Archivo de la etiqueta: Secretaria de Hacienda y Crédito Público

es content solo

Los abusos del poder

El tema que trataré ahora se podrá creer que dejó de tener interés pero es toral por lo que repercute en la vida pública de la capital del estado y por lo frágil de las instituciones para actuar. El asunto se llama Sandra Sánchez Ruiz.

Hay voces de algunos funcionarios públicos municipales, tanto de San Luis capital como de Soledad, las más graves y delicadas, son de los que tienen como cargo el de oficial mayor y contralores internos. Miro con asombro que la contrataron porque les fiaban o por la urgente y pronta solución.
El nombre de la mujer misteriosa no importa, puede ser cualquiera, lo esencial es el acto. Amparados en los artículos 20, en su penúltimo párrafo, 25 y 26 de la ley de adquisiciones para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, cometen la grave violación a la norma dictada para los asuntos. Analicemos pues.

En todo municipio, sin excusa ni pretexto, en la capital y Soledad, por su importancia en el estado, en todos sus rubros, se debe crear al inicio de la administración, el comité de adquisiciones como órgano colegiado, donde podrán participar entes no públicos, como las cámaras empresariales, en las cuales no puede faltar la unidad administrativa responsable de las compras, es decir, la oficialía mayor.

Contar con un catálogo de cuentas o conceptos, esto no es otra tema que el listado de los bienes o servicios que requerirá la administración para su funcionamiento. En su artículo 15 se determina la forma del programa anual de adquisiciones. Se fijan los objetivos y metas a corto y mediano plazo.
Invariablemente el aspirante a proveedor deberá solicitar «por escrito» el reconocimiento como tal, ante el oficial mayor. Si es persona moral, (así lo comunicaron) presentar el acta constitutiva, autorización para actuar a nombre de terceros, con carta poder certificada o instrumento notarial, registro ante hacienda y presentar el último estado financiero y última declaración fiscal.

El artículo 20 de la mencionada ley enmarca las responsabilidades en que incurre el servidor público. En su fracción penúltima excusa el procedimiento de licitación pero sólo por causas de extrema urgencia, que yo sepa no hubo epidemia entre los trabajadores de los ayuntamientos mencionados.
Para adquirir bienes y/o servicios hay procedimientos tales como adjudicación directa, invitación restringida, donde como mínimo se invita a tres proveedores y eligen la mejor opción y licitación pública, todas y cada una se regulan por salarios mínimos autorizados cada seis meses por el congreso del estado, monto que no respetaron y que debió ser invariablemente licitación publica.

El asunto supura podredumbre por donde quiera que se le analice. Municipios aislados o rurales no lo son para argumentar que no existía más que un proveedor. ¿Preservar el orden social?, no había inestabilidad. ¿Dar continuidad en la prestación del servicio?. Sólo se demuestra incapacidad para planear a corto y mediano plazo. ¿Peligro de salubridad?. Ni siquiera con el asunto de la basura en las calles con el problema de Vigue lo implementaron.

¿Seguridad pública?. No hubo motines por falta de atención medica. ¿Siniestros y desastres naturales?. No los vimos. Señoras, señores, razón justificada no la hay, ¿dónde está la Auditoria Superior del Estado, dónde la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, dónde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dónde la procuraduría estatal, dónde la Procuraduría General de la República?, ¿qué tenemos, fallas del estado o estado fallido?.

Interés. Siempre he creído y con mucha firmeza que el ser humano debe tener tres tipos de intereses para su grandeza. Primero, interés personal o de familia. Sin tal elemento no se puede ayudar a los demás, quien no se quiere a sí mismo o no ama a su familia, no podrá razonar su ayuda hacia los demás. Todo aquel individuo que expresa «lo hago sin ningún interés personal, solo en los demás», miente, es hipócrita, no es digno de confianza, quien no se quiere a sí mismo jamás sentirá algo por los demás, la protección del núcleo familiar da surgimiento a una sociedad más brillante y menos complicada.

Segundo. El interés de grupo refleja la naturaleza humana, el hombre y mujer nacieron para vivir en sociedad, en tribus, en clanes, jamás podríamos subsistir aislados unos de los otros, recuerden que los hombres en sus inicios, llámese neandertal, homopitecus, homoerectus, simio o chimpancé, en su más primitiva presentación, por así llamarlo, buscaron por naturaleza la sociedad para la división de las tareas y su supervivencia, por raciocinio unos y por intuición los otros, los diez mandamientos de Moisés escritos en la época del éxodo de Egipto, reflejan la división de las tareas pero a la vez la unidad social, recuerden, la familia es la base de la sociedad.

Tercero.- Interés colectivo. El interés personal o de familia se refleja en el interés del entorno, o sea de grupo, del clan, de la tribu, que a su vez, se debe reflejar en un interés colectivo, por tanto debe ser general, horizontal y vertical, de una sociedad sin prejuicios, sin fobias ni racismos. El interés porque exista un eficiente sistema educativo, de seguridad pública, de ingeniería urbana, de alumbrado, de medios de transporte, de deporte, de cultura, de servicios básicos, de infraestructura, de soñar con una ciudad utópica. Una vez que logremos arraigar los tres tipos de intereses en nosotros mismos, entonces seremos dignos de pensar en que podemos ser excelentes deportistas, artistas, políticos, servidores públicos, nobles ciudadanos, productivos, si lo alcanzamos, podremos presumir de ser una sociedad con carencias pero feliz. Atentamente, un ciudadano bronco y rebelde.

En opinión de: Raúl Paulín Rojas

 

es content solo

El gobierno federal se quedó con la Clínica Wong, al evadir el pago de impuestos por 40 millones de pesos

Por evasión fiscal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público incautó la Clínica de Especialidades Médicas Wong y el terreno que se ubica en la avenida Tatanacho 506, fraccionamiento Tangamanga, en la capital, que comprende 420 metros cuadrados. Fue la pantalla que utilizó el ex edil de Soledad, José Ricardo Gallardo Cardona, para desviar 200 millones de pesos por servicios que prestó al ayuntamiento. El dinero terminó en 13 empresas del ex munícipe, enviado a la cárcel en enero del 2015 por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero fue liberado un año después.

El gobierno federal se adjudicó el inmueble luego que la empresa no pagó casi 70 millones de pesos en impuestos del ejercicio 2010, además de multas, recargos y créditos. El 18 de diciembre del 2013 a tres meses de asumir el cargo, el edil de Soledad, José Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Hacienda le levantó una acta preventiva de embargo a la clínica para garantizar el pago que dio en garantía del predio donde se ubicó el hospital. El 24 de febrero se procedió al embargo definitivo y ante el Registro Público por evadir pago de impuestos que ascendían a 40 millones de pesos del ejercicio 2010. A los 10 meses de estar encerrado Gallardo Cardona, el 23 de octubre del 2015, el gobierno federal inició en contra de la empresa, por el adeudo que se le instauró al contribuyente, el procedimiento administrativo de ejecución de embargo. El reciente 3 de marzo del año en curso, inició el proceso de remate del inmueble. Como no se presentaron postores interesados en la subasta, se adjudicó la propiedad a favor del fisco federal.

Según la información que se ubica en el expediente del proceso de decomiso, la empresa no pagó impuestos, multas y recargos por 70 millones 872 mil 936.32 pesos de los cuales 3 millones 592 mil 520.7 pesos corresponden al Impuesto al Valor Agregado o IVA, 5 millones 683 mil 779.18 pesos al impuesto Empresarial de Tasa Única de Personas Morales, 9 millones 659 mil 597.44 pesos al Impuesto Sobre la Renta, pagos definitivos de personas morales del ejercicio 2010, 23 millones 277 mil 944.57 pesos de recargos por financiamiento, multas de infracciones a las leyes tributarias federales, actualizaciones y 4 millones 309 mil 220 pesos por retención de actividades profesionales, retenciones del Impuesto Sobre la Renta, retenciones por salarios, pagos definitivos sobre retenciones del ejercicio 2010.

El proceso de adjudicación se llevó tres años, en la primera acta de embargo que se realizó en el 2013 quedó en garantía de pago el terreno de la clínica. En el embargo que se realizó ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que se llevó a cabo en febrero del 2014 quedó como depositario y responsable el presidente del consejo de administración y dueño mayoritario de la empresa, el doctor Enrique Wong Castañeda, que dio de manera adicional en garantía el consultorio número 301 y el cajón de estacionamiento que corresponde al consultorio. Ambos se ubican en el edificio denominado Torres Carranza número 1115. Cinco meses después, la Secretaría de Hacienda embargó el consultorio médico y el cajón del estacionamiento por un crédito fiscal de 29 millones de pesos.

En el procedimiento administrativo de remate que se realizó en el 2015, la depositaria fue Diana Elisa Lucero Ayala, socia minoritaria. El monto de la deuda ascendió a 40 millones 129 mil pesos, que tampoco la empresa pagó. En febrero del 2014 hacienda embargó la clínica y el terreno donde se ubica el nosocomio. La Clínica de Especialidades Wong sirvió a Gallardo Cardona para triangular recursos que pararon en sus empresas, estableció la Procuraduría General de la República, que el 6 de enero del 2015 detuvo y envió a presión al ex munícipe. Los 200 millones de pesos debieron servir para cubrir la deuda y evitar la pérdida. El objetivo era usar la firma para lavar el dinero y luego conducir la empresa a la quiebra, bajo el concepto de incautación por falta de pago de impuestos. No dejar rastro. La insolvencia y caída de la clínica inició en el trienio de Gallardo Cardona.

La clínica que se constituyó hace 14 años, además de hacienda, tenía deudas con varias instituciones bancarias. La empresa se creó en el 2002. Los socios eran el doctor Enrique Wong Castañeda con el 75%, era el administrador único, amigo del ahora munícipe de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre de Gallardo Cardona, que junto con Diana Elisa Lucero Ayala, tenían el 25%. El comisario fue Mauricio Alejandro Sánchez. En el 2006, contrató con el Banco Mercantil del Norte un crédito simple por 3 millones 800 mil pesos, dio en garantía de pago el terreno de la institución. El plazo para cubrir la deuda se fijó en el 2011. Quedaron como fiadores solidarios y avales Enrique Wong y María Elena Zamudio Azúa.

A los tres años, en el 2009, solicitaron ampliar el pago hasta febrero del 2016, mediante amortizaciones de 48 mensualidades, la deuda quedó en 2 millones 600 mil pesos. Dieron de manera adicional en garantía el consultorio y el cajón de estacionamiento que se ubican en el tercer piso del Edificio Torres Carranza y que en el 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público embargó por no pagar 29 millones 717 mil 558 pesos  correspondientes a impuestos. En el 2014 también otorgó al fisco para garantizar el adeudo del nosocomio.

La adjudicación de la clínica junto con el terreno arrastró a la sociedad de Especialidades Médicas Wong que al darse de alta otra vez registró el mismo domicilio de la empresa incautada. Se constituyó en el 2008 con un capital de 41 millones de pesos, figuraban como socios los hermanos Enrique y Benjamín Wong Castañeda. Uno con el 75% de las acciones y otro con el 25%. El objeto social es el establecimiento y operación de clínicas, hospitales y consultorios para prestar asistencia médica general.

El rubro de la salud se convirtió en el canal más viable para desviar recursos públicos de los ex ediles de Soledad, Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, que en menos de 6 meses le pagó 35 millones de pesos a la fantasmal proveedora Sandra Sánchez Ruiz por la compra de medicamentos, sin mediar contrato alguno. Entre sus falsos domicilios, ubicó el sitio donde operan los servicios médicos del gobierno municipal de Soledad. Luego lo cambió a la avenida San Luis en la colonia San Felipe. También está bajo sospecha la directora de los servicios médicos del ayuntamiento de la capital, Patricia Sponda Ramírez, ya que fue la intermediaria de un crédito por servicios y seguros médicos con la firma Latino, donde aparece como representante o corredora.