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Intento de censura con dedicatoria

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Signo perturbador de ese talante autoritario del que ha dado ya suficientes muestras, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, de la mano de su par en Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, ordenó inspeccionar el pasado jueves 28 de julio diversos locales de Jiffy Express, negocio del empresario Miguel Maya, quien a su vez es socio mayoritario del portal de noticias Astrolabio Diario Digital.

Acostumbrado a que los medios lo traten bien haciéndole preguntas a modo en las entrevistas y publicando los boletines que emite el área de comunicación social del ayuntamiento de San Luis Potosí (y en otro tiempo el de Soledad, donde también fue presidente municipal), a costa del erario, Gallardo creyó tener pleno control de la prensa, hasta que a fines de marzo Astrolabio y La Jornada San Luis sacaron a relucir el caso de la supuesta proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz, asunto que se convirtió en una incómoda piedra en su zapato.

Ambos medios han dado puntual seguimiento al caso de la enigmática proveedora, pero Astrolabio se ha encargado de sacarle otros trapitos al sol al alcalde, como su propaganda en útiles escolares y en toda clase de espacios para proyectar su imagen, la de su partido y el lema de su gobierno («con gallardía»); su opacidad para informar sobre algunos gastos que despiertan suspicacias como el que se hizo en el Festival de la Cantera, el uso clientelar y electoral que hace de los programas sociales, y su gasto excesivo en medios (14.8 millones de pesos), entre varios asuntos más que han despertado sospechas, y cuyas revelaciones han causado la ira del alcalde

Gallardo ha sugerido la remoción de reporteros incómodos para que dejen de cubrir la fuente del ayuntamiento y la presidencia municipal, y ya provocó la renuncia del periodista Eduardo Alvarado al periódico El Sol de San Luis, quien desde la columna Los jefes criticaba sus excesos. Alvarado fue advertido de la gran cantidad de dinero que vía publicidad recibía el periódico por parte de la administración gallardista y prefirió renunciar antes que ser censurado abiertamente o incurrir en autocensura.

Pero lo que sucedió el pasado 28 de julio es la gota que derramó el vaso: en paralelo con Hernández Villafuerte, Gallardo mandó inspeccionar a través de las áreas de protección civil de ambos ayuntamientos las tintorerías Jiffy Express, y bajo argumentos de falta de equipos de seguridad y otras fallas menores logró la clausura de tres en Soledad, aunque el operativo tenía el propósito de inspeccionar todos los locales del negocio, incluidos los situados en la ciudad de San Luis Potosí, acción que logró evitar el empresario. No hubo previamente una notificación o un plazo para que se pusieran en orden las anomalías detectadas, ni tampoco se aplicó una multa. ¿Cuántos negocios en ambos municipios operan sin equipos y protocolos de seguridad y no son sanciones? ¿Por qué todo el operativo fue dirigido a una sola empresa y justo la de quien es el socio mayoritario de un medio como Astrolabio Digital, cuyo pecado ha sido realizar un trabajo periodístico impecable que ha puesto al descubierto las irregularidades en que ha incurrido la actual administración municipal?

Sin duda se trata de un acto autoritario con dedicatoria con el que se pretende acotar la libertad de expresión y cancelar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información de calidad.

La intolerancia a la crítica por parte de Ricardo Gallardo Juárez está poniendo en riesgo dos de los derechos más importantes del régimen de libertades que tenemos los mexicanos y que están garantizados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales firmados por nuestro país, relativos a la libre manifestación de las ideas y a la facultad de recibir información veraz, plural y oportuna que nos permita comprender mejor nuestra realidad y tomar mejores decisiones.

¿Cuál será la siguiente intentona de censura de Gallardo contra Astrolabio o cualquier otro medio o periodista que se atreva a criticar su gestión? ¿Nos quedamos cruzados de brazos viendo como un pequeño tirano reprime a los medios informativos independientes y críticos o hacemos algo para apoyarlos y al mismo tiempo proteger nuestro derecho a saber?

En opinión de: Alejandro Rubín de Celis
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Schiaffino se estrella con la estructura gubernamental que encubre a Gallardo Juárez

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El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.

Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.

Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)

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Crece la inconformidad ciudadana por la incompetencia de Ricardo Gallardo

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A casi un año de iniciar el trienio de Ricardo Gallardo Juárez al frente del ayuntamiento de la capital, el descontento de la ciudadanía ha crecido en términos mayúsculos. Acostumbrado a no ser cuestionado, se mueve con desaciertos. El aumento de los impuestos, la problemática con la empresa recolectora de basura Vigue, la poca transparencia al momento de licitar las obras, el caso de los medicamentos por más de 34 millones de pesos autorizados a la desconocida Sandra Sánchez Ruiz, son ejemplos de los yerros administrativos, indicó el líder de los comerciantes del mercado República, Arturo Pérez Alonso.

Ante la problemática del ambulantaje, estableció que los comerciantes establecidos están cansados de la nula respuesta por parte del edil, que no ha tenido la capacidad de frenar el conflicto, ya que no conoce el fenómeno. Tampoco cuenta con un plan integral a corto o mediano plazo para reordenar o reubicar a los ambulantes. “Estamos molestos por las mentiras. Gallardo declaró en días recientes que el asunto se resuelve de manera gradual, lo que sólo acontece en su imaginación. Los hechos son otros. La directora de comercio, Dolores Elisa García Román, sabe que el número es mayor”.

Enfatizó que los comerciantes establecidos invitaron a Gallardo y su colaboradora a darse una vuelta por el centro de la capital, para que conozcan todos los desperfectos. Le pidió una disculpa a los turistas que se llevan una imagen negativa. “Como ya es pública la ineficacia del munícipe, dirá que se le quiere desprestigiar con política barata, cuando la realidad es otra. Es real lo que han sufrido los comerciantes por el calvario del primer cuadro del centro histórico”. Censuró que el edil y el gobernador Juan Manuel Carreras le hayan endilgado toda la carga de trabajo al Comité del Fideicomiso de Obras formado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, por el monto de mil 500 millones de pesos. Pero lo único que se ha notado es la lentitud y el nulo esfuerzo, como pasó en la calle Álvaro Obregón, a la que celebraron el primer aniversario de atraso. “Es lamentable que las autoridades no razonen las afectaciones que provocan en el comercio local, que ha tenido pérdidas hasta de un 60%. ¿Cómo van a vivir, de que manera solventarán los gastos?. El ayuntamiento, lo poco que hace, siempre lo anuncia con bombo y platillo. En la avenida Universidad, dijeron que el concreto iba a durar muchos años, pero a los pocos meses ya tenía grietas”. (La entrevista aparecerá completa en la edición impresa de julio de La Noticia).

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El contralor del Interapas, Salvador González, ejerce funciones directivas, aunque su objetivo es sacarle ventaja a un ente moribundo

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 Con el aval del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, el contralor del organismo operador de agua potable y alcantarillado, Interapas, Jesús Salvador González Martínez, desplaza de sus funciones al director Alfredo Zúñiga Hervert, que se ha convertido en los hechos en un subordinado. González, por indicaciones del munícipe, ha despedido a 59 trabajadores de honorarios para convertir la dependencia en pista de aterrizaje para igual número de aviadores, procedentes de Soledad, donde han realizado labores de proselitismo para beneficio del empresario pollero, que tiene bajo su férula, por 9 años consecutivos, el vecino ayuntamiento, donde colocó ahora como alfil a Giberto Hernández Villafuerte. Al super funcionario no le importa arreglar más de 90 pozos obsoletos, por lo que hay constantes tandeos en diversos puntos de la capital. Tampoco arreglar las 500 redes colapsadas ni el déficit de mil tomas domiciliarias. Coludido con Gallardo, buscarán sacarle el mejor provecho a un ente quebrado, en bancarrota, moribundo.

Salvador González Martínez ingresó como nuevo contralor del Interapas el 15 de marzo del 2013, en lugar del contador público José Néstor Garza Castillo, en el marco de las reformas a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, para cambiar el nombre de contralor a comisario. Fue propuesto por el ex edil de la capital, Mario García Valdés, que fungía también como presidente de la Junta de Mejoras del Interapas. González Martínez formó parte de las negociaciones entre García y el entonces edil de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona. Se coló cuando llegó como director de la instancia, Eduardo García Castillo. Entre las funciones del contralor, está planear, programar, organizar y evaluar al organismo operador de agua, fiscalizar el ingreso y gasto público.

Jesús Salvador González Martínez egresó de la escuela de contaduría y administración de la universidad autónoma local, donde hizo una maestría en administración de impuestos. Proviene de una familia humilde. Su padre trabajó como chofer de taxi y su madre tenía un puesto de gorditas, lo que les permitió solventar los gastos para mantener 11 hijos, 5 mujeres y 6 hombres. El 5 de enero del 2015 fue capturado el entonces munícipe de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y tener lazos con la banda criminal de Los Zetas. González Martínez ya no acudió a trabajar al organismo operador. Presentó un justificante médico donde especificó la ausencia al centro de trabajo por motivos de salud, relacionados con un malestar dental. Se especuló que también tenía orden de captura, ya que como tesorero del ayuntamiento, no fue ajeno al desvío de 200 millones de pesos del erario a los negocios privados de su jefe. Además era comisario en las empresas Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios, Gallardo Continental y Tangamanga Continental a las que se les inyectó dinero púbico. También estuvo implicada la directora de recursos humanos, María del Carmen Gutiérrez Morales, quien fungía como apoderada legal de las empresas de Gallardo Cardona.      Apenas ganó los comicios de la capital, Gallardo Juárez, a principios de agosto del 2015 apareció en las instalaciones del Interapas para retomar el cargo de contralor, sin consultar al titular David Atisha Castillo. Soberbio, derrochador, Gallardo exigió le acondicionaran una oficina, por lo que botaron al personal del área de proyectos estratégicos. Lo recluyeron en un local que no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. González empezó a mover a los trabajores del área de administrativa y de finanzas, para vengarse del ex director de Interapas, Eduardo García Castiillo, a quien le debe el cargo, ya que operó a su favor con el ex edil Mario García. Sin embargo, el puesto que ostenta es honorario, como lo establece la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí. En el periodo de García Castillo, gracias a Gallardo, logró que le pagaran un salario de 45 mil pesos, casi la misma cantidad que percibe el director.

El titular del Interapas, en su organigrama de operaciones, cuenta con una contraloría interna, la cual, ante el arribo de Salvador González, fue desactivada hasta que la desapareció, sin ningún sutento legal. A finales de septiembre del 2015, el director de Interapas era David Atisha Castillo, que renunció al cargo. Lo sustituyó Ricardo Fermín Purata Espinosa, que desde el principio tuvo fricciones con González Martínez, que constante lo amedrentó con supuestas órdenes que le giraba Gallardo Juárez. Purata nunca se doblegó y ejerció su mandato con autonomía. Un caso particular que causó el enojo de González, se dio cuando fue adjudicada la obra del colector pluvial mixto del parque Tangamaga uno a la empresa Buga. Los trabajos estaban programados terminarse el 15 de febrero del 2016. No se han concluido a la fecha porque González ha puesto trabas en los pagos. Gallardo lo ha presionado para que se reasignen al grupo de constructores que han ocupado en Soledad, ya que no ponen trabas en la entrega del diezmo.

A la llegada del nuevo director, Alfredo Zúñiga Hervert, se agilizaron las ministraciones por el descontento social ya que el escarbadero se convirtió también en un obstáculo a la vialidad. González se confrontó con Purata por el despido del personal de honorarios que tenían más de 5 años de laborar sin prestaciones. El ex director se opuso a la inhumana medida. Con el respaldo de Gallardo, en el lapso de octubre a diciembre del 2015, corrieron a 59 personas, con el argumento de ahorrar recursos. Sin embargo, a principios del 2016, la misma cantidad de personas ingresó. Todas identificadas por las tareas de proselitismo político que hicieron para el ahora munícipe. González mostró gran habilidad para acotar el desempeño de Purata. Le impuso a la directora de comercialización, María del Carmen Martínez Soto y de planeación y construcción, Eduardo Sánchez Luna. Purata apenas pudo colocar en operación y mantenimiento a Jorge Vivanco y en administración y finanzas a Martha Elva Zúñiga. El influyente contralor ratificó a los titulares de sistemas e informática, contraloría interna, información pública, proyectos estratégicos, atención social, prensa y cultura del agua…continúa (tomado de la versión impresa, Junio 2016)