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Por la ineptitud y corruptelas del alcalde Israel Reyna Rosas, el ayuntamiento de Santa María pagará laudo laboral que asciende a 11 millones de pesos

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El alcalde de Santa María, Israel Reyna Rosas, encontró la forma de hacer negocio con el erario. Pero un laudo laboral, la complicidad, la desidia y el desvío de recursos públicos, lo pusieron en evidencia. Al ayuntamiento le embargaron 11 millones de pesos a consecuencia de un laudo laboral por el despido de Baltazar Mena, que fungió como asesor del ex alcalde panista Pascual Martínez. El hecho evidenció el irregular manejo financiero que podría traer consecuencias penales para el edil.

El ayuntamiento recibe de la federación más de 33 millones de pesos al año del Ramo 33 que debe destinarse para abatir el rezago social. Reyna decidió lograr ganancias ilícitas. Cada mes recibe cerca de 3 millones 300 mil pesos. Los acumuló durante 10 meses en Fondos de Inversión, con una renta fija en “bonos”, lo que generó atractivos intereses.

Omitió abrir una cuenta específica y productiva como lo exige la Ley de Contabilidad Gubernamental. El alcalde, coludido con el tesorero Martín Pérez Torres y el asesor de contabilidad gubernamental, Oswaldo Mascorro Manzo, desviaron los recursos a un rubro particular, para evitar embargos de laudos que tienen emplazados, sin permiso del cabildo.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los sorprendió al incautar 11 millones de pesos por el juicio que ganó Mena. En el oculto depósito se habían acumulado 20 millones de pesos, en un claro subejercicio de los recursos correspondientes al 2019. El trío debió regresar el monto no utilizado a la federación, como lo marca la ley.

Significa que en el 2019, Reyna Rosas malversó fondos públicos para su beneficio. Antes de interferir la cuenta al ayuntamiento, el Teca solicitó datos a la Auditoria Superior del Estado para descartar que el dinero incautado sea de carácter federal, para evitar cualquier pena.

La auditora Rocío Cervantes Salgado, negó los informes. También solicitaron al procurador fiscal de la secretaría de finanzas del gobierno estatal, Marco Efrén Gutiérrez, más detalles. Les contestó que la cuenta se abrió para depositar recursos federales, pero no tenía la certeza de que hubieran cumplido, por lo que procedió el decomiso.

En su defensa, Israel Reyna acusó al Teca de actuar en forma dolosa contra las finanzas municipales, por lo que la requisa era ilegal. Fingió ignorar la antigüedad del laudo. Sin embargo, a principios del 2019, el ayuntamiento fue sancionado por primera vez con más de un millón de pesos, por el mismo caso. Reyna nunca se concentró en el tema, hasta que perdió.

Desesperado, presentó al Teca copias fotostáticas del gerente del banco, para argumentar que la cuenta intervenida guardaba recursos federales. La maniobra evidenció que trianguló capital del municipio para meterlo a Fondos de Inversión en lugar de realizar obras. Israel Reyna ya se reeligió, desde el inicio del mandato supo del caso.

Baltazar Mena, dos días antes de dejar el cargo, el 28 de septiembre de 2012, el alcalde Pascual Martínez firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, un convenio para pagarle 2 millones 336 mil pesos. Se estipuló que en caso de no cumplir, le cubrirían 5 mil pesos diarios. Entonces, del 2012 al 7 enero del 2020, el monto supera los 14 millones de pesos.

Hasta ahora, a Mena no le han rescindido el trato laboral. Es todavía un trabajador activo. Se desprende del mandato del Teca. Los defensores legales del ayuntamiento, el contralor Óscar Osthoff, el síndico José Luis Licea Cayetano y el jurídico, Adalberto Longoria, no han promovido ningún recurso. Están obligados a pagar en detrimento del erario y habitantes de Santa María del Río.

 

 

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Los diputados locales, ofenden a los ciudadanos

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Los diputados locales de la actual legislatura, sorprenden con su opacidad, omisiones y dolo. Lastiman, laceran y agravian a los potosinos, por la impunidad, acompañada de corruptelas en todos los niveles. Lo más ofensivo es que los responsables de ejercer y aplicar la ley, no lo hacen. Pasan por alto y de manera clara el atropello, les vale, cuando juran cumplir y hacer cumplir la ley.

Nuestros flamantes diputados atentan contra la inteligencia de los potosinos al actuar de manera facciosa y dolosa, en referencia a lo más reciente, los manejos indecentes de una alcaldía recién saqueada. Aunque es un fenómeno que se arrastra desde antes, con desvíos de recursos públicos en todos partes. Hay funcionarios que se hacen ricos de la noche a la mañana, como si fuera un acto de magia, con la práctica de taparse los unos a los otros, al cabo que pueblito paga.

La llamada «gallardía”, se estima que cometió saqueos que superan los mil millones de pesos. Tuvo cientos de observaciones y no pasa nada, no obstante las múltiples denuncias interpuestas por el ayuntamiento y la ciudadanía. Hace poco, en el ámbito de los diputados, llegaron varias peticiones de juicios políticos sobre algunos servidores públicos. Los diputados son los indicados para determinar si procedían o no.

En forma sorpresiva, desecharon por improcedente, la petición de juicio político contra el anterior munícipe, Ricardo Gallardo Juárez, sobre el que pesan incontables observaciones de un ente como es la Auditoria Superior de la Federación. Aluden a corruptelas. Para los diputados no fueron suficientes los argumentos que exigen juicio político. Se lavaron las manos al señalar que la petición estaba fuera de tiempo, que ya prescribió.

Y como decían en un programa, caso resuelto, caso cerrado. Las comisiones de gobernación y justicia, por mayoría, lo declararon improcedente. Todos estuvieron de común acuerdo. Solo resta decir a los “representantes populares”, que existía un interés colectivo. Deben sopesar si Gallardo incurrió en omisiones que afectaron el erario. Analizar si violentó de manera sistemática la ley.

Si cometió desfalcos millonarios, si lesionó los derechos humanos. Por lo visto, ya empezó el rejuego político. Afloran los intereses del fuego no tan amigo, las ambiciones, los acuerdos de facto. Es inconcebible, le dieran entrada a otra petición de juicio político contra el alcalde Xavier Nava, en funciones, y al saliente lo protegen. O todos coludos o todos rabones.

Señores diputados, hay que tener más decencia, algo de ética. No se olviden que también son ciudadanos. Lo que decidan como representantes, repercute en lo social. Es cuánto. Solo una reflexión adicional. En un examen de química, plantean, ¿cuál es la diferencia entre disolución y una solución? El alumno más avanzado contestó, si meten a dos políticos (diputados) en un tinaco de ácido, se disuelven. Es una disolución. ¡Pero si los metemos a todos, sería una solución! Hasta la próxima.

 

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Carreras y AMLO podrían pactar una sucesión de terciopelo

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Cada vez es más evidente que Juan Manuel Carreras y Andrés Manuel López Obrador se llevan bien. Se nota que al presidente le agrada el gobernador. Cada que tiene oportunidad AMLO se expresa elogiosamente de Carreras. El gobernador por su parte ha sido muy respetuoso de la investidura del primer mandatario. Se ha convertido en un facilitador de las políticas del gobierno federal apoyando con todo al súper delegado Gabino Morales.

Esta relación institucional se está traduciendo en obras y acciones en benéficos de los potosinos.

Se puede interpretar que el entendimiento entre ambos mandatarios es lo políticamente correcto. Se evitan confrontaciones y uno y otro consiguen que sus acciones de gobierno luzcan y beneficien a los ciudadanos. Esta reciprocidad suma legitimidad y prestigio a ambos gobiernos.

López Obrador y Juan Manuel Carreras pertenecen a diferentes partidos. Su identidad y proyectos políticos son aparentemente antagónicos. Pero creo que en el corto plazo podrían llegar a consolidar un acuerdo no explícito que impulse una agenda que vayan más allá de las acciones de gobierno y que incluya un pacto de caballeros para lograr una transición de terciopelo en el relevo de la gubernatura en 2021.

Se están creando las condiciones para que las riendas de la sucesión gubernamental en San Luis Potosí queden en manos de Carreras y AMLO. Los dos quieren impulsar un proyecto ganador. *In péctore tienen candidato. Y queda claro que para el presidente de la república el adversario a vencer es el PAN. AMLO considera a los panistas como sus más aborrecidos enemigos por conservadores, mojigatos y “fifis”. Así que aunque parezca absurdo la alianza correcta del Peje para operar el relevo en la gubernatura sería con el gobernador Carreras. Sobre todo si hay coincidencia en apoyar – oficial o extraoficialmente – a un candidato rentable, conocido y que no tenga cadáveres en el closet. Un candidato que sume y no que reste. Que de entrada sea un personaje que provoque la convergencia de diversos actores políticos, económicos y sociales. Un militante o simpatizante de Morena o de la sociedad civil al que no le hagan el fuchi o el guácala los del PRI. Por ejemplo Juan Ramiro Robledo o Esteban Moctezuma. O bien, un potosino exitoso como profesionista y servidor público, con potencial y que cuente con el apoyo de los poderes de facto de nuestra entidad, como Gustavo Puente Orozco, secretario de desarrollo económico del gobierno del estado que desde mi muy particular punto de vista es el mejor secretario del gabinete de Juan Manuel Carreras.

Algunos podrán decir que tanto Juan Ramiro Robledo como Esteban Moctezuma ya han manifestado que no han considerado ser candidatos. Pero ya se sabe que el manual de corrección política recomienda a cualquier aspirante negar sus legítimas aspiraciones, ello para evitar un desgaste prematuro que evapore sus posibilidades de llegar a ser el “bueno”. El hecho innegable es que tanto Robledo como Moctezuma son dos políticos profesionales que tienen los méritos y el curriculum necesario para ser candidatos a gobernador.

Algo que va a fortalecer la capacidad de operación política de Juan Manuel Carreras en temas de gestión gubernamental y de relevo en el poder frente al 2021 es el hecho de que recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con lo cual se convertirá en los próximos meses en un mediador funcional entre los gobernadores y el presidente de la república. El estilo cuidadoso y refinado de Carreras va a facilitar los acuerdos entre AMLO y los gobernadores del país. Es previsible entonces que la comunicación y los pactos políticos entre el gobernador potosino y el presidente de la república se consoliden.

Sólo como una posibilidad vale la pena dar seguimiento a la evolución que tenga una hipótesis como la que hoy ofrezco. En un país surrealista como el nuestro todo puede suceder.

*In pectore.- significa literalmente “en el pecho” y se emplea para referirse a la persona que ya ha sido designada para un cargo, pero cuyo nombramiento no se ha hecho público todavía.

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Pena de muerte. Que los criminales paguen con su vida

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La sociedad está harta y muy indignada por tantos feminicidios, secuestros, asaltos, violaciones y terror extremo. Hay miedo en las familias, temor por la seguridad de los hijos, zozobra ante la posibilidad de perder la vida o el patrimonio.

Hemos llegado al límite. Vivimos en un estado de excepción que ha provocado que cada día más hombres y mujeres vean con simpatía la aplicación de la pena de muerte.

Hace unos días nos estremecimos con la terrible noticia del asesinato de Fátima, la pequeña niña de 7 años que fue violada y martirizada por una pareja de chacales. Este caso es apenas un botón de muestra del paisaje de muerte provocado por la violencia criminal.

El agravio de hace mayor al comprobar que la impunidad acaba protegiendo a los delincuentes. Las estadísticas no mienten. En los últimos años miles de mujeres han sido asesinadas, cientos de familias han sufrido un viacrucis por la desaparición o secuestro de un ser querido; miles han padecido algún asalto o se han enterado de cómo un vecino fue robado o asesinado en la calle.

Ante este infierno no sorprende que el pasado 25 de marzo un grupo de diputados federales hayan presentado una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República para que la pena de muerte sea resucitada y se aplique en casos de violaciones, feminicidios y homicidios dolosos.

En nuestro país la pena de muerte estuvo considerada en el artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía que se podía imponer “al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Sólo se prohibía por delitos políticos. Con el correr de los años este castigo extremo fue limitándose hasta que fue suprimido el 9 de diciembre de 2005.

A favor y en contra de la pena de muerte. Asunto polémico.

La propuesta de revivir la pena de muerte provoca ardientes discusiones. Tiene partidarios y detractores.

Para muchos la pena de muerte se justifica ya que hay seres humanos que no merecen ni siquiera ser alimentados cuando están encarcelados. Su maldad y el nulo respeto que tienen por la vida no admite otra opción que la que deriva en pagar con su vida por los delitos que han cometido. Es un correctivo para que expíen con su sangre sus crímenes. Los partidarios de la pena de muerte piensan que la pérdida de ciertos individuos resulta una ganancia para la sociedad al tiempo que se convierte en un acto de justicia. Es una forma de restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro.

En contraste, para la Iglesia católica la pena de muerte es inadmisible. No hace mucho y a propósito de este tema el Papa Francisco sostuvo que cualquier castigo que se aplique a un criminal (incluida la pena capital) debe “tener un horizonte de esperanza”. Este axioma supone la convicción de que los criminales pueden arrepentirse y salvarse, es decir son rescatables.

Por otro lado para los defensores de los derechos humanos la pena de muerte es incompatible con los derechos esenciales de las personas; afirman que no se justifica volver al “ojo por ojo y diente por diente” o legitimar deseos de venganza enmascarándolos en el ropaje de la ley. La pena de muerte, para ellos, no tiene justificación ética, moral o jurídica.

Se defienda o se rechace la pena de muerte en algo tienen razón los legisladores que están proponiendo su aplicación, “es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen”.

Sería viable y oportuno que se realizara una consulta pública para saber qué opina la sociedad, si estaría dispuesta a respaldar la pena de muerte o si se opone a ello. ¿Usted que opina?

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Empresarios y políticos se reparten tierras ejidales en La Pila de manera ilegal

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Por encima de la ley, el presidente del comisariado ejidal de La Pila, Pedro Adrián Martínez López, junto con un grupo de empresarios y políticos potosinos distinguidos, se reparten las tierras del núcleo poblacional. Entre los beneficiarios destaca la familia Lorca Valle y el industrial Héctor Gómez Valle, ambos ligados al gobernador Juan Manuel Carreras López. También  forman parte del grupo, el ex diputado local del PRI, José Luis Romero Calzada. Los boyantes Valladares García.  El inmobiliario y arquitecto Roberto Pérez Centeno. El dueño de las gasolineras Max Store, Abraham Tobías Gómez. El propietario de Termicentro, José Vicente Soriano García, que construyó las peligrosas y enormes esferas de gas LP que se ubican en 40 hectáreas del ejido.

Un grupo de quejosos, encabezados por el ex delegado de La Pila y ex líder de la CNC, Eulogio López Delgado y el ex comisariado ejidal, Tobías López Delgado, lograron obtener un informe respecto al reparto de tierras que Martínez y el grupo de poder político y económico  enquistado en el ejido, realizaron mediante una ilegal asamblea. A los afectados los representa el litigante Carlos Covarrubias Rendón. Señalaron en un documento que el equipo utilizó para concretar el despojo, a los ex delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres Torres y Miguel Martínez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal, impusieron por medio de la  fuerza pública, una asamblea de certificación, el 18 de noviembre del 2018. Los ex funcionarios federales montaron un operativo policiaco al servicio de empresarios y políticos disfrazados de ejidatarios.

Expusieron que en los acuerdos y proyectos del despojo, no son ajenos Carreras y el presidente municipal de San Luis, Xavier Nava Palacios, quienes intentan lograr a toda costa la actualización del Plan del Centro de Población Estratégico de la Ciudad. Es por lo que el 27 de marzo del 2019, llevaron a cabildo el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeación  presente la propuesta para incluir las más de 6 mil hectáreas del ejido. Explicaron que el 17 de julio, el ex presidente del comisariado, Tobías López Delgado y otros ejidatarios de La Pila, solicitaron por escrito al Registro Agrario Nacional de San Luis  Potosí, informara la situación  del ejido. El 26, mediante el oficio RAN/SLP/DA/ 920/2019, el encargado Martín Banda Reyna entregó a los demandantes un documento donde asentó que se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común. Sobre los solares, informó que no se había expedido ningún título.

Miranda Reyna informó no tener el “dato preciso de los sujetos agrarios beneficiados. Tampoco había fecha de una próxima entrega de ninguna clase de documentos”. Respecto a la certificación registral, manifestó que previo pago de derechos, se les expedirán copias certificadas. Banda habló sobre una segunda revisión del acta de asamblea de delimitación. Dijo que no era posible llevarla a cabo en el momento, “salvo que una autoridad competente  lo ordene, debido a que es un trámite interno”. Sobre los derechos y documentos a favor de Pedro Adrián Martínez López, actual presidente del comisariado, “les comunico que se le entregaron 95 certificados parcelarios”.

Explicaron que el grupo de empresarios y políticos beneficiarios de las tierras ejidales, que manifiestan haber comprado sus derechos, los encabeza el magnate de expendios de gasolinas, Abraham Tobías Gómez, que se apoderó de más de un kilómetro de frente de la carretera a México, donde suma más de 40 hectáreas. Las 16 parcelas son la 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490, 530, 684, 686,882, 883 y 891. Lo sigue Héctor Gómez Valle, inmobiliario con 80 hectáreas. La familia Lorca Valle posee otras 80 hectáreas, la cabeza de la familia es José Antonio Lorca Valle, sobrino político y compadre del gobernador Juan Manuel Carreras. Lorca aspiró a candidato a diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso intentó dirigir el partido en el estado. También aspira a ser gobernador por las mismas siglas.

Otros empresarios que cargan la estafeta de ejidatarios son el inmobiliario Roberto Pérez Centeno, que aparece con parcelas cercanas a las 80 hectáreas. El ex diputado local y dueño de Tekmol, José Luis Romero Calzada, tiene cinco hectáreas. El dueño del restaurante El Pacífico,  Juan López Lara, aparece con 20 hectáreas. Fue socio del ex aspirante a edil de la capital, Jacobo Payán Latuff. Aparece el presidente del consejo de administración y casi dueño del Grupo Avicen, Roberto Oliva. El ex coordinador de finanzas de candidatos a gobernadores del PRI y Payán también tienen hectáreas en el ejido. A través de prestanombres figuran los hermanos Pablo y Miguel Valladares García con más de 50 hectáreas. Poseen 10 parcelas, la 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367,445, 824 y 898. Otro invasor es José Vicente Soriano García, principal dueño de la empresa Termicentro. Tiene a su nombre 40 hectáreas, donde colocó sin observar ninguna ley ambiental, las peligrosas esferas de Gas LP.

Explicaron que Banda Reyna, como encargado de las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional, les informó que se entregaron 95 certificados parcelarios al presidente del comisariado ejidal, Pedro Adrián Martínez López, de los cuales 40 están a su nombre y el resto son de las personas que representa con poderes notariales. Los documentos de Martínez suman 163 hectáreas y la de sus seguidores 200, donde aparecen Torres Torres y Martínez Castro. Revelaron que el juez octavo de distrito suspendió la expedición de títulos apócrifos. Solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Agrario y juzgados federales. Indicaron que las contralorías federales llevan a cabo varias pesquisas. Advirtieron que el proyecto de Carreras López  es impulsar en lo que resta de su mandato, 100 nuevas naves industriales en el área del ejido y diversos fraccionamientos, con miles de lotes de alta densidad. Además, las conexiones, ejes y libramientos que están delimitados y definidos por los empresarios desde hace 8 años.

Evitarán que Nava concrete el proyecto de otorgar el cambio de uso de suelo de las más de 4 mil hectáreas del núcleo de población donde los ganones son empresarios, industriales,  inmobiliarios y especuladores del suelo urbano. El representante legal y los ejidatarios manifestaron que la repartición o despojo de tierras ejidales de La Pila al grupo económico y político del estado,   son proyectos de la iniciativa privada, con un aparente barniz social. Son autorizaciones arrancadas en el agónico régimen del ex presidente Enrique Peña Nieto. Son situaciones que fueron puestas al límite para que el nuevo gobierno recibiera la presión política y económica. Sin embargo, el nuevo  gobierno federal analizó el caso y resolvió conforme a la ley. “Se encontraron con un desbarajuste entre las autorizaciones y términos de legalidad. Lo mismo va a pasar con la vía alterna, con las autorizaciones para el cambio de uso de suelo que tenían del ayuntamiento. Se van involucrar las  autoridades federales, revisarán el despojo y otro tipo de situaciones”.

Añadieron que en  La Pila, los constructores e inmobiliarios no tuvieron permiso ambiental para fraccionar. En el caso de San Juan de Guadalupe, hay un lineamiento de la Procuraduría Agraria, de no permitir más inmobiliarias. “Avanzamos, todos los frentes están abiertos, damos la batalla”. Agregaron  que hay una ofensiva social jurídica para la defensa del patrimonio. Obtuvieron un informe donde el Registro Agrario Nacional hace una radiografía de lo que pasa en el ejido de La Pila, de cómo se asignaron derechos al presidente del comisariado ejidal y empresarios. Expusieron que resulta curiosa la forma en que se generan derechos de títulos a menos de la mitad de los ejidatarios, cómo obligan llevar a cabo las certificaciones, cómo manipulan para decidir el territorio ejidal, el estado y ayuntamiento para otorgar un cambio de uso de suelo a medida de los negociadores que despojaron a los ejidatarios de sus tierras. El gobierno estatal se coludió con los hombres del poder económico y políticos porque busca generar un emporio industrial, que no han podido lograr en 17 años. El tiempo se les acabó, ya no tienen al mando federal de su parte. Buscan   lograr el proyecto a nivel local, al tratar de justificar la asignación indebida de las tierras de los ejidatarios, que están en condiciones de revertir el robo y abortar sus negros propósitos.

Indicaron que van a construir más de 100 naves industriales en dos años, 80 menos de las 180 que ahora existen, 18 están en Villa de Reyes. El gobierno estatal, coludido con el grupo de beneficiarios, busca en dos años hacer en la Pila lo que se hizo en Villa de Reyes, pero en poco tiempo, doblar el número de naves, fraccionamientos y negocios. Sostuvieron que el grupo externo no ha podido certificar La Pila. Desde el 2001, lo intentaron bajo todas las formas, compraron derechos, dividieron al ejido, ganaron comisariados, trataron de tumbarlos y siempre se quedaron a la mitad, ya que el ejido no estaba de acuerdo. La gente no les daba el voto calificado. Lo  consiguen hasta que se reagrupan en el 2016, con la llegada de Carreras.

Incorporan al grupo de Termicentro, donde están metidas las familias Valladares García, Gómez Valle y Payán. Traían el objetivo de unas esferas en 2014-2015, pero con mayor empuje en el 2016. Termicentro llega y se instala después de que el gobierno del estado y municipal generan las autorizaciones. El principal dueño, José Vicente Soriano García, con el apoyo de sus socios y el estado, empezaron a operar de manera social y política dentro del ejido para lograr la certificación, al costo que fuera. Utilizaron de carnada a Termicentro, vinculada al huachicol a nivel federal. Además de Salvador Oñate, otros son accionistas del Banco del Bajío y viven en León. Contrataron asesores vinculados a las luchas agrarias. Sabían del riesgo de no tener el respaldo del gobierno federal por lo que sacaron las autorizaciones en  noviembre del año pasado. Lograron el salvoconducto para regularizar la tenencia de la tierra, aún cuando ya tenían años operando. Es inadmisible que al presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez López, le entregaran un certificado por  más  de 150 hectáreas, más 200 de sus  prestanombres. Martínez violó la ley agraria que dicta, está impedido para obtener tierras como representante del ejido, solo lo puede hacer por herencia.

Sostuvieron que el grupo de empresarios, industriales y políticos, invadieron un terreno donde no tienen nada que ver los ejidatarios. Las autoridades federales en el estado, en el sexenio anterior, entregaron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común, cuando los ejidatarios son más de 540. Además, el número de parcelas suman más de 2 mil y solo entregaron 418 a un grupo reducido, más de la mitad en posesión de empresarios que se autonombran posesionarios y ejidatarios, plenamente identificados. Ni  siquiera una tercera parte de ejidatarios fue reconocida de manera formal. Revelaron que hay un plan jurídico para abortar el despojo de tierras. Se impugnó la operación de las esferas de gas LP de Termicentro. También la asamblea de certificación del  ejido. Se ataca la autorización del Plan De Desarrollo Estratégico de la Ciudad de San Luis Potosí.  Ya hay  resultados, se congelo y suspendió la expedición de nuevos títulos a favor de tales grupos. Los documentos están tildados de ilegales, tienen una consigna y una anotación marginal de que están en limbo, sin una definición jurídica definitiva. Sumar el tema de La Pila que se relaciona con San Juan de Guadalupe, por las consecuencias que pueda tener si la urbanizan. Informaron que un grupo de ejidatarios impugnó la instalación de las esferas con un amparo de carácter ambiental. “El juicio de amparo que tenemos se resuelve si se sobresee, porque no se acreditaron los actos”.

El grupo se fue a la revisión y un tribunal colegiado de circuito en San Luis, después de casi un año de litigio, en el expediente 81/2019, revocó la sentencia emitida. Emite otra donde ordena reponer el procedimiento, llevar a cabo una pericial  de carácter ambiental. Fue algo inédito para  San Luis Potosí. Indica un estudio de riesgo, que nunca se había visto. Afirmaron que hay una orden del gobierno federal, que se emitió el primero de diciembre, donde ordena una serie de peritajes.  Involucra a la Universidad Autónoma  de San Luis para que disponga de un perito. Ordena a la Fiscalía General de la República, notificar se ponga un perito que realice una serie de peritajes. Son 90 pasos a revisar. Es un ordenamiento que la gasera no pasará. Uno es el tema de la cercanía con la gente. Les dice que informen, cuántas personas pueden morir si existe una explosión. Los expertos tienen que hacer 50 preguntas que el grupo de ejidatarios hizo en la demanda de amparo. “El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, hizo los acuerdos con la gasera. Tendrá que acatar el ordenamiento”.

Los ejidatarios afirmaron que el grupo que cometió el despojo, tuvo de su lado un Tribunal Unitario Agrario corrompido. “A leguas se notó la mala fe del magistrado. Nos regaló una medida precautoria, donde se dice, debe hacerse una anotación en la acta de asamblea, pero no dice, no se negocie. No se expida ningún certificado. El mismo magistrado nos dice que tiene presiones del gobierno estatal para que se realice la certificación. Es algo que no va a poder cumplir. La maniobra carece de formalidades especiales. Intentan certificar, pero tienen 20 faltas del acta de asamblea.  Con una sola, es motivo de nulidad, con 20 no van a poder construir nada. Analizamos el proyecto de denuncia contra el magistrado que incurrió en corrupción”.

Asentaron que el robo o despojo de las tierras involucra a 500 ejidatarios y sus familias, ya que el uso común no se lo pueden robar, como señalan las certificaciones. Los certificados que expidieron, le entregan una parte al comisariado, más de 150 hectáreas que se auto-asignó. “No tienen asesoría  jurídica. Como dijo el magistrado, se pusieron de a pechito, sólo impugnen y la tumban. Es una fantasía del gobierno de que nos van a robar el ejido. No lo podrán hacer”.

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“Tenemos detenido a tu hermano y otra vieja”

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La señora Fortina Torres González presenció cómo hombres armados, vestidos con ropa oscura y pasamontañas, se llevaron en junio del 2013 a su hijo José Alberto Gallegos y su pareja Perla Guadalupe Padrón, que desde entonces siguen en calidad de desaparecidos. La afectada reveló que tal fecha se quedó a dormir en la casa que rentaba su hijo. Por la madrugada, escuchó fuertes ruidos y gritos que provenían de la recámara adjunta, donde la pareja dormía, junto con sus dos hijos. Se despertó y corrió a ver lo que ocurría. Cuando llegó, vio a 4 hombres con armas largas que golpeaban y jaloneaban a su hijo, mientras su nuera, sentada en la cama, suplicaba a gritos que no se lo llevaran. La espantada mujer tomó en brazos a la pequeña cría de la pareja, que se despertó por el bullicio. Cuando trató de intervenir para que soltaran a su consanguíneo, uno de los hombres le apuntó con una arma y grosero, le dijo que se quedara quieta.

“No sé por qué los sacaron de su casa en la madrugada. Estaban dormidos. Mi hijo era albañil y se levantaba como a las 6 y media de la mañana. Iba a dejar al niño a la escuela y luego partía al trabajo. A mí me tuvieron todo el tiempo amenazada, tenía miedo de que se le fuera una bala al hombre que me apuntaba y me matara o a los niños. A mi hijo lo sacaron primero y luego otro regresó por mi nuera. Cuando se alejaron, salí a la calle y alcancé a ver la camioneta blanca, cerrada, sin placas, en que los subieron. Fueron cuatro sujetos los que entraron. En el vehículo se quedaron por lo menos dos, se oía que platicaban. El mismo día, el mando único que encabezó el señor Gerardo Sandoval Plasencia, detuvo a mi hijo menor, Carlos Gallegos. Lo culparon de robar una camioneta. Mi esposo, que era taxista, preguntó por mi hijo mayor y mi nuera. En la tarde me habló. Me dijo que no supo nada. Hasta el otro día, mi hermana nos avisó que tenían a Carlos en los separos”.

“Lo habían golpeado, le dieron toques eléctricos, le vendaron los ojos y lo tuvieron secuestrado en un lugar que no era la barandilla. Nos pedían 6 mil pesos para dejarlo libre, solo pudimos conseguir 3 mil. Mi esposo buscó un abogado, que nos ayudó a sacarlo. Lo carearon con la maestra a la que supuestamente le robaron la unidad. Les dijo que mi muchacho no era el malhechor. Cuando salió, nos platicó que el señor Sandoval Plasencia lo interrogó. Le quitó la venda de los ojos. Se sentó en una silla al frente, con maldiciones, le repetía que lo viera a la cara. Lo acusó de ratero. Le reveló que tenía detenido a su hermano y una vieja, mi nuera. Carlos tenía mucho miedo, porque lo habían golpeado. Le dolía tanto la cara, que no podía comer. Lo convencí de ir a poner la denuncia. En lo que declaró, quedó anotado todo lo que le digo”.

“El señor Sandoval Plasencia cometió bastantes atropellos. No solo con mis muchachos. Entonces se supo de varios casos. Los afectados no denunciaron por pavor. Han pasado 6 años y hasta ahora no tenemos idea dónde están. Uno como madre siente en su corazón que pueden estar en cualquier sitio. A veces imagino que están en una cárcel o que los usan en trabajos forzados. La señora Torres señaló que su esposo, ya fallecido, le afectó el extravío de su hijo. “No se desahogaba, se guardaba todo en el corazón. No hablaba mucho, pero se le notaba la tristeza. Siempre anduvo preguntando. Si supo algo, lo ocultó. Me decía que no viajara tanto a Valles, a donde acompañaba algunas veces a mi consuegra, porque corríamos peligro al andar en carretera. Le contesté que mientras Dios me deje, los buscaré”.

Fortina Torres lamentó no poder acudir como lo hace su consuegra a las búsquedas y reuniones que organiza el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que los apoya para encontrar a su hijo y nuera. Refiere que a raíz de la muerte de su esposo, que le cubría todos los gastos, tuvo que salir a buscar trabajo para pagar la renta y solventar todas sus necesidades. “Tengo fe en que los vamos a localizar, a pesar de que ya pasó el tiempo. Quisiera que fuera con vida o como sea. Ya queremos salir del sufrimiento, no hay paz. Cuando una persona fallece, lo llevamos al panteón, sabemos dónde quedó. Pero es todo lo contrario, hay mucha desesperanza”.

 

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Acusan al extinto militar, Gerardo Sandoval Plascencia y su grupo de apoyo, desaparecer a un matrimonio oriundo de Ciudad Fernández

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El 14 de junio del 2013, después de las 5 de la mañana, cuatro hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas, forzaron el candado de la puerta de una humilde vivienda, para entrar, furtivos, protegidos por la oscuridad. Se dirigieron a la recámara donde dormía la joven Perla Guadalupe Padrón Castillo, su pareja Jorge Alberto Gallegos Torres y sus dos hijos. Con un despliegue de violencia, sacaron a la pareja de la morada, los subieron a una camioneta van, blanca y se los llevaron. Desde entonces, la señora Teresa de Jesús Castillo Medina busca a su hija y yerno.

Los hechos ocurrieron en la calle Flor de Azahar, en la colonia Democracia uno, en la cabecera de Ciudad Fernández. Durante más de 6 años, Castillo no ha descansado en la búsqueda de sus familiares. Lo hizo desde el momento que su consuegra, Fortina Torres, llegó a su casa y le informó que hombres armados, se habían llevado a sus hijos. La denuncia por desaparición forzada la interpuso el mismo día la afectada Torres, madre de Jorge Alberto Gallegos. A Castillo, los funcionarios de la subprocuraduría de justicia de Rioverde, no se la aceptaron, porque no presenció lo ocurrido, le objetaron.

Teresa Castillo y su esposo, como la gran mayoría de las víctimas de secuestros, padecieron la indiferencia y trato burocrático de la procuraduría. Con el temor a cuestas, ya que del 2010 al 2013 la ola de terror en la zona media había alcanzado niveles inéditos, persistieron hasta que lograron que le tomaron su propia declaración a Castillo. Aportó nuevas pistas para la indagatoria, como los mensajes y una llamada que recibió su esposo al celular, donde le mencionaron que su hija estaba en Monterrey. En otros textos, la amenazaron para que ya no la buscara. “En mi denuncia, pedí que se investigara el número de teléfono, de donde hablaron. Hasta nos indicaban el nombre de una calle”.

“Una vez que marcamos, un hombre nos insultó. Nos dijo que ya no estuviéramos chingando. Las autoridades nunca hicieron nada para dar con el paradero de los muchachos. Solo nos decían que investigaban, pero nunca aportaron algo en concreto. Acudí varias veces a la semana a la subprocuraduría, para nada. Después de varias vueltas, apenas me dieron el número de expediente. Estuve desde las 8 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. Al ver que el licenciado que me iba a atender, recibía y platicaba con otras personas que llegaron después, como no me llamó, no me aguanté. Enojada, grité y exigí que me hiciera caso. Fueron solo unos minutos que le tomaron ordenar a su secretaria, que mediera el dato. Es como tratan a las personas que como nosotros, fuimos en busca de justicia”.

La señora Teresa Castillo reveló que en la desaparición de su hija Perla Guadalupe Padrón y su cónyuge, José Alberto Gallegos Torres, pese al miedo que tenían, ya que entonces era una persona con mucho poder, por lo que inspiraba temor, señalaron como probable responsable al entonces jefe del mando único policiaco de la zona media, al capitán Gerardo Sandoval Plascencia. El 14 de junio del 2013, cuando a sus familiares se los llevaron, policías municipales al mando de Sandoval, detuvieron horas después, a las 11 de la mañana, al menor Carlos Gallegos Torres, hermano de Alberto Gallegos. Lo acusaron del robo de una camioneta. Lo golpearon, le dieron toques eléctricos y lo retuvieron todo el día en un lugar ajeno a la comandancia  El propio militar lo interrogó. Lo obligó a agarrar con la mano una pistola.

“Le dijo que confesara su culpabilidad, pues tenía detenido a su hermano, José Alberto Gallegos y una vieja, lo que se asentó en la declaración del muchacho, que interpuso cuando quedó en libertad, después de que sus padres pagaron 6 mil pesos que les exigieron los policías, para no pasarlo a otro lugar, donde les aseguraron que no saldría vivo. La maestra afectada por el supuesto robo de una camioneta, oriunda de Ciudad Fernández, durante un careo, asentó que el implicado no era el autor del hurto. Sandoval nos inspiraba temor, ya que se le involucró en muchas situaciones negativas. En la querella por la desaparición de mi hija, se hizo hincapié para que fuera citado a declarar, lo que nunca ocurrió. Tenía mucho miedo indagar y se llevara a mis otros hijos. El pavor siempre me acompañó, pero me di valor y lo hice. Nunca lo interrogaron, pese al testimonio del chamaco y que nosotros insistimos”.

Sobre el capitán Gerardo Sandoval Plascencia pesaban más de 120 denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En contraste, los subalternos y alcaldes a los que sirvió, lo describían como un agente eficaz que mantenía a raya a la delincuencia. Murió el 15 de mayo del 2016 en un accidente, cuando transitaba por la carretera 69 Rioverde-San Ciro de Acosta, con rumbo a la comunidad de San José del Tapanco, a atender una denuncia de violencia familiar. Según el reporte vial, sufrió una falla mecánica de la camioneta pick oscura que manejaba, lo que originó se saliera de la cinta asfáltica. Al tratar de incorporarse de nuevo a la ruta, volcó en diversas ocasiones, debido al exceso de velocidad.

La señora Castillo señaló que con la muerte del jefe policiaco, se cerró la posibilidad de llamarlo a cuentas y poder determinar si en efecto estuvo implicado en la desaparición de la pareja. Después de 6 años de lo ocurrido, aun tiene la esperanza de que la línea de análisis se agote, pues el ex jefe policiaco nunca andaba solo en sus recorridos. Sus colaboradores cercanos y escoltas que siempre lo acompañaban, pueden aportar testimonios que pudieran ser muy útiles para esclarecer la desaparición de su hija y yerno. “Como era una persona de alto rango, las autoridades locales no querían investigarlo, fue por lo que las denuncias se estancaron. Los encargados de aplicar justicia, a lo mejor también estaban coludidas. Fue un trance muy difícil y peligroso”.

“Interpuse también una denuncia en la oficina que tiene en Rioverde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin resultados. Cuando vi que no hacían nada y solo nos daban largas, me fui a la ciudad de México a la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigar la Delincuencia Organizada. Me dieron nombres y teléfonos de personas para que las buscara en San Luis. Dijeron que agotara todas las instancias. En caso de no resolver nada, entonces regresara de nuevo. O sea que sigo igual, sin resultados. Después de tanto andar de un lado para otro, sin saber a dónde ir, subí una foto de mi hija en el Facebook. Me di cuenta que había muchas niñas desaparecidas y páginas de búsquedas”.

“Fue como conocí a una señora de Zacatecas, me habló por teléfono. Tiene un colectivo y me podía apoyar al difundir la foto de mi hija. Me puso en contacto con un organismo oriundo de San Luis. Me dio los números de teléfonos de la profesora Edith Pérez, del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Me recomendó llamarla. Marqué y nadie contestó, me desalenté. Creí que si las autoridades no me ayudan, que es su trabajo, tampoco lo medios informativos, menos una persona que ni me conoce. Al siguiente día me llamó la maestra, le platiqué mi caso. A partir de entonces se me han abierto las puertas para buscar a los muchachos. Los del colectivo me pusieron en contacto con otras personas y la unidad especializada de búsqueda, que nos apoyan para abrir camino”.

Teresa Castillo, como otros familiares de desaparecidos, integrados al colectivo Voz y Dignidad, han participado en varias búsquedas. Hace más de un año estuvo en una que se realizó en la comunidad de Santa Isabel, en Rioverde, donde encontraron fragmentos de varios cuerpos que están en análisis. Hallaron tambores o cocinas, donde grupos delictivos sacrificaron a las víctimas, en Huchihuayán, en la huasteca. Ahora participa también en la búsqueda que se realiza en Matanzas, Moctezuma, donde se han identificado restos óseos de 12 personas. Las exploraciones continúan el año en curso, al ubicar más vestigios humanos. Mencionó que en su caso, después de casi 7 años, se podría citar a los colaboradores cercanos de Sandoval Plascencia. Exigirán se investiguen los registros y bitácoras de los policías que lo acompañaron el día que levantaron a sus familiares.

Confía en las indagatorias que realiza la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, que dirige la abogada Luz María Montes Mariano. Espera resultados positivos para dar con el paradero de su hija Perla Guadalupe Padrón y su pareja José Alberto Gallegos. Refirió que gracias al trabajo del colectivo, como hace más de un año, se logró localizar el cuerpo de un joven de Rioverde que se extravió también en el 2013. Los restos estaban en un predio del ejido Miguel Hidalgo. Indicó que al muchacho también se lo llevaron en una camioneta cerrada tipo Van, semejante a la que usaron para cargar a sus parientes, después de sacarlos de la casa donde dormían. Afirmó conocer tres casos más de jóvenes desaparecidos en Ciudad Fernández, cuyos familiares optaron no denunciar por miedo.

La señora Teresa Castillo aclaró no saber la causa por la que cargaron a su yerno, que trabajaba como albañil  y su hija de 26 años, que se dedicaba al hogar y dejó a una bebe de varios meses y otro de 5 años. “Eran  personas que no se metían en problemas ni tenían enemigos. A veces razono que pudo tratarse de una equivocación. Es una carga muy difícil de llevar a cuestas. No puedo tener la vida de antes. Algunas personas y familiares me dicen que ya deje el asunto por la paz, pero no puedo hacerlo. No estoy conforme. Me pregunto dónde estarán, a lo mejor murieron. Tal vez en alguna de las búsquedas, junté fragmentos de sus huesos. O están vivos en alguna parte cerca o lejos, en la frontera o en otro país”.

“Tal vez mi hija anda de indigente, son muchas las interrogantes que pasan por mí cabeza. A lo mejor soy egoísta y me olvido en ratos de mis otros hijos. Los descuido por andar en las excavaciones. Pero no me puedo quedar quieta, encerrada. No lo hice antes cuando no tenía apoyo de ningún grupo y me iba a todas partes, donde me dijeron que podía encontrar algo. Lo hice a veces sin dinero y me llevaba una pequeña, nada más con el valor de mujer y madre desesperada. Yo voy a seguir. Quiero saber si mi hija está viva, la quiero encontrar y que vea a su niña, que ya creció. En caso de que hubiera perecido, saber dónde quedó. Prevalece la incertidumbre, una encrucijada muy triste y difícil, son más de 6 años de no saber su paradero. No pierdo la esperanza. El expediente lo tiene la unidad especializada, lo conocen, indagan, hay interés en ayudarnos”.

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Elecciones 2021: Las reglas del juego

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  • Terminó la consulta para elaborar una nueva ley electoral
  • Más de 60 propuestas
  • Ahora la pelota está en la cancha de los diputados
  • ¿Reforma de vanguardia o parto de los montes?

A través de cinco foros regionales y varias mesas de trabajo con especialistas nuestros diputados locales lograron recoger diversas propuestas necesarias y significativas para reformar la actual ley electoral del estado. Fue un ejercicio de parlamento abierto que propició una interacción plural entre ciudadanos y el poder legislativo.

Los legisladores han hecho un buen esfuerzo para dar la impresión de que están tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos, los partidos políticos y los expertos.

Los parlamentarios cuentan ahora con aportaciones que pueden enriquecer y legitimar una reforma electoral profunda y de perfil democrático.

Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Podríamos estar frente a un ejercicio de simulación en el que al final del día nuestros legisladores acaben aprobando una ley electoral que proteja preferentemente los intereses de las élites que dominan la competencia por el poder.

Nuestros representantes populares tienen dos opciones: 1. Convertirse en los parteros de una transformación legislativa en la que “todo cambie para que todo siga igual” o bien, 2. Convertirse en reformadores de nuestra imperfecta democracia.

No hay que olvidar que en el congreso del estado conviven grandes dinosaurios adictos a las prácticas antidemocráticas con políticos comprometidos con los valores de la democracia.

Para sacar adelante la futura ley electoral se enfrentaran en una batalla feroz aquellos que quieren seguir manteniendo privilegios contra los que quieren levantar la bandera del cambio. Los conservadores quieren una reforma cosmética y los que se dicen demócratas ambicionan aprobar una ley de vanguardia.

Así que está por verse si lo que aprobarán los diputados honra y recupera la recia tradición democrática que en otros tiempos mostraron los insurrectos potosinos o si lo que veremos es un parto de los montes*(1).

Para que realmente podamos calificar como una legislación de vanguardia a la futura ley electoral los diputados y diputadas del congreso local están obligados a dictaminar una iniciativa que garantice la vigencia de los principios rectores de la materia electoral – certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad-. Pero además deberán pulir algunos temas como la participación de candidatos independientes a los que actualmente se les ponen mil trabas, hacer obligatoria la inclusión de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad; debatir si disminuyen o mantienen el número de diputados plurinominales que hoy existen; crear nuevos distritos electorales; incrementar de 3 a 5% la exigencia de votos necesarios para que los partidos puedan conservar su registro y para que puedan tener derecho al reparto de diputaciones plurinominales y al financiamiento público.

Urge también que se regule con rigor la conducta de las empresas que se dedican a elaborar encuestas ya que algunas son poco serias, no utilizan metodologías científicas en su diseño, aplicación e interpretación de resultados. Reportan puras falsedades que solo buscan inflar el ego de los aspirantes a un cargo de elección popular e incrementar artificialmente sus posibilidades de éxito; estas encuestas “patito” manipulan tramposamente la percepción de los electores provocando confusión y engaño.

Muchos esperamos que nuestros diputados y diputadas se reivindiquen ante la sociedad aprobando una ley electoral de avanzada.

Nota. *(1) El parto de los montes.- “Esta fábula, muy breve, relata cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, después de señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. La fábula, y la expresión «el parto de los montes», se refieren por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo” (Tomado de Wikipedia).

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Bety Benavente y las Lap Top

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La que como ha cambiado, es la diputada local Beatriz Benavente, ahora plurinominal por el PRI, ya que, como Oficial Mayor de la pasada legislatura, considerada la “peor y más corrupta de la historia” fue verdaderamente cuestionada por sus descarados encubrimientos ante claros actos de abuso y corrupción de los diputados.

Ahora ya como diputada, por estrategia, trata de lavar sus culpas y mantiene una actitud crítica y dura contra lo que antes solapó. Nos enteramos que los actuales diputados se despacharon con la cuchara grande y gastaron 400 mil pesos para nuevas laptops. Fue la única que se opuso, dijo que en el congreso “no existe transparencia, ni eficiencia”. Pero fue más allá al señalar que “los equipos deben quedar inventariados, con un oficio firmado por el diputado o diputada. En caso de que no aparezca en el proceso de entrega-recepción, su costo debe descontarse al legislador respectivo”.

Sin embargo, cuando estuvo como Oficial del Congreso, el diputado perredista, Sergio Desfassiux, cada dos meses, metía una factura de una empresa fantasma de nombre Grupo Gahe de San Luis, donde simulaba adquirir un equipo de cómputo. Resulta que se acabó la legislatura y las supuestas máquinas nunca aparecieron. Beatriz Benavente se hizo de la vista gorda. Hoy existe una denuncia en la Auditoría Superior del Estado en contra de ambos personajes por un presunto fraude. También como Oficial Mayor, puso un sinfín de trabas y obstáculos para entregar información pública que por ley debía ser proporcionada. No cabe duda, que hoy intenta mostrar otro rostro muy diferente y critica lo que ella en su momento hacía.

Otro aumento al transporte.-Ya viene otro golpe al bolsillo de la gente, con un nuevo aumento al transporte urbano que llegará hasta los 9 pesos con 80 centavos. Los permisionarios no cumplen a cabalidad con los compromisos establecidos en la ley, pero aun así se les premia. Lástima Margarito.-
La homologación de las tarjetas de prepago no se ha podido realizar por la constante negativa, desde hace años, del líder del pulpo camionero, Margarito Terán. Ahora menos lo hará, ya que fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco, después de doce largos años, por un presunto fraude, donde es acusado de fungir como prestanombres en agravio de una familia, que fue despojada de sus bienes por un valor aproximado de 500 millones de pesos. Es el tamaño del problema en que está metido.

Ya lo sé que tú te vas.- Y como dice la canción. “ya lo sé, que tú te vas”. El Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera, se encuentra atrapado en un túnel que no tiene regreso. Está maniatado y las denuncias penales contra ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios, no caminan. Al parecer existe una mano muy poderosa, que mueve la cuna para que el combate a la corrupción no avance en lo más mínimo. Si se mantiene en lo dicho, en cuestión de días agarrará sus tiliches y se irá en silencio.

Preso en el extranjero.- Primero cayó en Estados Unidos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y ahora se gira orden de arresto contra Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún, también en el norte. Se encontraba en un proceso judicial por fraude y conspiración. Mientras en el país, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue exonerado y salió rechinando de limpio según pesquisas de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval. Nos hizo recordar a Virgilio Andrade en tiempo de Peña Nieto y la Gaviota, con el escandaloso asunto de la Casa Blanca.

Existe la impresión de que hay un acuerdo con el país vecino, para que sean los que vayan contra los corruptos y hagan el trabajo, mientras el actual gobierno federal no se ensuciará las manos y seguirá combatiendo la corrupción solo en el discurso. Con las detenciones de García Luna y Manuel Bribiesca, le dan un estate quieto a Calderón y Fox, que cada rato le dan duro y tupido a López Obrador en las redes sociales. Mientras a Peña Nieto le funciona su nueva vida de “socialité” y pasa desapercibido.

Las compras putrefactas.- Han pasado ya cuatro largos años y en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, las compras y adquisiciones siguen putrefactas, tal como las heredaron de la administración pasada. La mayoría son amañadas. Ya se sabe a qué proveedores van a beneficiar. Usar empresas fantasmas, para simular competencia y hasta para asignar contratos, ha sido la mecánica más usada. Cada vez son más cínicos y descarados. El grupo que encabeza el director de adquisiciones, Miguel Ángel Montoya, ha cometido actos aberrantes. Se saben protegidos desde arriba y que existe una contraloría encubridora y coludida. Aunque los enormes roedores intenten seguir con procesos amañados, tarde que temprano se van a dar a conocer las fantasmagóricas empresas que manejan peces gordos con prestanombres.

 

 

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La escuela de música Julián Carrillo podría estrenar edificio en el 2020

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La Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, comenzó el 2020 con nuevos proyectos y altas expectativas de cambio. Con la posibilidad de reubicarse en un espacio más amplio, con mejor infraestructura que ayude a implementar nuevas dinámicas de trabajo y elevar su nivel académico, como ya se hace a lo largo de los años.

El director de la escuela, el maestro Alejandro Alfaro, indicó que buscará llevar la cultura a todos los lugares posibles, donde los jóvenes puedan ver que hay nuevas oportunidades de crecer por medio de actividades artísticas. “Cerramos el 2019 de manera satisfactoria, con grandes conciertos, recitales y participaciones, como la presentación en la escuela secundaria número 86, ubicada en la colonia Ciudad 2000. Llevamos un espectáculo al alcance de los jóvenes que no tienen un fácil acceso al esparcimiento. Nos presentamos en el Museo del Ferrocarril, donde se interpretó música accesible, con el despliegue del coro y la orquesta sinfónica”.

“En la casa de la cultura de San Miguelito, hubo un concierto con flauta y piano, en donde participaron los alumnos más avanzados. Sin duda, tuvimos fechas muy complicadas, porque los actos eran muy cercanos, por las invitaciones que nos hicieron diversas instituciones, como la Universidad Tangamanga, como parte del objetivo que implementamos, de llevar la cultura a todos los niveles educativos. Además tuvimos una puesta en escena del Jorobado de Notredame que organizó el Tecnológico de Monterrey en la que acudimos con la orquesta sinfónica. Además  fuimos invitados a la zona militar”.

Alfaro subrayó que se mantendrá la misma oferta académica de años anteriores para que los muchachos no pierdan el interés de acercarse a la música. Dentro de las clases que se imparten, destacan los instrumentos que integran una orquesta sinfónica, además de otros como la guitarra, piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, trompeta, trombón, bongo, triangulo, tuba, percusiones como marimba, batería y timbales. Somos el único sitio del centro del país donde se enseña la naturaleza del arpa. “Iniciamos hace 25 años, cuando se creó la Orquesta Sinfónica Infantil. Es el tiempo que tienen los instrumentos. Se les ha sacado mucho provecho, ahora están muy deteriorados. No es posible repararlos, sólo sustituirlos por otros nuevos. Hemos gestionado el problema con las autoridades, esperamos nos apoyen”.

Alejandro Alfaro agregó que tienen cerca de tres años de impartir clases en un inmueble que presenta imperfecciones, lo que resulta un peligro constante. “Hay casi 40 profesores y 288 alumnos. Sin embargo, dejamos a muchos otros fuera, ya que no tenemos el espacio suficiente. Nos hace falta espacio y más salones adecuados para cada clase. El patio de la escuela lo utilizamos para los ensayos de la orquesta. Por la característica del ensamble, es un sonido muy alto, por lo que las clases se desarrollan en espacios que se ven afectados. Además, el edificio tiene muchos desprendimientos en los muros. Los techos están a punto de caerse. Hay filtraciones por todos lados. En la época de lluvias, no se da abasto con las goteras”.

“Los expertos nos han dicho que no vale la pena hacer un arreglo, sólo cambios de fondo. El gobierno del estado anunció que nos reubicarán a un edificio ubicado en el jardín Colón, al que se le hacen las adecuaciones necesarias para ocuparlo. Como alistar las aulas para las clases de sorfeo y percusiones. Esperamos que en los primeros meses del año se concrete el asunto. Por lo pronto, nos esperan los conciertos de semana santa que realizamos cada año en el Teatro de la Paz”. Respecto al plan de incorporar nueva tecnología como una herramienta de trabajo, el director argumentó ser un tema pendiente. No se ha concretado por falta de presupuesto. “Nos enfrentamos al problema de que los niños tienen otro tipo de conductas para resolver los problemas. Para todo recurren a las innovaciones electrónicas. Sin embargo, aprender a tocar un instrumento, no se logra con tutoriales en internet. No enseñan a interpretar una nota o ritmo. Los niños tienen cualidades y habilidades diferentes. Una clase maestro-alumno nunca podrá ser superada por un frío instructivo. Hay que hacer el uso adecuado de la tecnología, que no debe afectar el trato con las demás personas”.

“En lo educativo, debe ser un complemento, no sustituir los maestros. Se debe enriquecer con otro tipo de actividades la enseñanza. En noviembre tuvimos la grata visita del ex alumno Adrián Izquierdo, quien después de terminar sus estudios con nosotros, hizo su licenciatura en Xalapa. Después una maestría en Italia, en el Conservatorio de Monteverde. Se convirtió en el primer mexicano en contar con una maestría en tuba. Compartió sus experiencias con los alumnos del área de metales. Incluso, invitamos a jóvenes de Venado, Villa de Reyes, Rioverde, La Pila. Tuvimos casa llena. Tales actividades son las que enriquecen el aprendizaje de los jóvenes y el gusto por la cultura”.