“Mamá, ven a la casa… nos dispararon”. La llamada quedó grabada en la memoria de la policía de investigación, Rosalinda Ávalos. Cuando llegó a la vivienda, encontró a dos de sus hijos muertos, dentro de un automóvil, en la cochera. Los asesinos, vinculados al Cártel de la Ministerial, actuaron impunes. Durante 5 años, la afectada ha denunciado el doble crimen en múltiples instancias, cometidos por agentes vinculados con células del crimen organizado. Las quejas fueron ignoradas por quienes deben proteger a la ciudadanía. Hoy, entre el dolor que no se olvida, la quejosa mantiene una lucha frontal contra el poder corrupto que permitió la tragedia. No se dobla al desnudar al sistema cómplice de una pandilla policiaca que sigue activa, protectora de delincuentes. Su historia es un testimonio de resistencia, coraje y el clamor urgente de la justicia real.
Ávalos inicia la entrevista con un dato aclaratorio. Aún es policía agente activa. Sigue vigente su cargo en la nómina, no obstante que se la pasa en juicios, en los tribunales. Es una garantía que le dieron como víctima y por su brillante desempeño. Con más de dos décadas de trayectoria, se ha dedicado al trabajo operativo en investigaciones que lograron resolverse rápido, incluso en casos de delitos de alto impacto. Según sus testimonios, desde el 2003, desempeña funciones de encargada de grupo, lo que implica asumir tareas de mando, sin recibir la categoría ni el salario correspondiente. “Quiere decir que hago funciones de mando, sin tener el sueldo del puesto. Mi nombramiento es policía segundo, pero en todos los años, he destacado por ser la titular de grupo. Jamás me promocionaron”.
A lo largo de su carrera, siempre acató órdenes de los jefes y acumuló diversos premios por su trabajo. “Tengo demasiados reconocimientos, muchas investigaciones que salieron adelante”. Entre sus superiores, menciona al actual alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. “Sabe de mi persona, cómo me desenvuelvo”. Ávalos recuerda que ingresó a la policía ministerial en 1998. Estaba de gobernador Fernando Silva Nieto. El director era José Guadalupe Castillo Celestino. Con el paso de los años, hubo distintos titulares, pero en el 2015, en el sexenio de Juan Manuel Carreras, regresó Castillo, alias “El Lobo”. Es cuando empieza su calvario.
Cuenta que el funcionario volvió acompañado de su propio equipo. Se encontraba el comandante Antonio Varela López, quien “ya mostraba una resistencia hacia mi persona, por no decirlo de otra manera”. Ávalos sostiene que el conflicto inició después que investigara algunos robos a casas habitaciones. Expone que un grupo de jóvenes ingresaba a domicilios para cometer saqueos. Luego entregan los objetos sustraídos a una persona, que labora en un bar propiedad de Varela. “Investigué el hecho donde gente que trabajaba en la cantina, traía fuereños para delinquir. Es cuando me empezaron a ver con enojo, porque los descubrí”.
Ávalos participó después en otras pesquisas relacionadas con el asalto a dos tráileres que transportaban televisores del programa federal, Mover a México, mediante el cual se distribuían pantallas a la gente. “Se localizaron otros enseres. Varela se imaginó que atacaba su persona. Había llegado como asesor, pese a que ya se encontraba pensionado, debido a lesiones sufridas durante un enfrentamiento armado en Rioverde. Arribó como asesor de Castillo, director segundo operativo”. Ávalos ocupaba entonces el cargo de coordinadora segunda del sector de módulos. Tenía bajo su férula a varios subordinados.
Sin embargo, su entorno comenzó a cambiar. “Había ganado el puesto, pero Varela me miraba con actitud negativa. Sabía que lo investigué. Quería desquitarse”. Comenzaron a surgir versiones que existía una pesquisa en contra de Ávalos, por una supuesta y deficiente captura. Solicitar dinero a un detenido, lo que rechaza de manera categórica. “Al inculpado lo tuvo en una silla, en su oficina, el director operativo, el comandante Daniel Tenorio. Lo increpé y le dije, ¿te pedí dinero? Contestó que no. Me querían armar una jugarreta fuera de lugar”. Después fue llamada por Castillo Celestino para hablar del tema. “Me presionó, hasta lloré. Le dije que mi cargo, lo gané a base de esfuerzo. Pero ya había decidido el cambio. Me dijo que se abrió una indagatoria. Iba a entregar el puesto y me envió a la zona rural o de castigo”.
En diciembre del 2015 fue removida. La ponen bajo el mando del director operativo, Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien después se convertiría en director de la policía. “Me dejó otra vez como encargada de grupo en Mexquitic de Carmona”. Permaneció del 2015 al 2020. Sacó adelante los asuntos, sin problemas. Sin embargo, el escenario cambió al registrarse un choque armado contra presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el entronque con Ahualulco. Entonces recopiló datos preocupantes. Relata que el agente ministerial, Sabás Santiago Ipiña, tuvo conocimiento previo sobre los pistoleros involucrados en el tiroteo. “Incluso, intimidó a mis compañeros de grupo”. Ipiña apareció tiempo después como aspirante a juez de distrito en la lista final de candidatos emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado en el 2025.
Fueron las primeras señales del martirio que habría de enfrentar. “Lo supe a raíz de mis investigaciones. Ipiña mencionó que uno de los gatilleros que estuvo en el enfrentamiento, tenía parentesco con integrantes del grupo criminal. Un sicario que se batió en la reyerta, era pariente de un miembro del Cártel Jalisco. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué tenía tantos datos?”. A pesar de las dudas, Ávalos continuó con sus pesquisas. Meses después, en junio del 2020, salió de vacaciones. Fue entonces cuando recibió una llamada de su superior, el comandante Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Le dice que la van a cambiar de área. Habrán de rolar a todos los jefes.
La moverían a una de las zonas más complejas. “Se trataba de La Pila, un sitio muy delicado, por el exagerado índice delictivo, robos, narcomenudeo. Es donde están asentados diversos cárteles”. En el sector han circulado múltiples videos, donde se observan combates o presencia de distintos grupos criminales. Ávalos asegura que intentó evitar el traslado, por los peligros latentes. “Le supliqué que no me enviara, pues había muchísimos riesgos. Incluso, al comandante que me antecedió, Osvaldo, ya lo habían amenazado. Le dijeron que no fuera, porque estaba difícil”. No obstante las súplicas, la cambiaron. Jamás recibió ningún tipo de ayuda adicional. Ni siquiera por ser mujer.
En las nuevas oficinas, comenzó a trabajar en diversas investigaciones, como dobles homicidios y otras cuestiones que no detalló, por estar vigentes. Con el paso de las semanas, empezó a notar conductas irregulares, entre algunos compañeros. Miró situaciones fuera de lugar. El 11 de septiembre, descubrió a varios involucrados en sucesos delictivos y los reportó. A los 10 días, recibió amenazas por teléfono. A partir de entonces, informó los hechos a los superiores. Le notificó directo a Menchaca Sustaita, pero no obtuvo respuesta. “Fue omiso. Me dejó sola. No le importó”. Cuando insistió, las circunstancias habían escalado. Entonces Menchaca le comentó que hablaría con Castillo Celestino. “Cuando salió me dijo, ¿qué crees, güera?, unos cabrones le dijeron al jefe que tú eras la que comete las corruptelas. Al escucharlo, estaba molesta. Me la voltearon”. Le reclamó a su interlocutor, no haberle dicho al momento en que buscaron desacreditarla. Le respondió que no lo hizo, para evitar, se volviera un escándalo. “Significó que las mujeres sólo llevamos chismes. Ignoró mi forma de reaccionar”.
A pesar de los reveses, siguió con sus labores. En noviembre del 2020, llegó el punto más trágico. El 11, salió temprano de su casa para cumplir la jornada laboral. Era plena pandemia del covid. Sus tres hijos se encontraban en el domicilio. La mayor, iba a presentar exámenes de inglés para concluir la licenciatura. La otra estudiaba arquitectura. Estaba conectada a las clases. Su hijo realizaba prácticas relacionadas con los estudios para chef. Entonces recibió la llamada que le cambió el rumbo de la vida. “Mi hija habló, me dijo, mamá, ven a la casa, nos dispararon”. El trayecto de regreso, se le hizo eterno. Intentó comunicarse con diversos amigos y compañeros. “Al que tenía al lado, le pedí que le marcara a Castillo Celestino. Al equipo, para que fueran a ver lo que sucedió”.
Cuando por fin llegó, encontró una escena que todavía no logra asimilar. “Hallé a dos de mis hijos muertos, adentro de la cochera, a bordo del vehículo, en la casa”. Para Ávalos, el ataque no fue casual. “Fueron a buscarlos a propósito. Sabían que no estaba. Los estudiaron. Según lo interpreta, el objetivo era causarle el mayor daño posible. “Lo hicieron para lastimarme, por ser mujer”. Concluyó, los responsables, eran los compañeros que había denunciado. En las amenazas recibidas, el contenido de los mensajes, era muy específico, sobre su familia. Aunque no puede revelar los detalles, debido a que forman parte de procesos judiciales en curso, hay elementos que respaldan sus versiones. “Ahora se acreditan, porque existe una sentencia. Elaboré un mundo de informes que reporté, pero me dejaron sola”.
Menciona que había un fondo de contingencia en la fiscalía estatal, que manejó de forma irregular, Castillo Celestino. Se trató de recursos previstos en el artículo 52 de la ley orgánica. Los titulares pueden designar a una figura con nivel jerárquico, equivalente a un cargo operativo o de mando, para administrarlo. El monto ascendía a 200 mil pesos al mes. “No era un asunto menor que podía ignorar. Se lo robaron”. Cuando comenzó a reportar las anomalías, Castillo debió adoptar medidas para protegerla, junto con su familia. Como pasó con Juan Alejandro Menchaca Sustaita, quien fue auxiliado. Lo mismo con otro colega, de apellido Caballero, al que respaldó en lo individual. “Lo ayudé a cambiarse de casa, en la noche. Lo custodiamos a un hotel cuando lo amenazaron en su domicilio. En mi caso, el trato fue distinto. ¿Por ser mujer?”.
Tras el ataque a la familia, recuerda los días posteriores, caóticos, marcados por el dolor y los trámites derivados de la tragedia. Pero una de sus hijas logró sobrevivir al cobarde ataque. Fue resultado de las circunstancias que escaparon al control de los agresores. “Le ayudó el instinto de sobrevivencia, una causa externa a los atacantes. Obvio, iban por los tres. El delito es tentativa de homicidio ante víctimas indefensas. ¿Cómo se iban a proteger? Estaban confiados a bordo del vehículo ante los disparos con armas de grueso calibre”. Después del atentado, mientras la hija que sobrevivió era atendida en el hospital, tras una primera cirugía, Ávalos recibió instrucciones de Castillo Celestino. “Tienes que moverte de la casa. Le dije, sólo tengo un domicilio, que hice en todos mis años de trabajo. No tengo a dónde irme”. El jefe le sugirió buscar una vivienda o departamento en renta. Le aseguró que recibiría apoyo económico para cubrir los gastos. Le preguntó de cuánto sería el incentivo. Le dijo que de 10 mil pesos”. Comenzó a buscar un lugar para vivir y encontró un departamento cuyo costo coincidía con la cantidad. Sin embargo, el propietario del inmueble le solicitó un aval para formalizar el contrato. “Le comenté que me pedían un garante. Se ofreció, pero después se retractó. Luego lo conseguí y se concretó el arrendamiento”.
El respaldo económico se lo entregaron en diciembre del 2020. Para recibirlo, tuvo que firmar dos documentos. “Cuando Castillo Celestino me dice que firme, eran dos hojas. Una carta compromiso donde se establecía que el dinero provenía del fondo de contingencia de la policía. Y no será en ningún momento, parte de mi sueldo. El otro documento era un recibo donde se asentó la entrega del efectivo. Al revisar las listas de más beneficiarios, detectó algo inusual. “Aparecían todos sus escoltas, gente muy cercana. Me pregunté sobre el destino de los ingresos. No podía ser otro que Castillo”. Estimó que los montos eran considerables. Al año, 2 millones 400 mil pesos, por 5 años que duró en el cargo, 12 millones de pesos. El sueldo que tenía su jefe, no corresponde con el nivel de vida que llevó. “Vive en una zona exclusiva, en una residencia de 10 millones de pesos. ¿Usted cree que en cinco años iba a hacer semejante obra? Claro que no”.
Ávalos lamenta que Castillo le haya creído al Cártel de la Ministerial, que atender sus denuncias de corruptelas. El grupo lo integran elementos que realizan diversas actividades ilícitas. “Hacen el trabajo sucio. Todo mundo lo sabe. Incluso en internet, pueden encontrarse referencias relacionadas con algunos casos. Usted guglea Cártel de la Ministerial y salen imágenes de Ulises, alias El Kiko o de Miguel, alias El Miki”. Establece que varios sujetos, están relacionados con el asesinato de sus hijos. Sostiene que siguen vigentes. Se dedican al cobro de piso, robos, extorsiones y filtran datos a otras organizaciones criminales. “Como policías, tienen estrechos vínculos con las células criminales que azotan a San Luis. Les entregan informes frescos a los delincuentes. Deciden a quién detienen o dejan libre. Hacen lo que se les antoja”.
Ávalos menciona que tiene datos preliminares sobre el homicidio del foto periodista, Daniel Esqueda. El caso no avanzó, por distintas circunstancias, como la muerte de la madre, que impulsó las investigaciones. “Hay datos por aterrizar de que Ulises N, tiene que ver con el asesinato. Existen algunos testigos que podrían aportar informes, pero temen hacerlo público”. Asegura que otros elementos policiacos, habrían participado en el artero crimen. “Hay una persona que los señala, pero tiene miedo de decir los nombres. En su momento lo supo Castillo Celestino”. Añade que existen más casos relacionados con presuntas actividades ilícitas. “Incluso, los ahora imputados, hicieron una carta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde dicen que tienen más datos de su ex jefe”.
El escrito forma parte del expediente. Otras felonías que atribuye al grupo, son el robo y alteraciones de coches. “Doblan los carros, les cambian el número de motor y luego los venden, aunque tengan reporte de robo. Forman parte de una red criminal más amplia. Usted y yo podemos comprar un vehículo chueco. Hay una mafia enorme”. Asegura tener evidencias de que algunos elementos, acudían a casas de seguridad a cobrar dinero relacionado con actividades ilícitas. “No pueden argumentar que no existe el Cártel de la Ministerial”. Ávalos considera que las detenciones realizadas por el asesinato de sus hijos, no significan que el problema haya terminado. Establece que el origen del problema, se remonta a la llegada de Castillo Celestino a la policía. “Me han querido callar y decir, ya cálmate, hay nueve detenidos”. Sostiene que su ex jefe acumuló numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. “No le importó mi resguardo. Prefirió echarse el dinero a los bolsillos”.
Ávalos establece que Castillo imaginó quedarse otra vez en el sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, pero no fue considerado. Sostiene que desmantelar al llamado Cártel de la Ministerial, no sería una tarea complicada, si existe voluntad institucional. A su juicio, la razón por la que sigue con sus operaciones clandestinas, es simple: no han sido castigados. “He evidenciado muchos abusos. En todas las entrevistas que he concedido, solicito hablar con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, para explicarle cómo funciona la célula criminal. Sigue vigente porque no los tocan. Tienen mi caso, donde se constata su presencia. Lo complicado es que alguien quiera declarar o aportar su testimonio. Pero faltaron al reglamento interno. Se les puede iniciar un procedimiento administrativo y separarlos del cargo”.
Como ejemplo, menciona a Daniel N, al que identifica como uno de los principales operadores. Es el que mantenía contacto con integrantes de otras organizaciones delincuenciales. Tras los cambios de directivos, intentó mantenerse a salvo. “Cuando llega el nuevo jefe, que era un general, lo busqué para explicarle cómo estaba el manejo interno. El inculpado se le acercó. Le dijo que era el encargado de la operatividad y quedaría con el grado de comandante. Me entero, busco al militar y le digo que Daniel N es de los más corruptos. Me respondió, gracias por alertarme. Lo voy a mandar a Tamazunchale, lo más lejos de la capital”.
Daniel N nunca aceptó ser removido y presentó una incapacidad médica falsa, de 29 días. “El seguro primero otorga tres días, luego siete y después 21. Pero recurrió a periodo largo. Pedí que la revisaran. Se dieron cuenta, le iniciaron un procedimiento administrativo y lo corrieron”. Las chicanas son prácticas recurrentes entre los agentes. “Había otros que hacían lo mismo. Juan Carlos N, por ejemplo, tiene más de un año con permisos apócrifos y nunca lo citaron. He solicitado a la Fiscalía de la República, atraiga el caso, porque el Seguro Social es una instancia federal. Los documentos los alteraban. Usan una incapacidad real, pero alteran el nombre. Dejaban el folio, quitaban el sujeto original y ponían el de otra persona. Son bastantes las anomalías cometidas. Los casos demuestran que existen mecanismos administrativos suficientes para desmantelar la ominosa estructura. Si revisan los expedientes, pueden iniciar procedimientos y dar de baja a los responsables”.
Mencionó el caso de otra agente, Joana N, también relacionada al Cártel del Noreste. “Se sabe de los tratos que tenía con los malhechores. Lo que hacen es cambiarlos de adscripciones, mandarlos fuera de la ciudad. Pero en su caso, iniciaron un procedimiento. La detuvo la Fiscalía de la República por delincuencia organizada”. Otro nombre que menciona es el de Denisse N, ligada a la misma pandilla. “Estuvo vinculada con mi caso. Hace un año la capturaron por cargar armas de fuego. Incluso, ahora aparece como testigo de mi defensa”. Expone que los nexos entre policías y bandidos, han quedado evidenciados en otros hechos violentos. Recuerda lo ocurrido en una casa de masajes, ubicada en Fray Diego de la Magdalena, donde murieron dos personas y otras dos fueron secuestradas. Falleció un ex policía ministerial de Rioverde. Lo habían dado de baja por cuestiones administrativas y apareció tirado en el río Santiago, junto con una mujer que también habían sacado del lugar”.
Otro caso es el de un agente apodado “El Tuky”. Se incapacitó porque lo habían baleado en un puesto de tacos que tenía. Después apareció muerto rumbo a Santa María. Para Ávalos, los episodios son parte de un esquema que demuestra la existencia de una red interna de corruptelas. “Si de verdad quisieran resolver las anomalías, les rescinden los contratos. Hay suficientes elementos para hacerlo”. Tras el asesinato de los hijos, asegura que su vida cambió por completo. Comenzó a seguir las investigaciones y aportar informes a las autoridades. “Después de levantarme y seguir el duelo, con un dolor intenso, decidí empezar la lucha. Mis hijos no merecían lo que sufrieron. Sabía quiénes fueron, por las investigaciones que realicé en La Pila. Se hicieron las primeras detenciones en julio. Abrieron una carpeta debido a delitos cometidos por servidores públicos”.
Reconoce que no siempre es posible acreditar la culpa de funcionarios en el homicidio, al menos existen elementos para investigarlos por omisiones o fallas al impartir la justicia. Ahora, las indagaciones enfrentan nuevos obstáculos. Señala directa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato, a quien acusa de frenar el avance del caso. “Encubre a varias personas. Ha hecho maniobras para quitarme del camino y ya no impulse la carpeta”. Relata un episodio. “Me dijo que formulaba imputaciones contra tres personas. Le respondí que incluyó a un muerto, Carlos N, quien fue ejecutado en el 2023”. El asunto también evidenció relaciones entre policías e infractores. “Lo encontraron calcinado en Villa de Reyes, dentro de una BMW. Era policía y vendía droga. Tenía las armas institucionales cuando estaba de vacaciones. Las debió resguardar el gobierno”.
A pesar de los obstáculos, Ávalos decidió denunciar los incidentes. “Relaté los hechos en forma detallada. Fue de donde salieron las detenciones. Ahora hay seis sentencias de 68 años y seis meses para cada uno de los responsables”. Entre los implicados señala al policía Ulises N, alias “Kiko” y cinco civiles vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. “Aparece Roberto Carlos, alias El Cometa o El Capuchino. Era el jefe de una célula del Cártel Jalisco en La Pila. Evaristo N, alias El Tolo y tres sicarios, Felipe Prisciliano N, Fernando N y José Guadalupe N. Existen otros procesos que continúan el curso. El 25 de marzo comenzó el juicio contra otro policía, Miguel Ángel N, alias El Mickey y Juan Carlos N, alias El Fuerte y Brayan N”.
Según Ávalos, en los homicidios de sus hijos, participaron sicarios junto con policías. El motivo, haber expuesto actos de corruptelas. “El Cártel Jalisco apoyó al Cártel de la Ministerial para hacerme daño. Estaban coludidos, eran uno solo. Los evidencié. Hice detenciones, investigué y descubrí bastante mugre dentro de las filas policiales”. Se le pregunta si fue desproporcionado el nivel de violencia en su contra. “Es el tema. Buscaron castigarme, como si dijeran, eres mujer y no te vas a enfrentar a nosotros. Y lo hice”. Resume que 6 personas fueron sentenciadas por su injerencia en el crimen. Cada una recibió una condena de 68 años y seis meses de cárcel. Aunque el proceso judicial continúa en otras causas relacionadas.
“Están detenidos, vinculados a proceso desde el 2021. Por ser muy peligrosos, los trasladaron a diferentes penales. Uno está en Chiapas, otro en Ciudad Valles. Ahora se hallan en tránsito. Después de leerles la sentencia, empieza a correr el plazo de las apelaciones. Otro de los acusados, cuyo juicio comenzó el 25 de marzo, fue recluido en el penal federal de alta seguridad, en Hermosillo, Sonora, debido a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada”. Ávalos alude a los llamados exámenes de control y confianza. “No son un mito, pero tampoco se aplican como deben ser. Muchas veces, sólo mandan a un grupo para que se cumpla el requisito y bajar los recursos federales”.
En su caso, asegura haberlos aprobado en repetidas ocasiones. “En el 2023, participé en una convocatoria para ministerio público y también los acredité”. Sin embargo, en el 2025, le retiraron el uso del arma. “Me la quitó Juan Alejandro Menchaca Sustaita. Había estado dentro de la licencia colectiva. Hice los exámenes psicométricos, el toxicológico y los que pide la Secretaría de la Defensa Nacional para actualizar la licencia. Los cubrí todos. Es una incógnita. Desconozco el motivo. Tal vez para dejarme más vulnerable. En los estudios se detectaban conductas erróneas, pero quedaron archivados. Los resultados llegaban a los jefes. Sabían quién reprobaba y los protegían. A los que siempre pasamos, nos mandaban para cubrir el requisito y les llegara dinero fresco. Hay agentes que nunca acudieron a los exámenes, como Daniel N, que tuvo un procedimiento administrativo por las bajas notas en México”.
Ávalos describe el perfil de las personas a las que enfrentó durante sus averiguaciones. “Era gente de la delincuencia organizada, jefes de células criminales asentados en La Pila. Uno tenía casa de seguridad con alberca, donde hacían fiestas los ministeriales. El domicilio es conocido en los estrechos círculos. Reflejan el nivel de cercanía entre agentes y malandros. Incluyeron a un grupo de motociclistas llamado Barrio Fino. No digo que todos estén involucrados, pero muchos supieron lo que sucedía en el lugar. Los cárteles se pelean el territorio, pero los policías tienen una ventaja, podían entrar a cualquier lugar. No conocen límites. Un criminal no invade las zonas de otro grupo. Pero un agente puede meterse donde quiera, accionar en distintas facciones. No dicen de manera abierta, con quién trabajaban. Se mezclan con los de Jalisco y del Noreste, al mismo tiempo. No les avisan. Hacían sus jugadas”.
Ávalos sostiene que parte de la red sigue activa. “Todavía están en la nómina de los cárteles. Las autoridades saben quiénes son, porque tienen los informes”. Evalúa el costo personal de haber denunciado las viciadas prácticas. “Conozco todo por dentro. Y por haber expuesto la podredumbre, pagué caro las consecuencias. Me dejaron sin mis hijos y en una lucha que no termina. A pesar de las sentencias obtenidas, el proceso judicial continúa. Ahora existen seis sentenciados, pero sigue el otro litigio. Viene una audiencia intermedia y faltan más. Promuevo recurso tras recurso”. Relata que el único respaldo institucional, lo encontró en el poder judicial federal. A nivel local, ha encontrado muchos obstáculos. En particular, acusa a la agente del ministerio público, Antonia Deyanira Gómez Serrato. La tilda de encubrir a varios infractores. También cuestiona el desempeño de los visitadores de la fiscalía, el órgano encargado de supervisar la conducta de los agentes.
“El asignado Carlos Gustavo conoce mi caso desde que empezó y no actuó. La visitaduría debe regular el comportamiento de los policías, pero si los encubren, no pasa nada”. Ávalos también critica el desempeño de la fiscal, Manuela García Cázares. “La señora es un cero a la izquierda. Sólo me atendió una vez, en febrero de 2025. Dijo que iba a revisar mi caso y nunca más me volvió a recibir”. Ante la falta de respuesta institucional, decidió recurrir al amparo. “Tuve que promoverlo por el derecho de petición, porque no me atienden. Está por resolverse”. Narra que el proceso ha sido largo y costoso. “Tengo asesores de la Comisión Estatal de Víctimas. Para el tema de la carpeta contra servidores públicos, tuve que contratar un despacho. Gasto en abogados, porque al final estoy sola. El único respaldo constante, ha venido de organizaciones civiles. Un organismo de México, me ayudó a promover la queja donde me otorgaron la suspensión de plano, porque mi vida estaba en riesgo. El sistema de justicia suele desgastar a las víctimas, para que dejen de luchar. Pero no abandonaré el caso. Mis hijos necesitan justicia”.
A pesar de los avances judiciales, Ávalos asegura que el proceso está lejos de terminar. Su objetivo es llegar hasta donde le sea posible. “Voy a seguir a donde me alcance”. Hasta ahora, explica, nueve personas han sido detenidas, por haber participado en el ataque a su familia. Sin embargo, las pesquisas continúan. Todavía hay más involucrados en la carpeta. Menciona a Saúl N, a quien asegura haber confrontado indirecta, a través de un antiguo compañero. “Hay otros cuatro civiles que participaron en ciertas funciones. No puedo dar más detalles, porque la causa sigue abierta. Es muy amigo de otros compañeros. Enfrenté a uno, le dije el 21 de marzo, ve y dile a Saúl, al que tanto proteges, que está relacionado con la muerte de mis hijos. Les reclamé, ¿por qué lo protegen como cártel? Todo mundo sabe que está con la mafia, junto con su sobrino, Juan N”.
Según sus propias indagaciones, ambos fungían como “halcones”, encargados de vigilar y reportar movimientos. “Faltan de ser llamados. También la hermana de Capuchino y su esposo, que hacían las cuestiones administrativas de la célula”. Para Ávalos, la red es mucho más amplia de lo que parecía. Después de años de análisis, asegura haber logrado reconstruir gran parte de lo ocurrido. “Es una red extensa. No termino de conocer toda la verdad. Con mis propios recursos y tantas batallas, armé gran parte del rompecabezas. Si la instancia encargada de aplicar la justicia quisiera hacerlo, lo podría resolver fácil. Pero no quieren. No les conviene descubrir toda la maraña. La fiscal ¿qué hace? Sólo aparece en la foto, en reuniones de seguridad. Se supone que es un órgano autónomo”. Recuerda que tras la reforma del 2017, la instancia dejó de ser procuraduría, para convertirse en fiscalía, independiente del poder ejecutivo. “En teoría es autónoma. Tuve esperanzas de que me apoyara. No busqué un favor personal, sólo ser mujer y aplicarse al problema”.
“Mi hija ha padecido demasiado. He luchado sola, al empujar la carpeta, investigaciones y promover amparos. Ha sido muy desgastante. Pero escudriño y descubro más elementos. Me gustaría entregar todos los informes que ha recopilado a las autoridades federales. Tengo bastantes evidencias. Aspiro hablar con el secretario de seguridad a nivel nacional y darle todo lo que tengo”. Explica que ha intentado acercarse a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, cuando visita San Luis Potosí, pero no ha sido posible. “No me dejan acercar. He tratado que conozca mi caso a través de entrevistas y lo que se ha publicado. Durante mucho tiempo, mi caso permaneció casi desconocido. Luché en la penumbra contra todo el sistema. Mi caso no se dio a conocer hasta que entré al recinto legislativo. Fue cuando la prensa empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que había denunciado. Mientras estuve en las sombras, sola, pasaron muchas circunstancias”.
El juez Fernando Zapata, permitió que uno de los imputados, enfrentara el proceso en cárcel domiciliaria, cuando ya estaba sentenciado. El cambio de medida cautelar, generó un riesgo evidente de fuga. Para revertir el dictamen, tuvo que iniciar otra batalla legal. “Promoví un amparo. Apelé lo hecho por el juez y la sala la confirmó. Después, el poder judicial federal resolvió que se habían transgredido mis derechos fundamentales. Tras el dictamen, se realizó una audiencia revisora, la semana pasada. Ordenaron que regresara al encierro. No fue porque quisieran, hubo un resolutivo federal. El caso es un ejemplo de lo que hubiera ocurrido. Le ayudó estar cerca del proceso. Mantiene abiertos varios recursos judiciales. “Gracias a que aprendí a defenderme y promover los recursos, a mi tema no le dieron carpetazo. Tengo incontables vertientes en curso. Incluso contra el juez Zapata, inicié un procedimiento administrativo. Lo desecharon y lo llevé al amparo”.
Ante la falta de espacios en medios locales, decidió hablar con periodistas fuera del país. Agradece a los pocos que han decidido publicar su historia. “Los canales de denuncia se me cerraron en San Luis. Entonces me entrevistaron en España, pude dar bastantes detalles del caso. Son los que han dado voz a lo que padezco. Nunca quise estar en la picota, pero no me dejaron otra salida”. Rememora el episodio que generó un escándalo mayúsculo. Fue cuando irrumpió en el congreso del estado, donde se abordó el proceso para renovar el poder judicial. Acudió para presentar un escrito. La convocatoria decía que cualquier persona podía aportar datos, si consideraba que un aspirante no era idóneo. Su objetivo era advertir al comité sobre un candidato, Sabás Santiago Ipiña, que tenía antecedentes vinculatorios a los hechos que investigaba. “Cuando escuché su nombre y dijeron que iba directo a la boleta, intervine. No podía creerlo. Ya estaba denunciado desde el 2021. Sólo fui a ejercer mi derecho a expresarme. El comité decidió excluirlo. No fue por mi denuncia. El aspirante no cumplía los requisitos legales. No tenía los cinco años de litigio que pedía la constitución. Tras quedar fuera, impugnó lo acordado. El tribunal electoral dijo que no había materia, porque ya no estaba en la contienda. Ipiña me responsabilizó por quedar excluido. Me echó la culpa, cuando no formé parte del comité. Yo sólo fui y hablé. Presentó una denuncia penal en mi contra. Me acusó de abuso de autoridad y otros delitos. Llevó como testigo a un integrante del Cártel Jalisco, de Ahualulco”.
Lo interpreta como un signo intimidatorio. “Equivalía a decirme, mira quién me respalda. Fui al poder legislativo como ciudadana y madre a ejercer mi derecho a expresarme. No como policía”. Destacó que Ipiña tenía tratos con integrantes de la célula criminal. En particular con Roberto Carlos, alias “El Cometa”. Incluso, presumió que le patrocinaba un equipo de fútbol. “Todos sabían que cargaba una orden de arresto por desapariciones forzadas. No obstante, convivían”. Ávalos mencionó también a otra funcionaria que forma parte de la red de connivencia delincuencial. Se trata de una agente del ministerio público identificada como Patricia N. “Era jefa de la unidad de combate al narcomenudeo y le daba cobijo institucional al jefe de la célula del Cártel Jalisco. En la carpeta de análisis, existen datos que apuntan al contubernio. “Cuando la citaron a comparecer, no pudieron localizarla. Ya gestiona jubilarse. Comentó que mi asunto, no la iba a afectar como servidora pública. Optó por el retiro. Pero tarde o temprano, la justicia terrenal o divina la alcanzará. Su hija compite para ministerio público en la convocatoria. Imaginen la escuelita que va tener”.
Al preguntarle sobre los ciudadanos que buscan justicia en un sistema que protege a delincuentes y prevalece la impunidad total, externa que su caso es una muestra de cómo funciona el aparato estatal. “No todos los policías son iguales. Yo que estoy dentro, conozco cómo funciona, me pasa lo que sufro, imaginen al ciudadano común. Hay agentes muy calificadas, con la camiseta puesta, que aman su trabajo”. Sin embargo, asegura que el miedo y el silencio terminan por imponerse. “Los hacen callar. Vieron de lo que son capaces los mafiosos. Saben todo el daño que me hicieron. Les pedí ayuda a varios compañeros. Me decían, tengo familia. Es por lo que no hablan. Se vuelve más complicado el escenario”.
Para Rosalinda Ávalos, los riesgos que enfrenta son reales. “Los asesinos son capaces de todo. Pero no les temo. Después de perder a mis hijos, lo único que resta es seguir adelante con la lucha. La meta es llegar hasta las últimas consecuencias. Ya me quitaron la vida que tenía. Lo único que me anima es enfrentarlos. No voy a descansar hasta que caiga el último culpable”. Recuerda que sus descendientes no tenían nexos con su trabajo, ni los conflictos que padeció. Si alguien la confrontó antes, debieron buscarla. Aseveró que no pretende beneficios personales. “Mis niños eran inocentes. No le debían nada a nadie. Si me buscaban, el pleito era conmigo. Voy a seguir hasta donde me alcance. Lo único que aspiro es lograr la justicia. No quiero dinero, cargos, nada. Sólo que se escuche mi voz y los medios informativos difundan la verdad”.
Considera que a su hija le deben reparar de manera integral, el daño sufrido. Recuerda que entre los tres hermanos, existía un vínculo muy fuerte. “Mi pequeña era ajena al conflicto. No debió ver cómo mataban a sus consanguíneos. Eran lo más importante en su entorno”. Tras cinco años de lucha, se le pregunta qué debe ocurrir para cerrar el lamentable capítulo. Su respuesta es inmediata. “Hasta que caiga el último maloso. Faltan otros responsables por enfrentar la justicia, ya que proporcionaron datos sobre mi familia”. Se pregunta, cómo los homicidas, supieran tanto sobre sus rutinas. “No me pueden callar, al sostener que con nueve detenidos, se acabó el tema. Muchos hablaron, dijeron dónde vivía. ¿Cómo sabían de mis tres hijos?”. Recuerda que en algunas ocasiones, los llevó a festejos organizados por la dependencia. Los que identificaron a sus hijos fueron agentes.
“Los llevé a los desayunos de las fiestas de la policía, a las posadas. Fue donde los conocieron. Los mismos gendarmes los identificaron”. Insiste en que su lucha no es contra un delincuente aislado. Es un sistema viciado. Fue el castigo porque decidió combatirlos, cuando aún tenían poder. Hoy paga las consecuencias. “Fui la única que los enfrentó. No me arrepiento. Ya está hecho, tengo que seguir adelante”. Reconoce, el camino por recorrer, es largo. Tiene mucho por investigar. Las corruptelas provocaron su tragedia.
“Ya di los pasos iniciales, con las primeras sentencias. Falta mucho por denunciar. Sabían que yo podía defenderme, mis hijos no. Eran seres indefensos. Además, el mensaje estaba dirigido a toda la policía. Desde entonces, nadie se ha atrevido a denunciar algo similar. El miedo los domina. Fue una advertencia. Es lo que les sucede a quienes se meten con la delincuencia. Después de lo que me aconteció, nadie dice nada. Me ven pasar y actúan indiferentes. A los que les pesa, sólo agachan la cabeza”. Insiste en que no se callará. Si algo le ocurre, ya ubicó a los responsables en su denuncia.
Ahora cuenta con medidas protectoras, por ganar un amparo. El recurso judicial lo promovió un organismo civil, no el gobierno. “Me otorgaron una suspensión de plano, porque estaba indefensa. Ha sido por mi propia lucha, no porque las autoridades se hayan preocupado por mí. Sé que estoy sola. Pero tengo la fortaleza y los conocimientos para continuar. En los últimos años, me he preparado para entender los procedimientos legales. Tenemos derecho a acceder a las carpetas de las investigaciones. No he permitido que me engañen. La lucha es doble. La instancia para la que trabajo, es la que más daño me ha causado”.
“No pueden decir que trabajan en mi caso, porque no es cierto. Mi lucha es contra la delincuencia y el sistema. La fiscalía es la que más me ha discriminado, pisotea mis derechos. No me detendré. Voy a encontrar la paz cuando todos los responsables enfrenten la justicia. En caso de no ocurrir, ayudar a otras víctimas en situaciones similares. Alguien tiene que decir, cómo enfrentarlo. Ojalá la presidenta escuche mi historia. El amor por mis hijos, es lo que me mantiene en pie. Lo que pasó, ya fue. A veces caigo del dolor, pero vuelvo a resurgir. Me inspiran a seguir en la lucha”.
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