Previo a buscar el cobijo de un juez para no ser detenida, en las redes sociales circularon varios mensajes donde se anunció que había una orden de arresto en contra de la ex secretaria de salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel Martínez. Se dijo que la Policía de Investigación había montado un operativo para detenerla en una residencia ubicada al oriente de la capital. Se le acusó de peculado, que supera los mil millones de pesos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades. El 10 de enero tramitó un amparo indirecto contra todo el aparato de justicia estatal, ante una posible orden de captura que puede ser ejecutada por la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Persecución Penal y Análisis Criminal, la Policía de Métodos de Investigación, el secretario y director de Seguridad Pública del Estado. La ex funcionaria se percató que el 6 de enero, varios agentes la buscaron para detenerla. Sus vecinos de la avenida Papagayos, del fraccionamiento Hacienda de Santiago, la alertaron y aprovechó para fugarse.
Rangel, quien no pagó deudas publicitarias de campaña con el argumento de estar en quiebra y no tener un nuevo empleo, contrató a un grupo de abogados que encabeza Alejandro Gutiérrez Muñoz, apoyado por Juan Carlos Zavala Cuéllar, Gilberto Rangel Grande, Escarlet Viridiana Calidonio Ruiz y Miguel Ángel Sustaita Zúñiga. Sostienen que violentan el artículo 16 constitucional en su perjuicio, al considerar que no está fundado y motivado el acto de autoridad, por lo que pidieron a la justicia federal, suspenderlo. El juzgado segundo de distrito le otorgó lo reclamado, como una medida cautelar, pero condicionada a diversos factores, como no ser detenida por conductas posteriores a su solicitud de amparo y el pago de una fianza de 10 mil pesos. Puede enfrentar el proceso en libertad, pues los delitos que le achacan, no se consideran graves.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que el proceso para detener a Rangel se deriva de las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación, no en las diversas acusaciones que hace en torno a la llamada “herencia maldita”, un saqueo financiero en diversas dependencias, por parte de su antecesor, Juan Manuel Carreras López, que superan los 20 mil millones de pesos. Tan sólo en salud, donde estuvo Rangel, el robo supera los mil millones de pesos. “Es un tema donde nosotros no tuvimos injerencia. No hemos presentado la denuncia”. Rangel interpuso un amparo contra 17 jueces de control del poder judicial, que le garantice no ser molestada, ante la falta de un escrito que funde y motive el procedimiento administrativo. El juzgado segundo de distrito le concedió la suspensión provisional. La quejosa exigió informes justificados. Las partes fueron citadas a una audiencia el 19 de enero.
Gallardo ha reiterado que la secretaría de salud, donde se desempeñó como titular Mónica Rangel, destacó como la dependencia más observada del país, al malversar mil 700 millones de pesos. Calificó de indignante encontrar más de 40 toneladas de medicamentos caducos. “El pueblo no tenía insumos, los escondieron y peor, compraron varios millones de pesos en fármacos que resultaron falsos para atender el cáncer. Muchas familias los recibieron, confiados en que se iban a curar. Es no tener madre”. En un recorrido que hizo por el hospital central, enfatizó los lastres encontrados. Se comprometió a remediarlos lo antes posible y anunció un gasto mayor en los primeros 100 días de gestiones. Entre las quejas que recolectó de los trabajadores y pacientes, es que las nuevas instalaciones se encuentran sin funcionar. Para simular que operan, se pagan 200 mil pesos mensuales en luz. No está equipado. Encontró evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se han levantado. “En realidad, es un elefante blanco”.
Constató que había gran cantidad de medicamentos caducos, otros de procedencia apócrifa. En los almacenes, enormes cantidades de gel, mascarillas y materiales indispensables, mientras el personal carece de lo mínimo. Responsabilizó a las autoridades sanitarias del pésimo estado que guarda el nosocomio. Enfatizó que durante su gobierno, no va a tolerar que haya lucro, corruptelas o ineficacias en el trato digno que merecen los ciudadanos, ya que los pagan vía impuestos. El 9 de octubre, a través del Facebook, informó que casi
terminaba de juntar 120 vehículos que estaban sin usarse, para entregarlos a la guardia civil y 87 ambulancias que reasignaría a los ayuntamientos. El secretario del ramo, Daniel Acosta Díaz de León, denunció que se encontraron 487 toneladas de medicamentos caducos almacenados. Se dejaron en el hospital y clínicas de las 7 jurisdicciones sanitarias. Los adquirió Carreras entre 2018, 2019 y 2020. Existen más que ya no serán útiles el año en curso ni en el 2022. Hallaron otros insumos alterados que entregaban a pacientes con tratamiento de cáncer, anti reumáticos y antibióticos.
Mónica Rangel fue denunciada de comprar medicamentos piratas para el cáncer de mama a través del Hospital Central. Lo hizo a la empresa Comercializadora Ismalog, que antes, los ex diputados locales, Mariano Niño, Josefina Salazar y Jorge Díaz, contrataron para comprarle facturas falsas, que les permitieron justificar respaldos legislativos. González Covarrubias destacó: “quedaron en evidencia las redes de corruptelas. El gasto en tratamientos apócrifos fue de 4 millones de pesos, repartidos en 25 facturas, que amparan 181 ampolletas que se administraron a mujeres con cáncer. El producto adquirido fue Herceptim (Trastuzumab) que los laboratorios Roche denunciaron ante la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios como alterado. Los responsables han operado en completa impunidad. Juan Manuel Carreras pudo detener el atraco, optó ignorarlo”.
González Covarrubias refirió que el despliegue de Salazar inició de manera coincidente en octubre del 2015, con la llegada de Carreras. Gran parte de sus empresas de fachada se crearon un año después. Tan solo en el 2018, recibió pagos por 19.7 millones de pesos. La Auditoria Superior del Estado hizo observaciones por 64 millones de pesos, ya que los procesos de compra se realizaron de manera oscura, con precios inflados. Su protectora le hizo compras cercanas a los 200 millones de pesos. Externó que la ex funcionaria enfermó de corruptelas a San Luis. Indicó que Rangel le contrató a Jonathan Alfonso Salazar Soto, hermano de Gabriel Salazar, 19 millones de pesos por medio de a dos firmas ligadas al Grupo Infinite. Se trata de Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac por servicios de mantenimiento y Kubal ZF Comercializadora Integral, que oferta trabajos de lavandería y limpieza.
González Covarrubias elaboró el estudio “Pandemia de corrupción en los Servicios de Salud de San Luis Potosí”, donde se constatan las leoninos negocios entre el motivador y dueño de varias empresas fantasmas, Gabriel Salazar Soto y Mónica Rangel, que le entregó 153 millones de pesos a través de amañados contratos. Le endosó a la firma Proshine, 50.4 millones de pesos. Aludió a Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, que obtuvo 16.7 millones y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec 5.7 millones. “Están ligadas a una estafa ejecutada en Baja California. Fueron detectadas como inexistentes. En le entidad cometieron fraude. Los socios están simulados o fueron registrados sin su consentimiento. Hay un presunto robo de identidad”. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de personas físicas y morales. Cuando visitaron los domicilios, encontraron viviendas particulares, otras no existen. “La gente no conoce a los supuestos inversionistas. Los que signaron los convenios, niegan que sea su firma. Algunas personas que llegaron a trabajar con Gabriel Salazar, ahora aparecen como propietarios y cobran hasta 10 millones de pesos”. González citó a Emanuel Aureliano Moreno Márquez, quien aparece como dueño de Corporativo Rive de San Luis, con el que cobró 15.8 millones de pesos. Tiene de socios a Cristian Guerrero y Gabriel Salazar. Todas las firmas de Moreno son diferentes y sus padres negaron que tuviera algún negocio.
En marzo del 2021, el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia penal ampliada contra Mónica Liliana Rangel Martínez y su presunto cómplice, el sospechoso empresario, Gabriel Alan Salazar Soto, ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la Auditoria Superior de la Federación. Incluyeron mil 600 documentos impresos y electrónicos con las pruebas donde se sustentan graves anomalías en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasmas y fachada, robo de identidad y falsificaciones. El fraude podría alcanzar los 500 millones de pesos de recursos federales entregados en 2017 y parte del 2018 a los Servicios de Salud del Estado, donde estuvo de titular. La querella incluye a personas que aparecen como socios en más de veinte razones sociales irregulares. El organismo solicitó investigar los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones y defraudación fiscal a través de facturas de empresas fantasmas o de fachada, para seguir el flujo del dinero depositado por la dependencia a las diversas cuentas fiscales y el destino final de los recursos públicos.
Antes, en septiembre del 2020, ya habían interpuesto la queja, pero por cuestiones de la pandemia, se hizo en forma electrónica. La instancia alegó «problemas técnicos» para descargar los documentos. También el propietario de la empresa Quick Shine del Potosí, Eduardo Lárraga Martínez, a través del litigante Tomás Coronado Zárate, elaboró una denuncia ante la fiscalía local en contra de Rangel y Salazar, por falsificar documentos y robo de identidad. En conferencia de prensa, el quejoso narró que su nombre fue utilizado en las listas de proveedores en la página de transparencia de la secretaría de salud. Había participado en supuestas licitaciones por montos aproximados a los 6.5 millones de pesos. Sus documentos personales cayeron en manos de Gabriel Salazar Soto, que a través de sus empresas, le ofreció participar en tareas para remodelar y dar mantenimiento a clínicas y hospitales. Le solicitó la credencial de votar, comprobante de domicilio y acta fiscal, con el objetivo de formular un contrato, lo que jamás ocurrió.
Coronado estableció que los documentos se usaron en el 2018. La vigencia para hacer la denuncia es de tres años. Hicieron cotizaciones que fueron presentadas en los simulados concursos con el aval de Rangel y la contraloría estatal, que debió revisar la figura legal de los asistentes. Los inconformes solicitaron al fiscal nacional, Alejandro Gertz Manero, atraer las pesquisas por el uso indebido de las tareas públicas, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Denunciaron que el ex gobernador Juan Manuel Carreras y el fiscal local Federico Garza, obstruyeron las denuncias. Sin embargo, el órgano Ciudadanos Informando, que preside el punzante José Guadalupe González Covarrubias, denunció que Eduardo Lárraga Martínez, apareció en la historia Pandemia de la corrupción, en el apartado de Empresas Fantasmas, vinculadas a procedimientos amañados, con presunto robo de identidad, firmas que no coinciden y documentos apócrifos, relacionados con los Servicios de Salud. “Lo usaron de comparsa al cotizar precios apenas encima de sus competidores, con todo tipo de productos y servicios para que le dieran los contratos a Gabriel Salazar. En todas las cotizaciones presentadas, su firma es diferente”.
Salazar Soto, protegido y socio de Mónica Rangel, a través del negocio Invercorp Financial Capital, defraudó al menos a 800 inversionistas, a los que prometió una tasa de intereses superior al 10%, pero muy pronto los dejó al garete. Los afectados le abrieron más de 100 carpetas de investigación ante Garza, que le dio largas al asunto. Tomás Coronado expuso que “el futuro de las víctimas es complicado, ya que congelaron la denuncia. Protegen al infractor, Garza, Rangel y el secretario de gobierno, Alejandro Leal. Mi cliente procedió a denunciarlo ya que utilizó sin su consentimiento, documentos fiscales. Usó la factura A004, con la que la Secretaría de Salud le pagó el 31 de marzo del 2019, 3 millones 54 mil 783 pesos.
Relató que en el 2017, sin protocolos previos o revisiones de cuenta, le cubrió una factura de 3 millones 54 mil 783 pesos. La contabilidad era manejada por Salazar. Fue saldada el mismo día que se emitió. Coronado estimó que se trató de un procedimiento irregular, ya que no sucede lo mismo en otras dependencias. Pero se cubrió a otra empresa que no brindó los trabajos. No dieron las razones de cómo se generó el pago. Salazar dijo que tuvo que cambiar de proveedor al último momento. “Hubo manipulaciones en el consejo de adquisiciones que presidió Rangel. Lo consintió para entregarle contratos millonarios”.
González reveló que la empresa Afianzadora Sofimex, denunció que le falsificaron la póliza número 2532327, del 20 de septiembre del 2017, a nombre de Salazar Soto. “No es un documento auténtico, ni fue expedido por la afectada. Se usó para cometer un fraude que puede llegar a los 300 millones de pesos. Los dueños interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía de la República en contra de Salazar Soto y sus cómplices”. El embrollo se generó cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social requirió a la empresa Kubal ZF Comercializadora integral, cuyo nombre comercial es “Proshine”, propiedad de Gabriel Salazar, por el pago de las cuotas obrero- patronales que había omitido. Pretendió cubrirlas a través de una póliza de Sofimex, pero el seguro, al darse cuenta de que era falsa, decidió embargar los créditos que los Servicios de Salud tenían con la empresa. Rangel supo de las anomalías, se constata con un sello de recibido de la dependencia.
“Hay un cúmulo de anomalías, son expertos falsificadores, no se detuvieron ante nada”. Aunque Rangel negó tener acuerdos con el polémico personaje, “le hizo pagos en el 2017 y 2018 que superan los 64 millones de pesos”. En el 2018 y 2019, Rangel le cubrió a Salazar 15 millones 534 mil 553 pesos a través de los negocios Kubal ZF Comercializadora Integral. La otra es Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac. Una se creó en el 2015 con el objeto de prestar servicios de lavado, mantenimiento, jardinería, fumigaciones,
administración de personal y consumibles. Salazar aparece como administrador único. La otra se gestó en el 2016. Las acciones fueron adquiridas por Edgar Antonio Martínez Morán y la empresa Cano Soto y Asociados, cuyo accionista y representante principal es Gabriel Alan Salazar Soto.
Previo a irse como candidata fallida de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel, con el pretexto de combatir la pandemia del Covid 19, entregó de manera arbitraria 525 millones de pesos en adjudicaciones directas. Benefició a ultranza a la empresa Tangamanga Innovación y Negocios con 85.1 millones de pesos, al comprarle pruebas para detectar el virus. Presentó un domicilio fiscal asociado a otra firma fantasmal utilizada por el anterior congreso para desviar fondos de la partida de gestiones institucionales. Hubo 317 operaciones dirigidas gracias a un decreto administrativo firmado por la ex funcionaria para adquirir bienes y servicios sin restricciones. Uno de sus allegados fue Mauricio Ayala Gallegos. Lo favoreció con 40.4 millones de pesos entre marzo y mayo del 2020, por tareas integrales para realizar las conferencias de prensa diarias, las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad y erigir las unidades Centinela en la entidad.
Ayala Gallegos es hijo del abogado Alberto Ayala Flores, quien se desempeñó como Oficial Mayor del Congreso del Estado, funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y asesor de Federico Garza. Su hijo es copropietario de la empresa Doblezero, protegido y posible socio del ex vocero gubernamental, Raúl Camacho Muñoz, que junto con Carreras, fueron denunciados de cometer fraude a diversos medios escritos y electrónicos por más de 20 millones de pesos, ya que no cubrieron servicios publicitarios que contrataron en los últimos dos años. El negocio Public Health Supply & Equipment de México obtuvo 32.7 millones de pesos por la compra de insecticida, para tratar de controlar los brotes de dengue. Infra se llevó 24.7 millones de pesos por la renta de tanques de oxígeno y la compra de gas medicinal.
El 16 de diciembre se anunció la caída del auto llamado Príncipe del Emprendimiento o Míster Presidente, Gabriel Salazar. La fiscalía lo local lo detuvo, ya que fue acusado de fraude genérico y asociación delictuosa. Buscó blindarse como diputado local por el quinto distrito, por la vía independiente, pero fue derrotado. Los negocios millonarios que hizo con la ex secretaria de salud, Mónica Rangel, los pudo conseguir a través de su oscuro patrocinador, el ex mandatario de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, que tiene una vieja amistad con el padre ahora detenido, el litigante Carlos Víctor Salazar Zuart. Tras su captura, González Covarrubias exigió se investigue a Mónica Rangel y Juan Manuel Carreras López por su injerencia en hechos delictivos.
Consideró que podría haber más detenciones, ya que lo afectados, le confiaron su patrimonio a Salazar. Pero al no recibir los altos intereses y obtener una respuesta negativa, decidieron acudir a la fiscalía. Insistió en que se ahonden las pesquisas sobre el daño que se generó a los servicios de salud estatales, donde se armó una red de corruptelas con empresas fantasmas. “Hay declaraciones de personas que aseguran, les robaron su identidad, para meterlas a empresas inexistentes y que jamás participaron en procesos de compra, tampoco realizaron algún trabajo, por lo que recibieron más de 400 millones. Si quieren hacer justicia, deben encerrar a Carreras, Rangel y Leal Tovías. Ya existen las denuncias en la fiscalía local, pero las congeló Federico Garza, que protegió y encubrió a los malhechores. También hay una queja en la Unidad de Inteligencia Financiera, que en los próximos días rendirá un informe con las conclusiones”.
Mónica Rangel fue acusada de entregar cerca de 260 millones de pesos en viciados contratos a su presunto socio, Raúl Trejo Sánchez, encarcelado por ser el presunto asesino intelectual del ex dirigente de la Coparmex en San Luis, Julio César Galindo. El crecimiento exponencial del químico Raúl Trejo se dio a partir de ser beneficiado con millonarios convenios, gracias a su compadre, el químico fármacobiólogo, el coordinador de los laboratorios estatales de los Servicios de Salud, Antonio Bautista Montelongo. En el sexenio de Fernando Toranzo, apenas ganó un concurso. Con Rangel y Bautista, se impuso en la mayoría de las licitaciones para surtir los reactivos que hacían falta. A través de su esposa, Patricia Treviño Delgado, recibió otros pagos por 254 mil 798 mil 619.00 pesos. Otra empresa, Laboratorio Clínico de Referencia y Soporte Técnico, entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, logró 5 millones 35 mil 548 pesos. Se ubican en Cuauhtémoc 865-A, colonia Burócrata. Los concursos amañados los firmó Rangel, Bautista, la directora de adquisiciones, Patricia Elizabeth Mendoza. El sub director operativo, René Olvera Castillo y el director
administrativo, José Francisco Cabrera. En el 2018, Carreras le entregó a Trejo, un reconocimiento como empresario distinguido.