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Gallardo Cardona, el único responsable del hoyo financiero que padece el fondo de pensiones

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-El sector burócrata, ya no quiere que le meta mano a los descuentos de los trabajadores

Ante las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de que un incremento del 20% al salario por jubilación en el 2008, provocó el quebranto del fondo de pensiones, el comité ejecutivo del sindicato mayoritario de burócratas, que representa Bernardina Lara Arguelles, declaró que es absurdo, los culpen del detrimento, ya que en los últimos 15 años, no se generó algún menoscabo. Salvo en los dos años de gestiones del actual mandatario, cuando la secretaría de finanzas, dejó de entregar a la directiva de pensiones, las cuotas de los trabajadores, las aportaciones patronales del 7%, el 5% del fondo de vivienda y los aportes de los empleados.

Resaltan que las negociaciones salariales siempre se han realizado de manera conjunta con el gobierno estatal, en base a cálculos financieros, para evitar percances. Exponen que el director de pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, al tratar de esquivar el origen del débito, comete un desatino, cuando se constata que es Gallardo el que ha incrementado la deuda de pensiones, que hasta octubre, arroja un total de 4 mil 278 millones 709 mil 715.91 pesos.

Le recordaron al gobernador, la encomienda que le dio a Coronado, de “proponer un plan integral para el saneamiento de las pensiones y garantizar los derechos de los trabajadores”. Le remarcan que la única forma de sanear el detrimento, es que asuma su responsabilidad y pague lo antes posible, la deuda contraída. Al sector burócrata les debe 2 mil 316 millones 937 mil 438.83 pesos.

En nombre de Lara Arguelles, el sindicato exige a Gallardo, ordene al titular de finanzas, Jesús Salvador González Martínez, se abstenga de tocar en lo sucesivo, las cuotas de los trabajadores y las entregue a la directiva de pensiones. Hacer lo mismo con las aportaciones que exige la ley de pensiones.

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En 34 años de cacicazgo sindical, Bernardina Lara ha ejercido más de 3 mil millones de pesos, sin rendir cuentas a nadie

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En un año tres meses, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Arguelles, recibió del ejecutivo 123 millones 366 mil 701.35 pesos, más de 10 veces el presupuesto que se le asignó en el 2017 al Instituto Estatal de la Juventud cuya suma es de 8 millones 792 mil 431.00 pesos y 19.352 veces más que el dinero gastado el mismo año en el Sistema Anticorrupción, que apenas le asignaron 6 millones 374 mil 828 pesos. Lara solo en junio del 2016 obtuvo del gobierno estatal un bono por el día de las madres de 10 millones 222 mil 500 pesos. Pero nunca, en sus casi 30 años de cacique sindical, ha rendido cuentas a nadie. Se negó tajante a informar a un ciudadano sobre el manejo de las cuotas de los trabajadores, sin temor a que fuera sancionada por las instancias de transparencia.

Sobre los 38 años en la nómina, lleva 30 dentro del sindicato, cuatro como tesorera y el resto como dirigente. En junio del año pasado se reeligió por séptima vez. Los recursos que recibió Lara Arguelles de la parte patronal corresponden a noviembre del 2015 a febrero del 2017, el mismo periodo que lleva en el mando Juan Manuel Carreras López. Si se conserva la misma tendencia hasta la fecha, sumaría un manejo superior a los 3 mil millones de pesos, de los que no ha rendido el mínimo informe. El gobierno le entregó de noviembre a diciembre del 2015, 29 millones 529 mil 646.64 pesos. En el 2016 le dio 90 millones 826 mil 297.79 pesos. En los dos primeros meses del 2017, le otorgaron 3 millones 10 mil 760.92 pesos. La suma total asciende a 123 millones 366 mil 701.35 pesos. El estado le pagó a Lara Arguelles apoyos y bonos para festejos por 25 millones 148 mil 543.08 mil pesos. Un mes 20 días antes de su séptima reelección como líder del sindicato, el 3 de mayo del 2016, le depositaron un bono de 10 millones 222 mil 500 pesos para las madres por su día. Lara lo repartió en efectivo a las beneficiadas, la suma fue de 2 mil 700 pesos, aunque nunca divulga el número de mamás. También le dieron un millón 34 mil 915.27 pesos para regalos. Otros 6 millones 633 mil pesos que corresponden al bono del día del padre, además de 882 mil 102.23 pesos como apoyo para la compra de regalos de los festejados. Recibió apoyo para los músicos, burócratas, fiesta navideña, rifa de vehículos y regalos para cada acto.

Por el concepto de caja de ahorro y préstamos le pagaron 39 millones 803 mil 821.42 pesos. La caja de ahorro de los trabajadores es la mina de oro de Lara Arguelles. El estado le entrega por quincena las partidas que descuenta a los empleados, pero la dirigente distribuye el dinero a finales de año. Peor aún, la caja la utiliza para otorgar créditos con intereses mensuales del 7% del monto total. Cobra de manera automática los intereses. Reporta los préstamos al estado para que se rebaje vía nómina. Hace 28 años creó la caja de ahorro que maneja de manera arbitraria. En 1999 el entonces mandatario Leopoldino Ortiz Santos le dio dinero para un fondo de vivienda, de la caja general le otorgó un recibo por 2 millones de pesos por la negociación salarial de 1998. Los recursos los destinó para especular con intereses del 10% mensual que luego bajó al 7%.

El estado también le pagó recursos por concepto de préstamos. Para adquirir vehículos le cubrió 3 millones 706 mil 649.16 pesos, préstamos para vivienda, 11 millones 621 mil 846.08. El sindicato presta a sus agremiados hasta 120 mil pesos si alguien desea adquirir un carro. Para remodelar y ampliar vivienda, menos de 400 mil pesos. Le dieron apoyos por 2 millones 832 mil 216 pesos para gastos de operación, 149 mil 64 pesos por quincena. Otros 19 millones 653 mil 420 pesos para préstamos de aguinaldo, 3 millones 605 mil 405.58 pesos para préstamos de vehículos. Y 4 millones 755 mil 600 pesos para premiar al mejor trabajador, apoyos a guardería por más de 600 mil pesos, apoyo a jornada extendida de trabajo de su comité por 4 millones 587 mil 894.29 pesos como respaldo extraordinario para el personal sindical. El 11 de noviembre del 2016 le cubrieron 3 millones 395 mil 404 pesos por el mismo concepto. Le dieron 10 millones 222 mil 152 mil 152.78 pesos por concepto de pago de cuotas de sus agremiados. A los trabajadores del nivel 13, con un sueldo mensual de 27 mil pesos, les descuentan 123 pesos por quincena. Es lo que le pagan al sindicato por su pertenencia y defensa… continúa (tomado de la versión impresa, Febrero 2017)

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Podrían solicitar juicio político contra Carreras, por el millonario desfalco en pensiones

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La quiebra de pensiones en San Luis se dio por el manejo irregular de los recursos. Incidieron los pagos excesivos de jubilaciones que consintieron los dirigentes sindicales para beneficiar a las cúpulas gremiales. Hubo cuantiosas pérdidas por especular con el dinero en casas de bolsas e instituciones financieras nacionales y extranjeras. Por las deudas que desde siempre ha mantenido el gobierno con la dependencia. Las protestas resurgieron cuando la dirigente del sindicato minoritario, Francisca Reséndiz Lara, denunció que la Oficialía Mayor cancelaría prestaciones a empleados próximos a jubilarse, al aducir una crisis financiera.

La combativa líder informó que la directora de recursos humanos, Olga Lidia Contreras Martínez, mediante un escrito que giró a los sindicatos del gobierno estatal, les avisó que a partir del 1 de noviembre se les quitaría a los trabajadores que tramitaran su retiro, los tres niveles de ascenso en el tabulador o la promoción del 20% del salario, conquista que logaron desde el sexenio de Marcelo de los Santos, ya que al pasar al régimen de jubilados se les quita el servicio médico. Calificó de ilegal y unilateral la maniobra que vulnera los derechos laborales de los sindicalizados y anunció amparos para evitar que se concrete.

Un grupo de inconformes encabezados por Reséndiz, instaló un plantón frente al palacio de gobierno con pancartas y mantas donde exigieron al gobernador Juan Manuel Carreras dar marcha atrás al acuerdo administrativo y castigar a los responsables de la crisis en pensiones. Externaron que en el documento entregado por Contreras, donde avisa el retiro del beneficio para los trabajadores que deciden jubilarse al haber completado 28 ó 30 años de servicio, se estableció en base a otro oficio que giró el director de pensiones, Osiel Yudiche Lara, donde expone que la falta de capital en el sector burócrata, aunado a las restricciones presupuestales que imperan, los obliga a suspender el acuerdo.

Reséndiz dijo deplorar y desconocer la medida, avalada por la dirigente del sindicato que aglutina al mayor número de burócratas, Bernardina Lara Arguelles, que coadyuvó al quebranto financiero de pensiones, al haber permitido especular en casas de bolsa con las cuotas de los trabajadores. El escrito carece de fundamento legal y Contreras no tiene competencia. El artículo 79 de la ley respectiva refiere, para que se extingan las pensiones o prescriban las prestaciones, se necesita un resolutivo judicial promovido por la autoridad competente. No puede omitirse tal derecho por iniciativa de Yudiche y Contreras.

La caída del fondo de pensiones del sector burócrata es producto de la negligencia y descuido. La opacidad ha sido una constante. Los trabajadores que cumplen con sus aportaciones no tienen por qué padecer las consecuencias, externaron. La contraloría interna de pensiones fue omisa por no prevenir o advertir las irregularidades en los procesos administrativos y sistemas de control. Al no investigar a los servidores públicos que incurrieron en fallas o delitos, debió actuar y presentar denuncias. Pidieron a Carreras no evadir sus tareas. Sus obligaciones de aportar al fondo no prescriben. También debe evitar el quebranto en la dependencia. Los seguidores de Reséndiz quitaron el plantón que duró dos días, después de entrevistarse con el ejecutivo, que les prometió instalar mesas de trabajo. Les aseguró que la secretaría de finanzas mantendrá un flujo de recursos a pensiones para recapitalizarla.

Al no cumplirse lo acordado, los integrantes del sindicato independiente reanudaron las protestas. En un desplegado, responsabilizaron de la crisis al ex gobernador Fernando Toranzo, por actuar con negligencia. Al ex secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía, lo acusaron de desviar recursos de las aportaciones de los trabajadores, no pagar lo que le correspondía aportar y dejar una deuda de 740 millones de pesos. Pidieron meter a la cárcel a los ex funcionarios, también al actual secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes, por continuar la práctica de descontar las cuotas pero no entregarlas a la dependencia. Castigar a Bernardina Lara que autorizó apostar en inversiones fallidas los recursos de los agremiados, que ahora perjudican a todos los afiliados de otros sindicatos. Exigieron sancionar a Yudiche, por violar la ley, al permitir que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores que fundan sus utilidades en circunstancias imprevistas o al azar.

Los inconformes señalaron que desde el 2009, advirtieron sobre el peligro y alto riesgo de invertir los recursos de pensiones, lo que podría afectar en el futuro el patrimonio de los 12 mil 292 asegurados y 901 jubilados que se tenían entonces. Refieren que para el 2013 las inversiones de los fondos en empresas como Global Style Blend, BNP Millenium Commodities, Alliance Berstein y otras firmas, eran de 3 mil 919 millones 775 mil 773.64 pesos, de los cuales el 50.29% pertenecía a recursos del sector burócrata, que corre el mayor riesgo.

Según los datos que pudieron obtener, porque los funcionarios de pensiones se han negado a darles las cifras reales, se han invertido más de 3 millones de dólares con pérdidas que superan el millón 353 mil 236 dólares. Tan solo en el 2012, la dirigente Bernardina Lara avaló que en un lapso de 4 meses se realizara una inversión especulativa de 210 millones de dólares en el Finacces, Commerzbank AG y Principal. La deuda histórica que el gobierno estatal ha mantenido con pensiones, precisaron, en el 2014 era de 862 millones 568 mil 750 pesos. Ahora no se conoce con exactitud la cantidad. El director Osiel Yudiche habla de 547 millones y el secretario de finanzas, José Luis Ugalde, reconoce más de 740 millones de los tres sectores cotizantes, maestros de la sección 26, 52 y los burócratas… continúa (tomado de la versión impresa, Noviembre 2016)