El experto en temas de transparencia, Jesús Federico Piña Fraga, implacable, se dedicó a hurgar varios rubros que manejaron el ex gobernador Juan Manuel Carreras y el secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, donde encontró desfalcos que superan los 3 mil 500 millones de pesos. Aparece coludida, la todavía administradora de la Sege, Sandra Rojas y sus colaboradoras, Lis Minerva Irurzo y Daniela Rocha, entre otras, que cobraron excesivos sobornos a proveedores, lo que les permitió viajar por el extranjero, someterse a cirugías estéticas y tener gordas cuentas bancarias a salvo de miradas incómodas. Piña investigó el turbio reparto de los libros de texto gratuito, donde encontró pagos excesivos de gasolina y uso de facturas apócrifas. El mayor robo se dio en el manejo de las afores de los empleados de la Sege. También documentó graves fallas en las escuelas de tiempo completo. En el programa nacional de inglés descubrió que cobraron varios impostores que jamás se pararon a las aulas. Las anomalías están presentes en las escuelas seguras. Joel Ramírez y sus cómplices no pudieron solventar viáticos por un millón de pesos. Piña confía en que el nuevo titular del ámbito educativo, Ernesto Barajas Ábrego, castigue los evidentes latrocinios de sus antecesores o será cómplice del atraco.
“Hice una solicitud de transparencia para saber quien maneja el dinero que llega de México para el reparto de los libros de texto gratuito. Dijeron que era el departamento de primaria. Fui y alegaron que en los demás municipios, lo hacía el área de recursos financieros. Le quitaron el control a los otros, ya que había una partida económica. El último año se quedan quietos, se dieron cuenta que solicité informes y se opusieron a que los checara. Se dieron varias acciones raras. Dijeron repartir libros en una camioneta Ford 350, a la que cargaron mil litros de gasolina para ir a Tamazunchale. ¿Cómo es posible si el tanque es de 120 litros máximo? La distancia es cercana a los 500 kilómetros y de regreso igual. Son mil kilómetros en total. El vehículo gasta un litro por kilómetro, entonces no servía, debieron tirarla, no funcionaba”.
“Lo más extraño es que surten en la capital y el mismo día, sin salir, le echaban otros 500. La maniobra la orquestó la coordinadora administrativa, Sandra Rojas Ramírez. Contestó que se equivocaron con el fondo nacional. Fue algo que debió checar el coordinador de materiales y la jefa recursos financieros, Lis Minerva Yrurzo, que pagaba. Entonces, nadie se dio cuenta, hasta yo que vengo, lo noto desde el primer instante. No me explico cómo la Auditoria Superior de la Federación, viene y dice que no encuentran algo irregular. Hay evidencias de corruptelas. Las facturas eran chafas, señalaban domicilios que no existían cuando los chequé. En un momento, Rojas dijo que mejor ya no iban a repartir libros, los iban a quitar. No era el caso, debió comprobar lo que hacían, se gastaron cerca de un millón de pesos, por sólo repartirlos”.
“El dinero lo mandaron de México, ni si quiera era de aquí y no lo comprobaron. La maniobra la repitieron cerca de 4 veces por un total de 4 millones de pesos. La empresa que contrataron era una fachada. Le dije a la contadora Sandra Rojas que coludida con su jefe, Joel Ramírez Díaz, se llevaron todo los fondos. El secretario solo extendía la mano y cerraba los ojos. El efectivo debe estar en alguna parte. Hay otras muchas anomalías. Luego dijeron que Ramírez ignoraba el saqueo. Claro que su deber era estar informado, cobró como titular de la Sege. Me habló una tarde para decirme que ya me había explicado cómo estaba el asunto. Le contesté que no dijera mentiras o le iba hacer las preguntas por escrito o que hubiera una persona de testigo. Insistió en que le urgía arreglar el tema”.
“Descubrí que el contralor, de nombre Alejandro, estuvo antes en la etapa cuando fue secretario Juan Manuel Carreras. Luego se fue a servicios financieros con Sandra Rojas. Cuando le empecé a pedir datos sobre el dinero que le habían dado para revisar escuelas en la huasteca, no pudo comprobar sus gastos y lo corrieron. Entró otro, que sigue vigente. Lo puso su entonces jefa, Ada Amelia Andrade Contreras y el contralor del Sistema Estatal de Educación Regular, Fernando de Jesús Pereda, que lo despide por inepto. Todos juntos no pudieron decirme lo que hicieron con el dinero que les daban para ir a checar las escuelas. Tuvieron que regresar
las partidas, está documentado en los recursos de revisión y solicitudes que hice. Recuero un monto de 32 mil pesos, una cantidad tan simple, no la pudieron sustentar”.
“Es lo que no entiendo, ¿cómo los contralores no pudieron controlarlo? Fue lo mismo que pasó con Mauricio Vladimir Barberena Sánchez, que antes trabajó en la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, lo sacaron porque chocó un carro, lo despedazó. Le pidió chamba a la señora de los trabajos, Ada Andrade, que lo ubicó en recursos materiales, donde se hacían las compras en la Sege. Cuando sale el titular, José Mejía Lira, Andrade pasó a ser directora administrativa, fue cuando ocupó a Barberena, lo puso en el archivo, donde estuvo un año y medio. Le pedí datos sobre todo el dinero que le habían entregado. Fueron como 300 mil pesos para congresos. Le exigí las constancias, no me dio nada. Luego rentó un edificio para colocar los documentos. Al dueño le facilitó su mochada”.
“Cuando lo descubro, lo despiden y se va de nuevo con Andrade, que lo ubica como titular de transparencia de la Oficialía Mayor del gobierno estatal. Parece que lo premian por hacer transas. Cuando Carreras sale la Sege, deja a Sandra Rojas como administradora. Tiene de ayudante en servicios financieros a Minerva Yrurzo. Juntas hacen oscuros manejos. Usan a la tesorera, Daniela Rocha, que les paga todas las facturas a los proveedores que les cubren un soborno del 10%. Cuando hice las denuncias, Yrurzo negó los hechos. Las tres acudían juntas a diversas pachangas que les patrocinaban. ¿Cómo iba a ser ajena a las evidencias delictivas? Los proveedores me dijeron que les pedían un porcentaje o no les pagaban. No quisieron testificar por temor a las represalias”.
“Rojas, Yrurzo y Rocha se fueron de viaje muchas veces al extranjero, hacían fiestas, se practicaron cirugías, junto con las ayudantes de más bajo nivel. Acudían a sanatorios privados a ponerse bubis, pompis, lipos, nariz y lo que más les interesaba. Todo lo pagaban con los sobornos que cometían. También las denunció la ex diputada local y federal, Guadalupe Almaguer, que cobraban del 6 al 10%. Lo hicieron durante el sexenio de Carreras y tres años de Antonio Rubín de Celis. Exigían cantidades millonarias de moches, sin contar los programas donde metían la mano. Nadie las supervisaba. Me enteré por las solicitudes que hice. Al final, Joel Ramírez Díaz, por medio de su secretario particular, me dijo que nos arregláramos, para calmar el tema. Me negué, no haría ningún trato. Hay pruebas de que buscaron comprarme”.
“Otro programa de Ramírez que fiscalicé fue el nulo pago de las afores a empleados de la Sege, de casi 4 años, del 2011 al 2014. Lo mismo pasó en el 2018. Si sólo cubrieron la mitad, es un débito aproximado de mil 350 millones 821 mil 639.58 pesos. Son 4 años y apenas sustentó dos. El caso sigue actual en la Cegaip, por un recurso que interpuse. No comprobaron el destino del dinero y lo descontaron a los trabajadores, ¿dónde quedó? No lo ha resuelto el comité de garantía porque es corrupto. Les exigí me dijeran dónde están los fondos de unos 400 maestros de todos los niveles. Algunos cobran por honorarios, otros tienen base. No todos cubren las afores. Muchos no reclaman, tienen miedo a que los corran. No cotizaron en 4 años. Las que si cobraron intereses fueron las autoridades. Los pueden tener en un banco. El reclamo es el 71 del 2020. La ponente es María José González Zarzosa, una comisionada que no funciona. Los pone el congreso por órdenes del gobernador”.
“Es por lo que callan. Una vez me resolvieron, les dije que no estaba de acuerdo. Hago un recurso de inconformidad al Instituto Nacional de Transparencia, la segunda instancia. Les dice que elaboren otro resolutivo y entreguen los datos que solicito. Lo hacen, pero jamás se cumplen. Hay otras del 2017 que no se han concretado en la Sege y Sistema Estatal de Educación Regular. Van para largo, es claro el contubernio. Los oscuros acuerdos se dan porque la Cegaip le pide a la Sege, le pague facturas de 350 pesos para dar dizque charlas de transparencia a las escuelas primarias. Los niños no entienden el tema ni hacen solicitudes. Nunca la promueven con ciudadanos. Capacitan a los que trabajan en las unidades de transparencia, porque son clientes cautivos. Temen que la gente les exija datos. Lo mismo sucede en el Inai, donde existen comisionados impuestos por el ex presidente Enrique Peña Nieto, como Rosendoevgeni Monterrey Chepov. Fue titular del Instituto de Transparencia del Estado de México, de donde lo sacó su jefe y mandó al Inai, donde sólo obstruyen la entrega de informes. Pero ya se van el próximo año. Las comisionadas mujeres son las que han resuelto todo, como Norma Julieta Venegas y Josefina Román Vergara, que han hecho recursos de inconformidad. Dicen que la Cegaip es sumisa, negligente, no hace una búsqueda exhaustiva para resolver de manera acertada. Entonces, ¿a quién recurrimos? Me fui con el poder judicial federal y le gané un amparo al mismo Inai. No queda más remedio que irnos, porque las instancias no funcionan”.
“En el programa Escuelas de Tiempo Completo, llegó bastante dinero, aun lo investigo. Por cierto, ya lo quitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue acertado, ya que los fondos nunca aterrizaron en la Sege, se quedaron en la secretaría de finanzas y en la oficialía mayor, donde estuvo Ada Andrade Contreras. Le decíamos la hada madrina, porque desaparecía lo que le convino. Sandra Rojas, que estuvo en las afores, se hizo la loquita al no darme los datos, tampoco la Cegaip. Cometieron fraude. El dinero está en dos partes, en el gobierno estatal, porque no pagaron. Los documentos que mostraron son de hacienda, pero dudo que los tenga. Si fuera cierto, peor, no hicieron nada para regresarlo. Considero que lo amasa el grupo de Sandra Rojas, ya que les genera intereses. Los trabajadores no hacen nada, temen que los corran. Rojas gana por su silencio. La dejó Andrade para cuidarle las espaldas. Ojalá no la corran hasta diciembre, para que aclare todas las anomalías, como lo del tiempo completo que aun checo”.
“El dinero de las Escuelas de Tiempo Completo, llegó al gobierno estatal y nunca lo mandó a la Sege. Contrataron a un proveedor por su cuenta. Fue la Comercializadora Tunoni, que tenía un contrato para repartir comida completa. Los desayunos escolares los daba el DIF. En una escuela de Vanegas, los cobraban arriba de 8 pesos, más el viaje, eran 10 pesos adicionales. El total fue de 18 pesos. En los contratos con Tunoni, nunca dieron el nombre del proveedor. El representante era Octavio Polín Sánchez. El del gobierno estatal, Miguel Ángel Montoya Mercado, el que otorgaba los permisos para los que se daban de alta como proveedores. El monto fue al menos de 500 millones de pesos, sólo de lo que yo pedí en el 2018. En 6 años, la cifra podría oscilar en 3 mil millones de pesos. En la escuela Benito Juárez, ubicada en Axtla de Terrazas, aparece un recibo de la semana dos. Dice que reparten 200 gramos de frijol. No aclaran para cuántos alumnos, pero la semana es de 5 días, también les dan 4 latas de atún”.
“Tampoco dicen de cuántos gramos. Les entregan medio kilo de nopal cuando tienen mucho en el monte. Ni siquiera hacen el proyecto con eficacia, con insumos específicos por zonas. Todo era al garete. Para hacer la comida, les entregaron un garrafón. Les obsequiaron 170 gramos de limones. En la primaria indígena de Matlapa, Herminio Salas, una señora se quejó de que llegaban muy pocos insumos. No dijeron cuánto cobran por los servicios ni el costo de cada alimento, número de niños ni días de alcance. Es una burla. Parece que les dan un frijol por alumno. Carreras, Joel Ramírez, Sandra Rojas y Ada Andrade, robaron lo que les dio la gana. Jamás imaginaron que alguien iba a pedir cuentas y menos revisar los programas. Son 77 carpetas, cada una contiene de 500 a 600 hojas. Son como 36 mil las que revisé. Si hablamos de 3 mil millones de pesos, ¿cuánto le tocó a cada canalla? Todas las hojas no están valoradas. Se debe checar el precio por artículo que dicen haber dado y saber lo gastado en realidad y el número de alumnos”.
“Me causa coraje, enojo y tristeza, cómo engañaron a las personas de las escuelas, al darles miserias y nadie dijo nada. No sabemos qué le hicieron a los quejosos. He ido a los lugares a checar. Nadie me paga mi tiempo ni mis recorridos que hago para demostrar las anomalías. Es necesario que el señor presidente sepa lo que sucede. Ha dicho que los organismos autónomos y los estatales, actúan de manera ficticia y disimulada. Es cierto, deben quitarlos, que se vaya el Inai, pues se gasta más de mil millones de pesos, que deben destinarse a renglones más útiles. La Cegaip también se gasta el presupuesto con nulos beneficios. Pagan de renta 134 mil pesos. Por el lugar donde se ubican, desembolsan 123 mil 500 pesos más otros 10 mil 500 por la casa que usan de archivo. El dueño de los inmuebles es el empresario Miguel Maya. Hay muchísimos programas con fallas”.
“Figuró el Programa Nacional de Inglés, que estuvo del 2016 al 2020. Usó como 121 millones de pesos, de los que sólo me quieren comprobar 18 millones del 2020. Faltan 103 millones de pesos. Cuando acudí a la Cegaip, no me querían entregar lo de 4 años. Se hicieron tontos. El rubro también lo manipuló Joel Ramírez y Sandra Rojas. No querían contratar a asesores externos especializados, para que no tuvieran derechos ni plazas. Optaron por el outsorsing, lo que ocultaron. Cuando reviso el 2018, resulta que no eran 18, la cifra real es de 22 millones de pesos. Les pregunté quien puso los restantes, de dónde los sacaron y quien los cobró. Dicen que los asesores. Cuando les pido la lista, no me la entregan. Además, ya se había ido el ratero que estaba de coordinador local y ponen a una mujer, que no pudo con el trabajo. La sustituyen con el que manejó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el profesor Vidal Torres Castillo, que antes se encargaba de todo lo electrónico. Lo más grave es que a muchos maestros no les pagaron y se fueron a quejar al congreso”.
“A mí me dicen lo contrario. La Cegaip no ha dado el resolutivo. No hay otra autoridad para quejarse. Si hubiera un arqueo externo, no duran 5 días, ya los hubieran detenido por los múltiples desfalcos de Sandra Rojas y sus cómplices. Las llaman la mafia de las faldas, todas cirugiadas. Localicé a cinco especialistas de
inglés que cobraban por semana 15 mil pesos. Significa que se llevaban 60 mil pesos al mes. El coordinador local del programa era un tal Alfonso, ya abandonó el barco. Se pagaba a sí mismo 60 mil pesos y no daba clases. También descubrí a un Efrén Abraham Patena López, al que corrieron de la normal de estado por grillo. Luego lo encontré en la Sege. Empecé a investigar y saqué a otro que ganaba 40 mil pesos sin dar clases. Se dedicaba a cargar cajas de un lugar a otro. Era el motivo de por qué no le pagaban a los maestros que de verdad trabajaban. Señalaron las escuelas a dónde se presume acudían, pero nunca se pararon”.
“Algunos de los profesores que acudieron a quejarse al congreso, no tenían sus planes de labores. Entonces, ¿cómo querían cobrar? Varios tampoco dieron cátedra. Tenían un líder que agarraba moches. La estrategia era presionar y cobrar algo que no merecían. Estaban molestos porque no les tocó del reparto. El fraude asciende a los 121 millones de pesos que no me han podido comprobar. Sandra Rojas es clave en el entuerto, porque recibía el dinero. Nadie sabía del programa hasta que empecé a investigar. Estoy seguro que si el nuevo secretario, Ernesto Barajas Ábrego, checa el tema, se dará cuenta de más raterías. Está obligado a actuar, es dinero público, un fraude al erario. Le haré un informe al gobernador Ricardo Gallardo para decirle todo lo que hicieron. Barajas tendrá que comprobar lo faltante, debe saber lo que recibe”.
“Existe además el programa Escuelas Seguras que maneja el Sistema Estatal de Educación Regular, que no pudo sustentar nada. Pretextaron que todo se había enviado a la Sege, pero no fue cierto. Interpuse un recurso de revisión y nunca pude ver las comprobaciones. Los planteles siempre estaban abiertos para que todos los niños fueran recibidos. Les daban dinero para comprar escritorios, pizarrones, sillas, todo el mobiliario. Nunca pude ver algo. Calculo que en dos años gastaron 150 millones de pesos y no informaron a nadie. La directora de los servicios educativos del Seer era Silvia Montelongo. Entonces afloró también el impuesto de pedir a los niños 10 pesos, fueran de instituciones públicas o particulares. Se juntaban alrededor de 3 millones para la caja chica, que se lo repartían entre sí. Lo juntaban a través de las inspectoras. No supe que hicieron con los fondos. Cuando quise ver las facturas, no me dejaron. Todo era parte del saqueo”.
“Estaba la fundación Rafael Turrubiartes, ya no era un fideicomiso. Le pedían ayuda a todas las escuelas para terminar un auditorio que se ubica en una primaria de Tlaxcala. Gallardo dice que va a reparar y ayudar con los insumos a las escuelas que los necesiten. Es mucho dinero lo que se necesita. Tampoco es conveniente, le entreguen el dinero a los consejos, por la gran cantidad, es difícil su manejo. No pueden comprobar lo que exigen de colegiatura al entrar y las constantes cuotas que imponen el resto del año. El mandatario necesita un grupo de gente confiable que cheque los ingresos y gastos. En el tema de las becas, le daban a unos cuantos. Las manejó la maestra Silvia Socorro Cortés. No pudo comprobar varias que entregó en distintas escuelas. Nadie acude a revisar a los inspectores y el sector que controlan, menos los más escondidos u olvidados. Se enojaban porque les pedía los planes de trabajo de tal o cual maestro. Los niños decían que a veces no iban los profesores. Hacen lo que les da la gana”.
“Había un fondo revolvente que manejó Joel Ramírez para sus viáticos, desde el 2017 al 2020. En promedio le daban un millón de pesos. No lo pudo comprobar. Lo administró su secretario particular, Miguel Ángel Carbajal, que luego brincó como subsecretario de gobierno y oficial mayor. Se gastaron los fondos. Todo lo maquillaba Sandra Rojas, que no me entregó las comprobaciones. Lo clasificaron como dato confidencial, porque apareció el registro federal de contribuyentes de Marisol Pillado, la secretaria personal de Ramírez. Se enojó porque le pedí cuentas claras sobre los archivos de la unidad. Se hacen tontos. Tengo que leer todo para saber lo que dijeron, ya metimos el amparo y les gané. Muy pocos se dedican a lo que hago, no se toman la molestia, ya que implica tiempo y dinero. Le invierto porque lo agarro para distraerme. Si alguien se animara, tengo que pagarle. Me ayuda que estoy jubilado”.
“El litigante Ernesto Villanueva me dijo, si usted quiere dedicarse al tema, necesita ser persistente, estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Conocer la constitución, la ley de transparencia, le hagan caso las autoridades y tener dinero, porque se gasta mucho. Reúno todo, menos que me atiendan. Si alguien quiere imitarme, debe tener un ingreso seguro que lo ayude a hacer sus pesquisas o de otra manera, fracasará. Es un trabajo arduo. Llevo 20 años, casi me volví a jubilar. Hay muchos que lo hacen por dinero o un trabajo. Algunos buscan acomodar a sus amantes de aviadoras en alguna dependencia. Luego les quitan la mitad de los ingresos, con lo que juntaban hasta 40 mil pesos al mes. No tienen vocación, lo hacen para agarrar cancha. En San Luis, si acaso, hay dos personas que hacen recursos de inconformidad ante el Inai, pero no se animan. La unidad de transparencia tiene mucho que ver en una dependencia. La ponen para que no entregue datos. Les
dije que me dieran la oportunidad de manejarla, para enseñarles. No habría quejas, les daría los informes en tiempo y forma, sin cobrar.
El ex director de la normal del estado, Francisco Hernández Ortiz, llegó al cargo el 20 de agosto del año 2000, donde duró 21 años. Llegó con la plaza de profesor, no tenía maestría ni doctorado, ni la carga de 40 horas. Lo ayudó su mecenas, el entonces dirigente de la sección 52 del magisterio, Joel Ramos Leyva, luego director del Seer. Lo increparon cuatro maestras por misógino y no tener el perfil académico para el cargo. Lo superaban en currícula, ya que tenían doctorados en el sector educativo. Una murió por covid y las demás están en vísperas de jubilarse.
Piña lo investigó por un estímulo al desempeño, un bono que entregaba el gobierno estatal. Es donde aparecen sus detractoras. Lo critican por entregarlo a sus incondicionales. Los montos oscilaban en los 500 a 600 mil pesos. Cada mentor obtenía entre 70 a 80 mil pesos. Le pregunté cómo los evaluaba para otorgarles el incentivo. El número creció de 6 a 37. Hablaron por fuera conmigo, ya que temían ser descubiertos. Las cédulas evaluativas estaban por la calle de la amargura. Fue donde nos dimos cuenta que Hernández nombraba a los beneficiarios. Aparecía la encargada de recursos humanos, el director académico y los encargados de cobrar las cuotas.
Le pregunté sobre los planes de clases, método para calificarlos. Le daba a la sociedad de alumnos 10 mil pesos. Lo cuestioné de dónde sacaba el dinero. Respondió que de la cafetería y una papelería. Cada una le daba 5 mil pesos. Me lo dijo por escrito. Lo raro es que el encargado de la cafetería me contó que le entregaba 30 mil pesos y el de la papelería 20 mil. Lo increpé. ¿Cómo es posible que el de la papelería te de 5 mil pesos, si tiene las computadoras, foto copiadoras y otros insumos que vendía? Si estuviera en otro lugar, pagaría 10 mil pesos de luz. Tampoco cubría el agua ni rentas. La plantilla de maestros era de 200 maestros. Al menos 50 le compraron una o dos comidas diarias que se llevan a sus casas. Era un mentiroso, le busqué comprobantes por todos lados.
Tampoco quiso sustentar los 10 mil pesos que entregó a los estudiantes con el argumento de que era una instancia civil. Eran recursos públicos que debía comprobar. No aclaró los ingresos de los títulos. Se graduaban en el 2016, 226 alumnos, cuánto les cobraba, les exigía 3 mil pesos por examen. Pero solicitó 250 folios al Seer. Los excedentes, alegó, eran para recuperar los que se dañaban. La norma dice que se debe levantar una acta y lo remiten. Los reponen, no para tirar más de 20. A la maestra Silvia Hernández también le mandaban folios extras. No los comprobó hasta la fecha y son recurso del 2016. Cada semestre cobró inscripciones de 2 mil pesos por cada alumno. Eran mil, además los exámenes, constancia de estudios, credenciales. Se justificó con limpiar cisternas e impermeabilizaciones.
En los enjuagues estaba de acuerdo el director administrativo del Seer, Jesús Alberto Leyva Ortiz. Carreras se enteró y me dijo que investigara el dinero que manejó Hernández. Los cobros que hizo y la forma en que trató de comprobarlos por medio de facturas, si eran reales. Se ostentó como doctor en historia, pero la cedula profesional establece que es en artes y humanidades. Estudió en Zacatecas. Los pagos los hizo con dinero de la normal, desde que se inscribió hasta salir. Le dije que me mostrara sus asistencias, si fueron virtuales o presenciales. No pudo hacerlo. El Seer confirmó que no era doctor en nada. Fui a Zacatecas y dijeron que nunca asistió a clases, ni de manera virtual. No me dejaron hablar con el rector.
