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Se necesita un fiscal anti corrupción libre, que no actúe por consignas

El litigante José Mario de la Garza Marroquín consideró, para que exista un verdadero combate a la corrupción, conjuntar tres elementos. Hacer autónoma a la Fiscalía Especializada. Nombrar al frente a una persona con liderazgo, valentía y conocimiento jurídico. Darle el presupuesto adecuado para realizar su trabajo. En caso de no poner en la mesa los ingredientes y mantener el mismo esquema que se ha seguido hasta ahora en San Luis, la dependencia seguirá como una oficialía de partes, que solo recibe denuncias intrascendentes. “Al ser libre, no le afectarán los pesos y contrapesos que se dan en el sistema político, diseñado para protegerse a sí mismo. Es por lo que las denuncias donde se involucran a funcionarios, no se castigan. En México, tienen relevancia y se sancionan cuando se junta lo político con lo jurídico, como lo vemos ahora. En la etapa de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox”.

El titular del consejo directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados calificó como una señal negativa, que la mayoría de los diputados hayan frenado las propuestas para hacer autónoma en lo técnico, financiero y gestiones, a la fiscalía anticorrupción. Demostraron que no existe voluntad para un verdadero combate a las anomalías administrativas, que junto con la inseguridad, son los temas que más preocupan a los ciudadanos. Advirtió que la independencia, sola, no basta. Necesita el respaldo de un super fiscal, sin compromisos políticos, adentro ni afuera, menos con sus impulsores. “Ojalá que las discusiones previas, hagan recapacitar a los diputados, para que designen a la persona que cumpla los requisitos. No dejar a alguien leal al sistema que habrá de proteger o castigar al que le ordenen, por consigna. Hay que buscar personas que no deban facturas. No dejar a alguien que se sentará en una oficina a ganar grandes remuneraciones y archivar escritos. Los perfiles ciudadanos están menos comprometidos con la estructura burocrática y política”.

Aceptó que el ejecutivo haga las propuestas, para que el congreso elija al Fiscal Anti corrupción,  pero también se debe permitir que la gente intervenga, lo que legitima el proceso. Hay mejores opciones para encontrar al indicado. “El combate a las corruptelas debe hacerse de manera ejemplar. La estructura que se tiene no alcanza para combatir todos los actos ilegales. No lo hace ningún país del mundo. Las personas nos movemos en base a percepciones. Si vemos que se pueden evitar fechorías y no pasa nada, se fomenta la práctica. En cambio, si se castigan y ponen el ejemplo, meten a la cárcel a los responsable y los obligan a resarcir el daño, entonces disminuyen los casos”.

Mario de la Garza señaló que en San Luis no se ha encarcelado a nadie por una denuncia de corrupción, pese a que existen varias carpetas integradas que dejó en el escritorio el anterior fiscal, Jorge Alejandro Vera Noyola, de las que no se sabe nada. Si mantienen el esquema ortodoxo, nada cambiará con el relevo. “Le dirán, hay tales asuntos, no los muevas, aguanta hasta que pase el vendaval político que está en puerta. Tu chamba está garantizada”.  Consideró que se debe abrir al debate y colocar en la agenda pública el tema donde se prevengan las conductas dolosas y no sólo perseguirlas.

Para que exista mayor eficacia al detectar y combatir conductas anómalas que se dan en el seno de las estructuras gubernamentales, propuso crear en México y en San Luis Potosí un sistema que proteja a los informantes, que ha funcionado con éxito en varios países de Europa y Estados Unidos. “La única manera de actuar es con datos, pruebas. Podemos decir que son muchas, pero mientras no se comprueben, no sirven de nada. Se requiere un contrato, detectar que hubo sobreprecios, que se torcieron las licitaciones. Lo saben los que están adentro, son miles de personas honestas. Hacen su mejor esfuerzo para que las instituciones funcionen. Se dan cuenta de los actos incorrectos, pero cuando se atreven a denunciar, los corren. Los fastidian, les bajan el sueldo”.

“Existe un sistema perverso que castiga a los que se rebelan. Las investigaciones se han vuelto cada vez más difíciles. Los fiscales no pueden encontrar pruebas. Cuando las consiguen, son inútiles. No pasan el debido proceso. Hay actos de corrupción claros, pero al llegar a los filtros de los tribunales, de los derechos humanos, se caen. En México está el ejemplo de Florence Cassez. Si hubiera el informante protegido en lo jurídico denuncia, entonces el fiscal podrá actuar”. Mario de la Garza presentó al congreso una iniciativa para crear en el estado, el sistema que los salvaguarde. Espera que los diputados se interesen en el tema y lo discutan, ya que será difícil combatir el delito que se presenta en las dependencias y empresas. Lamentó que muchos casos deshonestos se quedan en lo mediático, en un combate cosmético.

El estado, dijo, debe castigar a los culpables. Tampoco culpar inocentes, chivos expiatorios o funcionarios de menor jerarquía, como sucede con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que sacrificó a un empleado al salir en video, donde levanta maletas de dinero. “Sorprendido, dice, ¡ah caray! Es la primera noticia. Ignoraba que agarró plata. Lo destituye y queda en apariencia, limpio. Alguien muy atinado comentó que de algo sirvieron las ligas de René Bejarano. Ahora enviarán a los asistentes por los sobornos. Si hay problemas, los sacrifican. ¿Es el ataque que buscamos o entrarle en serio”.

El ex presidente del Consejo Ciudadano contra la Corrupción, que operó un corto tiempo en el sexenio de Fernando Toranzo, dijo que si el congreso insiste en imponer una figura que garantice el gatopardismo, aparentar cambios cuando todo sigue igual, conviene armar estrategias cívicas para combatir conductas nocivas. “Lo hacemos a través de la alianza que existe con el organismo Mexicanos contra la Corrupción. La ruta es más compleja, más dura, por la resistencia natural de la clase política. Es lo que existe para impulsar cambios”. Puso como ejemplo, la negativa de presentar las declaraciones 3X3 por parte de funcionarios y representantes populares. La mayoría de los diputados locales no han cumplido con la herramienta que se creyó, iba a favorecer el combate de hechos delictivos, ya que los obliga a decir, entre otros puntos, los bienes que tienen y cómo los adquirieron.

“Para un verdadero combate a la corrupción, se requiere de estadistas y visiones de largo plazo. Mirar a la política como una herramienta para trascender y modificar entuertos. Es algo que no se nota en San Luis. Las discusiones en el congreso son superficiales. No votaron por la independencia de la fiscalía porque no les dieron la corrida económica. Como siguen la línea que les marcan, no esperemos cambios. Además la agenda electoral está muy cerca. Muchos están nerviosos, temen no les toque nada”. Mencionó que las fiscalías y tribunales, para quitarse las denuncias que presentan organizaciones civiles, argumentan que carecen de interés jurídico, por no ser directos afectados, lo cual está fuera de contexto.

Indicó que el grupo Tojil, donde colabora, presentó denuncias contra el ex gobernador de Veracruz, César Duarte. Se presentaron como víctimas y después de varios litigios, lograron sentencias favorables. Fueron reconocidos como lesionados por actos corruptos en los que se registraron dispendios en los recursos públicos. Se estableció un hito, para que otros quejosos se apeguen a la sentencia en sus querellas. Tojil se habrá de inconformar también por el asunto de Odebrecht y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Lamentó no se haya podido activar el Sistema Estatal Anticorrupción, por la serie de amparos y juicios que se han interpuesto en los nombramientos de quienes quieren ser y no están. No descartó que atrás de los litigios, exista un interés oculto. Un títere o titiritero a los que conviene no camine el tema.

José Mario de la Garza presentó al congreso del estado, una iniciativa para crear la Ley Estatal de Amnistía. En caso de aprobarse, puede beneficiar a un 15% de los internos procesados por los delitos de robo menores, posesión de drogas para consumo y aborto. Censuró que los legisladores no hayan dado ninguna importancia a la propuesta ni a la iniciativa que sobre el mismo tema presentó la bancada de Morena. Desecharon el exhorto a un artículo transitorio de la ley de amnistía federal que se aprobó en abril, para que elaboren la norma estatal en la materia. “Se volvió a hablar de las miles de personas que están encerrados en México y San Luis por ser pobres y defenderlos de manera nefasta. En el congreso a nadie le interesa abordar el esquema desde el punto de vista de los derechos humanos y la desigualdad. Es lamentable tener un poder tan insensible, nada empático con las personas privadas de la libertad y sus familias. Como es una materia que no da votos, no genera clientelas ni beneficios electorales, no les importa”.

Es falso, asentó, que con la nueva ley, se vaya a liberar a todos los delincuentes. Para que opere, se debe conformar un comité que analice cada caso, respetar los derechos de las víctimas, no procede en automático. “Más que un indulto, se les debe dar una segunda oportunidad para rehacer sus vidas”. El litigante le ganó al congreso local, en julio pasado, una demanda de juicio ciudadano para proteger los derechos políticos, ya que el legislativo no dictaminó una iniciativa que presentó hace más de un año para incluir en el código penal del estado, un capítulo sobre lesiones cometidas contra la mujer por razones de género. El tribunal determinó que el congreso violó sus derechos políticos y le ordenó resolver la iniciativa. Se inspiró en una serie de agresiones que han sufrido las damitas por sus parejas que les arrojan ácido u otras sustancias en la cara y cuerpo. El caso más conocido es el de la saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, agredida por ex el ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera.

José Mario de la Garza presentará más denuncias si varias de sus iniciativas en el congreso no son dictaminadas en el lapso que la ley marca a los diputados. “Es más laborioso, pero voy a seguir el mismo camino. Tengo un calendario con las fechas en que se vencen. Intentaré incidir con sentencias y resoluciones del Tribunal Electoral”. El impulsor de Congreso Calificado señaló que con sus mediciones al desempeño de los diputados, los ciudadanos pueden conocer los números obtenidos para saber si trabajan o no. Al incluir la figura de conductas deshonestas, contrarias al régimen democrático, le restó puntos a los legisladores Pedro Carrizales, “El Mijis o Pedro Piedras” y Mario Lárraga Delgado. Consideró que al darles una nota, algunos se esfuerzan por aprobar de manera constante, como Beatriz Benavente, Ricardo Villarreal Loo y José Antonio Zapata Meraz. Pero la gran mayoría sigue igual. Adelantó que está por sacar otra modalidad, donde incluye el estado de derecho, con indicadores usados a nivel nacional e internacional. Suma la seguridad, fiscalía y tribunales locales.