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Pena de muerte. Que los criminales paguen con su vida

La sociedad está harta y muy indignada por tantos feminicidios, secuestros, asaltos, violaciones y terror extremo. Hay miedo en las familias, temor por la seguridad de los hijos, zozobra ante la posibilidad de perder la vida o el patrimonio.

Hemos llegado al límite. Vivimos en un estado de excepción que ha provocado que cada día más hombres y mujeres vean con simpatía la aplicación de la pena de muerte.

Hace unos días nos estremecimos con la terrible noticia del asesinato de Fátima, la pequeña niña de 7 años que fue violada y martirizada por una pareja de chacales. Este caso es apenas un botón de muestra del paisaje de muerte provocado por la violencia criminal.

El agravio de hace mayor al comprobar que la impunidad acaba protegiendo a los delincuentes. Las estadísticas no mienten. En los últimos años miles de mujeres han sido asesinadas, cientos de familias han sufrido un viacrucis por la desaparición o secuestro de un ser querido; miles han padecido algún asalto o se han enterado de cómo un vecino fue robado o asesinado en la calle.

Ante este infierno no sorprende que el pasado 25 de marzo un grupo de diputados federales hayan presentado una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República para que la pena de muerte sea resucitada y se aplique en casos de violaciones, feminicidios y homicidios dolosos.

En nuestro país la pena de muerte estuvo considerada en el artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía que se podía imponer “al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Sólo se prohibía por delitos políticos. Con el correr de los años este castigo extremo fue limitándose hasta que fue suprimido el 9 de diciembre de 2005.

A favor y en contra de la pena de muerte. Asunto polémico.

La propuesta de revivir la pena de muerte provoca ardientes discusiones. Tiene partidarios y detractores.

Para muchos la pena de muerte se justifica ya que hay seres humanos que no merecen ni siquiera ser alimentados cuando están encarcelados. Su maldad y el nulo respeto que tienen por la vida no admite otra opción que la que deriva en pagar con su vida por los delitos que han cometido. Es un correctivo para que expíen con su sangre sus crímenes. Los partidarios de la pena de muerte piensan que la pérdida de ciertos individuos resulta una ganancia para la sociedad al tiempo que se convierte en un acto de justicia. Es una forma de restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro.

En contraste, para la Iglesia católica la pena de muerte es inadmisible. No hace mucho y a propósito de este tema el Papa Francisco sostuvo que cualquier castigo que se aplique a un criminal (incluida la pena capital) debe “tener un horizonte de esperanza”. Este axioma supone la convicción de que los criminales pueden arrepentirse y salvarse, es decir son rescatables.

Por otro lado para los defensores de los derechos humanos la pena de muerte es incompatible con los derechos esenciales de las personas; afirman que no se justifica volver al “ojo por ojo y diente por diente” o legitimar deseos de venganza enmascarándolos en el ropaje de la ley. La pena de muerte, para ellos, no tiene justificación ética, moral o jurídica.

Se defienda o se rechace la pena de muerte en algo tienen razón los legisladores que están proponiendo su aplicación, “es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen”.

Sería viable y oportuno que se realizara una consulta pública para saber qué opina la sociedad, si estaría dispuesta a respaldar la pena de muerte o si se opone a ello. ¿Usted que opina?

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Empresarios y políticos se reparten tierras ejidales en La Pila de manera ilegal

Por encima de la ley, el presidente del comisariado ejidal de La Pila, Pedro Adrián Martínez López, junto con un grupo de empresarios y políticos potosinos distinguidos, se reparten las tierras del núcleo poblacional. Entre los beneficiarios destaca la familia Lorca Valle y el industrial Héctor Gómez Valle, ambos ligados al gobernador Juan Manuel Carreras López. También  forman parte del grupo, el ex diputado local del PRI, José Luis Romero Calzada. Los boyantes Valladares García.  El inmobiliario y arquitecto Roberto Pérez Centeno. El dueño de las gasolineras Max Store, Abraham Tobías Gómez. El propietario de Termicentro, José Vicente Soriano García, que construyó las peligrosas y enormes esferas de gas LP que se ubican en 40 hectáreas del ejido.

Un grupo de quejosos, encabezados por el ex delegado de La Pila y ex líder de la CNC, Eulogio López Delgado y el ex comisariado ejidal, Tobías López Delgado, lograron obtener un informe respecto al reparto de tierras que Martínez y el grupo de poder político y económico  enquistado en el ejido, realizaron mediante una ilegal asamblea. A los afectados los representa el litigante Carlos Covarrubias Rendón. Señalaron en un documento que el equipo utilizó para concretar el despojo, a los ex delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres Torres y Miguel Martínez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal, impusieron por medio de la  fuerza pública, una asamblea de certificación, el 18 de noviembre del 2018. Los ex funcionarios federales montaron un operativo policiaco al servicio de empresarios y políticos disfrazados de ejidatarios.

Expusieron que en los acuerdos y proyectos del despojo, no son ajenos Carreras y el presidente municipal de San Luis, Xavier Nava Palacios, quienes intentan lograr a toda costa la actualización del Plan del Centro de Población Estratégico de la Ciudad. Es por lo que el 27 de marzo del 2019, llevaron a cabildo el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeación  presente la propuesta para incluir las más de 6 mil hectáreas del ejido. Explicaron que el 17 de julio, el ex presidente del comisariado, Tobías López Delgado y otros ejidatarios de La Pila, solicitaron por escrito al Registro Agrario Nacional de San Luis  Potosí, informara la situación  del ejido. El 26, mediante el oficio RAN/SLP/DA/ 920/2019, el encargado Martín Banda Reyna entregó a los demandantes un documento donde asentó que se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común. Sobre los solares, informó que no se había expedido ningún título.

Miranda Reyna informó no tener el “dato preciso de los sujetos agrarios beneficiados. Tampoco había fecha de una próxima entrega de ninguna clase de documentos”. Respecto a la certificación registral, manifestó que previo pago de derechos, se les expedirán copias certificadas. Banda habló sobre una segunda revisión del acta de asamblea de delimitación. Dijo que no era posible llevarla a cabo en el momento, “salvo que una autoridad competente  lo ordene, debido a que es un trámite interno”. Sobre los derechos y documentos a favor de Pedro Adrián Martínez López, actual presidente del comisariado, “les comunico que se le entregaron 95 certificados parcelarios”.

Explicaron que el grupo de empresarios y políticos beneficiarios de las tierras ejidales, que manifiestan haber comprado sus derechos, los encabeza el magnate de expendios de gasolinas, Abraham Tobías Gómez, que se apoderó de más de un kilómetro de frente de la carretera a México, donde suma más de 40 hectáreas. Las 16 parcelas son la 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490, 530, 684, 686,882, 883 y 891. Lo sigue Héctor Gómez Valle, inmobiliario con 80 hectáreas. La familia Lorca Valle posee otras 80 hectáreas, la cabeza de la familia es José Antonio Lorca Valle, sobrino político y compadre del gobernador Juan Manuel Carreras. Lorca aspiró a candidato a diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso intentó dirigir el partido en el estado. También aspira a ser gobernador por las mismas siglas.

Otros empresarios que cargan la estafeta de ejidatarios son el inmobiliario Roberto Pérez Centeno, que aparece con parcelas cercanas a las 80 hectáreas. El ex diputado local y dueño de Tekmol, José Luis Romero Calzada, tiene cinco hectáreas. El dueño del restaurante El Pacífico,  Juan López Lara, aparece con 20 hectáreas. Fue socio del ex aspirante a edil de la capital, Jacobo Payán Latuff. Aparece el presidente del consejo de administración y casi dueño del Grupo Avicen, Roberto Oliva. El ex coordinador de finanzas de candidatos a gobernadores del PRI y Payán también tienen hectáreas en el ejido. A través de prestanombres figuran los hermanos Pablo y Miguel Valladares García con más de 50 hectáreas. Poseen 10 parcelas, la 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367,445, 824 y 898. Otro invasor es José Vicente Soriano García, principal dueño de la empresa Termicentro. Tiene a su nombre 40 hectáreas, donde colocó sin observar ninguna ley ambiental, las peligrosas esferas de Gas LP.

Explicaron que Banda Reyna, como encargado de las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional, les informó que se entregaron 95 certificados parcelarios al presidente del comisariado ejidal, Pedro Adrián Martínez López, de los cuales 40 están a su nombre y el resto son de las personas que representa con poderes notariales. Los documentos de Martínez suman 163 hectáreas y la de sus seguidores 200, donde aparecen Torres Torres y Martínez Castro. Revelaron que el juez octavo de distrito suspendió la expedición de títulos apócrifos. Solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Agrario y juzgados federales. Indicaron que las contralorías federales llevan a cabo varias pesquisas. Advirtieron que el proyecto de Carreras López  es impulsar en lo que resta de su mandato, 100 nuevas naves industriales en el área del ejido y diversos fraccionamientos, con miles de lotes de alta densidad. Además, las conexiones, ejes y libramientos que están delimitados y definidos por los empresarios desde hace 8 años.

Evitarán que Nava concrete el proyecto de otorgar el cambio de uso de suelo de las más de 4 mil hectáreas del núcleo de población donde los ganones son empresarios, industriales,  inmobiliarios y especuladores del suelo urbano. El representante legal y los ejidatarios manifestaron que la repartición o despojo de tierras ejidales de La Pila al grupo económico y político del estado,   son proyectos de la iniciativa privada, con un aparente barniz social. Son autorizaciones arrancadas en el agónico régimen del ex presidente Enrique Peña Nieto. Son situaciones que fueron puestas al límite para que el nuevo gobierno recibiera la presión política y económica. Sin embargo, el nuevo  gobierno federal analizó el caso y resolvió conforme a la ley. “Se encontraron con un desbarajuste entre las autorizaciones y términos de legalidad. Lo mismo va a pasar con la vía alterna, con las autorizaciones para el cambio de uso de suelo que tenían del ayuntamiento. Se van involucrar las  autoridades federales, revisarán el despojo y otro tipo de situaciones”.

Añadieron que en  La Pila, los constructores e inmobiliarios no tuvieron permiso ambiental para fraccionar. En el caso de San Juan de Guadalupe, hay un lineamiento de la Procuraduría Agraria, de no permitir más inmobiliarias. “Avanzamos, todos los frentes están abiertos, damos la batalla”. Agregaron  que hay una ofensiva social jurídica para la defensa del patrimonio. Obtuvieron un informe donde el Registro Agrario Nacional hace una radiografía de lo que pasa en el ejido de La Pila, de cómo se asignaron derechos al presidente del comisariado ejidal y empresarios. Expusieron que resulta curiosa la forma en que se generan derechos de títulos a menos de la mitad de los ejidatarios, cómo obligan llevar a cabo las certificaciones, cómo manipulan para decidir el territorio ejidal, el estado y ayuntamiento para otorgar un cambio de uso de suelo a medida de los negociadores que despojaron a los ejidatarios de sus tierras. El gobierno estatal se coludió con los hombres del poder económico y políticos porque busca generar un emporio industrial, que no han podido lograr en 17 años. El tiempo se les acabó, ya no tienen al mando federal de su parte. Buscan   lograr el proyecto a nivel local, al tratar de justificar la asignación indebida de las tierras de los ejidatarios, que están en condiciones de revertir el robo y abortar sus negros propósitos.

Indicaron que van a construir más de 100 naves industriales en dos años, 80 menos de las 180 que ahora existen, 18 están en Villa de Reyes. El gobierno estatal, coludido con el grupo de beneficiarios, busca en dos años hacer en la Pila lo que se hizo en Villa de Reyes, pero en poco tiempo, doblar el número de naves, fraccionamientos y negocios. Sostuvieron que el grupo externo no ha podido certificar La Pila. Desde el 2001, lo intentaron bajo todas las formas, compraron derechos, dividieron al ejido, ganaron comisariados, trataron de tumbarlos y siempre se quedaron a la mitad, ya que el ejido no estaba de acuerdo. La gente no les daba el voto calificado. Lo  consiguen hasta que se reagrupan en el 2016, con la llegada de Carreras.

Incorporan al grupo de Termicentro, donde están metidas las familias Valladares García, Gómez Valle y Payán. Traían el objetivo de unas esferas en 2014-2015, pero con mayor empuje en el 2016. Termicentro llega y se instala después de que el gobierno del estado y municipal generan las autorizaciones. El principal dueño, José Vicente Soriano García, con el apoyo de sus socios y el estado, empezaron a operar de manera social y política dentro del ejido para lograr la certificación, al costo que fuera. Utilizaron de carnada a Termicentro, vinculada al huachicol a nivel federal. Además de Salvador Oñate, otros son accionistas del Banco del Bajío y viven en León. Contrataron asesores vinculados a las luchas agrarias. Sabían del riesgo de no tener el respaldo del gobierno federal por lo que sacaron las autorizaciones en  noviembre del año pasado. Lograron el salvoconducto para regularizar la tenencia de la tierra, aún cuando ya tenían años operando. Es inadmisible que al presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez López, le entregaran un certificado por  más  de 150 hectáreas, más 200 de sus  prestanombres. Martínez violó la ley agraria que dicta, está impedido para obtener tierras como representante del ejido, solo lo puede hacer por herencia.

Sostuvieron que el grupo de empresarios, industriales y políticos, invadieron un terreno donde no tienen nada que ver los ejidatarios. Las autoridades federales en el estado, en el sexenio anterior, entregaron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común, cuando los ejidatarios son más de 540. Además, el número de parcelas suman más de 2 mil y solo entregaron 418 a un grupo reducido, más de la mitad en posesión de empresarios que se autonombran posesionarios y ejidatarios, plenamente identificados. Ni  siquiera una tercera parte de ejidatarios fue reconocida de manera formal. Revelaron que hay un plan jurídico para abortar el despojo de tierras. Se impugnó la operación de las esferas de gas LP de Termicentro. También la asamblea de certificación del  ejido. Se ataca la autorización del Plan De Desarrollo Estratégico de la Ciudad de San Luis Potosí.  Ya hay  resultados, se congelo y suspendió la expedición de nuevos títulos a favor de tales grupos. Los documentos están tildados de ilegales, tienen una consigna y una anotación marginal de que están en limbo, sin una definición jurídica definitiva. Sumar el tema de La Pila que se relaciona con San Juan de Guadalupe, por las consecuencias que pueda tener si la urbanizan. Informaron que un grupo de ejidatarios impugnó la instalación de las esferas con un amparo de carácter ambiental. “El juicio de amparo que tenemos se resuelve si se sobresee, porque no se acreditaron los actos”.

El grupo se fue a la revisión y un tribunal colegiado de circuito en San Luis, después de casi un año de litigio, en el expediente 81/2019, revocó la sentencia emitida. Emite otra donde ordena reponer el procedimiento, llevar a cabo una pericial  de carácter ambiental. Fue algo inédito para  San Luis Potosí. Indica un estudio de riesgo, que nunca se había visto. Afirmaron que hay una orden del gobierno federal, que se emitió el primero de diciembre, donde ordena una serie de peritajes.  Involucra a la Universidad Autónoma  de San Luis para que disponga de un perito. Ordena a la Fiscalía General de la República, notificar se ponga un perito que realice una serie de peritajes. Son 90 pasos a revisar. Es un ordenamiento que la gasera no pasará. Uno es el tema de la cercanía con la gente. Les dice que informen, cuántas personas pueden morir si existe una explosión. Los expertos tienen que hacer 50 preguntas que el grupo de ejidatarios hizo en la demanda de amparo. “El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, hizo los acuerdos con la gasera. Tendrá que acatar el ordenamiento”.

Los ejidatarios afirmaron que el grupo que cometió el despojo, tuvo de su lado un Tribunal Unitario Agrario corrompido. “A leguas se notó la mala fe del magistrado. Nos regaló una medida precautoria, donde se dice, debe hacerse una anotación en la acta de asamblea, pero no dice, no se negocie. No se expida ningún certificado. El mismo magistrado nos dice que tiene presiones del gobierno estatal para que se realice la certificación. Es algo que no va a poder cumplir. La maniobra carece de formalidades especiales. Intentan certificar, pero tienen 20 faltas del acta de asamblea.  Con una sola, es motivo de nulidad, con 20 no van a poder construir nada. Analizamos el proyecto de denuncia contra el magistrado que incurrió en corrupción”.

Asentaron que el robo o despojo de las tierras involucra a 500 ejidatarios y sus familias, ya que el uso común no se lo pueden robar, como señalan las certificaciones. Los certificados que expidieron, le entregan una parte al comisariado, más de 150 hectáreas que se auto-asignó. “No tienen asesoría  jurídica. Como dijo el magistrado, se pusieron de a pechito, sólo impugnen y la tumban. Es una fantasía del gobierno de que nos van a robar el ejido. No lo podrán hacer”.

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Elecciones 2021: Las reglas del juego

  • Terminó la consulta para elaborar una nueva ley electoral
  • Más de 60 propuestas
  • Ahora la pelota está en la cancha de los diputados
  • ¿Reforma de vanguardia o parto de los montes?

A través de cinco foros regionales y varias mesas de trabajo con especialistas nuestros diputados locales lograron recoger diversas propuestas necesarias y significativas para reformar la actual ley electoral del estado. Fue un ejercicio de parlamento abierto que propició una interacción plural entre ciudadanos y el poder legislativo.

Los legisladores han hecho un buen esfuerzo para dar la impresión de que están tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos, los partidos políticos y los expertos.

Los parlamentarios cuentan ahora con aportaciones que pueden enriquecer y legitimar una reforma electoral profunda y de perfil democrático.

Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Podríamos estar frente a un ejercicio de simulación en el que al final del día nuestros legisladores acaben aprobando una ley electoral que proteja preferentemente los intereses de las élites que dominan la competencia por el poder.

Nuestros representantes populares tienen dos opciones: 1. Convertirse en los parteros de una transformación legislativa en la que “todo cambie para que todo siga igual” o bien, 2. Convertirse en reformadores de nuestra imperfecta democracia.

No hay que olvidar que en el congreso del estado conviven grandes dinosaurios adictos a las prácticas antidemocráticas con políticos comprometidos con los valores de la democracia.

Para sacar adelante la futura ley electoral se enfrentaran en una batalla feroz aquellos que quieren seguir manteniendo privilegios contra los que quieren levantar la bandera del cambio. Los conservadores quieren una reforma cosmética y los que se dicen demócratas ambicionan aprobar una ley de vanguardia.

Así que está por verse si lo que aprobarán los diputados honra y recupera la recia tradición democrática que en otros tiempos mostraron los insurrectos potosinos o si lo que veremos es un parto de los montes*(1).

Para que realmente podamos calificar como una legislación de vanguardia a la futura ley electoral los diputados y diputadas del congreso local están obligados a dictaminar una iniciativa que garantice la vigencia de los principios rectores de la materia electoral – certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad-. Pero además deberán pulir algunos temas como la participación de candidatos independientes a los que actualmente se les ponen mil trabas, hacer obligatoria la inclusión de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad; debatir si disminuyen o mantienen el número de diputados plurinominales que hoy existen; crear nuevos distritos electorales; incrementar de 3 a 5% la exigencia de votos necesarios para que los partidos puedan conservar su registro y para que puedan tener derecho al reparto de diputaciones plurinominales y al financiamiento público.

Urge también que se regule con rigor la conducta de las empresas que se dedican a elaborar encuestas ya que algunas son poco serias, no utilizan metodologías científicas en su diseño, aplicación e interpretación de resultados. Reportan puras falsedades que solo buscan inflar el ego de los aspirantes a un cargo de elección popular e incrementar artificialmente sus posibilidades de éxito; estas encuestas “patito” manipulan tramposamente la percepción de los electores provocando confusión y engaño.

Muchos esperamos que nuestros diputados y diputadas se reivindiquen ante la sociedad aprobando una ley electoral de avanzada.

Nota. *(1) El parto de los montes.- “Esta fábula, muy breve, relata cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, después de señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. La fábula, y la expresión «el parto de los montes», se refieren por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo” (Tomado de Wikipedia).

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Se perdió la calidad de vida

El nulo desempeño del alcalde de Rioverde, Ramón Torres García, desató una ola de inseguridad, robos, secuestros y homicidios, lo que afecta el nivel de vida de los habitantes. Enemigo de la crítica, ignora los señalamientos que le hacen a su irregular desempeño. Se justifica al decir que son simples ataques políticos, señaló el comerciante Hilario Vázquez Méndez. “Le exigimos vigilancia, ya que la policía municipal no hace su trabajo preventivo. Los delincuentes se mofan, aseguran que están arreglados con los agentes”.

“La falta de gobierno se refleja en las calles. Se han incrementado los asaltos en el primer cuadro de la ciudad. También los robos a domicilios y locales establecidos. Es algo que no pasaba antes. El que en realidad ejerce el mando, es el director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo, que ya promueve para relevar a Torres. No les importa que han puesto de cabeza la ciudad. La gente vive con miedo”

Vázquez subrayó que no busca ningún cargo público, sólo reclama seguridad para su familia y demás habitantes. “Me dedico a mis asuntos personales. El edil y yo vivimos las mismas circunstancias. Nos dieron la oportunidad de no empezar desde cero. Pero el señor no ha logrado sostener su negocio de insumos para animales, donde ocupa un empleado. Trabajamos en muchas campañas políticas en las que cometimos errores y aciertos”.

Expuso que sus denuncias no buscan perjudicar la imagen del edil, sólo buscar una solución. “No me puedo quedar callado y mirar cómo, muchos amigos han sido afectados por la delincuencia y no se hace nada. Cada fin de semana hay muertos. Se han señalado casos donde existe gente agraviada por denunciar los delitos que se cometen. No tengo miedo y si algo me pasa o algún integrante de la familia, hago responsable a Ramón Torres”.

Hilario Vázquez manifestó que el alcalde se rehúsa a dar respuesta a los incontables señalamientos que se le hacen en la vía pública. La fiscalía local no da resultados. “Los uniformados, en lugar de cuidar la vida y patrimonio de la gente, se dedican a extorsionar a los automovilistas en el bulevar Carlos Jonguitud. Los cazan por la calle Francisco Villa, dan la vuelta y los detienen. Les quitan dinero u otras pertenecías. Los agentes que se niegan a acosar a los contribuyentes, son agredidos o los ubican en puestos insignificantes”.

Enfatizó que Torres perdió el rumbo. Su gabinete infla las obras públicas, que son de nula calidad. Lo puede checar cualquier interesado, comparar los precios exagerados. “Le falta carácter, rechaza la transparencia. No sirve para nada. No podemos guardar silencio, ni aplaudir su ineptitud.  Esperemos que el próximo 2 de julio del 2021, la gente reaccione. Ya no queremos un municipio que sea tierra de nadie”.

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Bety Benavente y las Lap Top

La que como ha cambiado, es la diputada local Beatriz Benavente, ahora plurinominal por el PRI, ya que, como Oficial Mayor de la pasada legislatura, considerada la “peor y más corrupta de la historia” fue verdaderamente cuestionada por sus descarados encubrimientos ante claros actos de abuso y corrupción de los diputados.

Ahora ya como diputada, por estrategia, trata de lavar sus culpas y mantiene una actitud crítica y dura contra lo que antes solapó. Nos enteramos que los actuales diputados se despacharon con la cuchara grande y gastaron 400 mil pesos para nuevas laptops. Fue la única que se opuso, dijo que en el congreso “no existe transparencia, ni eficiencia”. Pero fue más allá al señalar que “los equipos deben quedar inventariados, con un oficio firmado por el diputado o diputada. En caso de que no aparezca en el proceso de entrega-recepción, su costo debe descontarse al legislador respectivo”.

Sin embargo, cuando estuvo como Oficial del Congreso, el diputado perredista, Sergio Desfassiux, cada dos meses, metía una factura de una empresa fantasma de nombre Grupo Gahe de San Luis, donde simulaba adquirir un equipo de cómputo. Resulta que se acabó la legislatura y las supuestas máquinas nunca aparecieron. Beatriz Benavente se hizo de la vista gorda. Hoy existe una denuncia en la Auditoría Superior del Estado en contra de ambos personajes por un presunto fraude. También como Oficial Mayor, puso un sinfín de trabas y obstáculos para entregar información pública que por ley debía ser proporcionada. No cabe duda, que hoy intenta mostrar otro rostro muy diferente y critica lo que ella en su momento hacía.

Otro aumento al transporte.-Ya viene otro golpe al bolsillo de la gente, con un nuevo aumento al transporte urbano que llegará hasta los 9 pesos con 80 centavos. Los permisionarios no cumplen a cabalidad con los compromisos establecidos en la ley, pero aun así se les premia. Lástima Margarito.-
La homologación de las tarjetas de prepago no se ha podido realizar por la constante negativa, desde hace años, del líder del pulpo camionero, Margarito Terán. Ahora menos lo hará, ya que fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco, después de doce largos años, por un presunto fraude, donde es acusado de fungir como prestanombres en agravio de una familia, que fue despojada de sus bienes por un valor aproximado de 500 millones de pesos. Es el tamaño del problema en que está metido.

Ya lo sé que tú te vas.- Y como dice la canción. “ya lo sé, que tú te vas”. El Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera, se encuentra atrapado en un túnel que no tiene regreso. Está maniatado y las denuncias penales contra ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios, no caminan. Al parecer existe una mano muy poderosa, que mueve la cuna para que el combate a la corrupción no avance en lo más mínimo. Si se mantiene en lo dicho, en cuestión de días agarrará sus tiliches y se irá en silencio.

Preso en el extranjero.- Primero cayó en Estados Unidos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y ahora se gira orden de arresto contra Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún, también en el norte. Se encontraba en un proceso judicial por fraude y conspiración. Mientras en el país, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue exonerado y salió rechinando de limpio según pesquisas de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval. Nos hizo recordar a Virgilio Andrade en tiempo de Peña Nieto y la Gaviota, con el escandaloso asunto de la Casa Blanca.

Existe la impresión de que hay un acuerdo con el país vecino, para que sean los que vayan contra los corruptos y hagan el trabajo, mientras el actual gobierno federal no se ensuciará las manos y seguirá combatiendo la corrupción solo en el discurso. Con las detenciones de García Luna y Manuel Bribiesca, le dan un estate quieto a Calderón y Fox, que cada rato le dan duro y tupido a López Obrador en las redes sociales. Mientras a Peña Nieto le funciona su nueva vida de “socialité” y pasa desapercibido.

Las compras putrefactas.- Han pasado ya cuatro largos años y en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, las compras y adquisiciones siguen putrefactas, tal como las heredaron de la administración pasada. La mayoría son amañadas. Ya se sabe a qué proveedores van a beneficiar. Usar empresas fantasmas, para simular competencia y hasta para asignar contratos, ha sido la mecánica más usada. Cada vez son más cínicos y descarados. El grupo que encabeza el director de adquisiciones, Miguel Ángel Montoya, ha cometido actos aberrantes. Se saben protegidos desde arriba y que existe una contraloría encubridora y coludida. Aunque los enormes roedores intenten seguir con procesos amañados, tarde que temprano se van a dar a conocer las fantasmagóricas empresas que manejan peces gordos con prestanombres.

 

 

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La corte anula el veredicto de asesinato culposo

El pasado 13 de noviembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, determinó por unanimidad, dejar sin efecto la consignación por homicidio culposo que determinó la Procuraduría de Justicia del Estado, en contra de Jorge Vasilakos, acusado por la muerte de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, joven edecán que laboraba en el bar Play, propiedad del inculpado. Ordenó reponer toda la investigación con perspectiva de género.

Con el resolutivo, se busca subsanar las violaciones cometidas durante la investigación del homicidio. Pero además, la corte pidió, se inicien los procedimientos necesarios para sancionar, en forma administrativa y penal, a las autoridades que intervinieron en el caso. Después de más de 7 años de lucha para que se reabriera el asunto y la muerte de la joven se investigara como feminicidio, la corte dictaminó a favor de la señora Esperanza Lucciotto López, madre de Karla y su hermano, Fernando Zahid Lucciotto, representados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.

La madrugada del 28 de octubre del 2012, Karla Pontigo fue encontrada herida por su hermano que pasó a buscarla al bar Play donde trabajaba. Fue trasladada al hospital central donde falleció al día siguiente, al no superar las lesiones que sufrió. No obstante que los familiares insistieron desde un inicio que su muerte no fue accidental, el ministerio publicó determinó que la afectada subió a buscar sus pertenencias a un cuarto oscuro ubicado en segunda planta del bar. Chocó con una puerta de cristal que se rompió. Un vidrio le causó una herida en la pierna derecha, que afectó la artería y vena femoral, lesiones que no superó y provocaron su deceso.

El 20 de agosto del 2013, la procuraduría consignó la averiguación previa y solicitó la orden de arresto en contra de Pedro Jorge Vasilakos Reyes por el presunto delito de homicidio culposo. El 22 de agosto, el juez segundo del ramo penal, Julián Ruíz Contreras, libró la orden de captura. El 5 de septiembre del 2013, dictó auto de formal prisión en contra del inculpado que enfrentó el proceso en libertad.

En el fallo, la Suprema Corte de Justicia señaló que en la investigación de la muerte de Karla del Carmen Pontigo, existieron inconsistencias y omisiones por parte de la procuraduría y poder judicial, que impidieron esclarecer de manera satisfactoria y con fundamentos, la causa del asesinato y violaron los derechos fundamentales de las víctimas. Precisó que la policía ministerial, enterada de los hechos por una llamada de las médicas, no preservó la escena del crimen y se presentó en el bar, 40 horas después de ocurrido el suceso. El retraso pudo propiciar que se alteraran las pruebas y por lo tanto, se perdieran datos valiosos, como el testimonio oportuno de los testigos y presuntos implicados en los actos cometidos contra la joven edecán.

Mencionó que hasta el 6 noviembre, la autoridad aseguró el inmueble. Entonces, la fiscal encargada, acudió al establecimiento y advirtió que la cocina donde ocurrieron los hechos, se había limpiado y lavado. Sólo encontraron algunos rastros de sangre y cabello, lo que imposibilitó que los peritos efectuaran las diligencias pertinentes que ayudaran esclarecer lo ocurrido. Destacó que en abril del 2013, la ministerio público acudió al bar para realizar otras diligencias. Advirtió que se manipularon los sellos colocados. “La omisión de preservar en forma oportuna y adecuada el lugar de los hechos, propició su contaminación”.

Se incumplió con la cadena de custodia, los investigadores no juntaron la ropa, calzado y el celular de Pontigo. Cuando las pertenencias de la víctima las presentaron sus familiares meses después, debido a que el ministerio público no les permitió participar en la averiguación previa, el perito en química forense concluyó que las prendas no se encontraban en condiciones de ser valoradas, dado su avanzado estado de descomposición.

En su dictamen, la segunda sala de la Suprema Corte, indicó que sin justificante alguno, la agente del ministerio público concluyó que las lesiones de la afectada, no habían sido provocadas con la intervención de algún sujeto, ni empleado violencia física, aun cuando los mismos expertos médicos legistas no pudieron determinar las causas de las lesiones y el departamento de criminalística de la procuraduría de Guanajuato, que colaboró en el caso, en el punto de vista estableció: “la occisa presenta lesiones en rostro, cuello, área abdominal y genital, las cuáles no eran concordantes con la acción de chocar con una superficie plana. Si se toma en cuenta que la víctima caminaba, debería presentar lesiones en manos o rodillas, debido al movimiento natural de andar. En caso de haber chocado con el rostro, sería solo un golpe y se mostraría en áreas prominentes como nariz o frente, más no en zonas cóncavas, como áreas orbitales y mucho menos en dos zonas diferentes”.

Sin embargo, el ministerio público construyó una historia donde Karla Pontigo perdió la vida a consecuencia de un accidente. Enumeró como factores de riesgo, la baja iluminación, un desnivel poco visible, piso que no era anti derrapante, un vidrio común con riesgo de quebrarse ante el impacto y el tipo de zapatos que usaba la víctima. El responsable fue el dueño y empleador de Pontigo, Ricardo Jorge Vasilakos, que no cumplió con la norma para garantizar la seguridad de sus trabajadores. En su dictamen, la Suprema Corte señaló que la autoridad ministerial, los policías encargados de investigar y los peritos, realizaron distintas pruebas y diligencias sin notificar a los familiares de la occisa. No les permitieron aportar pruebas y omitieron llevar a cabo otras diligencias que les hubieran permitido identificar que las agresiones sufridas por la víctima no correspondían a un accidente.

En el fallo, la Suprema Corte refiere que la muerte de Karla Pontigo no se indagó con perspectiva de género, pese a los indicios. La omisión por parte de las autoridades constituyen una violación a sus obligaciones constitucionales. La falta de diligencias para examinar el asunto con otro enfoque, provocó que la autoridad ministerial concluyera de manera acrítica, que murió a consecuencia de un accidente, al chocar con una puerta de cristal. Entre los indicios que no fueron valorados para la consignación que hizo la procuraduría y que hacían presumir la existencia de actos de violencia sexual, la corte señaló la necropsia médico legal, donde se destacan las lesiones exteriores de la víctima: labio superior, lado izquierdo, con hinchazón y moretón de 2.5 x 1 centímetro, hombro y cara lateral del cuello, con lesiones subcutáneas de forma irregular, una herida cortante en muñeca y la palma de la mano derecha.

En el hombro derecho, cara interior, aparecen siete heridas conto contundentes de 0.5 centímetros. Una herida en la cara interior del brazo derecho, una herida conto contundente en el antebrazo de 8 centímetros de longitud, que afectó piel y tejido subcutáneo. Una herida cortante de 3 centímetros de longitud lineal en el pie izquierdo. Genitales externos con edema en labio superior derecho, labios menores con hinchazón y lesiones. Menciona que se tomaron muestras biológicas de sangre y exudado vaginal, pero no se le dio seguimiento al análisis, no obstante que la madre de la víctima lo solicitó.

Destacó que en su primera declaración, la señora María Esperanza Luccitto López, denunció que su hija fue víctima de feminicidio. Informó al ministerio público sobre la situación de acoso que vivía con su jefe, Ricardo Jorge Vasilakos. Al ampliar sus declaraciones, relató que lo le pagaba el salario en el lugar de trabajo y en horario laboral, como a las demás edecanes. Cuando acudía al otro trabajo de Pontigo, solicitaba que su empleada lo atendiera. Los doctores que analizaron a la agredida, le expresaron, lo mismo que a su hijo Fernando Zahid Pontigo, que las lesiones no eran de un accidente. El dictamen mencionó que los datos aportados por los familiares, debieron considerarse. Eran una aceptable base indiciaria para descubrir violencia de género. Afirmó que la evidencia bastaba para que la agente del ministerio público que llevó el caso, tomara como antecedente, el caso de otra lesionada, Mariana Lima y ordenara diligencias para confirmar o descartar que la joven había sido víctima de un delito por motivos similares.

El juez señaló que el dictamen debió ordenar a los policías ministeriales, valorar o complementar las pruebas en las investigaciones. Subsanar las fallas cometidas para garantizar una indagatoria diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, acerca de la muerte de Karla Pontigo, que ocurrió en condiciones que pueden revelar conductas deliberadas y no un accidente. “La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género, reproducen un esquema que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.

Precisó que el juez de distrito, al resolver el amparo, debió invalidar la consignación que hizo la procuraduría contra Vasilakos y ordenar a las autoridades responsables, practicar las diligencias necesarias para complementar la investigación sobre la muerte de Pontigo, de manera exhaustiva y con perspectiva de género. Afirmó que las autoridades responsables violaron la constitución política en su articulo 20 y disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención de Belem do Pará, pues no se respetaron los derechos de acceso a la justicia, la verdad y una vida libre de discriminación, basada en el género de Karla del Carmen Pontigo, su madre María Esperanza Lucciotto López y su hermano Fernando Zahid Lucciotto López.

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Karla Pontigo , víctima del estado criminal

La sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asesinato de la edecán Karla Pontigo Lucciotto, dejó sin efecto el anterior veredicto de homicidio culposo. Obliga a las autoridades locales a reponer las pesquisas con una perspectiva de género. El dictamen erosiona el manto de impunidad que se gestó en torno al caso. Las nuevas investigaciones tendrán consecuencias penales, administrativas, internacionales y patrimoniales. Buscan reparar el daño moral a la familia con una cifra multi millonaria. El estado es el principal responsable. El caso lo habrá de manejar un grupo de abogados competitivos, lo mejor de América Latina, semejantes a los que llevaron el caso del ex líder social desaparecido Rosendo Radilla y las asesinadas en los campos algodonero de Juárez. Los que transformaron al país con la nueva constitución en derechos humanos.

El litigante Marco Barrera, también colaboró en el tema de Pontigo. Logró sacarlo a nivel nacional, donde lo conectó con organizaciones feministas, que tienen el respaldo de abogados de todas las latitudes del mundo. “Saben cómo resolver el acertijo. En siete años que transcurrieron, el asunto habló sólo, más, que si se hubiera juzgado en tres meses. Se saben muchos detalles. Otras personas se acercaron a los defensores y la familia y dieron más datos. Los abogados que vienen a San Luis no le apuestan a saber quiénes mataron a la joven. Van a tratar de impactar a los involucrados en diversas áreas del aparato gubernamental”.

“El fiscal Federico Garza, como figura autónoma, tendrá que cumplir la sentencia, que es histórica. El gobernador Juan Manuel Carreras es el principal político responsable. Confío en que habrán de cumplir. Es una oportunidad para la ciudadanía. La corte alcanzó estándares muy altos. Viene muy pedagógica, hay que apegarse a lo que dice. Se debe apreciar como una oportunidad para darle voz a una causa que en el mundo es la más importante. Ahora se discute el medio ambiente, el fenómeno de las migraciones y modelos económicos. En el país se habla de la corrupción y democracia. Pero a la gente lo que más la afecta es la violencia contra la mujer. Algo que en generaciones pasadas nunca ocurrió de forma tan drástica”.

“Según la Organización de las Naciones Unidas, en México, todos los días, 9 mujeres son víctimas de feminicidios. Vemos cambios antropológicos en todo el mundo. Sucedió en Chile con el colectivo artístico Las Tesis, que se manifestaron en Valparaíso y que se replicó luego en otros países. En París, el 25 de noviembre, hubo una gran marcha donde se concentraron personas de muchas latitudes. El caso de Karla Pontigo estuvo representado por Amnistía Internacional. Le toca ser epicentro, se convirtió en icónico. Fue el segundo caso que manejó la Suprema Corte en sus 200 años de historia. Ojalá no hubiera tenido ninguno. Pero es algo que no se puede ocultar”.

“El primero que abordó fue el de la litigante Mariana Lima, que se registró en el Estado de México. Luego le tocó a Karla Pontigo. La corte lo aceptó por varios motivos. Lo que se dijo de Mariana Lima no resultó suficiente. Le sucedió todo tipo de situaciones. Intervino el estado, se generó impunidad y el agresor, un policía ministerial, está preso y sentenciado. Con Karla Pontigo hubo otro tipo de saña. La teoría de la puerta de vidrio no funcionó cuando hubo una autopsia tan poderosa donde se demostró que el cuerpo fue devastado, maltratado de manera draconiana. La familia sufrió violencia institucional, ya que no los dejaron entrar a la procuraduría de justicia”.

“No les permitieron interrogar testigos o la persona imputada, como el empresario Jorge Vasilakos. No los dejaron aportar pruebas. La lucha que enfrentó la familia fue contra una pared de impunidad. Son algunos elementos que en el caso de Mariana Lima no estaban muy visibles. La corte vio la alternativa de ampliar el espectro de jurisdicción que deben llevar los casos de feminicidio. Otra circunstancia que influyó es el momento constitucional que se vive en el país y el mundo, que es la violencia contra las mujeres. El caso de Karla Pontigo duró en la corte 4.5 años. Fue atraído el primero de julio del 2015 y lo resuelven el 13 de noviembre”.

“No debemos olvidar que México ha sido el único país que fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por 8 femincidios que sucedieron en el campo algodonero en el 2009. Ya se cumplieron 10 años. Todavía no se cumple la sentencia. Nos refleja que se trata de un problema fuerte en el país. Cuando a un estado se le escapan de las manos temas tan simples, como saber que Karla Pontigo fue asesinada de manera brutal, al no poder manejarlo, le echan la culpa a una puerta de vidrio. Ya no es un tema de corruptelas. Es de carácter constitucional. La Prueba Internacional para la Evaluación de Estudiantes, Pisa, que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos coloca en los últimos lugares de 71 países evaluados”.

“Estamos en el rango 53 de lectura. En el 57 en ciencias. En el 61 en matemáticas. Somos el penúltimo lugar de los países miembros. Sólo el 1% de los que estudian, son capaces de comprender un texto complejo. Somos un país sin cultura, no se puede ocultar. Otro de los problemas es la desigualdad. Existen 60 millones de personas que no tienen posibilidades de acceder a la justicia. El ámbito penal es sofisticado y costoso. Es lo que genera rabia. La gente se manifiesta con furia. Un sector de mujeres desahoga su impotencia con actos que pueden parecer vandálicos. Pero en realidad son expresiones mínimas de impotencia. Es verídico que existe una crisis institucional. San Luis Potosí es un reflejo de algo más grande, de que no sirve el estado mexicano, la clase política, las instituciones. Van a estar a prueba. Sabremos si de 7 años a la fecha, con la sentencia de la corte, con el apoyo de las redes internacionales, logramos reivindicarnos”.

“Todo empezó con un crimen que no se resolvió. Se convierte en aliciente para que se cometan más. Hubo otros lamentables, previos, como el de la bachiller del salesiano, Shantal González y uno que se registró en Carraza. No se aclaran y envían una señal psicológica a un perfil de criminales de que prevalece la impunidad. Pueden hacer lo que se les antoja y no pasa nada. Con la sentencia de la corte y la lucha de la madre, Esperanza Lucciotto, con su familia, presentan una tesis antagónica. Plantean que no importa hacer lo que sea, comprar autoridades, que sean flojas o se hayan corrompido o pasado mucho tiempo, pero habrá consecuencias. La corte envió el mensaje de que la película no se ha terminado. En materia penal, hay muchas formas de revivir los casos. Se viene el juicio más importante en la historia local, porque está en juego una sociedad viable”.

-Cómo se dio el dictamen burlesco de la puerta que asesinó a una persona. ¿Lo hizo un ministerio público desvelado?

-Lo dijo una institución corporativa de manera concienzuda, lo meditaron, lo ocultaron durante el año que actuaron a espaldas de la familia. Fue una organización criminal para sacar la tesis irrisoria. Le apostaron a que la señora no alcanzaría a impugnar. Cuando le dicen la teoría de la puerta de vidrio, ya había incluso el auto de formal captura en el juzgado. Era un tema de la procuraduría y del poder judicial, en particular, el segundo penal. Es obvio que hubo un contubernio. Es más que evidente, actuaron diversas instancias del estado. Es lo más grave. Hablamos de un ente criminal, como en África. Es lo que sucedía en San Luis hace 7 años.

“La conspiración se dio después de la violencia donde casi la privan de la vida, ya que muere al día siguiente, un lunes a la una y cuarto de la mañana. Buscaron tratar el control de daños. El plan se tejió en el Hospital Central o es la forma normal de actuar para quitarle los órganos a los jóvenes. Supongo que hay un mercado negro o para no dejar evidencias del caso. No se debe condicionar a una familia, quitarle los órganos para interponer una denuncia por feminicidio. Primero se los quitaron y después investigaron. Cuando se presume un asesinato, actuaron de manera irregular. A nivel nacional incineran los cuerpos. Es algo muy feo, ya que se habla de personas no identificadas. Pueden ser inmigrantes o que estuvieron en fosas comunes o clandestinas. Después resulta muy complejo saber lo que pasó. En el caso de Karla Pontigo hubo una autopsia. Al margen de cualquier herida interna, eran visibles las externas. La sentencia de la corte reproduce y explica la autopsia”.

“Casi dice que hubo un feminicidio. Ya sólo falta saber quién es el responsable. El estado actuó como un cómplice de quienes le ocasionaron la muerte a Pontigo. Era como hablarle a los compinches. Pero eran agentes de autoridad que viven de lo que les pagamos los ciudadanos. Es inaudito. Las fallas del caso se expresan en la sentencia. No agregaría ninguna. Por ejemplo, consignan que se tardaron 40 horas en llegar al lugar de los hechos. La persona que los recibe es el imputado. No acordonaron el sitio y la escena del crimen la buscaron ensuciar para que no fuera válida. La autopsia la hubieran ocultado y destruido. Pero una médica legista se la dio a la familia. Fue por lo que la hicimos pública en una rueda de prensa. Es lo que nos permite saber lo que pasó. Será un tema de resolver muy fácil. Es algo que habrá de determinar la procuraduría. Existen dos escuelas en la materia criminológica. Una vieja, clásica, es la que percibo en muchas personas en San Luis Potosí. Otra más moderna y desde su ángulo, el asunto es sencillo. No que sea fácil de cerrar, pero hay mucha evidencia. Y la procuración de justicia lleva sus tiempos. Debe incluir el debido proceso, pero desde una óptica diferente”.

“La corte no hubiera aceptado algo donde no hay posibilidades de resolverlo. El tema se abordará en el antiguo esquema penal. Para entender lo que es la perspectiva de género, hay que ubicarnos en el caso de Abril Pérez Sagahón, asesinada cuando circuló por las calles de Coyoacán. Después del crimen, se supo que un año antes, la atacó a batazos su ex pareja, Juan Carlos García, cuando dormía. El asunto no puede verse como simple violencia doméstica, por el contexto que vivía y el índice de feminicidios que se registran en el país y el mundo. Hay que analizarlo en la perspectiva de desigualdad que tiene el grupo en particular. Si los jueces lo abordan con un enfoque de género, sabrían que no era un tema menor. No fue y ahora es fácil saber lo que pasó y dar sermones. Igual pasa con las mujeres que envían a los albergues. Las ocultan de los agresores. No saben dónde se ubican, pero regresan a casa y las matan. No es lógica la política pública que busca protegerlas”.

“A la gente le interesa saber que no haya impunidad otra vez. Es lo que va a definir el sexenio del doctor Juan Manuel Carreras. Es a través de tales impulsos como se construyen las instituciones. El 28 de octubre, la directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Pannszi y su homólogo de Bélgica, Filippe Hensmans y la madre de la víctima, Esperanza Lucciotto López, le entregaron 83 mil 974 firmas que respaldan la exigencia de justicia en el marco del séptimo aniversario del deceso. Además de México, se recopilaron en España, Bélgica, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Alemania, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Se juntaron en las campañas Vivan las mujeres y Juntas hasta la vida. Yo me vinculo al caso en el 2013. Antes lo manejó mi padre, Antonio Barrera, el licenciado Julio Ceballos y varias activistas”.

“Llegamos con un equipo apto para sacer el asunto de San Luis. Después se sumaron otras organizaciones y el movimiento se hizo internacional. Se volvió un tema insignia de Amnistía Internacional. Lo tomó primero como algo nacional, luego regional, para varios países de América Latina y ahora es mundial, ya que contiene todos los elementos de violencia que puede vivir una mujer. Incluso fue un tema de campaña en el 2018. El caso de Abril Pérez nos sirve de termómetro para saber a dónde se inclinará el caso de Karla Pontigo. Con Pérez, se incriminó al juez y magistrados que liberaron al presunto culpable. Los acusan de feminicidio en grado de complicidad. Es un avance muy sustantivo si se buscan cambios reales. En general, una autoridad que por omisiones no cumple con sus tareas, provocó que una mujer perdiera la vida. ¿En lo general, el feminicidio se agota hasta que una persona es privada de su existencia? ¿Qué sigue en todos los que lo encubrieron después?. En materia penal, la prueba reina es la indiciaria. Y en el caso de Pontigo hay muchos”.

“Mientras no existan consecuencias, habrá más feminicidios. Con Pontigo existe la oportunidad. Mi madre me preguntó las razones de por qué hay tanta violencia contra las mujeres. Le contesté que existe una sociedad muy injusta, por muchas razones. Una se debe a la responsabilidad del estado y del sector empresarial. En el entorno donde están las fábricas. Los índices más altos se registran en las zonas industriales, según estudios antropológicos de Estados Unidos. Las empresas les pagan muy poco y no contribuyen con un peso para mejorar la seguridad externa, para ayudar a la autoridad. No contribuyen con el alumbrado público, transporte y no pagan impuestos para cubrir la necesidad social que se tiene. En la explotación fabril se genera un clima de alta violencia. Aunque los ingresos sean bajos, hay cierto poder adquisitivo, por lo que prolifera el alcohol y las drogas. La corrupción en las instituciones y los crímenes sanguinarios, están relacionados con el modelo económico y el flujo de droga”.

“Hace poco desapareció en México la joven Karen Espíndola. Su hermano la reportó, ya que no llegó a la casa, después de tomar un taxi. El caso se hizo viral con 27 millones de tuits. Luego se supo que estaba en un bar. Es preferible la unión de la gente a que no llegue. Lo destacable es que la gente se organiza y da resultados. El estado no identifica el nudo y no da soluciones. Hay que ayudarle. No existen estadísticas para sostener en qué estratos sociales son más frecuentes los feminicidios. Cualquier mujer puede ser víctima de un crimen atroz. Pero sí existen diferencias en los tratos que las instituciones le dan a los casos. Se debe a la gran desigualdad económica. Es por lo que simpatizo con los movimientos feministas. Incluso los radicales. No las juzgo, ya que en México, 60 millones de personas no tendrían la chance que tuvo la familia de Pontigo de llegar a la Suprema Corte. Se logró por la ayuda internacional de muchas organizaciones y gente talentosa que lo logró”.

“En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso de Berlín Valenzuela, las estudiantes se pusieron las pilas. Si se tardan en reaccionar, se las come el sistema. Para revertir un asunto semejante, se requieren millones de pesos. Muchas familias no los tienen. Dijeron que se ahorcó con un cable de teléfono. Y que Mariana Lima se había suicidado. La ciudadanía está alerta, participa. Ya miró avances en San Luis. Lo reconozco con el actual fiscal, Federico Garza, porque la gente participa. Hay que reconstruir o iremos peor. En tiempo real sabemos lo que sucede. Nunca antes lo vivimos”.

 

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Muchos en el PAN aspiran a la gubernatura

Antes de que brinquen las trancas y de que la pugna por la candidatura a gobernador de convierta en una guerra de todos contra todos, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha tomado las riendas de lo que será un complicado proceso de selección de su abanderado a la gubernatura.

Son muchos los destacados panistas que aspiran a este privilegio. Y aunque faltan todavía 18 meses para las elecciones de 2021 todos los aspirantes ya andan desatados.

Desde el año pasado las y los aspirantes panistas realizan abierta o encubiertamente acciones de propaganda y activismo político.

Algunos como Octavio Pedroza han sido bastante audaces hasta el grado de pedir que la elección del candidato sea a través de consulta abierta a la ciudadanía y que además se utilicen encuestas. Lo hace porque sabe que en este momento encabeza las preferencias entre la población, según reportan algunas empresas que se dedican a investigar la opinión pública. Además, Pedroza tuvo el acierto de convocar a la creación de la Fundación “San Luis Podemos” integrada por actores políticos, empresariales, académicos y ciudadanos prominentes. Esta organización plural y representativa puede servirle de plataforma de lanzamiento a su candidatura.

Esta jugada fue interpretada como un albazo. Pero “haiga sido como haiga sido” Octavio mostró músculo, inteligencia y capacidad de convocatoria. No hay que olvidar que en política el espacio es de quien lo trabaja.

Por su parte el Senador Marco Antonio Gama está tocando por nota. No se precipita, juega con frialdad y calcula cada movimiento que hace. Emplea la antigua fórmula de los viejos lobos de mar que recomendaban utilizar únicamente dos operaciones aritméticas en política: Sumar y multiplicar, nunca restar ni dividir. Esta estrategia le está permitiendo avanzar y consolidar su aspiración. Gama Bazarte es sin duda uno de los aspirantes panistas más fuertes a la gubernatura. Es también quien cuenta entre sus activos con el respaldo de las élites del PAN.

En cuanto a Xavier Azuara está claro que apuesta por la polarización de la sociedad criticando permanentemente las decisiones que toma el gobierno del presidente López Obrador. Tal vez crea que así se instalará en el imaginario colectivo como un gran líder y hombre de Estado.

Otros aspirantes como Sonia Mendoza, Josefina Salazar, Rolando Hervert y Marcelo de los Santos Anaya han sido más discretos en sus estrategias pero no quitan el dedo del renglón. Todos los días pican piedra y ponen ladrillos. No se dan por vencidos. Saben que no por mucho madrugar amanece más temprano. De entre ellos puede surgir un precandidato fuerte. Sonia Mendoza y Marcelo de los Santos pueden llegar a ser la piedra de toque. Si no son los elegidos si pueden inclinar la balanza en favor de otro de los aspirantes en una alianza que podría llegar a darse.

Mención aparte merece Xavier Nava que no siendo militante panista ha optado por mantener a sana distancia en este período de arranques prematuros. Él sabe que los “auténticos” panistas no lo quieren porque lo perciben como una amenaza.

Pero para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Nava Palacios si tiene posibilidades como candidato externo. Así lo dijo Héctor Larios, Secretario General del CEN en su reciente visita por tierras potosinas el pasado 10 de enero; nos hizo recordar que en el PAN hay una arraigada tradición de postular candidatos no militantes como fue el caso de Manuel J. Clouthier y Vicente Fox. Así que Xavier Nava no está descartado.

Los panistas están convencidos de que tienen altas probabilidades de ganar la gubernatura en 2021.

Su diagnóstico es que están dadas las condiciones para salir victoriosos si se mantienen unidos y resuelven por consenso el método de elección del candidato. Esa fue la conclusión y el compromiso que hicieron los aspirantes con Héctor Larios en la comida de la unidad ocurrida en el restaurante “El Trashumante” el pasado viernes 10 de enero.

Habría que subrayar como conclusión que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha tomado el control del proceso de selección de su candidato a la gubernatura y que esto evitará que se desborden las pasiones. Se están encausando institucionalmente las legítimas aspiraciones de los y las que quieren representar al PAN en la contienda por la gubernatura el próximo año.

Esto apenas comienza, y como dijera el gran Lawrence Peter, alías «Yogi» Berra, leyenda del béisbol, “esto no se acaba hasta que se acaba”

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La escuela de música Julián Carrillo podría estrenar edificio en el 2020

La Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, comenzó el 2020 con nuevos proyectos y altas expectativas de cambio. Con la posibilidad de reubicarse en un espacio más amplio, con mejor infraestructura que ayude a implementar nuevas dinámicas de trabajo y elevar su nivel académico, como ya se hace a lo largo de los años.

El director de la escuela, el maestro Alejandro Alfaro, indicó que buscará llevar la cultura a todos los lugares posibles, donde los jóvenes puedan ver que hay nuevas oportunidades de crecer por medio de actividades artísticas. “Cerramos el 2019 de manera satisfactoria, con grandes conciertos, recitales y participaciones, como la presentación en la escuela secundaria número 86, ubicada en la colonia Ciudad 2000. Llevamos un espectáculo al alcance de los jóvenes que no tienen un fácil acceso al esparcimiento. Nos presentamos en el Museo del Ferrocarril, donde se interpretó música accesible, con el despliegue del coro y la orquesta sinfónica”.

“En la casa de la cultura de San Miguelito, hubo un concierto con flauta y piano, en donde participaron los alumnos más avanzados. Sin duda, tuvimos fechas muy complicadas, porque los actos eran muy cercanos, por las invitaciones que nos hicieron diversas instituciones, como la Universidad Tangamanga, como parte del objetivo que implementamos, de llevar la cultura a todos los niveles educativos. Además tuvimos una puesta en escena del Jorobado de Notredame que organizó el Tecnológico de Monterrey en la que acudimos con la orquesta sinfónica. Además  fuimos invitados a la zona militar”.

Alfaro subrayó que se mantendrá la misma oferta académica de años anteriores para que los muchachos no pierdan el interés de acercarse a la música. Dentro de las clases que se imparten, destacan los instrumentos que integran una orquesta sinfónica, además de otros como la guitarra, piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, trompeta, trombón, bongo, triangulo, tuba, percusiones como marimba, batería y timbales. Somos el único sitio del centro del país donde se enseña la naturaleza del arpa. “Iniciamos hace 25 años, cuando se creó la Orquesta Sinfónica Infantil. Es el tiempo que tienen los instrumentos. Se les ha sacado mucho provecho, ahora están muy deteriorados. No es posible repararlos, sólo sustituirlos por otros nuevos. Hemos gestionado el problema con las autoridades, esperamos nos apoyen”.

Alejandro Alfaro agregó que tienen cerca de tres años de impartir clases en un inmueble que presenta imperfecciones, lo que resulta un peligro constante. “Hay casi 40 profesores y 288 alumnos. Sin embargo, dejamos a muchos otros fuera, ya que no tenemos el espacio suficiente. Nos hace falta espacio y más salones adecuados para cada clase. El patio de la escuela lo utilizamos para los ensayos de la orquesta. Por la característica del ensamble, es un sonido muy alto, por lo que las clases se desarrollan en espacios que se ven afectados. Además, el edificio tiene muchos desprendimientos en los muros. Los techos están a punto de caerse. Hay filtraciones por todos lados. En la época de lluvias, no se da abasto con las goteras”.

“Los expertos nos han dicho que no vale la pena hacer un arreglo, sólo cambios de fondo. El gobierno del estado anunció que nos reubicarán a un edificio ubicado en el jardín Colón, al que se le hacen las adecuaciones necesarias para ocuparlo. Como alistar las aulas para las clases de sorfeo y percusiones. Esperamos que en los primeros meses del año se concrete el asunto. Por lo pronto, nos esperan los conciertos de semana santa que realizamos cada año en el Teatro de la Paz”. Respecto al plan de incorporar nueva tecnología como una herramienta de trabajo, el director argumentó ser un tema pendiente. No se ha concretado por falta de presupuesto. “Nos enfrentamos al problema de que los niños tienen otro tipo de conductas para resolver los problemas. Para todo recurren a las innovaciones electrónicas. Sin embargo, aprender a tocar un instrumento, no se logra con tutoriales en internet. No enseñan a interpretar una nota o ritmo. Los niños tienen cualidades y habilidades diferentes. Una clase maestro-alumno nunca podrá ser superada por un frío instructivo. Hay que hacer el uso adecuado de la tecnología, que no debe afectar el trato con las demás personas”.

“En lo educativo, debe ser un complemento, no sustituir los maestros. Se debe enriquecer con otro tipo de actividades la enseñanza. En noviembre tuvimos la grata visita del ex alumno Adrián Izquierdo, quien después de terminar sus estudios con nosotros, hizo su licenciatura en Xalapa. Después una maestría en Italia, en el Conservatorio de Monteverde. Se convirtió en el primer mexicano en contar con una maestría en tuba. Compartió sus experiencias con los alumnos del área de metales. Incluso, invitamos a jóvenes de Venado, Villa de Reyes, Rioverde, La Pila. Tuvimos casa llena. Tales actividades son las que enriquecen el aprendizaje de los jóvenes y el gusto por la cultura”.

 

 

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El Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte anida a 210 aviadores

Uno de los fondos seleccionados por la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública del 2018, correspondiente a Soledad, fue el de los recursos fiscales, el cual se seleccionó de un universo de 154 millones 160 mil 671 pesos, donde se revisó el total de la cifra. En el rubro de control interno, el ente fiscalizador calificó el último año del anterior trienio del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte con 17 de 100 puntos posibles. Lo ubican con un nivel bajo en el control de las finanzas.

Se expuso un déficit negativo de 23 millones 211 mil 504 pesos, ya que el edil omitió presentar ante el Congreso del Estado, un oficio que justificara los resultados adversos. En el rubro de ingresos, le fincaron responsabilidad administrativa a funcionarios municipales que no depositaron los recursos fiscales en cuentas bancarias específicas. Se encontraron irregularidades, ya que no se presentaron documentos justificativos y comprobatorios según el cobro de los recursos fiscales.

Los funcionarios omitieron la entrega de documentos relacionados a los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas. Otra sanción alude a que el ayuntamiento elaboró recibos correspondientes al  recaudo de impuestos por concepto de multas de tránsito. Omitieron incluir el importe total de las faltas. En servicios personales no se comprobaron 383 mil 285 pesos en erogaciones realizadas por el pago de nómina. Se suma una sanción al municipio por no tener comprobantes fiscales y dietas del personal. Se añade un daño a la hacienda pública por 52 mil 170 pesos que no fueron sustentados en pagos de nómina.

Se agrega una sanción a servidores públicos responsables de irregularidades por pagos a 210 empleados que no están identificados en el tabulador de sueldos, aprobados en el 2018. No se encontraron documentos que verifiquen los servicios prestados. Existe el pago anómalo de 178 plazas de base que no están registradas en el tabulador de sueldos del 2018. No se contó con documentos comprobatorios que justifiquen el pago de 178 plazas. Se constató que a 97 trabajadores de base les dieron pagos superiores a los establecidos en los tabuladores de sueldos por un monto de 485 mil 681.19 pesos.

Se percibe daño al patrimonio municipal por el pago a 22 empleados en fechas posteriores a la que causaron baja por un monto de 222 mil 452.47 pesos. En inspección física realizada por la ASE a 162 trabajadores, se determinó que 22 no fueron localizados, ni se encontraron pruebas o informes comprobatorios que presten algún servicio. Se analizó el fondo de recursos fiscales. Al final se determinó un total de 22 observaciones de las cuales solo 6 fueron solventadas, de las 16 restantes, se generaron 2 pliegos de observación, 7 en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 de recomendaciones y 5 de aclaraciones. Los términos financieros generaron un importe de 435 mil 455.15 pesos, de los cuales el edil Gilberto Hernández Villafuerte solo ha resarcido y comprobado 66 mil 337 pesos.

Otro tema abordado fue el de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, del cual se seleccionó un universo de 30 millones 958 mil 117.08 pesos, de los cuales se auditaron 30 millones 418 mil 770.12 pesos que representan el 98% del total seleccionado. Entre las observaciones hechas por el ente fiscalizador destacan, en el rubro “Transferencia de los recursos”, fincar responsabilidades a funcionarios que omitieron abrir una cuenta especifica. Se suma la responsabilidad por omitir registros contables de 2 millones 100 mil pesos.

En la “Revisión de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable”, se determinó que el ayuntamiento incurrió en omitir la implementación al 100% de las cláusulas emitidas por el organismo. En el rubro “Destino de los Recursos”, se presume un daño a la hacienda pública por el subejercicio de 481mil 40 pesos de recursos del fondo de Infraestructura Social, de los cuales se desconoce su destino y aplicación.

Se suma el daño por un millón 165 mil 16 pesos destinados a la obra denominada “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panamá, tramo Ignacio Zaragoza a Democracia, colonia Libertad”, la cual no beneficia a la gente en extrema pobreza y se encuentra fuera de la zona de atención prioritaria. Por los mismos términos, se suma el daño que supera el millón 849 mil 823 pesos en la obra “Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Girasoles, fraccionamiento Girasoles”. Aparece un daño por 160 mil pesos utilizados en un concepto no considerado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos de Infraestructura Social.

En el rubro de “Transparencia del ejercicio de los recursos”, no se presentó evidencia de haber tenido en el ejercicio 2018 un plan anual de evaluación para el Fondo de Infraestructura Social. En el apartado de “Obras públicas”, la ASE determinó como universo para fiscalizar solo 7 obras. Hay sanciones que se omitieron en la convocatoria de la licitación pública en Compranet. Tampoco presentaron la validación de la dependencia normativa. Se añade un daño a la hacienda pública por un millón 49 mil 631 pesos por concepto de sobreprecio en las obras auditadas. El total de las observaciones encontradas al Fondo de Infraestructura Social fue de 24 observaciones que generan un importe a comprobar de 4 millones 705 mil 570 pesos, de los cuales la administración encabezada por Hernández Villafuerte no ha resarcido un solo peso.

El tercer fondo auditado a Soledad es el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Se tomó como universo un monto de 189 millones, 303 mil 72 pesos, aunque sólo revisaron 189 millones 11 mil 152 pesos, que corresponden al 99.8% de la muestra seleccionada. Destacan observaciones en el rubro de “Transferencia de los recursos”, donde se presume un daño a la hacienda pública por 2 millones 330 mil pesos por traspasos a cuentas bancarias distintas al segmento elegido. Existe una sanción administrativa a funcionarios que omitieron enterar al Servicio de Administración Tributaria el impuesto sobre la renta correspondiente de enero a diciembre de las nóminas pagadas. Se omite responsabilidad para castigar a funcionarios que registraron en lo contable y presupuestal, movimientos de años anteriores.

Se agrega un castigo por el pago de 149 mil 998 pesos en combustible y aditivos según facturas del 2018. Sin embargo, tales gastos no pertenecen al ejercicio revisado. Se constató que los consumos se llevaron a cabo en 2017. Se suma otra sanción por no contar con un padrón actualizado de los programas sociales como “Adulto mayor”, “Madre soltera” y alimentario. Son expedientes de administraciones pasadas. Se señala una sanción por adjudicación directa de contratos por el monto de 2 millones 500 mil 243 pesos, cuando se tuvo que haber hecho bajo la modalidad de “licitación pública”. Se presume otro daño más a la hacienda pública por 318 mil 500 pesos por pago de honorarios en el 2019. Sin embargo, no existen registros contables y presupuestables en el ejercicio 2018 sobre el pasivo ni documentos que justifiquen el gasto.

En el rubro “Destino de los recursos”, se señala un daño económico de 616 mil 114 pesos por subejercicio de recursos. No se ha comprobado ni justificado que hayan sido devueltos a las arcas municipales. Se emite sanción al municipio de Soledad que recibió 6 millones 15 mil 790 pesos para la realización de proyectos de seguridad pública, importe que representó el 3.2% de los recursos del Fortamund 2018. Los servidores públicos incumplieron al no utilizar por lo menos el 20% de los recursos destinados para seguridad pública.

En el rubro “Transparencia del ejercicio de los recursos”, se emite responsabilidad a los servidores públicos que en 2018 omitieron disponer de un plan anual de evaluación del ejercicio. En el rubro “Obra Púbica”, la ASE tomó como universo para auditar solo 9 trabajos, de los cuales destacan observaciones que 6 no se adjudicaron de acuerdo a los montos de máximos y mínimos. Hay irregularidades por parte de servidores públicos que omitieron el cumplimiento de los requisitos normativos requeridos para la adjudicación de por lo menos 2 obras.

Se suma un castigo por omitir el dictamen de excepción al concurso de 7 obras. En dos se sanciona por omisiones al no presentar el registro estatal único de contratistas. Se presume el daño a la hacienda por 6 mil 900 pesos en una obra que presenta conceptos fuera de especificación. Se suma otro daño por 3 millones 182 mil 539 pesos por concepto de sobreprecios en 5 obras. Gastos extras que no fueron comprobados ni justificados. Se presume un daño por 316 mil pesos en 5 obras donde se pagaron volúmenes en exceso. Se solicitó aclarar el gasto de 4 millones 789 mil 206 pesos por concepto de documentos faltantes en una obra donde no se justifica el gasto. Se pide al ayuntamiento haga una devolución íntegra de los recursos. En el rubro de “Adquisiciones, arrendamientos y servicios”, se omite responsabilidad sancionatoria a funcionarios públicos por omitir documentos comprobatorios al adquirir 6 desbrozadoras con recursos del Fortamund.

La ASE registró 39 observaciones de las cuales 12 fueron solventadas. Las 27 restantes generaron 6 pliegos de observación, 21 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción de comprobantes fiscales y una solicitud de aclaración. En total, las 39 observaciones generaron un importe por 6 millones 770 mil 49 pesos, de los cuales se solicita aclarar 4 millones 789 mil 206 pesos, de los que el ayuntamiento no ha resarcido un centavo.