El alcalde de Rioverde, Ramón Torres García, no le atina a gobernar. Incluso, existen fundadas evidencias que empezó a hacer negocios con la hacienda pública. En días recientes, le autorizó al empresario Ramón Cervantes, el pago de 10.5 millones por 2 mil metros de un predio que el dueño tenía bloqueado, lo que impedía el acceso al bulevar Carlos Jonguitud.

Un avalúo reciente estableció que el lote tenía un valor fiscal de 6.5 millones de pesos. Es decir, se hizo un pago extra de 4 millones de pesos, lo que despierta suspicacias de que el edil se llevará una jugosa tajada. Pero el acuerdo tiene otras aristas. Torres no reclamó el 10% de la superficie para áreas verdes. Además, de los 2 mil metros, el propietario vendió una parte para que se instalara un negocio refacciones automotrices que se llama Autozone.

Con la parte que le tocaba al ayuntamiento, era suficiente para despejar la zona y reabrir el tráfico vehicular, sin necesidad de erogar ningún centavo. En el convenio se estableció que se entregarán más de 4 millones de pesos en un primer pago, el resto, un año después. Los recursos se podrán obtener del Fondo Metropolitano, que no tiene un centavo de reserva.

Entonces, el dinero se buscará de otras fuentes, lo que podría complicar el escenario. Algunos habitantes han externado que se podría generar un caso similar a los 30 mil pesos que antes el vendedor cervecero, Margarito Ortiz Saldívar, le «prestó» al ayuntamiento, que por intereses leoninos y un juicio amañado, la deuda supera en la actualidad los 500 millones de pesos. Es la herencia fatal que Ramón Torres le podrá dejar a los rioverdenses.

El entuerto se generó en el trienio del panista Sergio Gama, que construyó la vialidad en terreno ajeno. Su relevo, Hilario Vázquez Solano, no exigió el 10% de área verde que debió aportar Autozone. El priista Alejandro García interpuso varios amparos. Torres cerró el círculo, con saldos negativos para la ciudadanía. El alcalde puede ser sancionado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, por cómplice u omiso, al permitir se talaran de manera ilegal, 3 mil mezquites, en un predio cercano a la carretera que conduce de Rioverde a Cerritos, en el acceso que se ubica en Los �ngeles. La ley respectiva marca una pena de 74 salarios mínimos al que corte sin los permisos correspondientes, una planta tan necesaria ante los embates de las alteraciones climáticas. Se estima que el castigo podría alcanzar los mil 500 pesos por unidad. En total, las sanciones económicas rondarían los 4.5 millones de pesos. El lote devastado se usará para vivienda marginal. Aunque también se puede utilizar en el futuro para realizar la feria regional.

El endeble munícipe permitió que cuatro de sus colaboradores, tengan un salario mayor a los regidores en lo que corre de su accidentado ejercicio, por lo que, según acuerdo de cabildo, los obligarán a devolver lo que cobraron de manera indebida. Para evitar juicios burocráticos, los inculpados serán dados de baja y recontratados con el ingreso que les corresponde. Ramón Torres no es dueño de sus decisiones. Lo manipulan de manera abierta sus colaboradores, Gloria Olvera, Daniel Nieto Caraveo, Fernando Marcos García Barrera y Horacio Balderas, que apuntan a convertirse en en los nuevos ricos de la zona media, gracias al erario que les facilita su complaciente súbdito.

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