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La cuenta del 2019 de Hernández Villafuerte, llena de cifras absurdas y conceptos arbitrarios

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Los regidores de Morena en el ayuntamiento de Soledad, Hipólito Leija y Grecia Selene Pérez González, denunciaron que no obstante el cúmulo de irregularidades encontradas y expuestas en la cuenta pública del 2019 del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, fue aprobada por mayoría en el cabildo y entregada a la Auditoría Superior del Estado para ser revisada y quizás ratificada.

Leija expuso que existe una inversión o depósito de recursos ferales a una cuenta que no pertenece al ayuntamiento. “Los apoyos del ramo 33 no pueden manejarse como si fueran de una empresa particular. Lo hacen con el fin generar ganancias a través de intereses. Se habla de 21 millones 260 mil 700 pesos. Le preguntamos al tesorero Omar Valdés Macías sobre el destino de las ganancias. Alegó que se utiliza para pagarle a diversos trabajadores. Lo que representa una falta, pues ya existe una partida para cubrir sueldos”.

Agregó que existen adeudos con el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. “El tesorero lo niega, aunque se acaban de pagar 339 mil 833 pesos. La delegada de la instancia, Natalia Castillo, puede confirmarlo. Las cuentas se manejan a la ligera”.

Otro rubro irregular es el de las rentas de locales. No se especifica ni desglosa el gasto. “Son 48 millones 314 mil pesos en arrendamientos, pero no se aclara qué dependencia los contrata. Se habla de Interapas, obras públicas, catastro. No sabemos los montos concretos”.

Pérez González destacó que solicitaron un informe desglosado de la cuenta pública sobre los arrendamientos, pago de honorarios, ayudas sociales, servicios de agua y otros. “Nos dijeron que los iban a entregar antes de aprobar la cuenta pública. Llegó la sesión y nunca cumplieron”.

Expuso que las cifras de los estados de actividades y flujos de efectivo no coinciden, deben ser similares. “En el apartado del ayudas sociales, en 2018 se destinaron 86 millones 753 mil 843 pesos. En el 2019 aumentó a 113 millones de pesos. No se justifica, porque las supuestas ayudas no se reflejan en la ciudadanía. En actividades aparecen ahora 114 millones. En el 2019, fueron 112 millones. Hay una diferencia de 2 millones, ¿dónde quedó el dinero? Valdés no supo contestar, argumentó que podrían estar en otro cuadernillo”.

Pérez González señaló que en bienes e inmuebles erogaron más de 144 millones de pesos, pero se desconocen las obras y terrenos. Hay también adeudos bancarios que lesionan las arcas, con cheques sobregirados, sin fondos. Hay adeudos de administraciones pasadas, del 2007.

En construcciones en proceso y bienes del dominio público se erogaron más de 837 millones de pesos, que no se reflejan en los hechos. “Un ejemplo es la calle de Julián de los Reyes, que se anunció en todos los periódicos. Es una obra de 3 millones de pesos que se presume, hicieron a finales de septiembre del año pasado. Hoy está llena de hoyos, peor que antes. Manejaron que se hizo de concreto hidráulico. Son simples re encarpetamientos”.

Otro rubro inverosímil alude a los productos alimenticios de animales. “Gastan 23 mil pesos, cuando el ayuntamiento no cuenta con albergues. No hay un registro sobre el tema, más que la ambudog”.

En tecnologías de la información, es extraño que en servicio de internet se paguen al año 7 mil 958 pesos. En aspectos postales y telegráficos, 104 mil pesos. “¿Cómo es posible, el internet es carísimo. Nadie manda ni recibe cartas. Si fuera el caso, es demasiado barato. Son cifras incoherentes”.

En subsidios y otra ayudas, las erogaciones alcanzan los 114 millones de pesos “Sabemos que son para asociaciones civiles, que sólo sirven para la compra de conciencias. Es ilegal que con recursos públicos, promocionen su imagen. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un crimen usar recursos públicos para promocionarse”.

 

 

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GOBERNADOR DEL ESTADO ANUNCIA APLICACIÓN DE FASE 3 EN SLP, CONVOCA A LA VOLUNTAD SOCIAL PARA ACATAR MEDIDAS SANITARIAS

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  • · SEGE presenta ajuste de nuevo calendario, la reanudación del ciclo escolar será el 1 de junio y concluirá el 17 de julio.
  • · Comité Estatal para la Seguridad en Salud reporta 70 casos de Covid-19.

 

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, anunció la aplicación de la fase 3 para San Luis Potosí de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en concordancia con las autoridades federales, por lo que convocó a la sociedad a sumar voluntades para acatar la Jornada Nacional de Sana Distancia y la campaña Quédate en Casa, que implican reforza-miento de medidas preventivas ante grupos de riesgo, reducción de la movilidad e incre-mento de la vigilancia para negocios no esenciales, con la finalidad de reducir al máximo la transmisión de la enfermedad.

Durante la rueda de prensa virtual que se realiza diariamente el Comité Estatal para la Se-guridad en Salud, el mandatario estatal, en compañía de la Secretaría de Salud, Mónica Li-liana Rangel Martínez, convocó a la sociedad a acatar con voluntad las medidas sanitarias que son propuestas por las autoridades en salud con la opinión del consejo asesor, para salvaguardar a las familias potosinas.

En su participación el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, mencionó que desde el 20 de marzo se inició aislamiento preventivo para más de 900 mil alumnos y alumnas, 50 mil docentes y más de 10 mil escuelas de todos los niveles educati-vos, e indicó que recientemente las autoridades federales instruyeron que dicho periodo se extenderá hasta el día 30 de mayo, con lo que la reanudación del ciclo escolar 2019-2020 se producirá el 1 de junio y concluirá el 17 de julio.

Reiteró que durante el tiempo de aislamiento se promoverá el aprendizaje a distancia en varias plataformas, en internet a través de televisioneducativa.gob.mx y aprendeen-casa.mx, así como en el Facebook y canal de YouTube con televisión educativa; además como un esfuerzo del Gobierno del Estado, se transmitirá a través de la señal de canal 9, en el 9.1 de señal abierta e internet en nuevetvslp.com, la programación completa para el nivel de primaria por la mañana y secundaria por las tardes, la que se dará a conocer a través de la página seslp.gob.mx y las redes sociales SEGE San Luis Potosí en Facebook y @SEGESLP en Twitter e Instagram.

Señaló que el aprendizaje a distancia comprende también la televisión abierta, y se reparti-rán cuadernillos por medio de la estructura de CONAFE y para educación indígena se apo-yará la difusión en radio. “Es importante que los alumnos permanezcan atentos, pues se

realizarán preguntas al finalizar cada materia para que los alumnos las respondan e integren en una carpeta de evidencias que entregarán al regreso a clases presenciales, como parte de la evaluación”, añadió.

Ramírez Díaz, dijo que se han tenido reuniones virtuales con el Secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma, en las que se ha informado sobre las acciones e indi-caciones que están trabajando, y en las que se ha reiterado que no existe una certeza sobre las condiciones en que se comportará la contingencia y la epidemia, pero que se realizan los esfuerzos y acciones necesarias para culminar el ciclo escolar en las mejores condiciones, acordes al contexto actual que se vive en el país y el mundo.

Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud, explicó que la Fase III se caracteriza por una máxima transmisión de la enfermedad, “un mayor número de casos por día, así como un mayor número de defunciones, y una característica principal es la posibilidad de que se saturen hospitales y el sistema de salud en todo el país, en unas semanas podemos pasar de decenas a cientos y luego a miles”, indicó la titular de Salud.

«¿Qué acciones tenemos que hacer obligadamente?, Uno, reducir la movilidad; el virus se mueve con las personas. Dos, reforzar medidas de prevención en casa, calle y cuidado de adultos mayores. Tres, evitar concentración de personas al máximo. Cuatro, empresas y actividades no esenciales deben parar obligadamente. Cinco, acciones de vigilancia sanita-ria y epidemiológica en empresas y negocios no esenciales. Seis, incremento de número de pruebas para búsqueda intencionada de casos”, explicó Mónica Liliana Rangel.

Por su parte, Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que San Luis Potosí sumó un caso más de Covid-19 para llegar a 70 casos confirmados de 1,319 pacientes estudiados; de los que se han descartados 1 mil 167 y permanecen en es-tudio 82 personas para las próximas horas y 5 decesos.

Dijo que 1 mil 630 connacionales se mantienen en aislamiento voluntario y vigilancia epi-demiológica.

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La Unidad Deportiva 21 de Marzo, transas políticas y económicas

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Una alberca olímpica, clases de natación, una escuela de beisbol, reactivar la zona de viveros y crear una sede alterna de entrenamiento para el equipo profesional de fútbol Atlético San Luis, fueron varios de los proyectos que el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, prometió con ahínco para rehabilitar la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en pro de los deportistas y ciudadanos. A casi un año, el inmueble se encuentra en el completo abandono, con creciente deterioro. Se evidenció que sólo le interesa fortalecer su imagen política con torneos como la Copa Gallardo o la Copa Soledad. En la edición 2020, ofrece un premio de 170 mil pesos para el equipo ganador.

Otros actos de mínimo beneficio deportivo que promueven el edil y su jefe, el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, es la carrera atlética de la enchilada, donde también obsequian 170 mil pesos. En ambas justas, los premios otorgados se recuperan en más del 50% por las inscripciones de los que participan. Son pocas o nulas las inversiones en infraestructura que en realidad fomenten nuevas figuras. Un reflejo es la Unidad Deportiva 21 de Marzo, principal centro deportivo del municipio conurbado. A través de una solicitud de transparencia, se pidieron datos acerca de los recursos invertidos en obras o programas para rehabilitar el centro, del 2015 al 2020.

Las oficinas de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal señalaron que no existe registro alguno de las inversiones realizadas. En el 2019, para mejorar la imagen, se recurrió a un grafiti. Fue colocado un croquis en el acceso principal, para ubicar las distintas áreas. Dijeron que sólo realizan labores de limpieza, riego de las áreas verdes, barrido manual, recolectado de basura, poda y deshierbe de maleza. En los últimos 9 años, ha sido nulo lo invertido en el sitio, que se usa más con fines políticos que deportivos. En el 2013 se facilitó al extinto equipo de fútbol, Santos de Soledad, que se adueñó de la cancha uno o principal.

Además, les dieron el área destinada a la biblioteca que convirtieron en vestidores. La escuadra se creó en la etapa de Gallardo Cardona. Nunca trascendió. Se ignora el monto de lo invertido en la fallida oncena y de dónde sacaron los recursos para financiarla. Hoy solo quedan los olvidados casilleros donde se imparten clases de zumba por las mañas y tardes. También usan la unidad para la llamada Copa Soledad y Copa Gallardo, creada en 2009. Sirve para hacer una apología de los benefactores. Llegaron a entregar premios por 200 mil pesos. Aunque está en pésimas condiciones, la facilitan para torneos infantiles como la Copa Bimbo, campamentos de verano, actividades del ayuntamiento y escuelas de fútbol.

Al lugar acuden diario miles de usuarios que han exigido sin éxito, mejorar los baños públicos, que carecen de agua, papel, puertas, espejos. Se han presentado quejas de que algunos jóvenes acuden a consumir sustancias alcohólicas y marihuana. Las canchas de fútbol rápido están desechas. Las cruza un cable de luz que sirve de tendedero para botines. Con el paso de los años, se acumuló una veintena de pares, que agudizan el olvidado paisaje. Los espacios que usan las diversas academias tienen desniveles y cráteres, que provocan constantes lesiones. Apenas tres campos tienen pasto, dos están en pésimas condiciones. Los demás son de tierra. En tiempos de aguas, los niños juegan en el lodazal.

No se salva el campo de beisbol, con grandes hoyancos. Las gradas están cuarteadas, rotas y rayadas. Se nota el vandalismo. Las jaulas donde se sientan los equipos, se encuentran sucias, con fétidos olores a orina. A la unidad van personas de la tercera edad, cada viernes, a disfrutar un partido de beisbol. Es una tradición. Los asistentes sufren las inclemencias del clima, ya que las gradas no están todas techadas. Los mismos usuarios han donado las herramientas para el mantenimiento, como mangueras de riego, porterías y redes. Y el colmo, a los equipos que usan las instalaciones, el encargado les cobra una cuota. En caso de no cubrir el pago, son relegados a las áreas más devastadas. No existe la mínima seguridad. La policía jamás acude.

Cada rato ocurren robos, que se intensifican al caer la noche, ya que tampoco hay alumbrado. A los jóvenes que entrenan box, en varias ocasiones les han quitado sus pertenecías. Cuando La Noticia acudió a verificar las condiciones físicas, se registró el robo de herramientas del personal de limpieza. Los encargados presentaron la denuncia en seguridad pública, junto con el administrador, José Antonio Zamarripa Quintero, quien alardea, ofrecen todas las facilidades para garantizar las prácticas deportivas.

En especial a las escuelas que realizan las tareas que exige la secretaría de educación para las olimpiadas y torneos internos. Negó cobrar. Reconoció que la gente aporta donaciones. Desconocía el presupuesto mensual. Todo lo maneja el ayuntamiento. Aunque no se nota, habló de rondines periódicos. Además, tiene contacto directo con la comandancia, que asegura, acude rápido a sus llamados.

Hernández y Marrero, simuladores

A inicios del 2019, Hernández Villafuerte anunció que iba a modernizar la Unidad Deportiva 21 de Marzo. Trató de seguir la ruta que le trazó Gallardo Cardona, que había concesionado el complejo al equipo Santos de Solead, con lo que buscó conseguir un mayor presupuesto. Los planes deportivos fracasaron y las inversiones fueron nulas. El edil buscó la ayuda del club Atlético San Luis y su director Alberto Marrero. La intentona duró 6 seis meses y se vino abajo. Prevalecieron las arbitrariedades y el oscurantismo. Anunció la compra de las instalaciones que se encontraba en comodato con el ejido San Francisco.

Habló de hacer cambios de primer mundo. “El ayuntamiento busca darle más vida. Invertiremos recursos federales para la alberca olímpica”. Se le solicitaron datos sobre los costos y términos de las negociaciones. En respuesta, negaron la adquisición, no obstante que el cabildo autorizó la compra, aunque tampoco se conocen los montos o si existe un saldo pendiente. Inmersos en la sospecha, Hernández, Gallardo y Marrero formaron una alianza de saliva. Se dijo que la unidad se convertiría en un centro alterno de entrenamiento del Atlético San Luis y campo para los equipos premier y femenil, lo que posicionaría a Soledad como un centro neurálgico deportivo en la zona metropolitana.

Nunca antes nadie había apostado por un proyecto semejante y en el corto tiempo estaría en óptimas condiciones. Gilberto Hernández presumió la hazaña. Los acuerdos se firmaron a través de un “comodato, un convenio de colaboración donde el Atlético San Luis invertiría recursos destinados a crear escuelas de fútbol para niños, lo que tendrá múltiples beneficios, al contar con instalaciones dignas, de primer nivel para la práctica del deporte y el ejercicio”. El equipo de fútbol se instaló a principios de agosto del 2019, acaparó el campo uno, el de mayor magnitud y mejor infraestructura. El club restringió la entrada a la pista de atletismo y la cancha, que podrían usarse un rato por las mañanas.

Para que se respetaran las reglas de los nuevos inquilinos, los rojiblancos contrataron guardias de seguridad privada y gente que le diera mantenimiento al césped. Le pusieron candado a la puerta de acceso. Ni los trabajadores podían realizar las tareas de limpieza. A los curiosos que se acercaban a preguntar sobre los cambios, los agentes les contestaban con tono seco y autoritario, que era una zona exclusiva del Atlético San Luis. Los equipos llaneros fueron movidos a las orillas. La gente se inconformó. El ayuntamiento negó que el club tuviera mayores atribuciones.

El administrador Zamarripa también ocultó el control de la empresa externa. Lo contradecían las barras publicitarias que aludían al club, la liga premier y otros patrocinadores, como la firma Ricón, de Gallardo Cardona. La negativa del ayuntamiento se mantuvo con las respuestas que dio a solicitudes de transparencia. “No existe ningún convenio con el club Atlético San Luis. La unidad 21 de Marzo es un inmueble municipal, utilizado para el deporte y esparcimiento de los habitantes. Hasta ahora, no cuenta con algún contrato de trabajo en conjunto con el club deportivo Atlético San Luis”.

Las solicitudes de datos y respuestas corresponden a septiembre y octubre del 2019. Coinciden con los partidos disputados cada 15 días. Se registraron en la página de la Liga Premier. Se observa que aún que el Atlético San Luis tiene como sede local, la Unidad Deportiva 21 de Marzo. En las redes sociales, invitaron a los aficionados asistir a los partidos. Una muestra del sello privatizador. Cobraban en boletaje para ingresar ver al equipo Premier a un establecimiento que por naturaleza es gratuito y público. Los atropellos continuaron mientras el equipo premier usó las instalaciones.

La pesadilla culminó con la primera fase del torneo en diciembre. Optaron no usar más la cancha principal. Se desconocen los motivos por los que la directiva decidió mudarse. Se habló de los arreglos chuecos con Hernández. Los beneficios fueron nulos. No se hizo la mínima obra. Al contrario, los empleados municipales señalaron que fueron arduas las tareas para restablecer la cancha principal. Ante el manejo oscuro de la unidad por parte de Hernández Villafuerte, la regidora de Morena, Grecia Selene Pérez González, señaló que el comodato tenía como objeto, hacer más grande la unidad, remodelarla y construir una alberca olímpica, para lo que solicitaron un préstamo por 15 millones de pesos, que les negaron.

El edil insistió en llevarla a cabo, sin explicar de dónde obtendría los fondos. Se registraron erogaciones trimestrales. “No se informa la cantidad, hasta cuándo se hará, lo abonado. Nos violentan el derecho a estar informados”. Sobre el tiempo que el club usó la unidad, establece que se habló de un comodato que nunca se aterrizó. No pasó por el cabildo. La comisión de deportes tiene más de un año que no sesiona. “Aunque el ayuntamiento negó que existiera algún convenio, se detectó que el equipo entrenaba en la unidad. Y si lo hubiera, caía en lo ilegal. El presidente tiene la facultad de decidir, pero no se manda solo, hay regidores, síndicos. Se debe resolver con diálogo. Los demás equipos tuvieron que buscar otro lugar para entrenar”.

“Desde que inició el trienio, exigimos transparencia, datos abiertos. La gente paga impuestos, no pueden ocultar los gastos. Como regidores, no sabemos en qué utilizan los recursos. He solicitado informes y los niegan”. Pérez González no se sabe si el ayuntamiento percibió algún pago por parte del club para usar la unidad. Exigió al edil aclarar la incertidumbre. “Prevalecieron los intereses políticos. La ciudadanía no ganó nada. El club tiene sus propias áreas de entrenamiento. Es un caso similar al de la plaza Citadina. Mencioné que era un lugar adecuado para instalaciones deportivas. La vendieron a empresas privadas para hacer negocio. La unidad está en el abandono. ¿Cómo combatir el delito si olvidan el ejercicio físico?”.

 

 

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“No es un simple pollero, es el demonio”

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El líder del Movimiento Pueblo Libre, Pedro Torres, denunció diversos ataques que ha recibido su familia, orquestados por los ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. El dirigente señaló que no pueden salir por las noches, ante el temor de que les pase algo. “Me ofrecieron dinero y puestos públicos para callarme, como no acepté, se van al punto más débil y frágil. Cuando Gallardo Cardona estaba en los últimos meses como presidente, hubo una protesta de carretoneros. Les querían quitar la fuente de trabajo y desaparecerlos en definitiva”.

“Les prometieron créditos, pero nunca cumplieron. Nos metimos a defenderlos. Mi hija Elizabeth Torres se encontraba con otras personas en la manifestación frente a la presidencia municipal. Gallardo los invitó a dialogar. Fue una trampa, adentro se encontraba un grupo de policías que los golpearon y llevaron a la comandancia, con el propósito de fabricarles algún delito o sembrarles armas. Nos movimos rápido con el gobierno estatal. Les pudo suceder lo mismo que al ex diputado local, Raúl Paulín, que no tuvo tanta suerte. Le armaron penas que no cometió”.

En otra oportunidad, en la marcha hacia una protesta, los quejosos fueron secuestrados desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. No había autoridades, ministerio público, derechos humanos, ni medios informativos para salvar a más de 200 personas incomunicadas. “Mandamos a nuestro abogado de confianza, Noé Yair López. Apenas llegó, lo golpearon. San Luis Potosí vivía en la inseguridad y amenazas de manera descarada por el par de sujetos. Siempre buscan atemorizar a toda la ciudadanía. Regalan espejos para que los apoyen con el voto. Cuando alguien se opone, lo amedrentan, como en mi caso. Éramos 40 dirigentes en Soledad de los que apenas tumbaron a tres”.

“Pueblo Libre es un movimiento muy fuerte. Les cala y se meten con las familias. En la única parte donde nos sentimos seguros es en la zona de Cerro de San Pedro, del kilómetro uno al 8, donde hay cerca de cinco colonias, nos organizamos y cuidamos. A mi casa han ido a balacearme, aventaron piedras. Si salimos del área, estamos desprotegidos. Nos tienen ubicados. A mi hijo Brian Torres, una vez que caminaba en Soledad con un amigo, lo reconocieron, levantaron, golpearon y lo fueron aventar los mismos policías cerca de Himalaya. Antes de irse, lo amenazaron de muerte. Metimos una demanda que no avanza. Hemos puesto todo tipo de quejas por secuestros y desvíos de recursos. El fiscal Federico Garza no se atreve llamarlos a cuentas, prefiere encerrar inocentes”.

Torres afirmó que si el gobierno estatal no resuelve la infinidad de anomalías cometidas por los Gallardo, San Luis Potosí acabará como Ayotzinapa, Guerrero, donde actuaron con omisiones. Los medios no sacaban a la luz pública las tragedias que sucedían y pasó lo inevitable, 43 jóvenes fueron desaparecidos. “Los Gallardos son considerados los personajes políticos más rudos, que consiguen lo que quieren a toda costa. Si la ley no se aplica, nosotros debemos organizar a la gente y sacarlos para siempre del ayuntamiento”.

“Somos los primeros y los que siempre hemos permanecido con el dedo en el renglón, de no pagar las consecuencias de dos delincuentes. Notamos que es difícil sacarlos de Soledad porque engañan de manera fácil. La ciudadanía nos pide apoyo, pero no quieren dar la cara, por miedo. La violencia rebasó los límites. Las calles siguen abandonadas, estamos rodeados de aguas negras, creció la prostitución, faltan empleos, las aceras están sin pavimentar. No existe el progreso que alardean”.

“Manejan que al salir el títere de Gilberto Hernández Villafuerte, dejarán a la esposa de Gallardo Cardona, la presidenta del DIF municipal, Ruth González. Crecerá el retroceso. Hay que extirpar el mal de raíz. En 12 años, incrementaron su fortuna con autos de colección, Rolex, animales exóticos, violines de 5 millones de pesos, propiedades en Estados Unidos, fraccionamientos con cientos de casas, gasolineras, ranchos. Es una riqueza sospechosa que debe ser aclarada. El fiscal Garza se hace de la vista gorda”.

Torres aludió a la posible alianza entre el diputado Gallardo Cardona y el partido Morena en los comicios por la gubernatura en el 2021. “Haremos todo lo posible para evitarlo. Tenemos programada una cita con la dirigencia nacional y diputados federales en México para tocar el tema. Los Gallardo son muy ambiciosos, buscan relevar al mandatario Juan Manuel Carreras para al menos quedarse otra vez con la presidencia municipal. Amagan con no hacer escándalo. Lo grave es que la gente paga las consecuencias. Somos sus principales opositores, pero solos no podemos. Necesitamos el respaldo de los que hacen las negociaciones políticas. Hay que recuperar la seguridad que había antes”.

“El desprestigio que se ganaron es muy grande, por tantos saqueos que hicieron. Los deben castigar. No los tocan por los acuerdos políticos y complicidad en los negocios. No es un simple pollero, es el demonio. Gallardo Juárez controló el gobierno del estado, la auditoria superior, el congreso, derechos humanos, todo estaba bajo su mando. López Obrador dijo que los castigaría y no cumplió. Tenemos confianza en que lo hará más adelante, porque los cambios se notan. El presidente tiene una historia cívica. Tratamos con un político, no un delincuente”. Pedro Torres estableció que su movimiento es apartidista, pero acepta otras alianzas, para expulsar a los Gallardo de Soledad y sean castigados conforme a ley. “Son aferrados, les gustó la riqueza fácil y rápida, por lo que no quieren irse el par de pillos”.

 

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Acusan al extinto militar, Genaro Sandoval Plascencia y su grupo de apoyo, desaparecer a un matrimonio oriundo de Ciudad Fernández

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El 14 de junio del 2013, después de las 5 de la mañana, cuatro hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas, forzaron el candado de la puerta de una humilde vivienda, para entrar, furtivos, protegidos por la oscuridad. Se dirigieron a la recámara donde dormía la joven Perla Guadalupe Padrón Castillo, su pareja Jorge Alberto Gallegos Torres y sus dos hijos. Con un despliegue de violencia, sacaron a la pareja de la morada, los subieron a una camioneta van, blanca y se los llevaron. Desde entonces, la señora Teresa de Jesús Castillo Medina busca a su hija y yerno.

Los hechos ocurrieron en la calle Flor de Azahar, en la colonia Democracia uno, en la cabecera de Ciudad Fernández. Durante más de 6 años, Castillo no ha descansado en la búsqueda de sus familiares. Lo hizo desde el momento que su consuegra, Fortina Torres, llegó a su casa y le informó que hombres armados, se habían llevado a sus hijos. La denuncia por desaparición forzada la interpuso el mismo día la afectada Torres, madre de Jorge Alberto Gallegos. A Castillo, los funcionarios de la subprocuraduría de justicia de Rioverde, no se la aceptaron, porque no presenció lo ocurrido, le objetaron.

Teresa Castillo y su esposo, como la gran mayoría de las víctimas de secuestros, padecieron la indiferencia y trato burocrático de la procuraduría. Con el temor a cuestas, ya que del 2010 al 2013 la ola de terror en la zona media había alcanzado niveles inéditos, persistieron hasta que lograron que le tomaron su propia declaración a Castillo. Aportó nuevas pistas para la indagatoria, como los mensajes y una llamada que recibió su esposo al celular, donde le mencionaron que su hija estaba en Monterrey. En otros textos, la amenazaron para que ya no la buscara. “En mi denuncia, pedí que se investigara el número de teléfono, de donde hablaron. Hasta nos indicaban el nombre de una calle”.

“Una vez que marcamos, un hombre nos insultó. Nos dijo que ya no estuviéramos chingando. Las autoridades nunca hicieron nada para dar con el paradero de los muchachos. Solo nos decían que investigaban, pero nunca aportaron algo en concreto. Acudí varias veces a la semana a la subprocuraduría, para nada. Después de varias vueltas, apenas me dieron el número de expediente. Estuve desde las 8 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. Al ver que el licenciado que me iba a atender, recibía y platicaba con otras personas que llegaron después, como no me llamó, no me aguanté. Enojada, grité y exigí que me hiciera caso. Fueron solo unos minutos que le tomaron ordenar a su secretaria, que mediera el dato. Es como tratan a las personas que como nosotros, fuimos en busca de justicia”.

La señora Teresa Castillo reveló que en la desaparición de su hija Perla Guadalupe Padrón y su cónyuge, José Alberto Gallegos Torres, pese al miedo que tenían, ya que entonces era una persona con mucho poder, por lo que inspiraba temor, señalaron como probable responsable al entonces jefe del mando único policiaco de la zona media, al capitán Gerardo Sandoval Plascencia. El 14 de junio del 2013, cuando a sus familiares se los llevaron, policías municipales al mando de Sandoval, detuvieron horas después, a las 11 de la mañana, al menor Carlos Gallegos Torres, hermano de Alberto Gallegos. Lo acusaron del robo de una camioneta. Lo golpearon, le dieron toques eléctricos y lo retuvieron todo el día en un lugar ajeno a la comandancia El propio militar lo interrogó. Lo obligó a agarrar con la mano una pistola.

“Le dijo que confesara su culpabilidad, pues tenía detenido a su hermano, José Alberto Gallegos y una vieja, lo que se asentó en la declaración del muchacho, que interpuso cuando quedó en libertad, después de que sus padres pagaron 6 mil pesos que les exigieron los policías, para no pasarlo a otro lugar, donde les aseguraron que no saldría vivo. La maestra afectada por el supuesto robo de una camioneta, oriunda de Ciudad Fernández, durante un careo, asentó que el implicado no era el autor del hurto. Sandoval nos inspiraba temor, ya que se le involucró en muchas situaciones negativas. En la querella por la desaparición de mi hija, se hizo hincapié para que fuera citado a declarar, lo que nunca ocurrió. Tenía mucho miedo indagar y se llevara a mis otros hijos. El pavor siempre me acompañó, pero me di valor y lo hice. Nunca lo interrogaron, pese al testimonio del chamaco y que nosotros insistimos”.

Sobre el capitán Gerardo Sandoval Plascencia pesaban más de 120 denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En contraste, los subalternos y alcaldes a los que sirvió, lo describían como un agente eficaz que mantenía a raya a la delincuencia. Murió el 15 de mayo del 2016 en un accidente, cuando transitaba por la carretera 69 Rioverde-San Ciro de Acosta, con rumbo a la comunidad de San José del Tapanco, a atender una denuncia de violencia familiar. Según el reporte vial, sufrió una falla mecánica de la camioneta pick oscura que manejaba, lo que originó se saliera de la cinta asfáltica. Al tratar de incorporarse de nuevo a la ruta, volcó en diversas ocasiones, debido al exceso de velocidad.

La señora Castillo señaló que con la muerte del jefe policiaco, se cerró la posibilidad de llamarlo a cuentas y poder determinar si en efecto estuvo implicado en la desaparición de la pareja. Después de 6 años de lo ocurrido, aun tiene la esperanza de que la línea de análisis se agote, pues el ex jefe policiaco nunca andaba solo en sus recorridos. Sus colaboradores cercanos y escoltas que siempre lo acompañaban, pueden aportar testimonios que pudieran ser muy útiles para esclarecer la desaparición de su hija y yerno. “Como era una persona de alto rango, las autoridades locales no querían investigarlo, fue por lo que las denuncias se estancaron. Los encargados de aplicar justicia, a lo mejor también estaban coludidas. Fue un trance muy difícil y peligroso”.

“Interpuse también una denuncia en la oficina que tiene en Rioverde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin resultados. Cuando vi que no hacían nada y solo nos daban largas, me fui a la ciudad de México a la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigar la Delincuencia Organizada. Me dieron nombres y teléfonos de personas para que las buscara en San Luis. Dijeron que agotara todas las instancias. En caso de no resolver nada, entonces regresara de nuevo. O sea que sigo igual, sin resultados. Después de tanto andar de un lado para otro, sin saber a dónde ir, subí una foto de mi hija en el Facebook. Me di cuenta que había muchas niñas desaparecidas y páginas de búsquedas”.

“Fue como conocí a una señora de Zacatecas, me habló por teléfono. Tiene un colectivo y me podía apoyar al difundir la foto de mi hija. Me puso en contacto con un organismo oriundo de San Luis. Me dio los números de teléfonos de la profesora Edith Pérez, del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Me recomendó llamarla. Marqué y nadie contestó, me desalenté. Creí que si las autoridades no me ayudan, que es su trabajo, tampoco lo medios informativos, menos una persona que ni me conoce. Al siguiente día me llamó la maestra, le platiqué mi caso. A partir de entonces se me han abierto las puertas para buscar a los muchachos. Los del colectivo me pusieron en contacto con otras personas y la unidad especializada de búsqueda, que nos apoyan para abrir camino”.

Teresa Castillo, como otros familiares de desaparecidos, integrados al colectivo Voz y Dignidad, han participado en varias búsquedas. Hace más de un año estuvo en una que se realizó en la comunidad de Santa Isabel, en Rioverde, donde encontraron fragmentos de varios cuerpos que están en análisis. Hallaron tambores o cocinas, donde grupos delictivos sacrificaron a las víctimas, en Huchihuayán, en la huasteca. Ahora participa también en la búsqueda que se realiza en Matanzas, Moctezuma, donde se han identificado restos óseos de 12 personas. Las exploraciones continúan el año en curso, al ubicar más vestigios humanos. Mencionó que en su caso, después de casi 7 años, se podría citar a los colaboradores cercanos de Sandoval Plascencia. Exigirán se investiguen los registros y bitácoras de los policías que lo acompañaron el día que levantaron a sus familiares.

Confía en las indagatorias que realiza la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, que dirige la abogada Luz María Montes Mariano. Espera resultados positivos para dar con el paradero de su hija Perla Guadalupe Padrón y su pareja José Alberto Gallegos. Refirió que gracias al trabajo del colectivo, como hace más de un año, se logró localizar el cuerpo de un joven de Rioverde que se extravió también en el 2013. Los restos estaban en un predio del ejido Miguel Hidalgo. Indicó que al muchacho también se lo llevaron en una camioneta cerrada tipo Van, semejante a la que usaron para cargar a sus parientes, después de sacarlos de la casa donde dormían. Afirmó conocer tres casos más de jóvenes desaparecidos en Ciudad Fernández, cuyos familiares optaron no denunciar por miedo.

La señora Teresa Castillo aclaró no saber la causa por la que cargaron a su yerno, que trabajaba como albañil y su hija de 26 años, que se dedicaba al hogar y dejó a una bebe de varios meses y otro de 5 años. “Eran personas que no se metían en problemas ni tenían enemigos. A veces razono que pudo tratarse de una equivocación. Es una carga muy difícil de llevar a cuestas. No puedo tener la vida de antes. Algunas personas y familiares me dicen que ya deje el asunto por la paz, pero no puedo hacerlo. No estoy conforme. Me pregunto dónde estarán, a lo mejor murieron. Tal vez en alguna de las búsquedas, junté fragmentos de sus huesos. O están vivos en alguna parte cerca o lejos, en la frontera o en otro país”.

“Tal vez mi hija anda de indigente, son muchas las interrogantes que pasan por mí cabeza. A lo mejor soy egoísta y me olvido en ratos de mis otros hijos. Los descuido por andar en las excavaciones. Pero no me puedo quedar quieta, encerrada. No lo hice antes cuando no tenía apoyo de ningún grupo y me iba a todas partes, donde me dijeron que podía encontrar algo. Lo hice a veces sin dinero y me llevaba una pequeña, nada más con el valor de mujer y madre desesperada. Yo voy a seguir. Quiero saber si mi hija está viva, la quiero encontrar y que vea a su niña, que ya creció. En caso de que hubiera perecido, saber dónde quedó. Prevalece la incertidumbre, una encrucijada muy triste y difícil, son más de 6 años de no saber su paradero. No pierdo la esperanza. El expediente lo tiene la unidad especializada, lo conocen, indagan, hay interés en ayudarnos”.

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En el PRD se acabó el miedo

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El activista del PRD, Alejandro Chávez, aseguró que su partido aún tiene importancia en el estado. Es el único que ha cumplido sus ideales en más de 30 años, a diferencia de Morena, de reciente data. Sin embargo, necesita ser reforzado con auténticos militantes. Expuso que son las siglas las que forman el candidato, no al revés. Reconoció que los ex ediles de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, levantaron la membresía, pero el ente tiene un valor autónomo.

Incluso, cuando el fundador Cuauhtémoc Cárdenas lo dejó, no hubo cambios sustantivos. No sucede lo mismo con Morena, que alcanzó el cenit con Andrés Manuel López Obrador, que ya se imagina dueño de toda la izquierda en México. “Pero ya no se puede hablar de ideologías, la gente se inclina por los colores y al último por la persona. Morena se hunde cada día”.

Aseveró que “se destrozan en los comités estatales desde que López Obrador se desentendió por completo del partido. Llegó con el apoyo de una turba de corruptos y antiguos priistas. En el PRD sigue vigente la verdadera esperanza, no la demagogia de izquierda. Hay que volver a los inicios, con las afiliaciones, cercanos a las bases. Debemos unirnos, trabajar en conjunto, retomar la confianza para llegar lejos”.

Respecto a la posible alianza entre Morena, el diputado federal Gallardo Cardona y el Partido Verde Ecologista para buscar la gubernatura en el 2021, Chávez argumentó que se trata de un movimiento político que busca las ventajas del poder. “Al presidente se le olvidó el compromiso de meter a los Gallardo a la cárcel. No es de fiar. Los morenistas al aceptar tales acuerdos, solo traerán desconfianza y descontento. Dicen que el pacto se llevará a cabo sólo en la entidad. Con el respaldo del presidente, es factible que el diputado gane. En política todo es posible”.

Aseguró que el PRD está mejor ahora con la salida de los ex alcaldes. Ha crecido la membresía. Al actual dirigente, Ignacio Segura Morquecho, se le vencieron los tiempos legales, por lo que pronto debe dejar el cargo. “Hay que darle oportunidad a nuevos liderazgos. Tal vez quiera seguir en el partido o espera indicaciones de sus jefes para irse. O ya rompió tratos”.

“Lo importante es que su lealtad debe ser con el partido que dirige. Ya no hay ideologías que emocionen a los perredistas. Es momento de convocarlos. Las oficinas siguen activas, reciben su presupuesto, que no llega para todos. Pero se puede trabajar sin nada. Lo he realizado. Es cuestión de fuerza, convicción y tener ideales”.

Alejandro Lozano tuvo un paso temporal en las juventudes del PRI, donde no valoraron sus esfuerzos. Se fue al PRD, invitado por los Gallardo, que le dieron al inicio un gran impulso. Luego se independizó. Cumplió más de 10 años como militante del PRD, defiende los principios de justicia social. No lucha por un cargo, como la mayoría. “Jamás he comido de la política, me enorgullece decirlo. Muchos llegan al poder como superación personal. No comprenden que la política es un servicio que se presta al pueblo. Es cuando se tiene voluntad de sacrificio. Tengo el apoyo de varias personas del comité nacional”.

En su momento respaldó a Gallardo. No lo siguió al Verde Ecologista. “Es muy sencillo, soy leal al PRD, no a un candidato. El próximo presidente del partido debe ser elegido por todos los adheridos en el estado, no imponerlo una sola persona. Hay que retomar las riendas del partido. Ahora el comité nacional busca intervenir para que haya una competencia legal y equitativa. Nos tiene que mover la convicción, no el miedo. Vamos a luchar por ideales, con nuevos enfoques. Ya hay mucha gente comprada”.

 

 

 

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INFORMA SECRETARÍA DE SALUD SEGUNDO LAMENTABLE DECESO POR COVID-19

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Su manejo fue llevado en el IMSS. El paciente presentaba un cuadro de complicación crónica de diabetes e hipertensión que complicó su atención hospitalaria.

• Se hace un llamado enérgico en asumir distanciamiento social, sobre todo en pacientes que presentan enfermedades crónicas degenerativas, ya que son los que pueden agravarse.

La Secretaría de Salud Federal dio a conocer en su Conferencia de Prensa nocturna, sobre el segundo deceso en San Luis Potosí; se trata de un hombre en el rango de 50 a 59 años, con antecedentes crónicos degenerativos que complicaron su atención hospitalaria con atención médica en el Hospital General de Zona 50 del IMSS de esta ciudad, instancia que actuó conforme a los protocolos que establece el Gobierno Federal por lo que procedió a notificar a este orden de gobierno y posteriormente a la Secretaría de Salud estatal.

La Secretaria de Salud en el estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, informó que de acuerdo a la información del IMSS el paciente presentaba un cuadro complicado de diabetes e hipertensión, es decir estaba inmunológicamente comprometido, que lo llevó a perder la batalla contra el Covid-19.

Agregó que se trata del segundo deceso de un paciente en la entidad potosina en 24 horas, aunque reafirmó que el tema de la atención que se le brindó en el IMSS con soporte médico fue el requerido para el caso.

“Voy a explicarlo así, el Covid-19 es una enfermedad producida por un virus, que se contagia rápidamente, que no tiene un tratamiento específico, que no tiene vacuna, que llega a afectar enormemente cuando se es mayor a 60 años, si son crónicos degenerativos, con sistema inmune comprometido o bajo, ellos pueden requerir hospitalización y pueden fallecer lamentablemente, el Covid-19 mata”, detalló.

Dio a conocer que el Gobierno del Estado y todo el Sector Salud envían sus condolencias más sentidas a sus familiares, quienes permanecen en este momento en un desafortunado distanciamiento social con su ser querido.

Detalló que el manejo en hospital fue de acuerdo a protocolos clínicos de atención, con tratamientos adecuados para neumonía infecciosa.

Agregó que todos los contactos, tanto de familiares como de personal de salud que estuvieron en contacto, permanecen en aislamiento y en vigilancia epidemiológica.

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Los juicios políticos, inoperantes, instrumentos para la reyerta

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La figura de juicio político que se estableció en la constitución política en 1982, es inoperante, porque no existe voluntad de los senadores en el ámbito federal y de los diputado locales, en el caso estatal, para aplicarla en aras de conseguir justicia y castigar los abusos de políticos y servidores públicos, afirmó el ex magistrado y ex catedrático de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Merced Ponce Blanco. Mencionó que son muchas las demandas que se presentan y ninguna ha prosperado. Las que se revisan son declaradas improcedentes en su gran mayoría en las comisiones. Las pocas que se llegan a dictaminar como válidas, se olvidan cuando se forman comisiones jurisdiccionales que las rechazan. Otro número importante de las querellas ni siquiera son analizadas. Terminan en los archivos muertos de las instancias legislativas.

El ex juez señaló que la ley de juicio político y la propia constitución, en los artículos que contempla la figura, han sufrido varias reformas en 38 años, pero no han servido de nada, ya que no se llevan a la práctica. Se ha desacreditado tanto que se utiliza como un recurso de carácter político para atacar al contrario o defender causas partidistas. En algunas ocasiones, los promoventes o litigantes que los presentan, lo utilizan con afanes protagónicos o de lucimiento profesional, cuando el objetivo es que cualquier ciudadano pueda usar el recurso y que el proceso tenga consecuencias para los sujetos implicados.

El artículo 126 de la Constitución Política del Estado de  San Luis Potosí, señala que podrán ser sujetos de un juicio político el gobernador, diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces de primera instancia, secretarios de despacho, auditor superior del estado, fiscal del estado, fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y en delitos electorales, subsecretarios, directores o sus equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y síndicos.

“Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, se menciona en el artículo 9 de la ley estatal de juicio político, aprobada en el 2019. Establece 9 causales y señala que el procedimiento solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe el cargo o al año siguiente. Pueden ser llamados a cuentas por atacar las instituciones democráticas. A la forma de gobierno, la organización política y administración de los municipios. Violaciones graves a los derechos humanos y sus garantías. Atentar contra la libertad de sufragio. Usurpar atribuciones de funcionarios públicos cuyos cargos sean de carácter constitucional. Cualquier daño a la constitución política o leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado, municipios o sociedad. Alteraciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuesto estatal, municipal. Leyes que determinen el manejo de los recursos económicos, manejo indebido de fondos y recursos del estado, los municipios o de cualquier ente público.

El litigante Ponce Blanco lamentó que en México que exista el coraje ni la voluntad para someter a juicio político a servidores públicos denunciados en cualquier nivel jerárquico. En Guatemala, Paraguay y Brasil, han destituido a presidentes de la república. Los mandatarios de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, han enfrentado el proceso jurídico. En 2016, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue destituido. Lo acusaron de malversar fondos y lavado de dinero. En el 2012, el mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, dejó el cargo por el negativo desempeño de sus tareas, derivado de un enfrentamiento entre policías y campesinos con consecuencias fatales. En 2016, la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, fue sometida a un controvertido proceso por ocultar un déficit presupuestario que le ayudaría a reelegirse.

En México, la figura se instauró en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuya bandera de campaña fue la renovación moral. Se dijo que tenía como destinatario al senador del  PRI y ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, que no fue sometido a juicio político, pero si fue desaforado por sus correligionarios en el senado, a petición de la Procuraduría General de la República, que lo acusó de fraude y asociación delictuosa. En San Luis han enfrentado denuncias similares, sin que hayan prosperado, los exgobernadores Carlos Jonguitud Barrios, Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Toranzo. Sánchez Unzueta por irregularidades en la red caminera indígena. Toranzo por hostigamiento laboral y obstruir las tareas del sindicato minoritario de burócratas que encabeza Francisca Reséndiz. El actual mandatario Juan Manuel Carreras, 3 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Jiménez, Juan Manuel González y Juan Paulo Almazán Cué, magistrados, jueces, diputados, presidentes municipales y sus cabildos,  funcionarios estatales y municipales.

En el congreso local existen sin resolver juicios políticos presentados hace 12 y 13 años que no desahogaron las últimas cuatro legislaturas, de acuerdo a datos obtenidos a través de una solicitud de información. En el 2007 y 2008, que corresponden a la 58 legislatura, se presentaron 31 denuncias de juicio político, de las cuales 11 están pendientes de resolver, 17 se declararon improcedentes y solo 3 se votaron como válidas en contra de los alcaldes de Cerritos, Villa de Ramos y Venado. Se agotaron sin destituir o inhabilitar a los inculpados para volver a ocupar otros cargos. Entre los juicios políticos pendientes de 2007 y 2008 está el presentado el  11 de abril del 2007 por el ciudadano Fidel López Lara en contra del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el secretario de salud, Fernando Toranzo y otros de sus ayudantes, por violaciones reiteradas a la constitución del estado. Uno en contra de servidores públicos y comisiones del ayuntamiento de San Luis Potosí y dos presentados por ciudadanos en contra de integrantes de la segunda y quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Entre los pendientes se encuentra el que interpuso el 8 de julio del  2008, el entonces alcalde de Ciudad Fernández, Juan Pedro Yáñez Carvajal en contra del síndico. El también contratista y ex líder del comité municipal del PR, murió de un paro cardiaco el 31 de marzo de 2017 en México. Sin resolverse se encuentra la demanda de juicio político que presentó el herrero Rafael Aguilar Fuentes y el taxista Juan Manuel Jurado Limón, en contra del entonces presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos. Durante el periodo de la 59 legislatura, del 2009 al 2012, se presentaron 35 solicitudes de juicio político de las que están pendientes 16. Se declararon improcedentes 18 y solo se aprobó una. Fue contra la entonces edil  de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo. Lo interpuso el relevo en la alcaldía, José Santos Loredo Tenorio.

Sobre los 16 juicios pendientes, 11 fueron contra alcaldes o integrantes de cabildos de los municipios de Villa de la Paz, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Salinas, Rioverde y Soledad. Se encuentra pendiente también una solicitud de juicio político que presentó un ciudadano el 30 de septiembre del 2011 en contra del ex magistrado de la primera sala del poder judicial del estado, Álvaro Eguía Romero y la secretaría de estudio y cuenta, María Sara de la Luz Bernal Ramírez. Otro en contra del entonces magistrado Marco Antonio Aranda Martínez, que promovió el ex edil Guillermo Pizzuto Zamanillo. Entre las 18 denuncias de juicio político que decretaron improcedente los diputados de la 59 legislatura, destacan 4 interpuestos contra el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Los denunciaron los integrantes del colectivo de taxistas, su consuegro Pizzuto y Aguilar Fuentes.

Se desecharon también 3 querellas de juicio político interpuestas por el empresario Carlos López Medina en su carácter de vicepresidente de Aguas del Poniente en contra de los entonces diputados, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Julio César Salinas Terán e Yvete Salazar Torres. Otro lo hicieron varios actores políticos de distintas ideologías y ciudadanos en contra de los diputados de la 59 legislatura que integraron la cartera para la reforma del estado, Óscar Bautista Villegas, Pedro Pablo Cepeda Sierra, Alfonso José Castillo Machuca, Vito Lucas Gómez Hernández, Óscar Carlos Vera Fabregat, Felipe Abel Rodríguez, Tito Rodríguez e Yvete Salazar. En el periodo del 15 de septiembre del 2012 al 27 de julio del 2015, que corresponde a la 60 legislatura, se presentaron 37 denuncias de juicio político. Siguen sin dictaminarse 17, 13 fueron votadas como improcedentes por mayoría o unanimidad, 4 se archivaron y dos se aprobaron.

Los diputados votaron como procedente por unanimidad la denuncia de juicio político que presentó el 1 de julio del 2013 el ciudadano Juan Manuel Lara Lugo y otro empleados del Colegio de Bachilleres en contra del secretario de gobierno, Cándido Ochoa Roja y el titular de educación, Juan Antonio Martínez. Incluyeron al director de educación media y superior, Isidoro del Camino Ramos y al director del Cobach, Mónico Jiménez Medina. Fue hasta el 31 de julio del 2017 cuando la comisión jurisdiccional que encabezó el diputado Óscar Vera, como integrante de la 60 legislatura, cuando se dictaminó declarar condenatoria la solicitud de juicio político, pero solo contra Jiménez Medina, que renunció al cargo en enero del 2016. El 24 de agosto del 2017, el pleno del congreso aprobó inhabilitar por 5 años al ex funcionario, por haber ejercido el cargo sin tener título.

Después, los diputados acordaron reducirle la pena a un año. Mónico Jiménez combatió el castigo con un amparo que le fue concedido el 9 de julio del 2018, con lo que se le revirtió el castigo. El otro juicio procedente fue el que interpuesto en julio del 2013 el licenciado Miguel Ángel Paisano, en contra del presidente municipal de Salinas, Salvador Hernández y su cabildo, donde figuró como regidor el controvertido empresario, acusado de huachicolero, José Luis Romero Calzada. La comisión jurisdiccional que se integró para seguir el proceso, determinó que no había lugar para llevarlo a cabo. Entre las 17 solicitudes de juicio político que dejó sin tocar la 60 legislatura, se encuentra el que interpuso el abogado de Teléfonos de México, Jorge Félix Vázquez Ruelas contra la entonces presidenta municipal de San Luis, Victoria Labastida Aguirre, cuyo tesorero, Agustín Soberón, se metió en un lío jurídico cuando pretendió cobrar una suma millonaria a Telmex por uso del suelo para las casetas.

Figura el que impulsaron también en contra de Labastida e integrantes del ayuntamiento, Rafael Aguilar y Juan Manuel Jurado. Hubo otras demandas contra presidentes municipales y ex alcaldes de Salinas, Rioverde, Soledad y Santa María del Río. En febrero del 2015, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ayuntamiento de Soledad contra la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa. Tres en contra del ex auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo y dos interpuestos por Ramón Esparza Olivo, en 2014, contra el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, integrantes del cabildo y funcionarios. Uno más contra el edil Ricardo Gallardo Cardona.

La pasada legislatura recibió en el periodo del 15 de septiembre al 18 de julio del 2018, 51 demandas de juicio político, de las cuales dictaminó 18 como improcedentes, dejó sin resolver 24, archivó 5, determinó sin materia 3 y solo una votó como procedente el 9 de julio del 2016. Fue la que interpuso con fecha 29 de octubre del 2015, el regidor Marcelino López Méndez en contra del presidente municipal de Santa María del Río, Israel Reyna Rosas, por violación a la ley, al nombrar al contralor del municipio y no respetar las propuestas que presentó el PRD, como primera mayoría. Sin embargo a 3 tres años 7 meses, no se integró la comisión jurisdiccional que llevaría el proceso. Entre las 24 demandas de juicio político que dejó pendientes la 61 legislatura, se encuentran dos en contra del ex procurador y actual fiscal del estado, Federico Garza Herrera, una la presentó el abogado Agustín Castillo Guevara y la otra el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado.

Dos que interpuso en 2016, el abogado José Juan Zavala en contra del diputado Óscar Vera Fabregat y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. Una contra el secretario de educación pública del estado, Joel Ramírez Díaz. Se encuentra pendiente la denuncia que presentó en junio del 2018, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Arguelles, en representación de un grupo de agremiados, en contra del comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública, Alejandro Lafuente Torres y las comisionadas numerarias Paulina Sánchez del Pozo y Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo. Sin dictaminar está una denuncia de juicio político en contra de la auditora superior del estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, que promovió en junio del 2018, la ex empleada de la ASE, Ana Elisa Loredo Torres.

La solicitud que presentó Jesús Sierra Acuña, como representante común del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción contra los titulares de la ASE, Fiscalía del Estado, Contraloría Estatal, pleno del consejo de la judicatura, Cegaip y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por la negativa a instalar el consejo coordinador. Entre las 18 demandas de juicio político que los ex diputados de la 61 legislatura declararon improcedentes, destaca la de sus  correligionarias, Xitlálic Sánchez Servín y Rebeca Terán Guevara, que fueron denunciadas por el abogado y ex alcalde interino de San Luis Potosí, José Homero González Reyes, por omisas, al no nombrar en el tiempo establecido a un titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para el periodo del 28 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre del 2017.

El 21 de junio del 2018, los diputados dictaminaron  por unanimidad improcedente la demanda de juicio político en contra de sus compañeras. González Reyes promovió el 17 de julio un amparo en contra del dictamen y el segundo tribunal del noveno circuito en materia civil lo declaró improcedente. Le ordenó al congreso del estado emitir otro, por lo que la actual legislatura retomó el caso. El 9 de julio 2019 dejó sin efecto el resolutivo del 21 de junio que emitieron sus antecesores e inician el procedimiento las comisiones unidas de gobernación y justicia. El 6 de agosto se nombró a la comisión jurisdiccional que preside el diputado del PAN, Rolando Hervert Lara. El 19 de septiembre del 2019, por mayoría, los diputados aprueban el dictamen y desechan la demanda de juicio político en contra de las indiciadas.

La actual legislatura recibió hasta el 29 de noviembre del 2019, un total de 29 demandas de juicio político, 9 solicitudes fueron declaradas improcedentes, están pendientes 18, una se archivó y solo aprobaron el juicio contra el secretario de seguridad pública estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que interpuso el 9 de enero del 2019, el diputado del Partido Verde Ecologista, Edgardo Hernández Contreras. Pero el comité jurisdiccional que se integró para analizar el fondo de la demanda y que presidió la diputada del PT, Paola Arreola Nieto, resolvió que no había elementos para iniciar el procedimiento. El dictamen respetivo fue aprobado por 20 votos a favor y 4 abstenciones el 29 de junio del 2019. Hernández señaló que sus compañeros violaron el debido proceso, al haber aceptado solo pruebas de descargo del funcionario y no las suyas.

Las razones con las que fundamentó la querella, se basan en la incidencia delictiva, el daño que le causan a la sociedad los hechos de violencia y la omisión del secretario al respecto. Anunció que acudiría a instancias federales para revertir el veredicto. Sobre Pineda está pendiente otra demanda de juicio político que presentó también el legislador Edgardo Hernández y fue recibida en el congreso el 15 de abril del 2019. Otras querellas de juicio político sin resolver son dos contra el presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava palacios. Una la presentó el 19 de agosto del 2019, Erick Jeovany Flores Mata, que incluye además a regidores, primer y segundo síndico. Otra la interpuso el 30 de noviembre del 2019, Vicente Domingo Hernández Ramírez contra Nava y regidores integrantes de las comisiones de desarrollo rural y asuntos indígenas.

Sin dictaminar está el juicio político contra el ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Juárez, su tesorero y actual  legislador, Jesús Emanuel Ramos Hernández, que interpuso el 30 de noviembre del 2019, la segundo síndica del ayuntamiento, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, por el supuesto daño al erario de mil 30 millones de pesos. Sin dictaminar siguen las demandas en contra del munícipe de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte y la síndica, Yoloxóchitl Díaz López, que solicitó el 26 de septiembre, Sandra Elizabeth Miranda González. Hay uno contra el ex alcalde de Matehuala, José Everardo Nava y las síndicas Leonor Alejandra Córdova Sánchez y María Elena Castillo Soria. Dos contra la actual alcalde de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo y su antecesor, el hijo, Ángel de Jesús Nava Loredo. Hay dos querellas contra el actual edil de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez e integrantes del cabildo, por violación a un amparo.

Mejía enfrenta también varias denuncias penales en la fiscalía local por su presunta injerencia en homicidios y desapariciones. Sin analizar por parte de los diputados se encuentra la demanda de juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué y los consejeros de la judicatura, Diana Isela Soria Hernández y Jesús Javier Delgado Sam y el ex consejero Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. La querella contra el ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, regidores y ex funcionarios, que interpusieron jueces auxiliares y ciudadanos por presuntas irregularidades en la asignación de obra pública. Sin resolver está una denuncia contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, que se elaboró en noviembre del año pasado. Otras tres querellas de juicio político contra los regidores del ayuntamiento de Valles, Serafín Castillo Chávez, Andrés Sánchez Montemayor, Ignacio Vicente Hernández e Irma Hernández Medina. Una demanda en contra del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, Ramiro Robledo López.

El pasado 30 de enero, en sesión privada, los diputados de la 62 legislatura aprobaron por mayoría los dictámenes de las comisiones de gobernación y justicia, que desecharon por improcedentes 8 denuncias de juicio político y 6 de responsabilidad administrativa. Turnaron a la Auditoria Superior del Estado dos solicitudes para sancionar al presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento de Matlapa, administración 2015-2018 y al alcalde de Salinas, Antonio Páez Galván, síndico y secretario. Las demandas de juicio político que desecharon los diputados fueron en contra de los ex diputados propietarios y suplentes de la anterior legislatura, que interpuso el abogado Juan José Frías Aguilera, el 3 de octubre del 2018. La demanda en contra de la ex oficial mayor del congreso del estado, y hoy diputada local, Beatriz Eugenia Benavente González, que presentó también Frías. La querella de juicio político contra Xavier Nava Palacios y la titular de transparencia del ayuntamiento de San Luis Potosí, Pamela Méndez Cuevas, que promovió en septiembre del 2019, Reyna Aidé Peña Avelino.

Decretaron improcedente la demanda de juicio político en contra del ex alcalde de San Luis, Ricardo Gallardo Juárez, que demandaron dirigentes de comerciantes y ciudadanos el 30 de octubre del 2019. La demanda en contra del ex edil de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, ex regidores, ex  secretario, ex síndico, ex tesorero y los ex directores de desarrollo económico y catastro. Lo promovieron jueces auxiliares y ciudadanos en noviembre del 2018. Se desechó la denuncia en contra del juez séptimo del ramo penal, José Godofredo Flores Zavala, que presentó en enero del 2019 Rafael García. La querella en contra de la agente del ministerio público, Cecilia Guadalupe Cervantes Gaytán, adscrita a la Unidad de Atención Temprana, con sede en Ciudad Fernández.

Los diputados aprobaron la solicitud de juicio político en contra de la síndica de San Luis Potosí, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, que promovió en su contra, el 6 de febrero del 2019, el licenciado José Luis García Sánchez, por pretender apresurar la designación de Gina Maribel Rocha Pañuelas como representante ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Por no haber entregado una notificación a la acusada, el dictamen se devolvió a comisiones. Los diputados desecharon también por improcedentes 6 solicitudes de juicios de responsabilidad administrativa en contra de integrantes de los ayuntamientos de Santo Domingo, Tampacán  y Vanegas, administraciones 2012-2015 y 2015-2018, todos por cuestiones laborales.

El 21 de febrero, las comisiones unidas de gobernación y justicia del congreso, dictaminaron procedente la demanda de juicio político contra Xavier Nava, que interpuso en su contra la ex oficial del registro civil, María Teresa Carrizalez Hernández, por presunta violación a sus derechos humanos, al ser desalojada el 2 de julio del 2019 por agentes municipales de sus oficinas, después de ser  despedida por parte del ayuntamiento. La aprobación generó controversia hasta en los panistas que lo apoyaron como candidato. La consejera nacional del PAN, Lidia Arguello, señaló que los diputados de su partido, Rubén Guajardo, que preside la cartera de justicia y Sonia Mendoza Díaz, integrante de la misma, que votaron a favor del dictamen, deben ser llamados por el comité estatal para que expliquen su actuar.

Dirigentes de cámaras y organismos empresariales publicaron un desplegado donde censuraron el actuar de los legisladores. Señalaron que los procedimientos no deben ser tomados para el golpeteo político. Inquieta “el despropósito de los diputados que declaran improcedentes juicios políticos por actos de corrupción y aprueba, sancionar a la síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, por una causa administrativa”. Los exhortaron a legislar, trabajar y dar resultados para los potosinos y dejar a un lado intereses políticos mezquinos, que buscan desgastar y complicar el trabajo de la autoridad municipal. A los empresarios les respondió el diputado del PAN y presidente de la junta de coordinación política, Rolando Hervet Lara. Lamentó que justificaran la golpiza a una mujer, abonan a la violencia, lo que es vergonzoso.

Les pidió exigir a la fiscalía local y no al congreso, resultados por las denuncias en contra de los ex legisladores, sobre los cuales no existen solicitudes de juicios políticos. “Al alcalde le sobra arrogancia. Xavier Nava debió castigar a los responsables de lo ocurrido y pedir disculpas. Optó revictimizar a una mujer. Están los videos para confirmarlo. Por su parte, Rubén Guajardo afirmó que al aprobar o rechazar las solicitudes, no hay simulaciones. Las decisiones son colegiadas. Los procedimientos claros, apegados a la ley.

El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, calificó como un despropósito de los legisladores, declarar procedente el juicio político contra Nava. Adelantó que no habrá de prosperar ya que buscan desvirtuar al gobierno municipal con un tema muy politizado. La actual legislatura encubre todos los desvíos y fraudes de los antecesores diputados. Carrizales celebró la decisión a través de la plataforma digital Change. Junta firmas para que el pleno del congreso vote a favor del jui

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CONFIRMA SECRETARÍA DE SALUD PRIMER DECESO POR COVID-19 EN SAN LUIS POTOSI

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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez , informó que la mañana de este miércoles 25 de Marzo a las 7:10 horas, falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, Covid-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, a quien se le deterioró su estado de salud por la madrugada a pesar de que se le brindó toda la atención médica necesaria para su caso.

“Lamentablemente el paciente de 70 años de edad se agravó en la madrugada presentando deterioro pulmonar, ya que en su situación clínica confluyeron enfermedades concomitantes que tenía como hipertensión, dislipidemia, obesidad grado uno y antecedente de tabaquismo”, precisó la Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez.

La funcionaria estatal indicó además que previo a su ingreso al hospital presentó prueba positiva a influenza:

“Es lamentable comunicarlo y enviamos nuestras condolencias a su familia. Quiero hacer un llamado enérgico para insistir en las medidas de distanciamiento social, sobre todo de aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues está comprobado que el Coronavirus está afectándolos en forma grave”, enfatizó la también Directora de los Servicios de Salud de la entidad.

“La identificación del paciente como sospechoso a COVID-19 se debió a una ampliación de la búsqueda epidemiológica en pacientes hospitalizados con neumonía ante la inminente posibilidad de que el país fuera decretado por la OMS en una fase 2 de transmisión local, y durante la investigación se logró comprobar los antecedentes de viaje a Estados Unidos de un familiar directo”.

“El manejo hospitalario fue apegado a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud Federal, desde el primer momento con tratamientos adecuados para un cuadro de neumonía infecciosa. Todos los contactos, tanto de familiares como de personal de salud, permanecen en aislamiento estricto y en vigilancia epidemiológica”, destacó.

Además, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez indicó que el día de hoy el Comité Estatal para la Seguridad en Salud analizará mediante la metodología de eslabones críticos y emitirá las recomendaciones pertinentes a todo el sector salud.

“Se hace un llamado a toda la población para cumplir a cabalidad y con toda seriedad, las medidas de prevención y distanciamiento social, que en las próximas semanas serán

cruciales para evitar el contagio, particularmente, en familias con personas adultas mayores y con factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer y cualquier enfermedad crónica que afecte el sistema inmune. El Gobierno del Estado y el Sector Salud público y privado, reiteran su compromiso para la atención de las y los potosinos con calidad y seguridad”.

“Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Mantengamos la sana distancia”, finalizó señalando en su mensaje la Secretaria de Salud, Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez.

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Un demonio disfrazado de enfermedad

Capital, Noticias, , ,

La posibilidad de que el coronavirus nos infecte es una realidad. Hemos entrando a la fase dos de la pandemia en la que la trasmisión comunitaria comenzará a sentirse.

Hoy en día no se habla de otra cosa. Se ha convertido en una obsesión.

Vivimos con miedo. Y esta reacción es normal. Así funciona nuestra mente ante el peligro. El miedo es un instinto básico que nos ayuda a reaccionar para sobrevivir. El problema comienza cuando nuestra angustia se convierte en pánico por la desinformación y falsas noticias. Lamentablemente de manera imprudente algunas personas en redes sociales están opinando sin ser expertos y difundiendo rumores que no tienen sustento. También algunos medios de comunicación y comentaristas han contribuido a crear un clima de ansiedad.

Diariamente estamos siendo bombardeados con noticias que dan cuenta del rastro de muerte que va dejado a su paso el Covid-19; la peste se ha convertido en una especie de mensajero que anuncia el apocalipsis.

La enfermedad está desquiciado a los gobiernos y a sus sistemas de salud. En Europa se ha decretado el estado de sitio en varios países. En Francia, Emmanuel Macron, presidente de la república ha dicho: “estamos en guerra. En una guerra sanitaria. No luchamos contra otro ejército ni contra otra nación pero el enemigo está allí y avanza”. En Estados Unidos se han tomado medidas radicales para combatir el avance del virus. Donald Trump ya anunció además el estrangulamiento parcial y selectivo de la frontera con México.

En nuestro país el gobierno de López Obrador está siendo muy criticado por quienes piensan que el problema los ha rebasado. El presidente ha perdido liderazgo. Cuando la emergencia sanitaria exigía adoptar medidas responsables e inmediatas hubo un marcado retraso en la instalación del Consejo de Salubridad General. Para muchos el primer mandatario se ha dedicado a menospreciar el peligro. Por ejemplo, en una conferencia “mañanera” utilizó políticamente símbolos religiosos para salir de acorralamiento en que lo han colocado sus críticos. Dijo que una estampita del Sagrado Corazón de Jesús era su escudo protector, su “Detente”, con él iba a frenar el coronavirus (¡“Detente! enemigo, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo”).

López Obrador conoce muy bien la cultura popular y la enorme fe del pueblo mexicano. Los largos años que anduvo haciendo campaña de proselitismo en todas las regiones del país (más de 20) le permitieron conocer los sentimientos que habitan en el “México Profundo”. Sabe que la superstición está fuertemente arraigada en los pueblos, barrios, comunidades y rancherías. El presidente conoce de buena fuente que el “pueblo bueno” cree en los milagros y practica el pensamiento mágico. Ese que atribuye a fuerzas sobrenaturales (dioses y demonios) la aparición de todo tipo de calamidades.

Pero un jefe de un Estado laico como el mexicano no debería manipular de ese modo los sentimientos religiosos.

En cuanto a lo que ocurre en nuestro estado sabemos que el virus ya está entre nosotros y empieza a causar estragos. Somos testigos de cómo lenta y silenciosamente el coronavirus penetra en nuestra vida comunitaria. Por ello la incertidumbre gana terreno. No sabemos de qué magnitud será el daño que cauce este demonio disfrazado de enfermedad. Afortunadamente el gobierno del estado y las autoridades sanitarias han actuado con responsabilidad y a tiempo para proteger a la población.

Se han prohibido los espectáculos masivos. Por un mes no habrá futbol en el estadio Alfonso Lastras; la afamada Procesión del Silencio se ha suspendido. Las clases en todas las escuelas se han interrumpido. El Poder Judicial, el Congreso local y el gobierno del estado han decidido cerrar sus puertas como medida preventiva. El prestigioso torneo internacional de tenis San Luis Open Challenger Tour no se realizará. El flujo de turista que en semana santa pensaban visitar la huasteca potosina se esfumará ya que sus bellos parajes estarán cerrados por órdenes del gobierno. Además, se ha puesto en marcha una efectiva estrategia de comunicación social para mantener informada a la población y combatir los rumores y las noticia falsas.

Aun y con todo esto, como ciudadanos hay que actuar con responsabilidad y seguir todas las indicaciones que hagan las autoridades de salud. En ello nos va la vida. No desafiemos a la muerte.