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La violencia incontenible, provoca estado teñido de sangre

Ejecutan el miércoles 15 a dos hombres y una mujer en la calle Villerías, en Pozos. Los perpetradores dejaron junto a los cuerpos unas cartulinas con narco mensajes. Los actos delictivos de alto impacto pintan de rojo la primera quincena de junio, con asesinatos, incursiones de gente armada, levantones y persecuciones que crean miedo y pavor entre los pobladores. En tanto el gobernador, Ricardo Gallardo y el fiscal, José Luis Ruiz, minimizan los hechos. Mencionan que los muertos son de otras entidades y los vienen a tirar al estado. O que los 40 mil consumidores de droga registrados, son por causa de la inseguridad.


El 2 de junio, en un ataque de civiles armados, balearon una vivienda en la comunidad de Cerro Gordo, de Zaragoza, donde resultó una persona lesionada. Por temor a nuevos choques, padres de familia y maestros deciden suspender clases en todos los niveles. El mismo día en Tamuín, dos hombres son asesinados a tiros, cuando se trasladaban en una camioneta en la carretera a Estación Tamuín. Se les identificó como Daniel Olivares y Fernando Vidales, de oficio albañiles.
El 4 de junio, un hombre es ejecutado cuando se encontraba adentro de su camioneta en el estacionamiento de plaza Citadela, en Soledad. Además, en la colonia Ferrocarrilera de la capital, civiles atacan a balazos y dejan lesionados a 4 hombres que se encontraban en la calle Insurgentes. En Morales, un hombre es ultimado a balazos, vecinos de las calles Arsénico y Plata, salieron alarmados al escuchar las detonaciones de armas de fuego. Encontraron al hombre tirado a media calle. En la misma colonia, al día siguiente, hombres armados disparan sobre parroquianos que se encontraban afuera de una tienda, el saldo fue de tres heridos.
El domingo 5, hombres armados que se trasladaban en varias camionetas, participan en una persecución que derivó en un enfrentamiento en la vía pública. Causaron temor y alteraron la tranquilidad de las familias de la colonia Pueblo Nuevo, en la cabecera de Tamuín. También en Tamazunchale, un hombre es ejecutado en el bulevar 20 de noviembre, en la cabecera municipal.
El 7, policías de San Vicente Tancuayalab, fueron interceptados y amagados por un comando armado, cuando trasladaban una camioneta que había participado en los enfrentamientos en Tamuín. El jueves 9, en Aquismón, fueron localizados 7 cuerpos de hombres ejecutados, con huellas de tortura, algunos desnudos y con mensajes en los cuerpos, donde un grupo delincuencial amenaza a sus rivales. Los hombres ultimados se encontraron en el kilómetro 34 de la vieja carretera Valles-Rioverde, a la altura de la comunidad del Jabalí. En un comunicado, el fiscal Ruiz mencionó que según las primeras indagatorias, no se trataba de personas de la zona. Los mataron en otro lugar y los fueron a dejar en donde se encontraron Al día siguiente, la misma versión la confirmó el gobernador Ricardo Gallardo.


El viernes 10, se dio un ataque armado en el bar El Jaloo, ubicado en la lateral de la avenida Salvador Nava, en la colonia el Paseo, de la capital. Deja como saldo 4 personas heridas de bala. Los atacantes que llegan y disparan contra quienes se encontraban en la cantina, huyeron del lugar en un vehículo sin que nadie los detuviera. Un día después se reportó la muerte de uno de los lesionados, un guardia de seguridad de seguridad del bar.
El domingo 12, se presentó otro hecho violento en la colonia Pueblo Nuevo, en la cabecera de Tamuín, un hombre fue ejecutado de un disparo. La fiscalía afirmó que se trataba de un ladrón, que habría participado en varios robos de casas y fue ultimado por un vecino como consecuencia “del hartazgo social”. La madrugada del mismo día, un convoy de 5 camionetas, con hombres armados, disparan contra policías municipales de Ciudad del Maíz. Los agentes resultaron ilesos, persiguen a los agresores, que dejan abandonada una camioneta gris con blindaje artesanal, en la carretera federal 80, rumbo al vecino municipio del Naranjo. El lunes 13, aparecen tres ejecutados a las orillas de un camino de la comunidad La Escondida, en Villa de Arista. Los cuerpos de los tres hombres presentaban múltiples heridas de bala, dos de los occisos eran de Villa de Arista y uno originario de Villa Hidalgo. Se difundió en redes sociales el video en el que sujetos armados, sacan de su vivienda y suben a una camioneta negra a un hombre en el centro de Rioverde.
La persona levantada fue identificada como Marco Aurelio Tenorio, de 45 años, de oficio transportista. El mismo día, por la tarde, se reportó la desaparición de José Ángel Compeán Grimaldo, originario del Refugio, Ciudad Fernández. Era chofer de una camioneta combi de alquiler que desapareció cuando cubría la ruta el Jabalí, Aguacate, Ojo de Agua Seco. A las pocas horas, se localizan en la carretera 57, a la entrada de la cabecera municipal de Guadalcázar, dos cuerpos sin vida, de dos hombres, que por sus características físicas, edad y vestimentas, podrían ser los as dos personas privadas de su libertad en Rioverde. Un día después familiares José Ángel, lo identifican como uno de los ejecutados que se localizaron a la entrada de Guadalcazar.
El 15 de junio, en el crucero de Rayón, hombres armados balean una vivienda, que antes fue un restaurante, en el crucero de Rayón a plena luz del día y ante la mirada de azoro de los automovilistas y habitantes del lugar. Los atacantes una vez logrado su cometido, huyeron a bordo de sus camionetas. Al día siguiente también civiles armados abren fuego sobre una vivienda en la colonia Loma Bonita en la cabecera municipal de Tamazunchale.
El mismo 16, en la capital, ejecutan a tres hombres en la entrada a la delegación de La Pila y uno resulto herido. Los occisos habían salido de la cárcel y se trasladaban por la lateral de la carretera 57 en un vehículo Chevrolet negro. Fueron interceptados cuando daban la vuelta en U en un puente cercano, por dos unidades, cuyos ocupantes abrieron fuego y los acribillaron. Dos de los cuerpos quedaron adentro del automóvil y otro sobre la carpeta asfáltica.
El 18, un joven es ejecutado de por lo menos de 5 balazos sobre la calle del Panteón, en el barrio de San Miguel, en la cabecera de Tamazunchale. El occiso estaba esposado, quedó en medio de la calle. A las 5 de la mañana, un comando armado que se trasladaba en 8 camionetas, disparan contra las torres y el edificio del penal de La Pila, mientras que al interior, se amotinaban varios reos. Los agresores, cuando huían por la carretera a México, lanzaron ponchallantas que dañaron a 5 vehículos que transitaban por el lugar. El mismo día, dos hombres son ejecutados en la calle Juan Rodríguez de la colonia Rivas Guillen, en Soledad.
En Villa de Pozos, un hombre es ejecutado adentro de su domicilio, en la colonia La Campiña. Un chofer repartidor de refrescos, muere después de ser asaltado, en la colonia Tercera Chica de la capital. El 21 de junio en Cerritos, cuatro integrantes de una familia son ejecutados en su domicilio. Sujetos armados entraron por la madrugada al hogar, ubicado en calle Reforma de la colonia Aurora y acribillan al padre, madre, un hijo y una jovencita , que conformaban el matrimonio Rosales Dimas. Los cuerpos de las víctimas quedaron en las recámaras y en la sala. El gobierno del estado, a través de su vocero, Miguel Gallegos, sin ninguna pesquisa previa, salió a decir que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, en pugna por el control de la plaza, consumo y venta de drogas, lo que desató una ola de enojo en las redes sociales de parientes, amigos y conocidos de los afectados, a quiénes describieron como trabajadores y honorables.
El 22, un hombre es ejecutado en la colonia Valle Dorado. La víctima se trasladaba en una motocicleta negra por la calle Ópalo, cuando lo asesinaron. En Matehuala, se reportó otro hombre asesinado en un camino vecinal. Al día siguiente, se halló descuartizado, el cuerpo de un hombre, a la altura de la localidad de Cómoca, en Axtla de Terrazas. El reporte lo hicieron personas que transitaban por la carretera federal 85, México Laredo. En Tamazunchale, se reportó el hallazgo de dos cuerpos que flotan en una laguna, del rancho Chiriwillos. Los muertos eran dos menores de edad, una jovencita de 15 años y su hermano de 14, vecinos de la localidad Las Brisas. Fueron estrangulados y luego arrojados al agua.
El 24, un hombre es ejecutado en la comunidad de los Jassos, el cuerpo se encontró en el kilómetro 7, en el Libramiento Oriente. El occiso se encontraba amarrado de pies y manos. En el sitio se encontraron varios casquillos de bala. El 25 es ejecutado el comandante Juan Bernardo Reyes, de la policía municipal de Soledad, cuando se encontraba en su patrulla, al custodiar un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República, en la colonia Rancho Nuevo. El agente caído fue objeto de un homenaje por parte de la alcaldía. En redes sociales, compañeros y ex uniformados, ventilaron que los jefes los exponían al enviarlos a resguardar inmuebles decomisados a presuntos delincuentes, sin dotarlos de armas y solos.

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Gallardo Cardona, cómplice y beneficiario de los latrocinios cometidos por Juan Manuel Carreras y sus secuaces

El trágico futuro de los potosinos se escribió cuando el cirujano de bajísimo perfil y de conducta bipolar, Fernando Toranzo Fernández, acató las órdenes imperativas del maximato, Horacio Sánchez Unzueta, para despejar el camino al que sería su relevo, el entonces secretario de educación, Juan Manuel Carreras López, que consignó en su currícula, como gran logro político, haberle cargado el maletín al ex gobernador interino, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, considerado por muchos, “el maestro” del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Gracias a Sánchez y otro de sus alumnos, Fernando Silva Nieto, el doctor en derecho fue secretario de desarrollo social, de programación y presupuesto y diputado federal. Se hizo amigo del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa cuando compartieron aulas en la Escuela Libre de Derecho. Pero al jefe político de la entidad se le iba a complicar el último dedazo para imponer al tartufo de Carreras, al aparecer en el escenario, el dueto de los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.

Entonces el triunvirato, formado por Sánchez, Toranzo y el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, planearon quitarse al alcalde con licencia, Gallardo Cardona, que era puntero en las encuestas para ganar la gubernatura. Aprovecharon la coyuntura nacional de los 43 estudiantes desparecidos de la normal rural de Ayontzinapa Guerrero, donde estaba implicado el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Además, el desastre nacional de la inseguridad que provocó la guerra fallida de Calderón contra el narcotráfico. También aprovecharon la pugna interna del PRD, donde los Gallardo se confrontaron con el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, que exigió al actual gobernador, someterse al código de ética del partido, para evitar otros descalabros, similares al de Abarca.

Los conspiradores aprovechan la coyuntura para sacar ventaja. Le venden la inquina al entonces mandatario Enrique Peña, ávido de reivindicarse por el fracaso para contener el avance y poderío de las pandillas del narcotráfico. Le dicen que podrían ganar la gubernatura si encarcelan a un peligroso maleante que tiene nexos con Los Zetas. El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio, informó que Gallardo fue detenido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo trasladan al penal de Hermosillo, Sonora, donde se quejó de inhumanas torturas. Se sabe que Gallardo es alérgico a la lactosa. Su primer desayuno fue leche con quesadillas. Solicitó licencia el viernes 3 de enero del 2015 y el lunes 5 ya rendía sus primeras declaraciones ante la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada. La captura se originó por las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó operaciones inusuales en transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos.

Supieron que desde las cuentas del ayuntamiento de Soledad, se realizaron pagos de servicios médicos a la clínica Wong, que luego transfería los recursos a diversas cuentas bancarias de Gallardo Cardona y sus familiares. A través de tres empresas de carne, inmobiliaria y automotriz, dispersó el dinero ilícito, por lo que fueron aseguradas. Encerrado el hijo, el padre fue coaccionado para usar su maquinaria electoral y sacar a flote al abanderado del PRI, el inocuo Juan Manuel Carreras. Si cumplía, su vástago quedaría libre muy rápido. Con el respaldo de sus verdugos, le encargaron ejecutar un mega fraude electoral en contra de la panista Sonia Mendoza Díaz, mejor posicionada que el doctor en derecho, al que su propia militancia rechazaba, por su acendrado oportunismo. Lo acusaron de traidor, ya que renegó de su ideología para sumarse al gabinete de Calderón, que lo hizo director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular del Comité Regulador de la Tenencia de la Tierra. Pero Gallardo Juárez también se benefició de la asonada, al convertirse en el primer alcalde de la capital con las siglas del PRD, que luego dejaron en la quiebra, al cometer un fraude por 15 millones de pesos.

El primer signo de un trato benévolo por hacer ganar a Carreras, se dio cuando Gallardo fue trasladado del penal de Hermosillo, Sonora, al de Ocampo, Guanajuato, donde recibió un trato benévolo. Incluso, el padre contrató después como directores de la policía municipal a Leobardo Aguilar Orihuela y Juan Ramón Velázquez Uresti, que antes cuidaron a su hijo mientras estuvo detenido. El espaldarazo salvador vino un año después cuando el magistrado del tercer tribunal unitario del quinto distrito, Ricardo Martínez Carvajal, le otorgó el amparo, al considerar que el dinero trasferido del ayuntamiento a las cuentas privadas, era limpio, “por ser del erario”. Carreras, de estar en la lona, se impuso a través de un fraude magistral, de alta escuela, de alquimista. Su más fuerte opositora, Sonia Mendoza, también fue traicionada por sus correligionarios, donde ubicó con gran despliegue al ex senador, Octavio Pedroza. Después terminó como aliada de sus verdugos, que la hicieron diputada federal por el Verde Ecologista. El ariete político, confesor y biógrafo de los Gallardo, Rafael Aguilar Fuentes, “El Chiquilín”, en diversas ocasiones, ventiló los intríngulis de la emboscada contra sus patrocinadores: a Gallardo Cardona lo encerraron para obligar al padre a mantener al PRI en la gubernatura.

Pero según Gallardo Juárez, todavía no estaba cubierta la factura. Cuando amenazó de muerte a Carreras en la Plaza de Fundadores, ante el temor de que le cometieran fraude a su hijo, filtró que le quitaron el triunfo cuando se reeligió al vencer al candidato del PAN a la alcaldía, Xavier Nava. Expuso que el mandato imperativo vino de arriba y se tuvo que disciplinar. Sus seguidores cuentan que en efecto, nunca estrenaron las camisetas con la leyenda de “ganamos”. Las tuvo que desechar. La casa de campaña parecía un sepelio. Se deduce que Carreras le debía la gubernatura y la alcaldía de la capital. No podía hacerle una tercera jugarreta. El ex edil olvidó que el doctor en derecho, lo salvó de pisar la cárcel, después de las múltiples denuncias de Nava ante el fiscal Federico Garza, donde lo acusaron de fraude y peculado por más de 2 mil millones de pesos. El líder de los comerciantes del Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani, sostiene que padre e hijo, en casi 15 años de controlar el ayuntamiento de Soledad y tres de la capital, se robaron más de 20 mil millones de pesos. Entonces, protegido por Carreras, Gallardo Juárez entra en la categoría de impunidad que su hijo ha denominado la “herencia maldita”, lo que lo convierte en otro de los muchos intocables, que se enriquecieron de la hacienda pública.

Con el terror encima de ser ejecutado después de terminar el cargo, Carreras se doblegó ante las temerarias amenazas de Gallardo Juárez, por lo que terminó por entregarles el manejo absoluto del Consejo Estatal Electoral, para que, como en otras ocasiones, rellenaran urnas a su antojo, sin el mínimo riesgo de ser castigados. El candidato a la alcaldía de Soledad, Roberto Cervantes, denunció que antes de iniciar los comicios, funcionarios del consejo electoral, ya había embarazado gran cantidad de urnas, lo que permitió que Gallardo arrasara con los sufragios logrados en Soledad y la huasteca, por lo que se jactó. Carreras completó el ciclo del engaño, coludido con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para imponer como candidata a la gubernatura, a la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, sólo para facilitar el triunfo de Gallardo. También abandonó a su suerte, al abanderado de la coalición PRI y PAN, Octavio Pedroza Gaitán.

El ex candidato a la alcaldía de la capital por Morena, Xavier Nava, dijo semanas después, que si Carreras hubiera encerrado a Gallardo Juárez y no los deja en el desamparo, pudieron salir victoriosos. Muy caro le salió a los potosinos sentar a Carreras en el mando. Aunque Gallardo Cardona estuvo preso un año, su padre fue alcalde de la capital y malversó más de 2 mil millones de pesos sin que fuera sancionado. El actual mandatario acusó al doctor en derecho de embolsarse, en lo individual, 20 mil millones de pesos. Carreras pagó la última factura, al dejarle el mando a Gallardo Cardona, que con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, manejará de manera arbitraria, más de 50 mil millones de presupuesto al año. Para simular que no tiene un pacto de impunidad con su antecesor, Gallardo Cardona fingió un ejemplar castigo a su ex contendiente, Mónica Rangel, acusada de malversar más de mil millones de pesos como titular de salud. Pero fue procesada por menos de 23 millones de pesos. En lugar de estar encerrada en las mazmorras de La Pila, la mayor parte del castigo se la pasó en el Hospital del Niño y la Mujer, por padecer un cáncer de seno.

El mismo trato recibió su relevo en la dependencia, Miguel Ángel Lutzow, dos administrativos y un proveedor, que en conjunto, cubrieron una pena económica de 55 millones de pesos. Antes rabioso persecutor, cuando los detenidos dieron el primer abono de 30 millones, Gallardo se apresuró a decir que al completar la cifra establecida, en automático, saldrían libres. Fiel a su estilo de ocultar datos, jamás informó el destino de lo recuperado, que se estimó en un 5.7% del gran total. El vocero del organismo Ciudadanos Informando, José Guadalupe González Covarrubias, denunció que resulta preocupante, decepciona la ciudadanía, fue un engaño el supuesto combate a la herencia maldita, con la que ya existe un pacto de impunidad. Casi nadie le creyó al fiscal José Luis Ruiz Contreras, cuando externó que no habrá intocables del sexenio anterior, donde se incluye al mismo Carreras, quien tiene abiertas carpetas de investigación por el desfalco millonario cometido a los potosinos.

En cualquier momento puede ser llamado a cuentas ya que pagó obras que no existen o no se terminaron, no las licitó o tienen un gran sobreprecio. El objetivo, recalcó, es que regrese el dinero malversado en trabajos fantasmas. También mencionó al ex secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías, que no está a salvo por ser diputado local. La lista de fraudes aluden a la Red Metro,  Presa La Maroma, cobro de acciones inexistentes en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, Junta Estatal de Caminos, Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Vivienda, Turismo, Educación, Colegio de Bachilleres, Seguridad Pública, Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, Instituto Potosino de la Juventud, Instituto Potosino del Deporte y otras instancias donde los titulares se despacharon con la cuchara grande y se convirtieron en nuevos ricos de San Luis Potosí. Aludió al ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, que ante una inminente captura, recurrió al amparo. Sin embargo, no está a salvo de las pesquisas sobre el desvío millonario que cometió, con lo que se da una vida de lujo en Europa, Nueva York y los destinos turísticos del jetset. Magnánimo, Ruiz estableció que busca, los implicados regresen lo saqueado y no pisen la cárcel, ya que se convierten en una carga pesada para el estado.

                                              Lista de privilegiados

El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, fue el primero en solicitar la renuncia y castigo del ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza, al que acusó de lavado de dinero, daño patrimonial, fraude y desvíos financieros al menos por 500 millones de pesos. Le exigió a Carreras, dejar los ataques contra la abanderada de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel. También pidió la salida del fiscal Federico Garza, que se hizo de la vista gorda para no castigar los delitos cometidos por la mafia de los Gallardo y no garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el primer debate de los rivales, el candidato independiente, José Arturo Segoviano García, acusó a Daniel Pedroza, de transferir fondos públicos a la campaña de su hermano, a través del dueño de la empresa Campizzo y coordinador de campaña, Enrique Martín del Campo Mena, que se dedica a las artes gráficas, al que le asignó contratos millonarios sin licitar. La denuncia la presentó en la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Alternativa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Expuso que entre el cúmulo de pruebas, se desprende una inmensa cantidad de contratos de adjudicados en forma directa y restringida por parte de la Secretaria de Finanzas”.

Pedroza solicitó un amparo ante el juzgado sexto de distrito contra una orden de arresto por los probables delitos contra las arcas estatales. En el expediente, pide lo protejan contra actos de fiscalía local, dirección de métodos de investigación, juez de control y tribunal de juicio oral. El 11 de marzo se realizó la primera audiencia incidental. La audiencia constitucional se programó para el 25 de mismo mes. El contador público, especialista en derecho fiscal, se sumó al gabinete a mitad del sexenio. Suplió en el cargo a su colega José Luis Ugalde, que salió por presuntos manejos negativos de las cosechas de los invernaderos de Santa Rita, ubicados en Rioverde. Fue criticado por el protagonismo de su esposa en las redes sociales, donde exhibió un ostentoso nivel de vida en restaurantes de lujo y viajes al extranjero, que no corresponden a los ingresos del ex funcionario.

Otro que jamás será llamado a cuentas es el ex director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Medina Salazar, que aportó sumas millonarias a la campaña de Gallardo, con lo que consiguió además la alcaldía de Valles para su hermano, David Medina Salazar. El ex funcionario fue acusado por el diputado federal, Ricardo del Sol Estrada, de haber entregado 28 contratos de obras a familiares, por más de 440 millones de pesos, que hizo con su empresa, Infraestructura del Golfo. Por sus nexos con los ex delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César García Coronado y Ernesto Cepeda Aldape, obtuvo parte del contrato para ampliar la carretera Valles-Tamazunchale, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Medina hizo en Valles cuatro plantas tratadoras de aguas negras que no funcionan. Creó un sistema de tuberías que están vacíos, no tiene drenaje  y adquirió una cara bomba extractora que nunca funcionó. Medina fue acusado de proteger a empresas extranjeras interesas en perforar a grandes profundidades para extraer agua en la huasteca sur, con fines mineros. Lo involucraron en el escándalo donde varios diputados locales, chantajearon a alcaldes de municipios indígenas a cambio de aprobarles las cuentas públicas.

Carreras y el secretario de educación, Joel Ramírez Díaz, fueron denunciados por el experto en temas de transparencia, Jesús Federico Piña Fraga, que implacable, se dedicó a hurgar varios rubros, donde encontró desfalcos que superan los 3 mil 500 millones de pesos. Tuvieron de cómplices a la administradora de la Sege, Sandra Rojas y sus colaboradoras, Lis Minerva Irurzo y Daniela Rocha, entre otras, que cobraron excesivos sobornos a proveedores, lo que les permitió viajar al extranjero, someterse a cirugías estéticas y tener gordas cuentas bancarias a salvo de miradas incómodas. Piña investigó el turbio reparto de los libros de texto gratuito, donde encontró pagos excesivos de gasolina y uso de facturas apócrifas. El mayor robo se dio en el manejo de las afores de los empleados de la Sege. También documentó graves fallas en las escuelas de tiempo completo. En el programa nacional de inglés, descubrió que cobraron varios impostores que jamás se pararon a las aulas. Las anomalías están presentes en las escuelas seguras. Joel Ramírez y sus aliados, no pudieron solventar viáticos por un millón de pesos.

Jamás será llamado a cuentas el que fuera vocero del Carreras, el ex director de la escuela de comunicación de la universidad autónoma, Raúl Camacho Muñoz, que antes figuró como asesor del evasivo fiscal, Federico Garza Herrera. A raíz de la pandemia del Covid 19, generó un espacio informativo cotidiano, conducida por la titular de salud, Mónica Rangel, donde habló del impacto del virus y las estrategias usadas para combatirlo. Las constantes apariciones masivas de la ex rea, que pisó las mazmorras por un fraude cercano a los 23 millones de pesos, lo usaron Carreras y Camacho para esconder su prematura traición a su abanderada a la gubernatura y al candidato del PRI y PAN, Octavio Pedroza. Meses atrás, ya habían pactado con el dueño de la franquicia del Verde en Ecologista en San Luis, Ricardo Gallardo, para que ganara sin obstáculos. Camacho aprovechó el río revuelto para llevarse al bolsillo, más de 60 millones de pesos que entregó por concepto de publicidad y entregar botellas de agua a las unidades Centinela, sin licitar, a la empresa Doblezero, cuyo dueño es Mauricio Ayala Gallegos, hijo del ex jefe de prensa del congreso local, Alberto Ayala Flores, también asesor de Garza Herrera.

Carreras y Camacho cometieron un fraude superior los 20 millones de pesos, que no cubrieron a decenas de medios informativos, electrónicos y escritos, por servicios de propaganda, por más de un año. Para evitar las protestas callejeras, urdieron el burdo esquema de citar a los afectados a las oficinas de la secretaría de educación, para la entrega de facturas y convenios que jamás iban a cubrir. Experto en golpes bajos, Camacho le sacó a Gallardo el cargo de directora del archivo histórico para su hija, Yolanda Camacho, también experta en brincar en cargos burocráticos, ya que antes fue comisionada del comité de garantía de acceso a los informes públicos, donde siempre ocultó datos a los ciudadanos, para confabularse con los funcionarios. También pasó por el Instituto Estatal de Migración y es catedrática de la universidad autónoma. Suplió en el cargo al ariete político del gobernador, el herrero Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”.     

Gallardo quedó en evidencia del contubernio que guarda con Carreras, cuando fue liberada Mónica Rangel, acusada de un desfalco que supera los mil millones de pesos y apenas le reclamaron 22 millones 42 mil pesos, que cubrió en abonos con otros 4 cómplices. Entonces se enfocó en el responsable directo de su captura, el ex gobernador Fernando Toranzo, al que tildó de encabezar “el peor y más corrupto” mandato que ha tenido San Luis Potosí. “Cometió abusos terribles, más lesivos que los de Carreras. Mayores fraudes, robos y saqueos. Y habrá de pagar”. Resaltó que tiene 25 denuncias contra ex funcionarios, pero serán más, ya que, “donde se levanta algo, sale pus”, con lo que ilustró los daños patrimoniales. Aludió a los invernaderos de Santa Rita, “la caja chica de otros sexenios. Con descaro, realizaron grandes proyectos inmobiliarios en otros estados, por lo que son muchos los ex servidores públicos, algunos aún en funciones, que serán procesados por la ley”. Expuso que varios colaboradores de Carreras, especularon con terrenos que compraron en Querétaro, Santa Rita y Villa de Arista, por lo que serán castigados.

El secretario de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, sin dar nombres, denunció los saqueos que pueden alcanzar a los ex gobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras. Sus antecesores en el cargo, Ramiro Robledo y Fernando Chávez, actual secretario del ayuntamiento de la capital. Los ex titulares de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores y Macrina Martínez Pozos y los contratistas a los que se asignaron los trabajos. Interpuso una querella en la fiscalía por los posibles delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Destacó que en la entrega-recepción, se detectaron anomalías en los contratos y gastos del transporte denominado Red Metro, que consiste en “dos corredores de transporte masivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí”. El gasto  estimado fue de 640 millones de pesos.

Relató que desde el 2010, el gobierno estatal realizó gestiones para obtener financiamiento y ejecutar las obras. Obtuvo dos fideicomisos de 15 y 166 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios. Se acordó hacer aportaciones de la hacienda estatal para concretar los planes. La denominada “Red Metro” o “Metrobús”, tenía como objetivo, hacer una nueva variante de transporte masivo que habita la zona metropolitana. Implicó realizar diversas obras, vialidades, corredores especiales para el paso de los autobuses, terminales de transferencia, señalética, paradores, infraestructura peatonal y comprar unidades denominadas Bus Rapid Traficc. Pero no había expedientes técnicos completos. Se autorizó el pago total contratado. No hubo avances, lo que supone manejos irregulares de los gastos. Al realizar un chequeo físico, se encontró que no hay el carril destinado para el tránsito de los camiones.

El notario con licencia expuso que Gallardo será implacable al defender el patrimonio de los potosinos, para lograr un cambio verdadero. Insistió en los 170 millones de pesos iniciales para la magna obra, donde apenas se usaron de 30 a 40 y no existen vestigios. Ubicó como principal defraudador al ex titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens. “Creo que va a empezar a dormir mal, ante los señalamientos de la Red Metro, la cual entregó incompleta, solo con una camión en funciones, sin darle continuidad a largo plazo”. Serrato interpuso otra demanda por los manejos indebidos en la red de telecomunicaciones y miles de tarjetas de prepago durante la pandemia. Las empresas que operan las plataformas, despojan de su dinero a los usuarios. Propuso al congreso del estado, una reforma para que el gobierno regule el sistema de cuotas en el transporte público.

Crear una tarjeta única para cubrir el servicio, en cualquier modalidad. “Buscamos un pase de transporte general, para subir a un camión o taxi en las cercanías de los municipios. No es muy costoso, no afectará al erario. Además, ya existe en otros lugares del mundo. Hay mucha rata metida que se roban los centavos. Son las empresas tecnológicas que le ponen unos algoritmos para defraudar”. El mismo Gallardo Cardona resaltó que “que en el tema del Metrobús, hay un fuerte robo en despoblado de la maldita herencia. Se gastaron más de 170 millones de pesos, de los cuales sólo comprobaron 20. Se robaron más de 50 millones de pesos. Saquearon otros 68 millones del gobierno estatal. Lo peor es que tuvieron el descaro de meter ampliaciones de obra por 48 millones de pesos más”.

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El ineficaz grupo de vigilancia llamado los “Guarda parques”

Para completar su acometida, después de las remodelaciones del parque Tangamanga uno, que costaron a los potosinos 200 millones de pesos, erogados en la completa oscuridad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció un nuevo cuerpo de seguridad para el recinto, llamado “Guarda parques”. Tendrán la encomienda de brindar seguridad a los visitantes. En el anuncio del nuevo cuerpo, se expuso que tendrán vehículos y personal capacitado, que estarán atentos para vigilar a los miles de visitantes que acuden diario a ejercitarse.

En el boletín informativo, se expuso que buscan actualizar los modelos preventivos en los centros de diversión, entretenimiento y recreación social. Sin embargo, la figura de los “Guarda parques”, solo se expone en el discurso. En la práctica, no tiene sustento legal. Se trata sólo de un cambio de imagen y nombre de la antigua guardia encargada de vigilar las instalaciones. No es un grupo reciente, con estrategias propias.

Con el fin de conocer los detalles del nuevo ente, se dirigió una solicitud de datos con el folio 240467522000021 a los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga uno y dos. Se requirió número de unidades y elementos. Si fueron compradas, las rentan, tipo de carros y si los integrantes del grupo, se incorporaron hace poco a las filas de seguridad pública.

En respuesta, el Cecurt se reservó los informes respecto a cuántos elementos integran los “Guarda parques” y el número de carros que integran la flotilla. Pretextaron que se trata de “un dato sensible, que vulnera la seguridad y protección del parque”.

Dijeron que los integrantes, ya se dedicaban a labores de vigilancia, pero se suman nuevos elementos, que provienen de otras corporaciones. Respecto a los vehículos, aclaran que salieron de otras dependencias. Se trata de unidades tipo sedán, camionetas tipo pick up, motocicletas y cuadruners. Con la respuesta del Cecurt, se contradice lo dicho por Gallardo, quien fanfarroneó, se trata un nuevo grupo especial. Usó un nombre rimbombante, cuando es un equipo ya usado.

No obstante, ha resultado ineficaz para combatir los constantes incidentes de violencia que se registran dentro del parque, donde los usuarios se quejan de haber sido víctimas de la delincuencia. Han tenido que suplir al pomposo grupo, que no acude cuando se le requiere. El 23 de mayo, un joven parroquiano frustró el asalto a una fémina, a la que quitaron el celular. La historia fue publicada en las redes sociales del personaje que impidió el atraco.

“La neta, comparto el tema porque ayer que acudí a rodar al parque Tangamanga, escuché gritar a una chava, pedía ayuda porque la habían asaltado. Vi a dos cabrones que corrían.  La verdad se me salió el barrio, los perseguí en la bici, sólo alcancé a uno, pero le partí toda su madre. Me da un chino de coraje. La mujer venía sola y lloraba. Mañana podría ser mi mamá, hermana o amigas. Porfa, cuídense mucho y salgan armadas. Pasó a las 10 de la noche, por la avenida del parque, hacia el primer estacionamiento”. Pese a los “Guarda parques”, la seguridad para los asistentes al Tangamanga, no se ha podido garantizar. Resalta la estrategia fallida ante el hueco alarde de Gallardo.

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Gallardo anuncia que el próximo año hará las obras que les tocan a los alcaldes

Aunque en los hechos ya lo hace y sin importarle que puede violentar el artículo 115 constitucional, que concede plena autonomía a los ayuntamientos en el manejo de sus finanzas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que ante el manejo irregular de los recursos por parte de los alcaldes, comenzará a intervenir en las obras municipales el próximo año. Sin embargo, ya se sabe que cooptó a 16 ediles que ganaron con otras siglas, para llevarlos al Verde Ecologista, con la engañifa de darles mayores fondos. Cuando ya los doblegó, les dice que los ayudará con obras públicas boyantes, pero las habrá de ejecutar con su grupo de contratistas privilegiados, con lo que afecta a sus súbitos y molestos aliados.

Gallardo alardeó: «los vamos a ir a rescatar, la siguiente fase sería tener municipios completos con inversiones estatales al 100%». No obstante la entrega de las participaciones para ejecutar los trabajos colectivos, “a veces a los presidentes no les alcanza o hacen mal uso del dinero”. Es por lo que ejecutará las obras que no se lleven a cabo. Además, la ciudadanía se lo exige. «Todos los días me escriben mil personas, piden que vaya a tapar una alcantarilla, cuando no es un tema del estado.

Es del municipio, pero son omisos”. Resaltó que “le da recursos a los municipios” para que hagan las obras que hacen falta. “Pero como no se realizan, el próximo año las haremos nosotros”. Expuso que hasta el momento, ha cumplido con el 80% de los compromisos de campaña. Pero aún le hace falta construir cinco hospitales. El primero comenzará el próximo diciembre, en Rioverde. No dijo que son proyectos que contempla el gobierno federal, ya antes anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. «Fue un compromiso tener cinco hospitales nuevos, al 100%».

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Sólo 4 de 27 diputados, obtienen notas aprobatorias, en el tercer trimestre de actividades

Solo 4 de los 27 diputados de la actual legislatura, obtienen una nota arriba de 6, al ser evaluados en el tercer trimestre, por la agrupación Colegio Calificado, que preside el litigante José Mario de la Garza Marroquín. La eficacia legislativa es de un 33.5%, con 106 iniciativas aprobadas y una sola ley. El que junta mejor puntaje es el diputado Eloy Franklín Sarabia, del Partido Verde Ecologista, con un 7.72%. Cruzan panzazo, la legisladora Emana Idalia Saldaña Guerrero, de Movimiento Ciudadano, con un 6.90. José Antonio Lorca, de Morena, sacó 6.30. Alejandro Leal Tovías, del PRI, alcanzó un 6.25.El número más bajo lo obtuvo el diputado Mauricio Ramírez Konsihi, recién emigrado del PRI a Movimiento Ciudadano, con menos 2.50. Los otros tres con calificaciones de ínfimas son René Oyarvide, del Verde, con menos 2.02. María Claudia Tristán, de Nueva Alianza, con meno 0.50 y Edgar Alejandro Anaya, del Verde, con menos 0.40. Destacaron como los diputados más faltistas, con tres inasistencias cada uno, Cinthya Segovia, Mauricio Ramírez Konihsi y la legisladora del PAN, Bernarda Reyes.

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Coedessa, constructora predilecta del sexenio

El gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, en los primeros meses, se ha caracterizado por conducirse con nula transparencia en el manejo del erario. Junto con la secretaria de desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, Isabel Leticia Vargas Tinajero, violentan las normas en su beneficio. Se confabulan para favorecer a ultranza a la constructora Coedessa, que se perfila como la firma del sexenio, la que tendrá los contratos más boyantes sin licitar, en perjuicio de miles de pequeños y medianos empresarios que serán desplazados sin darles la mínima alternativa para competir.

En los primeros 7 meses del nuevo mandato, Coedessa recibió 7 contratos de obra , una por mes, según datos de la misma Seduvop, a través de una solicitud de datos con folio 240470322000069 que solicitó La Noticia. “En cuanto a lo pedido, correspondiente a la empresa Coedessa, se informa que de octubre de 2021 a abril de 2022, después de realizar una búsqueda dentro de los archivos físicos y digitales de la dirección a mi cargo, se cuenta con 7 procesos con la empresa referida”.

Se requirió, expusieran y detallaran en qué consisten las obras adjudicadas a la firma, montos y forma del concurso. La dependencia omitió la exigencia. En la primera obra donde la empresa se vio beneficiada, fue en las remodelaciones del parque Tangamanga uno, donde el gobierno estatal gastó 200 millones de pesos.

Ante la insistencia por conocer los detalles, la Seduvop, a través de la solicitud con folio 240470322000048, facilitó informes parciales. “En cuanto a los datos solicitados, se informa lo siguiente. La obra fue adjudicada mediante invitación restringida. Las avenidas rehabilitadas son Álamos, Calzada de la Troje, área de estacionamientos, Avenida Troje Acceso Sur, área de estacionamiento del Circuito Álamos, Avenida del Lago y Circuito la Oreja, áreas de estacionamientos, Circuito Artesanías, áreas de estacionamientos, Circuito Álamos, Avenida Laberinto, área de estacionamiento, todas pertenecientes al Centro Estatal de Cultura y Recreación, Carlos Jonguitud Barrios, parque Tangamanga uno”.

Pero no entregaron datos de las empresas ganadoras del re encarpetado y el costo. Entonces se decidió investigar directo en las instalaciones del Tangamanga. Se constató que al menos, 10 constructoras participaron en las remodelaciones. Los trabajos del re encarpetado de las avenidas los hizo Coedessa y dos socios cercanos. Coedessa, con sede en Matehuala, tiene como administrador único a Julián Espinosa Sánchez. La otra empresa es Caminos y Pavimentos de Matehuala. Los administradores son Víctor Manuel López Angulo y Rafael Espinosa Sánchez, quien tiene parentesco con Julián Espinosa Sánchez, de Coedessa. En una asamblea del 29 de noviembre del 2021, Rafael Espinosa Sánchez, vendió en 50 mil pesos, sus acciones de Caminos y Pavimentos de Matehuala a Julio César Mendoza Coronado. Para entonces, las obras del Tangamanga tenían casi dos meses de haber iniciado.

La tercera firma es Triaco, Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, con sede también en Matehuala. Aparecen como socios, Sonia Paloma Espinosa Mendoza y Sonia Mendoza Zavala, hija y esposa de Julián Espinosa Sánchez, quien dirige Coedessa. En la última asamblea de Triaco, Sonia Mendoza Zavala aparece como administradora única. En síntesis, la Seduvop favoreció con los trabajos de vialidades, a tres empresas distintas, con vínculos familiares. Al concluir el rehabilitado del parque Tangamanga, Isabel Vargas Tinajero confirmó que se adjudicaron trabajos del recinto a 3 empresas con vínculos familiares. Se rehusó a declarar los montos que obtuvieron. En su página de Facebook, Coedessa expone fotografías donde se ve maquinaria de la empresa en el Tangamanga. Cuando se acudió a las obras a solicitar datos, los trabajadores expusieron que tenían instrucciones directas de la Seduvop de no hablar.

Otra obra donde se vio beneficiada Coedessa por parte de la Seduvop es el rehabilitado de la avenida Fray Diego de la Magdalena, etapa uno, lateral sur, en el tramo Vasco de Quiroga a Hernán Cortés, donde se destinó un gasto de 10 millones 398 mil pesos. Volvió a prevalecer el ocultamiento de informes. Al iniciar las labores, se hizo la solicitud de datos a través del folio 240470322000050. “Los trabajos realizados corresponden al rehabilitado de pavimento, bacheo superficial aislado y arreglo de guarniciones”. Ante la negativa a informar lo requerido, se hizo una pesquisa de campo. Los técnicos dijeron que la constructora encargada era Coedessa, hasta entonces, la única beneficiada. Se constató que la empresa de Matehuala fue la elegida por sus nexos de amistad o políticos, ya que la maquinaria portaba los logotipos que la identifican.

Trabajos en Fray Diego de la Magdalena

A la compañía oriunda del altiplano, también la beneficiaron con el rehabilitado del periférico Rocha Codero, ahora llamado Circuito Potosí. Fue beneficiada con un contrato de 61 millones de pesos, por reconstruir el anillo del kilómetro 13 al 17. La Seduvop le adjudicó el contrato con el argumento de que la propuesta de la firma se adecuaba más en el costo-beneficio. No tomaron en cuenta que otras 10 constructoras hicieron propuestas inferiores en los costos.

Hasta ahora solo se conoce la injerencia de Coedessa en tres obras, pero se ignoran los montos adjudicados en las 4 restantes. Aunque Gallardo Cardona alardea combatir la “herencia maldita” de los anteriores sexenios, lo que generó una crisis en todos los ámbitos en la entidad, en los hechos es cómplice, ya que repite los mismos esquemas de corruptelas, al favorecer a su empresa predilecta, Coedessa, acusada de malos manejos en otras ocasiones.

Coedessa, Triaco, Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, fueron señaladas por el titular de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, de incumplir los contratos en  las obras de la Red Metro, en el mandato de Juan Manuel Carreras López. Coedessa obtuvo por si sola, 13 millones 864 mil 568 pesos. En conjunto, Coedessa y Triaco, recibieron 17 millones 572 mil 804 pesos. A la empresa de Matehuala le entregaron los trabajos del tramo 2 del carril confinado, del eje 124 al 128. Fue acusada además, de dejar inconclusa, la presa La Maroma, donde se invirtieron 189 millones de pesos. El diario Astrolabio denunció que el diputado federal, Alejandro Segovia Hernández, facturó a través de Coedessa, 104 mil pesos por el presunto arrendamiento de una camioneta, que la constructora negó.

La funcionaria Isabel Leticia Vargas Tinajero, es un ícono de la “herencia maldita”, ya que en la etapa del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, destinaron más de 106  millones de pesos para rehabilitar Fray Diego de la Magdalena, donde incluyeron construir un puente deprimido, pero jamás colocaron un ladrillo. El atraco lo hizo en contubernio con su directora de obras, Vargas Tinajero, que ahora se presta a hacer la misma jugarreta, pero en un cargo estatal. Gallardo Cardona busca blindar a su progenitor y colaboradora, que usa de comparsa para ocultar los despilfarros de la hacienda pública.

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Los niños y jóvenes, la esperanza para reducir la violencia criminal contra las mujeres

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, afirmó que para disminuir en forma significativa los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres, es necesario atacar el problema con medidas preventivas, campañas para concientizar a través de las escuelas, porque los niños y jóvenes, son los que pueden cambiar la cultura machista que persiste en todos los sectores. Pero está más arraigada en comunidades rurales e indígenas. Otro factor primordial para frenar la violencia femenina y doméstica, es darles opciones en actividades productivas. Cuando las mujeres cuentan con sus propios ingresos, es más fácil salirse del círculo negativo y el miedo no las atrapa, porque saben cómo evadirse. Añadió que como parte de la agenda de género que impulsa en el congreso, presentó una iniciativa para iniciar la entrega de cuadernillos informativos en la primaria, donde se puede lograr un cambio, pues las personas adultas, tienen creencias muy arraigadas y es difícil que las cambien.

Aseguró que el estado ha sido ineficaz para contener la violencia contra las mujeres, pues no existen ni siquiera los albergues suficientes para proteger a las víctimas, cuando se deciden denunciar. Terminan por regresar a sus casas, donde enfrentan a un agresor más violento. “Poco ayuda aprobar leyes para castigar con mayores penas a los agresores, cuando no se ventilan los problemas. Es sorprendente, haya hombres que no sepan las consecuencias de violentar a una mujer. No obstante las penas, imaginan que están en su derecho de maltratarla porque es su esposa o madre de sus hijos. Falta emprender campañas agresivas para hacerlos entender o de lo contrario, sólo contenemos, no se ataca el problema”.

Martínez destacó que la impunidad para castigar el delito y las conductas misóginas que existen en los funcionarios encargados de aplicar la justicia y atender las denuncias de violencia, impiden que haya más quejas. Las estadísticas que se conocen, no reflejan la realidad. La diputada preside la cartera de derechos humanos. Aseguró que su tarea como mujer en la política, es desempeñar el cargo de manera responsable y velar por que siempre se legisle con perspectiva de género. Tiene 30 iniciativas, de las cuales, se le han aprobado 6. Entre las que cuales destacó la relativa a la violencia vicaria, por lo que se busca crear una ley que apoye a los cuidadores de personas con discapacidades y adultos mayores. Suplen una función que corresponde al estado.

La violencia vicaria es la que se ejerce contra la mujer a través de los hijos. La ejecutan los esposos o ex parejas, cuando existe el divorcio y buscan a toda afectarla. En casos extremos, hay hombres que recurren al secuestro de los niños. Los sacan del colegio, los manipulan para ponerlos en contra de su madre, todo con el objetivo de causar el mayor daño posible. “La gran mayoría de los hombres que someten a las mujeres al maltrato, lo hacen como una especie de venganza. No porque les interese el bienestar de la familia. No son padres responsables, pues a los hijos, los dejan a cargo de las abuelas, tías u otros parientes. En tales casos, las mujeres se pasan la vida en los juzgados. Conozco casos de madres que tienen hasta 10 años que no pueden ver a sus  hijos, porque los sustrae el padre y se los lleva al extranjero”.

En el caso de los cuidadores de adultos mayores, viven situaciones laborales terribles. La iniciativa, busca acreditarlos para que reciban apoyos del estado. Se pretende que los estudiantes de enfermería, medicina, nutrición y otras áreas afines, realicen el servicio social en las casas donde existan personas necesitadas de cuidados permanentes. Y que alguna institución o empresa, les firmen sus prácticas, lo que les ayudaría a tener un descanso, que es un derecho.

La diputada Martínez Larraga, que llegó al congreso  través del Partido Redes Sociales Progresista, ha propuesto varios puntos de acuerdo. Uno, para demandar al ejecutivo, que a través de la secretaría de salud, se implemente un plan urgente que mejore las condiciones de las clínicas que en varios puntos del estado, se encuentran en pésimas condiciones. Exige se les dote de medicamentos. Indicó que la salud es un derecho fundamental que debe garantizar el gobierno. Priorizar y atender sin excusas, que corresponde al mando federal o que la “herencia maldita” lo dejó sin recursos. Persistirá en el tema hasta que se le escuche, atiendan las necesidades, ya que están olvidada. A veces no cuentan ni con un paracetamol.

“La salud debe estar por encima de cualquier obra de infraestructura o fiesta. Es muy triste ver que la gente sin recursos, de comunidades alejadas, las envían atenderse al Hospital Central, cuando no tienen para el pasaje. Me criticaron por oponerme contra de la gratitud de las placas y licencias, que tienen un costo para el gobierno, arriba de los 700 pesos. Pero si comparamos cuanto le cuesta a una persona, de una comunidad de Tamazunchale, Ébano o Tamuín, venir a atenderse al nosocomio, es una cantidad mayor”.

                Otro punto de acuerdo que presentó en días recientes, busca defender los derechos agrarios de las mujeres en el campo. Es un tema que nadie voltea a ver, existe gran inequidad, pues en una gran mayoría, son hombres a los que el Registro Agrario Nacional reconoce sus derechos. “Nadie las ayuda, no tienen opciones de conseguir quién las asesore o venir a las oficinas de la dependencia a arreglar su asunto. Nos corresponde como legisladoras, pugnar, se proteja a la mujer en todos los segmentos, en materia de desarrollo económico. Presenté 4 iniciativas, una para que la Asociación de Mujeres Empresarias, sean parte del  Consejo de Desarrollo Económico, de nada sirve que sólo salgan en la foto, si las excluyen en la toma de decisiones. Más del 50% del país, somos mujeres productivas, pagamos impuestos. Tenemos que estar en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Necesitamos decidir y opinar dónde se aplique el presupuesto. No se había mirado la arista, por lo que prevalece el Club de Tobi. Mientras no se exija en una ley, no se nos tomará en cuenta. Seguirá la misma tendencia de exclusiones. Las mujeres debemos estar en el diseño de la política pública”.

Destacó que de las 30 iniciativas que tiene en su agenda de género, 7 las elaboró a partir de las propuestas que se obtuvieron en el parlamento de mujeres realizado hace dos meses. Las hicieron las participantes en forma individual o los colectivos con los que trabajará de la mano. El compromiso es sacar leyes estructuradas, donde se incorporen opiniones técnicas de quiénes las van aplicar. Para la norma vicaria, se solicitó la opinión a la Fiscalía del Estado, al Tribunal Judicial, al Instituto Nacional Electoral y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aunque en el congreso transita sola, sin bancada que la respalde, ha encontrado apertura entre sus compañeros para abordar los temas de sus iniciativas. Y en los asuntos de género, ha tenido apoyo de las legisladoras a las que les insiste, hacer un boque solidario, sin importar banderas políticas o ideológicas.

En materia educativa, Martínez señaló que ha presentado varios exhortos a la secretaría del ramo, para mejorar las condiciones de las escuelas, sobre todo, en las comunidades indígenas, que son terribles. Busca que los niños y jóvenes, tengan la esperanza de estudiar la secundaria y prepa. La mayoría apenas concluyen la primaria y se acaba su esperanza de vida. “Los veo y me pregunto ¿qué puede soñar un niño en tales condiciones? ¿Los van a casar a los 12 años o se irán a trabajar a la pizca? Es importante ver a nuestras infancias, todavía existe mucho rezago. Prevalece el alcoholismo a temprana edad, hay maltrato a las mujeres y niños, que se acentuó con la pandemia, el incesto y embarazos prematuros”.

“Tenemos que trabajar cada uno, desde nuestras trincheras. Las mujeres, elevar su autoestima. Enseñar a las niñas que pueden desarrollarse en cualquier espacio, ya que valen, pueden acceder a otras opciones. Y si deciden casarse, lo hagan con conciencia. Debemos aprender a romper las creencias machistas que aprendimos en la casa o entorno. Desterrar las frases de mandilón. Como manejadora del lenguaje, me doy cuenta del poder que tienen los conceptos. Las mamás somos las que educamos a los hijos machistas. Para romper los ciclos, debemos apostarle a las generaciones tempranas”.

La legisladora calificó como una incongruencia, por parte de la autoridad electoral, les hayan quitado el registro estatal como partido político a Redes Sociales Progresistas. Alegaron falta de representatividad, cuando es diputada. El mismo organismo le entregó la constancia. Señaló que el retiro del registro, se impugnó hasta la última instancia, en la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y confirmó el fallo en su contra, el pasado 11 de mayo. Son cuestiones legales ya inapelables. Continuarán como movimiento activo, porque la gente los sigue con o sin partido.  No van a tirar la toalla y el espíritu que imprimió su cónyuge, José Luis Romero, El Tecmol, con su campaña a gobernador, resultó un fenómeno que sigue vigente.

Los objetivos con los que surgió la lucha, de buscar el emprendimiento, estar en contra de la dádiva, los excesos de gastos en propaganda y apostarle a la chamaba para convencer con el proyecto político, son los mismos que los habrán de impulsar como Movimiento Revolucionario Social Progresista. Añadió que como legisladora, sigue comprometida para responderle a la gente que les dio su confianza. Los comités que formaron, continúan abiertos, irán hasta donde tope para hacer una política ciudadana, de tierra y muy humana. Precisó que en el corto tiempo, no se unirán a otra partido o bancada en el congreso. Y contrario a lo que se pueda imaginar, en la reforma a la ley estatal electoral, están a favor de que se incremente el porcentaje de votos requeridos para conformar un partido. Los que aspiren a conseguirlo, deben trabajar y convencer a los ciudadanos. 

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Ramírez Alfaro anuncia que el nuevo San Luis, se ubica rumbo al aeropuerto Ponciano Arriaga, en las zonas no delegacionales

El ex candidato a gobernador por la vía independiente, el litigante Antonio Ramírez Alfaro, asegura que la solución para resolver el desabasto y escasez de agua en la capital y la zona metropolitana,  los próximos 30 años, consiste en construir dos presas al poniente de la ciudad. Una ubicada cerca de la comunidad La Maroma. Otra en la congregación de Escalerillas, donde se tienen los escurrimientos más grandes en la temporada de lluvias. Lo que le permite a la presa del Peaje, captar afluentes, pero una gran parte se desperdicia por las fisuras que tiene.

Afirmó que el proyecto sustentable y validado por expertos, se lo presentó al ex gobernador Juan Manuel Carreras López. No se pudo realizar en gran medida por la incompetencia del ex director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar. “Al contar con dos represas, se podrá almacenar el líquido excedente que se tira por el río Santiago. Con tales obras, se garantiza el servicio básico a la ciudadanía y se podrían bajar los costos de las tarifas domiciliarias. Se debe buscar una salida de fondo ante los constantes tandeos, por las fallas frecuentes que tiene el acueducto del Realito”.

Señaló que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, deben entender que la solución no se encuentra en perforar más pozos o darle mantenimiento a los existentes, pues el acuífero se encuentra sobreexplotado. Se refleja en  las grietas de las calles y casas. Afirmó que con las nuevas presas, se almacenaría tres veces más de lo que tiene la presa de San José y el costo para construirlas no será exorbitante.

Lamentó que la gente tenga que recurrir a manifestaciones para ser atendida, por la falta de agua, que hoy se ha convertido en el bien más preciado. “Las trabas son recurrentes, pero los costos en el recibo no bajan. Al contrario, agregaron un rubro por mantener tubos y cañerías. Sabemos que al no proporcionar un servicio que se estipula en el contrato, es causal de nulidad”. 

“No debemos olvidar lo mal administrado que ha estado el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas. Nunca habrá suficiente dinero que alcance. No soluciona las fugas, robos clandestinos y no obliga a los grandes empresarios a pagar. Falta aplicar mano dura contra los deudores y no cargarle los errores al jodido. Por encima de todo se encuentra el agua, sin la cual no hay vida. Necesitamos gobiernos más humanista,  que cuiden y protejan el medio ambiente. No populistas que dan pan y circo al pueblo. En lugar de brindarle agua, trabajo, comida y seguridad”.

“Las autoridades deben ser visionarias, pero en su mayoría, vemos funcionarios tecnócratas, que se la pasan detrás de un escritorio. No conocen el mundo real, lo hacen todo por internet. No hay que repartir despensas o dádivas, ya que se fomenta la dependencia y la flojera. Hay que promover empleos productivos Los proyectos de gobierno, deben encaminarse a hacer de San Luis, lo que era hace 20 años, el mejor estado del centro de la república. Hoy es el pato feo en economía y desarrollo. Se habla de la nueva Guardia Civil, para cambiarle el nombre a la dependencia. Hay que atacar el problema de raíz y depurar las corporaciones”.

“La delincuencia sigue galopante, no hay autoridad que tenga una estrategia adecuada para contenerla y reducirla. Creímos que el alcalde de la capital, Enrique Galindo, por su experiencia en diversas corporaciones policiacas, tendría un 10 en la materia. Pero ha sido toda una ironía. Hay que darle el beneficio de la duda, pero debe aplicarse a fondo, extirpar el cáncer que hay en las fuerzas públicas. Necesitamos gobernantes con creatividad, amor y conocimientos necesarios. Con moral y honor para sacar al estado del retraso en que se encuentra. No nos podemos comparar con Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, en constante crecimiento”.

Ramírez refirió que con la declaratoria de área natural protegida, que aprobó el gobierno federal, respecto a la  sierra de San Miguelito, se habrá de encarecer la tierra. Truncan el desarrollo de la llamada zona diamante, que se ubica hacia poniente de la ciudad. “Ahora los grandes desarrolladores habitacionales y traficantes de tierra, voltearon rumbo al aeropuerto Ponciano Arriaga, donde  pretenden crear el nuevo San Luis. Hay de 4 a 5 mil hectáreas. Las tenían determinadas como áreas no delegacionales. Le van a cambiar el uso del suelo muy pronto”.

Opinó que la captura y luego libertad de la ex secretaría de salud, Mónica Liliana Rangel, fue solo un caso de justicia mediática, “para taparle el ojo al macho y darle atole con el dedo a los potosinos. Los 22 millones de pesos que pagó la ex funcionaria, contra los más de mil 500 millones que se llevó por desfalcos, son una minucia. Se aplicó la ley, pero no hubo justicia”. Censuró que el nuevo sistema penal acusatorio, esté peor que el antiguo. Propicia infractores inocentes. Afecta a personas que a veces no son culpables y no tienen compadrazgos ni recursos para defenderse.

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En Soledad, para no informar sobre la compra de 40 patrullas, ponen como pretexto, que son datos reservados y confidenciales

Con el objetivo de reforzar la vigilancia en Soledad, la alcalde Leonor Noyola Cervantes, entregó 40 nuevas patrullas, con un gasto de 26 millones de pesos de aportaciones federales. En el acto protocolario, la acompañó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien resaltó, “es parte del empeño del ejecutivo para fortalecer la seguridad en los 58 municipios del estado”.

Noyola indicó que los vehículos adquiridos, son unidades modelo 2023, tipo pick up, Crew 2.4, las cuales están equipadas con torreta, tablero de control, sirena, bocina y banca trasera. Apegada al estilo de ocultar datos, conducta que ha permeado en Soledad desde hace 5 administraciones, la edil no reveló los detalles sobre la compra de unidades ni a qué empresa se adquirieron y tipo de concurso, entre otros aspectos que por ley debe aclarar.

Ante la negativa de informar sobre el tema, se hizo la solicitud de datos 240475022000082 dirigida al ayuntamiento. Se pidieron pormenores de la compra, montos totales del nuevo parque vehicular, costo individual de cada patrulla, forma de concurso, empresa o persona física a la que adquirieron las 40 unidades y copia del convenio.

La respuesta fue tajante, los datos se ubicaron como reservados y confidenciales. “Los informes a los que desea acceder el solicitante, relativa al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, adquirido durante el 2022, es de carácter reservada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece como figuras de dispensa al derecho de acceso a la información pública, las de carácter reservada y confidencial”.

El ayuntamiento se excusó con el pretexto de no comprometer la seguridad pública, “ya que está vinculada con las funciones a cargo del ente público, tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, como el mantenimiento del orden público, cuya difusión podría comprometer la seguridad colectiva”.

Noyola Cervantes, como sus antecesores, insiste en violentar el mínimo derecho de acceso a los datos públicos. En 8 meses de gestiones, no ha trasparentado el mínimo gasto que ha manejado. Se atiene a que nadie la castigará por su conducta evasiva.

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Aunque Gallardo alardeó que Magneto se presentó gratis en el Tangamanga, le costó a los potosinos casi 2 millones de pesos

Para sellar las remodelaciones del Teatro de la Ciudad en el parque Tangamanga uno, que tienen plasmadas el sello de la nula trasparencia al ejecutar las obras, ya que se desconoce el costo de los trabajos, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el primero en presentarse, sería el grupo musical de los noventas, Magneto, que tuvo dos actuaciones, el jueves 26 de mayo y el viernes 27.

En su rol mesiánico, el mandatario alardeó que el concierto sería totalmente gratis para los asistentes. Señaló que se regalaron más de 10 mil boletos. La dinámica para conseguirlos, consistió en presentarse en las instalaciones del palacio de gobierno o el parque Tangamanga uno, con algún objeto, disco, poster, prenda o foto del grupo Magneto.

Sin dejar de lado el acendrado protagonismo, dio a conocer otra alternativa para adquirir los pases: debían llevar una placa donde aparecieran con su gobernador. La presunta gratuidad fue un engaño. La Noticia, a través de una solicitud de datos, con folio 240467522000034, constató que la presencia de Magneto se pagó con recursos públicos. Le costó a los potosinos un millón 878 mil pesos. El acto inaugural ascendió a 950 mil pesos. La segunda jornada se tasó en 928 mil pesos. La empresa encargada de contratar a los cantantes fue Equs, originaria de Guanajuato, que también promueve otras figuras en su respectiva feria nacional.