Al inicio de su mandato, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se comprometió acabar con la “herencia maldita”, que saqueó las arcas y no rindió cuentas claras sobre el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, a 7 meses de gestiones, en lugar de combatir las corruptelas, en la práctica repite los mismos vicios, ya que se niega a transparentar el manejo del erario, no licita las obras, que entrega a contratistas privilegiados. Para eludir los concursos, recurre con artificios a la figura de hacer los trabajos por la vía administrativa, pero luego subcontrata al que se le antoja. Para violentar la norma, Gallardo tiene de cómplice a la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Isabel Leticia Vargas Tinajero.
El primer día de actividades, anunció las dos obras iniciales. El rehabilitado del parque Tangamanga uno, con un costo de 200 millones de pesos y el arreglo del bulevar Antonio Rocha Cordero, tramo del periférico oriente y cruce con carretera a Rioverde. En ambas estampó el sello arbitrario de su negativa a transparentar las inversiones. Vargas expuso que los trabajos los iba a realizar la Seduvop, por lo que se adjudicaron en forma directa, vía administración. Para conocer los detalles, se solicitó a la dependencia los datos en al menos 6 solicitudes. En todas se condujo con evasivas para no responder, con lo que violentó los principios básicos de acceso a informes públicos.
Se le pidió a la funcionaria, costo total y desglosado, forma de concurso y constructoras encargadas de las acciones. En respuesta, sin apegarse a lo exigido, expuso que fueron adjudicadas en forma directa, por administración. Significa que las iba a ejecutar la misma Seduvop, en equipo con la Junta Estatal de Caminos, por lo que se hizo un convenio entre las instancias. Y no iban a requerir a ninguna empresa privada. El acuerdo alude, en el caso del bulevar, a preparar el terreno, construcciones y avenidas colindantes. Se haría con recursos, personal y maquinaria propia. Para el Tangamanga uno, incluyen labores de señalética para proteger el área, flora, fauna, construcciones y vialidades colindantes, que faciliten el inicio de los trabajos. En una visita presencial, se observaron varias constructoras del sector privado en las tareas de rehabilitado. En el caso del bulevar, los empleados expusieron tener la orden de no hacer ningún comentario. En el parque había al menos 10 firmas que se colaron por adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
El re encarpetado se entregó a 3 empresas de Matehuala, con vínculos familiares. Ante la negativa de proporcionar los informes requeridos, se acudió a las oficinas de la instancia, al departamento de transparencia, que maneja Javier Ortiz Patiño. Expuso que las solicitudes fueron respondidas de acuerdo a lo que reciben. Sugirió ser más específicos. Se buscó al ingeniero encargado de supervisar las acciones, de apellido Mendoza. Al saber el motivo de la entrevista, se negó. Pidió sacar una cita con la recepcionista. En la entrega de la obra, Gallardo Cardona anunció que los trabajos del Tangamanga tuvieron un costo total de 250 millones de pesos, 50 más de lo que se presupuestó al inicio. Sobre el monto global, se desconoce cómo y cuánto se erogó en cada una de las rehabilitaciones.
La nula transparencia se replicó en el remodelado del Centro de Rehabilitación de Educación Especial, otra de las obras que Gallardo puso en marcha en los primeros 100 días de gobierno. Aseguró que el arreglo sería completo. Para conocer a fondo los gastos, se hizo una solicitud de transparencia a Vargas. Se requirió el monto global, en qué consisten las obras, tipo de concurso y empresas que las realizaron. La Seduvop se condujo con evasivas. Sólo contestó que adjudicó los trabajos por la vía restringida a cuando menos tres firmas. Expuso en qué consisten las labores. Se trata del “suministro y pintura vinil acrílica en interiores y exteriores, a dos manos, en muros o plafones, aplanado de pasta o yeso, en áreas autorizadas, a una altura de 4 metros. Incluye reparar grietas menores, limpieza en el área de trabajo, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución”. Se hizo lo mínimo, respecto a lo prometido por el mandatario.
El 8 de febrero, en un boletín institucional, Gallardo anunció la entrega de obras iniciadas en los primeros 100 días de gestiones. Enumeró el rehabilitado completo del Cree, al que destinó 10 millones de pesos. Resulta inverosímil, haya aplicado tal cifra en un simple pintado, restaurar grietas y limpieza de equipo. Otra obra que se encuentra en la penumbra, es el cambio de la casa de gobierno en albergue. Cuando Ruth González Silva tomó protesta como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el mandatario adelantó que la casa de sus antecesores, iba a convertirla en un espacio para resguardar niños y ancianos que viven de manera precaria. “Con mi esposa e hijos, les digo que renunciamos a vivir en la casa de gobierno. La vamos a equipar, tendrá 25 dormitorios nuevos. Cada uno se podrá compartir con 4 adultos mayores, 5 en las áreas grandes”. Días después, en un recorrido, documentó en un video, salones de lujos, forrados con madera de cedro rojo, habitaciones con jacuzzis y la enorme alberca.
“Es la mansión donde vivieron todos los gobernadores. La oficina en la que despachaban, no la voy a utilizar. Será entregada a los niños y mis viejitos sin hogar, para atenderlos y cuidarlos conforme a sus necesidades”. La Seduvop informó que los trabajos iniciarían el 25 de febrero, con un gasto de 35 millones de pesos. Haría un edificio de dos a tres pisos, con 40 dormitorios para adultos mayores, en el sitio de las canchas de tenis. La residencia se iba a acondicionar para los pequeños. Los jardines y albercas serán áreas comunes, recreativas, para convivencia y terapia física, según un modelo de Los Ángeles, California. La obra, una vez terminada, la entregaremos en comodato al DIF”. Para conocer los pormenores del nuevo albergue estatal, se requirió a través de una solicitud de datos, los detalles de los trabajos a realizarse, gasto total y desglosado, tipo de concurso y empresa beneficiada.
La dependencia le dio vuelta al tema. “Después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y digitales, no se encontraron los informes correspondiente a lo pedido”. El requerimiento se hizo el 21 de febrero del 2022, cuando ya se habían anunciado los trabajos del albergue. A los 4 días, el monto. La dependencia atendió la solicitud el 4 de marzo y respondió el 9, dos semanas después de manejarse el proyecto. Las tinieblas también se esparcieron en los trabajos para renovar el sistema de alumbrado público a lo largo de los 45 kilómetros que integran el Anillo Periférico y bulevar Antonio Rocha. Las obras debían estar listas en un lapso de 90 días. Para ahondar en los detalles, se pidió el monto global de los costos, monto individual de las luminarias, tipo de contrato y empresa a las que se compraron. La Seduvop contestó lo que quiso. “Los trabajos consisten en instalar luminarias de tecnología led. Se arreglarán los postes que lo necesiten y pondrán nuevos donde se requieran. Se sustituirá el cableado y subestaciones, para tener un alumbrado eficiente que abone a los ahorros de energía, seguridad vial y pública”.
Gallardo Cardona repite la misma conducta de sus antecesores, que se negaron a transparentar el gasto público. Ya genera su propia “herencia maldita”, con la complicidad de Isabel Vargas Tinajero, que antes se confabuló con el ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, que la ocupó como directora de obras públicas, donde beneficiaron a un selecto grupo de socios y prestanombres. Al final del trienio, fueron acusados de fraude, por malversar más de 200 millones de pesos en el supuesto arreglo de la avenida Fray Diego de la Magdalena, donde no colocaron un ladrillo. Ahora Vargas repite ilícitos con el hijo, que la puso al frente de la Seduvop. Gallardo se negó sistemático, a informar de los recursos destinados en la toma de protesta, celebrada en la plaza de los Fundadores. Después de tres meses de insistencia, la Oficialía Mayor, Secretaria de Finanzas y Congreso del Estado, se resisten a contestar. La respuesta constante fue consultar a otra dependencia.
Otro caso se dio con la nueva Dirección General de Ayudantía y Protocolo, que tiene como objeto, “proteger y salvaguardar la integridad física y moral del ciudadano gobernador y su familia, directos y consanguíneos, en todo momento y lugares en que se encuentren, sean públicos o privados, dentro y fuera del estado”. Se le requirió, dónde reclutó el número de integrantes, funciones específicas, percepciones salariales y de cuál rubro, se cubrirían los gastos que generen. Con triquiñuelas, la unidad de transparencia, anexó el decreto administrativo y copias del Periódico Oficial del Estado, donde se exponen las modificaciones al documento. No contestó a lo exigido. Ante la oblicua respuesta, en una segunda solicitud, se le remarcó, apegarse a brindar los datos solicitados y no recurrir a evasivas. Tajante, indicó que los informes solicitados, no se pueden ventilar, debido a que se encuentran reservados desde el 10 noviembre del 2021.
Sin exponer motivos, sugiere interponer un recurso de queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Otra vez quedó en evidencia, la falaz conducta de Gallardo, que alardeó en lo relacionado a la ayudantía, “todo es asunto de preguntar, para saber la verdad y no mal informar a la ciudadanía. Con todo gusto y mucho respeto, les diremos lo que hacemos”. El arquetipo de lo oculto se repitió al crearse la supuesta nueva fuerza de seguridad tipo “Swat”, con en el objetivo de regresar la certidumbre al estado. Gallardo anunció que iba a estar integrada por 200 elementos militares, con gran entrenamiento táctico y vehículos de primera reacción. “La meta es alcanzar 450 integrantes el próximo año, que estarán fuera de la policía estatal. Como podrán ver, son equipos número uno a nivel mundial, que vienen a hacer operaciones tácticas de inteligencia”. Reacio a aclarar su desempeño, en una solicitud de datos dirigida a la secretaría de seguridad pública, se les pidió enumerar las características de vehículos, tres tipo “Rino”, 8 patrullas pick up, dos ambulancias y una aeronave.
Costo de las adquisiciones o renta, dependencia, empresa o persona física a la que se contrató o compraron las unidades. Las remuneraciones económicas de los elementos, funciones específicas que realizarán, monto total y desglosado. La dependencia señaló no tener conocimiento del nuevo grupo de seguridad, ni la compra de vehículos especiales, ni haber invertido un peso. “Se hizo una búsqueda exhaustiva sobre lo solicitado en los diferentes archivos de trámite y concentración, libros de registro y equipos de cómputo. No se encontró nada sobre algún documento que señale la entrega de personal adicional al ya existente en la División de Reacción de la Fuerza Metropolitana Estatal, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Tampoco del total de vehículos tipo Swat que hayan sido adquiridos por conducto de las direcciones dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, causa por lo cual se desconoce el total de inversiones que se hayan generado para contratar más elementos, así como el gasto efectuado por la renta o compra de los vehículos”.
“Lo anterior, debido a que a la fecha, no se ha facilitado a la secretaría, el equipo táctico en mención y el personal humano al que se alude en su escrito”. La instancia recomendó pedir los datos a la Oficialía Mayor, ya que, “es posible, por instrucciones del ciudadano gobernador, la contratación de servicios y personal, se haya realizado por su conducto, por encontrarse establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado”. Fue como se hizo. La instancia, sin preámbulos, se declaró “incompetente”, argumentó que los informes debe entregarlos la secretaría de seguridad. Después se determinó que era un asunto de carácter reservado. Otro ejemplo de la negativa a transparentar las funciones públicas se dio con las llamadas Becas Alimentarias o despensas. Gallardo dijo que en una primera etapa, se iban a beneficiar 250 familias, afectadas por la crisis, tras la pandemia del Covid 19. A través de una solicitud de datos, dirigida al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ignacio Morquecho Segura, se pidió el total a repartir, costo individual de cada entrega y monto total del programa. Nombre de los proveedores.
La respuesta fue escueta y ambigua. “Por este conducto, le informamos que la secretaría no cuenta con la información solicitada, ya que sólo estamos encargados de la operatividad”. Eludió decir qué dependencia es la encargada de brindar los datos. Otra instancia que reparte despensas, es el DIF, al que también se le solicitaron los mismos informes. Rápido se deslindaron al decir que no cuentan con lo requerido, ya que no hacen trámites de tal índole. Iguales resultados se dieron al preguntar sobre el subsidio a la tortilla que maneja el gobierno estatal. El alimento básico lo venden a mitad de precio. Argumentaron que la Sedesore “no cuenta con los informes solicitados. Lo anterior, en virtud de que no se halla dentro de nuestra apertura programática vigente”. Lo que contrasta con los anuncios donde se adjudica ser el responsable de gestionar los apoyos. En las entrevistas que encabeza, Segura alardea los alcances.
Cada rato repite que “en conjunto con el DIF, para atender la política pública de bienestar social implementa por el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, se prioriza la entrega de los programas sociales a las familias más vulnerables y de escasos recursos económicos, en las regiones de alta pobreza, para que a partir de los próximos meses, su calidad de vida mejore y los indicadores sean favorables para la entidad”. Pero ni la cultura se salva del oscurantismo que proyecta Gallardo Cardona en su desempeño. Protagonista a ultranza, encabeza cada acto público, por mínimo que sea. A las pocas semanas de asumir el cargo, cercanos los días de muertos, anunció el tema Xantolo en tu ciudad, que tenía como propósito, llevar a todos los municipios, las sempiternas tradiciones. Se elaboraron altares, espectáculos de luces, grupos musicales y otras variantes, lo que pudo generar un impacto económico de 300 millones de pesos.
Gallardo dio rienda suelta a sus gustos por la música de bandas, corridos y gruperas, con motivo de los festejos decembrinos. Para exaltar su exponencial ego, construyó un remedo de pino de 70 metros, que calificó como el más grande de América Latina. Nadie lo detuvo en sus despilfarros sin límites. Para saber lo gastado, se solicitó el dato a la secretaría de cultura, que se limitó a decir, no saber lo erogado. La cifra quedó en el limbo. En una cita con los ganaderos de Valles, para hablar de los problemas del campo, Gallardo Cardona expuso números maquillados sobre el costo de las posadas navideñas, que se harían en diversos municipios, debido al Festival de Invierno.
Presumió iniciar en las colonias de la capital y Soledad. Haría 37 posadas en la zona metropolitana. “Se invirtió muy poco, no traemos un gasto superior a los 3 millones de pesos. Nos han ayudado muchos empresarios con donativos de juguetes”. Lo expuesto, contrastó con lo que después de varias exigencias, externó la secretaría de cultura, que manejó erogaciones por 5 millones 600 mil pesos. Fiel a su oscuro actuar, Gallardo dio las cifras que le convienen. Los 3 millones de pesos que filtró, son insuficientes para cubrir los sistemáticos despilfarros. Tan sólo el fallido árbol de Fundadores, costó más de 4 millones de pesos. Los ruidosos artistas que contrató, cobran de 2 a 4.5 millones de pesos, con lo que supera el presupuesto señalado. Repite el sospechoso esquema de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, que en su etapa de alcalde de la capital, manejó el respaldo de extraños financiadores de sus populacheros festejos. Muchos fueron víctimas del chantaje.
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