La nueva campaña institucional del Gobierno del Estado de San Luis PotosÃ, bajo el lema “Potosà Sin LÃmitesâ€, se promueve ya de forma extensa en documentos institucionales, gafetes de empleados, redes sociales, medios informativos, espectaculares y objetos promocionales como gorras, camisetas y mochilas. VÃa transparencia, se buscó conocer el costo, los objetivos, las contrataciones y el financiamiento. La respuesta fue evasiva y contradictoria.
La solicitud, registrada con el folio 240469725000044, fue dirigida a la Coordinación de Comunicación Social, dependencia encargada de la imagen promocional del gobierno. En lugar de proporcionar datos, se limitaron a señalar que “lo peticionado compete a otro organismo centralizado, lo cual nos imposibilita atender la solicitudâ€.
Además, dijeron que se realizó una búsqueda en archivos fÃsicos y digitales de la Dirección JurÃdica de Servicios, adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos, sin que se localizara informe alguno. Lo más grave es que la misma Coordinación de Comunicación Social afirmó que solicitarÃa datos a la OficialÃa Mayor, que en una cadena absurda de evasiones, respondió que le correspondÃa facilitarlos al área de prensa.
No no es la primera vez que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se niega a transparentar el manejo de recursos públicos en campañas propagandÃsticas. Cuando lanzó la denominada, “Ya se notaâ€, era un eslogan que comenzó como lema publicitario y terminó convertido en insignia de gobierno. Se utilizó en más de 50 espectaculares repartidos por la capital del estado, en avenidas como Salvador Nava y el rÃo Santiago. También apareció en spots de radio y televisión, portales de noticias, redes sociales, boletines institucionales y entrevistas pagadas.
La campaña fue ejecutada por el área de comunicación social bajo la dirección de Gerardo Zapata Rosales, quien activó una estrategia basada en resaltar supuestos logros del gobierno, mientras evadÃa temas como la inseguridad, la crisis en servicios médicos, el desabasto de agua y el desvÃo de recursos en programas sociales.
Cuando se solicitó por transparencia el monto total gastado en esta campaña (folio 240468022000012), la respuesta fue que no se realizaron erogaciones bajo esos conceptos, es decir, que el gasto fue de cero pesos. Una afirmación rotundamente falsa, desmentida por la evidente exposición de la campaña en todos los canales institucionales y mediáticos.
Lo mismo ocurrió con la campaña anterior, “Vivir sin miedoâ€, utilizada en los primeros meses del sexenio. Aunque el eslogan se estampó en espectaculares, bardas, boletines y entrevistas promocionales, nunca se informó cuánto se invirtió ni qué empresas fueron contratadas.
La opacidad también ha alcanzado los informes de gobierno. El segundo informe del gobernador Gallardo, realizado en Ciudad Valles, fue un acto ostentoso con pantallas gigantes, fuegos artificiales, escenario con luces, sonido profesional, sillas para más de mil invitados y fuerte presencia mediática.
Sin embargo, cuando fueron solicitados los gastos mediante tres solicitudes distintas, las respuestas fueron inconsistente. Primero dijeron que habÃa un presupuesto de 1.5 millones de pesos, pero que no se ejerció un peso. Luego, que el área de prensa no era competente para responder. Tras otro intento, se afirmó que el gasto fue de cero pesos, lo cual carece de certeza ante la magnitud del despliegue. Incluso, la ex diputada Gabriela MartÃnez Lárraga, presente en el acto, declaró que parecÃa más una fiesta de 15 años. Censuró el abismo entre el pueblo y los funcionarios, mediante barandales de acero y el derroche ante las carencias sociales.
Gallardo llegó al extremo de reservar los datos relacionados en los contratos firmados con medios informativos locales y nacionales, durante 10 años. Una de las solicitudes, folio 240468024000015, buscó conocer el gasto público destinado a la empresa Badabun, contratada para producir y difundir más de 20 videos propagandÃsticos, donde Gallardo y su esposa, Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal y senadora, son los protagonistas centrales.
El vocero gubernamental, Gerardo Zapata Rosales, reservó todos los informes de contratos, órdenes de compra, pautas de difusiones, fichas técnicas, materiales entregables y expedientes completos. La excusa fue que divulgar los datos, podrÃa “poner en riesgo la vida, salud o recaudaciones tributariasâ€, un argumento absurdo, ya que se le pidieron contratos públicos con una empresa de contenido digital.
La misma suerte corrió la solicitud de contratos con figuras mediáticas como Adela Micha, quien ha difundido entrevistas y reportajes favorables al gobernador a nivel nacional. También se ha complicado conocer los montos pagados a influencers y medios alineados que forman parte de la maquinaria de promociones burocráticas.
Además, niegan el acceso a cuestiones elementales sobre convenios con medios informativos y se bloquea el conocimiento sobre cuánto se gasta en promocionar a Gallardo y su entorno con recursos que deberÃan destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura básica. El responsable de ocultar la verdad es Zapata Rosales. Con experiencia previa como vocero en los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis y ayuntamiento de Soledad, ha consolidado una estrategia basada en el control informativo, negar hechos y hacer manipulaciones mediáticas. Evita rendir cuentas sobre los recursos públicos gastados en promover la imagen del actual mandatario.
Lejos de ejercer sus tareas como enlace transparente entre el gobierno y la ciudadanÃa, Zapata se ha convertido en cómplice del derroche, encubrir los millonarios gastos en campañas que buscan imponer una imagen de éxito. Mientras, se imponen los hechos crudos, en hospitales sin medicamentos, pensiones sin pagar y la violencia ascendente que no da tregua. En los promocionales de “Potosà Sin LÃmitesâ€, intenta perpetuar la imagen de Gallardo como un benefactor, pero a costa del bolsillo de los potosinos, quienes no conocen cuánto cuesta la propaganda insulsa.
