Desde su toma de posesión y durante un mes que tiene en el cargo, Ricardo Gallardo Cardona se ha quejado e insistido en que le dejaron una “herencia maldita” de saqueos y corruptelas. Pero con un discurso ambiguo que lo caracteriza, ha dicho que presentará las denuncias y castigará a los responsables por “ratones”. Pero luego se desdice, al sostener que no busca venganza, ya que se dedicará a trabajar. Al asumir el mando, afirmó que le dejaron pasivos por más de 20 mil millones de pesos, incluida la deuda pública. Mencionó que la secretaría de salud se destacó como la dependencia más observada del país, al malversar mil 700 millones. Calificó de indignante encontrar más de 40 toneladas de medicamentos caducos. “El pueblo no tenía insumos, los escondieron, y peor, compraron millones y millones de pesos en fármacos que resultaron falsos para atender el cáncer. Muchas familias los recibían, confiados en que se iban a curar. Es no tener madre”.
Antes, el 10 de septiembre, como gobernador electo, Gallardo efectuó un recorrido por el Hospital Central. Mediante un boletín que acompañó con algunas fotografías, destacó: “se pudieron comprobar los lastres que hay en el nosocomio”. Se comprometió a remediarlos lo antes posible y anunció un gasto millonario en los primeros 100 días de gestiones. Entre las quejas que recolectó de los trabajadores y pacientes, es que las nuevas instalaciones se encuentran sin funcionar. Para simular que operan, se pagan 200 mil pesos mensuales en luz. No está equipado. Encontró evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se han levantado. “En realidad, es un elefante blanco”.
Constató que había gran cantidad de medicamentos caducos, otros de procedencia apócrifa. En los almacenes, bastante gel, mascarillas y materiales indispensables, mientras el personal carece de lo mínimo. Responsabilizó a las autoridades sanitarias del pésimo estado que guarda la institución. Enfatizó que durante su gobierno, no va a tolerar que haya lucro, corruptelas o ineficacias en el trato médico que merecen los ciudadanos, ya que los pagan vía impuestos. El 9 de octubre, a través del Facebook, informó que casi terminaba de juntar todos los vehículos de salud que estaban sin usarse, como 120 camionetas que entregaría a la guardia civil y 87 ambulancias que reasignarían a los ayuntamientos.
El secretario de salud, Daniel Acosta Díaz de León, por su parte, al dar a conocer los nombramientos del director del hospital, Jorge Rangel, de la directora médica, Martha Griselda Rangel y como jefa de enfermeras a Guadalupe Colorado Juárez, reiteró que se encontraron 487 toneladas de medicamentos caducos almacenados. Se dejaron en el hospital y clínicas de las 7 jurisdicciones sanitarias. Los adquirió el gobierno de Juan Manuel Carreras, entre 2018, 2019 y 2020. Existen más con caducidad para el año en curso y el 2022. Hallaron otros apócrifos que entregaban a pacientes que seguían tratamiento de cáncer, anti reumáticos y antibióticos.
El 5 de octubre, después de una visita al Centro de las Artes y al museo Francisco Cossío, a través de las redes sociales, Gallardo afirmó, sin dar mayores datos, que la “herencia maldita” de Carreras dejó en el abandono a la cultura y el talento potosino. Ahora sí apoyará a los artistas. En una gira por Matehuala, donde inspeccionó las obras del parque Tangamanga, aseguró que en los trabajos se robaron el 50% del dinero proyectado, más de 20 millones de pesos y dejaron una porquería. “Hoy visité el monte, una obra inconclusa de la herencia maldita”. Adelantó invertir 60 millones de pesos para que el altiplano tenga un verdadero sitio recreativo. Describió el escenario “como un robo en despoblado, donde Carreras reportó gastos de 37 millones. La auditoria estatal calculó 20 millones. En el mismo comunicado dieron otra cifra, 71.3 millones de pesos, recursos federales del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, de los cuales, sus predecesores reportaron haber invertido 37.3 millones de pesos. En recientes informes se comprobó que solo ejecutaron 16 millones de pesos.
El parque Tangamanga de Matehuala lo inició Juan Manuel Carreras el 30 de octubre del 2016 y lo reportó como terminado el 20 de enero del 2021. Tiene una superficie de 30 hectáreas y se localiza en la comunidad de Santa Ana. En la misma gira, aseguró que la presa La Maroma, fue otra obra saqueada, robada. “Se cobraron más de 300 millones de pesos y nunca terminaron la cortina. ¿Quién empieza a construir una planta de tratamiento, un tubo y un camino que ni existe y no hacen la cortina? Es como si alguien se baña de los pies hacia arriba y se enjabona hasta el último la cabeza. Nadie lo hace. Los que programaron La Maroma, sabían que era para sacar recursos que destinarían a las campañas políticas. Fue lo que se manejó en el 2018 y solo dejaron con la ilusiones al pueblo, que esperaba la ayuda”.
Anunció inversiones por más de 100 millones de pesos para terminarla y no le falte agua a Matehuala y al altiplano. “Por culpa de la herencia maldita, corrupta, es lo que nos friega en San Luis. No hay cortina, presa, ni agua”. El 12 de octubre aseguró que se documentan todas las fallas encontradas con su antecesor para presentar las denuncias, algunas de carácter penal. Las querellas serán por obras inconclusas. Otras por compra de gasolina, ya que en la secretaría de seguridad pública se gastaban 400 mil pesos mensuales. Fingieron llenar vehículos y patrullas que estaban fuera de servicio, sin llantas, ni motor en yonquis. “Durante un año, dilapidaron miles de litros y decían no tener para aumentar los sueldos de los policías. Es una tontería, hay muchas denuncias que se van a convertir en penales, otras irán al congreso para inhabilitar a los responsables”.
El 28 de septiembre, cuando puso en marcha el rehabilitado del periférico oriente, aseguró que en un primer análisis, se habían detectado irregularidades por 560 millones de pesos en obras públicas inconclusas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y en la Junta Estatal de Caminos. Se pagaron 300 millones de pesos en presuntas acciones concluidas.
El secretario de comunicaciones y trasportes, Leonel Serrato Sánchez, desmintió que la red metro haya arrancado y se preste el servicio con un solo autobús, como lo anunció Carreras, poco antes de dejar el cargo. Serrato dijo que no opera porque no se terminó, está observada en la entrega-recepción y no se ha entregado. La unidad que circula es sólo de prueba. No existe ningún camión de los que prevé el proyecto. “No tiene una tuerca, ni una llanta”.
Precisó que la primera parte, realizada por la Seduvop, violentó la normativa, porque debió ejecutarla la Junta Estatal de Caminos. “Fue una tomada de pelo, en donde se invirtieron varios millones de pesos y de tiempo”. Indicó que la JEC retomó el proceso y ejecutó el carril que corre sobre la carretera, del periférico a la zona de transferencia. “Es un tiradero el supuesto carril que construyeron. Es una negativa broma, un vehículo con tal peso y dimensiones, no puede circular seguro por las instalaciones”.
El secretario de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, denunció que Carreras les heredó un adeudo por 926 millones 743 mil 295 pesos, por retención del impuesto sobre la renta que realizó a los trabajadores en el 2016, pero no enteró al Sistema de Administración Tributaria. Indicó que hasta el momento, se desconoce el destino del dinero. No lo reportó a hacienda el ex secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes. Torres informó que ya se presentó un juicio de nulidad ante tribunales administrativos para evitar les cobren el crédito fiscal, que de hacerlo efectivo, lastimaría los ingresos, por el monto estratosférico que se debe cubrir. Se investiga si existió una conducta irregular por parte de los exfuncionarios, por el destino que le dieron a los fondos. Si lo canalizaron a otros rubros o se lo embolsaron, lo que constituye un ilícito.
Torres Sánchez denunció un probable acto de peculado del gobierno de Juan Manuel Carreras, al dejarles una nómina de 70 personas por las que alguien cobró a su nombre. Indicó que la distracción de fondos públicos a nombre de otros, exige investigar y la probable apertura de una causa penal, por desfalco al erario. Respecto a los aviadores que se encontraron en la nómina, dijo que se dieron de baja y no se debe considerar un despido, porque no trabajaban. Las dependencias que registraron más casos fueron la Secretaría de Cultura y Archivo Histórico.
Gallardo denunció la compra a sobre precios de hasta el 50% en las cámaras de vigilancia e infraestructura como arcos detectores y software, para los puntos de monitoreo inteligente, colocados en la zona metropolitana y otros municipios. Anunció un informe detallado que hará público cuando la contraloría emita su informe final. Se hará llegar a la Fiscalía General de la República.
El director de pensiones del estado, Jorge Alberto Escudero Villa, denunció que le dejaron pasivos por mil 200 millones de pesos, producto de malos manejos y omisiones de ex funcionarios, que podrían convertirse en acusaciones administrativas y penales. Se hicieron retenciones a los trabajadores que no se entregaron a la dependencia como parte de su presupuesto para el año en curso. Entre los pendientes enumeró no concluir las reformas legislativas al fondo de pensiones de la sección 26 del magisterio, no obstante que se encuentra agotado desde el 2014.
La presidenta del DIF estatal, Ruth González, denunció el gasto de un millón 40 mil pesos mensuales en el pago de una nómina de 81 personas contratadas por honorarios asimilables a salarios y prestaciones del Seguro Social e Infonavit. Anunció que ya no se les recontrató, por no ser necesarios y el ahorro se destinará a los programas sociales.
A dos días de asumir el cargo, Gallardo transmitió el video de un recorrido que hizo por el interior de la casa de gobierno. Aludió a los lujos que disfrutaron sus predecesores. Anunció que el inmueble lo convertirá en un albergue para adultos mayores y niños que viven en la calle. Gallardo relató en forma irónica, los chapuzones que se daban en la alberca, Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo, Fernando Silva Nieto y Horacio Sánchez Unzueta, del cual refiere, “salía de prisa con los calzoncillos cortos, a la palapa, a echarse sus vinos”.
Denunció que se llevaron los colchones, cuadros, “los buenos libros, solo dejaron los malos”. Enseñó las cocinas que tenían por todos lados, los baños elegantes, el jacuzi y sauna, “donde se bajaban la cruda”, la cava de vinos caros, la recámara principal. Sobresalen los acabados en madera de cedro rojo, los pisos y paredes de mármol. El 14 de octubre, en Facebook, retomó el tema de la Casa San Luis. Afirmó que lo real no se reportó en documentos. Reveló que tenían asignadas 100 personas con nóminas altas. Los tapetes, cuadros, estatuas y muebles, no son los que usaban. La ayudantía tenía 30 vehículos, entre camionetas y motos. El costo del inmueble rebasó con mucho lo que está en libros. Pero no dio cifras.
Después de un mes de ventilar la herencia maldita de Carreras, Gallardo Cardona sólo ha presentado ante la fiscalía local una denuncia. La interpuso el 5 de octubre el subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos, Ángel Gonzalo Santiago contra quien resulte responsable, “por el uso irregular y mantenimiento cuestionable de las aeronaves”. La querella se hizo a raíz de que el 1 de octubre, el helicóptero en el que se trasportaba el mandatario para asistir a las tomas de posesión de alcaldes, realizó un aterrizaje forzoso por daños en uno de los motores.
