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Segura Morquecho alardea la entrega de programas sociales, pero se niega a transparentar el manejo de 200 millones de pesos

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional que dirige Juan Ignacio Segura Morquecho, en los primeros meses de trabajo, se encuentra inmersa en la nula transparencia sobre los recursos públicos que ejerce en los distintos programas que entrega a la ciudadanía y gastos de la dependencia. Segura carga denuncias por desvío de recursos por más de 15 millones de pesos mientras fue dirigente estatal del extinto PRD. La secretaría de finanzas le ha entregado una gran cantidad de recursos, según los informes de egresos publicados en el portal de acceso a la información pública y de transparencia. El 1 de octubre, por concepto de “transferenciasâ€, con folio operativo B000021474-2021, le facilitó 29 millones 856 mil 353 pesos. El 4 de noviembre, con el talonario 0000001134228546, le dio otros 29 millones 856 mil 355 pesos. El 24 del mismo mes, por concepto de “Gastos a comprobarâ€, con el documento 00000064238892, le entregó 40 mil pesos. El último día del mes, los informes consignan otros 29 millones 856 mil 355 pesos, con el mismo número del 4 de noviembre.

En las cifras de diciembre, se expone una remesa de 929 pesos, con el número 0000001134228546. Los aportes otorgados por parte de la Secretaría de Finanzas a Sedesore, podrían ser inferiores a los que consigna Segura en los primeros meses. Los fondos reales podrían superar los 200 millones de pesos, según declaraciones del mismo funcionario, en un boletín institucional emitido el 23 de enero del año en curso. Expuso que recibía solicitudes para diversos apoyos, por lo que empezó con estudios socioeconómicos para ingresar a los beneficiarios de otros programas como Pensiones a Madres Solteras y Adultos Mayores, para lo cual, la Secretaría de Finanzas, le entregó alrededor de 200 millones de pesos.

Aunque finanzas exhibe haber entregado el presupuesto que le compete, Segura Morquecho se muestra ajeno al destino de los recursos. En la plataforma de acceso a informes, en el apartado de egresos durante octubre, noviembre y diciembre, solo expone la leyenda “No se generóâ€, con lo que pretende justificar, no haber realizado el mínimo gasto del dinero recibido. El ejemplo negativo se extiende a los diversos programas y apoyos sociales que entrega el gobierno estatal a la ciudadanía y que se gestionan a través de la dependencia, que se muestra reacia a informar sobre el manejo de los fondos. El primero que se implementó fue el de Becas Alimentarias, que consiste en la entrega de una despensa con productos de la canasta básica. En el arranque, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona manejó que se iban a beneficiar a 250 mil familias. En el 2022, superar el millón de ayudas. En una solicitud de datos con el número 240470221000020, dirigida a la instancia para conocer los detalles, se solicitaron las inversiones del programa, total de apoyos, costo individual, proveedores de los insumos y concursos públicos. En una respuesta escueta, clasificaron la respuesta con la leyenda “Información Inexistenteâ€. Se deslindaron de todos los requerimiento. “Le informamos que la secretaría no cuenta con los datos solicitados, ya que nos encargamos de lo operativoâ€.

En otra solicitud con folio 240470222000001 y con los mismos requerimientos sobre las “Becas Alimentariasâ€, contestaron que según el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “le informamos que la secretaría no cuenta con los datos solicitados, ya que se utiliza el edificio de la dependencia para hacer la entrega de las despensasâ€. Sugieren acudir con el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez. Se agotó el procedimiento con el número 241230222000008. Dijeron que “no son competentes en la materia de lo requerido, de acuerdo a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas a través del artículo 32 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Le hacemos saber que puede atender su requerimiento la Secretaría de Desarrollo Social y Regionalâ€. Otro ente que se encuentra en la penumbra es el de “Subsidio a la tortillaâ€, el cual consiste en instalar tortillerías en el estado, donde se vende el kilo a 10 pesos, cuando en otras partes vale casi el doble. Gallardo Cardona expuso que en la primera etapa se ayudarían a 10 mil personas. En el 2022, alcanzaría a 150 mil familias. El reparto se hace en Aquismón y Valles. En los próximos meses, en la zona metropolitana, zona media y altiplano.

Para conocer los pormenores de la entrega, se hizo una solicitud de datos con folio 240470221000022. Se cuestionó el monto de las inversiones, número de tortillerías contempladas, costo individual de apertura, desglose, donde se incluyen gastos del local, maquinaria, compra de maíz y proveedor de los insumos. La dependencia citó el artículo 158 de la Ley de Transparencia, para sostener que no cuenta con los datos exigidos, ya que es un tema “que no se encuentra dentro nuestra apertura programática vigenteâ€. Sugieren acudir otra vez con el secretario de gobierno. Se repitió la escena. Ahora con el número del reclamo 241230222000009. Sin ambages, respondieron que no son competentes “en materia de lo requerido, de acuerdo a las facultades y atribuciones que les fueron conferidas a través del artículo 32 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por otra parte, se le hace saber que su petición pudiera ser atendida por la Secretaría de Desarrollo Social y Regionalâ€.

Derivado de las bajas temperaturas, Gallardo Cardona, a través de la Sedesore y el DIF, puso en marcha la agenda invernal navideña. Consistió en brindar a la ciudadanía vulnerable, un cobertor. Para indagar sobre la naturaleza de la medida, se hizo otra solicitud de datos, consignada en el folio 240470222000002, dirigida a la Sedesore. Se requirió la inversión global del programa, costo total e individual de las cobijas, número de beneficiarios, empresa o persona física que los vendió, forma de concurso.

En respuesta, la Sedesore expuso, “le informamos que no contamos con los datos solicitados, ya que el programa de cobijas no está considerado en nuestra estructura vigenteâ€. Sugieren acudir a la secretaría de gobierno o DIF. Se hizo a través del reclamo 241230222000011. Se repitió el estribillo burocrático. La instancia “no es competente en materia de lo requerido, de acuerdo a las facultades y atribuciones que nos fueron conferidas a través de artículo 32 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por otra parte, se le hace saber que su petición pudiera ser atendida por la Secretaria de Desarrollo Social y Regionalâ€.

En otra solicitud de datos Al DIF, con número 240471022000006, exponen que hicieron la entrega de cobijas, pero a través de un manejo interno, distinto al que tiene la Sedesore “La subdirección de Gestión y Participación Social cuenta con el Programa Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, el cual realiza el reparto de cobijas. Se nos asignaron 8 mil 136, que se distribuyeron entre los sistemas DIF municipalesâ€. La instancia informó que se erogó un millón 704 mil 459. 46 pesos, por lo que el costo individual por cobertor fue de 209.50 pesos. La compra se hizo a la empresa Proveedora Potosina Ortrisa. Pese a la constante negativa por transparentar el manejo de los recursos públicos por parte de la Sedesore, el titular, Ignacio Segura Morquecho, en cada entrega de programas y apoyos a los que acude, en la página de Facebook como en boletines que envía a los medios locales, presume seguir de manera cabal, las instrucciones de su jefe Gallardo Cardona, el principal impulsor para proyectar, gestionar y ejecutar los respaldos colectivos.

Respecto a las becas alimentarias, la dependencia expone que la segunda entrega de las Becas Alimentarias, será en la primera semana de febrero. Se proyecta favorecer a cerca de 300 mil familias en el 2022. Se dará prioridad a los habitantes de las comunidades, localidades y colonias de mayor marginación de San Luis Potosí. Destacó que aun reciben solicitudes para otros apoyos, por lo que empezaron con estudios socioeconómicos, “para ingresar los beneficiarios de otros renglones, como Pensiones a Madres Solteras y Adulto Mayores, para el cual, la Secretaría de Finanzas ya asignó alrededor de 200 millones de pesosâ€.

El 8 de noviembre, en el acto de entrega de despensas en la capital y Soledad, Segura comentó que los programas de DIF Estatal y Sedesore tienen como sello, el género femenino, por lo que se trabaja en conjunto con el Instituto de la Mujer, para bajar los índices de violencia que presentan las amas de casa, que además, carecen de oportunidades para sacar adelante a sus familiasâ€. El 10 de noviembre, en la página de Facebook de la dependencia, se informó que Gallardo Cardona inició la entrega de alimentos en Rioverde y Ciudad Fernández. Lo acompañó Segura Morquecho. Lo mismo sucedió en las 4 zonas del estado, donde el funcionario destacó que los beneficios siguen en ascenso. Y por órdenes del mandatario, las tortillas subsidiadas serán facilitadas a los habitantes de la capital. Tiene el firme compromiso de favorecerlos ante el inminente aumento de la canasta básica que ha sufrido afectaciones. El 20 de enero, Segura habló de la apertura de más locales lo que ayudará a 150 mil habitantes. Adelantó que en la segunda quincena de enero, se abrirán dos negocios en la zona metropolitana. Las declaraciones contrastan con las peticiones informativas donde la Sedesore niega lo que hace.

Sobre las cobijas repartidas en el Programa Invernal Navideño, que también ocultan, en un boletín que circuló en medios locales y redes sociales, la dependencia presumió que junto con el DIF, se benefició a 100 mil familias con la entrega de cobertores en los 58 municipios. “Segura Morquecho reconoció la pertinencia de los apoyos, ante la amenaza a la salud de miles de familias en desamparo que representan los 56 frentes fríos pronosticados a lo largo de la temporada invernal, de los cuales, apenas van 22 y afectan al estado, incluso los lugares calurosos como la zona huastecaâ€. Las prédicas de Gallardo Cardona de combatir los latrocinios de anteriores administraciones, que cataloga como “Herencia Malditaâ€, están lejos de erradicarse, con funcionarios enemigos de la transparencia, que padecen los mismos vicios que presume combatir.