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Lo peligroso de toparse con ministeriales

La litigante Marcela Alicia Galarza López, denunció en la procuraduría de justicia, por los delitos de amenazas, intimidaciones e intentos de extorsiones por parte de los agentes ministeriales Héctor Flores y Juan Gómez que también intentaron “levantarla. Me llamaron por teléfono para asistir a un lugar donde estuviéramos a solas con el menor número de gentes. Para según ellos, darme pormenores de una pesquisa en mi contra por dilapidar un vehículo con palos y piedras cuyo dueño es José Juan Gómez, familiar del comisariado de Cerro de San Pedro, Víctor Gutiérrez Márquez, con el que he tenido algunas diferencias, ya que defiendo a unos ejidatarios de la zona. Podría ser el fondo del asunto”.

Añadió que la llamó el policía Flores, para decirle que la investigaba. Le pidió el número del proceso para después asistir a declarar en su libre derecho. Le contestó que no podía entregar los datos vía telefónica porque lo podía grabar. “Me encontraba en una asamblea con el Frente Común de Comerciantes en la Posada del Virrey. Les pedí que asistieran. Lo que buscaron aplicarme fue el clásico levantón. Todos le tenemos miedo a los ministeriales. El señor Juan Gómez es familiar del comisariado ejidal al que demandé porque a dos de mis agremiados, Juan y José Luis Escalante Torres, no les entregó 200 mil pesos a cada uno de un fondo que entregó la minera San Xavier por el daño ecológico a sus parcelas, correspondiente al ejercicio 2016”.

En una supuesta asamblea, ya que nunca se llevó a cabo, el comisariado decidió que sus clientes ya no eran ejidatarios. “Todo es un revanchismo porque en rueda de prensa informé sobre el despojo del que fueron objeto mis defendidos. Son los únicos que en las asambleas ejidales defendían los derechos de la comunidad y cuestionaban las erróneas decisiones de las autoridades del ejido que encabeza Víctor Gutiérrez”.

La denuncia en contra delos ministeriales que dirige José Guadalupe Castillo Celestino, se radicó a la mesa especial de servidores públicos y el subprocurador Raúl Gerardo Flores Olguín prometió darle seguimiento para esclarecer el caso. Galarza expuso que las supuestas pesquisas en su contra por daños a un vehículo, al que le rompió el parabrisas y un espejo lateral, son falsas y no existe prueba alguna que la incrimine. Exige se le comprueben los dichos.

Dijo temer por su seguridad por los secuestros, levantones y hasta asesinatos en que se han visto inmiscuidos policías ministeriales donde existe una mafia de corrupción. “En el 2010, los ministeriales trataron de llevarse a mi madre y hermano Juan Miguel Galarza. Con la ayuda de mis seguidores, se los impedimos. Lo acusaron de tener una camioneta americana robada. La unidad era viejita, pero se legalizó. Se la llevaron al corralón. Litigamos pero al final desistimos por las amenazas de los agentes. Mucha gente que pierde un carro y luego lo recupera la policía, batalla mucho para que se los regresen. Ya no los queremos en Soledad, por los atropellos que cometen con la gente”.

Galarza lleva el caso de una compañera que fue asaltada en la avenida Ricardo Basilio Anaya, donde la asaltó otra mujer, que le fracturó el brazo de un golpe, por no soltar la cartera. Cuando el expediente llegó a la ministerial, se perdió. “Hay una serie de irregularidades y los casos no se resuelven. ¿Los policías están coludidos con delincuentes?. Otra señora fue agredida por una bailarina, a la que demandamos por lesiones. No le importó que la víctima tenga una discapacidad. Vive en Los Fresnos, en Soledad. Le digo a mis agremiados que cuando tengan un robo, lo reporten como fuego o que es un atropellado, para que al menos lleguen los bomberos. Cuando ocurre un atraco, nadie acude. El 911 es deficiente. No existen policías capacitados, con salarios decentes. Tampoco tienen uniforme. En Estados Unidos el número de emergencias sí funciona. Cualquiera llama para solicitar un bombero, policía o una ambulancia. En México falta capacitar a los agentes y acabar con las redes de corruptelas que existen en sus filas”.

Añadió que el fiscal que se habrá de nombrar, debe estar preparado, tener experiencia para brindar seguridad a los ciudadanos. Conocer el nuevo sistema de justicia. El gobernador Juan Manuel Carreras debe estudiar a fondo los perfiles que va a presentar. Indicó que el procurador Federico Garza no cumple con las exigencias. Confía en que se resuelva la falsa denuncia en su contra, que se generó por revanchismos del comisariado y sus adeptos a los que demandó. Anunció que la minera San Xavier les entregará casi 40 millones de pesos. Buscan manejarlos de manera arbitraria, ya que la trasnacional busca no resarcir el daño ecológico que provocó.

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En Soledad desaparecen 50 millones de pesos por el recolectado de basura

             La dirigente de Acción Revolucionaria, Marcela Alicia Galarza López, denunció que desde el trienio del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, los camiones del ayuntamiento, antes de llevar la basura a los tiraderos, los meten a dos corralones municipales donde «rasuran» los desechos, como plástico, cartón y aluminio. Se calcula que a la fecha, con el edil Gilberto Hernández Villafuerte, han obtenido ventas cercanas a los 50 millones de pesos, cuyo destino se ignora. La furtiva maniobra se realiza en un local que se ubica frente al rastro y otro en Porfirio Díaz. El pasado 7 de junio casi se dio un choque entre los empleados de limpia, encabezados por el jefe de aseo público, José Cervantes Noyola, «El Chivo». Con estilo gansteril, le dijo a los pepenadores que le iban a entregar una tonelada diaria de plástico, otra de cartón, una tonelada semanal de aluminio y 2 mil 500 pesos. «Es un despropósito. En Rancho Nuevo se junta una tonelada diaria entre 10 cuadrillas, cada una integrada por 8 ó 10 personas. Alegó que el dinero lo iba a donar a una fundación. El soborno equivaldría a 3 millones de pesos al año».

Los afectados se manifestaron frente al palacio municipal donde les dijeron que no sabían del asunto. Negaron las ordeñas que se notan cuando abren las puertas de las bodegas. Aparecen montañas de desechos compactados, listos para la venta. A los choferes de los camiones les han ordenado suspender las tareas a las 6 de la tarde, para que haya tiempo de seleccionar la basura. Los mismos conductores le exigen a los pepenadores 400 pesos semanales. En el sitio laboran 80 familias, donde han subsistido de 15 a 20 años. Tienen sus casas a pocos metros de distancia. Siempre se han manejado de forma autónoma. Aunque el ayuntamiento les facilita una retroexcavadora, les toca aportar la gasolina y el aceite. Cervantes es pariente de la encargada de servicios municipales, Leonor Noyola Cervantes. También tiene dos hijos como choferes que llegan con los camiones casi vacíos.

Galarza alertó que el tiradero del Zapote ya fue cercado con maya ciclónica. Es un indicio de que Hernández Villafuerte busca privatizar el servicio. Los afectados trataron de llegar a un acuerdo con Cervantes, que se negó a escucharlos, ya que recibe órdenes de «arriba». Tratan de repetir el esquema de la capital, donde el manejo de la basura se concesionó a la empresa Vigue. «No lo vamos a permitir, sin importar las amenazas. Una firma no le dará trabajo ni de comer a 80 familias que viven de la pena. Son los más pobres de los pobres. No les llegan las tortillas ni garrafones de agua gratis. Si persisten en afectar su precaria economía, haremos un plantón permanente lo que resta del mandato de Hernández. Vamos a cerrar la calle para que no hagan otras actividades».

La dirigente aseveró que se trata de una maniobra para hacer más ricos a los inversionistas. No permitirá ningún abuso de poder. Hará público cualquier ataque a sus agremiados. Indicó que el servicio del ayuntamiento es irregular, ya que apenas cuentan con 12 camiones, insuficientes para cubrir la demanda. Galarza habita en una colonia de Rivera. En dos semanas no pasaron las unidades recolectoras. Los atendieron motocicletas y camionetas de particulares. O de lo contrario los invade la fauna nociva. Criticó que Gilberto Hernández tampoco atiende la seguridad, que es indispensable y un derecho. Ni siquiera les compran uniformes. Los nuevos ediles presumen ser empresarios, que siempre buscan la riqueza propia, por lo que no deben andar en la política. Expuso que el dueto de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, se enquistaron en la nómina en los últimos 7 años, pero no han sido capaces de tapar los baches. Se encuentran a una cuadra de la presidencia. Muchas colonias no tienen agua, pero les llega puntual el recibo.

Con Gallardo Cardona, citaron a funcionarios del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado a la casa de unos adultos mayores a los que les llegaron cobros de 580 pesos. Cuando checaron, molestos, gritaron que no podían hacer nada por la falta de líquido, lo que confirmó la queja. Entonces, sólo cobran aire. Censuró que Hernández no ha podido terminar el pavimentado del río Santiago, que sirve como una ruta ágil de acceso a la capital. En lugar de tapar el acceso al tiradero, debió destinar la malla al puente que cruza de Pavón a la Central de Maquinaria. Nunca lo terminaron. Todos los días lo usan cientos de infantes que acuden al jardín de niños y primaria que se ubica en la colonia 21 de marzo, ya que las dos escuelas que tiene Hogares Ferrocarriles no son suficientes. Tiene una altura de 8 metros en caída libre al transitado camino. «Una vez hice antesala con Hernández, para que nos apoyara con luminarias en la calle Provincia de Burgos de la colonia Misión de los Ángeles. Llegó uno de sus colaboradores. Me inquiere. Entonces me dice que vaya con el verdadero jefe, Gallardo Juárez, el que solucionará el problema. Le hice caso y ya tenemos luz. Las dos alcaldías se rigen con los mismos lineamientos».

Galarza destacó que el programa de motonetas que implementó Gallardo Cardona resultó un fracaso. La colonia Francisco Villa, conocida como Cartolandia, resultó además un cementerio de los fallidos carritos. Tiene como afiliado al beneficiario Sergio Méndez Acosta. El vehículo le duró tres meses. Se le desvieló y rompió el eje que carga la caja de la basura. No ha tenido dinero para repararla. Aunque resultó de mala calidad, tuvo que pagar el crédito que les tramitó el ex edil. Ahora renta una camioneta vieja, lo que reduce sus ingresos. La dirigente estableció que busca la defensa de sus afiliados. Además hace gestiones de proyectos productivos en los tres niveles de gobierno. Aglutina a 4 mil 600 personas, de los cuales 2 mil 400 viven en Soledad, 900 en San Luis. El resto en Rioverde, Santa María y Tamazunchale. Hace poco logró de un programa federal el respaldo para hacer 15 recámaras de 100 que se repartirán en la entidad, por cumplir todos los requisitos. Consiguió varios pies de casa destinados a Tamazunchale.