuando fue adjudicada la obra del colector pluvial mixto del parque Tangamaga uno a la empresa Buga. Los trabajos estaban programados terminarse el 15 de febrero del 2016. No se han concluido a la fecha porque González ha puesto trabas en los pagos. Gallardo lo ha presionado para que se reasignen al grupo de constructores que han ocupado en Soledad, ya que no ponen trabas en la entrega del diezmo.

A la llegada del nuevo director, Alfredo Zúñiga Hervert, se agilizaron las ministraciones por el descontento social ya que el escarbadero se convirtió también en un obstáculo a la vialidad. González se confrontó con Purata por el despido del personal de honorarios que tenían más de 5 años de laborar sin prestaciones. El ex director se opuso a la inhumana medida. Con el respaldo de Gallardo, en el lapso de octubre a diciembre del 2015, corrieron a 59 personas, con el argumento de ahorrar recursos. Sin embargo, a principios del 2016, la misma cantidad de personas ingresó. Todas identificadas por las tareas de proselitismo político que hicieron para el ahora munícipe. González mostró gran habilidad para acotar el desempeño de Purata. Le impuso a la directora de comercialización, María del Carmen Martínez Soto y de planeación y construcción, Eduardo Sánchez Luna. Purata apenas pudo colocar en operación y mantenimiento a Jorge Vivanco y en administración y finanzas a Martha Elva Zúñiga. El influyente contralor ratificó a los titulares de sistemas e informática, contraloría interna, información pública, proyectos estratégicos, atención social, prensa y cultura del agua…continúa (tomado de la versión impresa, Junio 2016)