Hernández Villafuerte y sus jefes, los Gallardo, en Soledad, dejaron deudas por consumo de agua, arriba de los 18 millones de pesos

24 enero, 20234:44 amAutor: Capital Destacada Noticias

El ayuntamiento de Soledad le debe al Organismo Operador de Agua Potable, Interapas, 18 millones 181 mil 658.68 pesos por consumo, drenaje y saneamiento. La deuda se originó en el 2015, en el primer trienio de Gilberto Hernández Villafuerte, hoy diputado federal. Se protegió bajo la sombra de su compadre y jefe, el edil de la capital y presidente de la junta de gobierno del mismo ente, Ricardo Gallardo Juárez. En la segunda parte de su mandato, 2018-2021, se justificó con el pleito frontal que tuvo con su homólogo, Francisco Xavier Nava Palacios. Entonces empezó una campaña para separarse de los demás municipios que integran el corporativo.

Los más de 18 millones de pesos corresponden hasta el 20 de marzo del 2020, un año y cuatro meses antes que Hernández terminara su mandato y asumirá la curul federal. Falta cuantificar los 14 meses del ejercicio de la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, por lo que el monto podría sumar los 25 a 30 millones de pesos. A principios del 2018, la delegada del organismo en Soledad y Cerro de San Pedro, Nadia Natalia Castillo Vera, requirió por escrito a Hernández el pago. Para evitarlo, exigió destituirla e inicio una campaña para desincorporarse. La revuelta tiene más de cuatro años sin lograr avances.

Los inmuebles del ayuntamiento, algunos propios y otros en comodato, que no pagaron cuotas, suman 88. Tal vez existan más, pero trabajadores municipales impidieron a las brigadas de la delegación, continuar las verificaciones físicas. Sobre los registrados, 50 corresponden a contratos o cuentas pendientes del 2015 a febrero 2021, por 7 millones 760 mil 231.68 pesos. Solo el edificio de la presidencia municipal, hasta el 13 de marzo del 2020, debía un millón 413 mil 671.17 pesos. El comedor comunitario que se localiza en la calle Tormenta 258, en la colonia Puertas del Sol, 154 mil 93.98 pesos. Las 13 purificadoras de las colonias y fraccionamientos Quintas de la Hacienda, Genovevo Rivas Guillen, San Francisco, San José, Privadas de la Hacienda, Los Cactus, La Virgen, La Constancia, San Felipe, San Francisco, La Lomita, Valle de San Isidro, Valle de Santa Lucía, Villa de Jardín, todas con tomas industriales, deben 3 millones 312 mil 395 pesos. La purificadora que se ubica en la avenida Florencia 296, en el fraccionamiento Jardín, debe 703 mil 924 pesos.

En el mismo grupo se ubica a ocho oficinas. La presidencia municipal debe un millón 501mil 359.93 pesos. Los dos los Centros de Usos Múltiples de la colonia Valle de los Cactus, 314 mil 978.96 pesos. Un local del programa “Tortillas Gratis”, 158 mil 540.98 pesos. Un consultorio del programa Atención Médica y Medicinas Gratis, 157 mil 14.98 pesos. El panteón Magdaleno Cedillo, 628 mil 82.36 peos. Las oficinas del registro civil de la colonia de Quintas de la Hacienda, oficialía primera y segunda del registro civil, localizadas en la colonia San Rafael y fraccionamiento Praderas del Maurel, 200 mil pesos. Las tres casetas de vigilancia de Hogares Populares Pavón y Villas del Potosí, 78 mil 789 pesos. La Asociación Ganadera local, 15 mil 556 pesos. El DIF que se ubica en la colonia San Luis 1, 6 mil 503 pesos. El último pago se hizo el 21 de abril del 2008. Es decir, no abonan desde las gestiones de Ricardo Gallardo Juárez, José Ricardo Gallardo Cardona, dos periodos de Gilberto Hernández Villafuerte y lo que va de Leonor Noyola Cervantes. También debe la biblioteca, capilla de velación y la guardería “El Capullito”.

No conforme con la ristra de débitos, el ayuntamiento conectó a la red, de manera clandestina, otros 38 espacios públicos e industriales que tiene bajo su férula, por los que debe al organismo, otros 10 millones 421 mil 427.4 pesos, de los cuales, 3 millones 749 mil 836.80 pesos, corresponden a 10 purificadoras que se ubican en los fraccionamientos El Morro, Genovevo Rivas Guillen, Benito Juárez, Azaleas, Praderas del Maurel, San Luis 1, Primera de Mayo y 21 de Marzo. El resto, 6 millones 671 mil 590.24 pesos, corresponde a 28 espacios públicos, entre los que destacan, 13 unidades deportivas ubicadas y áreas recreativa en Haciendas de los Morales, Quintas de la Hacienda III, La Sierra, Nuevo Testamento, Pavón ll, Morelos 2, San José, San Felipe, Valle de Bellavista, Unidad Habitacional San Antonio, Bosques del Oriente y Primero de Mayo.

En el grupo de espacios públicos que tienen tomas clandestinas, también se localizan los consultores médicos de la las colonias San Rafael y Hogares Populares Pavón, dos tortillerías, una en la colonia 21 de Marzo y otra en La Sierra. Los Centros de Desarrollo Comunitario en Genovevo Rivas Guillén, segunda sección y el de la 21 de Marzo. Las comandancias de policías de las colonias Morelos ll

y Nuevo Testamento. Las oficialías, séptima y tercera del registro civil de San Felipe y de la cabecera de Soledad.

En octubre del 2018, el alcalde de la capital y presidente de la junta de gobierno del Interapas, Francisco Xavier Nava Palacios, nombró como director del organismo a Fermín Purata Espinosa. El titular designó como delegada del organismo en Soledad y Cerro de San Pedro, a la controvertida litigante, Natalia Castillo Vera. Se rompió con el monopolio del agua de los Gallardo. La embestida puso contra la pared a Gilberto Hernández, que intentó desalojar a Castillo Vera y amenazó con desincorporar al municipio del organismo. Nava mantuvo a Castillo, quien llevó a cabo un arqueo exhaustivo de las cuentas de todos los usuarios morosos e irregulares que tienen contratado el servicio. Además revisó cada una de las tomas clandestinas que corresponden a inmuebles públicos y domésticos de particulares, pero son centros de usos múltiples, purificadoras, consultorios médicos, oficinas del registro civil, comedores industriales y tortillerías que corresponden a locales que forman parte del acervo del ayuntamiento, pero se encuentran en comodato con particulares.

Castillo informó a Hernández de la falta de pagos y lo invitó a saldarlos. El munícipe designó al director de infraestructura, Rubén Alejandro Gutiérrez Almazán, para que fuera el enlace con el organismo y regularizar los adeudos y tomas subrepticias. Pero nunca cubrió el débito. Se negó a llevar a cabo un convenio. El 11 de octubre del 2019, informó a Hernández que de acuerdo a las revisiones periódicas del organismo y cotejado con el análisis físico de los inmuebles que cuentan con los servicios, se detectaron 28 inmuebles públicos del ayuntamiento que carecían de registro y contratos. Es decir, domicilios públicos conectados a tomas ocultas de agua, drenaje y saneamiento. Le requirió el pago con las cantidades actualizadas per no cumplió. Argumentó que el ayuntamiento estaba exento del pago de contribuciones y en el mismo rubro pretendió sumar la excepción del pago a los servicios públicos, cuotas y tarifas. Pero se olvidó del drenaje y saneamiento.

El 4 de febrero del 2021, cercanas las elecciones de gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, Castillo requirió por tercera vez a Hernández el pago actualizado de la deuda que ascendió a 18 millones 181 mil 658.68 pesos. En un documento de cuatro cuartillas, calificó el argumento de la negativa de pago, como una salida sin sustento. Como autoridad, estaba obligado a cumplir sus obligaciones. Refirió que el argumento erróneo era para ganar tiempo, pero cada mes aumentaba.

Los adeudos existen desde hace más de cinco años, cuando estuvieron como delegados del organismo, personas afines, por lo que omitieron requerir a los responsables, el pago y regularizar las tomas clandestinas, lo que ocasionó el detrimento al patrimonio del organismo. La proliferación de fallas en los sistemas, cuentas y tomas clandestinas que se abastecen del servicio del organismo. Destacó que la falta de pago por contratos, está registrado en actas, con todas las incidencias, inspecciones de tomas clandestinas, videos y fotografías. Refirió que Hernández fue omiso al pago e incumplió como servidor público. Las negativas resultaron oficiosas y públicas, por sus múltiples declaraciones a la prensa.

Requirió al entonces edil en el escrito, cantidades específicas de las tomas regulares, clandestinas públicas, industriales e irregulares. Con nombres, domicilios, colonias, servicio, giro y saldo. Aclaró que el número de usuarios con contratos y tomas ocultas, sumaron 88. Fue lo que se pudo localizar en el sistema, luego que se le negó todo acceso a informes de todos los inmuebles que maneja el ayuntamiento. Castillo suspendió de manera temporal y definitiva, algunos servicios de agua potable y drenaje sanitario, para obligar al munícipe, cubrir los adeudos o entrar en diversos programas de apoyo para regularizar la deuda. Advirtió que de no cumplir con el requerimiento para cubrir el pasivo, más el pago los derechos de conexión a la red de agua de agua potable y drenaje, se iban a establecer multas de 100 a 500 Unidades de Medidas y Actualizaciones, que se incrementan a diario, según la ley de cuotas y tarifas vigente.

Se determinó que Hernández tenía un plazo de tres días hábiles a partir de sr notificado, para que nombrara a alguien que ayudara a regularizar la deuda o suscribir un convenio de apoyo, para evitar las consecuencias de su morosidad. O de lo contrario, le iban a suspender el servicio y embargarlo. Se le aplicarían multas administrativas y podría hacerse acreedor a daños y perjuicios originados en detrimento del organismo. Sin olvidar que como servidor público, es corresponsable de las sanciones penales que por robo del fluido se le condene. Hernández Villafuerte nunca atendió el requerimiento administrativo y judicial de Castillo. Le echó la caballería encima, bloqueó el acceso a la delegación, a través de sus operadoras. La acusó de extorsión cambio de atender peticiones de conexiones a la red. La litigante le suspendió algunos servicios.

El incumplimiento del pago millonario provocó que algunos ciudadanos que rentaron inmuebles al ayuntamiento y otros asignados en comodato, estuvieron en riesgo de perder su patrimonio, como fue el caso de la señora Esther Castillo Pardo, a la que la delegación del Interapas, le envió una carta de embargo porque debía 634 mil 726 pesos por consumo. El domicilio se ubica en Villa Florencia 296, del fraccionamiento Jardín, con el número de contrato 295709. La dueña alquiló al ayuntamiento el local para que operara una purificadora que pertenece al programa Agua Gratis. La afectada le solicitó a Purata, requerir al ayuntamiento para que cubriera la deuda y evitarle un daño mayor.

El programa de agua gratis en garrafones es para los patrones de Hernández Villafuerte, la dupla Gallardo, un esquema de control político y un redituable negocio familiar. Es contradictorio que el ayuntamiento, no pagara la deuda que Hernández Villafuerte le dejó a su relevo, Leonor Noyola Cervantes, bajo la amenaza de separar a Soledad del organismo, para incumplir el pago por un servicio que se le asignó y otro que agarraron fuera de la ley. En un documento que relata el trabajo del primer año de gestiones, la edil informó asignar 11 millones 549 mil 556.44 pesos para activar 10 plantas purificadoras y beneficiar a 60 mil habitantes, a los que se les entregan 3 garrafones a la semana. La mayoría no cubren el servicio y otras operan fuera de la ley.

Noyola no es la única que reporto un desorbitante gasto en el programa. Hernández Villafuerte, en el 2021, cuando fue requerido para que pagara al Interapas, informó que en el mismo rubro, aplicó 43 millones 918 mil 723 pesos con el objetivo de darle mantenimiento a 50 purificadoras y beneficiar a 105 personas. En el 2014, el entonces edil, Ricardo Gallardo Cardona, instaló una red de garrafones gratuitos que operó a través de 38 purificadoras. En el informe del 2015, de los cuales sólo ejerció cuatro meses, el resto lo asumió el regidor José Luis Fernández Martínez, reportó que el ayuntamiento invirtió 2 millones 600 mil pesos para abrir 13 plantas purificadoras. En el 2016, como edil de la capital, Ricardo Gallardo Juárez impuso el mismo programa en San Luis.

En el primer año de gestiones, dijo que erogó 7 millones 95 mil 597 pesos en el rubro Plantas Purificadoras de Agua. Activó 13 purificadoras con entrega de cuatro garrafones semanales, sin costo. Gallardo Cardona ya anunció expandir el programa gratuito en colonias y localidades con mayores problemas de desabasto en la capital y otros municipios. En la primera etapa plantea instalar 50 purificadoras. Lo ideal es arreglar la red de agua potable, para que la gente acceda de manera directa a la llave.

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