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No quieren a Juan Ramiro Robledo en demanda por transparentar la entrega de concesiones a taxistas

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Un grupo de siete taxistas encabezados por Juan Antonio Romo Ponce denunció que existen irregularidades en el 30% de las 840 concesiones entregadas por lo que demandaron la nulidad de la convocatoria y el fallo, por considerar que se violaron sus derechos de antigüedad, al ser marginados después de operar durante más de 15 años un vehículo. No se respetó su derecho de preferencia ya que se optó beneficiar a otros que no cumplieron los requisitos. Entablaron una demanda contra el mandatario Juan Manuel Carreras, el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías y el secretario de comunicaciones y transportes, Ramiro Robledo López. Exigen que el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Juan Ramiro Robledo Ruiz, se excuse conocer del asunto por estar en la figura de posible prevaricato, ya que el asunto lo llevan padre e hijo.

Después de 15 días de interponer la querella, no habían tenido alguna respuesta. En caso de un revés, acudirán a los tribunales federales para exigir se anulen los dos actos administrativos. El defensor de los ruleteros, Noé Yair López García, exigió que Robledo Ruiz se aparte del caso o enfrentará un juicio político. Indicó que los permisos se entregaron a gentes que ya tenían, como Benjamín Rodríguez Hernández, Martín Bravo Montalvo y José de Jesús Montalvo Espiricueta. Otros no le dedican tiempo completo. Uno labora en la tienda de la universidad autónoma. Otro vende aceites automotrices. Aunque la ley es completa y clara, se complica por el indebido actuar de los funcionarios y el conflicto de intereses que desde siempre ha permeado al transporte público. Aludió que ya se notan los vacíos de poder y la falsa legalidad al revisar algunos asuntos, como el de la firma Uber.

“Mis representados no están en contra de la libre competencia o apertura del sistema de transporte. Pero existen aplicaciones como Uber y otras que tratan de ingresar, pero están fuera de la ley. Traen un sistema de esclavitud moderna en materia laboral. Aunque hubo una reforma en el 2016 a la ley para regularizar a Uber, ahora tiene un despliegue patronal invisible donde se eximen de ser sujetos a juicio. Aunque se estableció el cobro del 1.5% de cada viaje que hagan, pero falta un listado de los operadores. Tampoco es sano propiciar la violencia contra los conductores. Pero también inquieta, no reclamen a sus jefes. El conflicto se genera por el vacío de autoridad que se niega a reglamentar el servicio”.

Romo aseveró que tiene 28 años atrás de un volante. “Siempre ha habido fallas en las entregas de concesiones. Se dan de manera arbitraria, con criterios ajenos a lo que marcan las convocatorias. O se facilitan a ciertos líderes a cambio de apoyos electorales. O venden los permisos, lo que retrasa el desarrollo del transporte. En la última emisión, aunque la autoridad asegura que se hizo de manera transparente a nosotros nos quedaron muchas dudas. Solicitamos por la ley de transparencia, todos los documentos, como las solicitudes de preinscripciones, certificados de licencia y otros que se tienen en el registro de los operadores. Nos contestaron que acceder a los escritos tenía un costo de 420 mil pesos. Al poner las trabas, algo esconden. No quieren que nos enteremos que ayudaron a grupos muy cercanos a las autoridades. La mayor prueba es el silencio de Robledo López”.

Añadió que la lucha inició en el 2016. La hizo por compañeros fallecidos que nunca accedieron a un permiso. Buscan cotejar los documentos y determinar si fue legal la entrega o conocer el alcance de las fallas. Expuso que una tercera parte fueron dadas con sospechas. Antes denunciaron la venta de certificaciones, ya que actúan como jueces y partes. Las venden y evalúan. Carreras estuvo enterado de las anomalías. Fue donde se concretó la mayor parte de las deficiencias. A muchos les pusieron que tenían varios años de choferes. En el conflicto de otros taxistas con la empresa Uber, falta que el gobierno aplique la ley. “Nosotros siempre hemos respetado el principio de legalidad. Pero es un derecho humano tener acceso a un trabajo. El vicio que existe de que en pocas personas se concentran muchas concesiones, les afectó la entrada de Uber”.

Romo destacó que los verdaderos taxistas viven un constante retroceso, por el miedo de los compañeros a exigir sus derechos que se violentan cada rato. En la lucha inicial eran 25 inconformes, ahora solo quedan 7. No los culpa por la inseguridad que prevalece. Expuso que hace falta hacer a un lado los temores. “En el gremio de los taxistas hay divisionismo por los sindicatos y seudo líderes. Mantienen a los demás distanciados con rumores y miedo. Les dicen que las concesiones se entregan a los disciplinados. Muchos fallecieron y no lograron nada. También opera la máxima de que el 50% se asigna y el resto se vende. Vamos a continuar la lucha. Lo hacemos por las nuevas generaciones que vienen, para cortar el círculo vicioso. Si buscamos mejorar el transporte, hay que hacer a un lado a los intermediarios. Son los que consiguen los permisos sin mora. Los ayuda su capacidad económica o el amiguismo con el sector político”.

Afirmó que la sociedad no ha evolucionado. “No sabemos si es por ingenuidad o cinismo, no les importó actuar con desorden a pesar que existe una ley de transparencia. Están acostumbrados a hacer política a la usanza del PRI. Sigue el mismo esquema de la estirpe. Ahora Juan Ramiro Robledo puso a su hijo en comunicaciones y transportes. Se repite el perfil. Adelantó que si Carreras no aplica la justicia, se irá a la resistencia pacífica, con una huelga de hambre, donde habrán de solicitar su renuncia. Expuso que su vida la marcó el ex líder cívico, Salvador Nava, capaz de derrotar a gobernadores. Ya es tiempo de darle brillo a su memoria, con métodos no violentos.

El chofer Juan Manuel Miranda Valero mencionó que algunos beneficiados ya duplicaron los permisos. Los protege el dirigente antorchista Lenin Rosales. Citó el caso del trabajador de la universidad autónoma, Baltazar Bravo. Ya tenía un taxi en Escalerillas y consiguió otro. Un parroquiano del Saucito, labora en la Comisión Federal de Electricidad y ya obtuvo su permiso de ruletero. “No son trabajadores del volante. Usan el carro los fines de semana, en ratos. En la convocatoria se permitió participar al que tuviera licencia, pero no se cuidó cómo la logró. También vendieron las certificaciones donde consta que son conductores desde hace 20 años. Los que laboramos todos los días para llevar el sustento de la familia, nos hacen a un lado. Las 840 concesiones entregadas, forman parte de las más de 2 mil que se darán hasta el 2021, según los estudios realizados”.

El chofer Ulises Torres informó que los permisionarios de Escalerillas tenían un permiso para prestar el servicio del 95 al 2005, pero son tolerados por Robledo López. Abarca a 30 unidades, pero se ampliaron a 58. Para diciembre van a meter más. En la última entrega, se colaron 8 personas. Censuró a los conductores de Uber que no están capacitados para manejar. “La culpa la tiene el gobernador que no mete orden. Traen empresas foráneas cuando en San Luis existen 7 mil operadores del volante para 3 mil 407 concesiones. Faltan más permisos para gente que ha trabajado muchos años y acumulan gran experiencia. El diputado local Sergio Desfassiux siempre apoyó a Uber, donde necesitaba a conductores con huevos. Lo que hace falta es relevarlo, ya que no cumple sus funciones, junto con Robledo, que generan el conflicto de los taxistas con Uber”.

“Tienen facultades para resolver el entuerto. Argumentan que las concesiones se dieron a través de su software. Si alguien entrega un certificado falso, se puede subir al sistema que arrojará la antigüedad solicitada. Robledo López tiene archivos de los taxistas, cotejar los datos para no beneficiar a gente que no tiene vínculos con el gremio. Si el 30% de las concesiones se entregaron de manera irregular, no les pueden exigir un servicio eficiente. El señor que labora en la Comisión Federal de Electricidad, estaciona el carro afuera de la casa. Uno de los hijos lo mueve el sábado, cuando hay más chamba”.

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El nuevo sistema penal acusatorio ha dejado en libertad a 50 mil delincuentes en el país

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El litigante Noé Yair López García destacó que el nuevo sistema penal acusatorio, hasta la fecha, se ha convertido en un fiasco, ya que uno de los fundamentos de la reforma era evitar el hacinamiento carcelario y la sobrepoblación. Como consecuencia, 21 delitos que antes se consideraban graves, ahora son simples. Los sentenciados pueden recuperar la libertad de manera rápida, lo que viene a dar al traste con la gente. Se maneja que han sido liberados más de 10 mil delincuentes por los delitos de fraude, robo, abuso sexual y daños patrimoniales en el Distrito Federal y 50 mil en todo el país.

Se clasifican como delitos graves los de carácter político y contra la seguridad del estado como narcotráfico, crimen organizado, sabotaje, motín. Indicó que en San Luis se ha convertido en aberrante el esquema de justicia. Se tuvieron 8 años para implementarlo y las autoridades no reaccionaron. Se creó una secretaría técnica que sirvió de caja chica para las administraciones del 2008 al 2016 y los resultados son el fracaso. También se considera el desempeño de la llamada policía científica. “El sistema no respeta los usos y costumbres de las localidades. No se ha proporcionado la infraestructura necesaria. Los nuevos agentes quizás funcionen en Chihuahua y otras partes de la frontera norte. Pero en la zona centro y sur, en las regiones huastecas, su eficacia es inexistente”.

Añadió que en Villa de Arriaga y Villa de Arista, los policías son personas que no saben leer o no tienen la secundaria. Lo que les impide desempeñar el cargo como lo exige el nuevo sistema penal acusatorio. En las capacitaciones, se dieron las corruptelas y nepotismo en el poder judicial. La mayoría de los nuevos jueces certificados son cercanos a funcionarios del gobierno estatal, poder judicial o legislativo. La forma en cómo llegan a desempeñar el cargo les resta credibilidad. Lo lograron por asignaciones automáticas, por lo que carecen de capacidad y conocimiento del derecho penal. La mayoría del gremio se formó dentro de lo que pudo. Pero a veces es insuficiente mientras no haya una sala especializada con audio, video, un dibujante. Además, en todas las audiencias debe estar presente el juez de control.

“En la práctica, se notan costumbres muy arraigadas en jueces y magistrados. Por desinterés o carga de trabajo, no están en las audiencias. El sistema es una utopía, ya que no existe la capacidad, ánimo, interés de hacer el cambio cultural como sociedad. En parte porque no se capacitó al público, sólo les interesó un sector de los abogados. El fracaso lo vemos porque en la reciente asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores, uno de los resolutivos es que debe haber cambios a la reforma y que a 15 años habría resultados. El sistema moderno en México va dirigido a privatizar el ejercicio de la ley en materia penal, mercantil o agraria”.

López García aseveró que en San Luis y otras partes hubo interés en los llamados juicios orales que ayudarían a resolver los conflictos. Pero sólo las personas que puedan cubrir un juicio, tendrán acceso a la justicia. Los juicios orales van acompañados de un procedimiento abreviado de las mediaciones en los conflictos. Uno de los candados que ponen las autoridades judiciales es que para llegar a un juicio oral, en las diversas materias del derecho, se tienen que agotar los centros de conciliaciones. Significa que si alguien es víctima de un robo o daño en la propiedad, puede acudir a presentar la denuncia. Para llegar a un juicio oral, debe agotar una medida conciliatoria. Tales centros son parte de la procuraduría de justicia. Pero en 10 años los absorberá la iniciativa privada. Si a alguien lo despiden del trabajo o es víctima de daños patrimoniales, debe ir primero al sitio mediador a firmar un convenio. Si se privatiza, hay que pagar el costo. Equivale a pagar dos veces, porque antes se cubrieron los servicios que debe garantizar el estado.

“Es donde está el truco de la iniciativa privada. Resulta lamentable que las autoridades no hayan puesto el interés necesario para alfabetizar a la gente en el tema. Estamos en un nuevo esquema de justicia con personeros del sistema anterior. Ahora se habla de un fiscal general y todavía existe un procurador, que ya no es propicio. Tienen un año de retraso. Como están las circunstancias actuales, llegará diciembre y no habrá cambios. En el nuevo esquema se va a revictimizar a la ciudadanía, ya que los jueces y magistrados, a la hora de resolver una sentencia, ponen en primer lugar el debido proceso. No se preocupan si el imputado es culpable o no del delito. Buscan que se le haya leído la carta de derechos, si la policía hizo su adecuado trabajo, si se respetaron los derechos humanos y garantías. Son elementos suficientes para que el juez de control lo declare absuelto”.

“A nivel nacional está el ejemplo de la francesa Florencia Cassez a la que no se le juzgó por secuestro o estar asociada en raptos. Se valoraron las violaciones al debido proceso, el montaje mediático, no se presentó de inmediato a la autoridad, no se notificó a la embajada de su país. Fue lo que ayudó a obtener la libertad. Es lo mismo que pasó con Las Abejas, un grupo paramilitar de Chiapas que asesinó a varios indígenas. A nivel local figura el crimen de una bachiller en el Salesiano a manos del sacerdote José Carlos Contreras. No se valoró si cometió el delito. Sólo que no se respetó el debido proceso. Los elementos y pruebas que presentó la procuraduría, resultaron insuficientes. Los juzgados federales dijeron que se violentó el debido proceso. Es preocupante la manera de resolver y procurar justicia. Por encima de la responsabilidad de los presuntos culpables se impone la primacía del debido proceso”.

Noé Yair López expuso que el nuevo esquema de justica es una réplica del derecho anglosajón, ajeno al estricto derecho que permeó por décadas en México. Hubo un brinco del esquema romano al que ahora prevalece. Enfatizó que las universidades privadas se han adelantado a implementar y capacitar en la nueva era del derecho. La rebasó la Universidad Tangamanga, Interamericana para el Desarrollo y Valle de México que modificaron programas y planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado con carreras propias o dirigidas al estudio de los juicios orales en México. En la autónoma apenas tienen especialidades.