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Gilberto Hernández Villafuerte encubre el robo de agua potable en Soledad y se niega a pagar adeudos millonarios

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Los robos, cinismo e indiferencia prevalecen en el manejo del agua potable en el ayuntamiento de Soledad que preside el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte. Le interesa más ganar votos a futuro a través de la entrega gratuita de garrafones y pipas en las colonias de la zona metropolitana. Sin freno dilapida el erario al promocionarse en medios escritos y electrónicos. Nada hace para evitar el robo del líquido a través de 60 tomas clandestinas ubicadas en edificios municipales.

A mediados del 2019, el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, Interepas registró 38 fugas que representan un daño patrimonial por 6 millones 799 mil 40.16 pesos. Entre los inmuebles donde se cometen las sustracciones ilegales figuran las unidades deportivas de la avenida Los Sauces, en la Hacienda los Morales. La de la avenida Mayran y 21 de marzo, en la unidad habitacional San Antonio. Cada una tiene un adeudo de 167 mil 829.32 pesos. Se suman las áreas recreativas de Quintas de la Hacienda en la avenida Ignacio Zaragoza. Otra en la avenida Cactus, La Sierra, la de Hogares Populares Pavón, segunda sección. La de Ecatepec sin número, Bella Vista, la de la avenida San Lorenzo, Valle de Bella Vista y la de Bosques de San Rafael. En lo individual adeudan 167 mil 829.32 pesos.

Aparecen los centros de atención infantil, Capullito 2, el de la colonia Rivas Guillén, Santo Tomás y el de la 21 de marzo. Cada uno arrastra un débito de 154 mil 863.32 pesos. Se agregan las Oficialías del Registro Civil 3, 4 y 7, con adeudos unitarios de 154 mil 863.32 pesos. Está la comandancia de policía en Samaria, colonia Nuevo Testamento y la de la colonia Morelos, ambas con adeudos de 154 mil 863.32 pesos. El consultorio médico ubicado en la colonia San Rafael, en Cactus y el de Hogares Populares registran adeudos de 154 mil 863.32 pesos. Se añaden los edificios de la biblioteca municipal en la colonia San Felipe, la tortillería de la colonia Primero de Mayo y la de colonia La Sierra, con pasivos que alcanzan los 154 mil 863.36 pesos en lo individual.

En el edificio del DIF en Huerta del Nogal, en la colonia San Gerardo, también existe una toma ilegal de agua que adeuda 167 mil 829.32 pesos. El listado se completa con 10 purificadoras ubicadas en Fausto Nieto 805, en la colonia El Morro. Genovevo Rivas Guillen, esquina Los Torres, colonia Benito Juárez. Ley Federal del Trabajo sin número, colonia Azaleas. Cedro 607, colonia El Maurel. Villa de Guadalupe sin número, colonia San Luis. Rito García, colonia Rivas Guillén, cuarta sección. En 13 de junio, colonia Primero de Mayo. En Graciano Sánchez, colonia Rivas Guillén sur y en Adolfo López Mateos. Cada una adeudaba 228 mil 224.32 pesos. Hasta finales del 2019, existía una lista de 50 inmuebles del ayuntamiento que tenían adeudos con el Interapas por 4 millones 954 mil 564.63 pesos.

Hay débitos que provienen desde el 2011. Corresponden a oficinas del ayuntamiento que suman 247 mil 653 pesos. Aparecen antiguos morosos, como purificadoras de agua, una ubicada en el fraccionamiento Santo Tomas, que adeuda desde el 2012, 68 mil 290 pesos. Otra más del fraccionamiento La Lomita, desde el 2104, arrastra 16 mil 432 pesos. Una de la colonia San Felipe, desde el 2014, tiene un saldo de 80 mil 605 pesos. El panteón municipal, ubicado en la calle Magdaleno Cedillo, hasta el 2019 debía 570 mil 381 pesos. Están las oficinas de Matamoros 111, que registran un adeudo de 247 mil 653 pesos. La purificadora de Villa Florencia, en la colonia Villa Jardín, adeuda 479 mil 163 pesos.

No se salva la sede de la alcaldía, DIF, Oficialía Primera del Registro Civil, distintas filiales del rastro, Guardería Capullito, más purificadoras, bibliotecas, Asociación Ganadera local, casetas de vigilancia, comedores, tortillerías, consultorios médicos, otras oficinas del registro civil y centros de usos múltiples. En el 2109, el Interapas notificó al ayuntamiento los rezagos de al menos 30 inmuebles. No los menciona ni dio cifras, sólo consignó domicilio y meses de adeudo. La mayoría son de esparcimiento. Destaca el Jardín Hidalgo, frente al palacio municipal, donde despliegan actividades el departamento de comercio y el Centro Capullito. Debía 244 meses.

También presentan retrasos los ubicados en la calle del Torno, en Hogares Obreros, que adeuda 249 meses. Se suma el que se encuentra en Paseo de las Palomas en Hogares Populares Pavón, con 244 meses sin pago. Otro predio aparece en Melchor Ocampo 101, con 218 meses. El de Magdaleno Cedillo, con 3 contratos, alcanzan los 244 meses. El lote de la avenida José de Gálvez, en Villas del Potosí, concentra 241 meses. El de Laurel 112 tiene 82 meses.

Ante la indiferencia y colusión del alcalde Gilberto Hernández, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez, denunció que desde el inicio del trienio, el munícipe e integrantes de la cartera del agua, han mostrado nulo interés por resolver la problemática. “El coraje del presidente se dio cuando el alcalde de San Luis, Xavier Nava, que preside la Junta de Gobierno del Interapas, nombró como delegada a Natalia Castillo, que es de otra corriente política. Vinieron los ataques mutuos. Nosotros decidimos no meternos,  pero sí buscamos se respete el derecho humano al agua y que el organismo atienda todas las denuncias”.

Pérez reconoció que Castillo empezó a hacer su trabajo, limpió varios pozos que durante años no recibieron mantenimiento. Hizo excavaciones más profundas para conseguir mayor presión y abastecer a la ciudadanía. Requirió al ayuntamiento para que saldara deudas, con un desglose por mes y lugar de cada toma. Hernández Villafuerte solicitó mayores datos. Nombró como representante a una persona que se desempeñaba como director de infraestructura, para hacer un reajuste de cuentas, pero no funcionó. La delegada presionó al cabildo, pero tampoco hubo respuestas. “Acudimos como invitados a las reuniones de la junta de gobierno. Nos enteramos que el ayuntamiento y ciudadanos no pagan el agua. Hay gente que tiene más de 8 años de no cubrir el servicio y les llega. Pero hay muchos que la pagan y no tienen. Hacemos lo conducente para que el organismo llegue a un acuerdo con los afectados y ya no batallen”.

Pérez resaltó la negativa de Hernández Villafuerte para finiquitar la deuda. Se pinta como el menos responsable en medios escritos y portales electrónicos, al decir que el Interapas no lo llama al pago. “En el cabildo, en asuntos generales, se maneja el tema y se niegan a cumplir. Hemos vistos los escritos donde les exigen ponerse al corriente”. Aunque ignoran si la deuda bajó, expuso que el edil contrata cada mes el servicio de pipas, ya que tiene cortado el flujo de agua. Tampoco cubre el drenaje. Adelantó que el asunto se puede convertir en deuda pública y al final pagarla los habitantes. Sugirió sancionar al alcalde y tesorero por el enorme lastre que se resisten a saldar. “Tampoco pueden conminar a los usuarios a no cubrirlo, cuando deben predicar con el ejemplo. Adeudan arriba de 6 millones de pesos, más lo de las tomas clandestinas. El débito crece y optan por instigar a la violencia y disturbios. Hay que sentar a las dos partes, conciliar y que haya un acuerdo justo. En caso contrario, entablar una denuncia formal contra el ayuntamiento”.

Aunque tampoco abonan, añadió, en los estados financieros se registran gastos por consumo de agua, cada trimestre, que ascienden a 250 mil pesos. Los destinan a las pipas que surten los edificios municipales. La opacidad de Hernández Villafuerte también se manifiesta en el manejo de los programas sociales, seguridad y obra pública. “Se niegan a informar el manejo de las purificadoras, cuánto se paga, los desgloses. Nos dicen que hagamos peticiones por la ley de transparencia. Vamos a recaudar las pruebas necesarias y solicitar una auditoria externa. Interceda la Secretaría de la Función Pública, porque son recursos de diferentes ramos que se gastan en comprar conciencias. En 3 meses destinaron 22 millones de pesos en ayudas sociales, pero no tienen para cubrir el agua”.

Pérez censuró que la representante de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, apenas ha sesionado 5 veces en casi dos años. La ley marca al menos una por bimestre. Lo mismo pasa con la de seguridad, asuntos laborales y grupos vulnerables. “Hay personas mayores, discapacitados, que les aumentan el costo del agua y nadie los defiende”. Insistió en que el problema no se resolverá mientras persistan las reyertas políticas. Planteó como alternativa, instalar colectores en los 4 ejidos que tiene Soledad para rescatar el agua de las lluvias. “Cuando mencionaron el proyecto del Cristo Roto en la Joya Honda, les dijimos, si van a copiarle a Aguascalientes, háganlo con una presa al lado. Lo que ayudaría a solucionar el problema de agua. Pero no tienen la mínima imaginación. Sirven para imitar programas pero con el tripe del valor, como sucede con los uniformes de los policías y luminarias. Las obras son simples re encarpetados, nada de cemento hidráulico. Los techos de las escuelas están muy inflados”.

Por su parte, el también regidor de Morena, Roberto Martínez Silva, lamentó que el tema del agua se maneje con tintes políticos. “Lo ubican como un nicho de poder. Incluso, fue la caja chica de sus dispendios. Es por lo que buscan desestabilizar a Natalia Castillo. Llevan 12 años en el mando y nunca resolvieron las carencias. Dejaron quebrado el Interapas en Soledad y la capital. El diputado federal, Ricardo Gallardo, quiere ser gobernador por Morena, pero lo rechazamos. Buscan manejar de manera autónoma el agua, pero no lo permitiremos. Gilberto Hernández sabe que existen tomas clandestinas. Cuando surge el tema, busca apartarse a un cuartito. La encargada de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, hace lo que le dictan. No tiene libertad para hablar. Somos tres opositores en el cabildo, los que exigimos cuentas claras. Los demás reciben órdenes del alcalde”.

 

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Gilberto Hernández Villafuerte se niega a aclarar el gasto de casi 80 millones de pesos

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Según los estados financieros de enero a marzo del 2020, el ayuntamiento de Soledad se gastó más de 19 millones de pesos en ayudas a personas. Otros casi 20 millones en agua. Casi 9 millones en el orden social y cultural. Más de de 10 millones en arrendamientos. En promover la imagen del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, cerca de 11 millones. En combustible pagó arriba de 9 millones de pesos. Las exorbitantes cifras y falta de transparencia, generaron que los regidores de Morena, Grecia Selene Pérez González e Hipólito Leija, exigieran un desglose de los números.

El pasado 19 de mayo, le pidieron a Hernández un informe desglosado de las cuentas públicas de enero, febrero y marzo. La petición se esfumo cuando la aplanadora del edil aprobó por mayoría, el primer trimestre, plagado de irregularidades y oscuros manejos. El edil pidió a Leija, el más punzante, ponerse a trabajar. El tesorero Omar Valadés Macías le recomendó a los inconformes, disipar las dudas en su despacho y de manera personal. Los demás regidores votaron a favor y reclamaron, no los involucren. Sin  cuidar las formas, propusieron votar los gastos.

Además de desglosar el primer trimestre, solicitaron informar por qué no siguieron los protocolos para evitar el contagio del covid 19. Reclamaron al edil, ser más puntual cuando se aborda la agenda, ya que siempre llega hasta dos horas tarde. Le pidieron a Valadés aclarar lo relacionado al arrendamiento del basurero municipal, ubicado en la comunidad de Rancho Nuevo, a unos cuantos metros de la Universidad Tecnológica, que en enero apareció en ceros. Relató que a inicios del 2020, se renovó el contrato anual, por lo que no se generó el pago. En los estados financieros de enero a marzo, el ayuntamiento cubrió al rentero, que los regidores desconocen, lo mismo el contenido del contrato, 2 millones 107 mil 488 pesos, de los cuales en febrero aportaron un millón 53 mil 774 pesos. En  marzo se erogó la misma cantidad.

La regidora Aracely Martínez Acosta, del Partido Verde Ecologista, ahora franquicia del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, jefe de Hernández Villafuerte, entró en defensa de Valadés. Dijo apoyar la  propuesta de votar el dictamen. Leija exigió llevar a cabo la sesión como marca la ley. No había ningún riesgo, ya que el cabildo cumple con los protocolos de seguridad sanitaria para evitar cualquier riesgo de contagio del coronavirus. Como el uso de cubre-bocas, gel anti bacterial y la sana distancia. Solicitó al tesorero explicar el aumento por más de 3 millones de pesos en el rubro de ayudas sociales. El gasto de combustible se disparó a más de 9 millones, cuando la mayoría de las patrullas utilizan gas licuado. Y si el precio de la gasolina bajó, por qué se incrementó la partida. No fue claro en la respuesta. “Las ayudas sociales son un recurso federal del ramo 33 ya asignado. Un mes llega y otro no”. Sobre los hidrocarburos, dijo que bajó un 40%. “Su servidor está al pendiente del tema, me lo encargó el alcalde, lo traigo muy controlado”.

Martínez insistió en votar el dictamen. Leija le pidió no hablar por los demás. Y cuando tuviera dudas, las externaría. Al final se aprobó por mayoría. En asuntos generales, Leija le pidió a Hernández, respetar las medidas de seguridad en las sesiones, ya que la mayoría de sus  integrantes son personas vulnerables al contagio del covid 19. Algunos padecen diabetes, hipertensión y tienen sobrepeso. Le recordó que en la junta anterior, llegó dos horas y media tarde, por lo que, junto con sus compañeros de bancada, se retiraron ante la falta de respeto.

Le solicitó, informara si existen contagios en el ayuntamiento, ya que varios trabajadores estaban confinados en algunos departamentos. Criticó haya empleados con más de 60 años, los más expuestos. Propuso un turno por la mañana y otro en la tarde. Hernández dijo que no había enfermos. Habló del reinicio actividades en la zona industrial y varios sectores de servicios. Afirmó que se debe aprender a vivir con el coronavirus. Resaltó que no puede dejar una patrulla en cada acera para evitar que la gente salga, la única culpable de que la enfermedad se detenga o no.

Hernández le reclamó a Leija no esperarse a la sesión pasada de cabildo, cuando no hace nada. “No te he visto trabajar. Cuando lo haces, subes fotos al face”. Le contestó que no necesita promover su tarea. Los  regidores del PRD, Virginia Zúñiga Coronado y Rosa María Zavala Tristán, como fieles escuderos, defendieron a su jefe. “El ingeniero es una persona muy trabajadora. Le ayuda a la ciudadanía Podemos esperarlo dos o tres horas, ya que no sesionamos todos los días. Ustedes se fueron porque iban a cobrar”.

En los estados financieros de enero a marzo del 2020, se asentaron gastos en prestaciones personales por 126 millones 664 mil 417.29 pesos. Correspondes a sueldos 33 millones 829 mil 051.59 pesos. No se explica a quiénes se otorgan los honorarios asimilables a salarios ni los beneficiaros que suman 2 millones 607 mil 924.06 pesos. El documento no desglosa los gastos. Lo mismo sucede con el informe de la cuenta pública del mismo trimestre que elabora el despacho denominado Indetec.

En el rubro de indemnizaciones, reportaron que en tres meses, se gastaron 868 mil 800.16 pesos, cuando hay trabajadores que ganaron demandas por despidos injustificados, como el caso del ex líder del sindicato, Ramón Díaz Esparza, al que Hernández no quiere pagarle. En publicidad impresa informa que se gastó 2 millones 484 mil 576.29 pesos. Solo en marzo, un millón 309 mil 542 mil 79 pesos. No exponen los proveedores. En radio y televisión y otros medios, 4 millones 360 mil 473 pesos. Servicios de redes, 2 millones 456 pesos. En gasto de imagen, superó los 10 millones de pesos.

En prestaciones contractuales, nadie sabe a los que se refiere, destinaron 15 millones 546 mil 638.66 pesos. En material de limpieza, 2 millones 130 mil 254.37 pesos. Otros insumos y artículos de construcción, 3 millones 833 mil 132.21 pesos. En combustibles reportó un gasto de 9 millones 10 mil 162.89 pesos. En servicios telefónicos, 367 mil 834 pesos, por mes, las erogaciones oscilan entre 120 y 130 mil pesos. En arrendamientos de edificios, terreno del basurero municipal, transporte, maquinaria  y otras, 10 millones de pesos. Solo por la renta de equipo de transporte pagó 4 millones 145 mil 38.10 pesos. Por el predio donde tiran la basura, 2 millones 107 mil 488 peos, de febrero y marzo. Y otros, sin dar explicaciones, 2 millones 560 mil 392.08 pesos.

En las escuetas cifras, por servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, erogaron un millón 778 mil 238.81 pesos. En  gastos de orden social y cultural, 8 millones 398 mil 262.07 pesos. En la Feria de la Enchilada, más de 7 millones de pesos. Se suspendió por el brote de la pandemia. Reportó en impuestos y derechos, un millón 539 mil 42.52 pesos. Ayudas sociales, 19 millones 44 mil 215 pesos. No hay un informe sobre a quienes entregan el dinero ni los montos. La  gente se queja de manera regular ante la falta de apoyo.

En agua, 19 millones 992 mil pesos. Pero el organismo operador Interapas denunció que no pagan desde enero más de 12 millones de pesos. En  combustibles, arriba de 9 millones. En ayudas sociales, más de 3 millones. En el documento de la cuenta pública, se establece que el ayuntamiento tiene una deuda a corto plazo que supera los 187 millones de pesos. Solo por servicios personales, el monto asciende a 21 millones 126 mil 619.97 pesos. A proveedores, 84 millones 382 mil 100.4 pesos. A contratistas por servicio de obra, 18 millones 656 mil 789.16 pesos. Impuestos, 29 millones 339 mil 467.03 pesos y otras cuentas por 29 millones 683 mil 325.60 pesos.

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Hernández Villafuerte gasta más en animales fantasmas que en la salud de los trabajadores

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Con el objetivo de refrendar su apoyo a los trabajadores del ayuntamiento, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, inauguró hace unas semanas, un espacio de salud para atender y fortalecer las demandas. El edil señaló que tiene el compromiso de proyectar al municipio como líder en acciones de salud.

Pero como en otros renglones, las cifras lo contradicen. En el rubro de servicios médicos, presume lo irreal. En el apartado de egresos, en la sección de materiales y suministros, expone solo dos gastos en todo el 2019, por 10 mil 312 pesos. Otro de productos farmacéuticos por 27 mil 439 pesos. El total es de 37 mil 751 pesos. Es poco creíble el gasto si se compara con los 281 mil 9 pesos que erogó en insumos de uso veterinario, cuando no existen registros de contar con animales domésticos, granjas o de cualquier otro tipo.

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La cuenta del 2019 de Hernández Villafuerte, llena de cifras absurdas y conceptos arbitrarios

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Los regidores de Morena en el ayuntamiento de Soledad, Hipólito Leija y Grecia Selene Pérez González, denunciaron que no obstante el cúmulo de irregularidades encontradas y expuestas en la cuenta pública del 2019 del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, fue aprobada por mayoría en el cabildo y entregada a la Auditoría Superior del Estado para ser revisada y quizás ratificada.

Leija expuso que existe una inversión o depósito de recursos ferales a una cuenta que no pertenece al ayuntamiento. “Los apoyos del ramo 33 no pueden manejarse como si fueran de una empresa particular. Lo hacen con el fin generar ganancias a través de intereses. Se habla de 21 millones 260 mil 700 pesos. Le preguntamos al tesorero Omar Valdés Macías sobre el destino de las ganancias. Alegó que se utiliza para pagarle a diversos trabajadores. Lo que representa una falta, pues ya existe una partida para cubrir sueldos”.

Agregó que existen adeudos con el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. “El tesorero lo niega, aunque se acaban de pagar 339 mil 833 pesos. La delegada de la instancia, Natalia Castillo, puede confirmarlo. Las cuentas se manejan a la ligera”.

Otro rubro irregular es el de las rentas de locales. No se especifica ni desglosa el gasto. “Son 48 millones 314 mil pesos en arrendamientos, pero no se aclara qué dependencia los contrata. Se habla de Interapas, obras públicas, catastro. No sabemos los montos concretos”.

Pérez González destacó que solicitaron un informe desglosado de la cuenta pública sobre los arrendamientos, pago de honorarios, ayudas sociales, servicios de agua y otros. “Nos dijeron que los iban a entregar antes de aprobar la cuenta pública. Llegó la sesión y nunca cumplieron”.

Expuso que las cifras de los estados de actividades y flujos de efectivo no coinciden, deben ser similares. “En el apartado del ayudas sociales, en 2018 se destinaron 86 millones 753 mil 843 pesos. En el 2019 aumentó a 113 millones de pesos. No se justifica, porque las supuestas ayudas no se reflejan en la ciudadanía. En actividades aparecen ahora 114 millones. En el 2019, fueron 112 millones. Hay una diferencia de 2 millones, ¿dónde quedó el dinero? Valdés no supo contestar, argumentó que podrían estar en otro cuadernillo”.

Pérez González señaló que en bienes e inmuebles erogaron más de 144 millones de pesos, pero se desconocen las obras y terrenos. Hay también adeudos bancarios que lesionan las arcas, con cheques sobregirados, sin fondos. Hay adeudos de administraciones pasadas, del 2007.

En construcciones en proceso y bienes del dominio público se erogaron más de 837 millones de pesos, que no se reflejan en los hechos. “Un ejemplo es la calle de Julián de los Reyes, que se anunció en todos los periódicos. Es una obra de 3 millones de pesos que se presume, hicieron a finales de septiembre del año pasado. Hoy está llena de hoyos, peor que antes. Manejaron que se hizo de concreto hidráulico. Son simples re encarpetamientos”.

Otro rubro inverosímil alude a los productos alimenticios de animales. “Gastan 23 mil pesos, cuando el ayuntamiento no cuenta con albergues. No hay un registro sobre el tema, más que la ambudog”.

En tecnologías de la información, es extraño que en servicio de internet se paguen al año 7 mil 958 pesos. En aspectos postales y telegráficos, 104 mil pesos. “¿Cómo es posible, el internet es carísimo. Nadie manda ni recibe cartas. Si fuera el caso, es demasiado barato. Son cifras incoherentes”.

En subsidios y otra ayudas, las erogaciones alcanzan los 114 millones de pesos “Sabemos que son para asociaciones civiles, que sólo sirven para la compra de conciencias. Es ilegal que con recursos públicos, promocionen su imagen. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un crimen usar recursos públicos para promocionarse”.

 

 

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La Unidad Deportiva 21 de Marzo, transas políticas y económicas

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Una alberca olímpica, clases de natación, una escuela de beisbol, reactivar la zona de viveros y crear una sede alterna de entrenamiento para el equipo profesional de fútbol Atlético San Luis, fueron varios de los proyectos que el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, prometió con ahínco para rehabilitar la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en pro de los deportistas y ciudadanos. A casi un año, el inmueble se encuentra en el completo abandono, con creciente deterioro. Se evidenció que sólo le interesa fortalecer su imagen política con torneos como la Copa Gallardo o la Copa Soledad. En la edición 2020, ofrece un premio de 170 mil pesos para el equipo ganador.

Otros actos de mínimo beneficio deportivo que promueven el edil y su jefe, el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, es la carrera atlética de la enchilada, donde también obsequian 170 mil pesos. En ambas justas, los premios otorgados se recuperan en más del 50% por las inscripciones de los que participan. Son pocas o nulas las inversiones en infraestructura que en realidad fomenten nuevas figuras. Un reflejo es la Unidad Deportiva 21 de Marzo, principal centro deportivo del municipio conurbado. A través de una solicitud de transparencia, se pidieron datos acerca de los recursos invertidos en obras o programas para rehabilitar el centro, del 2015 al 2020.

Las oficinas de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal señalaron que no existe registro alguno de las inversiones realizadas. En el 2019, para mejorar la imagen, se recurrió a un grafiti. Fue colocado un croquis en el acceso principal, para ubicar las distintas áreas. Dijeron que sólo realizan labores de limpieza, riego de las áreas verdes, barrido manual, recolectado de basura, poda y deshierbe de maleza. En los últimos 9 años, ha sido nulo lo invertido en el sitio, que se usa más con fines políticos que deportivos. En el 2013 se facilitó al extinto equipo de fútbol, Santos de Soledad, que se adueñó de la cancha uno o principal.

Además, les dieron el área destinada a la biblioteca que convirtieron en vestidores. La escuadra se creó en la etapa de Gallardo Cardona. Nunca trascendió. Se ignora el monto de lo invertido en la fallida oncena y de dónde sacaron los recursos para financiarla. Hoy solo quedan los olvidados casilleros donde se imparten clases de zumba por las mañas y tardes. También usan la unidad para la llamada Copa Soledad y Copa Gallardo, creada en 2009. Sirve para hacer una apología de los benefactores. Llegaron a entregar premios por 200 mil pesos. Aunque está en pésimas condiciones, la facilitan para torneos infantiles como la Copa Bimbo, campamentos de verano, actividades del ayuntamiento y escuelas de fútbol.

Al lugar acuden diario miles de usuarios que han exigido sin éxito, mejorar los baños públicos, que carecen de agua, papel, puertas, espejos. Se han presentado quejas de que algunos jóvenes acuden a consumir sustancias alcohólicas y marihuana. Las canchas de fútbol rápido están desechas. Las cruza un cable de luz que sirve de tendedero para botines. Con el paso de los años, se acumuló una veintena de pares, que agudizan el olvidado paisaje. Los espacios que usan las diversas academias tienen desniveles y cráteres, que provocan constantes lesiones. Apenas tres campos tienen pasto, dos están en pésimas condiciones. Los demás son de tierra. En tiempos de aguas, los niños juegan en el lodazal.

No se salva el campo de beisbol, con grandes hoyancos. Las gradas están cuarteadas, rotas y rayadas. Se nota el vandalismo. Las jaulas donde se sientan los equipos, se encuentran sucias, con fétidos olores a orina. A la unidad van personas de la tercera edad, cada viernes, a disfrutar un partido de beisbol. Es una tradición. Los asistentes sufren las inclemencias del clima, ya que las gradas no están todas techadas. Los mismos usuarios han donado las herramientas para el mantenimiento, como mangueras de riego, porterías y redes. Y el colmo, a los equipos que usan las instalaciones, el encargado les cobra una cuota. En caso de no cubrir el pago, son relegados a las áreas más devastadas. No existe la mínima seguridad. La policía jamás acude.

Cada rato ocurren robos, que se intensifican al caer la noche, ya que tampoco hay alumbrado. A los jóvenes que entrenan box, en varias ocasiones les han quitado sus pertenecías. Cuando La Noticia acudió a verificar las condiciones físicas, se registró el robo de herramientas del personal de limpieza. Los encargados presentaron la denuncia en seguridad pública, junto con el administrador, José Antonio Zamarripa Quintero, quien alardea, ofrecen todas las facilidades para garantizar las prácticas deportivas.

En especial a las escuelas que realizan las tareas que exige la secretaría de educación para las olimpiadas y torneos internos. Negó cobrar. Reconoció que la gente aporta donaciones. Desconocía el presupuesto mensual. Todo lo maneja el ayuntamiento. Aunque no se nota, habló de rondines periódicos. Además, tiene contacto directo con la comandancia, que asegura, acude rápido a sus llamados.

Hernández y Marrero, simuladores

A inicios del 2019, Hernández Villafuerte anunció que iba a modernizar la Unidad Deportiva 21 de Marzo. Trató de seguir la ruta que le trazó Gallardo Cardona, que había concesionado el complejo al equipo Santos de Solead, con lo que buscó conseguir un mayor presupuesto. Los planes deportivos fracasaron y las inversiones fueron nulas. El edil buscó la ayuda del club Atlético San Luis y su director Alberto Marrero. La intentona duró 6 seis meses y se vino abajo. Prevalecieron las arbitrariedades y el oscurantismo. Anunció la compra de las instalaciones que se encontraba en comodato con el ejido San Francisco.

Habló de hacer cambios de primer mundo. “El ayuntamiento busca darle más vida. Invertiremos recursos federales para la alberca olímpica”. Se le solicitaron datos sobre los costos y términos de las negociaciones. En respuesta, negaron la adquisición, no obstante que el cabildo autorizó la compra, aunque tampoco se conocen los montos o si existe un saldo pendiente. Inmersos en la sospecha, Hernández, Gallardo y Marrero formaron una alianza de saliva. Se dijo que la unidad se convertiría en un centro alterno de entrenamiento del Atlético San Luis y campo para los equipos premier y femenil, lo que posicionaría a Soledad como un centro neurálgico deportivo en la zona metropolitana.

Nunca antes nadie había apostado por un proyecto semejante y en el corto tiempo estaría en óptimas condiciones. Gilberto Hernández presumió la hazaña. Los acuerdos se firmaron a través de un “comodato, un convenio de colaboración donde el Atlético San Luis invertiría recursos destinados a crear escuelas de fútbol para niños, lo que tendrá múltiples beneficios, al contar con instalaciones dignas, de primer nivel para la práctica del deporte y el ejercicio”. El equipo de fútbol se instaló a principios de agosto del 2019, acaparó el campo uno, el de mayor magnitud y mejor infraestructura. El club restringió la entrada a la pista de atletismo y la cancha, que podrían usarse un rato por las mañanas.

Para que se respetaran las reglas de los nuevos inquilinos, los rojiblancos contrataron guardias de seguridad privada y gente que le diera mantenimiento al césped. Le pusieron candado a la puerta de acceso. Ni los trabajadores podían realizar las tareas de limpieza. A los curiosos que se acercaban a preguntar sobre los cambios, los agentes les contestaban con tono seco y autoritario, que era una zona exclusiva del Atlético San Luis. Los equipos llaneros fueron movidos a las orillas. La gente se inconformó. El ayuntamiento negó que el club tuviera mayores atribuciones.

El administrador Zamarripa también ocultó el control de la empresa externa. Lo contradecían las barras publicitarias que aludían al club, la liga premier y otros patrocinadores, como la firma Ricón, de Gallardo Cardona. La negativa del ayuntamiento se mantuvo con las respuestas que dio a solicitudes de transparencia. “No existe ningún convenio con el club Atlético San Luis. La unidad 21 de Marzo es un inmueble municipal, utilizado para el deporte y esparcimiento de los habitantes. Hasta ahora, no cuenta con algún contrato de trabajo en conjunto con el club deportivo Atlético San Luis”.

Las solicitudes de datos y respuestas corresponden a septiembre y octubre del 2019. Coinciden con los partidos disputados cada 15 días. Se registraron en la página de la Liga Premier. Se observa que aún que el Atlético San Luis tiene como sede local, la Unidad Deportiva 21 de Marzo. En las redes sociales, invitaron a los aficionados asistir a los partidos. Una muestra del sello privatizador. Cobraban en boletaje para ingresar ver al equipo Premier a un establecimiento que por naturaleza es gratuito y público. Los atropellos continuaron mientras el equipo premier usó las instalaciones.

La pesadilla culminó con la primera fase del torneo en diciembre. Optaron no usar más la cancha principal. Se desconocen los motivos por los que la directiva decidió mudarse. Se habló de los arreglos chuecos con Hernández. Los beneficios fueron nulos. No se hizo la mínima obra. Al contrario, los empleados municipales señalaron que fueron arduas las tareas para restablecer la cancha principal. Ante el manejo oscuro de la unidad por parte de Hernández Villafuerte, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez González, señaló que el comodato tenía como objeto, hacer más grande la unidad, remodelarla y construir una alberca olímpica, para lo que solicitaron un préstamo por 15 millones de pesos, que les negaron.

El edil insistió en llevarla a cabo, sin explicar de dónde obtendría los fondos. Se registraron erogaciones trimestrales. “No se informa la cantidad, hasta cuándo se hará, lo abonado. Nos violentan el derecho a estar informados”. Sobre el tiempo que el club usó la unidad, establece que se habló de un comodato que nunca se aterrizó. No pasó por el cabildo. La comisión de deportes tiene más de un año que no sesiona. “Aunque el ayuntamiento negó que existiera algún convenio, se detectó que el equipo entrenaba en la unidad. Y si lo hubiera, caía en lo ilegal. El presidente tiene la facultad de decidir, pero no se manda solo, hay regidores, síndicos. Se debe resolver con diálogo. Los demás equipos tuvieron que buscar otro lugar para entrenar”.

“Desde que inició el trienio, exigimos transparencia, datos abiertos. La gente paga impuestos, no pueden ocultar los gastos. Como regidores, no sabemos en qué utilizan los recursos. He solicitado informes y los niegan”. Pérez González no se sabe si el ayuntamiento percibió algún pago por parte del club para usar la unidad. Exigió al edil aclarar la incertidumbre. “Prevalecieron los intereses políticos. La ciudadanía no ganó nada. El club tiene sus propias áreas de entrenamiento. Es un caso similar al de la plaza Citadina. Mencioné que era un lugar adecuado para instalaciones deportivas. La vendieron a empresas privadas para hacer negocio. La unidad está en el abandono. ¿Cómo combatir el delito si olvidan el ejercicio físico?”.

 

 

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“No es un simple pollero, es el demonio”

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El líder del Movimiento Pueblo Libre, Pedro Torres, denunció diversos ataques que ha recibido su familia, orquestados por los ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. El dirigente señaló que no pueden salir por las noches, ante el temor de que les pase algo. “Me ofrecieron dinero y puestos públicos para callarme, como no acepté, se van al punto más débil y frágil. Cuando Gallardo Cardona estaba en los últimos meses como presidente, hubo una protesta de carretoneros. Les querían quitar la fuente de trabajo y desaparecerlos en definitiva”.

“Les prometieron créditos, pero nunca cumplieron. Nos metimos a defenderlos. Mi hija Elizabeth Torres se encontraba con otras personas en la manifestación frente a la presidencia municipal. Gallardo los invitó a dialogar. Fue una trampa, adentro se encontraba un grupo de policías que los golpearon y llevaron a la comandancia, con el propósito de fabricarles algún delito o sembrarles armas. Nos movimos rápido con el gobierno estatal. Les pudo suceder lo mismo que al ex diputado local, Raúl Paulín, que no tuvo tanta suerte. Le armaron penas que no cometió”.

En otra oportunidad, en la marcha hacia una protesta, los quejosos fueron secuestrados desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. No había autoridades, ministerio público, derechos humanos, ni medios informativos para salvar a más de 200 personas incomunicadas. “Mandamos a nuestro abogado de confianza, Noé Yair López. Apenas llegó, lo golpearon. San Luis Potosí vivía en la inseguridad y amenazas de manera descarada por el par de sujetos. Siempre buscan atemorizar a toda la ciudadanía. Regalan espejos para que los apoyen con el voto. Cuando alguien se opone, lo amedrentan, como en mi caso. Éramos 40 dirigentes en Soledad de los que apenas tumbaron a tres”.

“Pueblo Libre es un movimiento muy fuerte. Les cala y se meten con las familias. En la única parte donde nos sentimos seguros es en la zona de Cerro de San Pedro, del kilómetro uno al 8, donde hay cerca de cinco colonias, nos organizamos y cuidamos. A mi casa han ido a balacearme, aventaron piedras. Si salimos del área, estamos desprotegidos. Nos tienen ubicados. A mi hijo Brian Torres, una vez que caminaba en Soledad con un amigo, lo reconocieron, levantaron, golpearon y lo fueron aventar los mismos policías cerca de Himalaya. Antes de irse, lo amenazaron de muerte. Metimos una demanda que no avanza. Hemos puesto todo tipo de quejas por secuestros y desvíos de recursos. El fiscal Federico Garza no se atreve llamarlos a cuentas, prefiere encerrar inocentes”.

Torres afirmó que si el gobierno estatal no resuelve la infinidad de anomalías cometidas por los Gallardo, San Luis Potosí acabará como Ayotzinapa, Guerrero, donde actuaron con omisiones. Los medios no sacaban a la luz pública las tragedias que sucedían y pasó lo inevitable, 43 jóvenes fueron desaparecidos. “Los Gallardos son considerados los personajes políticos más rudos, que consiguen lo que quieren a toda costa. Si la ley no se aplica, nosotros debemos organizar a la gente y sacarlos para siempre del ayuntamiento”.

“Somos los primeros y los que siempre hemos permanecido con el dedo en el renglón, de no pagar las consecuencias de dos delincuentes. Notamos que es difícil sacarlos de Soledad porque engañan de manera fácil. La ciudadanía nos pide apoyo, pero no quieren dar la cara, por miedo. La violencia rebasó los límites. Las calles siguen abandonadas, estamos rodeados de aguas negras, creció la prostitución, faltan empleos, las aceras están sin pavimentar. No existe el progreso que alardean”.

“Manejan que al salir el títere de Gilberto Hernández Villafuerte, dejarán a la esposa de Gallardo Cardona, la presidenta del DIF municipal, Ruth González. Crecerá el retroceso. Hay que extirpar el mal de raíz. En 12 años, incrementaron su fortuna con autos de colección, Rolex, animales exóticos, violines de 5 millones de pesos, propiedades en Estados Unidos, fraccionamientos con cientos de casas, gasolineras, ranchos. Es una riqueza sospechosa que debe ser aclarada. El fiscal Garza se hace de la vista gorda”.

Torres aludió a la posible alianza entre el diputado Gallardo Cardona y el partido Morena en los comicios por la gubernatura en el 2021. “Haremos todo lo posible para evitarlo. Tenemos programada una cita con la dirigencia nacional y diputados federales en México para tocar el tema. Los Gallardo son muy ambiciosos, buscan relevar al mandatario Juan Manuel Carreras para al menos quedarse otra vez con la presidencia municipal. Amagan con no hacer escándalo. Lo grave es que la gente paga las consecuencias. Somos sus principales opositores, pero solos no podemos. Necesitamos el respaldo de los que hacen las negociaciones políticas. Hay que recuperar la seguridad que había antes”.

“El desprestigio que se ganaron es muy grande, por tantos saqueos que hicieron. Los deben castigar. No los tocan por los acuerdos políticos y complicidad en los negocios. No es un simple pollero, es el demonio. Gallardo Juárez controló el gobierno del estado, la auditoria superior, el congreso, derechos humanos, todo estaba bajo su mando. López Obrador dijo que los castigaría y no cumplió. Tenemos confianza en que lo hará más adelante, porque los cambios se notan. El presidente tiene una historia cívica. Tratamos con un político, no un delincuente”. Pedro Torres estableció que su movimiento es apartidista, pero acepta otras alianzas, para expulsar a los Gallardo de Soledad y sean castigados conforme a ley. “Son aferrados, les gustó la riqueza fácil y rápida, por lo que no quieren irse el par de pillos”.

 

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Las cuentas de Soledad, oscuras y fraudulentas

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Por múltiples anomalías, rechazan las cuentas públicas del ejercicio fiscal del último trimestre del 2019 correspondiente a Soledad. Al respecto, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez González, señaló que su bancada hizo llegar un documento a los miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso de San Luis Potosí donde detallan el manejo oscuro de las finanzas por parte del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte.

Pérez expuso que no entregaron en tiempo y forma paras su análisis, los estados financieros y cuenta pública, que deben ser votados. “Según la ley orgánica, deben entregarlos 48 horas antes, no 24. Fue por lo que anduvimos con prisas”.

No existe un desglose del gasto, donde se especifique cada rubro, tabulador y comprobantes fiscales, informes de la hacienda donde se presenten bienes comprados, proveedores, facturas de lo devengado y pagado, cifras de beneficiarios y documentos que acrediten las cifras presentadas en el cabildo.

Cuestionó la leyenda en las que afirma “decir la verdad sobre los estados financieros y las notas que son correctas y con responsabilidad del emisor”.  Aseveró que en todas las cuentas públicas, nunca firmó Hernández Villafuerte. Tampoco el tesorero Reynaldo Enrique Martínez Tovar. La síndica María Guadalupe Jasso Ortiz y la contralora Mayra Alejandra González. “No podemos votar algo que no es avalado por los responsables. Si falta la rúbrica, no nos consta que sea legal,. Se trata de documentos fidedignos y cifras que se presentan ante pleno y deben de tener las características de ley”.

González Pérez expuso que en varios rubros, hay incrementos exagerados, como el apartado de “ayudas sociales”, donde se erogaron 27 millones 170 mil 335.90 pesos, de los cuales 25 millones 518 mil 400.55 pesos fueron gastados. Se desconoce el destino del restante. “Son erogaciones muy elevadas para tres meses y las necesidades que tiene el municipio. En diciembre repartieron cobijas, juguetes, comida, juegos gratis, llevaron grupos musicales a las colonias. Fueron posadas del ayuntamiento. ¿Con qué reglamentos actuaron, quién los aprobó?. Tiene tintes electorales. Un ayuntamiento debe actuar sin colores, está para servir a todos. Hacer proselitismo adelantado es delito”.

La regidora añadió que en materia de obras públicas, bienes de dominio público y bienes propios, se gastaron 33 millones, 616 mil, 243.29 pesos en tres meses. No especifican los trabajos, constructoras, personas beneficiadas, costos.  “Son cantidades que no se ven reflejadas. Hubo acciones en el primer cuadro, pero no fueron de concreto hidráulico, como se mencionan en los informes, redes sociales y medios informativos. Se hizo un re encarpetado. Varias aceras, con la lluvia, se tapizaron de baches. El dinero invertido no se mira reflejado”.

En deuda pública, en tres meses, se erogaron 11 millones 701 mil, 218.10 pesos por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, que se deben cubrir al año siguiente. Existen cuentas en  Bancomer y Banamex del 2014 y 2015 donde aparece el signo de menos, que indica anomalías. El tesorero  aludió al ahorro y desahorro. Luego aceptó que existen cheques con sobregiros. Es algo malo que no debe existir. Son cheques extras o sin fondos. Hay por 24 y 27 millones de pesos. Se arrastran de administraciones pasadas que generan deuda que se debe cubrir. Solicitamos datos y se niegan a informar”.

En el rubro de arrendamientos, González Pérez destaca gastos por 7 millones 376 mil, 208 pesos en terrenos y 422 mil 478 pesos en edificios. “No hay datos sobre renta y compra de vehículos, terrenos, edificios. Todo debe someterse a sesiones de cabildo, pero nunca hemos pasado votado, aunque son gastos trimestrales. Se tiene el arrendamiento de patrullas para el plan cuadrante, pero no se notan en las colonias. Se arrendan las oficinas de catastro, pero se ignora el monto y quién es el dueño. Somos regidores y nos ocultan los datos. La ley nos otorga el poder de revisar y vigilar, pero no hay transparencia. Solo contestan que son datos confidenciales, reservados.

Por su parte, el regidor Hipólito Leija expuso que no aprobarán cuantas públicas tapizadas de irregularidades. “Los motivos para no hacerlo son muchos. No existe un informe mensual de cada gasto que se lleva a cabo, para saber cuánto gastamos y percibimos. Lo entregan 12 horas antes de las asambleas. Todavía alcanzamos a notar los errores”. Destacó erogaciones de 278 mil 349.55 pesos por servicio de agua. Preguntaron directos al organismo intermunicipal. Les dijo que el ayuntamiento tiene  una deuda por más de 3 millones de pesos. Lo que incide para que varios departamentos no tengan el servicio. Recurren al servicio de pipas.

El tesorero no supo qué responder, ya que tampoco se pueden dar abonos. La deuda se generó con las purificadoras. No cubren el agua. Expuso que el desabasto se acentuó por sobre explotar los pozos en los últimos 12 años. No les dieron mantenimiento, ni a los drenajes. “Un pozo de Rivera daba hasta doce pulgadas. Ahora está cerca del colapso. En 10 años nunca contrataron una máquina para destapar los caños.

Se ignora a quienes se entregan los apoyos sociales. Es evidente que los canalizan con criterios partidistas. A una persona adulta, un puerquito la tumbó en su casa y se lastimó. Vino a pedir ayuda a principios de enero. Le dijeron que no tenían dinero, hasta abril.

En “otras prestaciones sociales y económicas de servicios personales”, se erogaron 27 millones 499 mil 855.21 pesos ahondar en el tema. En prensa y publicidad, 4 millones 739 mil 229.98 pesos en los últimos meses. En desarrollo social 56 millones 389 mil 603. 15 pesos. “Las comunidades están en el abandono total”.

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El Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte anida a 210 aviadores

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Uno de los fondos seleccionados por la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública del 2018, correspondiente a Soledad, fue el de los recursos fiscales, el cual se seleccionó de un universo de 154 millones 160 mil 671 pesos, donde se revisó el total de la cifra. En el rubro de control interno, el ente fiscalizador calificó el último año del anterior trienio del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte con 17 de 100 puntos posibles. Lo ubican con un nivel bajo en el control de las finanzas.

Se expuso un déficit negativo de 23 millones 211 mil 504 pesos, ya que el edil omitió presentar ante el Congreso del Estado, un oficio que justificara los resultados adversos. En el rubro de ingresos, le fincaron responsabilidad administrativa a funcionarios municipales que no depositaron los recursos fiscales en cuentas bancarias específicas. Se encontraron irregularidades, ya que no se presentaron documentos justificativos y comprobatorios según el cobro de los recursos fiscales.

Los funcionarios omitieron la entrega de documentos relacionados a los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas. Otra sanción alude a que el ayuntamiento elaboró recibos correspondientes al  recaudo de impuestos por concepto de multas de tránsito. Omitieron incluir el importe total de las faltas. En servicios personales no se comprobaron 383 mil 285 pesos en erogaciones realizadas por el pago de nómina. Se suma una sanción al municipio por no tener comprobantes fiscales y dietas del personal. Se añade un daño a la hacienda pública por 52 mil 170 pesos que no fueron sustentados en pagos de nómina.

Se agrega una sanción a servidores públicos responsables de irregularidades por pagos a 210 empleados que no están identificados en el tabulador de sueldos, aprobados en el 2018. No se encontraron documentos que verifiquen los servicios prestados. Existe el pago anómalo de 178 plazas de base que no están registradas en el tabulador de sueldos del 2018. No se contó con documentos comprobatorios que justifiquen el pago de 178 plazas. Se constató que a 97 trabajadores de base les dieron pagos superiores a los establecidos en los tabuladores de sueldos por un monto de 485 mil 681.19 pesos.

Se percibe daño al patrimonio municipal por el pago a 22 empleados en fechas posteriores a la que causaron baja por un monto de 222 mil 452.47 pesos. En inspección física realizada por la ASE a 162 trabajadores, se determinó que 22 no fueron localizados, ni se encontraron pruebas o informes comprobatorios que presten algún servicio. Se analizó el fondo de recursos fiscales. Al final se determinó un total de 22 observaciones de las cuales solo 6 fueron solventadas, de las 16 restantes, se generaron 2 pliegos de observación, 7 en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 de recomendaciones y 5 de aclaraciones. Los términos financieros generaron un importe de 435 mil 455.15 pesos, de los cuales el edil Gilberto Hernández Villafuerte solo ha resarcido y comprobado 66 mil 337 pesos.

Otro tema abordado fue el de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, del cual se seleccionó un universo de 30 millones 958 mil 117.08 pesos, de los cuales se auditaron 30 millones 418 mil 770.12 pesos que representan el 98% del total seleccionado. Entre las observaciones hechas por el ente fiscalizador destacan, en el rubro “Transferencia de los recursos”, fincar responsabilidades a funcionarios que omitieron abrir una cuenta especifica. Se suma la responsabilidad por omitir registros contables de 2 millones 100 mil pesos.

En la “Revisión de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable”, se determinó que el ayuntamiento incurrió en omitir la implementación al 100% de las cláusulas emitidas por el organismo. En el rubro “Destino de los Recursos”, se presume un daño a la hacienda pública por el subejercicio de 481mil 40 pesos de recursos del fondo de Infraestructura Social, de los cuales se desconoce su destino y aplicación.

Se suma el daño por un millón 165 mil 16 pesos destinados a la obra denominada “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panamá, tramo Ignacio Zaragoza a Democracia, colonia Libertad”, la cual no beneficia a la gente en extrema pobreza y se encuentra fuera de la zona de atención prioritaria. Por los mismos términos, se suma el daño que supera el millón 849 mil 823 pesos en la obra “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Girasoles, fraccionamiento Girasoles”. Aparece un daño por 160 mil pesos utilizados en un concepto no considerado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos de Infraestructura Social.

En el rubro de “Transparencia del ejercicio de los recursos”, no se presentó evidencia de haber tenido en el ejercicio 2018 un plan anual de evaluación para el Fondo de Infraestructura Social. En el apartado de “Obras públicas”, la ASE determinó como universo para fiscalizar solo 7 obras. Hay sanciones que se omitieron en la convocatoria de la licitación pública en Compranet. Tampoco presentaron la validación de la dependencia normativa. Se añade un daño a la hacienda pública por un millón 49 mil 631 pesos por concepto de sobreprecio en las obras auditadas. El total de las observaciones encontradas al Fondo de Infraestructura Social fue de 24 observaciones que generan un importe a comprobar de 4 millones 705 mil 570 pesos, de los cuales la administración encabezada por Hernández Villafuerte no ha resarcido un solo peso.

El tercer fondo auditado a Soledad es el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Se tomó como universo un monto de 189 millones, 303 mil 72 pesos, aunque sólo revisaron 189 millones 11 mil 152 pesos, que corresponden al 99.8% de la muestra seleccionada. Destacan observaciones en el rubro de “Transferencia de los recursos”, donde se presume un daño a la hacienda pública por 2 millones 330 mil pesos por traspasos a cuentas bancarias distintas al segmento elegido. Existe una sanción administrativa a funcionarios que omitieron enterar al Servicio de Administración Tributaria el impuesto sobre la renta correspondiente de enero a diciembre de las nóminas pagadas. Se omite responsabilidad para castigar a funcionarios que registraron en lo contable y presupuestal, movimientos de años anteriores.

Se agrega un castigo por el pago de 149 mil 998 pesos en combustible y aditivos según facturas del 2018. Sin embargo, tales gastos no pertenecen al ejercicio revisado. Se constató que los consumos se llevaron a cabo en 2017. Se suma otra sanción por no contar con un padrón actualizado de los programas sociales como “Adulto mayor”, “Madre soltera” y alimentario. Son expedientes de administraciones pasadas. Se señala una sanción por adjudicación directa de contratos por el monto de 2 millones 500 mil 243 pesos, cuando se tuvo que haber hecho bajo la modalidad de “licitación pública”. Se presume otro daño más a la hacienda pública por 318 mil 500 pesos por pago de honorarios en el 2019. Sin embargo, no existen registros contables y presupuestables en el ejercicio 2018 sobre el pasivo ni documentos que justifiquen el gasto.

En el rubro “Destino de los recursos”, se señala un daño económico de 616 mil 114 pesos por subejercicio de recursos. No se ha comprobado ni justificado que hayan sido devueltos a las arcas municipales. Se emite sanción al municipio de Soledad que recibió 6 millones 15 mil 790 pesos para la realización de proyectos de seguridad pública, importe que representó el 3.2% de los recursos del Fortamund 2018. Los servidores públicos incumplieron al no utilizar por lo menos el 20% de los recursos destinados para seguridad pública.

En el rubro “Transparencia del ejercicio de los recursos”, se emite responsabilidad a los servidores públicos que en 2018 omitieron disponer de un plan anual de evaluación del ejercicio. En el rubro “Obra Púbica”, la ASE tomó como universo para auditar solo 9 trabajos, de los cuales destacan observaciones que 6 no se adjudicaron de acuerdo a los montos de máximos y mínimos. Hay irregularidades por parte de servidores públicos que omitieron el cumplimiento de los requisitos normativos requeridos para la adjudicación de por lo menos 2 obras.

Se suma un castigo por omitir el dictamen de excepción al concurso de 7 obras. En dos se sanciona por omisiones al no presentar el registro estatal único de contratistas. Se presume el daño a la hacienda por 6 mil 900 pesos en una obra que presenta conceptos fuera de especificación. Se suma otro daño por 3 millones 182 mil 539 pesos por concepto de sobreprecios en 5 obras. Gastos extras que no fueron comprobados ni justificados. Se presume un daño por 316 mil pesos en 5 obras donde se pagaron volúmenes en exceso. Se solicitó aclarar el gasto de 4 millones 789 mil 206 pesos por concepto de documentos faltantes en una obra donde no se justifica el gasto. Se pide al ayuntamiento haga una devolución íntegra de los recursos. En el rubro de “Adquisiciones, arrendamientos y servicios”, se omite responsabilidad sancionatoria a funcionarios públicos por omitir documentos comprobatorios al adquirir 6 desbrozadoras con recursos del Fortamund.

La ASE registró 39 observaciones de las cuales 12 fueron solventadas. Las 27 restantes generaron 6 pliegos de observación, 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción de comprobantes fiscales y una solicitud de aclaración. En total, las 39 observaciones generaron un importe por 6 millones 770 mil 49 pesos, de los cuales se solicita aclarar 4 millones 789 mil 206 pesos, de los que el ayuntamiento no ha resarcido un centavo.

 

 

 

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Gilberto Hernández Villafuerte se niega a informar sobre renta de vehículos para seguridad pública

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A casi un año de haber alquilado 30 vehículos Aveo, 20 camionetas F150, 10 motocicletas, una unidad medica de proximidad social, una unidad para atención y protección social y una ambulancia correspondientes al fallido “Plan Cuadrante”, el edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, mantiene en total opacidad los datos acerca del costo de la renta y nombre del proveedor al que se los adquirieron.

Ante la falta de informes que esclarezcan los recursos públicos desembolsados para el “Plan Cuadrante”, la administración de Hernández Villafuerte expone que la renta de vehículos es de carácter “reservado”. Tal medida se tomó en una junta de cabildo. Sin embargo no existen detalles comprobatorios que respalden su postura. Violenta los derechos de la ciudadanía que debe conocer números públicos.

 

A la arbitrariedad se suman las observaciones que hizo la Auditoria Superior de Estado al revisar la última cuenta pública. En uno de tantos reclamos, destacó que en el tema de seguridad, en el 2018 incumplió destinar por lo menos el 20% de los fondos del ramo para cuidar la vida y patrimonio de los ciudadanos. Se manejaron recursos por 189 millones 303 mil 72 pesos. Hernández apenas canalizó el 3% por ciento, equivalentes a 6 millones 15 mil 790 pesos.

La ASE estableció que se podrían fincar cargos a los funcionarios implicados en los manejos negativos. El munícipe repite el manejo fraudulento de la hacienda, como lo hicieron antes sus jefes, sus antecesores, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.

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Azuara, coludido con Aguilar, doblan con chicanas a los hermanos Cruz Paulín

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Con un madruguete, el ex tesorero del comité municipal del PAN en Soledad y tres años de militancia, Heriberto Miranda Palomo, se impuso con 110 votos en la dirigencia del partido. Doblegó con artimañas a su contrincante, José Cruz Paulín Rojas, que obtuvo 72 sufragios. La asamblea se cerró con 139 militantes. Debió terminar a las 2 de la tarde de acuerdo a la convocatoria, pero concluyó a las 3:15 horas, más de dos horas de diferencia y con 181 electores. En el conteo, sobró un voto. La delegada Lidia Arguello Acosta dijo: «si lo damos a Cruz Paulín, sumaría 73. Un voto de más o menos, no cambia el proceso». Cruz Paulín advirtió que impugnará los comicios por falta de equidad y una serie de chicanas. Aun con el mando de la estructura del PAN en la entidad, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, igual que hace más de tres años en su carácter de presidente estatal, sacó de la contienda para dirigir el comité municipal del PAN en Soledad al ex legislador local, Raúl Paulín Rojas e imponer a su alfil Emanuel Filiberto García Castañón.

Ahora se repite la historia al bloquear a Cruz Paulín y su planilla. Impusieron a Miranda Palomo, tesorero del comité municipal y presidente en funciones, ya que García Castañón pidió licencia para competir como regidor, cargo que también ostenta. El objetivo de Azuara es controlar el consejo político estatal del partido, la comisión permanente donde tiene mayoría y decidir las próximas candidaturas. Soledad después de San Luis es el segundo municipio con mayor número de habitantes y electores. El diputado federal le puso un cerco al dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar, al que habrá de someter para que respalde como candidato a gobernador al empresario Marcelo de los Santos Anaya, hijo del ex mandatario Marcelo de los Santos Fraga. Aunque no es panista, los cabildeos en la élite financiera lo ubican como uno de los favoritos. Se estima que Aguilar se coludió con Azuara para vetar a Paulín Rojas y mantener el control del comité de Soledad a través de un grupo de jóvenes tránsfugas del PRI y Movimiento Ciudadano, que sin rubor, sirven en los hechos a los ex alcaldes del PRD, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, que tienen de subordinado en la presidencia municipal al obediente Gilberto Hernández Villafuerte. “Estamos con el edil, que nos apoya”, dice sin inmutarse Filiberto García Castañón.

Los alfiles de Azuara sumaron al equipo a Roberto Almanza Baruch, aliado de los hermanos Raúl y José Cruz Paulín en el 2009 pero ahora los traicionó. Le asignaron la secretaria general del partido. Almanza fue presidente del comité municipal en el periodo 2009-2013. En octubre del 2013 extendió una carta de derechos a salvo a Cruz Paulín para que participara en las elecciones del consejo político estatal del partido, donde fue integrante en el lapso del 2014-2016. A 6 años, como secretario del comité municipal, le negó el registro, por faltarle el mismo documento. Otro aliado del grupo que sirvió para frenar a Paulín Rojas y su planilla es el asistente de fortalecimiento interno del comité estatal y representante del comité organizador de las elecciones, Óscar Sebastián Campos Amaro, que ostenta el cargo de enlace entre la comisión estatal y municipal de procesos. Campos, antes de llegar al PAN, estuvo en las filas del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. García Castañón y Miranda Palomo militaron en el Partido Movimiento Ciudadano, de donde emigraron al blanquiazul, arropados por Azuara Zúñiga. Inamovibles por sus nexos con Aguilar Hernández.

García Castañón y su equipo pisotearon la convocatoria para renovar la dirigencia y los derechos políticos electorales de Paulín Rojas y su grupo. No le entregó la carta de derechos a salvo, por no pagar las cuotas al partido cuando fue regidor en periodo del 2009-2013. Los afectados emprendieron una lucha jurídica y mediática contra sus detractores. Acusaron a Azuara de mandar en el PAN. A Aguilar de meter la manos en el proceso. A García Castañón y Miranda Palomo, ser lacayos de los Gallardo. Al árbitro Campos Amaro, apoyar de manera abierta a Miranda. Promovieron un juicio en el Tribunal Estatal Electoral por violación a los derechos políticos. Denunciaron la falta de equidad y transparencia en el proceso. La defensa de Paulín espera que el resolutivo lo favorezca. El viernes 15 de agosto la autoridad electoral deliberó por casi cinco horas el asunto. Suspendió la sesión y la reanudó sábado 17, un día antes del proceso. El tribunal Electoral tenía tres posibles resoluciones, ordenar el registro de Cruz Paulín. Emitir otra convocatoria porque existe inequidad o anular los comicios y solicitar se reponga el trámite.

La ruta que siguió el PAN de Azuara para enterrar a Paulín Rojas

El domingo 21 de julio del 2019, el comité municipal del PAN en Soledad, encabezado por García Castañón, dio a conocer la convocatoria para renovar la dirigencia del partido. Expuso que la elección se llevaría a cabo mediante el voto directo, libre y secreto, el 18 de agosto. Se podían registrar todos los interesados. Se comprometió actuar con igualad y transparencia. Pero el documento empezó a circular el 18 de julio, un mes antes. En un acto abierto proselitismo, García Castañón convocó a su equipo para dar a conocer las bases. Acudió Miranda Palomo, Campos Amaro y Almanza. El grupo se tomó una fotografía con la mano en alto. Hicieron la señal de la victoria. Se evidenció la cargada a favor de Miranda. El sábado, día inhábil, abrieron las puertas del partido para el registro de su candidato. Se estableció que iban a apuntarse de lunes a viernes. Además, el comité municipal no puso a la vista el listado nominal de los militantes. García Castañón, como presidente, recibió la solicitud de registro de Miranda, cuando le correspondía a Palomo.

Paulín solicitó al comité municipal la carta de derechos a salvo del 2019, uno de los requisitos que estableció la convocatoria para participar en la contienda. El 25 de julio, el presidente García Castañón, le negó la carta de derechos. Alegó tener pruebas de no haber cumplido con la totalidad de las aportaciones. Los órganos del partido en el estado y municipal establecen que tal facultad compete al secretario, no al presidente. El 29 de julio, Almanza le informó a Paulín que el comité organizador detectó la falta de la carta. Asentó que en base a la convocatoria, tenía 24 horas para entregarla. Terminaron por dejarlo fuera de la competencia. Solo registraron a Miranda Palomo. Paulín Rojas presentó un amparo ante el Tribunal Estatal Electoral por violar sus derechos políticos. El grupo convocó a una rueda de prensa donde acusó al comité municipal, negarle la carta de derechos. Aludió a la intromisión de Juan Francisco Aguilar, ya que algunos militantes del partido, son empleados del comité estatal y acompañaron en el registro a Miranda. Los afectados advirtieron que buscan perpetuarse en el PAN de Soledad para servir a los Gallardo.

Acusaron a García convertirse en todólogo ya que es presidente, titular del comité organizador del proceso, regidor, el que barre las banquetas, levanta la basura y riega las plantas. Desmintieron deber cuotas. Culparon a Azuara de vender el PAN en Soledad, junto con Aguilar. Paulín dijo confiar en que la sentencia del tribunal sea favorable. El lunes 6 de agosto, para contrarrestar el golpe mediático, la dirigencia estatal ofreció una rueda de prensa. Informó sobre las elecciones en 16 comités municipales y la conformación de 34 planillas de unidad. Lo calificaron como un logro no visto en la historia del PAN en San Luis Potosí. El encuentro con los medios fue interrumpido por Cruz Paulín, su grupo y hermano, el ex legislador local, Raúl Paulín Rojas. “Te dijimos que nos dejaras jugar en Soledad, sin intromisiones. Queremos cancha pareja, árbitro vendido, buscamos legalidad, no más imposiciones”. Denunciaron que había personal del comité estatal en franco apoyo a Miranda, incluso en horario de trabajo. Reclamaron que nunca los atendió. Mostraron una serie de fotografías como pruebas de parcialidad y falta de transparencia.

Aguilar aseguró no meterse en el proceso interno. “Es válido que se manifiesten, respetamos la libertad de expresión. Si el tribunal dice que vayan a la contienda, se hará”. Se comprometió a que en caso de demostrarse que trabajadores del comité estatal hayan intervenido en el proceso interno, serán cesados. Atendió en su despacho a una comisión de manifestantes. Le reclamó a Raúl Paulín los hechos, ya que eran amigos. Le aclaró que la amistad y la política son distintas. Pidió la presencia del presidente de la instancia organizadora de procesos estatales, Guillermo Gireau Zarandona. El grupo de Paulín mostró fotografías de los empleados del comité que asistieron al registro de Miranda y otra en abierto apoyo. Le expusieron la serie de violaciones a la convocatoria en que incurrió Heriberto García. Aguilar preguntó a Zarandona quien era el representante. No recordó el nombre y pidió el expediente ante los inconformes. Entonces dijo que era Óscar Sebastián Campos Amaro. Aguilar solo movió la cabeza, prometió investigar”.

En una breve entrevista, Paulín Rojas señaló: “no quedamos en nada. Van a citar la parte contraria para ver en qué condiciones se encuentra el proceso. Y seguir con el diálogo. Nosotros estamos en pie de lucha para hacer valer nuestro derecho y participar. Usaremos todos los medios lícitos que tengamos al alcance”. Mencionó que además de Campos Amaro, otros empleados del comité estatal apoyan y forman parte de la planilla de Miranda Palomo, como Margarita Vargas Zamarrón, recepcionista y Erasmo Briones, aviador. Asentó que quieren creerle a Aguilar que no tiene las manos adentro, pero antes se comprometió y no cumplió. Admitió estar en desventaja contra Miranda que tenía más 13 días de campaña. No podía iniciar porque no habían reconocido su candidatura. En caso de contender, confió en ganar con un mínimo margen, porque los panistas en Soledad ya se cansaron de ser ignorados.

Dijo que no los dejan llegar a la competencia, porque resultan incómodos. Son difíciles de manipular. Señaló que con Miranda Palomo, el PAN ha tenido resultados desastrosos. En la pasada elección para la presidencia municipal llevaron al partido del primero y segundo lugar hasta el cuarto. Juntaron más de 7 mil votos. Tuvieron una diferencia de 20 mil votos respecto al tercer sitio. Apenas por encima de Conciencia Popular y Verde Ecologista. Si el equipo de Azuara se mantiene, los Gallardo se quedarán 3 años más y en Soledad se puede concretar la derrota del PAN en la entidad. La dirigencia estatal y la Comisión Organizadora de Procesos le dieron a Paulín y su planilla la última embestida. Mediante un boletín informaron que los trabajadores sumados a su contendiente, solicitaron permiso de ausentarse el 25 de julio. Un medio impreso local publicó que Paulín debía 65 mil pesos, por lo que no le dieron la carta de derechos a salvo. Paulín solicitó el 8 de agosto las instalaciones del comité estatal para una rueda de prensa. Aguilar le contestó que debía informar los temas a abordar, el objetivo institucional, medios invitados para adaptar el área donde se llevaría a cabo. El viernes 12 entregó el documento. Aunque ya tenía previsto hacerla el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Afuera del inmueble colocaron un toldo, mesas con manteles blancos, azules y sillas. La dirigencia cerró todos los accesos al edificio.

Paulín Rojas desmintió tener adeudos. Exhibió una carta de derechos a salvo firmada en octubre del 2013 por el entonces presidente Roberto Almanza. Se la extendió un año después de haber terminado su gestión como regidor. Destacó que 7 años después, en lugar de garantizarle los derechos partidistas, se los niegan en franco abuso de atribuciones. Exhortó a otros afectados, enfrentar las arbitrariedades. Exigió elecciones libres, sin dirigencias manipuladoras ni coercitivas del voto. Acusó a García Castañón y Aguilar Hernández de estar en contubernio para imponer un comité endeble. Les mintieron cuando se habían comprometido a buscar la unidad al lado de los jóvenes. Los integrantes de la planilla, Laura Medina Mata, Arturo Martínez Ibarra y Jesús Rodríguez, manifestaron que se violó la convocatoria. No permitirán se vuelva a vender el PAN a los Gallardo como hace dos años. Mostraron una serie de fotografías donde el equipo de Azuara y Aguilar incurrieron en fallas al apoyar de manera abierta a Heriberto Miranda.

Martínez Ibarra levantó una placa donde aparece Óscar Sebastián Campos Amaro, cuando era del Frente Juvenil del PRI. Ahora está en el PAN en fortalecimiento interno. “No podemos dejar la iglesia en manos de Lutero”. Paulín asentó: “los mismos que buscan perpetuarse en el poder, vendieron el PAN por una regiduría. Hoy lo quieren hacer otra vez”. Mostró una fotografía donde Heriberto Miranda, entonces presidente, aparece en una cena navideña con el edil Gilberto Hernández Villafuerte y el resto del cabildo. Los quejosos reclamaron a García Castañón no haga un posicionamiento en contra del negativo desempeño del munícipe. No actúa porque lo respalda en términos financieros. El mismo equipo usó Azuara para dejar fuera de la contienda al ex diputado local, Raúl Paulín Rojas, que entregó su expediente al entonces delegado, Álvaro Elías Loredo, que lo envió al comité estatal. Le sustrajeron la hoja de su currícula. El comité organizador dejó sin efecto el registro de Paulín Rojas por falta del documento.

Pero la última decisión la diría el tribunal que conforman los magistrados Óscar Calixto Sánchez, Yolanda Pedroza Reyes y Rigoberto Garza de Lira. No tiene otra salida que resolver a favor de los demandantes. El equipo que evitó el registro a Paulín Rojas generó un embrollo jurídico. Solo aportaron como pruebas, unas actas del partido donde algunos de sus integrantes aducen que Paulín no pagó sus cuotas. Los acusados mostraron una carta donde el hoy secretario asentó que no tenía ninguna deuda. Y si existiera, la dirigencia debió notificarlo para cerrarla. Tampoco lo citó algún juzgado. La ley electoral establece que si en tres años no cubrieron algún monto, en automático desaparece. Paulin Rojas fue dirigente municipal del PAN en Soledad cuando ganaron la gubernatura con Marcelo de los Santos. La presidencia municipal con Juan Manuel Galarza Velázquez. La diputación federal y local con Agustín Leura González y Raúl Paulín Rojas. Nueve regidurías.

Se puso la primera piedra del edificio y concluyeron una planta. José Hernández Rodríguez construyó la segunda planta y puso el techo. Roberto Almanza colocó el piso del auditorio. García Castañón sacó hace año y medio, apenas 7 mil votos y quedó como la cuarta fuerza política. Ocupa la única regiduría. En días recientes, el inmueble no tenía luz, agua ni teléfono, casi estaba cerrado. En las últimas votaciones para la dirigencia estatal, participaron 235 consejeros. Francisco Aguilar Hernández obtuvo 103 puntos. Manuel Acuña 79 y Jorge Lozano 53. Los derrotados están molestos por su falta de mando. Quieren vengarse. Divulgan que el 75% de las estructuras internas están en manos de Azuara y del diputado local Rubén Guajardo Barrera. Soledad no fue el único municipio que vive hoy un proceso por la falta de equidad y transparencia. En Valles también levantaron la voz.