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Natalia Castillo plantea que el Interapas debe cobrar la cartera vencida, para resolver sus crisis financieras

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En San Luis Potosí existe un desabasto y mal uso del agua. Pero lo mismo ocurre en todo el mundo. Los estados deben implementar políticas públicas encaminadas a controlar el líquido, dijo la ex delegada del organismo operador, Interepas, en Soledad, Natalia Castillo Vera. Señaló que la agenda 2030, pone énfasis en los temas ambientalistas, ya que no sirve tener el insumo si está contaminado.

Afirmó que el gran problema es garantizar el servicio y la cartera vencida. En el primer caso, el recurso se desperdicia en el subsuelo, por el pésimo sistema de abastecimiento. La gente no necesita que las calles estan bonitas por encima, mejor que todas las líneas del agua funcionen. “Es como el cuerpo humano, de qué sirve estar guapísimo por afuera si los huesos no sirven. Es igual con las aceras, que están de la chingada. En el fraccionamiento Puerta Real, están colapsadas, llenas de mierda. Hay fugas y se contamina el agua al cruzarse con el drenaje”.

Consideró que el alcalde de la capital, Enrique Galindo, en lugar de pedir ayuda al gobierno federal, para atender la crisis hídrica que padece San Luis, debe interconectar el acueducto del Realito con los pozos que maneja. Castillo lo hizo en su etapa de funcionaria, con la ayuda de los mejores valvulistas. “Actuamos en dos complejos que no estaban unidos. El agua se llevó de un pozo lejano a otro más cerca, ya que la infraestructura se hizo con defectos. Lo mismo se puede efectuar en San Luis, pero Galindo optó por una medida populista, ya se va a la campaña, necesita dinero y mejor le echan la culpa al Realito”.

Sostuvo que el gobernador Ricardo Gallardo tampoco aporta soluciones. Se metió al Interapas, que no le compete. Tampoco deja que nadie lo haga. Si Galindo se mueve, inicia en su contra una guerra mediatica. Expuso que los medios informativos, no han publicado todo el desabasto que hay. La mayor parte del dinero lo gastan en pipas de particulares.

Vera expuso que el Interapas en Cerro de San Pedro, maneja dos válvulas que van hacia el pozo La Zorra. Abastecen la cabecera municipal, pero la cobra la presidenta municipal, Abigail Nava Loredo, como lo hizo antes su tía, Rosaura Loredo. Es como funciona el cacicazgo que tiene más de 15 años. Incluso lo extendieron a Soledad. Reveló que en la delegación, hubo familiares de la ex edil, como su hijo, Jesús Nava, que asistía a la dependencia, pero cobraba en natal municipio. En su memento denunció el caso del “aviador”.

Señaló que el caudal La Zorra, estaba muy bajo para poder equilibrar lo que se robó Loredo, como ahora lo hace su sobrina, que saca ventaja del Interapas y manipula las dos válvulas para abastecer al que le conviene. “Galindo lo sabe, pero calla. Lo mismo pasa en Soledad, hay líneas de interconexión en Rivera, donde grupos de paracaidistas extraen el líquido para surtir el fraccionamiento Minas de San Pedro”.

La litigante expuso que Galindo le debe cobrar a su homóloga de Soledad, Leonor Noyola, pague más de 30 millones de pesos de adeudos de antaño. “No lo hace porque es la edil es títere del gobernador Ricardo Gallardo. El débito inició con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, se alargó con el patiño Gilberto Hernández Villafuerte y permanece sin saldarse a la fecha”.

En su etapa de alcalde de la capital, Xavier Nava corrió a un ejército de seguidores de los Gallardo, que cobraban sin trabajar. Leonor Noyola ya no insistió en desincorporarse, necesita cubrir los costos operativos, energía eléctrica, derechos de extracción, que son carísimos. Advirtio que el municipio conurbado tiene un declive en todos los servicios. “Hay muchos porristas. Los regidores le huyen al tema de la violencia y el agua. Les faltan demasiadas interconexiones. A Noyola le vale madre. Los pozos los tiene en el abandono”.

Sostuvo que el negocio del agua regresó con los Gallardo al Interapas. “Mientras estuve, no pudieron robar, ahora que tienen un delegado que manejan, cometen ilícitos. Tienen ganancias con la distribución populachera que hacen con Cerro de San Pedro a través de las dos válvulas. Las alcaldes ordenan para dónde enviar el agua, a quién se regalan u ofertan. En San Luis explotan el uso de las pipas, se lo dan a quien les conviene. Volvió el mismo desmadre que antes acabó Ricardo Purata. A nadie le interesa invertir en las líneas distributivas. El gobernador hace sus pinches obras a toda madre”.

Censuró que el Interapas olvidara el cobro de la cartera vencida. La mayoría de los morosos son urbanizadores, prestadores de servicios e industriales. Citó como ejemplo, los propietarios de Villa Magna, que no pagaron los derechos para reconectarse. Dejaron que los hicieran los usuarios. Les pueden cobrar cinco años de penas. Afirmó que Galindo no los somete porque busca reelegirse o el senado.

Castillo expuso que en Soledad, recuperó cartera vencida y cobró el reparto de agua que hizo en pipas. Creó un manual para explicarle al usuario que el organismo está obligado a surtirle, pero debía pagar el servicio. Y como usó un camión cisterna, le añadió una cuota mínima. Refirió que el segundo problema

es la distribución. “El conflicto no es extraerla. Hay los suficientes metros cúbicos suficientes para tener un equilibrio en la ciudad. También incide el derroche. Hacen falta recorridos del personal para detectar fugas, algunas afuera de los pozos”.

Sobre las constantes fallas del Realito, se pueden resolver si aplican las reglas del contrato. Hay cláusulas de rescisión y daño moral al organismo. No lo hacen por los personajes involucrados. “Hay muchos títeres, intereses políticos y económicos. Lo que necesita la zona metropolinana es nueva infraestructura, que construyan profesionales, no gente que anduvo en la campaña política”.

Aludió a los recientes fraccionamientos, que deben tener sus propios pozos. Les otorgan licencias sin un estudio de impacto ambiental. “La autoridad responsable, no sabe cuánta agua sacan, la que se distribuye y llega al usuario, para cobrar por el servicio. Difundir que se acabó y pedir ayuda, creó psicosis. Hay que analizar los números de las sustracciones realizadas con el ex edil Xavier Nava y los de Galindo, para saber si hay variaciones”.

Añadió que el ayuntamiento no ha considerado las deudas que tiene con la Comisión Nacional del Agua. Los altos costos de luz. El cobro de la cartera vencida, si se asignó a una empresa o lo hace el mismo organismo. Incluso, pedir dinero a la Organización de las Naciones Unidas. Sugirió firmar un convenio con el gobierno federal, sentarse con el presidente de la república y decirle que existe un problema para distribuir el agua. Se está en una zona emergente. El agua se puede sustraer, pero no llega al usuario. Entonces, con sus empresas o incluso el ejército, que tienen especialistas en todas las áreas, conozcan la problemática y ayuden a resolverla. Dicen que no hay agua, pero tienen 139 pozos. Sin embargo, no explican cuánto extraen”. Castillo expuso que las reconexiones se pueden negociar con los dueños de los fraccionamientos por medio de obras en comodato. En el caso de tiendas como Sam´s o Costco, negociar que arreglen el drenaje de una colonia, como lo hizo con HEB en su momento

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Hernández Villafuerte y sus jefes, los Gallardo, en Soledad, dejaron deudas por consumo de agua, arriba de los 18 millones de pesos

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El ayuntamiento de Soledad le debe al Organismo Operador de Agua Potable, Interapas, 18 millones 181 mil 658.68 pesos por consumo, drenaje y saneamiento. La deuda se originó en el 2015, en el primer trienio de Gilberto Hernández Villafuerte, hoy diputado federal. Se protegió bajo la sombra de su compadre y jefe, el edil de la capital y presidente de la junta de gobierno del mismo ente, Ricardo Gallardo Juárez. En la segunda parte de su mandato, 2018-2021, se justificó con el pleito frontal que tuvo con su homólogo, Francisco Xavier Nava Palacios. Entonces empezó una campaña para separarse de los demás municipios que integran el corporativo.

Los más de 18 millones de pesos corresponden hasta el 20 de marzo del 2020, un año y cuatro meses antes que Hernández terminara su mandato y asumirá la curul federal. Falta cuantificar los 14 meses del ejercicio de la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, por lo que el monto podría sumar los 25 a 30 millones de pesos. A principios del 2018, la delegada del organismo en Soledad y Cerro de San Pedro, Nadia Natalia Castillo Vera, requirió por escrito a Hernández el pago. Para evitarlo, exigió destituirla e inicio una campaña para desincorporarse. La revuelta tiene más de cuatro años sin lograr avances.

Los inmuebles del ayuntamiento, algunos propios y otros en comodato, que no pagaron cuotas, suman 88. Tal vez existan más, pero trabajadores municipales impidieron a las brigadas de la delegación, continuar las verificaciones físicas. Sobre los registrados, 50 corresponden a contratos o cuentas pendientes del 2015 a febrero 2021, por 7 millones 760 mil 231.68 pesos. Solo el edificio de la presidencia municipal, hasta el 13 de marzo del 2020, debía un millón 413 mil 671.17 pesos. El comedor comunitario que se localiza en la calle Tormenta 258, en la colonia Puertas del Sol, 154 mil 93.98 pesos. Las 13 purificadoras de las colonias y fraccionamientos Quintas de la Hacienda, Genovevo Rivas Guillen, San Francisco, San José, Privadas de la Hacienda, Los Cactus, La Virgen, La Constancia, San Felipe, San Francisco, La Lomita, Valle de San Isidro, Valle de Santa Lucía, Villa de Jardín, todas con tomas industriales, deben 3 millones 312 mil 395 pesos. La purificadora que se ubica en la avenida Florencia 296, en el fraccionamiento Jardín, debe 703 mil 924 pesos.

En el mismo grupo se ubica a ocho oficinas. La presidencia municipal debe un millón 501mil 359.93 pesos. Los dos los Centros de Usos Múltiples de la colonia Valle de los Cactus, 314 mil 978.96 pesos. Un local del programa “Tortillas Gratis”, 158 mil 540.98 pesos. Un consultorio del programa Atención Médica y Medicinas Gratis, 157 mil 14.98 pesos. El panteón Magdaleno Cedillo, 628 mil 82.36 peos. Las oficinas del registro civil de la colonia de Quintas de la Hacienda, oficialía primera y segunda del registro civil, localizadas en la colonia San Rafael y fraccionamiento Praderas del Maurel, 200 mil pesos. Las tres casetas de vigilancia de Hogares Populares Pavón y Villas del Potosí, 78 mil 789 pesos. La Asociación Ganadera local, 15 mil 556 pesos. El DIF que se ubica en la colonia San Luis 1, 6 mil 503 pesos. El último pago se hizo el 21 de abril del 2008. Es decir, no abonan desde las gestiones de Ricardo Gallardo Juárez, José Ricardo Gallardo Cardona, dos periodos de Gilberto Hernández Villafuerte y lo que va de Leonor Noyola Cervantes. También debe la biblioteca, capilla de velación y la guardería “El Capullito”.

No conforme con la ristra de débitos, el ayuntamiento conectó a la red, de manera clandestina, otros 38 espacios públicos e industriales que tiene bajo su férula, por los que debe al organismo, otros 10 millones 421 mil 427.4 pesos, de los cuales, 3 millones 749 mil 836.80 pesos, corresponden a 10 purificadoras que se ubican en los fraccionamientos El Morro, Genovevo Rivas Guillen, Benito Juárez, Azaleas, Praderas del Maurel, San Luis 1, Primera de Mayo y 21 de Marzo. El resto, 6 millones 671 mil 590.24 pesos, corresponde a 28 espacios públicos, entre los que destacan, 13 unidades deportivas ubicadas y áreas recreativa en Haciendas de los Morales, Quintas de la Hacienda III, La Sierra, Nuevo Testamento, Pavón ll, Morelos 2, San José, San Felipe, Valle de Bellavista, Unidad Habitacional San Antonio, Bosques del Oriente y Primero de Mayo.

En el grupo de espacios públicos que tienen tomas clandestinas, también se localizan los consultores médicos de la las colonias San Rafael y Hogares Populares Pavón, dos tortillerías, una en la colonia 21 de Marzo y otra en La Sierra. Los Centros de Desarrollo Comunitario en Genovevo Rivas Guillén, segunda sección y el de la 21 de Marzo. Las comandancias de policías de las colonias Morelos ll

y Nuevo Testamento. Las oficialías, séptima y tercera del registro civil de San Felipe y de la cabecera de Soledad.

En octubre del 2018, el alcalde de la capital y presidente de la junta de gobierno del Interapas, Francisco Xavier Nava Palacios, nombró como director del organismo a Fermín Purata Espinosa. El titular designó como delegada del organismo en Soledad y Cerro de San Pedro, a la controvertida litigante, Natalia Castillo Vera. Se rompió con el monopolio del agua de los Gallardo. La embestida puso contra la pared a Gilberto Hernández, que intentó desalojar a Castillo Vera y amenazó con desincorporar al municipio del organismo. Nava mantuvo a Castillo, quien llevó a cabo un arqueo exhaustivo de las cuentas de todos los usuarios morosos e irregulares que tienen contratado el servicio. Además revisó cada una de las tomas clandestinas que corresponden a inmuebles públicos y domésticos de particulares, pero son centros de usos múltiples, purificadoras, consultorios médicos, oficinas del registro civil, comedores industriales y tortillerías que corresponden a locales que forman parte del acervo del ayuntamiento, pero se encuentran en comodato con particulares.

Castillo informó a Hernández de la falta de pagos y lo invitó a saldarlos. El munícipe designó al director de infraestructura, Rubén Alejandro Gutiérrez Almazán, para que fuera el enlace con el organismo y regularizar los adeudos y tomas subrepticias. Pero nunca cubrió el débito. Se negó a llevar a cabo un convenio. El 11 de octubre del 2019, informó a Hernández que de acuerdo a las revisiones periódicas del organismo y cotejado con el análisis físico de los inmuebles que cuentan con los servicios, se detectaron 28 inmuebles públicos del ayuntamiento que carecían de registro y contratos. Es decir, domicilios públicos conectados a tomas ocultas de agua, drenaje y saneamiento. Le requirió el pago con las cantidades actualizadas per no cumplió. Argumentó que el ayuntamiento estaba exento del pago de contribuciones y en el mismo rubro pretendió sumar la excepción del pago a los servicios públicos, cuotas y tarifas. Pero se olvidó del drenaje y saneamiento.

El 4 de febrero del 2021, cercanas las elecciones de gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, Castillo requirió por tercera vez a Hernández el pago actualizado de la deuda que ascendió a 18 millones 181 mil 658.68 pesos. En un documento de cuatro cuartillas, calificó el argumento de la negativa de pago, como una salida sin sustento. Como autoridad, estaba obligado a cumplir sus obligaciones. Refirió que el argumento erróneo era para ganar tiempo, pero cada mes aumentaba.

Los adeudos existen desde hace más de cinco años, cuando estuvieron como delegados del organismo, personas afines, por lo que omitieron requerir a los responsables, el pago y regularizar las tomas clandestinas, lo que ocasionó el detrimento al patrimonio del organismo. La proliferación de fallas en los sistemas, cuentas y tomas clandestinas que se abastecen del servicio del organismo. Destacó que la falta de pago por contratos, está registrado en actas, con todas las incidencias, inspecciones de tomas clandestinas, videos y fotografías. Refirió que Hernández fue omiso al pago e incumplió como servidor público. Las negativas resultaron oficiosas y públicas, por sus múltiples declaraciones a la prensa.

Requirió al entonces edil en el escrito, cantidades específicas de las tomas regulares, clandestinas públicas, industriales e irregulares. Con nombres, domicilios, colonias, servicio, giro y saldo. Aclaró que el número de usuarios con contratos y tomas ocultas, sumaron 88. Fue lo que se pudo localizar en el sistema, luego que se le negó todo acceso a informes de todos los inmuebles que maneja el ayuntamiento. Castillo suspendió de manera temporal y definitiva, algunos servicios de agua potable y drenaje sanitario, para obligar al munícipe, cubrir los adeudos o entrar en diversos programas de apoyo para regularizar la deuda. Advirtió que de no cumplir con el requerimiento para cubrir el pasivo, más el pago los derechos de conexión a la red de agua de agua potable y drenaje, se iban a establecer multas de 100 a 500 Unidades de Medidas y Actualizaciones, que se incrementan a diario, según la ley de cuotas y tarifas vigente.

Se determinó que Hernández tenía un plazo de tres días hábiles a partir de sr notificado, para que nombrara a alguien que ayudara a regularizar la deuda o suscribir un convenio de apoyo, para evitar las consecuencias de su morosidad. O de lo contrario, le iban a suspender el servicio y embargarlo. Se le aplicarían multas administrativas y podría hacerse acreedor a daños y perjuicios originados en detrimento del organismo. Sin olvidar que como servidor público, es corresponsable de las sanciones penales que por robo del fluido se le condene. Hernández Villafuerte nunca atendió el requerimiento administrativo y judicial de Castillo. Le echó la caballería encima, bloqueó el acceso a la delegación, a través de sus operadoras. La acusó de extorsión cambio de atender peticiones de conexiones a la red. La litigante le suspendió algunos servicios.

El incumplimiento del pago millonario provocó que algunos ciudadanos que rentaron inmuebles al ayuntamiento y otros asignados en comodato, estuvieron en riesgo de perder su patrimonio, como fue el caso de la señora Esther Castillo Pardo, a la que la delegación del Interapas, le envió una carta de embargo porque debía 634 mil 726 pesos por consumo. El domicilio se ubica en Villa Florencia 296, del fraccionamiento Jardín, con el número de contrato 295709. La dueña alquiló al ayuntamiento el local para que operara una purificadora que pertenece al programa Agua Gratis. La afectada le solicitó a Purata, requerir al ayuntamiento para que cubriera la deuda y evitarle un daño mayor.

El programa de agua gratis en garrafones es para los patrones de Hernández Villafuerte, la dupla Gallardo, un esquema de control político y un redituable negocio familiar. Es contradictorio que el ayuntamiento, no pagara la deuda que Hernández Villafuerte le dejó a su relevo, Leonor Noyola Cervantes, bajo la amenaza de separar a Soledad del organismo, para incumplir el pago por un servicio que se le asignó y otro que agarraron fuera de la ley. En un documento que relata el trabajo del primer año de gestiones, la edil informó asignar 11 millones 549 mil 556.44 pesos para activar 10 plantas purificadoras y beneficiar a 60 mil habitantes, a los que se les entregan 3 garrafones a la semana. La mayoría no cubren el servicio y otras operan fuera de la ley.

Noyola no es la única que reporto un desorbitante gasto en el programa. Hernández Villafuerte, en el 2021, cuando fue requerido para que pagara al Interapas, informó que en el mismo rubro, aplicó 43 millones 918 mil 723 pesos con el objetivo de darle mantenimiento a 50 purificadoras y beneficiar a 105 personas. En el 2014, el entonces edil, Ricardo Gallardo Cardona, instaló una red de garrafones gratuitos que operó a través de 38 purificadoras. En el informe del 2015, de los cuales sólo ejerció cuatro meses, el resto lo asumió el regidor José Luis Fernández Martínez, reportó que el ayuntamiento invirtió 2 millones 600 mil pesos para abrir 13 plantas purificadoras. En el 2016, como edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez impuso el mismo programa en San Luis.

En el primer año de gestiones, dijo que erogó 7 millones 95 mil 597 pesos en el rubro Plantas Purificadoras de Agua. Activó 13 purificadoras con entrega de cuatro garrafones semanales, sin costo. Gallardo Cardona ya anunció expandir el programa gratuito en colonias y localidades con mayores problemas de desabasto en la capital y otros municipios. En la primera etapa plantea instalar 50 purificadoras. Lo ideal es arreglar la red de agua potable, para que la gente acceda de manera directa a la llave.

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Titular del Interapas comparece ante el Congreso

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Las y los diputados integrantes de la Comisión del Agua, sostuvieron una reunión con el titular del INTERAPAS, José Enrique Torres López, a fin de informar sobre las acciones para resolver la problemática que enfrenta el acueducto El Realito; los avances del Programa “Cuenta Nueva y Borrón”, así como las inversiones para los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se tienen pendientes.

La diputada Dolores Eliza García, presidenta de la Comisión del Agua, indicó que se busca conocer de primera mano las acciones que se están llevando a cabo para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y solucionar la problemática con la empresa El Realito, por lo que no se descartan reuniones posteriores con la Comisión Estatal del Agua.

En su intervención, el titular de INTERAPAS reconoció que las fallas en la operación de la Presa El Realito se han recrudecido en este 2022, a un promedio de dos fallas por mes, por lo cual de octubre a la fecha se han registrado un total de 17 fallas; anteriormente, se registraba una cada tres meses.

Dijo que una falla, tarda siete días en restablecer el servicio, ya que el concesionario tarda tres días en la reparación, dos días más en llenar el acueducto y a INTERAPAS dos días más en llenar los tanques y redes para normalizar el servicio. El INTERAPAS y la Comisión Estatal del Agua pagan un monto de 20 millones de pesos, mientras que el concesionario paga 4 millones de pesos por sanciones por fallas.

El funcionario dijo que la problemática más fuerte se encuentra en un tramo cercano al municipio de Tierra Nueva, de 1,800 metros del acueducto que tiene que ser sustituido, ya que el problema es que cuenta con aire atrapado en la tubería que genera presión, y que según el concesionario, espera la opinión técnica de la CEA para realizar la sustitución a su cargo, por un monto de 150 millones de pesos.

Señaló que el INTERAPAS está planteando también una solución para quitar al Realito como fuente principal de abastecimiento de 32 colonias de la zona metropolitana, como es el mejoramiento de la Presa San José y de la planta potabilizadora en los Filtros y crear una potabilizadora en las instalaciones de Himalaya, poner a trabajar pozos en desuso, y cerrar circuito macrodistribuidor con un tubo de 5 kilómetros, con una inversión de 150 millones de pesos. Dijo que para atender a las colonias, se cuenta con 60 pipas, de las cuales 30 son concesionadas.

En lo relacionado al avance del programa “Cuenta Nueva y Borrón”, indicó que al corte del 10 de junio se han firmado un total de 23 mil 731 convenios con usuarios de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con lo cual han ingresado 15 millones 161 mil pesos al organismo, y se cuenta con casi 195 millones de pesos de los adeudos congelados, que serán cancelados y saldrán de la contabilidad de INTERAPAS.

Reconoció también que existe una deficiente atención a los usuarios, ya que cuenta con déficit de trabajadores, que no puede contratar por falta de recursos, por lo que pidió se reconsidere el contar con una tarifa justa para el próximo año.

Por su parte, el diputado José Luis Fernández, indicó que no se está en consideración un incremento a la tarifa, mientras no se mejore la calidad del servicio, y manifestó que se estará platicando con el titular de la Comisión Estatal del Agua para conocer el avance en el análisis de los trabajos que tiene planeado el concesionario, aunque según reconoció el mismo funcionario del INTERAPAS, esto podría estar enmascarando otros problemas de la misma red.

Señaló que en relación a los proyectos que señala el INTERAPAS para no depender del abastecimiento de El Realito, será importante que los ejecute “y seguramente tendrán su sustento técnico que no conocemos y es difícil que nos pronunciemos, pero todo lo que se tenga que hacer en materia de inversión para generar mejores condiciones del servicio

del agua en San Luis Potosí tiene que ser bienvenido y apoyado por todos, estamos a favor de que venga inversión y que se encuentren soluciones adicionales para no depender de la afluente del Realito que nos ha generado muchos problemas en los últimos meses”.

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Gilberto Hernández Villafuerte encubre el robo de agua potable en Soledad y se niega a pagar adeudos millonarios

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Los robos, cinismo e indiferencia prevalecen en el manejo del agua potable en el ayuntamiento de Soledad que preside el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte. Le interesa más ganar votos a futuro a través de la entrega gratuita de garrafones y pipas en las colonias de la zona metropolitana. Sin freno dilapida el erario al promocionarse en medios escritos y electrónicos. Nada hace para evitar el robo del líquido a través de 60 tomas clandestinas ubicadas en edificios municipales.

A mediados del 2019, el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, Interepas registró 38 fugas que representan un daño patrimonial por 6 millones 799 mil 40.16 pesos. Entre los inmuebles donde se cometen las sustracciones ilegales figuran las unidades deportivas de la avenida Los Sauces, en la Hacienda los Morales. La de la avenida Mayran y 21 de marzo, en la unidad habitacional San Antonio. Cada una tiene un adeudo de 167 mil 829.32 pesos. Se suman las áreas recreativas de Quintas de la Hacienda en la avenida Ignacio Zaragoza. Otra en la avenida Cactus, La Sierra, la de Hogares Populares Pavón, segunda sección. La de Ecatepec sin número, Bella Vista, la de la avenida San Lorenzo, Valle de Bella Vista y la de Bosques de San Rafael. En lo individual adeudan 167 mil 829.32 pesos.

Aparecen los centros de atención infantil, Capullito 2, el de la colonia Rivas Guillén, Santo Tomás y el de la 21 de marzo. Cada uno arrastra un débito de 154 mil 863.32 pesos. Se agregan las Oficialías del Registro Civil 3, 4 y 7, con adeudos unitarios de 154 mil 863.32 pesos. Está la comandancia de policía en Samaria, colonia Nuevo Testamento y la de la colonia Morelos, ambas con adeudos de 154 mil 863.32 pesos. El consultorio médico ubicado en la colonia San Rafael, en Cactus y el de Hogares Populares registran adeudos de 154 mil 863.32 pesos. Se añaden los edificios de la biblioteca municipal en la colonia San Felipe, la tortillería de la colonia Primero de Mayo y la de colonia La Sierra, con pasivos que alcanzan los 154 mil 863.36 pesos en lo individual.

En el edificio del DIF en Huerta del Nogal, en la colonia San Gerardo, también existe una toma ilegal de agua que adeuda 167 mil 829.32 pesos. El listado se completa con 10 purificadoras ubicadas en Fausto Nieto 805, en la colonia El Morro. Genovevo Rivas Guillen, esquina Los Torres, colonia Benito Juárez. Ley Federal del Trabajo sin número, colonia Azaleas. Cedro 607, colonia El Maurel. Villa de Guadalupe sin número, colonia San Luis. Rito García, colonia Rivas Guillén, cuarta sección. En 13 de junio, colonia Primero de Mayo. En Graciano Sánchez, colonia Rivas Guillén sur y en Adolfo López Mateos. Cada una adeudaba 228 mil 224.32 pesos. Hasta finales del 2019, existía una lista de 50 inmuebles del ayuntamiento que tenían adeudos con el Interapas por 4 millones 954 mil 564.63 pesos.

Hay débitos que provienen desde el 2011. Corresponden a oficinas del ayuntamiento que suman 247 mil 653 pesos. Aparecen antiguos morosos, como purificadoras de agua, una ubicada en el fraccionamiento Santo Tomas, que adeuda desde el 2012, 68 mil 290 pesos. Otra más del fraccionamiento La Lomita, desde el 2104, arrastra 16 mil 432 pesos. Una de la colonia San Felipe, desde el 2014, tiene un saldo de 80 mil 605 pesos. El panteón municipal, ubicado en la calle Magdaleno Cedillo, hasta el 2019 debía 570 mil 381 pesos. Están las oficinas de Matamoros 111, que registran un adeudo de 247 mil 653 pesos. La purificadora de Villa Florencia, en la colonia Villa Jardín, adeuda 479 mil 163 pesos.

No se salva la sede de la alcaldía, DIF, Oficialía Primera del Registro Civil, distintas filiales del rastro, Guardería Capullito, más purificadoras, bibliotecas, Asociación Ganadera local, casetas de vigilancia, comedores, tortillerías, consultorios médicos, otras oficinas del registro civil y centros de usos múltiples. En el 2109, el Interapas notificó al ayuntamiento los rezagos de al menos 30 inmuebles. No los menciona ni dio cifras, sólo consignó domicilio y meses de adeudo. La mayoría son de esparcimiento. Destaca el Jardín Hidalgo, frente al palacio municipal, donde despliegan actividades el departamento de comercio y el Centro Capullito. Debía 244 meses.

También presentan retrasos los ubicados en la calle del Torno, en Hogares Obreros, que adeuda 249 meses. Se suma el que se encuentra en Paseo de las Palomas en Hogares Populares Pavón, con 244 meses sin pago. Otro predio aparece en Melchor Ocampo 101, con 218 meses. El de Magdaleno Cedillo, con 3 contratos, alcanzan los 244 meses. El lote de la avenida José de Gálvez, en Villas del Potosí, concentra 241 meses. El de Laurel 112 tiene 82 meses.

Ante la indiferencia y colusión del alcalde Gilberto Hernández, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez, denunció que desde el inicio del trienio, el munícipe e integrantes de la cartera del agua, han mostrado nulo interés por resolver la problemática. “El coraje del presidente se dio cuando el alcalde de San Luis, Xavier Nava, que preside la Junta de Gobierno del Interapas, nombró como delegada a Natalia Castillo, que es de otra corriente política. Vinieron los ataques mutuos. Nosotros decidimos no meternos,  pero sí buscamos se respete el derecho humano al agua y que el organismo atienda todas las denuncias”.

Pérez reconoció que Castillo empezó a hacer su trabajo, limpió varios pozos que durante años no recibieron mantenimiento. Hizo excavaciones más profundas para conseguir mayor presión y abastecer a la ciudadanía. Requirió al ayuntamiento para que saldara deudas, con un desglose por mes y lugar de cada toma. Hernández Villafuerte solicitó mayores datos. Nombró como representante a una persona que se desempeñaba como director de infraestructura, para hacer un reajuste de cuentas, pero no funcionó. La delegada presionó al cabildo, pero tampoco hubo respuestas. “Acudimos como invitados a las reuniones de la junta de gobierno. Nos enteramos que el ayuntamiento y ciudadanos no pagan el agua. Hay gente que tiene más de 8 años de no cubrir el servicio y les llega. Pero hay muchos que la pagan y no tienen. Hacemos lo conducente para que el organismo llegue a un acuerdo con los afectados y ya no batallen”.

Pérez resaltó la negativa de Hernández Villafuerte para finiquitar la deuda. Se pinta como el menos responsable en medios escritos y portales electrónicos, al decir que el Interapas no lo llama al pago. “En el cabildo, en asuntos generales, se maneja el tema y se niegan a cumplir. Hemos vistos los escritos donde les exigen ponerse al corriente”. Aunque ignoran si la deuda bajó, expuso que el edil contrata cada mes el servicio de pipas, ya que tiene cortado el flujo de agua. Tampoco cubre el drenaje. Adelantó que el asunto se puede convertir en deuda pública y al final pagarla los habitantes. Sugirió sancionar al alcalde y tesorero por el enorme lastre que se resisten a saldar. “Tampoco pueden conminar a los usuarios a no cubrirlo, cuando deben predicar con el ejemplo. Adeudan arriba de 6 millones de pesos, más lo de las tomas clandestinas. El débito crece y optan por instigar a la violencia y disturbios. Hay que sentar a las dos partes, conciliar y que haya un acuerdo justo. En caso contrario, entablar una denuncia formal contra el ayuntamiento”.

Aunque tampoco abonan, añadió, en los estados financieros se registran gastos por consumo de agua, cada trimestre, que ascienden a 250 mil pesos. Los destinan a las pipas que surten los edificios municipales. La opacidad de Hernández Villafuerte también se manifiesta en el manejo de los programas sociales, seguridad y obra pública. “Se niegan a informar el manejo de las purificadoras, cuánto se paga, los desgloses. Nos dicen que hagamos peticiones por la ley de transparencia. Vamos a recaudar las pruebas necesarias y solicitar una auditoria externa. Interceda la Secretaría de la Función Pública, porque son recursos de diferentes ramos que se gastan en comprar conciencias. En 3 meses destinaron 22 millones de pesos en ayudas sociales, pero no tienen para cubrir el agua”.

Pérez censuró que la representante de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, apenas ha sesionado 5 veces en casi dos años. La ley marca al menos una por bimestre. Lo mismo pasa con la de seguridad, asuntos laborales y grupos vulnerables. “Hay personas mayores, discapacitados, que les aumentan el costo del agua y nadie los defiende”. Insistió en que el problema no se resolverá mientras persistan las reyertas políticas. Planteó como alternativa, instalar colectores en los 4 ejidos que tiene Soledad para rescatar el agua de las lluvias. “Cuando mencionaron el proyecto del Cristo Roto en la Joya Honda, les dijimos, si van a copiarle a Aguascalientes, háganlo con una presa al lado. Lo que ayudaría a solucionar el problema de agua. Pero no tienen la mínima imaginación. Sirven para imitar programas pero con el tripe del valor, como sucede con los uniformes de los policías y luminarias. Las obras son simples re encarpetados, nada de cemento hidráulico. Los techos de las escuelas están muy inflados”.

Por su parte, el también regidor de Morena, Roberto Martínez Silva, lamentó que el tema del agua se maneje con tintes políticos. “Lo ubican como un nicho de poder. Incluso, fue la caja chica de sus dispendios. Es por lo que buscan desestabilizar a Natalia Castillo. Llevan 12 años en el mando y nunca resolvieron las carencias. Dejaron quebrado el Interapas en Soledad y la capital. El diputado federal, Ricardo Gallardo, quiere ser gobernador por Morena, pero lo rechazamos. Buscan manejar de manera autónoma el agua, pero no lo permitiremos. Gilberto Hernández sabe que existen tomas clandestinas. Cuando surge el tema, busca apartarse a un cuartito. La encargada de la cartera del agua, Gabriela Oviedo, hace lo que le dictan. No tiene libertad para hablar. Somos tres opositores en el cabildo, los que exigimos cuentas claras. Los demás reciben órdenes del alcalde”.

 

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INTERAPAS INICIA SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA COLAPSADA AL INTERIOR DEL PARQUE DE MORALES “JUAN H. SÁNCHEZ”

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Debido a su antigüedad de más de 60 años, el pasado fin de semana se presentó el colapso de la red de drenaje sanitario al interior del parque de Morales “Juan H. Sánchez” ubicado entre la avenida Nereo Rodríguez Barragán y avenida de los Artistas, por lo que el organismo operador Interapas dio inicio a su reposición con la introducción de tubería de polietileno de alta densidad en un tramo de más de 100 metros de longitud.

El drenaje sanitario se colapsó por su antigiuedad y derivado del enraizamiento de los árboles circundantes, que provocó que las aguas residuales corrieran a cielo abierto por la avenida de los Artistas y la glorieta González Bocanegra, que afectaba la salud pública de las personas que circulaban por esa zona.

Cabe hacer mención, que está línea de drenaje colapsada impide el flujo de agua de segundo uso a la planta tratadora de la empresa Industrial Minera México, que intercambia con el organismo operador Interapas de agua de primer uso (potable) para abastecer a los habitantes de colonias del norte de la ciudad.

Las colonias que se ven afectadas por el agua potable que proporciona Industrial Minera México, son Lomas del Tecnológico, Jacarandas, Haciendas San Pablo, El Mezquital, Las Julias, Morales y Los Pirules, por lo que el organismo operador realizará los trabajos de reposición de la red de drenaje sanitario en un tiempo record de 15 días, aproximadamente.

La instalación de la tubería de drenaje sanitario al interior del parque de Morales -a un costado de la cerca perimetral por la avenida de los Artistas-, será sin dañar los árboles ahí existentes y en caso de ser requerido serán reubicados en el mismo parque, con el apoyo de las autoridades municipales.

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En el Interapas de Soledad, desfalcos y caos administrativo

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A la delegación del Interapas en Soledad la dejaron en la quiebra total. Los vehículos se utilizaron para tareas particulares. Se heredó una cartera vencida de 230 millones de pesos. Todas las irregularidades están documentadas para presentar las denuncias pertinentes. Se investigue y en su caso, castigue con sanciones administrativas y penales a los ex funcionarios del organismo. La dirección general y la subdelegación no quitarán el dedo de la línea para que se aclare el desfalco, sentenció la nueva titular, Natalia Castillo Vera.

“En Interapas de Soledad, todo el mundo hizo lo que quería. Las camionetas que estaban a cargo de los subdelegados, las recibimos llenas de estiércol, porque las mandaban al rancho de sus patrones. Las oficinas las recibimos en completo desorden, con los baños descompuestos. Documentamos el saqueo con números para iniciar los procedimientos sancionadores en contra de los ex servidores públicos. La forma de actuar tiene consecuencias y si se cometen corruptelas, tienen que pagar”.

Indicó que la venta de pipas de agua, permitido por el anterior delegado, José Luis Castro Castillo, se convirtió en un negocio personal del ayuntamiento. Cada mes sacaban 900 unidades que se llenaban con 4 ó 5 vales de 300 pesos cada uno, según la capacidad de la cisterna. Reveló que en el negocio se involucraron también piperos y ciudadanos. “Las pipas que distribuye el Interapas son gratuitas. Se brindan como parte del servicio, cuando el agua no llega a las llaves de los hogares y la gente ya absorbió el costo con el pago de sus recibos”. Señaló que existen dos pozos secos, ubicados en Hogares Populares Pavón y La Constancia. “Es muy triste que a un pozo se le tenga que inyectar agua para el rebombeo. Hubo un abuso enorme, se iniciaron estudios de factibilidad para nuevos pozos en la zona”.

“Encontramos cobros que no corresponden a la realidad. Una persona adulta pagaba cantidades exorbitantes comparado con gente adinerada que cubrían una bicoca cuando poseen salones de fiesta. Había otros con tomas clandestinas. Fue un abuso total, están enojados porque aparte de que vamos a trabajar con programas y proyectos para sacar adelante al Interapas, iremos por los que robaron”.

Natalia Castillo aseguró que su nombramiento al frente del Interapas en Soledad, no obedeció a ningún tinte político ni capricho del director general del organismo, Fermín Purata. Usó las facultades que tiene para desginarla. Reveló que el desalojo violento del que fue objeto, junto con sus colaboradores, lo encabezó el regidor del ayuntamiento, Federico Rodríguez de Lira, por lo que ya existe una denuncia penal en la fiscalía general del estado. Sumará una querella por violencia de género que preparan abogados especialistas, lo que podría incluso inhabilitar los derechos políticos del edil Gilberto Hernández Villafuerte.

Indicó que el munícipe es responsable desde el momento en que permitió al regidor de su partido, cometer actos de violencia y amenazas en su nombre. La policia a su cargo estuvo presente durante los hechos y no intervino. “Hay muchas situaciones que lo configuran como copartícipe. Los delitos son de acción y de omisión. Hernández es el alcalde, que no ejerza el puesto, es otro asunto. Pero fue electo para el cargo”. La denuncia la articula un despacho nacional que ha llevado casos de violencia de género, se documentará con pruebas que podrían configurar faltas más graves ya que estuvo a punto de ser empujada por las escaleras y sus ayudantes resultaron lesionados. Tuvieron secuelas las lesiones. “Soy una perseguida política. El hecho de llevar las fuerzas públicas del ayuntamiento, denota abuso de autoridad. No se justificó entrar a las oficinas con gritos y amenazas. Existen los videos. La marcha violenta la convocó desde el viernes el regidor Rodríguez. Violentaron los derechos de un órgano público. Cuando se consignen los ilícitos, ojalá que el ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, proteja a la gente que mandó a provocar”.

La litigante afirmó que no era necesaria la presencia de Gilberto Hernández para tratar de desalojarla de las oficinas, ya que existe un contrato de arrendamiento que suscribió el organismo y los renteros. “Ignoro si lo mandaron. Cada quien sabe de quién es gato. En la política hay corrientes, pero también gentes que se dedican a ser corrientes. El señor Hernández puede ubicarse donde quiera. Cometió un grave error al presentarse como lo hizo”.

El grupo que controla el ayuntamiento en Soledad, dijo, no quiere dialogar, sólo buscan cortarle la cabeza. Tener en el Interapas un delegado dócil, para continuar con las oscuras conductas de los últimos años. No les importa usar a los trabajadores a los que obligan hacer guardias en las instalaciones que tienen secuestradas. Algunos son personas de la tercera edad con necesidades económicas, que compran con despensas. “El agua no es un negocio de los ayuntamientos, como lo practicaron en Soledad y la capital. Todo mundo lo sabe, el Interapas, como organismo autónomo, no depende de ningún ayuntamiento. Brinda un servicio y los municipios también son usuarios”.

Castillo Vera negó las acusaciones que se han vertido en su contra, de que ha cortado el servicio en hogares donde existen adultos mayores y niños. “Soy abogada. No hay ningún derecho universal violado por el Interapas. Se equivocan los detractores. Si fuera una persona no preparada, me hubiera enganchado al violentar las garantías, pero soy activista. Me he dedicado a defender a otros más de 20 años de mi vida. Soy maestra en aspectos legales de la comunicación. Conmigo se equivocaron, fui contratada para trabajar, estoy con la ley, soy una mujer de letras, se dónde gritar y no”.

Estableció que se ha cortado el servicio de agua a los morosos, con deudas superiores a los 120 y 170 mil pesos y en algunos edificios pintados de amarillo, donde habitan personas que no han pagado desde que el grupo de Gallardo controla el Interapas. Va a cobrar porque es su deber, como lo es brindar un servicio eficiente. Revisa fraccionamientos, comercios e industrias. Si tienen adeudos, los cubran. “A la gente que se acerca con una queja por cobros injustificados o excesivos, se le atiende. Hacemos inspecciones para constatar que no haya fugas. Tratamos con igual importancia al usuario que paga 200 pesos como al que tiene una industria o fraccionamiento. Pero si llegan con una actitud de agredir, de insultar, para que uno ceda a corruptelas, se van a topar con una mujer que no las permite, ni  tampoco va a dar dadivas. Si el recibo está a nombre de un adulto mayor, existe el descuento”.

Castillo señaló que en Soledad, falta infraestructura. Existe el problema de los drenajes  colapsados y con desperfectos. Hay demasiadas fugas. La práctica de tomas clandestinas está más acentuada que en la capital, porque existe menos urbanismo, consecuencia del irregular desempeño del ayuntamiento. Consideró viable y necesario el aumento a las tarifas que ha propuesto al congreso el director del organismo, Fermín  Purata. Señaló que el Interapas está en quiebra, requiere invertir en infraestructura, nuevos pozos y trabajar para recuperar la cartera vencida y brindar un mejor servicio.  Calificó como un fraude el programa del borrón y cuenta nueva que implementaron en San Luis y Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Gilberto Hernández Villafuerte. Lo hicieron para recuperar algo de lo que no pudieron cobrar porque carecen de inteligencia para hacerlo. Lo utilizaron como una oferta política a la gente que los apoyó. Indicó que en el Interapas se realizan ajustes para cuando existe una fuga o tienen problemas con las tuberías. Hay programas de descuentos para los usuarios de la tercera edad o discapacitados. Lo demás solo fomenta la corrupción.

Añadió que demostrará con trabajo por qué se le nombró en el cargo. En su etapa habrá cero corrupción y limosnas. Su principal tarea será proporcionar a los usuarios un servicio de calidad, pero el ciudadano debe corresponder al pagar el agua, un servicio caro en todo el mundo. Informó que ya realizó 4 licitaciones por el monto de 2 millones de pesos para conductos y cambio de líneas, obras que ayudarán a frenar el deterioro de las redes, problema que se tienen en algunas zonas del municipio.  Trabaja para construir las oficinas propias del Interapas y se conviertan en un espacio digno para los usuarios y empleados, donde se podrán impartir cursos, conferencias sobre el cuidado del agua y concentrar las cajas de pago. Le pidió al fiscal Federico Garza resolver en lo inmediato la denuncia penal que interpuso por agresiones y bloqueo de oficinas donde solicitó medidas para asegurar bienes, entrega del inmueble, proteger su persona y trabajadores.

 

 

 

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En el Interapas de Soledad, desfalcos y caos administrativo

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A la delegación del Interapas en Soledad la dejaron en la quiebra total. Los vehículos se utilizaron para tareas particulares. Se heredó una cartera vencida de 230 millones de pesos. Todas las irregularidades están documentadas para presentar las denuncias pertinentes. Se investigue y en su caso, castigue con sanciones administrativas y penales a los ex funcionarios del organismo. La dirección general y la subdelegación no quitarán el dedo de la línea para que se aclare el desfalco, sentenció la nueva titular, Natalia Castillo Vera.

“En Interapas de Soledad, todo el mundo hizo lo que quería. Las camionetas que estaban a cargo de los subdelegados, las recibimos llenas de estiércol, porque las mandaban al rancho de sus patrones. Las oficinas las recibimos en completo desorden, con los baños descompuestos. Documentamos el saqueo con números para iniciar los procedimientos sancionadores en contra de los ex servidores públicos. La forma de actuar tiene consecuencias y si se cometen corruptelas, tienen que pagar”.

Indicó que la venta de pipas de agua, permitido por el anterior delegado, José Luis Castro Castillo, se convirtió en un negocio personal del ayuntamiento. Cada mes sacaban 900 unidades que se llenaban con 4 ó 5 vales de 300 pesos cada uno, según la capacidad de la cisterna. Reveló que en el negocio se involucraron también piperos y ciudadanos. “Las pipas que distribuye el Interapas son gratuitas. Se brindan como parte del servicio, cuando el agua no llega a las llaves de los hogares y la gente ya absorbió el costo con el pago de sus recibos”. Señaló que existen dos pozos secos, ubicados en Hogares Populares Pavón y La Constancia. “Es muy triste que a un pozo se le tenga que inyectar agua para el rebombeo. Hubo un abuso enorme, se iniciaron estudios de factibilidad para nuevos pozos en la zona”.

“Encontramos cobros que no corresponden a la realidad. Una persona adulta pagaba cantidades exorbitantes comparado con gente adinerada que cubrían una bicoca cuando poseen salones de fiesta. Había otros con tomas clandestinas. Fue un abuso total, están enojados porque aparte de que vamos a trabajar con programas y proyectos para sacar adelante al Interapas, iremos por los que robaron”.

Natalia Castillo aseguró que su nombramiento al frente del Interapas en Soledad, no obedeció a ningún tinte político ni capricho del director general del organismo, Fermín Purata. Usó las facultades que tiene para desginarla. Reveló que el desalojo violento del que fue objeto, junto con sus colaboradores, lo encabezó el regidor del ayuntamiento, Federico Rodríguez de Lira, por lo que ya existe una denuncia penal en la fiscalía general del estado. Sumará una querella por violencia de género que preparan abogados especialistas, lo que podría incluso inhabilitar los derechos políticos del edil Gilberto Hernández Villafuerte.

Indicó que el munícipe es responsable desde el momento en que permitió al regidor de su partido, cometer actos de violencia y amenazas en su nombre. La policia a su cargo estuvo presente durante los hechos y no intervino. “Hay muchas situaciones que lo configuran como copartícipe. Los delitos son de acción y de omisión. Hernández es el alcalde, que no ejerza el puesto, es otro asunto. Pero fue electo para el cargo”. La denuncia la articula un despacho nacional que ha llevado casos de violencia de género, se documentará con pruebas que podrían configurar faltas más graves ya que estuvo a punto de ser empujada por las escaleras y sus ayudantes resultaron lesionados. Tuvieron secuelas las lesiones. “Soy una perseguida política. El hecho de llevar las fuerzas públicas del ayuntamiento, denota abuso de autoridad. No se justificó entrar a las oficinas con gritos y amenazas. Existen los videos. La marcha violenta la convocó desde el viernes el regidor Rodríguez. Violentaron los derechos de un órgano público. Cuando se consignen los ilícitos, ojalá que el ex edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, proteja a la gente que mandó a provocar”.

La litigante afirmó que no era necesaria la presencia de Gilberto Hernández para tratar de desalojarla de las oficinas, ya que existe un contrato de arrendamiento que suscribió el organismo y los renteros. “Ignoro si lo mandaron. Cada quien sabe de quién es gato. En la política hay corrientes, pero también gentes que se dedican a ser corrientes. El señor Hernández puede ubicarse donde quiera. Cometió un grave error al presentarse como lo hizo”.

El grupo que controla el ayuntamiento en Soledad, dijo, no quiere dialogar, sólo buscan cortarle la cabeza. Tener en el Interapas un delegado dócil, para continuar con las oscuras conductas de los últimos años. No les importa usar a los trabajadores a los que obligan hacer guardias en las instalaciones que tienen secuestradas. Algunos son personas de la tercera edad con necesidades económicas, que compran con despensas. “El agua no es un negocio de los ayuntamientos, como lo practicaron en Soledad y la capital. Todo mundo lo sabe, el Interapas, como organismo autónomo, no depende de ningún ayuntamiento. Brinda un servicio y los municipios también son usuarios”.

Castillo Vera negó las acusaciones que se han vertido en su contra, de que ha cortado el servicio en hogares donde existen adultos mayores y niños. “Soy abogada. No hay ningún derecho universal violado por el Interapas. Se equivocan los detractores. Si fuera una persona no preparada, me hubiera enganchado al violentar las garantías, pero soy activista. Me he dedicado a defender a otros más de 20 años de mi vida. Soy maestra en aspectos legales de la comunicación. Conmigo se equivocaron, fui contratada para trabajar, estoy con la ley, soy una mujer de letras, se dónde gritar y no”.

Estableció que se ha cortado el servicio de agua a los morosos, con deudas superiores a los 120 y 170 mil pesos y en algunos edificios pintados de amarillo, donde habitan personas que no han pagado desde que el grupo de Gallardo controla el Interapas. Va a cobrar porque es su deber, como lo es brindar un servicio eficiente. Revisa fraccionamientos, comercios e industrias. Si tienen adeudos, los cubran. “A la gente que se acerca con una queja por cobros injustificados o excesivos, se le atiende. Hacemos inspecciones para constatar que no haya fugas. Tratamos con igual importancia al usuario que paga 200 pesos como al que tiene una industria o fraccionamiento. Pero si llegan con una actitud de agredir, de insultar, para que uno ceda a corruptelas, se van a topar con una mujer que no las permite, ni  tampoco va a dar dadivas. Si el recibo está a nombre de un adulto mayor, existe el descuento”.

Castillo señaló que en Soledad, falta infraestructura. Existe el problema de los drenajes  colapsados y con desperfectos. Hay demasiadas fugas. La práctica de tomas clandestinas está más acentuada que en la capital, porque existe menos urbanismo, consecuencia del irregular desempeño del ayuntamiento. Consideró viable y necesario el aumento a las tarifas que ha propuesto al congreso el director del organismo, Fermín  Purata. Señaló que el Interapas está en quiebra, requiere invertir en infraestructura, nuevos pozos y trabajar para recuperar la cartera vencida y brindar un mejor servicio.  Calificó como un fraude el programa del borrón y cuenta nueva que implementaron en San Luis y Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Gilberto Hernández Villafuerte. Lo hicieron para recuperar algo de lo que no pudieron cobrar porque carecen de inteligencia para hacerlo. Lo utilizaron como una oferta política a la gente que los apoyó. Indicó que en el Interapas se realizan ajustes para cuando existe una fuga o tienen problemas con las tuberías. Hay programas de descuentos para los usuarios de la tercera edad o discapacitados. Lo demás solo fomenta la corrupción.

Añadió que demostrará con trabajo por qué se le nombró en el cargo. En su etapa habrá cero corrupción y limosnas. Su principal tarea será proporcionar a los usuarios un servicio de calidad, pero el ciudadano debe corresponder al pagar el agua, un servicio caro en todo el mundo. Informó que ya realizó 4 licitaciones por el monto de 2 millones de pesos para conductos y cambio de líneas, obras que ayudarán a frenar el deterioro de las redes, problema que se tienen en algunas zonas del municipio.  Trabaja para construir las oficinas propias del Interapas y se conviertan en un espacio digno para los usuarios y empleados, donde se podrán impartir cursos, conferencias sobre el cuidado del agua y concentrar las cajas de pago. Le pidió al fiscal Federico Garza resolver en lo inmediato la denuncia penal que interpuso por agresiones y bloqueo de oficinas donde solicitó medidas para asegurar bienes, entrega del inmueble, proteger su persona y trabajadores.

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Gallardo Juárez convirtió al Interapas en un barril sin fondo

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Desde la llegada de Ricardo Fermín Purata Espinosa al Interapas al inicio del trienio del alcalde Ricardo Gallardo Juárez y luego de Alfredo Zúñiga Hervert, que sustituyó a Purata al renunciar, por no prestarse a los enjuagues en los manejos arbitrarios de obras de infraestructura por parte de Salvador González, actual contralor interno del organismo a empresas constructoras afines al edil, el ente operador de agua se encuentra en franca debacle en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los habitantes de los municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro.

Suma adeudos por más de 250 millones de pesos, por la falta de pago de saneamiento a la Comisión Estatal de Agua de las plantas tratadoras residuales Tangamanga I y Norte, por el atraso del agua proveniente de la presa El Realito y por pago a proveedores por servicios prestados, por lo que se ubica en números rojos y casi en bancarrota. Por tercer año consecutivo, fracasó la solicitud al Congreso del Estado de incrementar las tarifas, para que sean los propios usuarios los responsables en absorber las enfermas finanzas por las que atraviesa.

El actual presidente municipal y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Ricardo Gallardo Juárez, a su llegada tomó la decisión de cancelar, sin sustento o un proyecto que lo sustituyera, el Programa de Mejora Integral de Gestión, ya licitado y asignado a un consorcio de empresas mexicanas, con la finalidad de mejorar la infraestructura física y comercial.

Interapas sería el primer organismo operador del país en recibir recursos públicos para la implementación del programa MIG, que tenía como finalidad incrementar las eficiencias físicas y comerciales para la correcta distribución del agua proveniente de la presa El Realito. El proyecto tenía un costo de inversión de mil 100 millones de pesos, de los cuales el 40% de los recursos se canalizaron a un destino perdido a través del Fondo Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal.

Se diluyeron más de 400 millones de pesos a fondo perdido que habían destinado para modernizar al primer organismo operador de agua del país para la mejora en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El Programa MIG incluía la construcción de un Centro de Control y Automatización de 103 pozos, la rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos, la sustitución de 120 mil tomas domiciliarias, la sectorización y rehabilitación de 136.6 kilómetros de redes de agua potable, actualización de padrón de usuarios, regularización de tomas clandestinas, adquisición y suministro de 151 mil micro medidores, modernización del sistema de lectura y facturación, recuperación de cartera vencida, descentralización de oficinas y modernización del área de atención a usuarios e implementación de cajas móviles.

El Programa MIG además recibió el galardón otorgado por los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, el “Premio en Innovación en Servicios de Agua Potable y Saneamiento” y el reconocimiento del gobierno de Israel “Cada gota cuenta: de la recolección a la producción de recursos hídricos”. El consorcio de las empresas que ganó la licitación para llevar a cabo la implementación del Programa de Mejora Integral de Gestión de Interapas, tiene lista una demanda por daños y perjuicios en contra del organismo operador de agua por la cancelación de los trabajos.

La finalidad del Sistema de Agua Potable El Realito era dejar de extraer líquido del acuífero del Valle de San Luis Potosí porque se encuentra sobreexplotado a una proporción de dos a 1, es decir, anualmente se extraen 150 millones de metros cúbicos, pero solo se vuelven a filtrar de manera natural 75 millones de metros cúbicos, lo que ha ocasionado la presencia de minerales como el flúor y de hundimientos o fallas geológicas en la mancha urbana.

Sin embargo, a partir del 2015 empezó a llegar agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí, pero no ha sido la cantidad suficiente que estaba pactaba en el contrato que el Interapas realizó con la Comisión Estatal del Agua, a razón de 1,000 litros por segundo. El organismo ha contratado la adquisición de 600 litros por segundo derivado de la infraestructura hidráulica obsoleta que ocasiona que de cada 100 litros que se inyectan a la red se pierdan 40 la cual iba a ser sustituida y mejorada con el programa MIG que canceló el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, como titular de la Junta de Gobierno del Interapas.

A razón de 630 litros por segundo y un pago mensual promedio que oscila en los 10 a 12 millones de pesos mensuales, el Interapas recurrió a solicitar un préstamo contingente hasta por 30 millones de pesos para saldar el adeudo que mantiene con la Comisión Estatal del Agua para que a su vez pague a la empresa que opera la planta potabilizadora que suministra el líquido a los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Otra situación por la que atraviesa el Interapas es la disminución de los derechos de extracción de agua subterránea por parte de Conagua, al no renovar a tiempo los permisos ante la instancia federal. El 29 de noviembre de 1994, la Comisión Nacional del Agua emitió el Título de Concesión o Asignación No. 3SLP100303/37HMSG94 para la ciudad de San Luis Potosí por un plazo de 10 años al organismo operador por un volumen de 65.2 mm3 anuales, que comprende 80 aprovechamientos (pozos de agua) y 4 descargas de aguas residuales. En el 2004, el Título de Concesión fue prorrogado conforme a las disposiciones de leyes a través de notificaciones fechadas el 27 de abril de 2005, con una vigencia del 29 de noviembre de 2004 al 29 de noviembre de 2014.

Sin embargo, para el periodo 2014-2024 del Título de Concesión, el organismo operador presentó fuera del plazo establecido por la ley la solicitud de prórroga, por lo que dicho Título de Concesión fue cancelado. Para tratar de resolver el asunto, el Interapas solicitó la adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas, donde aceptan que la vigencia de su Título de Concesión o Asignación se encontraba vencida, por lo que aceptó la expedición de un nuevo Título de Concesión o Asignación para sustituir el que se había vencido, el cual por las condiciones de sobreexplotación del acuífero del Valle de San Luis Potosí, se ve reducido en un 30% del volumen anterior.

El 21 de febrero de 2017, en respuesta a la solicitud de adhesión al decreto, el Interapas fue notificado por la expedición del nuevo Título de Concesión o Asignación No. 07SLP155774/37HMBL16 con vigencia a 30 años, con un volumen total de 45.6 mm3 anuales para 92 aprovechamientos (pozos de agua), con un incremento de 8 aprovechamientos en relación al título anterior, por reasignación y transferencia de volúmenes solicitados para la ciudad de San Luis Potosí donde habitan 824 mil 219 personas.

Sobre los 65.2 millones de metros cúbicos autorizados, pasó a 45.6 millones de metros cúbicos, al perder 19.6 millones de metros cúbicos que dejará de extraer el acuífero profundo del Valle de San Luis Potosí, en perjuicio de los habitantes de la ciudad ante una falla administrativa del Interapas.

 

                 Distribución de agua en pipas, negocio redondo

 

Una de las estrategias para asignar recursos a empresas afines al gallardismo, tiene que ver con la distribución de agua gratuita a través de camiones cisternas o pipas. Cuando falla un equipo de bombeo electromecánico de un pozo, su reparación tarda varios días, con la finalidad de justificar el envío de pipas para dotar de agua a la gente afectada. Antes de la llegada de Gallardo, el Interapas, en promedio, destinada recursos por un monto promedio anual de 3 a 4 millones de pesos, con la subcontratación de empresas encargadas de la distribución de agua, proceso que se derivó de una licitación pública. Sin embargo, cuando se hizo cargo de la operación del organismo operador, los montos anuales para la distribución de agua en pipas alcanzó entre 15 y 20 millones de pesos, vía asignación directa, sin mediar licitación alguna.

A la fecha, Interapas mantiene un adeudo por el concepto de pago de saneamiento a la Comisión Estatal del Agua por más de 70 millones de pesos. La dependencia está a cargo de Jesús Medina Salazar, promotor de la llegada de Alfredo Zúñiga Hervert quien trabajaba con su hermano David Medina en Ciudad Valles en una empresa constructora.

 

El adeudo que mantiene Interapas con la CEA data desde el 2016, cuando el organismo operador empezó a operar las plantas de tratamiento Norte y Tangamanga I, al interior del parque. Al inicio, Interapas realizó un pago de 5 millones de pesos, sin embargo, ha dejado de abonar desde entonces. Ya acumuló un adeudo que supera los 70 millones de pesos. Una vez que concluya en el presente año la construcción de la planta El Morro, ubicada en Soledad, el organismo operador está obligado a pagar a la Comisión Estatal de Agua un monto mensual de 3.5 millones de pesos por el tratamiento de las aguas residuales que se generan en el sector de la zona metropolitana. Sin embargo, ante la situación económica por la que atraviesa, se verá impedido de sortear el compromiso.

Las más de 50 plantas potabilizadoras que Gallardo instaló en los municipios de Soledad y San Luis Potosí para dotar de agua “gratuita” a los habitantes, están conectadas de manera ilegal a la red de distribución del organismo operador, por lo que no pagan por la prestación del servicio, que también mengua sus finanzas. A la par, las instancias públicas tampoco pagan por los servicios de agua, por lo que ya mantienen un adeudo por más de 15 millones de pesos desde que llegó al poder en ambos municipios. Según los estados financieros que presenta el organismo operador, mantiene un adeudo superior a los 80 millones de pesos con empresas constructoras que han realizado obras de infraestructura como sustitución de redes de drenaje sanitario, líneas de conducción de agua, perforación y equipamiento de pozos.

Sin embargo, las empresas ligadas a Gallardo que promueve el contralor interno Salvador González, evaden el pago de los gastos de operación y mantenimiento de los ranchos ubicados en Tierra Nueva, Soledad y Villa de Pozos, pertenecientes a la familia Gallardo Juárez y Gallardo Cardona. Ante un futuro incierto que tiene el Interapas, el director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar, ya invitó a trabajar a Alfredo Zúñiga Hervert en la dependencia estatal en sustitución del también vallense Jaime Yáñez Peredo, quien se regresó a su tierra. Sin embargo, Zúñiga Hervert no quiere dejar el cargo de director de Interapas, ya que dejaría de lucrar con el organismo operador.

Cuando llegó a San Luis Potosí, invitado por Jesús Medina Salazar, traía una mano adelante y otra atrás, rentó una casa de interés social en la colonia San Angelín, en la zona norte de la ciudad, atrás de la iglesia El Saucito, a un costo promedio de 3 mil 500 pesos al mes. A lo largo de casi tres años, la fortuna de Zúñiga ha mejorado. Ya cuenta con vivienda propia en la privada San Ángel, zona residencial ubicada al poniente de la ciudad a un costado de Villa Magna. Tienen un costo promedio de 3 a 4 millones de pesos, según los acabados. Conduce una camioneta Hilux de la Honda, con un costo en el mercado de 350 mil pesos y una camioneta blanca Ecosport de la Ford de 280 mil pesos. Según el tabulador, el cargo de director del Interapas tiene un sueldo nominal de 45 mil pesos mensuales, incluyen prestaciones. Tiene de amante a su asistente, Zaira Paola Escalante Rodríguez, a quien le regaló la camioneta blanca Ecosport. Además puso a su nombre y la de su hijo, maquinaria pesada que renta al propio organismo operador.

Después de que se publicó un reportaje donde se denunció el modus operandi, parecido al pago irregular que superó los 66 millones de pesos a la inexistente proveedora de medicamentos del ayuntamiento Sandra Sánchez Ruiz, surgió el nombre de Paloma Martínez Hurtado, a quien el organismo operador Interapas realizó pagos poco claros. Ha cobrado 17 mil pesos mensuales, menos impuestos, desde enero de 2017 a la fecha, sin presentarse a trabajar y con un contrato que no le fija obligaciones laborales. Además, como empleada municipal, firmó convenios por más de un millón de pesos en Interapas. Paloma Martínez Hurtado y Ricardo Gallardo Juárez tuvieron una relación sentimental, por lo que tiene todos los privilegios.

El Interapas asignó contratos a la empresa Hurtado Construcciones Hidráulicas, de reciente creación, propiedad de Paloma Martínez Hurtado, quien además fue socia fundadora de otras dos sociedades mercantiles, Multiconstrucciones Centrales y Cimientos y Construcciones San Luis, cuyas acciones terminaron en manos de Roberto Carlos Cardona Reyna, cuñado del alcalde y tío de Ricardo Gallardo Cardona. El 17 de noviembre del 2017, Paloma y sus hermanos, Heidi Edith y José Carlos Martínez, crearon la empresa Hurtado Construcciones Hidráulica, con el objeto de realizar proyectos, construir, ejecutar y administrar obras de ingeniería civil, hidráulica, mecánica y eléctrica. A pesar de que no cuentan con oficinas, ni ha sido posible localizar a la constructora, dos meses y medio después de su constitución consiguieron firmar dos contratos con Interapas.

El 2 de febrero del 2018, la empresa Hurtado Construcciones Hidráulicas obtuvo dos contratos denominados INTERAPAS-PRODDER-26-2017-AD e INTERAPAS-PRODDER-27-2017-AD, con el objeto de rehabilitar y construir infraestructura sanitaria, reposición de brocales, rejillas, boca de tormenta y descargas sanitarias en diversas calles y colonias de la ciudad zona A de San Luis Potosí. Interapas se obligó a pagarle 429 mil 240 pesos. El otro por el mismo concepto fue por un monto de 220 mil 448 pesos pero en Soledad. Luego, con el nombre INTERAPAS-PRODDER-37-2017-AD quedó registrado un tercer contrato celebrado el 13 de abril del 2018 entre Interapas y Hurtado Construcciones Hidráulicas con un valor de 540 mil 422 pesos. Fue para rehabilitar y construir infraestructura hidráulica, cajas de válvulas, interconexiones y sus accesorios en diversas calles y colonias de San Luis. Los tres contratos fueron firmados por Alfredo Zúñiga Hervert. El director de Planeación y Construcción, Pablo Nava Ortiz. El contralor interno, Jesús Salvador González Martínez, ex tesorero de Ricardo Gallardo Juárez, cuando fungió como presidente municipal de Soledad. El director de Administración y Finanzas, Mario Alberto Ibarra Guerrero. El titular de la Unidad Jurídica, José Herminio Gallardo Báez, ex agente del ministerio público y encargado de la contratación de los grupos musicales para el Festival de la Cantera. El director de Operación y Mantenimiento, Pascual Martínez Sánchez ypor Paloma Martínez Hurtado, quien se ostentó como arquitecta. Sin embargo, al buscar su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas su nombre no arroja ningún resultado.

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Nadie compite contra lo regalado

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Un grupo de micro empresarios dueños de purificadoras de agua, denunciaron que el programa de garrafones gratis que maneja el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, constituye una competencia desleal, ya que afecta sus negocios. «Nadie le gana a lo regalado».

Los quejosos indicaron que el ayuntamiento debe llevar agua potable a las zonas donde el drenaje abierto es utilizado por los infantes para divertirse. Los quejosos afirman que no están en contra de que se le ayude a las personas más necesitadas. La inconformidad es que se actúa para lograr votos. En la colonia Valle Dorado abundan purificadoras de paga. Y Gallardo se mete, con lo que provoca que sus ventas disminuyan de manera drástica.

El ayuntamiento utiliza a los dirigentes de las juntas de mejoras, que facilitan los locales, para no pagar rentas. En la entrega de los garrafones gratis, les exigen como requisito obligatorio a los pedigüeños, presenten sus credenciales de electores vigentes y adscritos a la capital. Si alguien llegara a solicitar sus garrafones con tarjeta de otro lado, le niega la entrega.

Los quejosos aseguran que las purificadoras que instala Gallardo Juárez son facturadas por montos cercanos a los 300 mil pesos, cuando el costo real es de 150 mil pesos. Además a los privados, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios les cobra por capacitar a los empleados. El ayuntamiento asegura que sus purificadoras están en constante monitoreo, pero hay testimonios que tratan con despotismo a los usuarios.

El grupo de afectados lo conforman 60 dueños que buscan defenderse de Gallardo, que maltrata a los empleados. Los quejosos afirman que generan tres empleos, por lo que se reducen sus ganancias. Acudieron ante el edil para plantearle los incluyera en un programa tipo boletur, que consiste en que se regalen garrafones por parte de las purificadoras privadas y al final el ayuntamiento les pague los garrafones. Les contestó que iba a razonar su propuesta, pero no dejará de poner sus negocios. Le pidieron ayuda con el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Interapas, que les cobra una cuota industrial, aunque no les entrega ni una gota, ya que se surten con pipas.

Los quejosos saben que su lucha será difícil. No buscan generar ningún escándalo, ya que existe el miedo de sufrir alguna represalia. En una asamblea se infiltró un sujeto el cual les comentó que un grupo de Soledad fue amenazado por reclamar cuando Gallardo inició el programa de regalar garrafones.