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Inicia la lucha contra el tirano anti sindicalista

El gobernador Ricardo Gallardo maneja un doble discurso, dice que su prioridad son los más pobres, pero se ensaña con sus propios trabajadores, a los que corre y da un trato inhumano. No para adelgazar la nómina, sólo para meter a su gente y cumplir compromisos de campaña, afirma Francisca Reséndiz Lara, fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado. “Los ha despedido sin darles la alternativa de que demuestren las funciones que realizan y cuánto ganan. A algunos ya no los dejó entrar. A los que estaban por contrato, pero tienen muchos años de laborar, los echó a la calle sin contemplaciones, cuando son empleados a los que anteriores gobiernos nunca les dieron prestaciones. No cuentan con servicio médico, vacaciones ni aguinaldo. No revisó caso por caso, ha actuado con prepotencia contra sus propios empleados, los golpea y criminaliza. Es abogado, pero parece que no sabe de leyes, ni de tratados internacionales laborales”.

Añadió que los funcionarios siguen el ejemplo del gobernador, se les hace natural atacar y ningunear a los trabajadores. Citó como ejemplo, al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Valles, Eduardo Saldaña, cuyo puesto no está en la ley, lo crearon exprofeso, en una cita con permisionarios. Le gritó y corrió a dos empleados de base. Aseguró que el oficial mayor, Noé Lara Enríquez, miente cuando dice que se les despidió conforme a la ley. Ha demostrado su falta de conocimiento sobre lo que son los recursos humanos y los derechos laborales, pues entre los afectados, hay algunos con 27 años de servicio y casi por jubilarse. “Es una persona sin poder para decidir, todo tiene que consultarlo con el gobernador, como lo evidenció la dirigente del sindicato mayoritario, Bernardina Lara, a la que le dijo, se volverían a reunir, porque no puede autorizar nada sin antes tener permiso. “Ya empezamos mal, el ejecutivo será el que resuelva todo, para qué quiere a un oficial mayor, al que no puede darle una carpeta y decirle lo que se debe hacer conforme a la ley. Lara debe hacer frente a los problemas y no correr a buscar a su jefe. Los funcionarios que están ahora no saben hacer su labor”.

Informó que son 79 los trabajadores despedidos, que están afiliados al órgano que fundó y 129 los empleados de Seguridad Pública, que cuentan con base de confianza y representan al sindicato, que ya estaban en funciones administrativas. Están impedidos para efectuar el trabajo operativo, por ser hipertensos, tener obesidad o estar deprimidos. Ahora los presionan y condicionan para que retomen tareas operativas y conservar el empleo. Les endosan horarios de 12 horas, rolan turnos, trabajan los fines de semana o de lo contrario serán despedidos. A los que no aceptan, les han levantado actas administrativas. Los amenazan con someterlos a la cartera de honor y justicia de la corporación y remitirlos a asuntos internos. “Es mucha la prepotencia y el abuso al que someten a los compañeros”.

Añadió que hasta la fecha, no hubo ningún tipo de acercamiento de Bernardina Lara con el oficial mayor, menos con Gallardo, al que le han enviado 2 escritos, donde le explican las circunstancias de los afectados. No han obtenido ninguna respuesta. Además, por cada trabajador despedido, han remitido oficios de cómo los corrieron, lo dicho por el jefe o les negaron la entrada. Sólo al secretario de seguridad pública, Guzmar Ángel Guzmán, le han enviado 136 quejas para detallarle los malestares médicos de los policías que obligan a realizar tareas operativas. No respondió y sigue el atropello. “Hay mucha molestia entre los trabajadores, porque han dedicado parte de su vida a cumplir con su labor, algunos hasta realizaban horas extras, sin que se les pagara. La forma en que se les despide es deplorable. Si actúan de manera respetuosa, los propios empleados acceden a irse. Pero solo los dejaron en la calle, sin más. Es gente real, con familias, sueldos bajos, una antiguedad y quieren ser escuchados. Pero son los primeros que afectan. Tenemos también de honorarios y contratos, los más vulnerables. Pero Lara ya amenazó con agarrar parejo, tengan base o no. Se comportan de una forma muy gansteril, corren a uno, pero meten a cuatro. No es cierto, busquen adelgazar la nómina, que no engañen a la ciudadanía”.

La también representante del Movimiento por San Luis, calificó de sospechosa la pasividad que ha mostrado Bernardina Lara, por tener un mayor número de afiliados, resulta la más afectada con los despidos. Mencionó que si de verdad quiere actuar, con una hora de paro total, desquicia al gobierno. No lo hace, porque sólo vela por sus intereses. “Si en realidad fuera una líder combativa, no hubiera surgido nuestro sindicato”.

Descartó una alianza con Lara para enfrentar los embates de Gallardo, ya que su organismo es corporativo. “Como dirigente, está acostumbrada a traer collar del gobernante en turno”.

Reséndiz se ha confrontado con gobernadores priistas y panistas. Ahora con uno del Verde, que violenta los derechos de los trabajadores, no busca el diálogo ni el consenso. Recordó al cirujano Fernando Toranzo, al que calificó como el peor de todos. Utilizó la fuerza pública y la metió a la cárcel por defender a 12 trabajadores. Denunció que Gallardo ha emprendido en su contra, una campaña difamatoria en sus medios pagados, para desprestigiarla. La acusa de ostentarse como dirigente y defina su estatus laboral, cuando sabe que tiene más de 30 años en la burocracia. La tacha de lo peor, por no andar en su tapete. Las protestan las realizan porque no respeta la ley ni los derechos de los empleados.

No descartó que los ataques se deban a un revanchismo político, ya que en la precampaña, le obstaculizó coaligarse con Morena. En la campaña, lo acusó de cometer fraude electoral, compra de votos a través de la tarjeta La cumplidora, que no pagó y el robo de urnas por parte de hombres armados. “Gallardo ignora que es autoridad, actúa con berrinches y dolido por lo que pasó. Me ha atacado muy duro en sus medios y páginas creadas para denostar a los que lo criticamos. Un mandatario sensato y maduro, las críticas las asume con sensatez para mejorar, no agredir”.

La secretaría de finanzas del sindicato, censuró que Gallardo, cuando le conviene, dice ser de la Cuarta Transformación y que trabaja para los pobres, pero ha demostrado en lo que lleva al frente del mando, que gobierna para un solo partido y se comporta todavía como si fuera candidato, al entregar despensas para acrecentar su figura con el Partido Verde Ecologista, donde la gente que lo acompaña en el reparto, también portan el logo. “El despliegue personal que hace en todos sus actos, es parte de una estrategia para buscar la presidencia de la república. La cartulina que mostró un niño en una gira que hizo en Moctezuma, fue planeado, orquestado. Gallardo se comporta como un dictador absoluto, todo lo quiere controlar, lo que pone en evidencia, su falta de conocimiento, porque el gobierno no es una empresa privada. Se manejan recursos públicos, los trabajadores de gobierno no son sus empleados, laboran para los ciudadanos. En la secretaría de cultura, mandó indicaciones expresas, de que en cualquier informe que se divulgue, primero mencionen su nombre. Debe ser la institución, el gobierno del estado, no su figura lo personal”.

Criticó que en su afán de ser omnímodo, no respeta la división de poderes. Sin consultar al congreso, donó un terreno a la iglesia católica, que es propiedad del estado, no de su peculio. Debió someterlo a un análisis. “Busca agradar a la comunidad religiosa, que en San Luis es mayoritaria, lo que lo beneficia en sus aspiraciones políticas. Quiere manejar a los presidentes municipales y usurpar sus funciones”. Al crear el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en San Luis, pretende escudarse para usar la fuerza pública, evitar los plantones y manifestaciones, con lo que coarta un derecho que tienen los ciudadanos libres. El organismo podrá sugerirle actuar, pero al final, será el responsable de reprimir y acallar las inconformidades. “Los empresarios que le siguen el juego, como patrones, quedan en evidencia. Pagan bajos salarios a sus empleados. En lugar de aumentarles la paga, les dan vales para que los gasten en sus propios negocios, con lo que se regresa a las tiendas de raya, donde la ganancia era redonda”.

Reséndiz dijo que en sus primeros dos meses de gestiones, Gallardo ha actuado en forma contradictoria. Por un lado recurre a los préstamos a corto plazo, para hacer frente a las deudas con los maestros y pagar aguinaldos. Por otro, inicia obras innecesarias, como cambiar la entrada del parque Tangamanga uno, que no se necesitaba. Se ha quejado insistente de las corruptelas que encontró en las dependencias. Lo dejaron sin recursos y con aviadores, pero hasta la fecha, no hay ninguna denuncia formal u orden de arresto contra los ex funcionarios. Una pésima señal que envió en materia de seguridad, fue crear su propia guardia personal, que denota, no confía en los propios policías estatales.

El sindicato que fundó e integra Reséndiz, realizó un maratón de protesta el 13 y 14 de noviembre, donde los trabajadores despedidos expusieron sus casos en forma detallada, ante la amenaza de que iban a ser levantados del plantón que mantenían desde el pasado sexenio en la avenida Carranza, lo que sucedió. Fueron quitados el 22 de noviembre, por la orden que giró un juez de control, en respuesta a la demanda interpuesta por un comerciante afectado, según difundió el gobierno. Reséndiz, mediante dos videos que divulgó en redes sociales, dijo haber sido amenazada y perseguida, por defender a sus agremiados y denunciar los abusos cometidos en dos meses por Gallardo. Afirmó temer por su integridad. Clamó el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y responsabilizó a Gallardo de lo que le pudiera ocurrir en lo personal, su familia y agremiados.

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Gallardo Cardona acusa a trabajadores estatales de tener altos sueldos, pero él calla que ganará 105 mil pesos mensuales, el mayor salario en el gobierno del estado: FRL

Con 105 mil pesos al mes, el mandatario puede pagar becas de 1,600 pesos a 65 estudiantes por mes, refiere, pero se enfrasca contra sus propios empleados y empleadas. Miente el gobernador al acusar que haya burócratas que ganan 60 mil pesos mensuales, pues el tabulador estatal maneja un máximo de 36,508 pesos mensuales, añade. El titular del ejecutivo impulsa campañas de desprestigio contra de Francisca Reséndiz Lara y el SITTGE, con recursos públicos utiliza y paga medios de comunicación de su propiedad para difundir infundios.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona no ha dicho una palabra, de que ganará 105 mil pesos al mes, el máximo salario en el gobierno estatal, cuando él mismo debe poner el ejemplo en materia de austeridad, y no limitarse a utilizar tal tema mediáticamente, para denostar a sus propios trabajadores y trabajadoras, al acusarlos de tener sueldos de hasta 60 mil pesos mensuales, reveló la fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, y presidenta de la Asociación Civil Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara.

En una transmisión de Facebook Live, explicó que, con el sueldo del mandatario, se podrían dar becas de 1,600 pesos a 65 estudiantes cada mes, por lo que lo conminó a poner el ejemplo y donar su salario para tal fin, tras aclarar que el titular del ejecutivo estatal está siendo mal informado por sus asesores, porque ningún trabajador, o trabajadora estatal ganan 60 mil pesos mensuales, lo que puede constatar al revisar el tabulador de sueldos, donde el máximo es en el nivel 13 con un sueldo de 36,508 pesos mensuales, y el mínimo es en el nivel 1 con 14,408 pesos al mes.

Detalló que hay casos de personal de limpieza en Oficialía Mayor que ganaban mucho menos que tales cantidades, al recibir 1,080 pesos quincenales, es decir 2,160 pesos mensuales, y aun así, los han despedido para colocar a simpatizantes del gobernador. Denunció que Gallardo Cardona ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra, y en contra del SITTGE, utilizando la Coordinación General de Comunicación Social para atacarla a ella y al sindicato, pagando en forma ilegal a medios de comunicación que son de su propiedad, y a otros que no lo son, para que difundan infundios, con el fin de denostarla y desacreditar el movimiento en defensa de los derechos de los y las trabajadoras, en donde solicitan el cumplimiento de acuerdos laborales y minutas previas, atención a denuncias generales y particulares, así como a despidos.

Refirió que en tales publicaciones pagadas, los acusan de ser prepotentes, y hasta aseguran que ya entregaron el pliego petitorio, en donde exigen cosas ilegales, cuando no se ha entregado tal escrito, ni se han iniciado las negociaciones en las mesas de trabajo, además, criminalizan el derecho a organizarse, manifestarse y expresarse, replicando también las declaraciones en lenguaje vulgar y con maldiciones del gobernador en su contra, cuando los acusa de ser “huevones”, evidenciando la carencia de argumentos sólidos, y su debilidad al usar la violencia verbal.

Exigió respeto del mandatario estatal no sólo a la burocracia, sino a toda la sociedad, porque con ese lenguaje, mancha la investidura estatal, “porque cuando habla a la sociedad, no lo hace como Ricardo Gallardo Cardona, sino como el gobernador del estado”, dijo tras señalar que aún se comporta como candidato, sin asumir la responsabilidad y seriedad como titular del ejecutivo, y se comporta igual que sus antecesores, el priista, Juan Manuel Carreras López y el panista, Marcelo de los Santos Fraga, al negarse a cumplir con la ley para con sus empleados y empleadas.

“Señor gobernador, ya no está usted en campaña, ya está al frente del gobierno del estado, asuma su responsabilidad, y lo bueno y lo malo ya está en sus manos, estamos esperando que cumpla con su papel, que gobierne para todos”, añadió. Aseguró que pese a todo lo anterior, el SITTGE seguirá defendiendo a los y las trabajadoras, como lo ha hecho desde hace 20 años, incluyendo a empleados y empleadas de seguridad que realizan labores administrativas, porque tienen discapacidades físicas y mentales comprobadas y reconocidas médica y legalmente, que les impiden realizar trabajo en calle, demandó al titular de la SSPE, Guzmar Ángel González Castillo y al de la DGSPE, José Luis Urban Ocampo revisen los expedientes de tales elementos, a fin de que respeten sus derechos humanos y laborales.

Denunció que el oficial mayor, Noé Lara Henríquez ha evadido su responsabilidad de atender las demandas del gremio de trabajadores estatales, al dejar tal labor a personal de tercer nivel, sin capacidad de resolución, porque no quiere trabajar, y piensa que es suficiente con el ser compadre del papá del gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, para ganar su sueldo, si bien el citado funcionario, ya tiene en su poder todos los datos de cada uno de los casos generales y particulares, y se espera que inicie las mesas de trabajo.

Desmintió los dichos de Lara Henríquez cuando asegura que no se ha despedido a un solo trabajador, porque en los hechos ya suman más de 70 empleados y empleados que han sido despedidos en forma injustificada, y reveló que por cada despedido, entran tres personas simpatizantes del gobernador, por lo que el discurso de austeridad es una simulación que utiliza para sacar a personal con perfil, estudios, capaz y con experiencia, y meter a su gente que desconoce las áreas en donde se les ha impuesto, lo que afectará el desarrollo estatal.

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PRI y PAN sólo han generado pobreza y abandono

La precandidata de Morena a la gubernatura, Francisca Reséndiz Lara, afirmó que la gente está resentida y decepcionada de los políticos de siempre, que solo los visitan y les prometen apoyos que no cumplen en época electoral. Destacó que en sus recorridos por varios municipios, constató las grandes carencias que existen.

“Las necesidades son palpables, se notan en calles céntricas de las cabeceras municipales, donde carecen de los servicios básicos como drenaje o pavimento. Faltan clínicas, no obstante que los anteriores gobiernos invirtieron millones de pesos en el rubro, como pasó con Fernando Toranzo. No dan servicio ya que carecen de lo más elemental”. Citó que en un centro de salud de Tamazunchale, una niña que se accidentó, murió porque no había gasas para frenar la hemorragia. En comunidades de Rayón, para recibir asistencia médica, tienen que trasladar a los enfermos a Valles, que se ubica a una hora 15 minutos de distancia.

“Hacen falta caminos y agua potable. Es triste saber que en 35 años de gobiernos neoliberales, sólo hubo un retroceso tremendo. No necesitamos irnos tan lejos para constatar las carencias sin atender. Se notan en las colonias de la periferia, donde no existe el trabajo conjunto de la autoridades municipales y estatales, para atender la inseguridad. En pleno día ocurren asaltos a mano armada, robos y amenazas a las jovencitas”.

Un error palpable de los gobernantes, precisó, ha sido concentrar la mayoría de los recursos para obras y acciones en los municipios más grandes. El reparto del presupuesto debe ser equitativo y no dejar rezagos en las demarcaciones. Indicó que en la huasteca existen problemas por la fractura del subsuelo para extraer gas y petróleo, con lo que se contamina la flora y fauna. Los gobiernos emanados del PRI y el PAN no han querido atenderlos. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no iba a permitir la nociva práctica, la autoridad estatal no atiende a los quejosos. En lugar de buscar soluciones, los criminaliza.

Reséndiz destacó que el tabasqueño goza de aprecio y reconocimiento que le hacen saber en sus recorridos. Los dos años que tiene en el mando, no son suficientes para limpiar las corruptelas que prevalecen por décadas. El apoyo manifiesto debe capitalizarlo el candidato a la gubernatura de Morena. Después implementar los cambios necesarios para lograr las transformaciones que hagan falta.

Sugirió que al término de la contienda interna, el que salga electo de los 13 aspirantes, haga una operación cicatriz para llegar unidos a los comicios externos y derrotar al enemigo, representado en la coalición que conforman el PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular. Reséndiz afirmó que se mantendrá hasta el final de la lucha. Insistió en que la dirigencia nacional garantice condiciones de equidad, lo cual no se constata por la cerrazón que persiste. “Ojalá que el hermetismo, sea una forma de blindar el proceso y que la selección se lleve a cabo conforme a la convocatoria”. Morena marcará un hito si cumple con la promesa de colocar como candidatas a 7 mujeres en las 15 gubernaturas en juego, como se prometió, sin exigencias para hacer válida la equidad de género.

Reséndiz pidió al árbitro electoral, vigilar que no haya recursos públicos en las precampañas de los partidos políticos. Si lo permite, alienta la corrupción e impunidad. Exigió investigar las denuncias ventiladas en medios informativos, redes sociales y sancionar a los responsables, ya que las acciones constituyen una ventaja indebida. Pidió atender el llamado de López Obrador, para impedir que los gobiernos sirvan a intereses políticos oscuros, con lo que olvida la tarea de servir a la ciudadanía. Lamentó que precandidatos de otros partidos, se dedican a comprar votos a cambio de dádivas a los sectores vulnerables. Las autoridades se hacen de la vista gorda ante el evidente delito.

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Podrían solicitar juicio político contra Carreras, por el millonario desfalco en pensiones

La quiebra de pensiones en San Luis se dio por el manejo irregular de los recursos. Incidieron los pagos excesivos de jubilaciones que consintieron los dirigentes sindicales para beneficiar a las cúpulas gremiales. Hubo cuantiosas pérdidas por especular con el dinero en casas de bolsas e instituciones financieras nacionales y extranjeras. Por las deudas que desde siempre ha mantenido el gobierno con la dependencia. Las protestas resurgieron cuando la dirigente del sindicato minoritario, Francisca Reséndiz Lara, denunció que la Oficialía Mayor cancelaría prestaciones a empleados próximos a jubilarse, al aducir una crisis financiera.

La combativa líder informó que la directora de recursos humanos, Olga Lidia Contreras Martínez, mediante un escrito que giró a los sindicatos del gobierno estatal, les avisó que a partir del 1 de noviembre se les quitaría a los trabajadores que tramitaran su retiro, los tres niveles de ascenso en el tabulador o la promoción del 20% del salario, conquista que logaron desde el sexenio de Marcelo de los Santos, ya que al pasar al régimen de jubilados se les quita el servicio médico. Calificó de ilegal y unilateral la maniobra que vulnera los derechos laborales de los sindicalizados y anunció amparos para evitar que se concrete.

Un grupo de inconformes encabezados por Reséndiz, instaló un plantón frente al palacio de gobierno con pancartas y mantas donde exigieron al gobernador Juan Manuel Carreras dar marcha atrás al acuerdo administrativo y castigar a los responsables de la crisis en pensiones. Externaron que en el documento entregado por Contreras, donde avisa el retiro del beneficio para los trabajadores que deciden jubilarse al haber completado 28 ó 30 años de servicio, se estableció en base a otro oficio que giró el director de pensiones, Osiel Yudiche Lara, donde expone que la falta de capital en el sector burócrata, aunado a las restricciones presupuestales que imperan, los obliga a suspender el acuerdo.

Reséndiz dijo deplorar y desconocer la medida, avalada por la dirigente del sindicato que aglutina al mayor número de burócratas, Bernardina Lara Arguelles, que coadyuvó al quebranto financiero de pensiones, al haber permitido especular en casas de bolsa con las cuotas de los trabajadores. El escrito carece de fundamento legal y Contreras no tiene competencia. El artículo 79 de la ley respectiva refiere, para que se extingan las pensiones o prescriban las prestaciones, se necesita un resolutivo judicial promovido por la autoridad competente. No puede omitirse tal derecho por iniciativa de Yudiche y Contreras.

La caída del fondo de pensiones del sector burócrata es producto de la negligencia y descuido. La opacidad ha sido una constante. Los trabajadores que cumplen con sus aportaciones no tienen por qué padecer las consecuencias, externaron. La contraloría interna de pensiones fue omisa por no prevenir o advertir las irregularidades en los procesos administrativos y sistemas de control. Al no investigar a los servidores públicos que incurrieron en fallas o delitos, debió actuar y presentar denuncias. Pidieron a Carreras no evadir sus tareas. Sus obligaciones de aportar al fondo no prescriben. También debe evitar el quebranto en la dependencia. Los seguidores de Reséndiz quitaron el plantón que duró dos días, después de entrevistarse con el ejecutivo, que les prometió instalar mesas de trabajo. Les aseguró que la secretaría de finanzas mantendrá un flujo de recursos a pensiones para recapitalizarla.

Al no cumplirse lo acordado, los integrantes del sindicato independiente reanudaron las protestas. En un desplegado, responsabilizaron de la crisis al ex gobernador Fernando Toranzo, por actuar con negligencia. Al ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, lo acusaron de desviar recursos de las aportaciones de los trabajadores, no pagar lo que le correspondía aportar y dejar una deuda de 740 millones de pesos. Pidieron meter a la cárcel a los ex funcionarios, también al actual secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, por continuar la práctica de descontar las cuotas pero no entregarlas a la dependencia. Castigar a Bernardina Lara que autorizó apostar en inversiones fallidas los recursos de los agremiados, que ahora perjudican a todos los afiliados de otros sindicatos. Exigieron sancionar a Yudiche, por violar la ley, al permitir que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores que fundan sus utilidades en circunstancias imprevistas o al azar.

Los inconformes señalaron que desde el 2009, advirtieron sobre el peligro y alto riesgo de invertir los recursos de pensiones, lo que podría afectar en el futuro el patrimonio de los 12 mil 292 asegurados y 901 jubilados que se tenían entonces. Refieren que para el 2013 las inversiones de los fondos en empresas como Global Style Blend, BNP Millenium Commodities, Alliance Berstein y otras firmas, eran de 3 mil 919 millones 775 mil 773.64 pesos, de los cuales el 50.29% pertenecía a recursos del sector burócrata, que corre el mayor riesgo.

Según los datos que pudieron obtener, porque los funcionarios de pensiones se han negado a darles las cifras reales, se han invertido más de 3 millones de dólares con pérdidas que superan el millón 353 mil 236 dólares. Tan solo en el 2012, la dirigente Bernardina Lara avaló que en un lapso de 4 meses se realizara una inversión especulativa de 210 millones de dólares en el Finacces, Commerzbank AG y Principal. La deuda histórica que el gobierno estatal ha mantenido con pensiones, precisaron, en el 2014 era de 862 millones 568 mil 750 pesos. Ahora no se conoce con exactitud la cantidad. El director Osiel Yudiche habla de 547 millones y el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, reconoce más de 740 millones de los tres sectores cotizantes, maestros de la sección 26, 52 y los burócratas… continúa (tomado de la versión impresa, Noviembre 2016)