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Leobardo Guerrero dice que la ciudadanía rechaza gobiernos ocurrentes

El ex candidato a la alcaldía de Rioverde, Leobardo Guerrero, recién afiliado a Morena, afirmó que su compromiso político con el nuevo partido, será respetar y seguir sus lineamientos. Pero sobre todo, trabajar junto a la militancia y estructura, para ganarse un lugar en las filas. Afirmó que tiene interés para en su momento, encabezar la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Precisó que si en el tiempo que falta para las votaciones surge otro perfil más viable, para ser el abanderado, lo apoyará. Lo importante es cumplirle a los ciudadanos, que tienen ánimos de un cambio. Enfocarse en resolverles las necesidades, pues ya basta de gobiernos ocurrentes.

Morena es un partido fuerte, con experiencia y demasiados militantes para organizar y cuidar los comicios. Capaz de ubicar representantes en cada casilla durante el proceso. Es donde está el truco y la derrota de los partidos, que no alcanzan a cuidarlas. Insistió en no que no se dejará arrastrar por las encuestas, que ya lo posicionan con el 70% de simpatías, en contraste con la posible abanderada del Verde Ecologista, Karina Quintero, esposa del presidente municipal, Arnulfo Urbiola. Se centrará en planear lo que se puede hacer a favor de Rioverde. “Quisiera que alguien me garantice, voy a llegar con vida al momento esperado. Me dedicaré a trabajar y si hay la alternativa, fructifique”.

Indicó que su ingreso a Morena, lo vuelve vulnerable a la crítica y ataques políticos en perfiles falsos de Facebook, donde le exigen, regrese lo que se llevó cuando estuvo al frente de una dependencia ganadera, cuando nunca ha trabajado en algo semejante ni se dedica a tal sector. “Son distractores que buscan engañar a la gente y se enganchen. Pero nos conocen. Saben que soy comerciante y un ciudadano que aspira a ganarse el respeto. Vivo como el común de los mortales. Me trasporto en moto o bicicleta. Entiendo sus problemas porque también los padezco. Sin embargo, cuando haya imprecisiones sobre mi persona, saldré a aclararlas. Aunque no hay forma que fructifiquen las calumnias en mi contra, porque la gente me conoce”.

Mantendrá el respaldo a los regidores de Movimiento Ciudadano que llegaron al cargo por el voto proporcional del partido que los arropó y hacen labores de contrapeso en el cabildo. Cuestionan lo que consideran incorrecto. Y nada les impide hacer equipo con sus colegas de otras ideologías. Aseguró que es el momento para que Morena, con su doctrina, a través de liderazgos regionales, pueda llegar a la presidencia municipal y hagan la diferencia en el mando.

Expuso que lo prioritario es ocuparse del 95% de los habitantes, para que tengan acceso a servicios básicos, como agua y luz. “Es una mentira que ya todos los tengan en sus casas. Existe un déficit importante en el abasto y manejo. Hay que resolver primero las necesidades urgentes de la gente, antes de operar una línea de trasporte público de primera generación, con aire acondicionado”.

Añadió que antes de colocar parquímetros en las estrechas calles, se deben implementar programas viales, en consenso con los comerciantes y prestadores de servicios del centro. Abrir espacios de estacionamientos y descentralizar oficinas gubernamentales y ciertos negocios que saturan el primer cuadro de la ciudad. Cualquiera puede aportar soluciones para evitar los cuellos de botella. Se necesita sentido común, no ser impositivos, trabajar de mano con la ciudadanía”.

Guerrero se pronunció por dar mayor impulso al turismo. Los visitantes llegan por si solos, por los atractivos naturales que existen y el clima agradable de la zona media. Faltan campañas que lo incentiven y deje un mayor beneficio a los habitantes.

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Al afiliarse a Morena, Leobardo Guerrero se perfila como el inminente candidato a alcalde de Rioverde

Después del tropiezo de sumar al ex secretario del ramo educativo, Ernesto Barajas Ábrego, al que consideran un espía del gobernador Ricardo Gallardo, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, se anotó una jugada de tres bandas, al afiliar al carismático empresario de Rioverde, Leobardo Guerrero Aguilar, quien se perfila como el candidato único a la alcaldía en el 2027.

Es la figura que puede frenar las aspiraciones caciquiles transexenales del presidente municipal, Arnulfo Urbiola, que se impuso mediante un grotesco fraude y ahora pretende dejarle el cargo a su esposa, la presidenta del DIF municipal, Karina Quintero.

El fichaje de Guerrero lo anunció Rodríguez en una gira proselitista por la huasteca. Con tal jugada política, le cercena a Gallardo un peligroso tentáculo en la zona media. Es la maniobra que busca implementar en los ayuntamientos bajo su férula: todos los ediles deben juntarle votos a la senadora Ruth González, para alcanzar la gubernatura. A cambio, les promete reelegirse a través de las cónyuges en los municipios.

Pero en Valles, ya traicionó al obsecuente David Medina, al que obligó dar el bandazo del PAN al Verde Ecologista. Temeroso de que el industrial acusado de huachicoleo, José Luis Romero, alias “El Tecmol”, se juntara en un frente ciudadano, donde podría figurar el magnate de Tanquián de Escobedo, Gerardo Sánchez Zumaya, el edil de la capital, Enrique Galindo y la misma Rita Ozalia Rodríguez, Gallardo se precipitó al cooptar al ex diputado local del PRI, que antes lo llamó “rata, pero del tamaño de un canguro”.

Ahora le entrega a Romero miles de despensas para actos proselitistas, que debía manejar la secretaría de desarrollo social o el mismo Medina, al que le retira el apoyo para no heredarle la estafeta a la encargada del DIF, Ena Avendaño. Ahora envía Romero a confrontarlo. Cada rato lo acusa de desfalcos millonarios y hacer obras de pésima calidad.

En el caso de Guerrero, Rita Rodríguez se cobra tangencial las incontables humillaciones que recibió de Gallardo, que le impidió alcanzar la senaduría en las últimas elecciones. También deja en evidencia el abandono y las omisiones cometidas por el diputado local y líder de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, que ya sucumbió a las tentadoras ofertas del mandatario.

En Rioverde, critican a Gama, no haber defendido a Guerrero del robo de urnas cometido por Urbiola. Los simpatizantes del afectado, relatan que el legislador, no le facilitó un millón de pesos para litigar su caso en la sala regional de Monterrey, donde pudo revertir las alteradas cifras.

Ante los ataques desmesurados de Urbiola contra el regidor Salvador López, quien le exige cuentas claras en el manejo del erario, Gama optó voltear de lado. Alegó que se trata de un pleito entre particulares.

Al confrontar los resultados de MC y el Verde Ecologista, Guerrero superó con una gran diferencia al sospechoso transportista. Se coló con los 8 mil votos adicionales de Morena. No funcionó la denuncia que hizo antes de las votaciones, el dirigente del comité municipal, Juan José Deveza, al denunciar que la Cuarta Transformación, no iba a respaldar a un personaje vinculado a grupos criminales y desapariciones de personas. Conminó a sus correligionarios no respaldar un funcionario deshonesto. El mensaje no llegó a las bases, que votaron por la inercia de la diabólica alianza.

Con el respaldo irrestricto de Rodríguez, el popular comerciante, al que los clientes llaman “señor presidente” cuando acuden a comprarle refacciones automotrices, carga además el 42% de simpatías que le arroja Morena. Antes de competir en los siguientes comicios, ya trae en la bolsa, arriba del 70% de las intenciones de votos.

A Urbiola se le habrá de complicar “levantar” o secuestrar a su férreo opositor, como sucedió en la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Rioverde. Ahora, de manera contradictoria, debe ser el más preocupado de que a Guerrero, no lo atropellen en la oscuridad. Como es también un charro consumado, vigilar que no lo tumbe el caballo.

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Gerardo Zapata, el alfil de los Gallardo que se niega sistemático a informar sobre las malversaciones del dinero público en propagandas mediáticas

La nueva campaña institucional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, bajo el lema “Potosí Sin Límites”, se promueve ya de forma extensa en documentos institucionales, gafetes de empleados, redes sociales, medios informativos, espectaculares y objetos promocionales como gorras, camisetas y mochilas. Vía transparencia, se buscó conocer el costo, los objetivos, las contrataciones y el financiamiento. La respuesta fue evasiva y contradictoria.

La solicitud, registrada con el folio 240469725000044, fue dirigida a la Coordinación de Comunicación Social, dependencia encargada de la imagen promocional del gobierno. En lugar de proporcionar datos, se limitaron a señalar que “lo peticionado compete a otro organismo centralizado, lo cual nos imposibilita atender la solicitud”.

Además, dijeron que se realizó una búsqueda en archivos físicos y digitales de la Dirección Jurídica de Servicios, adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos, sin que se localizara informe alguno. Lo más grave es que la misma Coordinación de Comunicación Social afirmó que solicitaría datos a la Oficialía Mayor, que en una cadena absurda de evasiones, respondió que le correspondía facilitarlos al área de prensa.

No no es la primera vez que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se niega a transparentar el manejo de recursos públicos en campañas propagandísticas. Cuando lanzó la denominada, “Ya se nota”, era un eslogan que comenzó como lema publicitario y terminó convertido en insignia de gobierno. Se utilizó en más de 50 espectaculares repartidos por la capital del estado, en avenidas como Salvador Nava y el río Santiago. También apareció en spots de radio y televisión, portales de noticias, redes sociales, boletines institucionales y entrevistas pagadas.

La campaña fue ejecutada por el área de comunicación social bajo la dirección de Gerardo Zapata Rosales, quien activó una estrategia basada en resaltar supuestos logros del gobierno, mientras evadía temas como la inseguridad, la crisis en servicios médicos, el desabasto de agua y el desvío de recursos en programas sociales.

Cuando se solicitó por transparencia el monto total gastado en esta campaña (folio 240468022000012), la respuesta fue que no se realizaron erogaciones bajo esos conceptos, es decir, que el gasto fue de cero pesos. Una afirmación rotundamente falsa, desmentida por la evidente exposición de la campaña en todos los canales institucionales y mediáticos.

Lo mismo ocurrió con la campaña anterior, “Vivir sin miedo”, utilizada en los primeros meses del sexenio. Aunque el eslogan se estampó en espectaculares, bardas, boletines y entrevistas promocionales, nunca se informó cuánto se invirtió ni qué empresas fueron contratadas.

La opacidad también ha alcanzado los informes de gobierno. El segundo informe del gobernador Gallardo, realizado en Ciudad Valles, fue un acto ostentoso con pantallas gigantes, fuegos artificiales, escenario con luces, sonido profesional, sillas para más de mil invitados y fuerte presencia mediática.

Sin embargo, cuando fueron solicitados los gastos mediante tres solicitudes distintas, las respuestas fueron inconsistente. Primero dijeron que había un presupuesto de 1.5 millones de pesos, pero que no se ejerció un peso. Luego, que el área de prensa no era competente para responder. Tras otro intento, se afirmó que el gasto fue de cero pesos, lo cual carece de certeza ante la magnitud del despliegue. Incluso, la ex diputada Gabriela Martínez Lárraga, presente en el acto, declaró que parecía más una fiesta de 15 años. Censuró el abismo entre el pueblo y los funcionarios, mediante barandales de acero y el derroche ante las carencias sociales.

Gallardo llegó al extremo de reservar los datos relacionados en los contratos firmados con medios informativos locales y nacionales, durante 10 años. Una de las solicitudes, folio 240468024000015, buscó conocer el gasto público destinado a la empresa Badabun, contratada para producir y difundir más de 20 videos propagandísticos, donde Gallardo y su esposa, Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal y senadora, son los protagonistas centrales.

El vocero gubernamental, Gerardo Zapata Rosales, reservó todos los informes de contratos, órdenes de compra, pautas de difusiones, fichas técnicas, materiales entregables y expedientes completos. La excusa fue que divulgar los datos, podría “poner en riesgo la vida, salud o recaudaciones tributarias”, un argumento absurdo, ya que se le pidieron contratos públicos con una empresa de contenido digital.

La misma suerte corrió la solicitud de contratos con figuras mediáticas como Adela Micha, quien ha difundido entrevistas y reportajes favorables al gobernador a nivel nacional. También se ha complicado conocer los montos pagados a influencers y medios alineados que forman parte de la maquinaria de promociones burocráticas.

Además, niegan el acceso a cuestiones elementales sobre convenios con medios informativos y se bloquea el conocimiento sobre cuánto se gasta en promocionar a Gallardo y su entorno con recursos que deberían destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura básica. El responsable de ocultar la verdad es Zapata Rosales. Con experiencia previa como vocero en los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis y ayuntamiento de Soledad, ha consolidado una estrategia basada en el control informativo, negar hechos y hacer manipulaciones mediáticas. Evita rendir cuentas sobre los recursos públicos gastados en promover la imagen del actual mandatario.

Lejos de ejercer sus tareas como enlace transparente entre el gobierno y la ciudadanía, Zapata se ha convertido en cómplice del derroche, encubrir los millonarios gastos en campañas que buscan imponer una imagen de éxito. Mientras, se imponen los hechos crudos, en hospitales sin medicamentos, pensiones sin pagar y la violencia ascendente que no da tregua. En los promocionales de “Potosí Sin Límites”, intenta perpetuar la imagen de Gallardo como un benefactor, pero a costa del bolsillo de los potosinos, quienes no conocen cuánto cuesta la propaganda insulsa.

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Ahora el Infonavit hará casas para rentarlas a los trabajadores

El doctor en derecho fiscal, Pedro Gaytán, dijo que el mando federal convirtió a los gobiernos estatales en entes recaudadores con pistola y tolete. No persiguen a las grandes empresas, sólo a los pequeños negocios y clase trabajadora del país. En el 2025, el gobierno central hizo cambios de fondo, pero no solo en temas fiscales. Uno de los más relevantes es el de prestaciones a los empleados. En febrero se aprobó y entró en vigor un nuevo decreto. Por falta de estructura del Infonavit y Seguro Social, se pospuso para septiembre próximo.

Explicó que ahora obligan a todos los patrones, retener al trabajador, un porcentaje del salario, que va del 10 al 30%, para cubrir el crédito actual que tiene con el Infonavit y entregarlo por bimestre a la misma dependencia. Además, deben pagar los días por incapacidades y ausencias del empleado, cuando las leyes vigentes dictan que le toca cubrirlas al Seguro Social y las ausencias no las salda ninguna de las partes.

Refirió que en el nuevo decreto, el Infonavit no tendrá dinero, porque el organismo va construir 75 mil casas. No son para darlas en créditos, como propiedad a los obreros. Se van usar para rentarlas. El dueño será el estado. Los descuentos serán del 30%. Además, se disminuye el número de viviendas y el presupuesto para quienes buscan adquirir un domicilio. El 80% del techo financiero se va a canalizar para hacer hogares que serán arrendados.

“Tampoco bajaron los costos de los créditos, para que haya mayor demanda y cada persona consiga dónde vivir. Es lo justo. Es una tarea del gobierno. Si construyen para rentar, no habrá negocio. Al dueño se le complica, le paguen. O inicia un juicio de desalojo. Ahora serán los patrones, los que cobren. Son los que va a retener los pagos. Es el mejor negocio. Algo inaudito, pero es la nueva ley. Lo más grave es que el Infonavit hará las viviendas. Está prohibido. Regresan al pasado, lo que generó altas producciones. ¿Contra quién se quejará la gente si se caen los techos, por no impermeabilizar? O no funcionen los paneles solares. No haya agua. Antes obligaban al constructor a cumplir. Se especializaron en hacer casas de interés social. Ahora se van a inconformar contra el estado”.

Gaytán sostuvo que si el gobierno hace las 75 mil casas, va a generar corruptelas. Habrá nuevos ricos. Conminó a los trabajadores que tengan derecho a su crédito, lo utilicen para comprar, no rentar la morada, porque no será suya. “Es dinero tirado a la basura. Si el obrero se incapacita o ausenta, el empresario pagará los costos. Será el cobrador y encargado de pagarle al instituto”.

Señaló que hay incapacidades permanentes, lo que permite a la instancia, prepararse para pagar al trabajador las pensiones, lo que sucede a los 7 ó 12 meses, para otorgar el retiro vitalicio por enfermedad. “No lo hace el Seguro Social, debido a los vicios existentes, lo que afecta a los afiliados. Jamás entrega incapacidades por 30 días. Los primeros cuatro no los cubren, se los roban. Lo hacen a partir del quinto. En lugar de dar pensiones definitivas, las entregan temporales, cada mes. Pero al juntar 10, le quitan 40 días al asalariado. El más afectado. Es por lo que el Seguro Social busca en lo financiero, dejar de pagar. Es una manera vil de robar en términos legales. En las pensiones, primero entregan incapacidades mensuales, durante un año. Luego dan la definitiva. El seguro despoja al empleado, casi un mes y medio de sueldo”.

A partir de septiembre del 2025, los dueños de las empresas, saldarán el crédito de la vivienda y las incapacidades del trabajador. También se vendrá una cascada de amparos por inconformes que no asumirán lo que no les corresponde. Le compete al estado. Aclaró que el Infonavit le cobra al trabajador por medio del sector patronal. “No es lo mismo ser retenedores, exigir rentas a convertirse en avales. Son cambios que afectan a los involucrados”.

El fiscalista relató que en diciembre del 2024, entró en vigor la “Ley Silla”, que se aplica a partir del uno de junio del año en curso. La norma establece que todos los negocios, están obligados a proporcionar, en las horas de descanso del empleado, una silla con respaldo. La necesitan los que caminan demasiado en los bares. Citó La Caverna, que usa piedras o bancos de madera, pero sin apoyos. La Ley Federal del Trabajo establece que hay jornadas laborales de 4 y 8 horas continuas, con 30 minutos para comer. Las empresas están ceñidas a darle a los empleados, agua y sillas exprofeso.

Gaytán informó que el salario se incrementó en un 143% en los últimos seis años. “Hubo un impacto benéfico para el trabajador, que junto con los negocios, también deben cubrir el seguro social, que se incrementó al mismo nivel, igual el Infonavit. Si van a tener más recursos, no deben entregar créditos para renta. Mejor facilitar, adquieran una vivienda propia. Con tantos cambios de fondo, el gobierno se convirtió en un instrumento fiscalizador político. El Seguro Social, Protección Civil de cada municipio y estado, Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y estatal, lo manejan como una mina de ingresos. Son recaudadoras, sancionadoras, porque necesitan cumplir una cuota. Pero no van contra las grandes empresas, que saben defenderse. Buscan las pequeñas”.

Multan a destajo a pequeños negocios, con un trabajador, como papeleras, ferreteras, panaderías, talleres que hacen cambios de aceite en vehículos. Si tienen apenas una silla con respaldo, carecen de extinguidores, botiquín de primeros auxilios, no hay salidas de emergencia, les imponen multas de 25 mil pesos. Además, un dictamen de funcionamiento, que solo hace el compadre del recaudador. Las sanciones se elevan a 50 mil pesos. Debía ser un acto preventivo, a través de cursos gratuitos. Pero le dieron un giro extorsionador, al exigirle a cada dependencia, llegar a una cuota”.

Explicó que se mantuvo el Régimen de Incorporación Fiscal y se le dio mayor énfasis al Régimen Simplificado de Confianza, done tiene derecho a un ingreso de 3.5 millones de pesos. “No se necesita contabilidad, porque no paga Impuesto Sobre la Renta.  Se cubre una tasa o cuota de 1 al 2.5%. Es positivo, en el aspecto de simplificar y transparencia. El contribuyente declara que vendió 10 mil pesos y paga 100 pesos, sin documentos”. Exaltó que el estado combata a las factureras, que están en el poder legislativo local y dependencias estatales. Nadie las detiene.

Aclaró que el Impuesto sobre el Valor Agregado o IVA, “es la parte complicada, porque se maneja con todos los requisitos fiscales. Ojalá se establezca el pago de una tasa única, del uno por ciento. Le ayudará mucho al fisco a recaudar, no generar complicaciones. Vienen más arqueos, porque el estado necesita cubrir una cuota”. Agregó que otros temas nacionales, fueron las devoluciones de impuestos a personas físicas. Afirmó que los principales pagadores de impuestos en México, son los trabajadores. Se les retiene en forma directa, el 8 y 15%. Cuando rebasan los 30 mil pesos, sube al 30%.

Gaytán expuso que el contribuyente, tiene derecho a retribuciones, al presentar las declaraciones anuales y tenga ingresos mayores a 400 mil pesos. Es decir, si ganó en promedio de 30 o 35 mil pesos mensuales y cubrió gastos escolares, servicios médicos, nutricionales, psicológicos y defunciones. Los cinco rubros son deducibles. La ley establece que le deben ser devueltos. “Lo que no ocurrió, porque el nuevo secretario de hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que no. Hizo las fiscalizaciones más estrictas contra los trabajadores.  No incluyó las empresas”.

“Dijeron que son gastos médicos atípicos. Significa, son poco probables, se hicieran. La autoridad supuso que el empleado está sano. Además, le pidieron demostrar lo material. Es decir, si fue al doctor. Incluso, los obligan a pedir un justificante, para sustentar la visita. Después, la constancia fiscal del especialista. Con tales acciones, el estado rompió la esfera de lo confiable. Violentó las protecciones a los datos del médico y paciente. Los afectados promovieron amparos. Después del primero de junio, sabrán si ganaron”.

Pedro Gaitán indicó que el Sistema de Administración Tributario se convirtió en una maquinaria protectora de acciones que violentan los derechos de los trabajadores. Obligó a los ciudadanos a tramitar otra vez las devoluciones. “El estado ha sido muy cruel. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que lo hará, nunca les devolverán su dinero. El uso de la inteligencia artificial y los robotitos, les han funcionado de manera efectiva. Recordemos que después del 2014, al instituirse por primera vez la firma electrónica, cuando alguien emite una factura, después de Dios, el SAT lo sabe. Tienen los datos de lo que comemos y con quien se duerme”.

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Gallardo Cardona dejará en la quiebra financiera a los potosinos, por lo que se habrá de blindar, al buscar dejarle la estafeta a su cónyuge, Ruth González Silva

Al asumir la gubernatura en el 2021, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona alardeó sus dotes de Casanova, que le han dejado varios hijos, “y los que vienen”, pero también acusó a su antecesor, Juan Manuel Carreras, dejarle un hoyo negro, financiero, por más de 20 mil millones de pesos. Pero nunca lo requirió, no obstante ubicarlo como el ícono e ideólogo de la “herencia maldita”. Fue un pacto de sangre, ya que el doctor en derecho, tampoco emprendió acciones judiciales contra el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, padre del mandatario, implicado en peculados que pueden superar los 3 mil millones de pesos. Agotados todos los nichos de ingresos, Gallardo recurre constante a los caros créditos quirografarios, de rápido reembolso. Tan sólo en el 2024, solicitó 4, por un monto de 2 mil 290 millones de pesos. A Banorte le pidió 990 millones. A Scotiabank 650 y Banco Bilbao Vizcaya Accival o Bancomer, otros 650, por los que cubrió casi 204 millones de pesos en intereses. Lo que debía ejercer según lo establecido en el presupuesto anual, lo saca de improviso, para saldar aguinaldos del magisterio, burocracia y tal vez los costos de la Feria Nacional Potosina, donde en el 2025, podría malversar 200 millones de pesos. Experto en vaciar las arcas públicas y no dar el mínimo dato de su conducta fraudulenta, ya se alista para endeudar sin ambages a los potosinos. Antes de irse, podría heredarles un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos. Es por lo que le urge y nadie le habrá de impedir que deje como relevo a su cónyuge, la senadora del Verde Ecologista, Ruth González Silva. Además, ya anunció que en el 2026, se sumará a la abierta y prematura campaña, para también blindarse como futuro diputado federal. Lo calculó todo, sin el mínimo error.

El 14 de agosto del 2020, el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acusó ante el fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, al ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, por el lavado de 724 millones 608 mil 296.43 pesos, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, evasores fiscales y corruptelas. El dinero fue extraído de los ayuntamientos de Soledad y la capital. Las pesquisas también alcanzaron al magnate acerero, Juan Carlos Valladares García, padre del legislador federal, Juan Carlos Valladares Eichelmann, ex secretario de fomento económico y virtual candidato a la alcaldía de San Luis.  Para dispersar los recursos, usaron 20 sociedades mercantiles y 19 personas físicas. El dinero terminó en las reservas del ahora mandatario y sus allegados. Usaron empresas fachadas para actividades simuladas, falsearon declaraciones fiscales, por lo que les aseguraron 178 cuentas bancarias. Utilizaron a Investigaciones Médicas del Potosí, donde apareció el director del hospital Lomas, Manuel Trigo Velasco y Valladares García, al que también involucraron en la compra fraudulenta de lámparas led con la firma Panavi, que Gallardo Juárez desacreditó, ya que no le dejaron un amplio margen de ganancia.

Otra empresa implicada fue la Clínica de Especialidades Wong, que tuvo de accionistas a los hermanos Enrique y Jorge Wong Castañeda. El apoderado legal fue Miguel Ángel Wong Zamudio. Apareció el Grupo Axioma Kusuri. Los socios mayoritarios fueron Juan Carlos Negrete Ayala y Juan Carlos Jiménez Rivera. Negrete fue compañero de Gallardo en la escuela, luego director de servicios médicos del ayuntamiento de Soledad. Es médico de cabecera de su jefe. “Un porcentaje de los recursos fondearon las cuentas de Gallardo Cardona a través de depósitos millonarios en efectivo. Fue como expandieron las inversiones, que luego integraron como capitales en apariencia lícitos, a través de personas morales, compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales dirigidas a Estados Unidos y Australia”.

También fueron denunciados Gallardo Continental, Distribuidora Gallardo, Tangamanga Continental, Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, Inmobiliaria Jorica, Renueva con Coordinación Profesional, Creativa Motors, Agroindustrias Ricón, Acabados Finos del Centro, Dealers Motors San Luis Potosí, RG Eventos Sociales, Taxano Food, Institución Educativa Potosina, Tangamanga Andre, Marketing Visual del Pacífico, 79 Integración Empresarial Center y Quality Inmobiliaria Potosina.

Las personas físicas coludidas son Miguel Ángel Wong Zamudio, Juan Carlos Negrete Ayala, María Elena Rodríguez Álvarez, Juan Carlos Jiménez Rivera, Jesús Ernesto de la Maza, María del Pilar Cardona Reyna, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, Verónica Williams Méndez, Karina Lizet Cardoso Amaya, Marta Amaya Covarrubias, Juan Carlos Valladares García, Manuel Trigo Velasco, Candy Araceli Gallardo Cardona, Roberto Carlos Cardona Reyes, Fernando Juan Marcos Issa, Yonabad Nava Tovar y Eduardo Hernández Tovar. En noviembre del 2024, el columnista de Pulso, Juan José Rodríguez Medina, reveló que el expediente criminal fue reactivado por la fiscalía de la república, tras cuatro años de estar empolvado. Entre los motivos, destaca la conducta atrabiliaria y voraz de Gallardo Cardona.

Otro de los lastres financieros más voluminosos que ponen en riesgo la seguridad física de Gallardo Cardona, es colapsar el manejo administrativo y político del aparato gubernamental, con el débito que arrastra por casi 6 mil millones de pesos en el sistema de pensiones. Ante los desplantes de prepotencia y sentirse intocable, si el poder central decide mandarlo a la banca, neutralizar sus peligrosos despliegues, ya tiene con el inmenso pasivo a los jubilados, el pretexto ideal para enterrar sus pretensiones transexenales. En un solo lance lo pueden borrar del mapa, junto con su cónyuge, la faltista senadora, metida a instalar boyas sin las mínimas planeaciones, Ruth González Silva y el padre, con expedientes criminales inconclusos, que podrían superar los 3 mil millones de pesos, en la etapa que fue alcalde de la capital, donde impuso un estilo tenebroso de sobornos y chantajes al sector inmobiliario. Si buscaban hacer un edificio, tenían que darle uno o dos departamentos, a cambio de autorizarles todos los trámites. Se salvó de pisar la cárcel, por el contubernio que tejió con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, al que el hijo acusa de robarse 20 mil millones de pesos del erario, ser el ideólogo y líder de la llamada “herencia maldita”.

Sin importarle las constantes zancadillas y sabotajes que le ha endilgado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, como echarle por la alcantarilla, la iniciativa de ley para vetar el nepotismo, Gallardo busca sin reposo, endosarle el atroz déficit y los 800 millones de pesos que elude con el sistema de Telesecundarias. Para zafarse de las presiones de miles de profesores, inventó la charada del fantasma de una mujer desnuda en la segunda planta del palacio de gobierno, lo que generó carcajadas planetarias. El volátil ejecutivo se ganó el título del “estúpido más grande de México”.

Tampoco le importó que miles de profesores de tele secundaria de las cuatro zonas del estado, se hayan manifestado, hace meses, durante casi una semana, en las calles y frente al palacio estatal, para exigirle pagos atrasados que oscilan los 800 millones de pesos. Ignoró que, estoicos, con dinero de sus bolsillos, se financiaron el traslado a la capital, para cubrir hospedaje y comida, con resultados adversos. No les pagó un centavo. No le hicieron mella que los manifestantes hayan soportado los quemantes rayos del sol y las altas temperaturas durante la noche. Para darles atole con el dedo, se confabuló con el entreguista dirigente de la sección 26 del magisterio, Juan Carlos Bárcenas.

Los quejosos reclamaron, les homologuen 6 horas laborales, para lo cual se requiere un presupuesto de 167 millones 754 mil 248.15 pesos anuales. Les regularicen el convenio del servicio de gastos médicos mayores, vencido desde el 2021. Pago del seguro institucional patronal, por invalidez, equivalente a 53 millones 653 mil 429.20 pesos. Demandaron les cubran el seguro patronal por invalidez, que alcanza los 11 millones, 495 mil 754.40 pesos. Les cubran las retenciones de seguro conyugal, concepto SP, por 4 millones 366 mil 275.08 pesos. Liquiden las retenciones del seguro conyugal, concepto 98, por 104 millones 6 mil pesos. Saldar un adeudo del Fondo de Vivienda, por 324 millones 191 mil 14.39 pesos. Liquiden el Fondo de Ahorro para el Retiro, en las etapas 14, 15 y 16, por 150 millones 833 mil 7.33 pesos y subsecuentes.

Les cumplan el Fondo de Préstamos Emergentes, concepto 23, que asciende a 11 millones 527 mil 167.10 pesos. Aplicar en lo inmediato, las vacantes generadas en el proceso de promociones verticales, del ciclo escolar 2024-2025, con base a la normativa vigente de los lineamientos y disposiciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros. Contrataciones inmediatas a docentes que permitan cubrir las vacantes por jubilaciones, pensiones o defunciones. Generar categorías directivas que ayuden a saldar las vacantes, que justifican el desempeño de los diversos centros escolares. Cubran el bono de permanencia, de septiembre 2024 a febrero del 2025, por 26 millones, 365 mil 748 pesos. Les paguen compensaciones a directores comisionados de telesecundaria, concepto 97.

Para quitarse las presiones que iban en aumento, a Gallardo se le ocurrieron dos estrategias que provocaron carcajadas planetarias. Ubicó a una mujer desnuda, que se asomó por una de las ventanas de la parte alta del palacio gubernamental, que luego, junto con su gabinete de encubridores, al unísono, con una cara de espanto, repitieron que se trató de un fantasma. Pero se equivocó en las referencias históricas, al establecer que era la emperatriz Carlota de Habsburgo, cuando debió aludir a la princesa Agnes Elisabeth Winona Leclerc Joy, mejor conocida como la princesa Inés de Salm-Salm. Se hizo famosa por los múltiples intentos de salvar la vida del emperador Maximiliano I de México y haberle rogado al presidente Benito Juárez, le perdonara la vida a su esposo, el príncipe Félix de Salm-Salm. Por sus constantes equívocos, Gallardo se ganó el título que debe ubicarlo en las vitrinas de Ripley: el estúpido más grande de México. Luego de las extenuantes y fracasadas batallas de los mentores, lanzó un mensaje lapidario: en el 2025, ya se acabó el dinero para sindicatos y cualquier tipo de reclamo social que le heredó sin pudor “la maldita herencia”. El presupuesto restante lo dedicará a promover como relevo, a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva. Además, realizar obras chafas, caras, sin licitaciones, que le dejan ganancias exponenciales.

En su actuar demencial, en días recientes, el deudor más grande en la historia de San Luis, ventiló la infantil excusa: la responsable de la quiebra de pensiones, es la histórica y tesonera dirigente sindical, Francisca Reséndiz Lara, a cuyo gremio le adeuda incontables prestaciones, cuotas y descuentos por casi 140 millones de pesos. Como no ha podido desaparecer al gremio, ha ordenado a la Guardia Civil Estatal y Policía de Investigación, agredirla en 14 ocasiones o desaparecerla, como pasó con el empleado, Francisco Javier Montes Hernández, corrido de manera arbitraria por su activismo en defensa de los derechos laborales. Aunque el mandatario se ha dedicado a saquear de manera sistemática el fondo de pensiones, ahora le resulta más fácil culpar de la inminente quiebra a su víctima, que capitanea mil 800 elementos. Les ha despedido de manera ilícita a 409 empleados, sin darles las liquidaciones ni la parte proporcional de aguinaldo.

A otros 180 integrantes, les retiene la paga, con el propósito de que renuncien a su militancia. Les ha quitado las cuotas sindicales, fondo de ahorro y préstamos internos. Aunque les descuenta los montos, no los entrega, para ahorcarlos en lo financiero. Les arrebató además las prestaciones contractuales que corresponden al día del padre, madre, niño y aniversario sindical. Sin ingresos, al no tener su fuente de trabajo, murió por la indolencia patronal, María Antonieta Vargas Guerrero, quien padecía una enfermedad crónico degenerativa. Al quitarles Gallardo el acceso al Seguro Social y un hospital privado, falleció otra compañera, que no pudo recibir atenciones médicas precisas. En la misma circunstancia de abandono se encuentran otros 145 miembros del sindicato.

Desde que asumió el mando, les retiene el fondo de pensiones, se queda con el 7% del salario que les rebaja a los trabajadores cada quincena. Tampoco entrega el otro 7% que le corresponde como empleador. El doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, dejó un adeudo a los jubilados de mil 196 millones 727 mil 841 pesos. En tres años de malversaciones, Gallardo lo incrementó a 4 mil 725 millones 17 mil 841 pesos. Es por lo que busca con denuedo, que la presidenta Claudia Sheinbaum pague los platos rotos, como pasó con los débitos del hospital central. También promueve reformas a la ley de pensiones, para que los trabajadores cubran lo que se robó, al incrementar las rebajas al salario y la edad para retirarse.

Además, es un misterio, un enigma, un auténtico acertijo, saber dónde se encuentran los más de 2 mil millones de pesos, producto de la venta de terrenos que desechó la trasnacional Ford, que la “maldita herencia” no se atrevió a desaparecer. Las más frecuentes versiones apuntan a que Gallardo los puso a “sudar” en un banco que se presta a sus malabares. Otras explicaciones apuntan a que ya se lo gastó en comprarle 500 mil votos a su cónyuge, Ruth González Silva, para convertirla en senadora de la república y evitar que le hiciera sombra, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, a la que hostigó y pisoteó para que perdiera de manera vergonzosa.

A través de su vasallo, el ex diputado local, José Luis Fernández, alias “El Chiquis”, logró romper los intentos de los demás legisladores, para formar un comité exprofeso que vigilara el destino de los fondos, que debieron servir para realizar obras prioritarias en las cuatro zonas del estado. Pero Gallardo, empecinado, alardeó, los iba a destinar para construir un tercer piso del distribuidor Juárez. Trazar una vía de cuota hasta Pozos, los próximos 50 años. No se descarta que el dinero lo haya malversado en el elefante blanco conocido como Arena Potosí, donde dilapidó casi 700 millones de pesos.

Es el único beneficiario de los conciertos que realiza con grupos y artistas que entonan narco corridos. Embrutece a sus “ahijados” con la venta industrial de cerveza y alcohol de altos grados. Otra vertiente es que usó los más de 2 mil millones para comprar despensas, que ahora le ayuda a repartir el sospechoso industrial, José Luis Romero, “El Tecmoloco”, quien ya se convirtió en uno de los principales merolicos. Le hace el trabajo sucio para que Ruth González se filtre como gobernadora. Lo cierto es que el gran faltante, Gallardo Cardona lo usa para incrementar su peculio. Busca convertirse, al final del sexenio, en el hombre más rico de San Luis.

Enemigo de las cuentas claras, Gallardo jamás aceptará que tiene en virtual bancarrota a los potosinos. Aunque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó meterlo a la cárcel, por mafioso, le entregó el mando, lo que de nada le sirvió. Ignoró las órdenes imperativas para que arreglara de fondo, el problema del ducto de agua, El Realito, que sigue vigente. No aportó los 100 millones de pesos que le tocaban para activar el programa de apoyos a los discapacitados, uno de los íconos promocionales del tabasqueño, que esperó más de un año a su alumno preferido, que al final, dio lo que quiso. Entre los incontables débitos que Gallardo le endilgó a los potosinos, podría figurar todavía un pendiente de 310 millones 100 mil pesos a la empresa Veolia, que atendió la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Tanque Tenorio, durante 18 años. Antes, desmintió al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, de haber finiquitado el tema.

El monto se elevó, al 22 de marzo del 2024, a 310 millones de pesos, cantidad que se acumuló desde abril del 2023, cuando decidió ya no pagar. La línea de crédito contingente del fideicomiso que se tenía para garantizar el pasivo, fue concluida en su plazo por el gobierno estatal el 21 de noviembre del 2023, sin justificante alguno. Los afectados dijeron que la Planta Tenorio mantuvo una excelencia operativa durante tres sexenios, de acuerdo al contrato. Además, le propuso al deudor, diversos planes para resarcir el daño y darle continuidad a las actividades. Veolia manifestó estar en la mejor apertura, para mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades estatales, que permitieran alcanzar una salida justa y favorable para ambas partes, en estricto apego a los términos establecidos en el convenio.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la veracidad y transparencia informativa. Estamos dispuestos a esclarecer cualquier mal entendido. En Veolia mantenemos un diálogo constante hacia la ciudadanía, para actualizarla sobre los avances del asunto”. Gallardo jamás aclaró si el entuerto se resolvió, de dónde sacó los recursos para cubrirlo y los trámites realizados para contratar al nuevo encargado de limpiar las aguas del Tanque Tenorio, que tuvo en el abandono varios meses, lo que generó altos niveles de contaminantes a la naturaleza y una insoportable pestilencia entre los vecinos de los fraccionamientos adyacentes.

Aunque en la Feria Nacional Potosina el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se podría gastar 200 millones de pesos, se ignora de dónde los obtiene. No le importa convertirse en un deudor contumaz. Le debe a medio mundo y ni siquiera se inmuta. El ex senador de Morena, Primo Dothé, denunció que en los hospitales públicos, existe una severa crisis de insumos, que impiden realizar las hemodiálisis a cientos de enfermos. En forma arbitraria, le quitó las aportaciones que le competen entregar cada año a la universidad autónoma, con el pretexto de que le iba a pagar con obras en especie, lo que tampoco ha cumplido.

Acostumbrado a hacer trabajos chafas y caros, no alcanza a superar las normas estrictas de calidad que exige la institución. Además, está sujeto a licitar las acciones, lo que representa un obstáculo mayúsculo, ya que su estilo es hacer concursos arreglados, donde siempre ganan sus prestanombres, socios o las empresas que usa de fachada. Temeroso de su seguridad y estado físico, el rector Alejandro Zermeño siempre se anduvo por las ramas al momento de cobrarle los rezagos, para no provocar la ira del capataz, que no le ha pagado 150 millones de pesos. Usó de intermediaria a la autoridad federal en el ramo educativo para reclamar el débito, sin resultados favorables. Casi furtivo, declaró que ha intentado hablar con el mandatario y la secretaría de finanzas sobre el tema, pero resultó inútil el esfuerzo. Se consoló a sí mismo al concluir que sin duda, tienen otras prioridades. El débito podría dejar sin aguinaldo a miles de universitarios, nulo pago de quincenas y vulnerar el esquema de pensiones antes de que concluya el 2025. Zermeño enfatizó que enfrenta un contexto preocupante.

La fallida presa Las Escobas que anunció con grandes expectativas la presidenta Claudia Sheinbaum, es casi seguro no se hará por la conducta omisa e irresponsable de Gallardo, al que le encargó hacer los estudios preliminares y manejar el tema las indemnizaciones con los habitantes de Escalerillas. El sustrato que podría explicar el fracaso es que Gallardo no tiene los 300 millones de pesos que le tocó aportar. Aunque presume ser un jeque huachichil, existen sólidos ejemplos de que ha entrado en una peligrosa etapa de insolvencia. Y si ya endeudó a los potosinos con rezagos estratosféricos, sería catastrófico que el obsecuente poder legislativo le autorice otra suma igual, que habrá de destinar a despilfarros.

Entre sus colaboradores más cercanos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se proyecta como un empresario exitoso. Alardea que todas las inversiones ejecutadas, le dejan pingues dividendos. Pero no aclara que lo erogado, sale de las arcas. No le cuestan un centavo. Las firmas que usa de fachadas, tienen garantizados saldos favorables, con sobreprecios. Como elude las licitaciones públicas, se queda con las obras más boyantes a través de prestanombres. Al figurar como proveedor número uno del estado, obtiene lucros exponenciales al ejecutar una carretera, el pavimentado de una calle, venta de mochilas, uniformes, zapatos, garrafones de agua, tortillas, intermediario de grupos musicales, boletaje para conciertos y bebidas alcohólicas que oferta en la Arena Potosí, Feria Nacional Potosina, Teatro del Pueblo y palenque de la Fenapo.  Aunque tiene apenas estudios tangibles de secundaria, se considera con mayor inteligencia que el ex mandatario y contador público, Marcelo de los Santos Fraga, experto en blanquear cuentas públicas. No obstante los saldos multi millonarios que logra al año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó años atrás, que arrastraba deudas individuales por 12 millones 300 mil pesos de impuestos sobre la renta, por multas y recargos al fisco.

La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez aseveró que calificaron de “inoperantes, los conceptos impugnatorios planteados en contra de las revisiones de gabinete, ya que Gallardo promovió un amparo de juicio indirecto en contra del mandato”. En forma unánime, de 10 votos a favor y cero en contra, se determinó un crédito fiscal de 12 millones 300 mil pesos por depósitos bancarios no declarados en 2013, por el ahora gobernante. En el 2015, recibió la visita del Servicio de Administración Tributaria, cuando el diario Reforma, reveló que tenía propiedades en Texas, junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez. Desde el 2019, impugnó el adeudo del ISR por depósitos bancarios recibidos durante el ejercicio fiscal en febrero del 2013, los cuales no justificó ante el SAT. A través de un oficio, el órgano recaudador determinó el 20 de junio del 2018, que Gallardo Cardona tiene un crédito fiscal por la cantidad de 12 millones 300 mil pesos, que incluye ISR, actualizaciones, recargos y multas en el ejercicio 2013, como por la miscelánea fiscal para el 2013. Mosri Gutiérrez explicó que Ricardo Gallardo Cardona “no aclaró el origen de depósitos bancarios observados, por la cantidad de un millón 800 mil pesos, al no proporcionar los números donde consta el registro ni exhibir las comprobaciones respectivas”. Diversos diarios nacionales aludieron a que el gobernador estuvo preso en el 2015, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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PUGNA ENTRE VERDES Y GUINDAS SACUDE A LA SECCIÓN 52 Y A LA BECENE LA UNIDAD QUEBRANTADA

En los tiempos del factótum Rafael Turrubiartes Macías la Sección 52 parecía un monolito: sólida, de una sola pieza.

Las diferencias internas eran zanjadas por quien consolidó una cultura de dependencia generalizada hacia su persona.

Desde obtener plaza para familiares de cualquier integrante de “su” sección, hasta lograr cargos públicos o de representación popular, pasando por direcciones de escuela heredadas al margen de todo derecho laboral contando con el silencio de los afectados que ya habían recibido algún favor o esperaban recibirlo.

A la propia dirección de la Normal del Estado nunca pudo llegar la profesora Dolores Reyes Velázquez pues, al no contar con la venia del señor, tuvo que conformarse con la sub dirección y ver cómo llegaba al cargo un extraño, Jesús Medina Romero, por acuerdo del gobernador Fonseca con Turrubiartes.

Líder nato, fue presidente de la asociación de estudiantes normalistas potosinos y parte del Movimiento Reivindicador del Magisterio en 1960.

Integrante de comisiones en el Comité Nacional del SNTE, Secretario General de la Sección 52 del SNTE en los setenta, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital y diputado local.

En 1979 llegó Carlos Jonguitud Barrios como gobernador, cacique y señor de horca y cuchillo, líder nacional del SNTE con derecho de picaporte a las puertas de toda secretaría federal, de lo que supo sacar jugo para atraer recursos que dieran realce a su gestión.

El choque fue inevitable.

A pesar que Jonguitud le impuso como dirigente sindical a “El Gato Gámez” logró capear el temporal y, en los siguientes sexenios se mantuvo vigente.

Secretario de Educación con el efímero Florencio Salazar, Director de Pensiones con Leopoldino y Corbalá, diputado local durante el sexenio de Horacio Sánchez Unzueta.

Fue Director de Profesiones con el panista Marcelo de los Santos y aspiró a sucederle apuntándose como precandidato del Partido Nueva Alianza apenas iniciando el 2009.

Con el propio Marcelo de los Santos su hijo Xicoténcatl fue diputado plurinominal por el PAN; por ser hijo de quien era, fue Secretario General de la Sección 52 y director del SEER de noviembre de 2003 hasta su deceso en 2012, ya con Toranzo.

Con su venia, Griselda Álvarez Olivares fue regidora, diputada local por Nueva Alianza y titular del SEER, este último cargo desde 2012 hasta que llegó Gallardo al poder.

Rafael Turrubiartes falleció el 7 de octubre de 2015 siendo Director de Profesiones con Juan Manuel Carreras López.

Enrique Vanegas fue el último Secretario General de la Sección 52 respaldado por Turrubiartes y Griselda Álvarez la última en el SEER.

La trágica e inesperada muerte de ambos Turrubiartes dejó en la orfandad política a un gremio que dependía al cien por ciento del padre.

Martín Rodríguez fue electo en marzo de 2019 en un proceso que ya no contó con la presencia del líder vitalicio en medio de jaloneos entre tres aspirantes.

Llegando el 2021 varios ex dirigentes de la Sección 52, liderazgos de delegaciones y escuelas, así como ex diputados y un regidor, dieron su respaldo al panista Octavio Pedroza Gaitán y al priista Galindo Ceballos, justificando que no querían a Morena ni participaban en ese proyecto.

Allí sellaron su suerte; ganó Ricardo Gallardo y actuó en consecuencia.

En el SEER, sustituye a Griselda Álvarez poniendo en su lugar a Juan Carlos Torres Cedillo y, cuatro meses y medio después, a Crisógono Sánchez Lara, ex Secretario General de la Sección 26 y ex diputado local, con la indicación de fragmentar al gremio para que Gallardo se apoderara de la sección sindical. ¿O alguien se tragó el cuento que era por sus méritos académicos, docentes o por un genuino interés en la educación?

Corrupto y corruptor, el nombramiento de Crisógono fue una bofetada para los estatales.

Orquestó contra Martín Rodríguez verdaderas campañas negras apoyado por los malquerientes del líder sindical, a quien le obstaculizó toda gestión para hacerle ver como un inútil.

Se agravó el incumplimiento de prestaciones, pensiones y pagos diversos para enderezar la responsabilidad sobre Martín Rodríguez, y no sobre Crisógono como autoridad responsable; menos sobre el gobierno de Ricardo Gallardo.

Martín denunciaba que desde perfiles falsos y plataformas de facebook se replicaban mensajes con denuestos y calumnias en su contra.

Las autoridades gallardistas responsables operaban en las sombras y sin ser molestadas por los inconformes. La intromisión partidista de Chógono y el Verde, durante la elección interna de la Sección 52, fue evidente en respaldo de la planilla Blanca encabezada por Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

Desde la dirección de la Escuela Normal del Estado hacía lo propio Francisco Hernández Ortiz, apoyando también a la planilla Blanca; casi todos en la BECENE estuvieron con la Blanca, incluido el próximo Director Juan Manuel Guel Rodríguez y sus cercanos, también afines al Verde.

Por su lado, el grupo de Martín Rodríguez respaldaba la planilla Naranja con Brenda Josefina Rivera Oliva.

Ganaron los favoritos del Verde y Martín Rodríguez Ramírez partió al exilio a cubrir su plaza laboral.

A partir de ese 24 de octubre, con el SEER y la 52 afines al gobernador, todo parecía marchar sobre ruedas, con una base sindical fragmentada y confrontada.

Hasta que el 21 de marzo de 2025 Crisógono fue relevado en el SEER.

Crisógono, además de su labor de zapa contra el oficialismo naranja, impulsó la afiliación al Verde desde el SEER llegando al grado de permitir la instalación de módulos de afiliación en las propias instalaciones educativas. No fue defenestrado, sino cambiado a la Secretaría del Trabajo estatal.

Su lugar fue ocupado, para sorpresa de propios y extraños, por el casi defenestrado Martín Rodríguez, quien pasaba de ser opositor a la gallardía a funcionario y jefe de sus anteriores detractores.

Tres meses después, el 23 de junio se armó el merequetengue en la Benemérita y Centenaria Normal del Estado por el relevo del director, hecho catalogado por los inconformes como una decisión política y se preguntaban sobre el motivo real para retirar al Doctor Francisco reclamando que si había algo que no supieran se dijera.

Los opositores a la medida reconocían a la autoridad educativa la facultad para hacerlo pero alegaban inconformidad por las formas que faltaban al respeto al director relevado y al sector que le apoyaba.

La molestia de parte de la planta educativa alcanzó también a los estudiantes quienes se decantaron en favor y en contra a riesgo de generar actos de violencia.

Alumnos con navajas para retirar lonas y docentes disputando en la azotea, unos para poner y otros para quitar las lonas.

División y polarización expuestas al ojo público.

Frontalmente, la nueva dirigente, Bibiana Guerrero, se sumó a los inconformes.

Se cerró la escuela y se bloqueó parcialmente el tránsito de la calle de Zapata.

Que Juan Manuel Guel llegara acompañado de Martín Rodríguez a las instalaciones de la BECENE debió sentirse como una bofetada.

El elegido por la gallardía cuenta con un sólido perfil profesional y, por su juventud, con amplia aceptación entre el estudiantado.

Pero estimo que lo determinante para su promoción fue el estar cercano en los actos oficiales del Partido Verde, al igual que su hermano Ángel, quien es integrante de la directiva estudiantil.

Que cambiaran a Chógono del SEER y al Director Francisco Hernández Ortiz de la BECENE, luego de 23 años de Hernández Ortiz en el cargo, no debió molestar tanto; la afrenta radica en quién sustituye a Chógono y su encomienda para nombrar sustituto en la Normal del Estado.

La Secretaria General de la Sección 52 calificó la decisión como autoritaria, injustificada y de evidente trasfondo político.

Se cuidó de especificar cuál sería ese trasfondo político, pero se preguntaban: “¿por qué remover a quien ha demostrado resultados concretos, medibles y aplaudidos a nivel nacional?”. Y se respondían que la remoción no es técnica ni educativa, sino “una represalia política por no alinearse a ciertos intereses”. Por supuesto, se cuidó de especificar qué intereses.

Sostenían en la 52 que “la dignidad no se negocia” y que “la BECENE no es un botín político”.

Para aumentar la presión política desempolvaron todos los pendientes que ya reclamaban desde la gestión de Martín como líder sindical pero que parecían soslayados con la dirigente Bibiana.

Llegados a la mesa de negociación se resolvió que Juan Manuel Guel se quedaba como nuevo Director y que los pendientes seguirían dialogándose.

El respetable público no supo qué pasó.

Pues resulta que a mediados de febrero el límpido cielo verde ecologista se vio amenazado por una nube de color guinda.

A mediados de ese febrero, el dirigente charro del SNTE, Alfonso Cepeda, se afilia a Morena y ofrece afiliar a un millón y medio de borregos, es decir, de trabajadores de la educación afines a él a su nuevo partido, estimando llegar hasta 5.5 millones contando a familiares.

Andrés Manuel, el pequeño, Secretario de Organización de Morena busca llegar a diez millones de afiliados, así que sucumbió ante el encantador de serpientes y, según dichos de Cepeda, hasta le dio tres mil laptops para ese fin.

Cepeda baja la instrucción a nivel nacional pues no puede quedar mal ante su nuevo y recién corporativo partido.

Y Chógono, entre la espada y la pared, prefiere cambiar de aires que no le comprometan.

En su lugar pudo llegar cualquiera, pero Gallardo compra su alma a Martín Rodríguez en un verdadero manotazo que sacudió la estructura toda de la Sección 52.

Fue una especie de “tengan, para que aprendan”.

Y es que, entre la espada y la pared, la nueva dirigencia de la 52 empezó a afiliar en favor de Morena, muy, pero muy por debajo de la mesa, pero que llegó a oídos de Gallardo.

Después de tantos agravios, Gallardo ofreció a Martín Rodríguez la oportunidad de saborear su particular venganza: llegar como jefe de sus enemigos políticos.

La oportunidad la pintan calva.

Gallardo tiene dividido y sometido al magisterio estatal de la 52.

Prácticamente se los acabó.

Con Martín Rodríguez en el SEER y Juan Manuel Guel en la BECENE dio un golpe de timón.

Habrá qué ver si en el SEER y en las filas sindicales logra Gallardo detener las afiliaciones hacia Morena y encaminarlas al Verde.

Habrá qué observar si la dirigente Bibiana Guerrero se somete también o se decanta por la disciplina en favor de Cepeda y la nueva Morena corporativa y pragmática.

Ni Jonguitud pudo contra la 52.

Pero ya no hay un Rafael Turrubiartes y sobran esquiroles.

Al tiempo todo sale.

Ya saldrá.

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El enigma de Borley, el lugar más embrujado de Inglaterra

Harry Price nació en Londres en 1881 y es considerado por muchos, como el primer cazafantasmas de la historia y de los iniciales investigadores psíquicos. A lo largo de su vida, se dedicó a desenmascarar a falsos espiritistas, prestidigitadores, magos y médiums. Fundó en 1926, el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica, en el cual, el objetivo principal fue recolectar datos de los fenómenos paranormales, sin explicaciones, para luego analizarlos con rigor científico. Rápido Price fue considerado más como un científico escéptico. En 1934, ya contaba con un notorio prestigio ante la comunidad científica de la época, lo que le valió el acceso a los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, el caso que más fama y controversia generó hasta nuestros días, es el de la Rectoría de Borley, el lugar más embrujado de Inglaterra.

Cuenta la historia que en el año 1060 de nuestra era, comenzó a edificarse la iglesia de Borley, situada en el condado de Essex, Inglaterra, la cual, en el transcurso del tiempo, ha sido modificada en varias ocasiones. Le han añadido torres y algunos otros edificios. El lugar perteneció a un terrateniente local, pero en 1360, entregó el inmueble a la curia, que a su vez, ordenó construir un monasterio sencillo y sin lujos en las cercanías. Los monjes benedictinos que lo habitaron, fueron del tipo austero. Luego se produjo un rompimiento entre la iglesia católica y se formó la vertiente anglicana. A raíz del acontecimiento, el rey Enrique VIII, manda matar a todos los frailes de Borley, para luego deshacerse de los cuerpos en los alrededores.

En 1545, Borley fue adquirido por otro personaje, en los tiempos de la reina María, una mujer sanguinaria, quién, al sospechar algún tipo de traiciones por parte del terrateniente, ordenó matarlo, junto con su esposa. Los cuerpos fueron colocados en la iglesia de Borley, con lo que sumó más historias trágicas al lugar.

Al pasar del tiempo, a un costado de la parroquia, hizo la rectoría para que la habitara el reverendo de la iglesia y su familia. El lugar pasó de un directivo a otro y en forma extraña, el que estaba en turno, derribó el edificio y construía uno nuevo. Para entonces, ya se escuchaban rumores de sucesos extraños, de historias fantasmagóricas. Se cuenta que en 1360, un fraile benedictino, sostuvo relaciones amorosas con la religiosa de un convento cercano, llamada Marie Lairre. Al ser descubiertos, la pareja intentó huir en vano. Al ser capturados, el hombre murió ahorcado en uno de los árboles del complejo. La mujer fue obligada a presenciar los hechos, después fue emparedada viva, en el mismo convento.

En 1862, el reverendo Dawson Bull, construyó sobre las ruinas, una nueva rectoría para ocuparla con su familia. Se dice que el edificio de estilo gótico, estaba embrujado, desde sus inicios. En la primera noche, vivieron sucesos inexplicables, como repentinos cambios de temperatura, ruidos de carruajes, visiones de jinetes sin cabeza, golpes a las paredes. Las hijas del sacerdote, ven la figura de una monja que deambula, la cual se desvanece al percatarse de la presencia de las niñas. Tras la muerte del padre, abandonan el lugar.

Se instala en la rectoría el predicador Smith junto a su esposa, a los pocos días son víctimas de los fenómenos paranormales que cada vez son más violentos. Encuentran el cráneo de una mujer al fondo de un armario, las campanas del servicio suenan sin parar, objetos son arrojados al tejado de la casa, el frio es insoportable. Se escuchan quejidos y susurros, las situaciones los superan y deciden escribirle a Price, para que inicie las investigaciones, que duran más de 10 años. Se alojó por temporadas en el tétrico lugar. Fue testigo de terribles fenómenos, ruidos de pasos y carruajes, gritos, lamentos, golpes en los muros, piedras que eran arrojadas a los muros de forma inexplicable. Junto a los Smith, Price realizó sesiones espiritistas para contactar el alma del presbítero Bull, quien les advirtió de una serie de actos sangrientos ocurridos antes. Los Smith se fueron al día siguiente y no volvieron a pisar el lugar.

Años después, el ministro Lyonel Foyster y su esposa Marianne, compran el edificio, un lugar grande, frío, en muy malas condiciones y austero, pues no contaba con agua potable, ni electricidad. Habían escuchado de las historias, pero se consideraban completos escépticos. Durante un tiempo, no sucedió nada fuera de lo común, pero un día, presenciaron toda clase de manifestaciones y actividades paranormal. Las apariciones espectrales más terroríficas. Marianne empezó a notar que aparecían letras sobre las paredes, alguien o algo las escribía.

Eran advertencias, conceptos de auxilio, desesperación, por tal motivo, los Foyster solicitan de nuevo que interceda Price, quien decidió acudir con su grupo de ayudantes. Los mensajes en los muros no cesan. A la vista de todos, los espíritus imploraban misas, rezos, veladoras. Marianne también fue víctima de fenómenos poltergeists, al ser arrojada de su cama y sufrir especies de posesiones. Escuchaba voces en su cabeza. El marido realizó dos intentos fallidos de exorcismos. Un anuncio en particular que recibe Marianne, la estremece. Le dicen que “la casa será pasto de las llamas”. Al poco tiempo, la residencia quedó otra vez abandonada.

En 1937, Price alquila la rectoría con el objetivo de realizar una pesquisa exhaustiva, recluta a cuarenta y ocho personas que no tienen nada que ver con lo paranormal o lo psíquico. Trabajan y en año y medio, logran registrar sucesos espeluznantes e inexplicables. Concluyó que el inmueble estaba infestado, embrujado.

La historia de la rectoría de Borley no terminaría tan pronto. En 1938, cuando la propiedad fue alquilada por el capitán Gregson, fue consumida por las llamas. El dueño fue testigo de cómo una lámpara de aceite, que parecía ser movida por algo invisible, se estrelló contra el piso, con lo que se dio por cumplida la advertencia de Marianne. A los 6 años después, el nuevo propietario, al iniciar labores constructivas, descubre tras un muro, restos óseos, de Price. Llama al predicador Henning y deciden realizar misas y sepultan los restos. Buscaron cerrar el oscuro y sangriento pasado en Borley.

Los análisis se desprenden del libro “The most haunted house in england”, del cual hubo genuinos creyentes y múltiples detractores. Se rumoró que como buen prestidigitador, todo formó parte de un plan fraudulento de Price y los propietarios del lugar en turno. Afirman también que las leyendas del monasterio, fueron contadas para romantizar la historia del lugar, ¿fraude o cierto?

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Torres Cedillo, por revanchismos y misoginia, no le entrega una plaza de secundaria a la maestra Roxana Leija, que ganó por evaluaciones

Después de casi tres años de solicitar, se le otorgue una plaza como directora de secundaria en el Sistema Educativo Estatal Regular, a la que tiene derecho por haber obtenido el tercer y cuarto lugar en las evaluaciones para que los profesores puedan acceder a un ascenso en su carrera profesional, la maestra Juana Roxana Leija Muñiz, denunció que el titular del ramo educativo, Juan Carlos Torres Cedillo, misógino y revanchista, se la niega. Mejor se las entrega a personas sin méritos, por amiguismo y compadrazgos.

La mentora expuso que para lograr el cargo solicitado, participó tres veces en las evaluaciones que realiza la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros. En la primera oportunidad que se inscribió al proceso, no le aceptaron las evaluaciones, al dejar fuera su grado de maestría. En los siguientes concursos de oposición, 2022-2023 y 2023-2024 de promociones verticales, ocupó los sitios tercero y cuarto. Fue cuando solicitó, le otorgara el cargo, al entonces director del Seer, Crisógono Sánchez Lara, que sustituyó en el cargo a Torres Cedillo, quien brincó como secretario de educación.

Sánchez Lara le dijo que no había lugares vacantes, mejor fuera a pedirle trabajo a Torres Cedillo en la Sege. Ante la negativa, empezó a asesorarse en temas de transparencia, con el experto en la materia, el capitán retirado del ejército, Jesús Federico Piña Fraga. Solicitó y obtuvo informes. Supo que los lugares fueron ocupados por gente allegada a Torres Cedillo y Crisógono Sánchez, sin someterse a evaluaciones, ni contar con los méritos académicos requeridos. Además, les fueron asignados jugosos salarios.

“Cuando empecé a indagar, como represalia, me sacan del centro de trabajo, para ya no seguir con las evaluaciones. Me ataca en particular, la directora de servicios administrativos, María Leticia Castillo Hernández. En las redes sociales, arman una campaña negra, se burlan de mi persona. Me obligan a meter una denuncia penal en contra de Sánchez Lara y Castillo, para que me dejaran en paz. No obstante, exijo una respuesta a mi reclamo”. Denunció que Sánchez, como titular del Seer, ganaba en nómina más de 80 mil pesos. Contaba con otras dos plazas de director de escuela e inspector. “Ahora que está como secretario del trabajo, debe regresarlas”. Precisó que María Leticia Castillo, en nómina, gana más que el titular. Tiene ingresos por 94 mil 777.20 pesos.

 “Lo cierto es que se embolsa 120 mil pesos al mes. Con la salida de Sánchez, la bajaron a inspectora, pero con el mismo salario. Otra beneficiada es Socorro Corpus Almendariz. Tiene el cargo de investigadora y 17 horas clases en la Normal del Estado. Es sobrina de la ex directora del Seer, Griselda Álvarez. Los sueldos son altos, para personas que nunca han sido evaluadas. Pedí por transparencia, el nivel de estudios de Corpus. Ni siquiera tiene una maestría. Suben fácil los escalafones. Hay muchos casos de inspectores, directores y subdirectores que ocupan cargos que no les corresponden. No están preparados. Mientras obtienen grandes salarios, el sistema de pensiones está quebrado. Los que nos esforzamos para capacitarnos, somos los que pagamos los platos rotos”.

Criticó a Torres Cedillo, quien solapa todas las irregularidades que ocurren en el Seer, donde estuvo al frente cuatro meses. No ha dado respuesta a sus múltiples escritos. El último lo envió el 21 de febrero del año en curso, donde le reclama, violenta su derecho a una respuesta. Precisó que el funcionario la castiga por revanchismo, ya que denunció por delito de pedofilia, al que fuera su secretario particular, Ramón Ulises Villagrán, al abusar de una menor de edad de secundaria, lo que derivó en su salida, ordenada por el gobernador Ricardo Gallardo.

“Se fue, pero Torres Cedillo lo protege. Mantiene a su hermana en la nómina de la Sege, Joseline Villagrán Rodríguez. Es la coordinadora de organismos descentralizados. Tiene plaza de inspectora en el último nivel de promociones que otorgó la carrera magisterial. Otra, Gladys Villagrán, es también inspectora. Un hermano más tiene plaza de director. Solicité sus evaluaciones y jamás las mostraron. Ulises Villagrán, como su secretario, gozaba de un gran poder interno. Alardeaba tener 90 horas clases, parecía el jefe de la dependencia, decidía quien entraba o no a las reuniones con Crisógono Sánchez. Le gustaba humillar a la gente. Ostentoso, se paseaba en un Camaro amarillo”.

Añadió que como director del Seer, Torres Cedillo benefició también con puestos a familiares y amigos. Como su cuñada, Brenda Paola Silva Cruz. La colocó como directora de servicios administrativos. “Controla las plazas desde la Sege. Usa a incondicionales para usurpar lugares y quedarse con los cargos que no les corresponden. Los otorgan de manera ilegal. Colocó en el Centro de Maestros a la profesora Antonia Zavala Rentería, que tiene el cargo de inspectora. “Torres Cedillo viola los derechos laborales y profesionales de los maestros que nos evaluamos. No permite acceder a los mecanismos de promociones docentes para mejorar como educadores y obtener un salario mayor”.

Juana Roxana Leija aseguró que sólo busca justicia para el magisterio y ya no se cometan tantas arbitrariedades. Hizo un llamado al gobernador, Ricardo Gallardo, para que “le amarre las manos a Torres, por su pésimo desempeño. Ojalá ponga orden, aplique una auditoria, regularice las plazas, para que se tomen en cuenta a los maestros que cumplan con el perfil. Lo que exige la ley del servicio profesional docente, que entró en vigor en el 2013. Si el mandatario quiere cumplir el objetivo de lograr un gobierno austero, debe empezar con una limpia en el Seer. No permitir que llegue gente a usurpar lugares, con sueldazos que luego repercuten al momento de jubilarse. Van a ampliar la fractura al mermado sistema de pensiones”.

Solicitó a Gallardo, atienda sus peticiones de ascenso, que ganó en forma legítima y que Torres Cedillo no ha resuelto. Sólo le da largas, por lo que planea demandarlo, debido a las constantes omisiones. No cejará hasta que le hagan justicia. Si el mandatario tampoco la atiende, llevará su queja a la conferencia, la Mañanera del Pueblo, que diario encabeza la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum. “Nos sentimos defraudados por Torres Cedillo. Ni siquiera me da la cara. Le faltan estudios para estar en el cargo. Le recomiendo que se capacite. Gallardo debió dejar en el puesto al doctor Ernesto Barajas, con mayor perfil profesional. Si en verdad queremos un estado que progrese, debemos empezar por lo educativo. Le pido al gobernador, me conceda una audiencia, para demostrarle con documentos, lo que denuncio”. La afectada siguió los trámites con el nuevo director de la dependencia, Martín Rodríguez, que tampoco le resuelve nada. No se moverá mientras Torres Cedillo no le gire instrucciones.

Torres Cedillo y Martín Rodríguez impulsaron como candidata a la dirigencia de la sección 52 del magisterio a Brenda Josefina Rivera Oliva, que perdió ante la actual dirigente Bibiana Guerrero, que durante una semana, bloqueó el acceso a las instalaciones de la escuela Normal del Estado, en protesta por el arbitrario cambio del director, Francisco Hernández, al que suplieron con Juan Manuel Guel y exigir, cumplan prestaciones laborales. A Rivera la pretende colocar en una dirección del Seer. En octubre del 2022, fue acusada de defraudar a maestros a través del sistema piramidal. Exigía a sus víctimas, entrarle con 24 mil pesos a cambio de recibir 129 mil en sólo dos semanas. La querella la ventiló una de las afectadas, la profesora Anabel López Moreno.   

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El ex gobernador Juan Manuel Carreras podría tener con otros familiares, más de 800 hectáreas en el ejido La Pila

El ex delegado del ejido La Pila, Eulogio López Delgado, quien encabeza además a un grupo de 180 campesinos, sostuvo que sigue vigente el juicio de nulidad de la asamblea de certificación del núcleo poblacional del 2018. Además, las demandas de la suspensión de plano para construir la Vía Alterna que hará la empresa Meta. Y el pago de 39 mil pesos que les adeuda por la venta de 14 hectáreas al Parque Logístico.

Rechazó haber retirado los juicios y demandas cuando se concretó la alianza con el anterior y actual presidente del comisariado, José Guadalupe Martínez Rivera y su hijo, Pedro Adrián Martínez López, como lo divulgan en las redes sociales, sus oponentes, Armando Cuauhtémoc Zárate Arvizu, quien se ostenta también como presidente del comisariado. “Son personas que se dedican a difamar, amenazan e injurian en la calle a quienes no están de acuerdo con sus ideologías. Lejos de remediar las situaciones agrarias con demandas y fundamentos, quieren arreglar todos con chismes y pleitos”.

Negó que junto con su hermano, Tobías López Delgado, ya extinto, hayan recibido dinero extra por las afectaciones de las carreteras que estan en proyecto y otras terminadas. “Es mentira, tenemos un amparo con suspensión de plano, contra la Vía Alterna”. Precisó que la demanda no se ha cerrado. Hay un resolutivo en un juicio de amparo, donde fue requerido el anterior comisariado, para que presente el convenio y toda la papelería. “No existen, entonces no hay expropiaciones o afectaciones. Tampoco existe un contrato de ocupaciones previas. Tienen el acta de asamblea, pero carecen de informes solicitados mediante el amparo. No se ha aportado. Es más grave porque la Secretaría de Comunicaciones no tiene el archivo.

Tampoco conocen los pagos. Es temerario decir que nos falta cierta cantidad, cuando no tenemos la certeza”.

Sobre la carretera de acceso al Parque Logístico, López señaló que demandaron un pago, ya que solo les entregaron una parte. Promovieron un amparo que resultó favorable. A cada ejidatario les correspondían 59 mil pesos. Apenas les entregaron 20 mil. Mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario, ordenó a los representantes del ejido, cubrir el pago, pero no atendieron la sentencia. Se promovió otra queja, espera una sentencia definitiva.

Explicó que la demanda de la asamblea del 2018 está vigente. Se ordenó al tribunal, emitir otra sentencia. Será muy diferente a la del 2022. “Hay un acuerdo donde nos reconocen las antiguas parcelas. La parte de uso común que nos asignaron. Los solares que tenemos dentro del ejido, condicionados a realizar una alianza. Retirar los juicios de amparo. Garantizar la certeza de las parcelas”.

Expuso que se puede parchar la asamblea mediante juicios de reconocimiento. Los expertos en materia agraria, dicen que debe echarse abajo y hacer otra, donde se asigne la tierra a empresarios, ejidatarios y los que hayan comprado lotes, los certifiquen y se los asignen en forma directa. “Es lo que recomienda la Procuraduría Agraria y algunos litigantes que hemos visto en la Ciudad de México”.  La sentencia la elaboró Juan Rodolfo Orozco, “una persona corrupta. Lo denunciamos. Fue destituido y salió de San Luis”. Afirmó que los principales beneficiados fueron José Guadalupe Martínez Rivera, su hijo, Pedro Adrián Martínez López, Leoncio Zárate, Abraham Jasso y el secretario, Armando Zárate Arvizu. Vendió 50 hectáreas que ya había ofertado, antes del 2018 y luego otras 40. Es por lo que están de acuerdo en parchar convenios.

Antes, el comisariado lo integraron Martínez López, Zárate Arvizu y Jasso. El ex gobernador Juan Manuel Carreras y sus sobrinos, Héctor Gómez Valle y el ex diputado local, Antonio Lorca Valle, tenían más de 800 hectáreas. Fueron los que impulsaron la asamblea del 2018, ya muy contaminada. Con las certificaciones, hubo más perjudicados que beneficios. Algunos ejidtarios que tenían sus parcelas, les salieron a nombre de otra persona. Ahora necesitan juicios de reconocimiento, un desgaste jurídico y económico. Planteó como salida al conflicto, otra alianza con Guadalupe Martínez y su hijo, Pedro Martínez López. Hacer acuerdos que se cumplan a través del consejo de vigilancia, el secretario y tesorero.

Asentó que las actuaciones del comisariado, deben ser colegiadas, para evitar los añejos vicios. En caso contrario, el consejo de vigilancia tiene facultades para removerlos. No es para cuidar el monte.  Se convino reconocer parcelas, excluidas en el 2018. La mayoría quedaron fuera de las certificaciones. Algunos predios sobre la carretera 57, son de uso común. Expuso que el 90% de la asamblea busca arreglar con parches las omisiones. “Lo más sano es volver asignar todo”. El consejo de vigilancia debe verificar el actuar del comisariado. Cumpla lo que se acordó en asamblea. Antes se removió al secretario y tesorero, Abraham Jasso y Leoncio Zárate. En la última asamblea, se acordó realizar una auditoría, porque no entregaron lo que tenían en caja.

-¿Por qué  hicieron alianzas con Pedro Martínez y no con Armando Zárate?

-Antes de platicar con Zárate, nos llamó Héctor Gómez Valle para unirnos. Nos ofreció las suplencias del comisariado y del consejo de vigilancia. Nuestro grupo suma más de 170 gentes y los otros 80. Nos prometieron el comisariado y quitar a Zárate, que acapara siete demandas de nulidad sobre las ventas que hizo. Tiene nexos con el litigante Jesús Galarza Almaguer, Iván Sandoval Armas, Arturo Becerra, Octavio Gómez Valle y un gran número de impresentables, que han dilapidado el ejido. Zárate falsificó el acta de asamblea para elegirse comisariado, junto con su abogado, Iván Sandoval, que falsificó la convocatoria donde salió electo Zárate. 

 Eulogio López precisó que los tribunales habrán de determinar quién es el comisariado. Hay amparos que siguen atorados, porque todavía no se pronuncia el Registro Agrario Nacional, para calificar el acta de asamblea. Lo peor que puede suceder, es que convoquen a otras elecciones, pero nunca ganará Armando Zárate, que en marzo perdió 250 a 20. Tampoco puede promover un juicio contra José Guadalupe Martínez Rivera y su hijo, Pedro Martínez, porque en el 2018, fue secretario. En la misma circunstancia están Cesáreo Araujo y Leoncio Zárate, ya que fueron tesorero y secretario con Martínez Rivera.

 En el periodo de Leoncio Zárate, hubo varias anomalías. Junto con su compadre, el ejidatario y litigante, Jesús Galarza Almaguer, mediante un juicio irregular, le quitaron la parcela a un vecino, que luego vendieron a un introductor de ganado en el rastro municipal de San Luis. “Con la transa, Almaguer compró la oficina que ahora ostenta cerca de la Plaza Aranzazú”. Sobre los repartos de tierras, López Delgado sostuvo que ya se entregó todo en el 2013. Pero a Martínez Rivera y luego a su hijo, no les reconocieron las dotaciones. “No se hizo en el 2018, ahora estamos en la etapa para que nos acepten las posesiones. Calculamos que son de cinco y media hectáreas en un primer reparto. En lo que dura el comisariado, vamos a hacer evaluaciones y se empuje un reajuste. Si hay un excedente, lo entregaremos a los ejidatarios”.

 Destacó que las tierras de mayor plusvalía, se ubican en la zona de Cavazos, que José Guadalupe Martínez entregó a los magnates Valladares, Gómez Valle y Lorca.  Hizo hasta cuatro ventas en la zona. Existen juicios agrarios que nunca se van a terminar. El área La Campana, consta de casi 800 hectáreas. Buscan, se reconozcan las parcelas de 1938, tierras de uso común y solares. Pero no está certificada. Pretenden promover, les asignen la parte que les dieron en el 2013. López Delgado reveló que el ejido tiene un padrón de 560 integrantes, pero quedan 520. Harán depuraciones, ya que está inflado. Hay gente que aparce dos veces. Ya no van a autorizar nuevos ingresos. Los avecindados podrán comprar tierras, pero no son ejidatarios.

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No dejarán la estafeta en los próximos 50 años consecutivos

Al tomar la protesta al comité municipal del Verde Ecologista en Soledad, la senadora Ruth González Silva reiteró lo que cada rato insiste su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, no dejarán el mando en los próximos 50 años. Es decir, buscan tener el mando, siete sexenios consecutivos.

Sin importarle que la presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió que el pueblo no votará por figuras que encarnen el nepotismo y cargar una denuncia de juicio político por realizar campañas proselitistas, fuera de los tiempos legales y con el respaldo de todo el aparato gubernamental, la volátil legisladora enfatizó: “desde Soledad arrancó un gran sueño que cambió a San Luis Potosí”.

“Hoy nos toca construirlo con más obras, salud, caminos y programas sociales, como nos enseñó Ricardo Gallardo, que ha dejado huella. Marca un antes y después en la historia del estado. Vamos por más, durante los próximos 20, 30 ó 50 años”.

El alcalde Juan Manuel Navarro, que además maneja los oscuros contratos de obras más boyantes y sin licitar, por instrucciones de su jefe Gallardo, resaltó: “Soledad ha sido el corazón del cambio en San Luis y será el músculo que lleve al Verde Ecologista a la victoria. Somos la cuna del gallardismo, la locomotora electoral del 2027. Tenemos la estructura más chingona del estado y vamos a arrasar”.

El dirigente estatal del Verde Ecologista, Ignacio Segura Morquecho, que a hurtadillas sigue con el control de la secretaría de desarrollo social, para entregar miles de despensas con criterios clientelares, exaltó a la militancia y se haya instalado, “una estructura sólida, con liderazgos preparados para hacer otra vez historia. Estamos más vivos que nunca en Soledad. Con tal equipo, no hay duda que vamos a consolidar las transformaciones y seguir como la primera fuerza política del estado”.

La diputada local y coordinadora del comité municipal, Diana Ruelas Gaitán, expuso que “San Luis Potosí está listo para tener una mujer gobernadora, con un Verde que sí se mira”. Agradeció la confianza de la dirigencia estatal y el respaldo de la estructura local. Se comprometió a trabajar unidos, con fuerza territorial y cercanos a la gente. “Soledad será ejemplo de orden y el motor que llevará al Verde a nuevas victorias”.

González y su tío político, del secretario del ramo educativo, Juan Carlos Torres Cedillo, dieron el banderazo de un techo en la primaria Narciso Mendoza, en el poblado de Nexcuayo, en Matlapa. Además, entregaron aires acondicionados. Atendieron peticiones de los padres de familia y docentes.

El litigante Carlos Calderón, interpuso ante el Consejo Estatal Electoral, una denuncia contra Gallardo y González, por efectuar actos proselitistas adelantados, previos a las votaciones del 2027, para lograr quedarse otra vez con la estafeta del mando. El quejoso lamentó los gastos desmedidos de la pareja, al malversar el erario, en acrecentar la imagen y vanidad de la legisladora.

La querella demostrará si el árbitro electoral es autónomo o ya se plegó a los intereses del ejecutivo. Resaltó que es vital, actúe de manera autónoma, para ayudar a prevenir, detectar y sancionar, delitos de diversa índole. “Un sistema con fuertes contrapesos, garantiza procesos comiciales sanos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”.