El experto en temas de transparencia, Jesús Federico Piña Fraga, denunció que por los “huevos� del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se reservaron los datos sobre los gastos realizados en la Feria Nacional Potosina y las adecuaciones con “horribles� fierros a las entradas de los parques Tangamanga. Indicó que no hay argumentos sólidos para ocultar los informes, ya que no se trata de un asunto de seguridad nacional. Expuso que coincide con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en desaparecer dependencias inútiles que cuestan millonarias cantidades, como la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros. Aunque las cuentas claras son temas de campañas políticas, resaltó que en los hechos, son meros cuentos de hadas, utopías inalcanzables.   

La ley de transparencia, en el artículo 84 y fracciones, plantea que debe existir un listado de proveedores y sus domicilios. Nombres y cargos de los servidores públicos. Las remuneraciones, bonos, gratificaciones, no importan que sean morales o físicos. Pero los sujetos obligados, las autoridades, hacen lo que se les antoja, con la plataforma estatal y nacional. Les menciono que no cumplen con la norma. Responden que haga una denuncia. En el Sistema Educativo Estatal Regular, hay una maestra que viene de la normal, con 40 horas de clases. La ubican como jefa del departamento en educación superior, cuando no tiene la experiencia necesaria. Debe existir una plaza como jefa de departamento y pagarle sus horas de trabajo.

La registran en la plataforma estatal de transparencia como inspectora de educación de segunda enseñanza. Exhiben las cantidades que en teoría le cubren. Es dónde no cuadran los números. La profesora dice que no le pagan y sus jefes sostienen lo contrario. Empiezo a investigar y encuentro otros 35 casos. ¿Dónde está el dinero de las demás personas? En la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a los Informes Públicos, existe la plaza de director del Sistema Estatal de Documentos y Archivos, que tiene 7 años sin un encargado. ¿Dónde está el dinero que le correspondía? Les pregunté, lo usan para financiar los camiones a las personas que hacen el servicio social. Lo cierto es que los fondos se quedan en cuatro partes, el Seer, finanzas, la sección 52 del magisterio y oficialía mayor. Las plataformas no están correctas. Nadie las revisa, no quieren perder el tiempo en las cochinadas que realizan. No las dan de baja, porque hay un presupuesto que les dan por todas las plazas. El problema es saber, quien tiene el dinero. A los burócratas que han despedido, les llegan los cheques, pero los recibe el gobierno. Los que hacen las maniobras, son dos colaboradores del ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez.  

La ley habla de un consejo consultivo en la Cegaip, desde el 2016, que debe integrar el congreso del estado. Nadie quiere inscribirse porque es honorífico, no cobran. Hasta ahora, es la primera vez que lanzaron la convocatoria. Busqué apuntarme, imaginé que sería fácil. Resulta que piden muchas certificaciones y requisitos. Exigen un reglamento, pero no hay dónde sentarse, papel ni tinta. Quiero saber cuántos van por la vacante, en la que no podrán cobrar. El congreso debería tener un espacio digno para un consejo consultivo, como lo tuvo derechos humanos. Luego se fueron, porque no les hacían caso. La Cegaip tiene un grandísimo problema: jamás han capacitado a los ciudadanos, solo a los titulares de las unidades de transparencia y los sujetos obligados o servidores públicos. La norma establece, todo lo que no funcione, debe quitarse. Es lo que deben hacer con los consejos consultivos. También desaparecer el artículo 154, donde se consigna que el sujeto obligado debe notificar antes del vencimiento de las peticiones. 

La Cegaip y el Instituto Nacional de Transparencia, me entregan recursos de inconformidad y revisión, de hace 5 años. Ya hasta se me olvidó lo que solicité. Estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en que deben quitar tales organismos en los estados, ya que no funcionan. Se gastan arriba de mil millones de pesos, más lo que dilapidan en 32 estados. Después de 5 años, quieren que haga un amparo. Los únicos que ganan son los comisionados. Sobresale el caso de un supernumerario, que estuvo antes en derechos humanos. Lo usaban en casos donde no querían comprometerse. Se amparó y duró tres años en el cargo.

Se blindan para ser comisionados, pero no lo hacen para ser integrantes del consejo consultivo de la Cegaip, porque no hay pago. No hay mucha gente en San Luis que busque hacer recursos de inconformidad al Inai. Les da flojera ir a México. Les he ganado dos amparos. A mi hija la corrieron de la escuela de derecho, pero se fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó. Me ayuda a hacer las quejas. Reitero, si el Inai y la Cegaip no funcionan, deben cerrarlos. Se lo he dicho al presidente y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que le enseña las pruebas. Faltan tres comisionados en el Inae y ni siquiera los han nombrado. El poder judicial también está amañado.

Muchos que buscan continuar mis pasos, lo hacían para conseguir chambas. Como el extinto David Robledo, quien le exigía al ex rector de la universidad autónoma, Mario García, le diera varias plazas para aviadores. Yo a nadie les he pedido un peso. No es que tenga dinero, me gusta ayudar a los demás. Incluso al Seer y Sege, que me consideran su enemigo número uno. Pero gracias a mi inquietud, se han enterado de muchas cochinadas que hay en las dos dependencias. Tengo una solicitud del Seer sobre las escuelas preparatorias por cooperación, que son 44. Figura la Gonzalo Gaviria, ubicada en Salinas de Hidalgo, tiene 40 alumnos. Deben cerrarla, otras alcanzan 50. Les cobran 450 pesos cada semestre, al año 900 pesos de inscripción.

Tienen en total, 11 mil 191 estudiantes, multiplicados por 12 meses, se juntan más de 50 millones de pesos. Sin contar que les cobran 250 pesos por los exámenes de admisión. El dinero se lo entregan al director de la escuela. El gobierno solo les da 280 mil pesos al año. Los contadores cobran según el tabulador. Lo cierto es que los directores les pagan lo que les da la gana. Es un relajo, compran insumos que no están inventariados. La Sege no ha cumplido con los contratos de la empresa de seguridad privada Logo y Mora, a la que en el 2022, le pagaron 6 millones 800 mil pesos de 17 elementos que están en diferentes lugares. Al dividir los ingresos, les deberían aportar 19 mil pesos. Pero les dan 6 y los 13 se los guarda la firma.

Deben tener un amigo en el gobierno. Lo más grave es que dieron un domicilio chafa en el contrato, Coronel Romero 1321, a un lado del Hospital del Niño y la Mujer y no había nada. Luego facilitaron otro en la calle Lluvia, en la colonia Garita de Jalisco, pero no han modificado el contrato. La eligieron por sus pistolas, sin licitaciones. En el caso de las patrullas, dicen que el gobernador reservó los datos por seguridad nacional. Los costos no tienen nada que ver con el tema. Hacen lo que se les antoja. El problema es que todas las dependencias, ocultan los informes. No cumplen con las resoluciones de la Cegaip. No deben esconder los costos y contratistas de los puentes con tirantes o de las dos mentiras, porque no son atirantados ni tema de seguridad nacional. Los horribles fierros que pusieron en los parques Tangamanga, también los reservaron. Ni que el acero sea ilegal en otro lado. Gallardo niega haberlo ordenado. Entonces sus colaboradores se toman atribuciones que no les corresponden. Todos están equivocados, no pueden ocultar algo tan simple. Al vocero de la Cegaip, Juan Carlos Ortiz, le pedí las memorias de las sesiones del pleno. Alegó que no las graba por falta de dinero. Me quejé con el Inae y ordenó las facilitara, pero no cumplen. Dicen ser insolventes, pero cada fin de año, los tres comisionados, se reparten bonos de 80 mil pesos.  

La Sege le debe un millón de pesos a tres empleadas que corrió, laboraron en la unidad de transparencia. Se suman los ingresos del 2021, 2022 y 2023. Les pido datos y me contestan que está reservado el laudo. Yo sólo pregunté por qué no pagaron. Antes trabajaron en la Cegaip, donde las echaron fuera, para meter a su propia gente. Está el caso del director de la Normal del Estado, Francisco Hernández Ortiz, quien presume, hizo un doctorado en humanidades y arte, en la Universidad de Zacatecas, junto con el director de servicios administrativos, Jesús Alberto Leyva Ortiz, quien me demandó, por supuestas agresiones. Les pedí informes de lo que pagaron por sus estudios. Agarraron el dinero de las cuotas que cobran a los alumnos. Se  negaron a entregar las listas de asistencia.

El gobierno estatal, por sus huevos, reservó los gastos en la Feria Nacional Potosina. No tienen motivos para hacerlo, no es un asunto privado. Los recursos los sacaron de los fondos públicos. Todo lo hacen mal, pero al final lo pagan. Dijeron habilitar dos o tres pozos en el parque Tangamanga 2, donde los árboles y pastos están secos. Hice 50 solicitudes en el 2019 y hasta hoy me responden algunas. Olvidé lo que pedí. El experto en transparencia, Samuel Bonilla, capacita a periodistas, pero no hacen caso las instituciones. Cuando estuvo como jefe de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, reservó los informes de los segundos pisos y no ocurrió nada. La transparencia es un cuento de hadas, una fábula, pura ficción. No dan las respuestas, por estar reservadas. Se mete el recurso y si tampoco contestan, procede el amparo. Como si los resuelven tan rápido. Son morosos porque no hay sanciones. La ley del 2016, prohíbe multar a los sujetos obligados, como pasó antes con el director de la normal, Hernández Ortiz y el ex director de la unidad de transparencia, Agustín Mendoza Vega. Iban a llorar a la Auditoria Superior del Estado, para que les permitieran pagar como en Electra, con abonos chiquitos.

En Tamazunchale está la secundaria Benito Juárez, donde labora una maestra que hizo su maestría y ahora cursa el doctorado. Estudió con becas por comisión. Pero trabaja en otra secundaria al mismo tiempo. Una es de la Sege, otra del Seer. En una logró permiso para faltar, ¿pero cómo le hizo para asistir a la segunda, le pagaron y cumplió con las planeaciones de clases? No hay coherencia, asistió seis meses, cuando se fue del 15 de febrero al 20 de agosto a hacer el doctorado. En una escuela la suplieron dos personas, ¿pero qué pasó con la otra? Me enteré que no ha ido en todo un mes a firmar a los dos planteles. Nadie se da cuenta porque están lejos. Ganan por no hacer nada. Agustín Vega, en el Seer, percibe cerca de 50 mil pesos. 

Dicen que no existe la banda de música en la escuela Ciriaco Cruz, que tiene un costo. Actuó junto a la Sonora Santanera. Lo mismo sucede con el mariachi del gobernador, que aparece en todos lados. En el actual sexenio, recurren a la mentira. El Consejo Estatal Electoral, la Cegaip, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema Estatal Anticorrupción, deben quitarlos. La transparencia era el antídoto contra la corrupción, pero no ha funcionado. Concuerdo con el presidente López Obrador, que al acabar las transas, cambia el país. Ha logrado ayudar a muchas personas, les quitó a los presidentes las pensiones y la seguridad exagerada que tenían.