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Algunas explicaciones teóricas respecto al ambiguo concepto “herencia maldita”

Hay incontables elementos que pintan al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona como el alumno más avanzado del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Igual que su mentor, consiguió tener bajo su férula los demás poderes. Si Morena ganó más de 20 gubernaturas, el mandatario tiene bajo su férula arriba de 30 ayuntamientos.

El ex presidente creó la frase “mafia del poder”, para aludir a sus antecesores, coludidos con las élites financieras, que durante décadas, se beneficiaron del erario y se volvieron expertos en fraudes electorales de estado. Nadie les ganaba una contienda.

Para no quedarse atrás, quizás Gallardo copió el lema de batalla, “herencia maldita”, en algún Libro Vaquero que tuvo en las manos de forma casual. O tal vez de una TV Notas que alguien le prestó y jamás regresó.

No se descarta que haya visto algún grafiti en una colonia de la periferia. O entrado a un sanitario de la central camionera, donde se barnizó de un halo de cultura popular. Tanto usa la referencia que ya la volvió estribillo. La utiliza para tildar de mega corruptos a los ex gobernadores Horacio Sánchez Unzueta, Fernando Silva Nieto, Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras.

Pero ni todos juntos han cometido los latrocinios que acumula y lo ubican como uno de los funcionarios más ricos de San Luis de los últimos 30 años.

Pero Gallardo es hijo putativo de la maraña que denosta. Gracias a sus directrices, consejas y respaldos económicos, pudo escalar a donde se encuentra. Trata de emular al maximato Sánchez Unzueta, que lo sacó de los sótanos del anonimato, con el que luego se distanció, cuando optó aliarse a un grupo criminal.

Toranzo pulverizó al PRI en Soledad, para que el dueto integrado por el actual ejecutivo y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, se colaran sin el mínimo problema.

Carreras, además de deberle al binomio una factura por hacerlo ganar con fraude, con el terror encima, se negó meter a la cárcel al ahora diputado federal, quién como alcalde de la capital, cometió peculados por al menos 3 mil millones de pesos.

Al hacer equipo con personajes desprestigiados como el diputado federal, Óscar Bautista, ex líder estatal de la CNC, escupe para arriba. En los hechos, Gallardo es el jefe absoluto y único de la “herencia maldita”, de la que tanto reniega.

Los resortes que inspiran y mueven a Gallardo Cardona

Antes, en un medio informativo local, Gallardo Cardona, inspirado, molesto, altanero, mesiánico, soez, vil, se atrevió a mostrar, sin tapujos, abierto a los cuatro vientos, el resorte, el nervio, el gran motivo que impulsa cada acto atrabiliario y prepotente de su actuar, por mínimo e intrascendente que parezca: sus «huevos».

Ahora repite el esquema ideológico, cultural, intelectual, para imponer, contra el rechazo de la mayoría de los potosinos, por la vía “jurídica”, a través de un decretazo, a su cónyuge, la senadora del Verde Ecologista, Ruth González Silva, que también mimética, ya maneja, no soltarán la chequera los próximos 50 años.

  La amenaza frontal y pública contra Juan Manuel Carreras

En un “discurso” histórico pronunciado en la Plaza de los Fundadores, el ahora diputado federal del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Juárez, se lanzó a la yugular del entonces gobernador, Juan Manuel Carreras, para amenazarlo de que se lo iba a cargar “la chingada”, si se atrevía hacerle fraude a su hijo, José Ricardo Gallardo Cardona, en la antesala de recibir la constancia del triunfo por el Consejo Estatal Electoral.

El doctor en derecho pudo fajarse los pantalones y declarar que sus detractores habían ganado con fraude y encerrar al flamígero atacante, al haber cometido peculados por más de 3 mil millones de pesos, en la etapa de alcalde de la capital.

Gallardo recordó que antes se dobló cuando buscó reelegirse, por órdenes supremas y le dejó el camino libre a su oponente Xavier Nava Palacios, con lo que puso en duda su triunfo legal.

También arremetió contra el actual alcalde, Enrique Galindo, al decir que se impuso con triquiñuelas, por lo que iban a combatirlo, para que se respetara el gane del explosivo tribuno y notario público, Leonel Serrato Sánchez.

En su reciente cumpleaños, el hijo lo pontificó solemne. “Quiero felicitar a un gran hombre del que me siento orgulloso. Gracias por tu ejemplo, fuerza y todo lo que has construido con trabajo y corazón, que la vida nos regale salud y mucha alegría”.

Juntos llegaron a saquear las arcas, impunes, con mayor salvajismo y rebasar a la maldita herencia.

Tienen afinada y aceitada la maquinaria electoral que les permitirá perpetrar un fraude de estado y arribar a la bonanza familiar absoluta a través del histórico carro completo. Nadie se los habrá de impedir en el 2027.

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Soledad busca separarse del Interapas, pero debe 527 millones de pesos

En administraciones Gallardistas no pagaron a Interapas y la deuda creció 636%

A pesar del millonario adeudo que arrastra desde hace más de una década, el municipio de Soledad se perfila para separarse del Organismo Operador del Agua Potable en la Zona Metropolitana. Es una maniobra que impusla el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a través de los alcaldes que tiene como alfiles, para sus oscuras metas, sin importarle generar un daño patrimonial al ente. El trasfondo del cisma es administrativo, económico y político. Soledad adeuda al Interapas a la fecha, 527 millones 335 mil 816 pesos, una cifra que se gestó desde el 2009 y creció a tiempos actuales un 600 %, con diversos alcaldes, bajo la férula del mandatario. Los documentos obtenidos por La Noticia, mediante la solicitud de datos, con folio 241487125000053, revelan que el adeudo nunca disminuyó, al contrario, se elevó de manera abrupta, ininterrumpida y sistemática, durante cada trienio.

En 2009, era edil Ricardo Gallardo Juárez. El rezago entonces ascendía a 71 millones 618 mil 716 pesos. Al concluir el periodo en el 2012, el monto creció a 109 millones 882 mil 512 pesos. A partir de entonces, el endeudamiento va en ascenso. En 2015, al finalizar el mandato de Ricardo Gallardo Cardona, el lastre llegó a 191 millones 728 mil 777 pesos. Con Gilberto Hernández Villafuerte, que estuvo del 2015 al 2018, el débito aumentó a 244 millones 635 mil 150 pesos. Al término de su segundo mandato, en 2021, alcanzó los 368 millones 268 mil 340 pesos. Durante el desempeño de Leonor Noyola Cervantes, del 2021 al 2024, el adeudo creció a 476 millones 418 mil 842 pesos. Con Juan Manuel Navarro, alias “El Chicles”, en el poder municipal desde el 2024, la cifra llegó a la cúspide, con 527 millones 335 mil 816 pesos, al corte del 2025. En total, entre 2009 y 2025, el saldo se incrementó en 455 millones 717 mil 100 pesos. Ningún alfil de Gallardo ha tomado acciones concretas para detener el crecimiento o cerrar cuentas.

El disparo es del 636.6%, respecto a lo que se debía al inicio. El comportamiento reiterado de insolvencia, contrasta con la postura de Gallardo y sus cómplices, que han impulsado una historia adversa al Interapas, al que ubican como ineficiente. El argumento toral para escindirse y no cubrir un centavo. Sin embargo, los datos financieros revelan que el incumplimiento ha sido constante por parte del ayuntamiento. La falta de pago debilitó las finanzas del organismo. Solo en julio del 2024, Interapas emitió al municipio de Soledad, más de 15 invitaciones formales de pago, dirigidas a la presidencia municipal, como a distintas dependencias, sin que hasta el momento, hayan cumplido con los adeudos. Gallardo Cardona y el alcalde Juan Manuel Navarro, anunciaron que en enero del 2026, se habrán de separar en definitiva del Interapas, para asumir el control total del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado. Significa que se irán sin cubrir el adeudo, lo que se puede interpretar como una burda maniobra para quebrar el ente en la capital. dame tiutlos para eta nota

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Buscan llevar al banquillo de los acusados a la senadora Ruth González, por menospreciar el cargo y dedicarse a campañas adelantadas en busca de la gubernatura

El litigante Carlos Roberto Calderón Millán, solicitó a la cámara de diputados federal, entablar juicio político en contra de la senadora del Verde Ecologista, Ruth Miriam González Silva, por suspender una asamblea legislativa para dedicarse a la entrega de apoyos sociales, el reciente 10 de junio, en Pozos y otras colonias de la zona metropolitana. Censuró, desdeñara la cita de tres comisiones para analizar temas de la política exterior.

El tema se postergó a “solicitud expresa de la legisladora, a través de un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y al secretario técnico, Carlos Alberto González Ordóñez.

Se iba a analizar un tema bilateral con Estados Unidos, programada para el 10 de junio, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países. Marcado por las protestas en Los Ángeles y acusaciones de funcionarios estadunidenses”.

Aunque González Ordóñez firmó el documento donde se anuló la cita por “razones ajenas” al comité interno, se estima que influyeron también las presiones políticas generadas después de las manifestaciones de los braceros en el país del norte.

La secretaria de seguridad nacional en Estados Unidos, Kristy Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas en Los Ángeles. La señaló como responsable de los enfrentamientos entre migrantes y autoridades.

Calderón relató que el 10 de junio, a la misma hora que se había programado la asamblea bilateral con representantes de Estados Unidos, Ruth González se encontraba en plena campaña electoral.

Se promueve para ser candidata a la gubernatura en el 2027. “Decidió postergar una cita legislativa en el senado, para centrarse en la entrega de apoyos sociales en otros municipios”. Ruth González preside la cartera de relaciones exteriores.

La solicitud para ausentarse, fue notificada por el secretario técnico, González Ordóñez, mediante oficio dirigido a Fernández Noroña.

El encuentro iba a reunir a integrantes de tres comisiones para abordar temas de política exterior, pero se suspendió debido a la exigencia de la senadora.

Después de cancelar el encuentro, encabezó actos públicos en Pozos y la comunidad de Tierra Blanca. “El fenómeno migratorio es complejo, multifacético y afecta a ambas naciones. Tiene un impacto en la vida social, económica y cultural en los dos países. El interés público se manifiesta en múltiples aspectos”.

En el apartado de agravios, Calderón aludió a los embrollos políticos. “El tema de los migrantes es un punto central en la agenda bilateral. Genera debates y negociaciones entre los gobiernos”.

En el ámbito social, resaltó que afecta la estructura de los poblados. Las relaciones étnicas y las dinámicas entre ambos países. En lo económico, el impacto se traduce por medio de las remesas, empleo y la oferta laboral. En lo cultural, aludió las diversas cosmovisiones, intercambios y tensiones entre los países.

Estableció que los paisanos tienen derecho a la seguridad social, salud y justicia. Se han generado debates sobre la urgencia de renovar el sistema imperante. Los dólares que envían los connacionales a México, son una fuente de ingreso para las familias y motor de desarrollo.

La vigilancia fronteriza plantea controles sobre los flujos migratorios. Busca prevenir la entrada ilegal de personas a Estados Unidos. “Se generan diversas percepciones que dan lugar a prejuicios y discriminaciones”.

“Pero al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su esposa Ruth González les vale madre la ley. Van a seguir con la tapadera de baches, aunque no les corresponde y se encabrone el alcalde de la capital, Enrique Galindo.

El juicio político es un mecanismo constitucional para sancionar a servidores públicos, por conductas que lesionan el interés colectivo. El procedimiento busca proteger los intereses de los demás y garantizar el sano manejo de los recursos”.

Calderón Millán dijo que el artículo 110 constitucional establece que pueden ser sujetos de juicio político los senadores. Inicia en la cámara de diputados a través de la cartera jurisdiccional, que determina si existen elementos suficientes para acusar a un legislador, por actos u omisiones que causen perjuicio a los intereses mayoritarios.

Como sucede con millones de mexicanos en el extranjero y en el país. La denuncia la puede realizar cualquier ciudadano.

“Por lo expuesto, fundado y motivado, en uso de las facultades que me concede la constitución, me permito solicitar, se inicie juicio político en contra de la senadora Ruth Miriam González Silva.

Una vez determinado si es responsable, se le destituya e inhabilite para ocupar otro cargo público en el futuro. Las sanciones se aplican si el funcionario ha cometido actos y omisiones que vulneren el cumplimiento de sus tareas. El juicio político no es un acto penal, es de control político.

Las sanciones que se imponen son distintas”. Calderón ratificó en lo inmediato la demanda el 11 de junio ante el representante de los servicios legales de la cámara de diputados, Alan Lujano Guzmán. El administrador especializado, Uriel Anzaldo Gómez y la secretaria ejecutiva, Fernanda Joyce Mejía Sandoval.

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Otra vez aparece Ricardo Gallardo Cardona en escándalos nacionales, por su negro historial delictivo

También mencionan al alcalde de Rioverde, “la capital del mundo”, Arnulfo Urbiola Román

El director del medio informativo, Pie de Nota, Luis Chaparro, el periodista experto en crimen organizado y seguridad, Óscar Balderas Méndez, el litigante y activista, fundador del organismo Defemsorxs, Miguel Alfonso Meza, crearon la nueva plataforma, Narcopolíticos, en la que, según sus pesquisas, exponen a figuras de diversos rangos, señalados por sus presuntos vínculos con la alta delincuencia. Indicaron que “se vive una circunstancia extrema de tolerancia a las corruptelas y una de las peores caras del ejercicio público, por lo que es vital crear una memoria colectiva, para que no se olvide, quienes han arrastrado nexos con pandillas criminales”.

En el primer capítulo, exhiben a once personajes de diversos partidos, activos y con trayectorias previas, relacionados a los múltiples cárteles del narcotráfico. La denuncia se sustenta en archivos documentales que incluyen investigaciones judiciales, reportes de inteligencia o trabajos periodísticos verificables. Tienen como sustrato, aterradoras similitudes, que inciden para ser incluidos en el negro catálogo.

Uno de los involucrados es el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Lo ubican por haber colaborado con Los Zetas, ahora Cártel del Noreste, a los que traicionó para irse con el Cárte de Jalisco Nueva Generación, que capitanea Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Ya como mandatario, la Secretaría de la Defensa Nacional, lo identificó como protector de sus nuevos aliados, lo que llevó a sus anteriores cómplices, a colocar narco mantas, donde lo acusan de traidor.

“En enero del 2015, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría de la República, acusó a Gallardo Cardona por el desvío de 209 millones de pesos en sus gestiones como presidente municipal de Soledad.

Según el Diario 24 Horas, las investigaciones aludían a una red de vínculos con Los Zetas. La SEIDO tenía la hipótesis, retomada años después por la Unidad de Inteligencia Financiera, que parte del dinero llegó a Los Zetas.

Por otro lado, el reportero Raymundo Riva Palacio, ha publicado que desde el 2006, medios locales señalaban los tratos de Gallardo con Los Zetas. Además, fue denunciado ante el Comité Nacional del PRD, por miembros del mismo partido, estar relacionado con el cártel”.

“A partir de las acusaciones, la SEIDO, el Juzgado Primero de Distrito de Sonora, dictó un auto de formal arresto en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según el expediente 188/2014.

Sin embargo, en diciembre de 2015, Gallardo logró salir de la cárcel, gracias a un amparo otorgado por el Tercer Tribunal Unitario de Sonora, el cual determinó que existieron errores en las acusaciones en su contra. Pero siete años después, fue identificado por documentos militares, como protector de otro cártel.

El 29 de septiembre de 2022, se dio a conocer que la organización internacional Guacamaya, hackeó 6 terabytes de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluyen 4.1 millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, generados entre 2016 y 2022. Entre los documentos filtrados, se encontraron varios archivos que informan sobre las relaciones de Gallardo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Un capitán primero de infantería, señaló que Gallardo mantiene vínculos con el grupo delictivo denominado CJNG. Según el reporte, “logró celebrar un pacto de no agresiones entre los sicarios del Mencho, Cartel del Golfo y Los Alemanes, una célula del Cártel del Noreste. Negociaron tener paso libre por los municipios y colonias que fuesen controladas por los grupos antagónicos. El acuerdo fue roto el 28 de mayo del 2022, en virtud de que integrantes del CDG, fueron abatidos por una cuadrilla del CJNG en San Vicente Tancuayalab”.

“El documento señala a las instituciones de seguridad de San Luis Potosí que participaron en los enfrentamientos que perjudicaron al Cártel del Noreste, que colaboraban con Gallardo y su padre, el actual diputado federal por el Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Juárez. Se establece la Guardia Civil del Estado tenía la orden de desaparecer u ocultar los cuerpos de personas asesinadas, para disminuir los registros de homicidios dolosos en San Luis. La Policía de Métodos de Investigación del Estado realizaba ejecuciones de personas donde dejaban cartulinas identificadas con el CDN. Utilizaron la imagen del ente delictivo para no afectar su imagen institucional”.

El mismo informe militar identifica al alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, como líder territorial del cártel de “Los Talibanes”, aliado al CJNG. Llegó al cargo por el Verde Ecologista, igual que Gallardo, con el que mantiene una alianza política. Según la Sedena, el edil dejó a uno de sus colaboradores al mando de Los Talibanes, cuando asumió el puesto. Se trata del capitán de infantería retirado, Jorge Martínez Fernández Morales.

El informe concluye que el CJNG ha “logrado posicionarse como el ícono con mayor presencia y control de actividades delictivas en San Luis, gracias al apoyo de autoridades municipales y estatales. El 6 de agosto de 2025, colgaron una narcomanta, que atribuyen a Alfredo Alemán Narváez, donde se acusa a Gallardo Crdona de una su alianza con el CJNG. En el mensaje, el fundador del Cártel de Los Alemanes, un segmento del CDN, dice ser el “creador” del mandatario. Lo acusó de jugar sucio al juntarse con el CJNG en el estado.

En agosto del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una denuncia en contra de Gallardo por haber incurrido en lavado de dinero. Según la denuncia de la UIF, el ejecutivo y su padre, Gallardo Juárez, desviaron 724.6 millones de recursos públicos de los municipios de Soledad y San Luis Potosí, donde fueron presidentes municipales.

En la denuncia, la UIF, entonces dirigida por Santiago Nieto, reveló un esquema de 20 empresas y 19 personas físicas que participaron en el desvío de recursos y después realizaron operaciones para blanquearlos.

La Fiscalía de la República recibió la denuncia, pero decidió archivar los escrutinios y no presentar cargos judiciales.

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Nava, libre, conmina a los potosinos, denunciar los latrocinios de los Gallardo, que llevan al precipicio a San Luis

“Nos hicieron un juicio político por venganza. No nos querían en la vida pública, buscaron borrarnos de un plumazo. La injerencia del congreso local no fue relativa a los hechos, realidades y pruebas. No existe una sentencia o procedimiento de juicio político de 18 años para inhabilitarme. Ni a los peores ladrones del país ni al mismo gobernador Ricardo Gallardo, lo trataron igual”, declaró el ex alcalde de la capital, Francisco Xavier Nava Palacios.

Añadió que en diciembre del 2021, el poder legislativo ordenó inhabilitarlo, por no respetar un amparo federal, en el que se le ordenó no construir un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Río Españita y la carretera 57. El 25 de junio del 2025, tres años y medio después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo exoneró, restituyó sus derechos políticos y electorales. Indicó que el gobernador usó el poder para cobrar venganza, porque en el 2018, le ganó la presidencia municipal de San Luis a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, que buscó relegirse. También promovió una serie de denuncias penales por delitos de peculado, desvío de recursos públicos y asociación delictuosa.

Como no encontró la forma de sacarlo y era su único adversario real, decidió hacer algo que no tiene ningún fundamento en la ley. Fue lo que les dijo la Suprema Corte, lo hicieron todo al revés. Determinó que no debieron aceptar el juicio político, porque el argumento del congreso, fue que junto con nueve funcionarios del trienio, violaron una orden del juez, cuando no existía la suspensión. Y no la habrá porque los terrenos no son ejidales. No podrán comprobar que les pertenecen.

Precisó que el bulevar Antonio Rocha Cordero, es una ruta desde 1973. La gente circula desde entonces. Lo que hizo fue construir puentes superiores para desahogar el tránsito hacia a la zona industrial, porque era un cuello de botella. Expuso que el camino estuvo por décadas en la jurisdicción de la Junta Estatal de Caminos y en los programas de desarrollo urbano de la capital. Sostuvo que el juicio político fue una trampa, una patraña. El objetivo fue aniquilarlo, dejarlo fuera de la vida pública. Lo lograron durante tres años y medio, pero fue de manera inconstitucional. Es lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que analizó los diversos agravios que la defensa presentó y determinó. Violaron el procedimiento, sus derechos fundamentales y lo relacionado al debido proceso.

 Aseveró que el artículo 17 constitucional, establece que cuando se busca la justicia, los juzgadores o el poder judicial, tienen que ir por el máximo beneficio del quejoso, como regresar, para iniciar de nuevo el procedimiento. Pero como invadió facultades del poder judicial de la federación, al no esperar que hubiera una sentencia, dijeron que se había construido arriba de los terrenos del ejido, lo cual era falso. Entonces la Suprema Corte decidió ayudar al quejoso y tumbó el procedimiento judicial. Ordenó al congreso ir al inicio y declararlo improcedente. La sentencia es definitiva, no tiene salida, más que cumplirse.

Sin embargo, admitió que pueden hacerse tontos, porque su estilo y forma de actuar es pisotear la ley, violar los procedimientos y derechos de las personas. Ignoran que hay métodos para exigir, la ejecuten. Nava adelantó que son tan burdos que pueden hacerse locos, patear el balón un rato y dejar que el tiempo resuelva el problema. La ministra ponente, Loreta Ortiz, seguirá en el cargo, durante 12 años más, porque fue electa en las votaciones de junio. Cuando no quieran actuar, hay medidas de apremio, como inhabilitaciones, desafueros, que podrían darse si los trogloditas pretenden no cumplir lo ordenado.

  Tampoco pueden darle cumplimiento después del 2027, cuando hayan pasado los comicios. La defensa buscaría el incidente de incumplimiento. Además, sería un agravio a la ministra Ortiz. “Es abusar otra vez, como lo hacen siempre. Pero habrá consecuencias graves para el congreso, ya que es un mandato definitivo”. Afirmó que a Gallardo y sus secuaces, se les acabó el tema del juicio político, por lo que recurrió a las amenazas. Como declarar que vienen los temas penales. “Los que se deben actualizar son los suyos. Jamás fue exonerado de los delitos del manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tiene un amparo que le fue otorgado. Dice que es responsable de haberse robado 209 millones de pesos de Soledad y el ministerio público pide reconfigurar el caso, lo que nunca sucedió, por las complicidades y corruptelas que hay en el país y las amplísimas redes de complicidades que tejen los Gallardo. Pero en mi caso, no hay más que hacer”.

Desconoce los cargos penales, aunque tampoco se pueden inventar. Pueden existir documentos sin firma o si faltó el procedimiento de alguna compra. Son faltas menores que se pueden subsanar. Indicó que tiene clara y tranquila la conciencia de lo que hizo. “No nos han acusado nunca de enriquecimiento ilícito. Tengo la misma casa y coche. No existen evidencias de manejar en forma indebida los recursos. Nunca apareció una empresa fantasma, ni un contratista que diga, le pedimos dinero. Hay las licitaciones de obra pública donde participaban de 40 a 50 gentes. Es diferente su manejo. Llevaron un solo constructor que se presentó a las licitaciones o fueron declaradas desiertas, para luego asignarlas”.

  “Pueden inventar lo que sea, pero nosotros nos vamos a defender. Les decimos que el abuso de autoridad es un delito. Lo que inventan tiene consecuencias. Y si vamos ir al escrutinio público, son las reglas de juego. Hagámoslo todos, porque tenemos más denuncias penales en su contra. Hay expedientes completos, como el de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ladrón que ejerce el gobierno. Parece ser que los borraron, pero hay que poner la lupa. Los desfalcos a San Luis son evidentes, en las obras y puentes que se caen. En el lienzo charro, en los trabajos de los parques Tangamanga, que nunca se justificaron. No han informado de los procedimientos que se llevaron a cabo para construir las obras. No existen los trámites”.

  “Además, hay que revisar el fondo de pensiones del estado, donde antes de arribar Gallardo, había un déficit de mil 300 millones de pesos, que se arrastraba de administraciones anteriores. Hay que revisar, por qué falta el dinero. Pero después de tres años y medio que maneja el delincuente el fondo, tiene una deuda por 6 mil millones de pesos. Más lo que se sume. Es un delito establecido en la ley. Se roban lo que le descuentan a los trabajadore e incumple con las aportaciones correspondientes. Hay que presentar las denuncias, porque los trabajadores se quedaron sin opciones de jubilarse. No va a parar hasta quebrar la dependencia”.

Nava dijo que lo mismo hicieron con el Infonavit en el ayuntamiento de la capital. No le pagaron 70 millones de pesos. Usaron los impuestos de la Secretaría de Hacienda, a la que no le cubrieron 240 millones de pesos. Repitieron el mismo esquema, se robaron las aportaciones de los policías. Igual pasó con los pagos de los seguros, préstamos a cajas de ahorro y crédito. Es un desfalco por todos lados. Se imaginan eternos. No hay victorias permanentes ni derrotas que duran para siempre. Es claro, más en la política. Lo que hacen es avasallar, dejar a todo mundo lesionado, tirado en el suelo, donde creen, se quedarán toda la vida. Es algo que no va a suceder, habrá respuestas”.

Precisó que se demandara a quienes cometieron el abuso y se prestaron al juego perverso para afectarlos en lo particular, cuando no había ninguna prueba. No pidieron títulos de propiedad del supuesto terreno afectado. Era fácil si querían hacer justicia, pero el fin era hacer política y perjudicar al otro. Usaron a los diputados integrantes de las comisiones instructoras y jurisdiccionales, además los que votaron en el pleno. Sostuvo que no son ajenos Gallardo Cardona y el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos. El mandatario les dio instrucciones, amenazó o compró. El edil no debió moverse hasta que demostraran que eran dueños los ejidatarios.

Buscan se haga justicia como ciudadanos, ya que no aspiran a un cargo o candidatura. Los privaron de sus derechos. Se dedicó a defenderse y cumplir con las reglas que le impusieron a la mala. “Lo respetamos y ahora tenemos un resultado. No hay muchos que se ríen en el hotel o palacio de gobierno”. Lo decidido por la Suprema Corte, fue un golpe inesperado para Gallardo Cardona. Nava Palacios dijo que el resolutivo beneficia al resto de los nueve ex funcionarios de su gabinete, incluidos en el juicio político.

Precisó que el gobernador y sus peones intentaron voltear los hechos, por estar inmersos en corruptelas. “No me engañan. No vemos la política de la misma manera. No actuamos con mala fe. Nunca clausuramos un negocio porque era de un adversario. No despojamos a nadie de sus patrimonios”. Asentó que si Gallardo y sus hordas quieren atacar a los que han cometido delitos, se tienen que auto castigar. “La fiscalía les reabra procedimientos donde están las pruebas de que atracaron a la capital, Soledad y ahora el estado. No dejan títere con cabeza”.

 Reveló que la embestida de Gallardo, al amenazarlo con acciones penales en su contra, es una señal de miedo, ya que actúa en forma distinta. No forma parte de ningún partido político. “No le gusta porque sus redes de complicidades, abarcan distintos colores e ideologías. Son daltónicos para hacer sus componendas y transas.

No pueden permitir, afecte a los maestros, burócratas, pensionados y doctores. Se vive en lo precario. No hay medicamentos en los hospitales. En campaña se comprometió a construir cinco nuevos hospitales. Hace obras que se caen a los dos meses, por la voracidad que tiene para hacer dinero desde la política. Extorsiona a los alcaldes. Acapara todos los poderes”.

 Nava destacó ser un hombre libre para levantar la voz ante los atropellos cotidianos. No se puede tolerar el dispendio y conductas frívolas. Rechazó que la curul federal, se las deba a los Gallardo. “Es una vil mentira. Me invitaron del PRD nacional, por la cercanía del partido con mi abuelo, Salvador Nava Martínez. También me llamó el ex candidato a la gubernatura, el empresario Fernando Pérez Espinosa. Ninguno de los Gallardo intervino. No les pareció mi presencia. No pudimos convivir. Coincidí con el papá en sus despliegues por la alcaldía. Nunca hubo una alianza, caminamos juntos en una contienda electoral del mismo lado. No fue ruptura, porque nunca hubo un acuerdo previo. No estuve cerca y no me equivoqué”.

Reveló que como diputado, intentaron extorsionarlo, para que les bajara recursos a los ayuntamientos que controlaban. Se dieron las fricciones. Se quejó con la dirigencia del PRD. Les dijo que no podían respaldar a semejantes personajes. Lo mandaron golpear a través de varios diputados locales. “Es su estilo. No entienden que en política hay múltiples opiniones. No estar sujetos a lo que diga un jefe. Ahora no sabemos quién manda. Se pelean entre sí, para ver quién es más ladrón”. Lamentó que el gobierno federal tenga de aliados a sujetos vinculados a lo peor, que tienen un desempeño negativo. “No entendemos cómo los toleran”. Aludió a las 15 denuncias que se encuentran en la Fiscalía de la Republica contra Gallardo Juárez, por uso indebido de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, durante su etapa como alcalde de la capital. “No deben quedar en limbo. Investigar por qué no le han dado seguimiento. Sería hacer justicia en el país”. Le reclamó a Gallardo Cardona los negocios que ejecuta para saquear las arcas, como la Arena Potosí y el antro El Richie, donde murieron varios jóvenes. “¿Dónde están los hospitales que prometió? Su mandato es un fracaso”. Conminó a la ciudadanía, presentar denuncias penales en su contra. Todas las obras cargan sobreprecios. Las licitaciones son irregulares. “La ciudadanía tiene la fuerza. Hay que actuar. No queremos ir a la batalla por miedo. Si nos rendimos antes de tiempo, ya valió madre”. Negó ser enemigo de los Gallardo, ya que no actúa en lo personal. Buscan heredar el poder a la familia. “Es una afrenta a los potosinos. Pero lo hacen porque no confían en nadie. Si llega otro, se dará cuenta de tanto latrocinio y lo que hicieron para afectar a San Luis”.

 Nunca les interesó un proyecto exitoso para el desarrollo, que combata la pobreza y genere mejores condiciones de vida. Convirtieron al estado en una empresa privada, denominada San Luis Potosí, Sociedad Anónima de Capital Variable. “Es su negocio, hacen lo que quieren con las instituciones. Llevan a la entidad al precipicio, donde el deterioro será irremediable. Los pésimos gobiernos terminan por pagar las consecuencias”. Citó al ex presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que presumía durante sus gestiones, los nuevos cuadros del PRI, como Duarte de Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua y Borge en Quintana Roo. Iban a transformar los estados. A unos cuantos años, todos están en la cárcel.

Sostuvo que Gallardo Cardona es parte de la “herencia maldita que critica, culpa y desafía. Se alió con los que le ayudaron a salir de la cárcel, sin haber probado su inocencia”

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Leobardo Guerrero dice que la ciudadanía rechaza gobiernos ocurrentes

El ex candidato a la alcaldía de Rioverde, Leobardo Guerrero, recién afiliado a Morena, afirmó que su compromiso político con el nuevo partido, será respetar y seguir sus lineamientos. Pero sobre todo, trabajar junto a la militancia y estructura, para ganarse un lugar en las filas. Afirmó que tiene interés para en su momento, encabezar la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Precisó que si en el tiempo que falta para las votaciones surge otro perfil más viable, para ser el abanderado, lo apoyará. Lo importante es cumplirle a los ciudadanos, que tienen ánimos de un cambio. Enfocarse en resolverles las necesidades, pues ya basta de gobiernos ocurrentes.

Morena es un partido fuerte, con experiencia y demasiados militantes para organizar y cuidar los comicios. Capaz de ubicar representantes en cada casilla durante el proceso. Es donde está el truco y la derrota de los partidos, que no alcanzan a cuidarlas. Insistió en no que no se dejará arrastrar por las encuestas, que ya lo posicionan con el 70% de simpatías, en contraste con la posible abanderada del Verde Ecologista, Karina Quintero, esposa del presidente municipal, Arnulfo Urbiola. Se centrará en planear lo que se puede hacer a favor de Rioverde. “Quisiera que alguien me garantice, voy a llegar con vida al momento esperado. Me dedicaré a trabajar y si hay la alternativa, fructifique”.

Indicó que su ingreso a Morena, lo vuelve vulnerable a la crítica y ataques políticos en perfiles falsos de Facebook, donde le exigen, regrese lo que se llevó cuando estuvo al frente de una dependencia ganadera, cuando nunca ha trabajado en algo semejante ni se dedica a tal sector. “Son distractores que buscan engañar a la gente y se enganchen. Pero nos conocen. Saben que soy comerciante y un ciudadano que aspira a ganarse el respeto. Vivo como el común de los mortales. Me trasporto en moto o bicicleta. Entiendo sus problemas porque también los padezco. Sin embargo, cuando haya imprecisiones sobre mi persona, saldré a aclararlas. Aunque no hay forma que fructifiquen las calumnias en mi contra, porque la gente me conoce”.

Mantendrá el respaldo a los regidores de Movimiento Ciudadano que llegaron al cargo por el voto proporcional del partido que los arropó y hacen labores de contrapeso en el cabildo. Cuestionan lo que consideran incorrecto. Y nada les impide hacer equipo con sus colegas de otras ideologías. Aseguró que es el momento para que Morena, con su doctrina, a través de liderazgos regionales, pueda llegar a la presidencia municipal y hagan la diferencia en el mando.

Expuso que lo prioritario es ocuparse del 95% de los habitantes, para que tengan acceso a servicios básicos, como agua y luz. “Es una mentira que ya todos los tengan en sus casas. Existe un déficit importante en el abasto y manejo. Hay que resolver primero las necesidades urgentes de la gente, antes de operar una línea de trasporte público de primera generación, con aire acondicionado”.

Añadió que antes de colocar parquímetros en las estrechas calles, se deben implementar programas viales, en consenso con los comerciantes y prestadores de servicios del centro. Abrir espacios de estacionamientos y descentralizar oficinas gubernamentales y ciertos negocios que saturan el primer cuadro de la ciudad. Cualquiera puede aportar soluciones para evitar los cuellos de botella. Se necesita sentido común, no ser impositivos, trabajar de mano con la ciudadanía”.

Guerrero se pronunció por dar mayor impulso al turismo. Los visitantes llegan por si solos, por los atractivos naturales que existen y el clima agradable de la zona media. Faltan campañas que lo incentiven y deje un mayor beneficio a los habitantes.

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Al afiliarse a Morena, Leobardo Guerrero se perfila como el inminente candidato a alcalde de Rioverde

Después del tropiezo de sumar al ex secretario del ramo educativo, Ernesto Barajas Ábrego, al que consideran un espía del gobernador Ricardo Gallardo, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, se anotó una jugada de tres bandas, al afiliar al carismático empresario de Rioverde, Leobardo Guerrero Aguilar, quien se perfila como el candidato único a la alcaldía en el 2027.

Es la figura que puede frenar las aspiraciones caciquiles transexenales del presidente municipal, Arnulfo Urbiola, que se impuso mediante un grotesco fraude y ahora pretende dejarle el cargo a su esposa, la presidenta del DIF municipal, Karina Quintero.

El fichaje de Guerrero lo anunció Rodríguez en una gira proselitista por la huasteca. Con tal jugada política, le cercena a Gallardo un peligroso tentáculo en la zona media. Es la maniobra que busca implementar en los ayuntamientos bajo su férula: todos los ediles deben juntarle votos a la senadora Ruth González, para alcanzar la gubernatura. A cambio, les promete reelegirse a través de las cónyuges en los municipios.

Pero en Valles, ya traicionó al obsecuente David Medina, al que obligó dar el bandazo del PAN al Verde Ecologista. Temeroso de que el industrial acusado de huachicoleo, José Luis Romero, alias “El Tecmol”, se juntara en un frente ciudadano, donde podría figurar el magnate de Tanquián de Escobedo, Gerardo Sánchez Zumaya, el edil de la capital, Enrique Galindo y la misma Rita Ozalia Rodríguez, Gallardo se precipitó al cooptar al ex diputado local del PRI, que antes lo llamó “rata, pero del tamaño de un canguro”.

Ahora le entrega a Romero miles de despensas para actos proselitistas, que debía manejar la secretaría de desarrollo social o el mismo Medina, al que le retira el apoyo para no heredarle la estafeta a la encargada del DIF, Ena Avendaño. Ahora envía Romero a confrontarlo. Cada rato lo acusa de desfalcos millonarios y hacer obras de pésima calidad.

En el caso de Guerrero, Rita Rodríguez se cobra tangencial las incontables humillaciones que recibió de Gallardo, que le impidió alcanzar la senaduría en las últimas elecciones. También deja en evidencia el abandono y las omisiones cometidas por el diputado local y líder de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, que ya sucumbió a las tentadoras ofertas del mandatario.

En Rioverde, critican a Gama, no haber defendido a Guerrero del robo de urnas cometido por Urbiola. Los simpatizantes del afectado, relatan que el legislador, no le facilitó un millón de pesos para litigar su caso en la sala regional de Monterrey, donde pudo revertir las alteradas cifras.

Ante los ataques desmesurados de Urbiola contra el regidor Salvador López, quien le exige cuentas claras en el manejo del erario, Gama optó voltear de lado. Alegó que se trata de un pleito entre particulares.

Al confrontar los resultados de MC y el Verde Ecologista, Guerrero superó con una gran diferencia al sospechoso transportista. Se coló con los 8 mil votos adicionales de Morena. No funcionó la denuncia que hizo antes de las votaciones, el dirigente del comité municipal, Juan José Deveza, al denunciar que la Cuarta Transformación, no iba a respaldar a un personaje vinculado a grupos criminales y desapariciones de personas. Conminó a sus correligionarios no respaldar un funcionario deshonesto. El mensaje no llegó a las bases, que votaron por la inercia de la diabólica alianza.

Con el respaldo irrestricto de Rodríguez, el popular comerciante, al que los clientes llaman “señor presidente” cuando acuden a comprarle refacciones automotrices, carga además el 42% de simpatías que le arroja Morena. Antes de competir en los siguientes comicios, ya trae en la bolsa, arriba del 70% de las intenciones de votos.

A Urbiola se le habrá de complicar “levantar” o secuestrar a su férreo opositor, como sucedió en la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Rioverde. Ahora, de manera contradictoria, debe ser el más preocupado de que a Guerrero, no lo atropellen en la oscuridad. Como es también un charro consumado, vigilar que no lo tumbe el caballo.

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Gerardo Zapata, el alfil de los Gallardo que se niega sistemático a informar sobre las malversaciones del dinero público en propagandas mediáticas

La nueva campaña institucional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, bajo el lema “Potosí Sin Límites”, se promueve ya de forma extensa en documentos institucionales, gafetes de empleados, redes sociales, medios informativos, espectaculares y objetos promocionales como gorras, camisetas y mochilas. Vía transparencia, se buscó conocer el costo, los objetivos, las contrataciones y el financiamiento. La respuesta fue evasiva y contradictoria.

La solicitud, registrada con el folio 240469725000044, fue dirigida a la Coordinación de Comunicación Social, dependencia encargada de la imagen promocional del gobierno. En lugar de proporcionar datos, se limitaron a señalar que “lo peticionado compete a otro organismo centralizado, lo cual nos imposibilita atender la solicitud”.

Además, dijeron que se realizó una búsqueda en archivos físicos y digitales de la Dirección Jurídica de Servicios, adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos, sin que se localizara informe alguno. Lo más grave es que la misma Coordinación de Comunicación Social afirmó que solicitaría datos a la Oficialía Mayor, que en una cadena absurda de evasiones, respondió que le correspondía facilitarlos al área de prensa.

No no es la primera vez que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se niega a transparentar el manejo de recursos públicos en campañas propagandísticas. Cuando lanzó la denominada, “Ya se nota”, era un eslogan que comenzó como lema publicitario y terminó convertido en insignia de gobierno. Se utilizó en más de 50 espectaculares repartidos por la capital del estado, en avenidas como Salvador Nava y el río Santiago. También apareció en spots de radio y televisión, portales de noticias, redes sociales, boletines institucionales y entrevistas pagadas.

La campaña fue ejecutada por el área de comunicación social bajo la dirección de Gerardo Zapata Rosales, quien activó una estrategia basada en resaltar supuestos logros del gobierno, mientras evadía temas como la inseguridad, la crisis en servicios médicos, el desabasto de agua y el desvío de recursos en programas sociales.

Cuando se solicitó por transparencia el monto total gastado en esta campaña (folio 240468022000012), la respuesta fue que no se realizaron erogaciones bajo esos conceptos, es decir, que el gasto fue de cero pesos. Una afirmación rotundamente falsa, desmentida por la evidente exposición de la campaña en todos los canales institucionales y mediáticos.

Lo mismo ocurrió con la campaña anterior, “Vivir sin miedo”, utilizada en los primeros meses del sexenio. Aunque el eslogan se estampó en espectaculares, bardas, boletines y entrevistas promocionales, nunca se informó cuánto se invirtió ni qué empresas fueron contratadas.

La opacidad también ha alcanzado los informes de gobierno. El segundo informe del gobernador Gallardo, realizado en Ciudad Valles, fue un acto ostentoso con pantallas gigantes, fuegos artificiales, escenario con luces, sonido profesional, sillas para más de mil invitados y fuerte presencia mediática.

Sin embargo, cuando fueron solicitados los gastos mediante tres solicitudes distintas, las respuestas fueron inconsistente. Primero dijeron que había un presupuesto de 1.5 millones de pesos, pero que no se ejerció un peso. Luego, que el área de prensa no era competente para responder. Tras otro intento, se afirmó que el gasto fue de cero pesos, lo cual carece de certeza ante la magnitud del despliegue. Incluso, la ex diputada Gabriela Martínez Lárraga, presente en el acto, declaró que parecía más una fiesta de 15 años. Censuró el abismo entre el pueblo y los funcionarios, mediante barandales de acero y el derroche ante las carencias sociales.

Gallardo llegó al extremo de reservar los datos relacionados en los contratos firmados con medios informativos locales y nacionales, durante 10 años. Una de las solicitudes, folio 240468024000015, buscó conocer el gasto público destinado a la empresa Badabun, contratada para producir y difundir más de 20 videos propagandísticos, donde Gallardo y su esposa, Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal y senadora, son los protagonistas centrales.

El vocero gubernamental, Gerardo Zapata Rosales, reservó todos los informes de contratos, órdenes de compra, pautas de difusiones, fichas técnicas, materiales entregables y expedientes completos. La excusa fue que divulgar los datos, podría “poner en riesgo la vida, salud o recaudaciones tributarias”, un argumento absurdo, ya que se le pidieron contratos públicos con una empresa de contenido digital.

La misma suerte corrió la solicitud de contratos con figuras mediáticas como Adela Micha, quien ha difundido entrevistas y reportajes favorables al gobernador a nivel nacional. También se ha complicado conocer los montos pagados a influencers y medios alineados que forman parte de la maquinaria de promociones burocráticas.

Además, niegan el acceso a cuestiones elementales sobre convenios con medios informativos y se bloquea el conocimiento sobre cuánto se gasta en promocionar a Gallardo y su entorno con recursos que deberían destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura básica. El responsable de ocultar la verdad es Zapata Rosales. Con experiencia previa como vocero en los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis y ayuntamiento de Soledad, ha consolidado una estrategia basada en el control informativo, negar hechos y hacer manipulaciones mediáticas. Evita rendir cuentas sobre los recursos públicos gastados en promover la imagen del actual mandatario.

Lejos de ejercer sus tareas como enlace transparente entre el gobierno y la ciudadanía, Zapata se ha convertido en cómplice del derroche, encubrir los millonarios gastos en campañas que buscan imponer una imagen de éxito. Mientras, se imponen los hechos crudos, en hospitales sin medicamentos, pensiones sin pagar y la violencia ascendente que no da tregua. En los promocionales de “Potosí Sin Límites”, intenta perpetuar la imagen de Gallardo como un benefactor, pero a costa del bolsillo de los potosinos, quienes no conocen cuánto cuesta la propaganda insulsa.

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Ahora el Infonavit hará casas para rentarlas a los trabajadores

El doctor en derecho fiscal, Pedro Gaytán, dijo que el mando federal convirtió a los gobiernos estatales en entes recaudadores con pistola y tolete. No persiguen a las grandes empresas, sólo a los pequeños negocios y clase trabajadora del país. En el 2025, el gobierno central hizo cambios de fondo, pero no solo en temas fiscales. Uno de los más relevantes es el de prestaciones a los empleados. En febrero se aprobó y entró en vigor un nuevo decreto. Por falta de estructura del Infonavit y Seguro Social, se pospuso para septiembre próximo.

Explicó que ahora obligan a todos los patrones, retener al trabajador, un porcentaje del salario, que va del 10 al 30%, para cubrir el crédito actual que tiene con el Infonavit y entregarlo por bimestre a la misma dependencia. Además, deben pagar los días por incapacidades y ausencias del empleado, cuando las leyes vigentes dictan que le toca cubrirlas al Seguro Social y las ausencias no las salda ninguna de las partes.

Refirió que en el nuevo decreto, el Infonavit no tendrá dinero, porque el organismo va construir 75 mil casas. No son para darlas en créditos, como propiedad a los obreros. Se van usar para rentarlas. El dueño será el estado. Los descuentos serán del 30%. Además, se disminuye el número de viviendas y el presupuesto para quienes buscan adquirir un domicilio. El 80% del techo financiero se va a canalizar para hacer hogares que serán arrendados.

“Tampoco bajaron los costos de los créditos, para que haya mayor demanda y cada persona consiga dónde vivir. Es lo justo. Es una tarea del gobierno. Si construyen para rentar, no habrá negocio. Al dueño se le complica, le paguen. O inicia un juicio de desalojo. Ahora serán los patrones, los que cobren. Son los que va a retener los pagos. Es el mejor negocio. Algo inaudito, pero es la nueva ley. Lo más grave es que el Infonavit hará las viviendas. Está prohibido. Regresan al pasado, lo que generó altas producciones. ¿Contra quién se quejará la gente si se caen los techos, por no impermeabilizar? O no funcionen los paneles solares. No haya agua. Antes obligaban al constructor a cumplir. Se especializaron en hacer casas de interés social. Ahora se van a inconformar contra el estado”.

Gaytán sostuvo que si el gobierno hace las 75 mil casas, va a generar corruptelas. Habrá nuevos ricos. Conminó a los trabajadores que tengan derecho a su crédito, lo utilicen para comprar, no rentar la morada, porque no será suya. “Es dinero tirado a la basura. Si el obrero se incapacita o ausenta, el empresario pagará los costos. Será el cobrador y encargado de pagarle al instituto”.

Señaló que hay incapacidades permanentes, lo que permite a la instancia, prepararse para pagar al trabajador las pensiones, lo que sucede a los 7 ó 12 meses, para otorgar el retiro vitalicio por enfermedad. “No lo hace el Seguro Social, debido a los vicios existentes, lo que afecta a los afiliados. Jamás entrega incapacidades por 30 días. Los primeros cuatro no los cubren, se los roban. Lo hacen a partir del quinto. En lugar de dar pensiones definitivas, las entregan temporales, cada mes. Pero al juntar 10, le quitan 40 días al asalariado. El más afectado. Es por lo que el Seguro Social busca en lo financiero, dejar de pagar. Es una manera vil de robar en términos legales. En las pensiones, primero entregan incapacidades mensuales, durante un año. Luego dan la definitiva. El seguro despoja al empleado, casi un mes y medio de sueldo”.

A partir de septiembre del 2025, los dueños de las empresas, saldarán el crédito de la vivienda y las incapacidades del trabajador. También se vendrá una cascada de amparos por inconformes que no asumirán lo que no les corresponde. Le compete al estado. Aclaró que el Infonavit le cobra al trabajador por medio del sector patronal. “No es lo mismo ser retenedores, exigir rentas a convertirse en avales. Son cambios que afectan a los involucrados”.

El fiscalista relató que en diciembre del 2024, entró en vigor la “Ley Silla”, que se aplica a partir del uno de junio del año en curso. La norma establece que todos los negocios, están obligados a proporcionar, en las horas de descanso del empleado, una silla con respaldo. La necesitan los que caminan demasiado en los bares. Citó La Caverna, que usa piedras o bancos de madera, pero sin apoyos. La Ley Federal del Trabajo establece que hay jornadas laborales de 4 y 8 horas continuas, con 30 minutos para comer. Las empresas están ceñidas a darle a los empleados, agua y sillas exprofeso.

Gaytán informó que el salario se incrementó en un 143% en los últimos seis años. “Hubo un impacto benéfico para el trabajador, que junto con los negocios, también deben cubrir el seguro social, que se incrementó al mismo nivel, igual el Infonavit. Si van a tener más recursos, no deben entregar créditos para renta. Mejor facilitar, adquieran una vivienda propia. Con tantos cambios de fondo, el gobierno se convirtió en un instrumento fiscalizador político. El Seguro Social, Protección Civil de cada municipio y estado, Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y estatal, lo manejan como una mina de ingresos. Son recaudadoras, sancionadoras, porque necesitan cumplir una cuota. Pero no van contra las grandes empresas, que saben defenderse. Buscan las pequeñas”.

Multan a destajo a pequeños negocios, con un trabajador, como papeleras, ferreteras, panaderías, talleres que hacen cambios de aceite en vehículos. Si tienen apenas una silla con respaldo, carecen de extinguidores, botiquín de primeros auxilios, no hay salidas de emergencia, les imponen multas de 25 mil pesos. Además, un dictamen de funcionamiento, que solo hace el compadre del recaudador. Las sanciones se elevan a 50 mil pesos. Debía ser un acto preventivo, a través de cursos gratuitos. Pero le dieron un giro extorsionador, al exigirle a cada dependencia, llegar a una cuota”.

Explicó que se mantuvo el Régimen de Incorporación Fiscal y se le dio mayor énfasis al Régimen Simplificado de Confianza, done tiene derecho a un ingreso de 3.5 millones de pesos. “No se necesita contabilidad, porque no paga Impuesto Sobre la Renta.  Se cubre una tasa o cuota de 1 al 2.5%. Es positivo, en el aspecto de simplificar y transparencia. El contribuyente declara que vendió 10 mil pesos y paga 100 pesos, sin documentos”. Exaltó que el estado combata a las factureras, que están en el poder legislativo local y dependencias estatales. Nadie las detiene.

Aclaró que el Impuesto sobre el Valor Agregado o IVA, “es la parte complicada, porque se maneja con todos los requisitos fiscales. Ojalá se establezca el pago de una tasa única, del uno por ciento. Le ayudará mucho al fisco a recaudar, no generar complicaciones. Vienen más arqueos, porque el estado necesita cubrir una cuota”. Agregó que otros temas nacionales, fueron las devoluciones de impuestos a personas físicas. Afirmó que los principales pagadores de impuestos en México, son los trabajadores. Se les retiene en forma directa, el 8 y 15%. Cuando rebasan los 30 mil pesos, sube al 30%.

Gaytán expuso que el contribuyente, tiene derecho a retribuciones, al presentar las declaraciones anuales y tenga ingresos mayores a 400 mil pesos. Es decir, si ganó en promedio de 30 o 35 mil pesos mensuales y cubrió gastos escolares, servicios médicos, nutricionales, psicológicos y defunciones. Los cinco rubros son deducibles. La ley establece que le deben ser devueltos. “Lo que no ocurrió, porque el nuevo secretario de hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que no. Hizo las fiscalizaciones más estrictas contra los trabajadores.  No incluyó las empresas”.

“Dijeron que son gastos médicos atípicos. Significa, son poco probables, se hicieran. La autoridad supuso que el empleado está sano. Además, le pidieron demostrar lo material. Es decir, si fue al doctor. Incluso, los obligan a pedir un justificante, para sustentar la visita. Después, la constancia fiscal del especialista. Con tales acciones, el estado rompió la esfera de lo confiable. Violentó las protecciones a los datos del médico y paciente. Los afectados promovieron amparos. Después del primero de junio, sabrán si ganaron”.

Pedro Gaitán indicó que el Sistema de Administración Tributario se convirtió en una maquinaria protectora de acciones que violentan los derechos de los trabajadores. Obligó a los ciudadanos a tramitar otra vez las devoluciones. “El estado ha sido muy cruel. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que lo hará, nunca les devolverán su dinero. El uso de la inteligencia artificial y los robotitos, les han funcionado de manera efectiva. Recordemos que después del 2014, al instituirse por primera vez la firma electrónica, cuando alguien emite una factura, después de Dios, el SAT lo sabe. Tienen los datos de lo que comemos y con quien se duerme”.

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Gallardo Cardona dejará en la quiebra financiera a los potosinos, por lo que se habrá de blindar, al buscar dejarle la estafeta a su cónyuge, Ruth González Silva

Al asumir la gubernatura en el 2021, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona alardeó sus dotes de Casanova, que le han dejado varios hijos, “y los que vienen”, pero también acusó a su antecesor, Juan Manuel Carreras, dejarle un hoyo negro, financiero, por más de 20 mil millones de pesos. Pero nunca lo requirió, no obstante ubicarlo como el ícono e ideólogo de la “herencia maldita”. Fue un pacto de sangre, ya que el doctor en derecho, tampoco emprendió acciones judiciales contra el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre del mandatario, implicado en peculados que pueden superar los 3 mil millones de pesos. Agotados todos los nichos de ingresos, Gallardo recurre constante a los caros créditos quirografarios, de rápido reembolso. Tan sólo en el 2024, solicitó 4, por un monto de 2 mil 290 millones de pesos. A Banorte le pidió 990 millones. A Scotiabank 650 y Banco Bilbao Vizcaya Accival o Bancomer, otros 650, por los que cubrió casi 204 millones de pesos en intereses. Lo que debía ejercer según lo establecido en el presupuesto anual, lo saca de improviso, para saldar aguinaldos del magisterio, burocracia y tal vez los costos de la Feria Nacional Potosina, donde en el 2025, podría malversar 200 millones de pesos. Experto en vaciar las arcas públicas y no dar el mínimo dato de su conducta fraudulenta, ya se alista para endeudar sin ambages a los potosinos. Antes de irse, podría heredarles un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos. Es por lo que le urge y nadie le habrá de impedir que deje como relevo a su cónyuge, la senadora del Verde Ecologista, Ruth González Silva. Además, ya anunció que en el 2026, se sumará a la abierta y prematura campaña, para también blindarse como futuro diputado federal. Lo calculó todo, sin el mínimo error.

El 14 de agosto del 2020, el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acusó ante el fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, al ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, por el lavado de 724 millones 608 mil 296.43 pesos, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, evasores fiscales y corruptelas. El dinero fue extraído de los ayuntamientos de Soledad y la capital. Las pesquisas también alcanzaron al magnate acerero, Juan Carlos Valladares García, padre del legislador federal, Juan Carlos Valladares Eichelmann, ex secretario de fomento económico y virtual candidato a la alcaldía de San Luis.  Para dispersar los recursos, usaron 20 sociedades mercantiles y 19 personas físicas. El dinero terminó en las reservas del ahora mandatario y sus allegados. Usaron empresas fachadas para actividades simuladas, falsearon declaraciones fiscales, por lo que les aseguraron 178 cuentas bancarias. Utilizaron a Investigaciones Médicas del Potosí, donde apareció el director del hospital Lomas, Manuel Trigo Velasco y Valladares García, al que también involucraron en la compra fraudulenta de lámparas led con la firma Panavi, que Gallardo Juárez desacreditó, ya que no le dejaron un amplio margen de ganancia.

Otra empresa implicada fue la Clínica de Especialidades Wong, que tuvo de accionistas a los hermanos Enrique y Jorge Wong Castañeda. El apoderado legal fue Miguel Ángel Wong Zamudio. Apareció el Grupo Axioma Kusuri. Los socios mayoritarios fueron Juan Carlos Negrete Ayala y Juan Carlos Jiménez Rivera. Negrete fue compañero de Gallardo en la escuela, luego director de servicios médicos del ayuntamiento de Soledad. Es médico de cabecera de su jefe. “Un porcentaje de los recursos fondearon las cuentas de Gallardo Cardona a través de depósitos millonarios en efectivo. Fue como expandieron las inversiones, que luego integraron como capitales en apariencia lícitos, a través de personas morales, compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales dirigidas a Estados Unidos y Australia”.

También fueron denunciados Gallardo Continental, Distribuidora Gallardo, Tangamanga Continental, Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, Inmobiliaria Jorica, Renueva con Coordinación Profesional, Creativa Motors, Agroindustrias Ricón, Acabados Finos del Centro, Dealers Motors San Luis Potosí, RG Eventos Sociales, Taxano Food, Institución Educativa Potosina, Tangamanga Andre, Marketing Visual del Pacífico, 79 Integración Empresarial Center y Quality Inmobiliaria Potosina.

Las personas físicas coludidas son Miguel Ángel Wong Zamudio, Juan Carlos Negrete Ayala, María Elena Rodríguez Álvarez, Juan Carlos Jiménez Rivera, Jesús Ernesto de la Maza, María del Pilar Cardona Reyna, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, Verónica Williams Méndez, Karina Lizet Cardoso Amaya, Marta Amaya Covarrubias, Juan Carlos Valladares García, Manuel Trigo Velasco, Candy Araceli Gallardo Cardona, Roberto Carlos Cardona Reyes, Fernando Juan Marcos Issa, Yonabad Nava Tovar y Eduardo Hernández Tovar. En noviembre del 2024, el columnista de Pulso, Juan José Rodríguez Medina, reveló que el expediente criminal fue reactivado por la fiscalía de la república, tras cuatro años de estar empolvado. Entre los motivos, destaca la conducta atrabiliaria y voraz de Gallardo Cardona.

Otro de los lastres financieros más voluminosos que ponen en riesgo la seguridad física de Gallardo Cardona, es colapsar el manejo administrativo y político del aparato gubernamental, con el débito que arrastra por casi 6 mil millones de pesos en el sistema de pensiones. Ante los desplantes de prepotencia y sentirse intocable, si el poder central decide mandarlo a la banca, neutralizar sus peligrosos despliegues, ya tiene con el inmenso pasivo a los jubilados, el pretexto ideal para enterrar sus pretensiones transexenales. En un solo lance lo pueden borrar del mapa, junto con su cónyuge, la faltista senadora, metida a instalar boyas sin las mínimas planeaciones, Ruth González Silva y el padre, con expedientes criminales inconclusos, que podrían superar los 3 mil millones de pesos, en la etapa que fue alcalde de la capital, donde impuso un estilo tenebroso de sobornos y chantajes al sector inmobiliario. Si buscaban hacer un edificio, tenían que darle uno o dos departamentos, a cambio de autorizarles todos los trámites. Se salvó de pisar la cárcel, por el contubernio que tejió con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, al que el hijo acusa de robarse 20 mil millones de pesos del erario, ser el ideólogo y líder de la llamada “herencia maldita”.

Sin importarle las constantes zancadillas y sabotajes que le ha endilgado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, como echarle por la alcantarilla, la iniciativa de ley para vetar el nepotismo, Gallardo busca sin reposo, endosarle el atroz déficit y los 800 millones de pesos que elude con el sistema de Telesecundarias. Para zafarse de las presiones de miles de profesores, inventó la charada del fantasma de una mujer desnuda en la segunda planta del palacio de gobierno, lo que generó carcajadas planetarias. El volátil ejecutivo se ganó el título del “estúpido más grande de México”.

Tampoco le importó que miles de profesores de tele secundaria de las cuatro zonas del estado, se hayan manifestado, hace meses, durante casi una semana, en las calles y frente al palacio estatal, para exigirle pagos atrasados que oscilan los 800 millones de pesos. Ignoró que, estoicos, con dinero de sus bolsillos, se financiaron el traslado a la capital, para cubrir hospedaje y comida, con resultados adversos. No les pagó un centavo. No le hicieron mella que los manifestantes hayan soportado los quemantes rayos del sol y las altas temperaturas durante la noche. Para darles atole con el dedo, se confabuló con el entreguista dirigente de la sección 26 del magisterio, Juan Carlos Bárcenas.

Los quejosos reclamaron, les homologuen 6 horas laborales, para lo cual se requiere un presupuesto de 167 millones 754 mil 248.15 pesos anuales. Les regularicen el convenio del servicio de gastos médicos mayores, vencido desde el 2021. Pago del seguro institucional patronal, por invalidez, equivalente a 53 millones 653 mil 429.20 pesos. Demandaron les cubran el seguro patronal por invalidez, que alcanza los 11 millones, 495 mil 754.40 pesos. Les cubran las retenciones de seguro conyugal, concepto SP, por 4 millones 366 mil 275.08 pesos. Liquiden las retenciones del seguro conyugal, concepto 98, por 104 millones 6 mil pesos. Saldar un adeudo del Fondo de Vivienda, por 324 millones 191 mil 14.39 pesos. Liquiden el Fondo de Ahorro para el Retiro, en las etapas 14, 15 y 16, por 150 millones 833 mil 7.33 pesos y subsecuentes.

Les cumplan el Fondo de Préstamos Emergentes, concepto 23, que asciende a 11 millones 527 mil 167.10 pesos. Aplicar en lo inmediato, las vacantes generadas en el proceso de promociones verticales, del ciclo escolar 2024-2025, con base a la normativa vigente de los lineamientos y disposiciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros. Contrataciones inmediatas a docentes que permitan cubrir las vacantes por jubilaciones, pensiones o defunciones. Generar categorías directivas que ayuden a saldar las vacantes, que justifican el desempeño de los diversos centros escolares. Cubran el bono de permanencia, de septiembre 2024 a febrero del 2025, por 26 millones, 365 mil 748 pesos. Les paguen compensaciones a directores comisionados de telesecundaria, concepto 97.

Para quitarse las presiones que iban en aumento, a Gallardo se le ocurrieron dos estrategias que provocaron carcajadas planetarias. Ubicó a una mujer desnuda, que se asomó por una de las ventanas de la parte alta del palacio gubernamental, que luego, junto con su gabinete de encubridores, al unísono, con una cara de espanto, repitieron que se trató de un fantasma. Pero se equivocó en las referencias históricas, al establecer que era la emperatriz Carlota de Habsburgo, cuando debió aludir a la princesa Agnes Elisabeth Winona Leclerc Joy, mejor conocida como la princesa Inés de Salm-Salm. Se hizo famosa por los múltiples intentos de salvar la vida del emperador Maximiliano I de México y haberle rogado al presidente Benito Juárez, le perdonara la vida a su esposo, el príncipe Félix de Salm-Salm. Por sus constantes equívocos, Gallardo se ganó el título que debe ubicarlo en las vitrinas de Ripley: el estúpido más grande de México. Luego de las extenuantes y fracasadas batallas de los mentores, lanzó un mensaje lapidario: en el 2025, ya se acabó el dinero para sindicatos y cualquier tipo de reclamo social que le heredó sin pudor “la maldita herencia”. El presupuesto restante lo dedicará a promover como relevo, a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva. Además, realizar obras chafas, caras, sin licitaciones, que le dejan ganancias exponenciales.

En su actuar demencial, en días recientes, el deudor más grande en la historia de San Luis, ventiló la infantil excusa: la responsable de la quiebra de pensiones, es la histórica y tesonera dirigente sindical, Francisca Reséndiz Lara, a cuyo gremio le adeuda incontables prestaciones, cuotas y descuentos por casi 140 millones de pesos. Como no ha podido desaparecer al gremio, ha ordenado a la Guardia Civil Estatal y Policía de Investigación, agredirla en 14 ocasiones o desaparecerla, como pasó con el empleado, Francisco Javier Montes Hernández, corrido de manera arbitraria por su activismo en defensa de los derechos laborales. Aunque el mandatario se ha dedicado a saquear de manera sistemática el fondo de pensiones, ahora le resulta más fácil culpar de la inminente quiebra a su víctima, que capitanea mil 800 elementos. Les ha despedido de manera ilícita a 409 empleados, sin darles las liquidaciones ni la parte proporcional de aguinaldo.

A otros 180 integrantes, les retiene la paga, con el propósito de que renuncien a su militancia. Les ha quitado las cuotas sindicales, fondo de ahorro y préstamos internos. Aunque les descuenta los montos, no los entrega, para ahorcarlos en lo financiero. Les arrebató además las prestaciones contractuales que corresponden al día del padre, madre, niño y aniversario sindical. Sin ingresos, al no tener su fuente de trabajo, murió por la indolencia patronal, María Antonieta Vargas Guerrero, quien padecía una enfermedad crónico degenerativa. Al quitarles Gallardo el acceso al Seguro Social y un hospital privado, falleció otra compañera, que no pudo recibir atenciones médicas precisas. En la misma circunstancia de abandono se encuentran otros 145 miembros del sindicato.

Desde que asumió el mando, les retiene el fondo de pensiones, se queda con el 7% del salario que les rebaja a los trabajadores cada quincena. Tampoco entrega el otro 7% que le corresponde como empleador. El doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, dejó un adeudo a los jubilados de mil 196 millones 727 mil 841 pesos. En tres años de malversaciones, Gallardo lo incrementó a 4 mil 725 millones 17 mil 841 pesos. Es por lo que busca con denuedo, que la presidenta Claudia Sheinbaum pague los platos rotos, como pasó con los débitos del hospital central. También promueve reformas a la ley de pensiones, para que los trabajadores cubran lo que se robó, al incrementar las rebajas al salario y la edad para retirarse.

Además, es un misterio, un enigma, un auténtico acertijo, saber dónde se encuentran los más de 2 mil millones de pesos, producto de la venta de terrenos que desechó la trasnacional Ford, que la “maldita herencia” no se atrevió a desaparecer. Las más frecuentes versiones apuntan a que Gallardo los puso a “sudar” en un banco que se presta a sus malabares. Otras explicaciones apuntan a que ya se lo gastó en comprarle 500 mil votos a su cónyuge, Ruth González Silva, para convertirla en senadora de la república y evitar que le hiciera sombra, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, a la que hostigó y pisoteó para que perdiera de manera vergonzosa.

A través de su vasallo, el ex diputado local, José Luis Fernández, alias “El Chiquis”, logró romper los intentos de los demás legisladores, para formar un comité exprofeso que vigilara el destino de los fondos, que debieron servir para realizar obras prioritarias en las cuatro zonas del estado. Pero Gallardo, empecinado, alardeó, los iba a destinar para construir un tercer piso del distribuidor Juárez. Trazar una vía de cuota hasta Pozos, los próximos 50 años. No se descarta que el dinero lo haya malversado en el elefante blanco conocido como Arena Potosí, donde dilapidó casi 700 millones de pesos.

Es el único beneficiario de los conciertos que realiza con grupos y artistas que entonan narco corridos. Embrutece a sus “ahijados” con la venta industrial de cerveza y alcohol de altos grados. Otra vertiente es que usó los más de 2 mil millones para comprar despensas, que ahora le ayuda a repartir el sospechoso industrial, José Luis Romero, “El Tecmoloco”, quien ya se convirtió en uno de los principales merolicos. Le hace el trabajo sucio para que Ruth González se filtre como gobernadora. Lo cierto es que el gran faltante, Gallardo Cardona lo usa para incrementar su peculio. Busca convertirse, al final del sexenio, en el hombre más rico de San Luis.

Enemigo de las cuentas claras, Gallardo jamás aceptará que tiene en virtual bancarrota a los potosinos. Aunque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó meterlo a la cárcel, por mafioso, le entregó el mando, lo que de nada le sirvió. Ignoró las órdenes imperativas para que arreglara de fondo, el problema del ducto de agua, El Realito, que sigue vigente. No aportó los 100 millones de pesos que le tocaban para activar el programa de apoyos a los discapacitados, uno de los íconos promocionales del tabasqueño, que esperó más de un año a su alumno preferido, que al final, dio lo que quiso. Entre los incontables débitos que Gallardo le endilgó a los potosinos, podría figurar todavía un pendiente de 310 millones 100 mil pesos a la empresa Veolia, que atendió la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Tanque Tenorio, durante 18 años. Antes, desmintió al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, de haber finiquitado el tema.

El monto se elevó, al 22 de marzo del 2024, a 310 millones de pesos, cantidad que se acumuló desde abril del 2023, cuando decidió ya no pagar. La línea de crédito contingente del fideicomiso que se tenía para garantizar el pasivo, fue concluida en su plazo por el gobierno estatal el 21 de noviembre del 2023, sin justificante alguno. Los afectados dijeron que la Planta Tenorio mantuvo una excelencia operativa durante tres sexenios, de acuerdo al contrato. Además, le propuso al deudor, diversos planes para resarcir el daño y darle continuidad a las actividades. Veolia manifestó estar en la mejor apertura, para mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades estatales, que permitieran alcanzar una salida justa y favorable para ambas partes, en estricto apego a los términos establecidos en el convenio.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la veracidad y transparencia informativa. Estamos dispuestos a esclarecer cualquier mal entendido. En Veolia mantenemos un diálogo constante hacia la ciudadanía, para actualizarla sobre los avances del asunto”. Gallardo jamás aclaró si el entuerto se resolvió, de dónde sacó los recursos para cubrirlo y los trámites realizados para contratar al nuevo encargado de limpiar las aguas del Tanque Tenorio, que tuvo en el abandono varios meses, lo que generó altos niveles de contaminantes a la naturaleza y una insoportable pestilencia entre los vecinos de los fraccionamientos adyacentes.

Aunque en la Feria Nacional Potosina el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se podría gastar 200 millones de pesos, se ignora de dónde los obtiene. No le importa convertirse en un deudor contumaz. Le debe a medio mundo y ni siquiera se inmuta. El ex senador de Morena, Primo Dothé, denunció que en los hospitales públicos, existe una severa crisis de insumos, que impiden realizar las hemodiálisis a cientos de enfermos. En forma arbitraria, le quitó las aportaciones que le competen entregar cada año a la universidad autónoma, con el pretexto de que le iba a pagar con obras en especie, lo que tampoco ha cumplido.

Acostumbrado a hacer trabajos chafas y caros, no alcanza a superar las normas estrictas de calidad que exige la institución. Además, está sujeto a licitar las acciones, lo que representa un obstáculo mayúsculo, ya que su estilo es hacer concursos arreglados, donde siempre ganan sus prestanombres, socios o las empresas que usa de fachada. Temeroso de su seguridad y estado físico, el rector Alejandro Zermeño siempre se anduvo por las ramas al momento de cobrarle los rezagos, para no provocar la ira del capataz, que no le ha pagado 150 millones de pesos. Usó de intermediaria a la autoridad federal en el ramo educativo para reclamar el débito, sin resultados favorables. Casi furtivo, declaró que ha intentado hablar con el mandatario y la secretaría de finanzas sobre el tema, pero resultó inútil el esfuerzo. Se consoló a sí mismo al concluir que sin duda, tienen otras prioridades. El débito podría dejar sin aguinaldo a miles de universitarios, nulo pago de quincenas y vulnerar el esquema de pensiones antes de que concluya el 2025. Zermeño enfatizó que enfrenta un contexto preocupante.

La fallida presa Las Escobas que anunció con grandes expectativas la presidenta Claudia Sheinbaum, es casi seguro no se hará por la conducta omisa e irresponsable de Gallardo, al que le encargó hacer los estudios preliminares y manejar el tema las indemnizaciones con los habitantes de Escalerillas. El sustrato que podría explicar el fracaso es que Gallardo no tiene los 300 millones de pesos que le tocó aportar. Aunque presume ser un jeque huachichil, existen sólidos ejemplos de que ha entrado en una peligrosa etapa de insolvencia. Y si ya endeudó a los potosinos con rezagos estratosféricos, sería catastrófico que el obsecuente poder legislativo le autorice otra suma igual, que habrá de destinar a despilfarros.

Entre sus colaboradores más cercanos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se proyecta como un empresario exitoso. Alardea que todas las inversiones ejecutadas, le dejan pingues dividendos. Pero no aclara que lo erogado, sale de las arcas. No le cuestan un centavo. Las firmas que usa de fachadas, tienen garantizados saldos favorables, con sobreprecios. Como elude las licitaciones públicas, se queda con las obras más boyantes a través de prestanombres. Al figurar como proveedor número uno del estado, obtiene lucros exponenciales al ejecutar una carretera, el pavimentado de una calle, venta de mochilas, uniformes, zapatos, garrafones de agua, tortillas, intermediario de grupos musicales, boletaje para conciertos y bebidas alcohólicas que oferta en la Arena Potosí, Feria Nacional Potosina, Teatro del Pueblo y palenque de la Fenapo.  Aunque tiene apenas estudios tangibles de secundaria, se considera con mayor inteligencia que el ex mandatario y contador público, Marcelo de los Santos Fraga, experto en blanquear cuentas públicas. No obstante los saldos multi millonarios que logra al año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó años atrás, que arrastraba deudas individuales por 12 millones 300 mil pesos de impuestos sobre la renta, por multas y recargos al fisco.

La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez aseveró que calificaron de “inoperantes, los conceptos impugnatorios planteados en contra de las revisiones de gabinete, ya que Gallardo promovió un amparo de juicio indirecto en contra del mandato”. En forma unánime, de 10 votos a favor y cero en contra, se determinó un crédito fiscal de 12 millones 300 mil pesos por depósitos bancarios no declarados en 2013, por el ahora gobernante. En el 2015, recibió la visita del Servicio de Administración Tributaria, cuando el diario Reforma, reveló que tenía propiedades en Texas, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez. Desde el 2019, impugnó el adeudo del ISR por depósitos bancarios recibidos durante el ejercicio fiscal en febrero del 2013, los cuales no justificó ante el SAT. A través de un oficio, el órgano recaudador determinó el 20 de junio del 2018, que Gallardo Cardona tiene un crédito fiscal por la cantidad de 12 millones 300 mil pesos, que incluye ISR, actualizaciones, recargos y multas en el ejercicio 2013, como por la miscelánea fiscal para el 2013. Mosri Gutiérrez explicó que Ricardo Gallardo Cardona “no aclaró el origen de depósitos bancarios observados, por la cantidad de un millón 800 mil pesos, al no proporcionar los números donde consta el registro ni exhibir las comprobaciones respectivas”. Diversos diarios nacionales aludieron a que el gobernador estuvo preso en el 2015, por lavado de dinero y delincuencia organizada.